ISABELICACuando se cumplen 25 años de las violaciones de derechos humanos ocurridas en los hechos conocidos como “el Caracazo” en febrero y marzo de 1989, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) lamenta que el estado venezolano no haya tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo expresado en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Caracazo Vs. Venezuela (Reparaciones y Costas) de fecha 29 de agosto de 2002, que ordenó desarrollar programas “tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las más de 800 personas asesinadas en febrero de 1989 y a los familiares de las 15 personas asesinas en febrero de 2013. Con ambas nos solidarizamos, y en ambos casos, hemos exigido y seguiremos exigiendo justicia

Esta afirmación se sustenta en la evidente violación de DDHH y preceptos constitucionales por parte de los cuerpos armados del Estado venezolano, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el control de las manifestaciones realizadas recientemente en el país. La GNB, quien ha tenido la mayor cuota de responsabilidad en el control de las protestas, es también el órgano que ha sido más denunciado por la ciudadanía, debido a los excesos que ha cometido en el ejercicio de estas funciones.

Uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, empleo de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos, funcionarios de la GNB presuntamente involucrados en el asesinato de al menos 5 manifestantes, resaltan entre las principales denuncias que víctimas y ONG de DDHH, han realizado a propósito de la actuación de este componente de la FANB en el marco de las protestas de febrero 2013.

Afirmamos que el Estado venezolano no ha desarrollado políticas adecuadas para dar un tratamiento democrático a las protestas. El deber del Estado cuando tiene que controlar desordenes públicos, es actuar con responsabilidad, sin causar violaciones al derecho a la vida y respetando la integridad personal de quienes participan en las protestas. El deber del Estado es actuar con sentido de oportunidad, con uso proporcional de la fuerza y generando el mínimo daño que permita proteger y garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos. Esa no ha sido la actuación de los cuerpos militares y policiales en la actual coyuntura. Más aún, a las acciones represivas de la GNB, se suma la actuación de grupos paramilitares, quienes en clara coordinación con cuerpos militares y policiales, han agredido a manifestantes en todo el país.

Asimismo, hemos señalado en distintas oportunidades que poco a poco el gobierno venezolano ha ido asumiendo la doctrina de seguridad nacional, que sirvió a las dictaduras del cono sur como justificación para perseguir y criminalizar a la disidencia. Rechazamos que sigan invocando pretextos como el mantenimiento de la seguridad pública para justificar la represión y la violación de DDHH.

Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las más de 800 personas asesinadas en febrero de 1989 y a los familiares de las 15 personas asesinas en febrero de 2014. Con ambas nos solidarizamos, y en ambos casos, hemos exigido y seguiremos exigiendo justicia.

El Estado venezolano tiene una deuda de justicia con las víctimas de El Caracazo y ahora con las víctimas de febrero de 2014. La Sentencia sobre el Caracazo no solamente debe cumplirse, sino que es urgente y necesario que el Gobierno comprenda que mientras no exista una política en materia de orden público seguirá incrementándose la lista de víctimas de la represión. (Prensa Provea, 27.02.14)

NOTA ACLARATORIA: Provea no comparte el titular del Diario El Nacional publicado este 27.02.14 «A 25 años del Caracazo la brutalidad militar es peor». Si bien es cierto que estamos frente a un escenario de alta represión en el país, la misma no ha alcanzado los niveles que alcanzó en febrero de 1989.

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