La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que debe realizarse según mandato de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución es una deuda de los legisladores con el país. Una década de morosidad.
En ese lapso en más de cinco oportunidades ministros del trabajo y diputados afines al gobierno han asegurado que pronto se realizaría. Y todavía se espera por ella. El trabajo más intenso hay que reconocer lo realizó la Comisión de Asuntos Sociales en 2009 bajo la dirección del diputado Oscar Figuera.
Se adelantó una amplia consulta que incluyó a empresarios, sindicalistas de distintas corrientes, académicos y organizaciones no gubernamentales. Por mandato constitucional la reforma debe normar la reducción progresiva de la jornada de trabajo.
El Presidente de la República cuando presentó su propuesta de reforma de la Constitución en 2007 propuso que la jornada de trabajo diurna no debería exceder de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna exceder de seis horas diarias ni de treinta y cuatro semanales.
Bastante propaganda se difundió al respecto incitando a la masa laboral que aprobara la reforma constitucional porque sería una victoria obrera.
Cuatro años después el Presidente afirma que es un error reducir la jornada, desconociendo que por mandato constitucional se deben establecer políticas públicas que garanticen su disminución progresiva.
No es el capricho de un dirigente político, es que el pueblo al aprobar la Constitución en 1999 lo estableció. La reforma laboral debe incluir también la retroactividad de las prestaciones sociales. Quienes integraron el parlamento en la última década eludieron el tema. No quisieron saber nada de retroactividad. La dirigencia política del país tampoco.
El problema es que igualmente existe un mandato constitucional. Guste o no debe cumplirse. La retroactividad le fue arrebatada a la masa laboral del país en 1997 con la promesa que con ello se garantizaría pleno empleo.
La historia demostró que una vez más se engañó a los trabajadores. Constituyó realmente un acto de regresividad de los derechos.
Conocemos que unos de los puntos más polémicos y que genera duros enfrentamientos en sectores afines al gobierno es el tema de las prestaciones. Los más consecuentes en la defensa de los intereses de la masa laboral no aceptan negociación en cuanto a la retroactividad.
Otro sector afirma que no existen condiciones para su implantación porque implicaría incrementar significativamente los altos pasivos laborales del Estado. Quieran o no el mandato constitucional es claro.
La reforma no puede ni debemos aceptar se constituya en una oportunidad para imponer políticas regresivas de los derechos laborales.
Marino Alvarado Betancourt
Coordianador general de Provea
Tal Cual. Viernes o5.08.2011
