Boletín DDHH y Coyuntura 2003

A diferencia de Informes anteriores, en los que el capítulo “Contexto” estaba dedicado a analizar los temas más relevantes del año, en este se prefirió intentar una breve caracterización del conflicto venezolano, con la esperanza de aportar un punto de vista al necesario diálogo en torno a su diagnóstico, como paso previo al diseño de estrategias que apunten a su administración más democrática. No obstante, para no dejar vacíos, se incluyó en la sección “Anexos”, una cronología de algunos de los hechos más relevantes del período, entre los que destaca, por supuesto, el Paro de dos meses llevado a cabo por la oposición (02.12.02 a 02.02.03) y los saldos negativos en vidas humanas que dejó la violencia entre ambos bandos, sin que el Estado haya dado una adecuada respuesta en términos de prevención, investigación, sanción y reparación.

Antecedentes del conflicto

El actual conflicto venezolano no nace “de la nada”, ni tampoco a partir del demasiadas veces sobredimensionado “Factor Chávez”. Se trata de la entrada en resonancia de, al menos, tres crisis o conflictos que se vienen manifestando sin resolverse desde la década de los 80 y que hoy son intensos detonantes de la polarización: una crisis socioeconómica, una crisis político institucional y una crisis de incertidumbre frente al modelo de desarrollo.

La crisis socioeconómica se expresa en el deterioro, durante las últimas dos décadas, de los indicadores del PIB, que oscilaron entre el bajo crecimiento y el decrecimiento desde 1979 hasta 2002 [39]; los indicadores de desempleo, que era menor al 5% en 1978, aumentó al 10% en 1990 y llegó, como ya se dijo, al 20,3% en febrero de 2003 [40]; o los de la desigualdad medida por el índice Gini, que era de 0,48 en 1979, de 0,51 en 1986 y de 0,53 en 1999 [41].

Estos datos demuestran que el país no sólo se empobreció sostenidamente en estos años, sino que unos (los más) se empobrecieron más que otros, generándose un verdadero abismo entre ricos y pobres. En palabras del especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES/UCAB), Matías Riutort: “en el período 1975-1997 el porcentaje de pobres creció constantemente y la pobreza se hizo más intensa. La brecha entre el ingreso medio de los pobres y la Línea de Pobreza se hizo cada vez más amplia. El pobre promedio se ha hecho más pobre. La severidad de la pobreza aumentó en forma sostenida, lo cual implica que la pobreza se hizo más crítica […] la pobreza aumentó en forma importante en el período 1975-1997 aumentaron la incidencia, la profundidad y la severidad” [42]. Esos niveles de pobreza y desigualdad, que terminaron por configurar un verdadero “apartheid social” [43], con todo y los imaginarios que ello implica, interpelan a la democracia en cuanto a su capacidad de garantizar igualdad de derechos a las mayorías sociales. La expresión paradigmática de esta crisis es, sin duda, la rebelión popular del 27.02.89 y la respuesta estatal represiva de los días posteriores.

La crisis político institucional es producto del colapso del sistema de conciliación de élites establecido a partir de 1958, conocido como Pacto de Punto Fijo. Este pacto, que lleva desde su nacimiento el sello de la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de los sectores de izquierda de AD, permitió la alternancia en el poder de AD (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano) durante 35 años. A partir de los años 80 su crisis se expresó en la creciente pérdida de capacidad de los partidos tradicionales para facilitar mediaciones efectivas entre el Estado y la sociedad; en el aumento de la abstención electoral, que pasó de 3,3% en 1968 a 12,5% en 1978, a 18,1% en 1988 y a 39,8% en 1993 [44]; en 2 intentos de golpe de Estado (febrero y noviembre, 1992); en la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia en medio de un juicio por corrupción y una intensa movilización social (1993); en el ascenso electoral de un partido distinto a los tradicionales, como lo fue la Causa R (1993); y en los triunfos electorales de las propuestas de Caldera (1993) y Chávez (1998), que eran críticas al bipartidismo y a la corrupción a ello asociada; mucho más radical en el segundo caso. El colapso del antiguo pacto no dio lugar, sin embargo, a un nuevo acuerdo, de distinto tipo y más incluyente; y el debilitamiento de las organizaciones políticas no ha sido superado. Por el contrario, los actores que intervienen en la política demostraron un gran déficit en el cumplimiento de su desempeño democrático, negociador y facilitador de mediaciones.

