El tema fronterizo Venezuela / Colombia cada día tiende a agravarse más, pareciera que el gobierno no tiene intenciones de solucionar el conflicto y busca como únicas salidas el cierre de la frontera y la declaración de estados de excepción en los municipios fronterizos, sentimos que para los funcionarios del Estado el dialogo no es la vía, y mientras trabajan a pasos agigantados creando una campaña de xenofobia hacia nuestros hermanos colombianos.
Siento un gran cariño por Colombia y su gente, tal vez mis raíces andinas puedan influir mucho en esto, tengo bellos recuerdos de mi niñez, mi juventud y ahora en la adultez relacionados con ese hermano país, aunado a grandes amigos y grandes afectos regados por toda Colombia.
Ver a Colombia o a su gente de la forma como hoy pretenden hacer que la veamos es imposible, con solo pensarlo saltan recuerdos de mi niñez visitando las poblaciones fronterizas que colindan con el estado Táchira con mi familia y repetidos a lo largo de toda mi vida, me los hace ver como parte de mi país.
El problema con Colombia es de cuidado, según el tercer informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de ONU (OCHA) sobre la situación de la frontera de Venezuela y Colombia, se desprende que hasta el 3 de septiembre: 16.890 personas sido retornadas a Colombia; 154 eran personas sujeto de protección internacional, que nunca debieron ser devueltas y 709 víctimas del conflicto entre las personas retornadas.
Igualmente a esta fecha se han declarado estado de excepción los municipios fronterizos Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del estado Táchira, esto desde el 21 de agosto 2015, y desde el pasado 08 de septiembre de 2015 los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.
Los estados de excepción están consagrado dentro nuestra Constitución Nacional en su artículo 337 donde establece “El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
Según los decretos en los que se establece los estados de excepción en la frontera de Venezuela y Colombia, la misma es para disponer de las medidas oportunas para atender eficazmente el contrabando de extracción, así como la violencia delictiva, para garantizar a la población el pleno goce de sus derechos.
Es lamentable esta situación que se vive en la frontera, las imágenes fotográficas y de vídeos aficionados hablan por sí solas, son graves las violaciones a los derechos humanos que se han cometido con este cierre fronterizo, entre ellas la Ley de Extranjería y Migración, vigente en Venezuela desde marzo del 2004 donde para la deportación del territorio de la República, se debe abrir una articulación probatoria de setenta y dos (72) horas, para determinar el tipo de sanción aplicable, de acuerdo a la gravedad o reincidencia de la infracción cometida. Claramente Venezuela no cumplió con la normativa nacional concerniente a las deportaciones y le negó a estos ciudadanos el derecho a la defensa, consagrada en el artículo 49 de nuestra Constitución Nacional referente al debido proceso.
Igualmente se violo un principio clave del Estatuto de Refugiados de 1951 establecido en el artículo 32 y donde se establece “Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio”. En Venezuela hay muchos ciudadanos refugiados colombianos, son 5.030 reconocidos. Además, hay 25.000 más que están en proceso ante la comisión de refugiados. Según las cifras de OCHA de la ONU, 154 personas deportadas, eran sujetos de protección internacional.
Así el Defensor del Pueblo de Venezuela niegue que se han cometido violaciones a los derechos humanos en la deportación de ciudadanos colombianos, los hechos demuestran lo contrario, en la frontera de Venezuela y Colombia se han y se siguen violando los derechos humanos, y de esto hay que buscar los responsables que es la función que le debería corresponder a una Defensoría del Pueblo que sea seria y de verdad defienda los derechos humanos y no convierta esta defensa en un sainete político.
@cnietopalma
Artículo publicado en la página web del Diario “El Nacional” el 11/09/15 http://www.el-nacional.com/carlos_nieto_palma/Venezuela-Colombia-derechos-humanos_0_699530168.html
