Provea rechaza el conjunto de medidas económicas aplicadas recientemente por el Gobierno Nacional, por considerarlas antipopulares y lesivas de la calidad de vida de los sectores más pobres del país.
Aumentos en precios de más de 25 productos de la cesta básica alimentaria, anuncios de posibles aumentos en las tarifas de servicios públicos como la electricidad, y el anunciado -y frenado por ahora- aumento del precio de la gasolina, configuran un escenario en el que, sumado a la devaluación real de la moneda nacional en más de 380%, el salario de las y los trabajadores pierde cada vez más poder adquisitivo, lo que atenta contra la plena garantía y el cumplimiento de derechos sociales para las grandes mayorías.
Luego de la creación y entrada en operaciones del mecanismo para la obtención y venta de divisas, conocido como SICAD II, se produjo una fuerte devaluación de la moneda venezolana lo que incide considerablemente en el precio de artículos de consumo, dado el carácter importador de nuestra economía. De igual manera, el Ejecutivo autorizó al empresariado nacional el aumento de distintos productos de la cesta básica alimentaria.
Ya en 2013 Venezuela cerró con una inflación de 56,2%, la más alta desde 1996, cuando se ubicó en 103,2% debido al desmontaje de los controles de precio y de cambio, iniciados a partir de la aplicación de la Agenda Venezuela en el período de gobierno del ex presidente Rafael Caldera. Con tal altos índices de inflación actuales, es evidente la pérdida de poder adquisitivo del salario y la capacidad de compra de los trabajadores y trabajadoras.
Los números de 2014, apuntan en la misma dirección. Según cifras publicadas por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 8.940,93 bolívares durante el mes de febrero de 2014, lo que representó un incremento de 350,07 bolívares (4,1%) con respecto al monto de enero de 2014. La cifra representó a su vez un aumento de 87,4%, en comparación con el costo de la canasta alimentaria del mes de febrero 2013, que se ubicó en Bs. 4.771,64.
Asimismo, las cifras del CENDAS correspondiente al mes de febrero reflejaron aumentos de precios en productos como café, 17,7%; salsa y mayonesa, 11,0%; grasas y aceites, 7,8%; frutas y hortalizas, 5,6%; leche, quesos y huevos, 5,0%; carnes y sus preparados, 4,1%; pescados y mariscos, 2,3%; raíces, tubérculos y otros, 2,2%; granos, 2,2%; cereales y productos derivados, 1,6% y azúcar y sal, 1,1%.
Para marzo de 2014, el Cendas estima que la canasta alimentaria se ubicará en 9.000 bolívares, lo que significa que los trabajadores venezolanos requerirán al menos tres salarios mínimos para cubrir este gasto, mientras que la canasta básica superará los 16.500 bolívares.
La escalada en los precios de alimentos y servicios en Venezuela, compromete lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional que garantiza a las y los trabajadores el derecho a ganar un salario “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Además, el Estado está en la obligación constitucional de garantizar a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital, que debe ser ajustado tomando como referencia el costo de la canasta básica.
La adopción de paquetes económicos antipopulares, limitan el acceso de las mayorías pobres al disfrute de los bienes y servicios básicos, y suma dificultades adicionales a las ya existentes como la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos. A partir de la aplicación de medidas económicas de este tipo, se materializa un retroceso en la lucha contra la pobreza, una de las principales banderas del proceso gubernamental de Hugo Chávez, a quien sucede Nicolás Maduro desde las elecciones del 14 de abril de 2013.
Si bien se mantiene la política iniciada a mediados de los ’80, que consiste en incrementar anualmente el salario mínimo en Venezuela mediante decretos dictados por el Ejecutivo Nacional, diferentes fuentes revelan retrocesos en la capacidad adquisitiva de estos salarios al compararlos respecto a su conversión en dólares.
El Ejecutivo Nacional, en vez de adoptar políticas económicas contrarias a la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, debe promover y garantizar el desarrollo de mejores condiciones sociales y económicas para las grandes mayorías nacionales.
