Por Francisco Montero
Definitivamente el uso de armas, en todas sus formas, está íntimamente vinculado al aumento de los niveles de violencia en cualquier sociedad, especialmente en aquellas en las que suelen resolverse los conflictos a través de su utilización de manera cotidiana, como elemento arraigado en la cultura de las personas. Es tanta la preocupación que existe a nivel mundial sobre el tema, que hasta se ha desarrollado una semana mundial contra el desarme (celebrada anualmente del 24 al 29 de octubre), en la que se tiene como objetivo fundamental poner de relieve el peligro que representa la carrera armamentista, propagar la necesidad de que cese y hacer que el público entienda la urgencia de las tareas de desarme.
Y es que las armas se han concebido tradicionalmente como un mecanismo para representar, ganar o mantener el estatus social dentro de una determinada comunidad, y no solamente en los barrios, sino en cualquier estrato de la sociedad; en pocas palabras, se asocian directamente con relaciones de poder entre los “más fuertes” y los “más débiles”, incluyendo dentro de los primeros a las personas con acceso a armamento. En ese sentido, hablamos de un uso ilegítimo e irracional de las armas de fuego, sin ningún tipo de control.
Por otro lado, el uso de armamento en los cuerpos uniformados se ha convertido en el mecanismo por excelencia para combatir el crimen y la delincuencia, para anular al otro o para demostrar seguridad frente a terceros (llámense personas o países); en pocas palabras, para demostrar poder.
Es por ello que este descontrol y abuso del uso de las armas no se encuentra sólo en las comunidades (organizadas o no), sino también en los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en aquellos creados y destinados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta realidad parece un poco caótica y contradictoria, pues la sociedad está armada y los cuerpos de seguridad también, entonces ¿quién le pone el cascabel al gato para comenzar el control de las armas en nuestro país?
Antes de responder la interrogante es importante hacer una diferenciación entre ambos espectros, y es que los cuerpos de seguridad del Estado, por su naturaleza, se conciben como los únicos legal y legítimamente autorizados para el uso de la fuerza y de las armas de fuego, mientras que la sociedad no. Aunque no por ello, los cuerpos uniformados del país tienen el derecho – o el deber – de ajusticiar, torturar, “matraquear” o cualquier otra conducta desviada de su función policial, y menos si la misma está avalada por el uso de cualquier armamento, como el asignado reglamentariamente (o cualquier otro que posean ilegalmente) para el cumplimiento de su deber constitucional de protección y garantía de los derechos de la ciudadanía.
Ahora bien, y respondiendo a la preguntada planteada anteriormente, desde el enfoque de Derechos Humanos es el Estado el que le pone el cascabel al gato, debido a que es el principal garante de los derechos de las personas en cualquier sociedad, incluyendo la venezolana, pero ello no significa que todos y todas estemos excusados de una cuota de responsabilidad – o corresponsabilidad – en esta ardua tarea. Esfuerzos realizados por el Estado a través del aparato gubernamental -como son la recién conformada Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, y la discusión en la Asamblea Nacional de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones (aprobada en primera discusión)- pueden ser de fácil aplicación y obtener resultados más o menos rápidos y eficientes si la sociedad decide formar parte activa o no del cumplimiento del marco normativo o directivo que en este sentido se efectúen.
No en vano la consigna debe ser: YO desarmo (aduciendo a mi responsabilidad como individuo), TÚ desarmas (con el deber que tenemos de educar, denunciar, informar) y ÉL/ELLA desarman (refiriendo a la corresponsabilidad que tenemos todos y todas como miembros y miembras de una sociedad de la cual formamos parte). Ojalá lograr el desarme de la sociedad como un mecanismo para fortalecer la cultura de paz y de resolución pacífica de los conflictos fuese tan sencillo como conjugar el verbo desarmar, pero definitivamente todos y todas tenemos la obligación de apoyar y colaborar con esta tarea, puesto que de nada sirven los esfuerzos gubernamentales o comunitarios si seguimos concibiendo el uso de armamento como parte de nuestra cotidianidad o como símbolo para definir nuestro status en la sociedad.
Todas y todas debemos formar parte del proceso y aportar, desde la entrega voluntaria de las armas que poseamos en nuestras manos hasta la denuncia de aquellos y aquellas que sigan haciendo uso ilegítimo e ilegal de ellas. Debemos colaborar desde lo más pequeño, sin que eso signifique obviar la responsabilidad del Estado.
