10 de diciembre de 2004

Boletín electrónico Nº 149

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, para de la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.

Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.

Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/1presentacion.pdf, y en caso de estar interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
[email protected].

NOTA DE PRENSA

En la presentación de su XVI Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2003/Septiembre 2004), efectuada esta mañana, voceros de Provea revelaron un panorama que exige el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la erradicación de prácticas autoritarias en el comportamiento cotidiano del Estado. A 5 años de sancionada la Constitución, Provea reitera que la realización progresiva de los derechos humanos demanda acciones concretas que respondan a un Plan Nacional de Derechos Humanos.

A lo largo de su investigación, Provea constató incoherencias en las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional: “si bien la mayoría de ellas apuntan a la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en los Civiles y Políticos (DCP) hay debilidades estructurales que impiden el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho”. Carlos Correa, coordinador general de Provea, destacó que “la búsqueda de la justicia social no puede hacerse a costa de la institucionalidad democrática que, más bien, debe ser fortalecida”. Añadió que “el Gobierno Nacional debe abdicar de la tentación autoritaria y de los abusos de poder”.

Esta investigación examina 18 derechos humanos, divididos entre DESC y DCP, a partir de la definición de distintos indicadores que permiten entender su situación en conjunto. Sobre el balance de los primeros, el vocero de Provea mencionó como positiva “la reivindicación del rol del Estado en la protección y garantía de los mismos que, aún con grandes deficiencias en la gestión, se tradujo en medidas progresivas con efectos favorables particularmente en la cobertura de la atención primaria en salud (Barrio Adentro), el acceso a la educación (Misión Robinson I y II, Ribas y Sucre) y la distribución de tierras para la población campesina. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros derechos sociales como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, en el que la capacidad de ejecución del gobierno nacional es de las peores de la década”.

En esta presentación, la organización abundó particularmente en el tratamiento de los derechos a la Salud y a la Vivienda, que corresponden a la prioridad institucional de Provea en DESC.

Sobre el derecho a la salud, Correa destacó que continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Por otro lado, el financiamiento del sector sigue sin superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Incluso, durante el 2004, que fue del 1,3% del PIB, tuvo un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto al año anterior, cuando fue de 1,8%.

Con respecto al derecho a la Vivienda, el vocero de Provea destacó la marcada brecha entre los requerimientos habitacionales de la población y la menguada respuesta del Estado en sus diferentes niveles de actuación. En el año 2003, se construyeron sólo 11.000 viviendas con fondos públicos. La demanda anual estimada es de 135.000 viviendas. Se mantiene un marcado déficit de 1.414.819 unidades habitacionales que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y hace falta construir 981.983 nuevas viviendas. Esta situación se produce, pese a que el gasto público en vivienda registró en el año 2003 un aumento de la partida para este derecho. El informe valora como positivos el aumento en la cobertura en el acceso al servicio de agua potable y el proceso de regularización de la propiedad de tierras urbanas.

Sobre la situación de los DCP, en el período analizado, destacan negativamente el procesamiento de 111 civiles en la justicia militar, el aumento en el número de denuncias por violación al derecho a la vida, la integridad personal, los patrones de detenciones individuales y políticas en el derecho a la libertad personal. Esta situación expresa la ausencia de políticas democráticas de seguridad ciudadana.

Vicmar Morillo, co-coordinadora de la investigación, señaló que «los organismos de seguridad del Estado (nacionales, estadales y municipales), de manera estructural vulneran estos derechos, pues no tienen la formación adecuada y carecen de controles. Esto se agudizó por la impunidad generada en el sistema de administración de justicia». La consecuencia de todo ello, según el balance realizado por Provea es que, por una parte, se sigue criminalizando a los pobres, que son las principales víctimas, cuantitativa y cualitativamente, de abuso policial y militar y, por otra, en momentos de gran polarización política, el Estado, por acción u omisión vulneró derechos de activistas políticos.

Los voceros de Provea destacaron que “en medio de la intensa polarización política, Provea, junto al movimiento nacional de derechos humanos, insiste en la necesidad de generar espacios para algunos acuerdos básicos, que tengan como piso mínimo o punto de partida las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con esta XVI edición, la organización reitera que los modos violentos de expresión del conflicto, que afectan a todos los derechos analizados en este Informe, pueden ser reducidos para darle paso a una administración más democrática del mismo”.

Finalmente, la organización invita a todas las personas interesadas a consultar y/o descargar en su sitio web http://www.derechos.org.ve la versión digital de este informe o adquirirlo por el correo-e: [email protected] o por los teléfonos: 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69 (Provea, 09.12.04).

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por tercer año consecutivo, la situación de los derechos humanos, que se analiza en el presente Informe, ocurre en el contexto de una intensa lucha hegemónica, que sigue oscilando entre formas violentas y no violentas. Pese a que en este período (octubre 2003 – septiembre 2004) se redujeron los escenarios de expresión de la confrontación a través de formas violentas [1], un atentado terrorista que le quitó la vida al Fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, justo cuando este Informe estaba por entrar a imprenta, hace muy difícil tener certeza sobre los modos y tendencias que adoptará el conflicto.

La expresión de la mayoría de los electores ratificando el mandato del presidente Chávez en el referéndum del 15.08.04 y el aval que, sin excepciones, le dio a ese resultado la comunidad internacional, constituyen fuertes contenedores de legitimidad, que reducen los riesgos de desbordamiento de la violencia. Pero, precisamente por la fuerza que tienen esos contenedores nacionales e internacionales, es factible que sectores impotentes y fanatizados intenten desplazar el conflicto a escenarios extralegales. De la respuesta que el Estado, los dirigentes políticos de todas las tendencias y la sociedad en general le den a esos sectores, depende que logren ser exitosos en arrastrar el conflicto al terreno de la violencia o que se vean aislados por una mayoría que, pese a sus diferencias, repudia el terrorismo y apuesta por la democracia.

La polarización y la violencia continuaron expresándose en este período, en el que registramos un número mayor de muertes vinculadas con el conflicto político, en comparación con las conocidas en el período anterior. Al menos 24 personas murieron en hechos que pueden vincularse con el conflicto, 6 más que en el período anterior, cuando se conocieron 18 muertes. Desde que Provea realiza este conteo, a partir de octubre de 2001 se produjeron 107 muertes atribuibles al conflicto. Las muertes conocidas este período ocurrieron, en su mayoría, en el contexto de manifestaciones políticas (La Guarimba [2], en febrero y marzo de 2004; el día del anuncio de que habría referéndum, 3 de junio de 2004; el día del referéndum, 15.08.04 y el día del anuncio de los resultados, 16.08.04). Otras ocurrieron en el contexto de politizadas luchas por el derecho a la tierra o al empleo. Al igual que viene ocurriendo desde al año 2001, ambos sectores de la confrontación se cuentan entre las víctimas y entre los presuntos victimarios. Funcionarios de organismos de seguridad también fueron señalados como victimarios en este período.

El lenguaje hiriente, belicoso, agraviante, que incita o legitima la trasgresión de la legalidad democrática, continuó siendo común en los dirigentes políticos de los bandos enfrentados, incluyendo a autoridades estatales (nacionales, estadales y municipales), entre quienes se encuentra el Presidente Chávez [3].

El abuso de poder estatal y las expresiones insurreccionales por parte de sectores de la oposición, constituyen deslealtades con el modelo democrático, que impactaron negativamente en las condiciones de vida de la población. En cuanto a la actuación estatal, particularmente dañinos resultaron, en este período, la aprobación de una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que debilita la autonomía del Poder Judicial; el uso de la Justicia Militar para procesar a civiles; los juicios y condenas por delitos de opinión; el uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las manifestaciones de la oposición realizadas en febrero y marzo; y la presión ejercida sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) al denunciar que la oposición no contaba, salvo que se tratara de un “megafraude”, con el número de firmas necesario para convocar un referéndum.

El modo polarizado de expresarse el conflicto, a través de la violencia física y simbólica, sigue teniendo un impacto negativo en la situación de prácticamente todos los derechos humanos que se analizan en este Informe. Solo un procesamiento democrático de las diferencias entre las élites políticas, los sectores socioeconómicos y los proyectos de país que están en tensión, permitirá una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El desempeño de las instituciones del Estado, de todos los Poderes Públicos y en todos sus niveles resulta capital para esta meta.

