Recientemente, por el esfuerzo conjunto de 9 organizaciones de derechos humanos del país fue difundido el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”, el cual registra los abusos de poder en la contención de las manifestaciones ocurridos entre los meses de febrero y mayo de 2014.
Uno de los datos del informe es la cifra de 153 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra manifestantes detenidos en diferentes ciudades del país. Los relatos, contenidos en el diagnóstico, no deberían ocurrir bajo un gobierno que se califica a si mismo como “humanista” o “democrático”. Los números toman dramática forma en los relatos de las víctimas.
Marco Aurelio Coello, tras ser detenido el 12.02.14 por el CICPC en Parque Carabobo, en Caracas, relató cómo tras ser lanzado al suelo esposado, fue golpeado en las cortillas y le cubrieron el rostro con una camisa ajena empapada en gasolina: “Me amedrentaron de matarme, me pegaron con un palo y me pisaron los dedos” afirmó. Sus palabras están incluidas en el expediente 16C-17-936-14, por lo tanto, son conocidas tanto por el Ministerio Público como por la Defensoría del Pueblo. Similar denuncia fue realizada por Cristhian Holdack, Luis Boada y Ángel González. El “modus operandi” del uso de gasolina por el cuerpo de investigaciones para el forjamiento de pruebas fue reiterado por Oscar Pimentel, lo cual también se encuentra presente en el expediente del caso.
Sin embargo las denuncias no sólo señalan al CICPC. Raúl Ayala, detenido el 12.02.14 por funcionarios del SEBIN en los alrededores de Plaza Venezuela, también en Caracas, reveló que le fueron aplicadas por lo menos 30 descargas eléctricas en el cuerpo, las cuales le generaron desmayos. Como si de un mal remake de Estefanía se tratara –la telenovela que polemizó en su tiempo por mostrar las torturas aplicadas por la Seguridad Nacional (SN) en tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez- los carceleros envolvían la cabeza de Ayala con una bolsa plástica para asfixiarlo, mientras lo golpeaban en diferentes partes del cuerpo. Su testimonio reposa en el expediente 12920-24, por lo que también han sido leídas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo como del Ministerio Público.
Los abusos de poder no ocurrieron sólo en la capital. Jorge Luis León expresó que tras ser detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en las inmediaciones del elevado de El Trigal, en Valencia, fue tumbado al suelo para recibir patadas en el rostro, las cuales le destrozaron sus lentes. Los guardias golpean con la culata de sus armas a él y las tres personas que lo acompañaban, tras lo cual es arrastrado para que observe como los funcionarios incendiaban su auto. Tras ser robados por los funcionarios estatales, fueron trasladados a varios sitios de reclusión. En los trayectos eran golpeados y maltratados física y verbalmente. Las violaciones no se detuvieron aquí. Al día siguiente suplicaba por atención a sus heridas, tras lo cual recibió la visita de un supuesto médico forense que sin tocarlo y observar las contusiones, sólo se limitó a preguntar si tenía golpes o si sentía dolor. Un verdadero examen médico practicado con posterioridad, el cual consta en el expediente, determinó que el joven había sufrido fractura de cráneo debido a los golpes recibidos. De ese mismo operativo es el caso de Juan Manuel Carrasco, el joven que fue violado cuando la GNB le introdujo un objeto dentro de su ano, como consta en los exámenes médicos. Las demostraciones de “hombría” de los funcionarios continuaron dentro del destacamento: Mientras los mantuvieron arrodillados, amenazaban con violarlos mientras hacían ademanes con sus partes íntimas. Pedro Estrada –el sombrío director de la SN en tiempos de dictadura- se regocijaba dentro de su tumba.
Las agresiones de naturaleza sexual también fueron relatadas por 11 detenidos diferentes por la GNB en el destacamento de Los Castores, Municipio Los Salias, del estado Miranda, entre el 23 y 24 de febrero. Todos relataron en su audiencia de presentación los malos tratos, golpes, amenazas de violación y agresión psicológica de diferente índole, dentro y fuera del lugar donde estaban recluidos. La magnitud de las violaciones fue tal que obligaron al Tribunal ordenar al Ministerio Público iniciar una investigación por los hechos. Similares agresiones, incluyendo la amenaza de violación, fueron sufridas por 7 mujeres privadas de libertad en la ciudad de Barquisimeto, el 12.03.14, también por efectivos de la GNB. En este último caso hay que sumar que fueron víctimas de cortes de cabello y obligadas a firmar, en contra de su voluntad, un acta donde se decía que no habían sido víctimas de malos tratos.
El registro de las violaciones demuestra que Nicolás Maduro ha cruzado una línea de abusos contra la ciudadanía desconocida en tiempos del presidente Chávez.
El informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos” puede descargarse de la dirección https://archivo.provea.org/wp-content/uploads/Informe-final-protestas1.pdf
