A la hora de evaluar la actuación de las instituciones, existen referentes de funcionarios que, ubicados en las mismas circunstancias, han desempeñado una actuación ejemplar que los ha convertido en parámetros de comparación a nivel regional. Recientemente se ha conocido la trágica noticia del fallecimiento de Jorge Santistevan, primer Defensor del Pueblo del Perú, quien en tiempos muy difíciles logró sentar los cimientos de un despacho independiente al servicio de los reclamos y los derechos humanos de la ciudadanía.
Santistevan nació en Lima en 1945. Estudió Letras y Derecho en la Pontificia UniversidadCatólica del Perú, siendo profesor ordinario de su alma mater y profesor dela Facultadde Derecho dela Universidadde Lima, dela Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Academiadela Magistratura. Los90´s fueron una década particularmente convulsa en Perú: En 1990 en electo a la presidencia Alberto Fujimori, quien dos años después disuelve el Congreso y en 1993, mediante un proceso constituyente, aprueba una nueva Carta Magna para el país que, entre otras cosas, le otorgó más poder al presidente y disminuyó los poderes del Congreso. Esta nueva constitución también creo la figura de la Defensoría del Pueblo (DP).
En marzo de 1996 el Congreso peruano designa a Jorge Santistevan como el primer Defensor del Pueblo. Aquel reto era mayúsculo, pues el país reducía significativamente los espacios democráticos de disentimiento y, bajo la excusa de la guerra antisubversiva, el fujimorismo se caracterizaba por su creciente autoritarismo. Las presiones para que aquella DP tuviera un papel más decorativo que beligerante fueron muchas, sin embargo fueron sorteadas inteligente y valientemente. En su primer Informe Anual al Congreso, presentado en 1998, la DP peruana expresaba con claridad que gozaba “de total independencia en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a mandato imperativo, ni a las instrucciones de ninguna autoridad. La Constitucióny la ley le otorgan las mismas prerrogativas que a un congresista y específicamente, las de inviolabilidad, inmunidad y el beneficio procesal del antejuicio”. Sobre sus funciones, aquel informe apuntaba: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal; y supervisar la prestación de servicios públicos a la población. Adicionalmente, la ley le asigna responsabilidades de promoción de los derechos humanos, lo que supone, además, una permanente preocupación por la vigencia de los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social”. Al describir la función de intermediación que realizaba entre la gente y los poderes públicos afirmaba que “llena un vacío entre la soledad del ciudadano y el desproporcionado poder de la administración pública, de las fuerzas del mercado y de los medios de comunicación, permitiendo un mayor acercamiento en favor de la tutela de los derechos humanos y de la fiscalización social de los excesos u omisiones del poder”.
Santistevan ejerció sus funciones hasta noviembre del año 2000. En esos 4 años se involucró en las denuncias más graves y complejas sobre los abusos y arbitrariedades estatales. En aquellos años en que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales calificaban al presidente de “dictador”, sus argumentos encontraban en la DP un aliado para la apertura de investigaciones. Por ejemplo la realizada tras las denuncias de la falsificación de firmas electorales por parte de Perú 2000 –la coalición del propio Fujimori- difundidas por un medio de comunicación.
Fueron varias las medulares actuaciones de la DP durante la gestión de Santistevan, como el impulso a la comisión que propuso la liberación de presos inocentes que habían sido sentenciados por terrorismo sin prueba alguna en su contra. Como se recordará, Fujimori legitimaba sus excesos en los resultados de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, por lo que contrariar las atrocidades enmarcadas en la lucha antisubversiva literalmente podía pagarse con la vida. Con independencia, prudencia y movilizando los esfuerzos requeridos para conseguir fines concretos, aquella comisión logró la liberación de 483 personas. La DP se puso al frente de los informes de violaciones al derecho a la vida cometidas por el ejército –que fueron cruciales años después como insumo parala Comisión de la Verdad-; el impulso a la tipificación de la tortura como delito en el país; la investigación de las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno en zonas humildes, así como la creación de una cultura del reclamo frente a las instituciones públicas.
Cuando se conoció el fallecimiento de Santistevan los peruanos recordaron que no habían agradecido lo suficiente sus aportes para el fortalecimiento de la democracia y el combate al autoritarismo. Las muestras de admiración y respeto que pueden leerse estos días es una prueba que su nombre será recordado por muchos años como el ejemplo de lo que debe hacer una Defensoría del Pueblo, en tiempos de amenazas y complejidad, ante los reclamos ciudadanos. (Rafael Uzcátegui, Correo del Caroní, 22.04.12)