La crisis por incertidumbre frente al modelo de desarrollo es producto del agotamiento del paradigma de la industrialización por sustitución de importaciones, así como del intento de reemplazarlo con programas de ajuste estructural de corte neoliberal que no lograron reducir la pobreza, aumentaron la inequidad y fueron rechazados por la población en la calle y en las urnas electorales [45]. Hasta el presente, no se ha logrado un mínimo consenso en torno a un modelo de desarrollo que sume la voluntad de diversos actores, produciéndose importantes confrontaciones en torno a los roles que deben jugar el mercado y el Estado en el proyecto nacional.

¿Por qué hay conflicto? [46]

La cara más visible del conflicto venezolano, tras la que se esconden otros factores sin duda más relevantes, es la lucha por la permanencia o salida de Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

Chávez llegó a la presidencia con la promesa electoral de realizar una “revolución democrática”. Según la definición del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), esta promesa implica un “proceso de control democrático de los instrumentos de poder [y] la construcción de un bloque de fuerzas sociales, políticas e institucionales sobre las cuales debe sustentarse” [47] . La primera etapa de este proceso supone, junto al cambio constitucional (ya logrado), “el desplazamiento de las élites que dominaron el escenario político en las últimas décadas” [48].

La más evidente de las razones del conflicto es, justamente, la incompatibilidad entre oposición y gobierno por sus objetivos de control estatal. Ello genera permanentes tensiones entre las nuevas élites que accedieron al poder en 1999 y las anteriores élites políticas que actúan en alianza con sectores empresariales, comunicacionales, militares, de la antigua gerencia de la estatal petrolera (PDVSA), nuevos liderazgos políticos y sectores disidentes del oficialismo. Cabe resaltar que en un país como Venezuela en donde los recursos petroleros son propiedad del Estado, este concentra una posición estratégica privilegiada para ejercer poder.

Pero la lucha por el control del poder estatal, por más relevante que sea este poder, no es la única razón del conflicto. El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional, los sectores que lo apoyan y los que lo adversan, ocurre, además, por factores vinculados con las crisis a las que se aludió: a) divergencias en cuanto a los «proyectos de país» enarbolados por cada bando que, en aspectos relevantes, son incompatibles y; b) divergencias sobre los medios o estilos de la política. Estos dos factores dieron lugar a un tercero, que es fundamental para explicar la movilización social: c) la sensación de exclusión de algunos sectores (y el temor movilizador que esto genera) o de inclusión de otros (y la gratificación movilizadora que ello genera), a partir de la acción, las propuestas y los discursos del gobierno y la oposición.

Incompatibilidades en los “proyectos de país”. El Proyecto del gobierno de Chávez está reflejado, tanto en la Constitución de 1999 (elaborada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional Constituyente -ANC- y posteriormente aprobada por votación popular), como en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” [49], que establecen 5 equilibrios o ejes: económico, social, político, territorial e internacional.

La oposición no presentó aún públicamente su Proyecto, pese a que existe uno elaborado por la comisión Proyecto País de la coalición opositora (Coordinadora Democrática – CD) [50]. No obstante, existen cuatro documentos unitarios en los que se hacen visibles algunas de sus principales líneas estratégicas de preocupación. Estos son: las “Bases para un Acuerdo Democrático” [51] , suscrito por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) con el apoyo de la Iglesia Católica, unas semanas antes del golpe de Estado de abril de 2003 (05.03.02); el “Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional” [52] , firmado, primero por miembros de la CD (17.10.02) y posteriormente por esta instancia y los militares declarados en “desobediencia” (11.11.02); la “Agenda de Reconstrucción de la República de Venezuela” [53] , elaborado por la Comisión Proyecto País de la CD (04.01.03) y más recientemente, el “Acuerdo por la Unidad y la Democracia” [54], firmado por los miembros de la CD (07.08.03). De ellos, es la “Agenda…” el que contiene mayor cantidad de líneas estratégicas. La Agenda resume, en función de cuatro ejes (social, económico, institucional y político), “40 puntos de consensos alcanzados por la Comisión Proyecto país de la Coordinadora Democrática” [55].

