Las organizaciones de derechos humanos del Perú han estado atentas al contexto venezolano y han sido muy activas con lo que ha pasado en nuestro país: “Sabemos lo importante de la solidaridad internacional –expresaron recientemente- para visibilizar esta situación, a fin que el Estado retroceda en sus prácticas y busque la sanción de las violaciones que ya se han cometido”. Entre los pasados 21 al 23 de septiembre, 3 activistas limeñas de derechos humanos estuvieron en Caracas para observar, con sus propios ojos, la situación de derechos humanos entre nosotros. “Se decidió realizar esta corta visita –expresaron-, debido a la preocupante y contradictoria información que llega al Perú sobre lo que viene ocurriendo en este país hermano”.
La delegación estuvo conformada por Rocío Silva Santisteban (Ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y profesora universitaria), Gisela Ortiz Perea (directiva del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF- y vocera de los familiares de las víctimas del crimen de “La Cantuta”) y Lilia Ramírez Varela (integrante del Comité Directivo del Instituto de Defensa Legal-IDL), quienes sostuvieron reuniones con diversos sectores de la sociedad civil, dirigentes sindicales, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas. Recientemente divulgaron un informe en donde registran sus impresiones y conclusiones.
Lo primero que lamentan fue la nula interlocución que tuvieron con funcionarios o representantes del gobierno venezolano. A pesar de la solicitud de reuniones realizadas con diferentes actores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, ninguna accedió a la posibilidad de expresarles sus puntos de vista. En segundo lugar, ante la criminalización de su visita realizada por el ciudadano Diosdado Cabello, aclararon que “La visita fue financiada enteramente con fondos de las organizaciones de derechos humanos peruanas, específicamente, del Instituto de Defensa Legal (IDL)”.
La atención de las peruanas estuvo enfocada en 4 dimensiones: Situación del derecho a la protesta; hostigamientos y ataques a defensores de derechos humanos; situación de la libertad de expresión y acceso a la información pública y casos emblemáticos como el cierre de la frontera con Colombia y el despliegue del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
El informe, cuya extensión es de 18 páginas, desarrolló 7 conclusiones, que resumimos a continuación:
1) Criticamos los actos de violencia que se han producido al ejercer el derecho a la protesta. Episodios vandálicos son contraproducentes, tanto de parte de quienes manifiestan su oposición al gobierno, como del Estado o grupos que actúan en su apoyo. Si bien todo país tiene derecho a luchar contra este tipo de delitos, el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta, como lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
2). Queremos expresar nuestra especial preocupación por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Exhortamos al Estado venezolano a apoyar a los defensores, de manera irrestricta, cumpliendo con controlar a los grupos que realizan los actos violentos, así como a solicitar a sus altos representantes que moderen la actitud hostil hacia los integrantes de instituciones de sociedad civil.
3) El derecho a la libertad de expresión se debe de garantizar no solo cuando la difusión de ideas e informaciones son favorables, inofensivas o en apoyo del Estado, sino también, y principalmente, cuanto lo ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban. Esta es una exigencia para el desarrollo de una sociedad democrática, y que lamentablemente no viene cumpliendo el gobierno venezolano.
4) Exigimos el cumplimiento por parte del Estado venezolano de todas las medidas cautelares otorgadas a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país; y exhortamos a que se realicen las investigaciones debidas y se sancionen los actos de violencia ejercidos contra éstos.
5) Es preocupante la crisis en la que se encuentran las personas deportadas a Colombia de Venezuela, y que fueron sujetas a expulsiones colectivas. La forma en la que se realizaron las deportaciones indica la violación de múltiples derechos humanos. También preocupa el discurso xenófobo que vienen intensificando ciertos actores del estado contra la población colombiana.
6) Consideramos que los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), son estrategias arriesgadas de control de la delincuencia en tanto que violan el derecho al debido proceso, a la libertad de circulación e incluso el derecho a la vida de la población más pobre.
7) Las organizaciones del Perú seguirán atentas a lo que viene ocurriendo en Venezuela en relación al ejercicio de los derechos humanos y a la situación de las personas que los defienden.
Los venezolanos y venezolanas tenemos una deuda de gratitud con las ONGs peruanas, quienes sienten nuestros problemas como suyos.
(*) Coordinador General de Provea