En el Informe anterior, Provea consideró necesario hacer una exploración de las condiciones de posibilidad del actual conflicto hegemónico, en la certeza de que solo a partir de un acercamiento comprensivo y de fondo, podríamos proponer líneas estratégicas que apuntaran a la construcción de realidades favorables a los derechos humanos. Tratamos de alejarnos del simplismo que caracterizaba el debate político, excesivamente centrado en la figura presidencial. Señalamos, como lo veníamos haciendo desde principios de 2002 [4], que el conflicto no tiene el nombre de una persona, y que por tanto no se “solucionaría” con una consulta que ratificara o revocara el mandato presidencial, aunque esto podría ayudar a reducir las tensiones existentes, siempre que las partes actuaran con una lógica democrática.

Aunque sugerimos una lectura de aquel texto [5] para una mejor comprensión de la posición de Provea ante el conflicto hegemónico, realizamos aquí un breve resumen, prescindiendo de la sustentación empírica que se presentó en el Informe anterior.

Un conflicto por tres crisis en resonancia

Desde principios de la década de los 80, se viene manifestando en Venezuela una crisis socio- económica, una crisis político-institucional y una crisis modélica, que entraron en una poderosa resonancia durante la gestión del Presidente Chávez (en particular a partir del año 2001), generando una polarización política excepcional, con rasgos violentos de expresión.

La crisis socioeconómica, es expresión del empobrecimiento sostenido del país, al tiempo que de la profundización de sus inequidades sociales. La separación y desconocimiento entre las minoritarias capas medias y altas y el mayoritario resto del país, excluido del disfrute de sus Resumen de una caracterización del conflicto derechos, produjo una contundente polarización social. A esa polarización se le superpuso, en el presente, aunque no de manera absoluta o perfecta, una polarización política, según la cual los sectores populares tienden a respaldar al Presidente y su proyecto de gobierno y los sectores medios y altos a adversarlo [6].

La crisis político-institucional, alude al colapso del anterior acuerdo de conciliación de élites, vigente desde el nacimiento de la democracia, agonizante desde principios de los 80 y cuya acta de defunción fueron las elecciones de 1998, en las que Chávez, sin vínculos con ese modelo político, fue favorecido por la población. En el presente, ese colapso no ha sido sustituido por un acuerdo de nuevo tipo, más incluyente, que permita la administración de las diferencias de proyectos y actores, en un contexto de lealtad a las reglas del juego democrático. Por el contrario, la competencia por el control del Estado petrolero venezolano es feroz y suele realizarse tanto dentro como fuera de los márgenes de la legalidad. Entre tanto, los partidos políticos, de todos los bandos y orientaciones, continúan siendo organizaciones débiles [7] y la actuación protagónica de sectores sin experiencia en la negociación política, ni mandatos que impliquen una visión del conjunto del país y sus intereses, tales como los militares, los empresarios, los dueños de medios de comunicación y su personal, la tecnocracia petrolera, o las organizaciones no gubernamentales tradicionalmente “antipolíticas”, endureció las formas de la política y limitó las mediaciones posibles en el conflicto.

La crisis modélica, es producto del agotamiento del modelo de desarrollo a través de la industrialización por sustitución de importaciones y su posterior intento de reemplazarlo, en los 80 y 90, con el modelo del Estado Mínimo, caracterizado por programas de ajuste estructural de corte neoliberal, modelo que no logró reducir la pobreza y aumentó la inequidad. El eje central de esta crisis es la confrontación por los roles protagónicos del Estado y el mercado en el proyecto nacional. En el presente, es posible identificar que el proyecto del gobierno, reflejado tanto en la Constitución de 1999 como en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, subraya la participación del Estado en distintos ámbitos de la vida colectiva, mientras que los proyectos de la oposición tienen un cariz más liberal.

Intervenciones democráticas en las crisis: claves para una estrategia de derechos humanos

El conflicto obliga a una intervención democrática en cada una de las crisis que lo conforman, si lo que se aspira es a una administración que permita una mejora sostenida y permanente de la situación de los derechos humanos. A partir de ese diagnóstico, Provea ratifica sus líneas históricas de intervención, en clave de autonomía y apego a los principios de interdependencia de todos los derechos humanos de todas las personas:

No discriminación y justicia social. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas y ello debe subrayarse aún más en contextos polarizados en los que tiende a legitimarse la violencia, la agresión o el menosprecio contra personas de uno u otro bando político. Además de la discriminación por orientación política, que es fundamental prevenir y combatir, nuestra sociedad adolece de una discriminación estructural por origen socioeconómico. Los pobres son las principales víctimas de violación de prácticamente todos los derechos analizados en este Informe. El derecho a la no discriminación implica que el Estado debe tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. En efecto, quienes son estructuralmente discriminados deben ser particularmente atendidos, entre otras vías, a través de la distribución de los ingresos, y estimulados en su capacidad de construir y ejercer poder [8]. El empoderamiento de los sectores populares, su conversión en actores sociales y políticos que impulsan su autodesarrollo y satisfacción de derechos, ejerciendo presión sobre las autoridades estatales desde una perspectiva de no subordinación sino de autonomía, resulta esencial a cualquier estrategia de derechos humanos para una administración democrática del conflicto. La búsqueda de la justicia social, sin la cual una democracia no es realmente tal, debe tener a los sectores populares como principales protagonistas.

Democracia y Derechos Humanos. La democracia y los derechos humanos son interdependientes, por lo que una democracia más profunda, con mayor justicia social, fortaleza institucional, mecanismos pacíficos de resolución o administración de conflictos y ejercicio progresivo del derecho a la participación política, es también un escenario más favorable para el ejercicio de los derechos humanos. En Venezuela, ello pasa por: reivindicar la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos ara que realicen mejores mediaciones sociales y políticas, en la dirección planteada en la Carta Democrática Interamericana; estimular la participación democrática y contralora de toda la sociedad; cuestionar las prácticas no democráticas de cualquier actor político; la exclusión de la deliberancia y el protagonismo político de la Fuerza Armada Nacional; la exclusión de toda apología al odio y la violencia, así como de las incitaciones a delinquir, en los medios de comunicación (públicos y privados) [9]; el fortalecimiento de la institucionalidad estatal, particularmente en su capacidad de brindar, de manera permanente, servicios adecuados a la población desde una perspectiva de derechos y no de dádivas; el fortalecimiento de los contrapesos institucionales, para que coadyuven a cualificar la gestión y combatir la corrupción administrativa; el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, para que sea accesible a toda la población y esté regido por la ley y no por los intereses de las élites políticas o económicas; y, finalmente, la reivindicación de un acuerdo incluyente, entre las fuerzas sociales y políticas, que permita administrar las legítimas diferencias que existen en la sociedad venezolana, dentro de un marco de legalidad democrática.

Estado garante de derechos y Sociedad contralora. La realización de los derechos humanos supone, según ha señalado el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y culturales, Danilo Türk, la presencia de un Estado con suficiente fortaleza como para hacerlo [10]. Esta fortaleza, que nada tiene que ver con el autoritarismo, radica en su capacidad de diseñar y ejecutar, con transparencia, participación y control social, políticas nacionales orientadas a garantizar una justa distribución de la riqueza y la satisfacción de todos los derechos humanos. Este Estado necesario, que basa sus acciones y políticas en leyes justas, supone al mismo tiempo una sociedad contralora que, ejerciendo su derecho a la participación, se hace parte del diseño, evaluación y control de las políticas públicas.

La Organización de Estados Americanos (OEA), primero, y las partes en conflicto, después, asumieron el camino de la consulta popular como un componente estelar de la “solución a la crisis venezolana”. En efecto, en el año 2002, la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA abogó para que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela procuraran “una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral” [11], adjetivos que fueron ratificados por el acuerdo del 23.05.03, logrado por la oposición y el gobierno en el seno de la Mesa de Negociación y Acuerdos.

