La situación de los servicios públicos de salud es crítica. La red de centros tradicionales compuesta por 211 hospitales que atienden al 60% de la población, presentan una severa deficiencia de disponibilidad de servicios, debido al cierre parcial o total de unidades de terapia, quirófanos y salas de consulta en 40% de éstos, motivado por renuncias masivas del personal médico (50% de unos 23.000 médicos graduados y retiro de médicos residentes de postgrados), influyendo en ello la suspensión indefinida de las contrataciones colectivas.
Además, en el 60% de estos hospitales públicos se iniciaron obras de reparación incorrectamente planificadas de manera simultánea y aún no terminadas desde el año 2007, sobre lo cual reposan en la Asamblea Nacional expedientes de contratos fraudulentos por 4.000 millones de bolívares sin procesos licitatorios ni fecha de entrega de obras.
Como consecuencia, han aumentado las denuncias de fallecimientos de personas por denegación de atención en hospitales públicos, y un ascenso preocupante de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal.
A esta situación de los centros públicos se agrega el colapso que están sufriendo muchos servicios privados de salud. La no existencia de un servicio público eficiente, motiva a muchas personas incluso de muy bajos recursos a recurrir a los servicios privados. Las propias instituciones del Estado se han encargado a través de las contrataciones de pólizas de seguro de orientar a una parte importante de la población a recurrir a los centros privados.
En algunos casos los servicios que prestan las clínicas no son ni adecuados ni oportunos y sus costos muy elevados. Por ello compartimos que el gobierno realice esfuerzos de cumplir con el mandato del artículo 85 de la Constitución que lo obliga a regular las instituciones privadas. Pero eso es distinto a desarrollar una matriz de opinión que quiere presentar a los servicios privados como contrarios al interés de la población y culpabilizarlos de la situación de crisis del sector. Aquellas clínicas que abusen de los usuarios bien merecen ser sancionadas, pero generalizar y convertirlas en «chivo expiatorio» de la difícil situación por la que atraviesa el sistema de salud es querer desviar la atención del problema fundamental.
Lo prioritario es que el gobierno reconozca que los servicios públicos no vienen garantizando tratamientos oportunos y rehabilitación de calidad.
En consecuencia debe adoptar políticas y medidas que permitan en tiempo razonable superar la crisis.
Ello debe ir acompañado de una efectiva política de prevención que arroje como resultado bajar el número de personas que se enferman y con ello reducir la asistencia a servicios de salud. Junto a lo anterior mejorar las condiciones de trabajo de los distintos profesionales de la salud para evitar que continúe la renuncia y migración del sector público al sector privado nacional o al exterior.
Marino Alvarado Betancourt
Coordinador General de Provea
Fuente: Tal Cual o1.07.2011