Tanto las “Líneas…” como la “Agenda…” asumen a la pobreza como el principal problema a resolver. No obstante, al contrastarlas surgen algunos temas que expresan importantes contradicciones. Entre ellos, los más relevantes son la política petrolera, la política internacional y las dimensiones de la participación militar [56]. Además, hay un eje de confrontación que es transversal a varias de las líneas estratégicas esbozadas por los dos bandos: pese a que ambos parten del supuesto de una economía capitalista o liberal [57], el proyecto del gobierno subraya más la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida colectiva, mientras que el de la oposición la diluye. Si hubiera que definir un tema central de la confrontación entre ambos proyectos, tomando solo como referencia los documentos mencionados, ese sería el del rol del Estado. Esta línea de análisis cobra mayor relevancia cuando se analizan otros debates entre el gobierno y la oposición, tales como los ocurridos a propósito de la ley de tierras y la propiedad privada, el carácter público, mixto o privado del sistema de seguridad social, los beneficios o riesgos de la liberalización del comercio en el contexto de los debates sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) o el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las acusaciones que el gobierno le formula a la oposición (“neoliberales”) y esta a aquel (“comunistas”) o las estrechas relaciones o simpatías del gobierno con países liderados por distintos tipos de izquierda (como Cuba, Argentina y Brasil) y de la oposición, con países liderados por liberales (como EEUU, Colombia y España) [58].

En materia económica, es en el tema petrolero donde se hacen más evidentes las contradicciones. El proyecto de gobierno propone la presencia del Estado como único dueño y rector de industrias estratégicas como PDVSA [59] y la política permanente de defensa de los precios petroleros en el marco de los acuerdos pactados en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) [60]. La oposición propone “Dar autonomía a PDVSA […] auspiciar un cambio de una relación Petróleo-Estado a una de Petróleo-Sociedad, donde se abra el espacio para la democratización del capital de la industria de los hidrocarburos, para que haya una mayor participación ciudadana en el recurso petrolero y gas a través de distintas vías a explorar, como por ejemplo se pueden mencionar: la profundización de la apertura petrolera; la creación de un Fondo de Ahorro Intergeneracional (FAI); y/o la creación de Fondos de Pensiones apalancados por la regalía petrolera y de gas” [61] . Propone igualmente revertir los acuerdos OPEP, priorizando acuerdos energéticos hemisféricos (en donde EEUU es el principal factor de incidencia por su capacidad de compra e inversión) e incrementando la producción para recuperar mercados perdidos [62].

En materia internacional, el gobierno propone la simetría de la comunidad de naciones, prioriza el diálogo Sur-Sur y, en particular la integración latinocaribeña [63], así como una relación más estrecha con los socios árabes de la OPEP, todo lo cual implica algunas diferencias con EEUU, el principal socio histórico de la política internacional venezolana. La oposición plantea redefinir las relaciones internacionales, la “recuperación de la imagen y la confianza internacional” [64] y señala una agenda que está en sintonía con las principales preocupaciones de los EEUU: “auspiciar con éxito nuestra inserción en un mundo globalizado mediante la integración hemisférica (ALCA) y global (OMC) [e] Incorporar activamente al país en los programas de lucha contra el terrorismo y narcotráfico” [65].

En cuanto al tema militar, el gobierno asigna a la institución castrense labores que no son típicamente militares (basándose en su misión constitucional de una “participación activa en el desarrollo nacional” [66]), tales como las realizadas en el contexto del Plan Bolívar 2000 [67]. Estas labores, particularmente por el modo en que se realizan, pueden entenderse como una instrumentalización política de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Por otra parte, en la Constitución de 1999, las fuerzas pro gobierno redujeron los límites a la deliberancia militar y eliminaron la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario [68]. La oposición, y esto es un leit motiv de los documentos analizados, reivindica una institución castrense que no apoye ningún proyecto político, que esté sujeta al poder civil, que no delibere políticamente y que aumente su capacidad operacional [69].