Ahí, en el punto 12, agregaron que: “…en cumplimiento del objetivo establecido en la Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el fin de contribuir a la solución de la crisis del país por la vía electoral, coincidimos en que dicha solución se logra con la aplicación del artículo 72 de la Constitución…” [12].

En el período analizado en este Informe, la dinámica generada por la solicitud y realización del Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, fue el signo más relevante de la vida pública nacional.

Entre noviembre y diciembre de 2003 ocurrió el proceso de recolección de firmas para solicitar la realización de referenda revocatorios, tanto del mandato presidencial como del mandato de diputados nacionales afectos o adversos al gobierno [13]. Entre enero y abril de 2004, el CNE realizó el proceso de verificación y validación de las firmas recogidas, encontrando objeciones en un número importante de ellas. En mayo se realizó el proceso de reparo o ratificación de las firmas. El 03.06.04 el CNE dio los resultados finales sobre el número de firmas válidas, que resultaron suficientes para la convocatoria del Referéndum presidencial, que ocurrió, finalmente, el 15.08.04. La madrugada del 16, luego de cerradas todas las mesas activadas para el primer referéndum revocatorio presidencial del continente y probablemente también el proceso electoral con mayor observación internacional, el CNE anunció que los resultados favorecieron al Presidente Chávez.

Por la magnitud de lo que se decidía, por su carácter inédito, por no contarse con una legislación adecuada y, particularmente, por la intensa polarización política existente en el país, el carácter conflictivo de este proceso fue sensiblemente potenciado. Cada etapa implicó enormes riesgos y activó los temores de que la violencia se desbordara.

Como antecedente al inicio del proceso, hay que recordar que a mediados de 2003, y con la aceptación de las fuerzas políticas en conflicto, el Tribunal Supremo de Justicia designó a los miembros del CNE, dada la omisión de la Asamblea Nacional. En un contexto de polarización como el existente, era muy difícil que los miembros del CNE no terminaran actuando en afinidad con los sectores en conflicto [14]. De hecho, pese a que muchas decisiones fueron adoptadas por consenso8, y el CNE mantuvo su unidad en momentos difíciles, las más polémicas decisiones reflejaron la división que existe en su seno: 3 votos de los comisionados más próximos al gobierno y 2 de los comisionados que representaban a la oposición. Pese a esta tensa situación, potenciada por la obligación de suplir la ausencia de leyes específicas, tanto la OEA como el Centro Carter, aunque de manera muy crítica con varias de sus decisiones, avalaron y respaldaron al CNE y su actuación general. Ello le dio una importante legitimidad internacional al árbitro y al proceso.

El proceso de recolección de firmas, realizado desde el 21 al 24.11.03 (para solicitar el referéndum revocatorio de diputados de la oposición) y desde el 28 de noviembre al 01.12.03 (para solicitar el referéndum revocatorio del Presidente y de diputados de la alianza de gobierno), “culminó en paz y sin mayores obstáculos que impidieran el libre ejercicio de los derechos constitucionales…” [15], según reportó la Misión Conjunta de la OEA y el Centro Carter [16]. La Misión agregó que el “CNE, y las distintas organizaciones vinculadas a la organización y la supervisión de esta etapa, demostraron su capacidad para llevar adelante este proceso de acuerdo a los principios de transparencia e integridad, reafirmando una vez más la legitimidad y credibilidad de la que gozan estas instituciones electorales en la sociedad venezolana” [17]. No obstante, antes de la finalización del proceso de recolección de firmas, dirigentes de las fuerzas que apoyan al gobierno y el propio Presidente denunciaron un “megafraude” en la recolección de firmas de la oposición. El 30.11.03 Chávez señaló lo siguiente: “Este intento de ‘megafraude’ el pueblo no lo va a tolerar […] esas firmas deben ser verificadas una por una, las huellas dactilares […] la trampa no pasará” [18].

Según esa denuncia, la oposición no habría logrado recoger las firmas necesarias para convocar el referéndum [19] y sería solo por la presentación de firmas fraudulentas que se iniciaría un proceso de consulta. Al respecto, la Misión señaló que “tales declaraciones, en el momento en que la recolección de firmas aún no había finalizado, afectaron el clima de convivencia democrática en el que se desarrolló el proceso [y reiteró] que el único poder con facultad para dirimir o resolver las denuncias presentadas es el CNE” [20].

Si bien se detectaron hechos que podían constituir delitos electorales en el proceso de recolección de firmas, lo que condujo a la anulación definitiva de muchas de ellas, estos no eran de tal magnitud como para crear una voluntad popular en donde no la había. De hecho, tanto los procesos posteriores de verificación de firmas y de reparos, como los resultados del referéndum, demostraron que existía suficiente voluntad opositora como para convocar a un referéndum. La insistencia del Ejecutivo introdujo mucha presión sobre el CNE y el celo de este, a su vez, puso en riesgo la posibilidad de que se ejerciera, efectivamente, el derecho de más de 2 millones de firmantes.

El CNE inició la verificación de las firmas el 13.01.04, en medio de intensos debates cuyos polos de tensión eran las interpretaciones en torno a los modos de garantizar el derecho a elegir, el derecho a ser elegido y el derecho a convocar un referéndum revocatorio. Por una parte, las fuerzas que apoyan al gobierno y sus representantes en el CNE señalaban que aceptar firmas fraudulentas equivalía a vulnerar el derecho a ser elegido del Presidente Chávez, y el derecho a elegir de las personas que, en su momento, lo eligieron. Por otra parte, las fuerzas que adversan al gobierno y sus representantes en el CNE señalaban que, con excesivos tecnicismos, la mayoría del CNE estaba intentando anular firmas válidas, lo que equivalía a una vulneración del derecho constitucional a convocar un referéndum revocatorio.

Efectivamente, si las firmas falsas hubieran tenido la magnitud suficiente como para activar un referéndum presidencial creando una ficticia voluntad popular, y ello fuera avalado por el CNE, se hubiera producido una violación de derechos políticos. Pero lo mismo hubiera ocurrido si existiendo la cantidad de firmas válidas necesarias, estas hubieran sido rechazadas por el CNE, por intención expresa o por un excesivo celo. Ante ese debate, nueve organizaciones de derechos humanos exigieron “al Consejo Nacional Electoral (CNE) un reconocimiento fidedigno de la voluntad popular en el proceso de revisión y verificación de las firmas de las distintas solicitudes de referéndum revocatorio. El mecanismo […] debe garantizar frente al país que no se anule ninguna firma lícita y que no se avale ninguna firma fraudulenta” [21].

El mayor número de firmas cuestionadas eran aquellas que se encontraban en planillas que mostraban una caligrafía similar en los datos del firmante y/o en las propias firmas. Estas planillas se conocieron como “planas” y en ellas se incluyeron cerca de un millón de firmas.

La OEA y el Centro Carter fueron muy críticos del CNE que, a su juicio, por un celo particular en la evaluación de las firmas, estaba poniendo en riesgo la posibilidad de expresión de la voluntad de una parte importante de los electores. El entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, señaló lo siguiente sobre esa etapa, en su Informe ante la Asamblea de la organización: “La OEA y el Centro Carter públicamente expresamos que éramos conscientes de que podían existir intentos de manipular la voluntad de los ciudadanos, pero era necesario evaluar el impacto que determinadas decisiones podían tener en el cumplimiento de los requisitos constitucionales […] Comprendimos entonces la preocupación del CNE pero consideramos que se debía y se debe partir de la buena fe del ciudadano como principio universal” [22]. Pese a las críticas y discrepancias, la Misión le dio un aval al CNE, lo que demostraba la existencia de condiciones para que se expresara la voluntad popular.

Sin embargo, la oposición estaba enardecida y consideraba que el CNE le estaba secuestrando la posibilidad de ejercer un derecho político. Entre finales de febrero y principios de marzo tuvo lugar una jornada de protesta de la oposición contra las decisiones que venía tomando el CNE, que se conoció como “La Guarimba”.

