Se encuentra actualmente en consulta en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos Por Razones Políticas en el Período 1958-1998. Es una iniciativa promovida por varias organizaciones sociales y Comité de Víctimas.
Constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad y abre la posibilidad de que se conozca la verdad sobre muchas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época.
Desapariciones forzadas, masacres, torturas, son algunas de las graves violaciones que se produjeron.
Venezuela tiene el triste record de haber inaugurado las desapariciones forzosas en el Continente. Se conoce mucho lo ocurrido en el Cono Sur porque sucedieron casi todas en dictaduras, mientras las de aquí las produjeron gobiernos elegidos por la voluntad popular.
Conocer lo sucedido, determinar responsabilidades, establecer sanciones y reparar a las víctimas es una deuda que tiene la sociedad venezolana.
Por tal motivo saludamos que exista voluntad política para saldar esa deuda y exhortamos a dar apoyo a la iniciativa de la Ley. Pero esa voluntad exige por parte de la Asamblea y otros Poderes del Estado una actuación coherente. El primer paso para investigar el pasado es dar ejemplo con lo ocurrido en el presente.
Las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas después de 1998 tampoco pueden quedar impunes.
Ahí están las desapariciones forzadas ocurridas en 1999 en el estado Vargas, los casos de tortura cometidos por el CICPC y otras policías, los asesinatos del 11 de abril de 2002. Las víctimas y familiares de estas violaciones tienen tanto derecho como las que sufrieron en décadas pasadas.
También se es coherente si se cumple, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la masacre de El Amparo o el Acuerdo Amistoso en caso de la Masacre de Yanomamis conocida como Masacre de Haximú.
Una actitud coherente de la Asamblea Nacional sería allanar la impunidad del parlamentario Roger Cordero Lara, quien participó en la Masacre de Cantaura, de tal manera que dé ejemplo para facilitar la investigación enun caso específico.
El Ejecutivo Nacional puede dar también ejemplos desclasificando los archivos de las masacres de Cantaura, Yumare, El Amparo y los llamados Amparitos y poniendo a la orden de la justicia a todos los funcionarios presuntamente involucrados en casos de tortura y ejecuciones.
La Fiscal General puede dar el ejemplo culminando la investigación sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Todo avance en la lucha contra la impunidad debemos apoyarlo porque significa fortalecer la justicia. Una condición esencial es que las víctimas directas e indirectas no sean discriminadas.
Es fundamental que la búsqueda de la verdad no tenga como propósito la venganza política y que se investigue a todo aquel quien tenga responsabilidad independientemente de su condición social, cargo público e inclinación política.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea.
19.08.2011