Incompatibilidades en los medios. La historiadora y analista política Margarita López Maya, citando al sociólogo Barrington Moore, explica que “toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía” [70].

Desde el inicio del período de gobierno del Presidente Chávez, algunos de estos límites (legales y extralegales) fueron vulnerados. López Maya señala, en cuanto a la responsabilidad que recae sobre el gobierno: la aprobación de leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático (como las leyes aprobadas mediante mecanismo habilitante, 2001), el uso de símbolos de fuerza para amedrentar a la oposición, el discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público y el intento de cooptar o ahogar a organizaciones sindicales como la CTV (como el referéndum sindical, 2000) [71]. Efectivamente, como se señalará en el Informe anterior [72], estos elementos, que implican medidas gubernamentales y el despliegue de un estilo político, que han sido cuestionados por Provea desde una perspectiva de derechos humanos [73], tuvieron una gran incidencia en los procesos de articulación de la oposición, en el último trimestre de 2001.

De estos elementos, conviene destacar el uso de símbolos de fuerza, por el impacto que ello tiene en el escenario político. El Presidente instrumentalizó discursivamente a la FAN, en beneficio de su proyecto político. Algunos patrones de este discurso presidencial son el uso de símbolos militares (escenarios militares, trajes militares, actos militares) para formular críticas a sus adversarios; la separación “ellos-nosotros”, según la cual “ellos” son los ricos y “nosotros” los pobres, el gobierno y la FAN y la idea de que el pueblo pobre está armado porque cuenta con su FAN y estaría dispuesto a utilizar esas armas para defender su proyecto (“Mientras ellos tocan cacerolas, los ricos que aquí viven, el pueblo anda en F-16” [74], “esta revolución es pacífica pero no está desarmada” [75]). Los ejemplos de discursos gubernamentales en esa línea sobran y algunos ya fueron reseñados en Informes anteriores. A finales de 2003, el Presidente llamó a los militares a “empuñar su espada para defender las garantías sociales” [76] y les pidió escoger, si llegara el momento, “… -con los fusiles en la mano- qué hacer, hacia dónde apuntar los fusiles: si al pecho de la oligarquía traidora o al pecho del pueblo noble de Venezuela” [77]. Como se sabe, en el ordenamiento jurídico venezolano, las garantías sociales no son competencia de la FAN y, en un “momento” imaginario o por llegar, esta institución no debería disparar al pecho de nadie, independientemente de su condición socioeconómica.

En cuanto a la oposición, López Maya señala su “crónica ambigüedad de propósitos” [78], en referencia a las vías intentadas para “salir de Chávez”, que oscilan entre las institucionales y las de fuerza; estas últimas, abierta o solapadamente intentadas.

En efecto, pese a que la oposición ha sido crítica de la politización de la FAN impulsada por el gobierno, a partir de 2002 se hizo evidente que utilizaba la misma estrategia que este para lograr sus objetivos políticos. En febrero de ese año se expresó claramente el cisma de la FAN, produciéndose una altísima deliberancia de funcionarios de esta institución a partir de lo que algunos analistas llamaron “el goteo militar”, para aludir a las declaraciones públicas de varios oficiales que rechazaban al Presidente y exigían su renuncia. El discurso de la oposición fue progresivamente cargándose de apologías a la deliberancia de militares disidentes (que fueron recibidos en actos masivos como líderes) y de llamados a una intervención militar. Líderes como Carlos Ortega [79], presidente de la CTV o Elías Santana [80], dirigente de la ONG Queremos Elegir se manifestaron en ese sentido. El 11.04.02 se produjo el golpe de Estado, que fue revertido 48 horas después y que fue analizado en el Informe anterior. Sin embargo, los llamados a un nuevo golpe de Estado no han cesado.