Varios sectores de la CD manifestaron su negativa a ir a reparos. Entre ellos, el partido Primero Justicia, cuyo diputado y dirigente nacional, Julio Borges, señaló a comienzos de marzo que: “Si no se va a reparos, por imposibles e inviables, la señal es muy clara: sería el CNE quien le cerró las puertas a los venezolanos para lograr el referendo y en ese escenario nosotros lo que tenemos que lograr es que el Gobierno quede deslegitimado […] tenemos que convertirlo en el acto final de un gobierno que está sentado en las bayonetas, sostenido por la fuerza y eso lo pone en cuenta regresiva […] La OEA le va a quitar el velo al Gobierno en la comunidad internacional” [23].

Sin embargo, un intenso proceso de negociación política entre las dos fuerzas políticas enfrentadas y el CNE, con la mediación de la OEA y el Centro Carter, logró convencer a la oposición de ir a los reparos bajo ciertas condiciones que fueron acordadas por todos. Esto permitió mantener el conflicto enmarcado en la ruta del revocatorio. A mediados de abril la Misión Conjunta señaló lo siguiente: “Saludamos los esfuerzos realizados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como de los representantes de la Coordinadora Democrática y del Comando Ayacucho con el fin de lograr un mecanismo ágil, sencillo, seguro y transparente para culminar el proceso de solicitud de referendo revocatorio” [24]. Finalmente, el proceso de verificación, que debía durar un mes, duró más de tres, pero dio paso a la posibilidad de avanzar a la realización de los reparos.

El 20.04.04, “finalizadas las conversaciones […], el CNE anunció las cifras definitivas para el referéndum presidencial: validó 1.910.965 firmas, rechazó 375.241 y pasó a reparos 1.192.914” [25]. El objeto de los reparos, que ocurrieron entre 28 y el 31.05.04, era “dar a los firmantes la oportunidad de retirar sus firmas (reparación de firmas válidas) o confirmar el estampado de las mismas (reparación de firmas rechazadas)” [25].

Antes de su realización, fueron profusas las denuncias de distintos tipos de presiones laborales para retirar o confirmar las firmas. Ya antes, en ocasión del proceso de recolección de firmas (noviembre y diciembre de 2003) cuando era previsible que esto ocurriera, el Foro por la Vida señaló que “Si bien […] el carácter de las firmas es público, ya que no son, ni en este ni en otro caso, equivalentes a un voto, y por lo tanto no deben ser secretas, en este contexto de confrontación, la publicidad de las firmas puede afectar, de hecho, otros derechos de las personas que decidan respaldar una u otra opción o abstenerse de hacerlo. Por tal razón, el Estado está obligado a adoptar de inmediato medidas preventivas de protección, en particular, de los derechos al empleo, la seguridad ciudadana y la no discriminación” [26]. Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Ucab invitaron públicamente a presentar denuncias en sus sedes y ante las instancias oficiales.

No obstante, fueron pocas las denuncias recibidas en comparación con las aparecidas en los medios de comunicación, con lo que es muy difícil medir en qué magnitud estas presiones estaban produciéndose.

Finalmente los reparos tuvieron lugar, y a partir de ellos la oposición logró obtener las firmas necesarias para convocar al referéndum. El CNE anunció su realización para el mes de agosto.

Con el anuncio del CNE, se produjeron hechos de violencia en el centro de Caracas. Sectores afectos al gobierno, pero cuyas acciones fueron rechazadas por este, atacaron a distintos medios de comunicación social.

El mismo día, el Presidente se dirigió al país en cadena de radio y televisión. En ella recordó que el referéndum revocatorio había sido una propuesta suya a la Asamblea Nacional Constituyente; celebró que la oposición hubiera hecho uso de ese mecanismo de la democracia participativa, considerándolo una victoria para la Constitución; y, finalmente, reconoció los resultados presentados por el CNE y se declaró en campaña por el NO.

El 15 agosto, casi 10 millones de venezolanas y venezolanos asistieron a un proceso electoral que hacía historia en el continente y que contaba con la mayor cantidad de observadores internacionales en elección alguna realizada en Venezuela, para responder la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?”.

En la mayoría de los centros de votación el voto fue automatizado, con máquinas que transmitían la información a los centros de totalización y producían un comprobante impreso en papel que se quedaba en cada centro como respaldo. Durante el día se generaron larguísimas colas, que fueron explicadas por la Misión Conjunta como producto de varios factores: a) el aumento del Registro Electoral Permanente sin que se hubieran abierto nuevos centros de votación, b) la novedad del proceso, c) la disminución de la abstención en cerca de 10 puntos y, d) la novedad de la máquinas captahuellas, introducidas para impedir el doble voto y para comenzar a desarrollar una base de datos de huellas dactilares.

Pese al tiempo de espera en las colas, que llegó a sobrepasar las 12 horas en algunos lugares, no se generaron conflictos relevantes. Provea apreció “como un hecho muy positivo para la democracia venezolana que el comportamiento de la población se enmarcara en su misma tradición pacífica y democrática de jornadas electorales anteriores. La solidaridad manifiesta entre los ciudadanos, el respeto mutuo y su paciencia crítica frente a los contratiempos de este inédito proceso, son un poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo venezolano” [27]. El Embajador Walter Pecly Moreira, Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, señaló que “el pueblo de Venezuela ofreció al mundo y en especial a los pueblos hermanos de las Américas un extraordinario ejemplo” [28] y agregó, en su informe presentado a la Asamblea de la OEA que todo “se desarrolló normalmente, sin incidentes que pusieran en duda la transparencia e integridad del mismo. Los ciudadanos que participaron de la convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos que impidieran o limitaran la expresión de su voluntad, no registrándose casos de intimidación o violencia” [29].

En la madrugada del 16 de agosto, el CNE presentó los resultados que, con una tendencia irreversible, mostraban el triunfo del Presidente Chávez. Ese día, 5.800.629 de personas (59,0958% de los electores que asistieron a la consulta) votaron por el NO y 3.989.008 (40,6393%) por el SÍ [30].

La oposición denunció fraude esa misma madrugada y los dos rectores que le son aliados no participaron del anuncio oficial. No obstante, en una rueda de prensa conjunta, Jimmy Carter y César Gaviria, ese mismo día, avalaron el resultado presentado por el CNE. La Misión Conjunta venía realizando un proceso de contraloría de todo el proceso y contaba con información coincidente con la del CNE. Posteriormente, la Misión participó de dos auditorías realizadas por el CNE, que confirmaron el resultado. No obstante, la oposición se mantuvo incrédula de los resultados.

Frente a los resultados, Provea se pronunció en los siguientes términos: “ratificamos el respeto a los resultados hechos públicos por el ente comicial […] En este sentido, rechazamos el desconocimiento de tales resultados efectuado por voceros de la oposición y les recordamos que existen procedimientos administrativos y judiciales, establecidos en la legislación venezolana para procesar sus desacuerdos. Todos los actores políticos deben favorecer la paz y la administración democrática de los conflictos que surcan nuestra sociedad; Solicitamos al CNE que implemente los mecanismos correspondientes para aclarar y disipar las dudas planteadas por la oposición con respecto a los resultados preliminares anunciados” [31].

El entonces secretario general de la OEA señaló en su Informe a la Asamblea de la organización lo siguiente: “…la actitud de la oposición, de no abrir siquiera un pequeño espacio para reconocer el triunfo del presidente Chávez, la ha colocado en una situación compleja frente a la comunidad internacional que no alcanza a comprender cómo el referendo no contribuyó más a resolver la conflictividad política y, hasta donde hemos podido observar, no entiende sus razones para desconocer el resultado” [32].

El 26.08.04, el Consejo Permanente de la OEA, luego de superar los obstáculos colocados por los Estados Unidos, emite su Resolución 869, reconociendo los resultados del Referendo Revocatorio Presidencial. Se cerraba así, a efectos de la OEA, el ciclo iniciado con la Resolución 833 que abogaba por una “solución constitucional, democrática, pacífica y electoral”. No obstante, por tratarse de un conflicto más complejo que el de la interrupción o continuidad de un mandato presidencia, tal como hemos señalado, las crisis siguen instaladas entre nosotros.

