La soberanía agroalimentaria es uno de los propósitos que se trazó el gobierno desde 1999. Tal como lo define la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria se trata de desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizando y garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población.
Es posible afirmar que el Estado venezolano haya realizado esfuerzos para desarrollar una serie de políticas cónsona con la protección del derecho a la alimentación, integrada por tres grandes aristas: la distribución y comercialización de alimentos a precios subsidiados de alcance masivo; la adopción de medidas destinadas a proteger los precios de los alimentos y garantizar su accesibilidad, y la puesta en marcha de un plan de producción agrícola que pretende a mediano plazo aumentar la producción nacional de alimentos.
Los resultados, sin embargo, no son satisfactorios en muchos aspectos y van en dirección contraria al logro de la soberanía alimentaria.
Lo más preocupante es la alta dependencia de la importación de alimentos, lo cual es contrario al objetivo de garantizar dicha soberanía. La dependencia no es nueva y no es un problema que surgió con este gobierno. Tenemos más de cuatro décadas arrastrando con ese problema. Sólo que el Ejecutivo Nacional lo asumió como un compromiso que no logra cumplir y más bien lo agudizó.
Las cifras oficiales tanto del Banco Central de Venezuela como del Instituto Nacional de Estadísticas así lo confirman.
Según este último ente oficial en 2011 se importó sólo en productos agrícolas, vegetal y animal, así como en productos destinados a las industrias alimenticias, la cantidad de 4.213 millones de dólares.
Por otra parte los resultados de la producción agrícola del país están muy lejos de garantizar como mínimo los productos más básicos de la dieta de la población. Los resultados del VII Censo Agrícola realizado por el gobierno le permitieron constatar que el crecimiento de la superficie cosechada en el país y la producción agrícola son muy bajos considerando la gran inversión realizada, el proceso de reforma agraria emprendido y las medidas político-sociales implementadas.
Dicho censo arrojó entre otros resultados: Grupos de cultivos como frutas, leguminosas, oleaginosas y hortalizas disminuyen su superficie considerablemente. Los cultivos tropicales y las raíces y tubérculos apenas mantienen su superficie y decrecen por persona. Los cultivos sólo crecen 1,4% interanual, lo que significa una reducción por persona. Los cultivos de ciclo corto crecen 1,8% interanual, es decir, casi como la población.
Los propios datos oficiales indican lo lejos que estamos de alcanzar la soberanía alimentaria. A ello debemos agregar la escasez de algunos rubros y la alta inflación que afecta principalmente a los más pobres.
Tal Cual 03.02.12