Los militares que participaron en el de abril de 2002 no fueron sancionados [81]. Nadie, en la oposición, cuestionó la impunidad de la ruptura del hilo constitucional. Por el contrario, la tesis de que no hubo golpe de Estado o que este solo se produjo a partir del Decreto Nº 1 de Pedro Carmona Estanca [82], exonerando con ello a los militares golpistas, es la que priva en el discurso público de prácticamente toda la oposición venezolana. Desde octubre de 2002 hasta el cierre de este Informe, un grupo de militares activos, sumados a los que participaron en el golpe de abril, se declararon en “desobediencia” y se instalaron en la Plaza Francia, en una atípica protesta castrense con características insurreccionales que, sin embargo, no ha sido debidamente sancionada. Esta acción fue recibida con beneplácito por masas y líderes de oposición. Unas semanas más tarde, la CD firmó con esos militares el “Pacto Democrático por la Unidad y la Reconstrucción Nacional”, que fue comentado supra. En el contexto del Paro de 2 meses realizado por la oposición (diciembre 2002-febrero 2003), fueron constantes los llamados de los líderes de la protesta a una intervención militar, mediante una especie de cadena diaria de los medios privados de comunicación que se sumaron al Paro. Algunos analistas de oposición moderada denunciaron la aspiración golpista de los líderes del Paro [83].

En marzo de 2003, Carlos Ortega emitió una declaración que parece corroborar esa tesis y que guarda correspondencia con sus intervenciones públicas desde el año anterior: “todas las condiciones para la caída del régimen están dadas, solamente nos falta un solo elemento: el factor militar […]. En un momento dado va a surgir del seno de la Fuerza Armada esa identificación con la población venezolana. Más temprano que tarde se producirá la reacción -y no estoy conspirando-, porque esa gente no puede mantenerse cruzada de brazos y de espaldas a la realidad que vive Venezuela en estos momentos” [84]. En octubre de 2003, al cierre de este Informe, Manuel Cova, presidente encargado de la CTV y representante de la oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos, se pronunció en un sentido similar: “Ese día [el de la recolección de firmas para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente Chávez] estaremos, con esos 4 millones de rúbricas [cifra estimada por él, que recogerá la oposición], enviando un mensaje a la Fuerza Armada y a la opinión internacional” [85]. El ejemplo más extremo de este discurso golpista, dentro de la oposición, es el de la agrupación Bloque Democrático. En un reciente comunicado dirigido al “Cuerpo Diplomático Acreditado en Venezuela” y a la “Organización de Estados Americanos” señaló: “…inexplicablemente, en el caso del totalitarismo venezolano, ustedes siguen propiciando salidas ‘pacíficas y electorales´, y condenando de antemano la participación de la Fuerza Armada en la solución de la crisis; pese a que la intervención militar está plenamente justificada y contemplada en los artículos 326, 328, 333 y 350 de nuestra Carta Magna” [86].

De los distintos temas conflictógenos vinculados con los medios o estilos de la política, hemos relevado el uso de lo militar, porque evidencia, como ningún otro, su incompatibilidad con los principios democráticos y constituye la mayor de las amenazas de un desbordamiento de la violencia.

Sensación de exclusión e inclusión. Los discursos de ambos bandos, que amenazan con la violencia (la social, la política o la estatal, particularmente la de la FAN), hacen sentir a los propios líderes de cada bando, el temor de ser aniquilados, y no solo metafóricamente. Coloca el juego político en una situación de suma-cero en la que los actores perciben que si no lo “ganan todo ahora, después será demasiado tarde”.