El 27.02.04 se inició una ola de protestas de sectores de la oposición, que tendría expresiones pacíficas y violentas. El conjunto de estas manifestaciones, que duraron cinco días consecutivos y ocurrieron fundamentalmente en urbanizaciones donde habitan los sectores medios y altos de Caracas y otras 15 ciudades del país, se conoció como La Guarimba. Se trata de una modalidad de protesta promovida inicialmente por el Bloque Democrático [33], un sector radical de la oposición que nunca apostó al referéndum por considerarlo una trampa del “régimen” [34]. La Guarimba consistía en hacer barricadas cerca de las viviendas, con basura y fuego, y mantenerse ahí siempre que no llegaran los organismos de seguridad de carácter nacional o personas afectas al gobierno. En ese caso, los manifestantes debían refugiarse en sus casas o “Guarimbas”. El objetivo de la estrategia promovida era generar una desobediencia civil generalizada que ameritara la intervención de la Fuerza Armada Nacional en solidaridad con los manifestantes.

En muchos lugares, los cierres de calle no generaron mayor confrontación con el Estado o con particulares, ni ocurrieron hechos de violencia, pero en algunos otros, los manifestantes se enfrentaron con los organismos de seguridad o con particulares afectos al gobierno, destruyeron bienes públicos y activaron armas de fuego.

La actuación estatal tuvo distintos momentos y características. Mientras los organismos de seguridad dependientes de Alcaldías dirigidas por la oposición, como la Policía Metropolitana (organismo responsable del resguardo de las manifestaciones en Caracas) y las policías de los municipios Baruta y Chacao, se abstuvieron de controlar a los manifestantes y, en algunos casos, les ayudaron a levantar barricadas; los organismos dependientes del Gobierno Nacional, en particular la Guardia Nacional (GN), actuaron en la contención y represión de las manifestaciones. La actuación de la GN varió dependiendo del lugar y el momento, estando en unas ocasiones ajustada a derecho y en otras fuera de él [35]. Fueron denunciados múltiples manifestantes heridos y golpeados, así como personas detenidas arbitrariamente [36]. También, en ese contexto, 11 personas fueron asesinadas, de las cuales al menos cuatro lo fueron por la acción de funcionarios de seguridad.

Aunque posteriormente reconoció que podían haber “excesos”, en un primer momento, el Gobierno negó que la GN o la Disip hubieran reprimido o golpeado a los manifestantes. El Vicepresidente, José Vicente Rangel señaló, al inicio de la ola de protesta, lo siguiente: “no caeremos en provocaciones, tendremos el control de la fuerza, de la represión, porque éste no es un gobierno represivo como los de Punto Fijo” [37]. El Presidente Chávez felicitó a la GN por su actuación en estos hechos, pese a que ya entonces existían imágenes audiovisuales que mostraban, con poco margen de duda, que la GN había actuado de manera desproporcionada en varios lugares.

Frente a esta posición, Provea se pronunció condenando “la felicitación pública que, tanto el Presidente de la República (Gobierno en Línea, 01.03.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/), como el Ministro de la Defensa (Últimas Noticias, 28.02.04, pág. 12), realizaron a la GN por su actuación en el control de las manifestaciones ocurridas desde el 27.02.04. Aunque no puede hacerse una generalización, resulta evidente la comisión de delitos por parte de diversos funcionarios de este cuerpo de seguridad estatal. La felicitación gubernamental, así como la descalificación de toda denuncia de violación a los derechos humanos, se convierte en un mecanismo que estimula la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos días y hacen al Alto Gobierno corresponsable de los delitos cometidos. Asimismo, alientan la comisión de nuevos excesos por parte de este organismo de seguridad” [38]. Igualmente, Provea consideró como “Particularmente lamentables […] las omisiones de la Defensoría del Pueblo en estos días de violencia. Esa institución tiene un mandato constitucional de facilitar mediaciones sociales y velar por el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo. Lejos de honrar ese mandato, la Defensoría ha actuado sólo en defensa de unos derechos (entre ellos el de la seguridad ciudadana), efectivamente vulnerados por unas autoridades (alcaldes y gobernadores de oposición) y no en defensa de todos los derechos vulnerados, de todas las partes involucradas en el conflicto. Su ausencia de mediación, así como la parcialidad de su intervención, aleja a la Defensoría de su misión constitucional” [39].

  1. Nos referimos a los escenarios y no al número de víctimas de la violencia política, pues como se verá más adelante, estas aumentaron. Al hacer la comparación por escenarios tenemos en mente el número de días en los que, de manera general, ocurrieron más confrontaciones violentas, como el paro de dos meses entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 o la semana conocida como “La Guarimba” en febrero y marzo de 2004.
  2. Ver recuadro sobre el tema en la página 24. También en los capítulos “Derecho a la manifestación” y “Respuestas organizativas de la sociedad”, en este Informe.
  3. El discurso del Presidente y su responsabilidad en la radicalización de la polarización ha sido un tema harto discutido en el país. Provea considera que por su alta investidura tiene una responsabilidad mayor de modelaje democrático y de preservación y estímulo de la convivencia pacífica. En tal sentido, compartimos el análisis de la historiadora Margarita López Maya, quien señala que: “El fenómeno de la polarización política […] no lo produjo el discurso de Chávez, si bien éste lo ahondó y exacerbó, ni lo resuelve un mero cambio de discurso de Chávez, si bien esto ayudaría” (Margarita López Maya. Exposición con motivo del reconocimiento en la Asamblea Nacional de la ratificación del Presidente. 27.08.04; Mimeo).
  4. Ver comunicado de Provea “Mitos que obstaculizan el diálogo y la profundización de los cambios democráticos”. 27.02.04. [en línea] http://www.derechos.org.ve
  5. Ver Contexto en el Informe 2002-2003, disponible en el sitio Web de Provea:
    http://www.derechos.org.ve.
  6. Esto, que era palpable a través de estudios de opinión y del propio trabajo de calle, quedó confirmado por los resultados del referéndum presidencial. La información disponible en el sitio Web del Consejo Nacional Electoral http://www.cne.gov.ve permite comparar los resultados de los municipios y parroquias donde habitan los sectores populares y donde habitan los sectores medios y altos de la población.
  7. Cabe recordar que el Artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana señala que “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia” (Asamblea General de la Organización de Estado Americanos.11.09.01).
  8. PAUL HUNT, MANFRED NOWAK Y SIDDIQ OSMANI, Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual. Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2004. [en línea http://www.unhchr.ch/>
  9. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “…los Estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás actos de violencia […] A este respecto, el Comité observa, en particular, que existe una vinculación entre el artículo 6 [que consagra el derecho a la vida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y el artículo 20, que dispone que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra (párr. 1), así como toda actividad que constituya incitación a la violencia”.COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU Observación General N° 6 “Del derecho a la vida”.30.04.82. Consulta en línea: http://www.unhchr.ch/.
  10. DANILO TÜRK: Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe definitivo, 03.07.92, párrafo 85 y siguientes.
  11. Consejo Permanente de la OEA. Resolución 833. CP/RES. 833 (1348/02) [en línea] www.oas.org.
  12. José Vicente Rangel, Américo Martín y otros. Acuerdo entre la representación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas y de la sociedad civil que la conforman. Caracas, 23.05.04 [en línea] http://www.analitica.com/bitblioteca
  13. Insistiremos poco sobre los referenda de diputados, porque tienen menor impacto en la situación política.
  14. “Las divisiones internas en el cuerpo eran muy problemáticas, pero reflejaban las divisiones del país. En un ambiente político sumamente cargado era difícil, y quizás hasta imposible que los directores del CNE se mantuvieran al margen de la división y de la confrontación política. Los directores de CNE no se comunicaban eficazmente uno con el otro”. CENTRO CARTER: Resumen Ejecutivo del Informe Integral. 30.09.04; Mimeo.
  15. Más del 95% de las decisiones del CNE han sido por unanimidad […] En todo caso, el CNE es un órgano colegiado que decide por mayoría, como cualquier órgano colegiado Jorge Rodríguez, Rector Principal del CNE. Programa de TV “Tribuna de Cambio”, dirigido por Vladimir Villegas, Venezolana de Televisión, 06.06.04.
  16. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el Centro Carter. Recolección de firmas en Venezuela: comunicado de la misión conjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. 01.12.03. [en línea] www.oas.org
  17. La Misión estuvo compuesta por más de 50 observadores internacionales, desplegados en 20 de los 24 estados del país (Ídem).
  18. Misión Conjunta en Venezuela de la OEA y el Centro Carter, op. Cit.
  19. Cable de la Agencia EFE, 30.11.03. [ en línea] http://www.terra.com.mx
    20 Las firmas necesarias eran un número igual o superior al 20% de los electores inscritos, según lo señalado en el artículo 72 de la Constitución; es decir, un poco más de 2 millones de firmas.
  20. Ídem.
  21. Julio Borges. El Universal, 07.03.04. [en línea] www.eud.com
  22. Misión Conjunta OEA y Centro Carter. Comunicado de Prensa de la Mision de la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter. 15.04.04. Consulta en línea en el sitio Web de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA: www.upd.oas.org
  23. César Gaviria: op. cit.
  24. Ídem.
  25. Foro por la Vida. Comunicado Foro por la Vida se pronuncia ante el proceso de recolección de firmas. Caracas 19.11.03. [Consulta en línea] www.derechos.org.ve
  26. PROVEA: Comunicado Provea felicita al pueblo venezolano y exhorta a la oposición a respetar los resultados dados por el CNE y avalados por los observadores internacionales.17.08.04 [en línea] www.derechos.org.ve
  27. Valter Pecly Moreira. Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Venezuela presenta informe sobre resultados del referendo. 25.08.04. Consulta en línea: www.oas.org
  28. Valter Pecly Moreira. Misión de Observacion de la OEA reitera transparencia del referendo revocatorio.24.09.04 [en línea] http://www.venezuela-oas.org
  29. Consejo Nacional Electoral: Resultados obtenidos para el dia: 03/09/2004, hora: 11:47:00 AM. [en línea] http://www.cne.gov.ve/resultados
  30. PROVEA, op.cit
  31. César Gaviria, op. cit.
  32. Ver Robert Alonso: La Guarimba (en cinco pasos bien sencillos y simples) [en línea] http://www.robertalonso.com.ve. También http://www.bloquedemocratico.org En una propiedad de Robert Alonso, se descubrirían meses más tarde un grupo de más de 100 hombres que estarían recibiendo entrenamiento militar y entre quienes se encontraban jefes paramilitares colombianos.
  33. Su objetivo declarado es “que las soluciones modernas, aplicables a las crisis como la que vive Venezuela, no son solamente de carácter electoral, sino más bien de desobediencia civil generalizada, que es definitivamente apoyada por las Fuerzas Armadas, las cuales obligan al Dictador a someterse a la voluntad de las mayorías” [en línea]: http://www.bloquedemocratico.org.
  34. Ver capítulos “Derecho a la manifestación” y “Respuestas organizativas de la sociedad”, en este Informe.
  35. Ver en este Informe “Derecho a la integridad personal” y “Derecho a la libertad personal”.
  36. José Vicente Rangel, Últimas Noticias, 29.02.04. Pág.9.
  37. PROVEA: “Servicio informativo Derechos Humanos y Coyuntura Nº. 134”. Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2004 [en línea] http://www.derechos.org.ve.
  38. Ídem.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es un resumen del análisis de la situación de los derechos humanos, que se realiza, con mayor detalle, en cada uno de los capítulos que componen esta edición, la XVI, del Informe Anual de Provea. Como todos los años, aspiramos con ello a promover debates y diálogos que apunten a cualificar la acción estatal en materia de derechos humanos.

