En nuestra anterior entrega comentamos el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tituladoViolencia, niñez y crimen organizado, en el que construyen una serie de estándares para la atención de niños, niñas y adolescentes en contextos de delincuencia: un texto de especial interés para Venezuela.
Luego de hacer un diagnóstico de la situación regional y describir las múltiples dimensiones de la problemática, la CIDH hace una serie de recomendaciones para proteger los derechos de este sector vulnerable de la sociedad:
a) Revisar las actuales políticas de seguridad ciudadana, y su implementación práctica, con el objetivo de asegurar que las mismas
sean respetuosas de los derechos humanos y ajustadas a la legalidad.
b) Diseñar e implementar planes nacionales y locales para prevenir y enfrentar la violencia y la inseguridad, con la participación ciudadana y contando con las opiniones y las experiencias de los niños, niñas y adolescentes sobre sus realidades.
c) Promover políticas integrales, holísticas y multisectoriales, que involucren a todos los sectores que tienen incidencia en las condiciones de seguridad. Ello implica que diversos sectores colaboren y coordinen su accionar.
d) Fortalecer los sistemas nacionales de promoción y protección de derechos de la niñez, en particular a nivel local. Crear los protocolos para la identificación temprana y la remisión de casos de violencia, abuso, negligencia, y otras vulneraciones de derechos contra la niñez.
e) Fortalecer las capacidades de las familias para cuidar y proteger a sus hijos a través de programas que apoyen a las mismas en el ejercicio de sus funciones parentales.
f) Crear en las escuelas un ambiente seguro y protector que contribuya a garantizar el derecho a la educación, el desarrollo integral del niño, el conocimiento de sus derechos y su protección.
g) Profundizar en los procesos de modernización, profesionalización, democratización, transparencia y rendición de cuentas de la Policía con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia en su labor. Establecer mecanismos de control internos y externos, y mecanismos de denuncia accesibles y confiables, con el objetivo de asegurar que se desarrollen las funciones que tienen asignadas dentro del marco de legalidad y del respeto y garantía a los derechos humanos, así como que se investigan las alegaciones de violaciones. Crear protocolos sobre el uso de la fuerza y de la fuerza letal.
h) Desarrollar y profundizar en el modelo de policía comunitaria o de proximidad que permita desarrollar tareas de prevención y reducción de la violencia a nivel local.
i) Para poner fin a la impunidad, asegurar que se inicien inmediatamente y de modo efectivo investigaciones de oficio cuando se trata de homicidios, desapariciones, alegando uso ilegal de la fuerza por agentes del Estado, así como otras violaciones graves a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
j) Retirar al ejército de las tareas de seguridad interna y garantizar que las eventuales violaciones a derechos humanos que tengan como autores a militares sean investigadas de modo imparcial por jueces civiles.
k) Fortalecimiento del sector justicia a través de personal suficiente y capacitado para el procesamiento de los casos, asegurando una tramitación e investigación diligente de los delitos violentos así como de los alegados abusos y arbitrariedades cometidos por agentes de seguridad del Estado.
m) Tipificar penalmente la captación, utilización y explotación de niños, niñas y adolescentes por parte de adultos y grupos criminales para la realización de actividades ilegales.
n) Revisar la regulación del tipo penal de asociación ilícita y vigilar la aplicación práctica que se hace por parte de la Policía.
o) Considerar a los niños, niñas y adolescentes principalmente como víctimas de los grupos delictivos, quienes son utilizados y explotados para sus objetivos criminales. Los Estados deben partir de la premisa que los niños y adolescentes que se integran en estructuras delictivas provienen de situaciones de privación de derechos y vulnerabilidad frente a las que los Estados no han tenido la capacidad para prestar una protección adecuada. La respuesta de los Estados frente a niños, niñas y adolescentes que han sido captados por organizaciones criminales debe estar basada en la protección integral de los derechos de los niños y su rehabilitación y reintegración social, y no en la represión y la criminalización.
p) Modificar las actuales políticas sobre venta y posesión de armas de fuego con el objetivo de ejercer un mejor control sobre el número de armas y municiones en circulación, y evitar que se integren en el mercado ilegal de armas.
q) Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos sobre violencia, comisión de delitos, victimización y desempeño institucional en respuesta a la violencia y el delito. Facilitar la transparencia y el acceso a la información pública en materia de seguridad ciudadana, así como la vigilancia por parte de la sociedad de las políticas de seguridad y de sus resultados.
Rafael Uzcategui, Coordinador general de Provea