Este elemento se conjuga, a su vez, con la composición socioeconómica de los polos en conflicto y se extiende entonces más allá de las élites dirigentes. Como se ha dicho, la polarización política actual solapa una polarización social previa. Sin ser cierto que todos en los sectores populares son “chavistas”, sí lo es que ahí se encuentra la mayor base de apoyo del proyecto de gobierno. También, como lo reconocen varios analistas de oposición [87], que el discurso presidencial gratifica e incluye a los sectores populares. El editor y ex ministro de Planificación de la administración Caldera, Teodoro Petkoff, señala al respecto: “Su único logro [el de Chávez] es haber despertado la nación a la evidencia de que la pobreza existe y pesa. Ningún otro gobernante lo había hecho con tanta fuerza. Aunque su gestión ha empeorado a los pobres, subsiste, sin embargo, en una parte todavía significativa de la población más humilde, el vínculo afectivo y emocional con él, porque en cierta forma, ha dado un sentido de identidad y de pertenencia a los excluidos, una voz a los que no la tienen” [88]. El sacerdote jesuita y politólogo, Arturo Sosa, comenta en la misma dirección que “…[se trata de] un liderazgo con una gran capacidad de conexión con el mundo popular, su manera de comunicarse le mantiene muy vinculado a las aspiraciones de la gente, lo que excusa los errores del gobierno: porque no lo dejan gobernar, por el saboteo que hubo con el Paro. Entonces se ve mucho menos las ineficiencias y las contradicciones…” [89].

Estas razones, aunque no son las únicas, explican por qué una parte importante de la población se moviliza para respaldar al proyecto de gobierno, ayudan a comprender, a su vez, por qué otra parte de la población, también importante, se siente excluida y amenazada por ese proyecto. Si se suma la opción por los pobres y la retórica antioligárquica, el recurso discursivo que amenaza con el uso de la fuerza y los símbolos de izquierda del discurso gubernamental, se comprende mejor que los sectores medios y altos, en donde se concentra el mayor rechazo al proyecto de gobierno, y donde el sentido común es mayoritariamente liberal, sientan la exclusión y teman que se afecte sus intereses. Es en estos sectores en donde la “amenaza del comunismo” es más creída y temida.

Como señala Petkoff en el texto ya citado, “el país está cargado de miedos. Unos temen al ‘castro-comunismo’ , otros temen al ‘pinochetismo’ . Los miedos generan odios y los odios agresividad” [90]. Esa agresividad, generada por el temor es, a su vez, un coadyuvante de la polarización. Así, muchos de los ataques de la oposición al gobierno, terminan siendo ataques a los sectores populares [91] que lo apoyan y muchos de los ataques del gobierno a la “oligarquía”, realmente terminan teniendo un impacto en sectores medios que nada tienen que ver con aquella.

¿Quiénes son los principales protagonistas del conflicto?

El fenómeno de la polarización implica que la mayor parte de la población tome posición a favor o en contra del proyecto del actual gobierno, aunque los sectores radicales o intolerantes, en cada bando, sean una minoría. A mediados de 2003, sin embargo, y probablemente por hastío frente a la polarización, comenzó a hacerse más visible en las encuestas un sector, aunque no mayoritario, que no se siente plenamente reflejado por ninguno de los polos [92]. La toma de posición por parte de la mayoría de la población, hace que un protagonista importante del conflicto sea esa población que participa de marchas, concentraciones de calle u otras manifestaciones políticas, aunque no esté necesariamente organizada ni responda a una visión política coherente.

Según diversos estudios de opinión pública, en términos socioeconómicos, el apoyo más fuerte de la oposición se concentra en los sectores medios y altos y el más fuerte del gobierno entre los sectores populares [93].

Los sectores que componen la oposición. La mayoría de la oposición organizada está articulada en la Coordinadora Democrática (CD), cuyo nacimiento formal se produjo en junio del año 2002 y su primer embrión en febrero del mismo año [94]. Según información publicada en su sitio web, está conformada por 25 partidos políticos, 20 organizaciones no gubernamentales (ONG), el principal gremio de trabajadores (Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV-) y el principal gremio de empresarios (Fedecámaras) [95]. También coordina su trabajo con los gobernadores y alcaldes de oposición y con los principales medios privados de comunicación [96].

Otros sectores que forman parte de la oposición, pero no de la CD, son los oficiales militares declarados en “desobediencia” en la Plaza Francia y la coalición Bloque Democrático. Existen, igualmente, dos grupúsculos armados que forman parte del espectro opositor. Uno de ellos es las Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), que han emitido comunicados que encuentran sintonía con el estilo y propósito de sus pares colombianas. El otro no es propiamente un grupo con discurso público, pero se hizo evidente su existencia a partir de la investigación policial de diversos atentados terroristas ocurridos en Caracas. Según las pesquisas policiales, conocidas públicamente, se trataría de un núcleo armado vinculado a miembros del equipo de seguridad de los militares disidentes de Altamira.