En medio de la intensa polarización política, Provea, junto al movimiento nacional de derechos humanos articulado en el Foro por la Vida, viene insistiendo en la necesidad de generar espacios para algunos acuerdos básicos, que tengan como piso mínimo o punto de partida las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con esta XVI edición, queremos insistir una vez más, pues estamos convencidos de que los modos violentos de expresión del conflicto, que afectan a todos los derechos analizados en este Informe, pueden ser reducidos para darle paso a una administración más democrática del conflicto.

La situación del derecho a la alimentación no presenta mayores variaciones con respecto al período anterior. En términos generales puede destacarse que se mantiene una leve tendencia al aumento en los índices de desnutrición, especialmente en la población menor de 15 años, para el año 2002, último año del que se disponen cifras oficiales. En promedio, el déficit nutricional de esta población se ubicó en 24,4%. Al analizar los indicadores de desnutrición por región geográfica, se evidencian diferencias sustanciales entre las entidades federales. Los estados con presencia de un porcentaje significativo de población indígena o con los mayores índices de pobreza, tienen a su vez un mayor índice de déficit nutricional. Según la categoría Combinación de Indicadores, en los menores de 2 años el mayor déficit nutricional se encuentra en los estados Delta Amacuro (37,84%), Monagas (35,45%), Amazonas (33,64%) y Apure (30,25%). Son entidades que poseen más de 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional (23,6%) y donde existe un importante porcentaje de población indígena que, por su grado de exclusión, padece de notables problemas nutricionales.

También se constató un aumento importante en uno de los indicadores clásicos que miden la situación nutricional de un país: el bajo peso al nacer. Las cifras oficiales para este indicador corresponden al año 2003 y muestran un retroceso significativo con respecto a 2002, al registrarse un incremento de 1,5% en el número de bebés que nacen con menos de 2,5 kg de peso.

En el área de la seguridad alimentaria, uno de los indicadores es la disponibilidad de alimentos, que debería satisfacer el consumo diario referencial de kilocalorías, establecido para la población venezolana en 2.300 Kcal/persona/día. Según fuentes oficiales, desde 1999 se registra una tendencia creciente en este indicador, aunque admiten que el comportamiento ha sido cíclico, debido a las fluctuaciones que experimenta la importación de alimentos. El indicador de suficiencia alimentaria experimentó una mejoría, pasando Venezuela de la categoría de insuficiencia crítica, en la cual se encontraba para el año 1999, a suficiencia precaria en el año 2001. Lo que se expresa en que 29% de la población más pobre consume menos de 1.781 calorías diarias, cuando el requerimiento es de 2.300. Respecto a la autonomía en materia alimentaria, informes oficiales señalan que Venezuela mantiene una marcada dependencia externa y para el año 2002 la producción nacional aportó 60,4% de los requerimientos calóricos, cuando el mínimo referencial debe ubicarse, según la FAO, en 70%. Los esfuerzos por desarrollar políticas destinadas a garantizar la seguridad alimentaría tropiezan con obstáculos derivados de la ausencia de consulta y construcción de consensos mínimos entre todos los actores involucrados en los procesos de producción y comercialización de alimentos, más necesarios en momentos en que parecen existir proyectos políticos e intereses claramente diferenciados en materia agrícola. La seguridad alimentaria en Venezuela, aun con las medidas adoptadas, no logra alcanzar un estado aceptable y sostenible, manteniéndose vulnerable a factores de orden político y económico.

Como indicadores positivos en el lapso destacan la leve recuperación del poder adquisitivo del salario -lo que facilita mayor acceso a la canasta alimentaria- y los programas estatales, cuyas cifras oficiales expresan un aumento en la cobertura de distribución de alimentos a precios más accesibles.

En relación con el derecho a la seguridad social, continúa la mora del Estado, por una parte, en su obligación de legislar en materia de los subsistemas de la seguridad social y, por otra, en su obligación de implementar el nuevo sistema contemplado en la Ley Orgánica aprobada en diciembre de 2002. Ni la Asamblea Nacional (AN) ni el Ejecutivo Nacional actuaron con la celeridad necesaria para desarrollar integralmente el nuevo sistema de seguridad social que debe brindar, progresivamente, protección y cobertura al conjunto de la población. En la AN, las leyes que deben regular los diversos regímenes prestacionales de la seguridad social no tuvieron tratamiento prioritario, y solo fueron aprobadas en primera discusión las leyes del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, del Régimen Prestacional de Empleo y la del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, mientras que las restantes no se sometieron al debate parlamentario. Por su parte, el Ejecutivo Nacional continúa en mora con la aprobación oportuna del Plan que debe diseñar la nueva institucionalidad del sistema de seguridad social. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) incurrió en denegación de justicia por mora procesal en el caso del recurso de nulidad por inconstitucionalidad introducido por Provea contra la omisión en la que incurrió el órgano legislativo que derogó la prestación de Paro forzoso establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), que afecta a los beneficiarios de esta prestación en caso de la pérdida, voluntaria o no, del empleo. Transcurridos once meses desde que Provea introdujo un recurso de nulidad por inconstitucional, y diez meses desde la admisión de la acción judicial por inconstitucionalidad, el TSJ todavía no decidió en una materia que afecta a las personas que queden desempleadas. Además de ello, la AN no rectificó, ni tampoco propició en su seno un debate que permitiera la presentación de un proyecto de reforma del cuestionado artículo 138 de la mencionada Ley.

