El pasado 10 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial nro. 40.845 el decreto nro. 2.231 por parte de la Presidencia de la República donde se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
La creación de esta empresa estatal se une a la promulgación el pasado 24 de febrero de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” mediante el decreto nro. 2.248 de la Presidencia de la Republica y publicado en la Gaceta Oficial nro. 40.855 donde se crea una zona franca de 111.843 km2, que comprende el 12,2% del territorio nacional, para la explotación minera por parte de 150 empresas extranjeras y nacionales en donde se encuentra CAMIMPEG.
Esta iniciativa creada por el Ejecutivo Nacional según el artículo nro. 2 del referido decreto tendrá como objeto: “…Todo lo relativo a las actividades licitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna…”; con lo cual no solo se afirma en su extenso objeto que tendrá funciones de exploración y explotación, sino que también podrá comercializar, exportar, importar y ejecutar obras públicas, lo que lo lleva a competir en igualdad de condiciones con la industria Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).
Llama poderosamente la atención que la actividad de extracción y explotación de hidrocarburos que es un monopolio exclusivo del Estado y que el mismo es ejercido por PDVSA tenga un competidor directo en igualdad de condiciones que la principal empresa del país. Por lo cual debemos empezar aseverar que el petróleo es de los venezolanos y de las FANB en igualdad de condiciones.
Lo mismo ocurre con la actividad aurífera desde que el 23 de agosto de 2011, el presidente Hugo Chávez, firmó el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley para nacionalizar la explotación del oro y actividades conexas para continuar fortaleciendo la economía nacional; la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6.150 del 18 de noviembre de 2014. La cual fue la culminación de una serie de políticas públicas que fracasaron como el “Plan Caura”, “Misión Piar” y la “Reconversión Minera”.
Un punto vital de la formación de CAMIMPEG se encuentra en su artículo nro. 4 donde se establece que el capital social de la empresa será suscrito y pagado en su totalidad por la Republica Bolivariana de Venezuela; con lo cual queda en evidencia de que es el ciudadano a través de los desgrávamenes el que financiara el funcionamiento de una empresa extractivista que sólo beneficiara al estamento militar. El impuesto con el cual pecharan este año a la experiencia cooperativista de Cecosesola, que no genera renta, ira de una u otra forma a financiar la explotación aurífera en el estado Bolívar.
De forma alevosa en el artículo nro. 9, el legislador remite el funcionamiento de la empresa al Acta Constitutiva, los Estatutos y su reglamento interno. Sin embargo el pasado 8 de marzo, el viceministro de Defensa, Alexander Hernández afirmo en rueda de prensa que: “…tiene previsto comenzar sus operaciones en menos de un mes…”; con lo cual se puede intuir sin hacer mucho esfuerzo, que CAMINPEG como sujeto jurídico deben reposar en un registro mercantil, al cual todos los venezolanos podemos tener acceso, para poder así ver el capital subscrito, su junta directiva y ver como funcionan.
Hoy en día, las FANB actúan en Venezuela como el agente económico más poderoso, no solo cuentan con el monopolio exclusivo de las armas, si no que tienen televisora, radios, un banco e industrias que van desde la agricultura hasta el ensamblaje de vehículos para su comercialización.
Todo esto pone de manifiesto que el ejército esta construyendo un Estado paralelo en el país donde poder gestionar con dividendos la renta pública. Militarizando la sociedad y convirtiéndonos en sus reclutas involuntarios. ¡Rompamos filas!
Rodolfo Montes de Oca
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