En el mes de octubre del próximo año, el Estado de Venezuela tendrá que someterse al sistema de «Examen Periódico Universal» ideado por el Consejo General de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Cada uno de los 192 países que integran la ONU tienen la obligación de presentar un informe sobre cuál es la situación que existe en materia de derechos humanos.
Dichos informes se vienen presentando desde el año 2006 y el 07 de octubre de 2011 le corresponderá a Venezuela. Será una oportunidad para desarrollar un amplio debate sobre los avances, estancamientos y retrocesos que se hayan producido en cuanto a la protección, garantía y realización de los derechos humanos.
Desde 1998 cuando el gobierno del presidente Rafael Caldera convocó a una jornada de trabajo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el diseño de un Plan Nacional de Derechos Humanos, no se produce un debate conjunto entre las instituciones del Estado y la sociedad civil en materia de derechos humanos.
Durante el actual gobierno las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y las organizaciones de derechos humanos se han caracterizado por una permanente tensión. En consecuencia ha prevalecido la ausencia de diálogo y de un diagnóstico compartido. El proceso que se avecina para cumplir con la obligación de presentar ante el mundo cuál es la realidad de nuestro país en materia de derechos humanos, pudiese ser una coyuntura favorable para explorar un acercamiento que permita dialogar y construir propuestas. Todo dependerá principalmente de las condiciones favorables que genere el gobierno para que tal diálogo se produzca y de los aportes que en esa misma dirección den las organizaciones no gubernamentales. Se requiere bajo los principios establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos cesar el hostigamiento y no continuar colocando obstáculos a las actividades que desarrollan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Es necesario igualmente tender puentes, lograr acercamientos y mostrar voluntad política para realizar un diálogo respetuoso y productivo para el país.
El Informe obliga a evaluar cuál ha sido el comportamiento del Estado venezolano en materia de derechos humanos en los últimos cuatro años. El Estado deberá enviar su informe en junio y la sociedad civil el suyo a más tardar el 21 de marzo. Asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas y otras formas de organización social pueden brindar sus aportes.
El año 2011 puede ser convertido en el año de los derechos humanos donde de manera transparente, objetiva, responsable y garantizando una amplia participación social se produzca un diagnóstico y debate que permita pensar y diseñar políticas de corto y mediano plazo para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. No se trata de ganar o perder, se trata de construir pensando en el país y su gente y cómo dignificarla y mejorar sus condiciones de vida.