En relación con la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó pagando regularmente las pensiones de vejez homologadas al salario mínimo urbano, y logró incorporar una mayor cantidad de pensionados que cumplen con los requisitos y que esperaban ser incorporados en la nómina de cobro de pensiones, con lo que se comienza a saldar una deuda histórica de este Instituto.

Para el mes de diciembre de 2003 existían 626.795 pensionados registrados, 16,3% más, comparados con los 538.840 de diciembre de 2002. Esto implica la incorporación de 87.955 nuevos pensionados, 7.330 pensionados por mes, cifra que, aunque se ubica por debajo de la meta prevista (30.000 nuevos pensionados al mes), supera con creces el promedio de 1.892 incorporaciones mensuales de 2002. Adicionalmente, en el curso del año 2004, el IVSS canceló la deuda acumulada desde 1992 hasta marzo de 2001 por concepto de homologación y retroactivo, beneficiando a aproximadamente 550.000 pensionados.

Para diciembre de 2003, el IVSS daba cobertura a un total de 2.275.824 personas, lo que representa apenas el 48% de las personas ocupadas en el sector formal de la economía y solo el 19% de la población económicamente activa. Persiste la tendencia histórica de la alta morosidad acumulada, tanto del sector privado (33,4%) como del sector público (66,6%), lo que sigue siendo un obstáculo estructural que afecta la viabilidad y sostenibilidad del sistema de seguridad social. El Fondo de Asistencia Médica (FAM) ejecutó en el año 2003 un presupuesto con un déficit de Bs. 955 millardos, muy superior al déficit de 2002, cuando alcanzó la suma de Bs. 496 millardos. Este incremento del 92,5% agrava y confirma la tendencia sostenida de la insuficiencia presupuestaria del fondo de salud del IVSS.

En cuanto a los derechos laborales, resulta positivo destacar que para septiembre de 2004 el desempleo se ubicó en 14,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra 3,5 puntos inferior al 18% registrado en septiembre de 2003. El desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres y a los jóvenes. En efecto, en septiembre de 2004, el 16,9% de las mujeres con edad y disposición de trabajar se encontraban desempleadas, mientras que en los hombres, este porcentaje disminuye, hasta alcanzar un 14,5%. Para los jóvenes entre 15 y 24 años, el desempleo alcanza un 27,9%. Para julio de 2004, el 52,7% de la PEA se ubicó en el sector informal de la economía, lo que representa un aumento del 1,3% respecto de las cifras del segundo semestre de 2002. En abril de 2004, el Ejecutivo Nacional decretó un incremento de 30% del salario mínimo, el cual se cancelaría fraccionado en un 20% a partir del 01.05.04 y otro 10% a partir del 01.08.04. Un aspecto positivo del decreto de aumento del salario mínimo fue la inclusión de las personas que realizan trabajo doméstico, eliminando la discriminación existente desde 1979, cuando quedaba a la libre voluntad del patrono la fijación de su remuneración. Asimismo, se eliminó la discriminación entre trabajadores de conserjería de edificios residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal y aquellos que laboran en edificios comerciales. El Decreto ordena el pago del salario mínimo de forma íntegra, prohibiendo incluir en este el arrendamiento de la vivienda.

El incremento salarial, aunque fue fraccionado y sin carácter retroactivo, constituyó un esfuerzo importante para recuperar el poder adquisitivo del salario. En la fecha establecida para el aumento del 20%, el 01.05.04, el incremento salarial superó la inflación acumulada, teniendo como efecto positivo que se recuperara el terreno perdido frente a la inflación en el año 2003, cuando el incremento salarial fue 7,5 puntos menor a la inflación acumulada.

No obstante, continuó siendo insuficiente para cubrir las canastas básica y alimentaria. En relación con la primera, el valor de la canasta básica oficial para el 30.04.04 era de Bs. 625.876, por lo que el déficit del salario mínimo, en una familia donde solo uno de sus miembros trabaja, a mayo de 2004, era de 52,7%, mientras que si dos miembros lo hacen, sería del 5,3%. En cuanto a la canasta normativa alimentaria oficial para el 30.04.04, que tenía un valor de Bs. 312.938, el salario mínimo vigente a mayo solo cubría el 94% de su valor. Para diciembre de 2003, existían en Venezuela 5.901.012 hogares, de los cuales el 9 % no percibía ningún tipo de ingreso; el 42,7% tenía ingresos no mayores a Bs. 200.000, situación que los colocaba en la línea de pobreza extrema; el 18 % eran hogares pobres, sus ingresos oscilaban entre Bs. 200.001 y 350.000, es decir, solo cubrían el costo de la canasta alimentaria normativa oficial; el 13,5% tenía ingresos mensuales entre Bs. 350.001 y 500.000. Solamente el 7,2% de los hogares contaba con ingresos suficientes como para cubrir la canasta básica oficial y apenas el 15,4% restante los cubría cómodamente. En promedio, la familia venezolana está compuesta de 4,3 integrantes, donde solo 1,6 tiene un trabajo remunerado.

Durante el período se registraron presiones a los trabajadores, tanto del Estado como del ámbito privado, vinculadas con la coyuntura política. La polarización social y política siguió afectando el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La representatividad de las dos principales centrales de trabajadores que se disputan el liderazgo (CTV y UNT), fueron motivo de pugnas entre sindicatos y autoridades estatales, incidiendo en la negociación de los contratos colectivos y en la participación del sector de los trabajadores ante instancias internacionales.

En el ámbito legislativo, destaca la aprobación, en primera discusión, del Proyecto de Ley del Régimen Prestacional de Empleo, de la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como la mora de la AN en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Ello, a pesar de que la Sala Constitucional del TSJ, en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad por omisión contra la AN, interpuesto el 09.09.03 por la Federación Nacional de Trabajadores de Institutos Autónomos y Empresas del Estado, ordenó a la AN reformar la LOT en un plazo máximo de seis meses, a fin de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta y al artículo 92 del texto constitucional, referidos al cálculo retroactivo de las prestaciones sociales de los trabajadores de conformidad con el último salario devengado.

Respecto al trabajo infantil, sigue sin definirse una estrategia estatal para abordar esta situación. Como aspecto positivo, la AN sancionó, el 04.12.03, el convenio 182 de la OIT, sobre la erradicación inmediata de las peores formas de trabajo infantil.

La ampliación de la cobertura de los servicios de atención primaria a través de la Misión Barrio Adentro impactó positivamente el derecho a la salud, particularmente de la población que vive en áreas urbanas no consolidadas de más difícil acceso. Hasta la fecha, cuenta con 8.500 consultorios populares, entre módulos de atención y casas comunitarias tiene cobertura en todo el país (320 municipios y 561 parroquias), salvo en el Edo. Táchira, y cuenta con un cuerpo médico de 13.113 profesionales. Sin embargo, las debilidades en la rectoría del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS), los déficit de gestión por parte de los estados descentralizados y la fragmentación institucional y financiera del sistema de salud, obstaculizan la vigencia del derecho a la salud. Aun cuando se valora positivamente la orientación de las políticas de salud establecidas en el Plan Operativo del MSDS, por ser conceptualmente coherentes con el derecho a la salud, el Ejecutivo nacional no logró concretar soluciones a la crisis del sistema público de salud. En relación con el financiamiento, sigue sin superarse el 2% del PIB. En el año 2004 fue de 1,3%, registrándose incluso un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto a 2003, cuando fue de 1,8%.

