Entre febrero y mayo de 2014 se registraron 3.127 detenciones arbitrarias. La cifra incluye principalmente a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de tribunales.
Del total de aprehendidos, cerca de 80 procesados permanecían privados de libertad, unos 2.000 están con medidas cautelares, y otros 400 tuvieron libertad plena. A partir de agosto de 2014, el Ministerio Público ordenó el archivo fiscal o solicitó el sobreseimiento en más de 20 causas, que afectaban acerca de 700 personas, algunas de estas causas no han sido aún decididas por los tribunales.
En cuanto a los juicios que permanecen abiertos, se ha constatado una preocupante demora, con constantes diferimientos de audiencias. Hay casos, como Rosmit Mantilla, en el que la audiencia fue diferida en 10 ocasiones. A comienzos de febrero, algunas audiencias no se habían realizado, por retardo injustificado del Ministerio Público o por el ya recurrente “no hay despacho” de los tribunales.
En el caso de las denuncias por tortura o trato cruel, la situación es más alarmante. El Ministerio Público dio a conocer algunos datos parciales que se actualizaban con cierta periodicidad. Sin embargo, en junio de 2014, la institución presentó un informe titulado Resultados de las manifestaciones violentas febrero- junio de 2014, es el último recuento oficial. Por primera vez, en este informe la Fiscalía usa expresamente el término “tortura”, que venía siendo omitido en todos sus informes anteriores, invisibilizando esta grave violación de derechos humanos.
Este informe señala que, hasta el 11 de junio de 2014, el Ministerio Público se encontraba adelantando 2 investigaciones por tortura y 185 por trato cruel. Se omite información sobre el perfil de las víctimas y sobre los órganos de adscripción de los presuntos responsables, asunto que había sido advertido por el Comité contra la Tortura de la ONU desde 2002.
De los casos registrados, se habrían producido 5 acusaciones, 22 sobreseimientos y 2 archivos fiscales por trato cruel, para un total de 10 funcionarios acusados.
No se señalan avances en los dos únicos casos conocidos por la Fiscalía por tortura. En presentación ante el Comité contra la Tortura en noviembre de 2014, el Estado ofreció nuevas cifras, que no reflejan mayores variaciones: 242 denuncias para 15 acusaciones en las que se encontrarían involucrados 121 efectivos de la GNB, de los cuales 5 han sido acusados. Vale destacar que en algunas denuncias que se encuentran “en investigación”, tras más de 10 meses, los funcionarios ni siquiera habían sido llamados a declarar, pese a estar plenamente identificados.
El paso del tiempo también conspira contra la preservación de pruebas, muchas de ellas ya perdidas a causa de una negligente cadena de custodia, presiones a los testigos y hasta a las víctimas.
Aunque el Centro de Derechos Humanos de la UCAB no lleva registros sobre las personas fallecidas, las fuentes consultadas confirman un cuadro de impunidad similar. Lo que distingue a un país respetuoso del Estado de Derecho de uno que tolera o facilita la impunidad, no es la cantidad de hechos violatorios a los derechos humanos, sino la capacidad de activar la maquinaria estatal para investigar, sancionar y reparar tales violaciones. Esta maquinaria en Venezuela presenta serias fallas que apuntan a la impunidad.
(Publicado originalmente en Tal Cual / 7 de febrero de 2014)