Los principales partidos que conforman la CD son: Acción Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Unión, Movimiento al Socialismo (MAS), Causa R, Solidaridad, Alianza al Bravo Pueblo y Bandera Roja. A partir de la participación de sus principales dirigentes en el debate público, se puede señalar [97] que, salvo Bandera Roja (un partido minoritario que se define como marxista leninista), todos los partidos de oposición son de inspiración liberal socialdemócrata o socialcristiana.

Las más conocidas de las ONG que conforman la CD son: Queremos Elegir, Asamblea de Ciudadanos, Asamblea de Educación, Frente Institucional Militar, Visión Emergente, Movimiento 1011, Mujeres por la Libertad y Gente del Petróleo [98]. La mayoría de los miembros de estas organizaciones proviene de los sectores medios de la población y su inspiración es fundamentalmente liberal. Gente del Petróleo es la más grande de ellas, aunque la de más reciente conformación (puede entenderse, incluso, más como un movimiento social que como una ONG). Sus integrantes son personas despedidas de la industria petrolera estatal (PDVSA) y sus principales líderes son ex gerentes petroleros.

Los medios privados más activos de la oposición son los principales canales de TV: Venevisión, RCTV, Globovisión, Televen; y los diarios El Nacional y El Universal. Son empresas privadas y defienden interesas corporativos. Fedecámaras es el principal gremio empresarial y actúa en función de los intereses de sus afiliados. La CTV está dirigida por los partidos AD, MAS, Causa R y Bandera Roja.

El liderazgo de la oposición ha variado dependiendo de la coyuntura. Sin embargo, un factor importante de liderazgo es, paradójicamente, un sector distinto a los partidos políticos: los principales medios privados de comunicación. A finales de 2002, Henry Ramos Allup, presidente de AD, señaló: “Muchas veces las decisiones de la CD se toman por la presión de opinión de los medios, por lo que digan algunos comunicadores sociales y grupos de interés” [99]. Este hecho es compartido por varios analistas políticos. Entre ellos, el editor Eleazar Díaz Rangel, quien señala que dentro del “poder mediático hay sectores que son determinantes en el manejo de la agenda y del menú de la política opositora, más allá de los partidos políticos […]. De todos esos factores [se refiere a los factores que conforman la oposición], el que tiene capacidad para movilizar y formar opinión pública son los medios de comunicación” [100]. Otros políticos de oposición han resentido este rol de liderazgo de los medios y sus implicaciones. Según el periodista Sebastián de la Nuez, Eduardo Fernández, dirigente de COPEI, “habló […] de que se ha sentido prácticamente censurado en los canales de televisión… [Felipe] Mujica [dirigente del MAS] dijo algo parecido, ya que al manifestar su rechazo al paro nacional de diciembre pasado, sintió que era vetado en los medios audiovisuales de señal libre” [101].

Otro de los factores que juegan un rol importante dentro del liderazgo opositor, son los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela. El primero porque es uno de los pocos partidos que tiene una estructura nacional fuerte; los otros, porque entre sus liderazgos se encuentran los más conocidos precandidatos presidenciales de la oposición. También Fedecámaras, la CTV, la Gente del Petróleo y algunos de los militares de alto rango declarados en “desobediencia” fueron, en distintos momentos, factores relevantes del liderazgo.

En la oposición existen diferencias en cuanto a las “formas de lucha”, entre aquellos que apuestan a las “vías rápidas” (golpistas abiertos o solapados) y quienes apuestan a los mecanismos de la institucionalidad democrática para “salir de Chávez” [102]; aunque cabe decir que en este terreno hay quienes han transitado ambas formas de lucha alternativamente. Luego del paro realizado entre el 02.12.02 y el 02.02.03, ha prevalecido la vía institucional, centrada en el referéndum revocatorio. Sin embargo, en el contexto del proceso de recolección de firmas para intentar activar referenda revocatorios, que se iniciaba al cierre de este Informe, resurgieron discursos que alentaban al sector militar a intervenir para definir el panorama político.

Los sectores que apoyan o componen el Gobierno. Las fuerzas que apoyan al Gobierno se han articulado en distintas instancias a lo largo de los últimos 4 años, bien con motivos electorales (el “Polo Patriótico”), bien con la intención de coordinar el trabajo político y de gobierno (el “Comando Político de la Revolución”). Estos espacios articulan a partidos políticos, organizaciones de base y movimientos sociales.

Por otra parte, también existen grupúsculos armados que han emitido pronunciamientos de apoyo al gobierno, aunque no forman parte de ninguna instancia formal de articulación. Ellos son: las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), una guerrilla que estaría operando en los estados Barinas, Táchira y Apure; los “Carapaica” y el comando “Nestor Zerpa Cartolini”

Los principales partidos que apoyan al gobierno son el Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT), Podemos y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Salvo este último (que es un partido clásico marxista- leninista, muy pequeño), el resto puede caracterizarse, en términos generales, como socialdemócratas de izquierda. En el MVR, que es el principal partido de gobierno, confluyen militares retirados (nacionalistas y/o conservadores) y sectores de los distintos tipos de izquierda.

El apoyo organizativo al gobierno proviene, además de los partidos y sobre todo, de un conjunto de pequeñas organizaciones populares y sociales diseminadas por el país. Entre ellas el Frente Campesino Ezequiel Zamora, el Frente Bolivariano de Mujeres, el Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), los Círculos Bolivarianos, las Mesas Técnicas del Agua, cooperativas, Medios Comunitarios o Alternativos, Clase Media en Positivo y otras organizaciones de base (culturales, vecinales, reivindicativas, etc). La mayoría de estas organizaciones está conformada por activistas de los sectores populares y su visión ideológica también incluye a distintos tipos de izquierda o nacionalismos. Pero, sobre todo, existe en muchas de estas organizaciones, una guía pragmática en función de reivindicaciones específicas u orientaciones del Presidente de la República, quien sostiene un liderazgo personalista y prioriza la relación directa líder-masa, por sobre la construcción de mediaciones organizativas sólidas.

En cuanto a las “formas de lucha” también tienen una división entre quienes se apegan más a las formas institucionales y quienes piensan que éstas obstaculizan “el proceso de cambios”. Existe, además, en una parte de la alianza de gobierno, falta de formación política para la administración del Estado, que los hace actuar torpemente en el entramado de una institucionalidad liberal que, sin embargo, esa misma fuerza política consagró en la nueva Constitución.

La debilidad de las organizaciones y partidos políticos. El artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana señala que “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia” [103]. Con ello, este instrumento de derechos humanos reconoce la importancia de las mediaciones organizativas efectivas entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, como un componente fundamental de la democracia.

Uno de los factores que inciden en el conflicto político venezolano es, justamente, la debilidad de los partidos y el liderazgo de otras organizaciones políticas, que no están preparadas ni motivadas para actuar facilitando las mediaciones y negociaciones que podrían reducir la carga de violencia del conflicto.

Pese a que distintas encuestas señalan al MVR y a AD como los partidos con mayor preferencia entre la población [104], realmente ello no implica que se trate de partidos fuertes. Particularmente el MVR ha sido más una plataforma electoral en torno a la figura de Chávez que un mecanismo de mediación social permanente, con doctrina clara y disciplina partidista.

Por otra parte, tal como lo señala Margarita López Maya, “de manera muy obvia, antes que los partidos políticos, han jugado papel protagónico organizaciones sociales y medios de comunicación que se fueron fortaleciendo en Venezuela en los últimos 20 años como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos” [105]. Varios de los actores que llenaron el vacío producido por el colapso del bipartidismo: empresarios, medios, gerentes petroleros o dirigentes de ONG carecen de experiencia política y cultura de negociación, pues vienen más bien de una experiencia de defensa de intereses privados o corporativos.