En el ámbito legislativo, continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Sobre el funcionamiento de la red pública de asistencia a la salud, la falta de medicamentos e insumos se agudizó durante el año 2004, afectando directamente a los sectores menos favorecidos y a los grupos más vulnerables, entre ellos los enfermos crónicos, niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas. El déficit presupuestario de la mayoría de las instituciones de la red pública de atención a la salud afectó, además, el principio de gratuidad establecido en la CRBV. Provea cuantificó 105 denuncias relacionadas con el cobro directo o indirecto en los establecimientos públicos. El número de denuncias se incrementó en 42% en relación con las 74 registradas en el lapso anterior.

También se registraron 527 denuncias sobre problemas de funcionamiento en los centros públicos de salud, la mayoría de las cuales se refieren a la falta de insumos, problemas de infraestructura, carencia de equipos médicos o equipos obsoletos, y el cierre de algunos servicios de salud. En relación con los conflictos laborales, el sector salud registró un total de 68 protestas, 27 de las cuales implicaron la suspensión de los servicios de asistencia. La mayoría de estas acciones se vincularon a demandas laborales y a la dotación de insumos en los centros públicos de atención.

En cuanto a la promoción y prevención de la salud, hay avances y reveses. El acceso a información estadística fiable y actualizada presenta debilidades institucionales crónicas, que dificultan el cumplimiento de los fines y actividades de la contraloría y el protagonismo popular. Entre los avances está el incremento de la inversión pública para garantizar una mayor cobertura de inmunizaciones e incorporación de nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Entre los reveses se evidenció una tendencia al aumento de casos de malaria y dengue con respecto a años anteriores.

La mortalidad materna tuvo una importante reducción, al pasar de una tasa de 68 por cada 100.000 nacidos vivos, en el año 2002, a una de 57,6 en el año 2003. No ocurrió lo mismo con la mortalidad infantil que, en 2003 (18,1), tuvo una tasa prácticamente igual a la de 2002 (18,2). Se considera positiva la publicación de la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, por parte de Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MSDS. Dicha norma establece las directrices fundamentales de la Política Pública en la materia, a fin de disminuir la prevalencia del embarazo en adolescentes, las altas tasas de mortalidad materna e infantil, la elevada incidencia de morbi-mortalidad por cáncer cérvico, mamario y próstata, el elevado índice de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y el incremento de la violencia intrafamiliar y de género.

El resultado más significativo del período en cuanto al derecho a la educación radica en que 2.131.061 personas participaron o participan actualmente en diversos espacios educativos a través de programas sociales conocidos como Misiones: Misión Robinson I y II, Misión Ribas y Misión Sucre. Se espera que estos programas, acordes con las obligaciones estatales, avancen a una mayor institucionalización, minimizando la lógica de operativo y favoreciendo los controles democráticos, en aras de corregir errores e impedir vicios de diverso tipo, incluida la corrupción administrativa. Un ámbito de especial atención remite a la formación docente de las personas responsables de su desarrollo.

En el ámbito de la educación formal, a pesar de que hubo crecimiento global de la matrícula, el porcentaje de incremento interanual (1,3%) es significativamente menor al observado a partir del período 1999-2000. A esta señal negativa se añade que el crecimiento se registró solo en educación media y superior; decreciendo en educación preescolar y en básica. Estos datos constituyen una advertencia para las intenciones formuladas por las autoridades educativas venezolanas, de alcanzar ocho años antes la Meta del Milenio de Naciones Unidas, de universalizar la educación básica para el 2.015, lo que requiere un ritmo sostenido y acelerado de crecimiento, observado en los últimos tres períodos y destacado en Informes anteriores. El Proyecto de las Escuelas Bolivarianas y las declaraciones oficiales sobre la meta de incluir un mayor número de escuelas en el mismo se evalúan como positivos, aunque es necesario conocer la evaluación y viabilidad financiera de esta meta de ampliación, que al 2006 espera abarcar a todos los planteles de educación básica dependientes de la administración nacional. El porcentaje de meta cumplida para este período respecto del planificado en el anterior fue de 91%. Otra medida acorde con políticas inclusivas en materia de educación es el Proyecto Simoncito, creado para universalizar la educación inicial (0 a 6 años), no obstante su impacto cuantitativo es todavía reducido. Lo mismo ocurre con los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). También se cataloga positivamente el hecho de que la nueva contratación colectiva entre las 9 federaciones sindicales de la educación y las autoridades respectivas, firmada el 05.05.04, se haya logrado sin pérdida de días de clase por este motivo.

La exclusión escolar, analizada en términos del número de estudiantes que no prosiguen al grado inmediatamente superior, observa una mejoría. El año pasado señalamos que, de 100 estudiantes que ingresaron a 1er grado en el período 1993-94, solo 50 llegaron al 9°. Para este período, de los 100 que ingresaron en el lapso 1994-95, 53 llegaron a 9°. Sin embargo, a lo largo de nueve años de educación básica, casi la mitad de quienes ingresan interrumpen sus estudios. Asimismo, el porcentaje de repitientes (global y para 1° y 7°grado) se mantuvo prácticamente inalterado con respecto al año anterior. La falta de cupos siguió siendo denunciada públicamente. De acuerdo con cálculos de investigaciones especializadas y propias, hay déficit no solo en III etapa de básica y en media, sino también, aunque en menor magnitud, en 4° grado y en preescolar. Se mantuvo una inequitativa distribución a lo largo del territorio nacional y las poblaciones rurales e indígenas son las más afectadas por falta de aulas: 8 estados y las dependencias federales registran porcentajes de exclusión escolar, en las edades entre 7 y 12 años, mayores a la media nacional (4,5%).

Desde el punto de vista del género, Venezuela muestra índices de equidad en el ingreso escolar hasta la media y diversificada. A partir de allí, la exclusión comienza a ser significativamente mayor para los varones y no se conocen políticas para atender esta realidad. En el período se conocieron situaciones de discriminación por orientación política que afectaron a niños, niñas y adolescentes de diversa manera. Sigue siendo positiva la política de ratificar la gratuidad de la educación, pero las mismas autoridades reconocen que se viola este principio en un 10% de establecimientos oficiales. Es negativo que, a pesar de anuncios oficiales, no se reactivara el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), ni se desarrollaran sistemas y programas para corregir deficiencias en la calidad de la educación. Son preocupantes asimismo las denuncias acerca de falta de orientadores (hay menos de 1 por cada 1.000 estudiantes), la carencia de docentes de matemáticas, física y química, y la suspensión de los concursos desde 1999. En el período se conocieron denuncias sobre distintos problemas en la planta edilicia escolar que afectaron a 387 planteles y a 181.427 estudiantes. La reforma curricular es un proceso que no termina de concretarse y es imprescindible su culminación para que los planes y programas de estudio se adecuen a la CRBV. Mientras tanto, continúa impartiéndose la asignatura Instrucción Premilitar, cuestionada desde la perspectiva de la educación en derechos humanos. El TSJ continúa en mora ante un Recurso de Nulidad interpuesto el 17.11.00 por tres organizaciones de derechos humanos contra la obligatoriedad de la misma, y la AN lo está respecto de la Ley Orgánica de Educación aprobada en primera discusión el 21.08.01.

Sobre el derecho a una vivienda adecuada, la marcada brecha entre los requerimientos habitacionales de la población -estimados en 135.000 viviendas anuales- y la menguada respuesta del Estado en sus diferentes niveles de actuación y en conjunto con otros sectores sociales, se mantiene como la característica principal de la situación en el sector de vivienda y hábitat. La producción formal de vivienda, pública y privada, para el lapso 1999-2002, se estimó en 63.500 viviendas anuales, abarcando solo el 57% de la demanda habitacional anual del país. De estas, en promedio, solo 34.250 viviendas fueron construidas anualmente con fondos públicos. El desenvolvimiento del sector vivienda y hábitat se caracterizó, según el Plan Nacional Anual de Vivienda 2003, por un fuerte retraso en la entrega de las asignaciones presupuestarias a los entes de vivienda nacionales y regionales; así como por una disminución sostenida, desde el año 2001, en la producción y entrega de las mismas. Todo ello ocurrió pese a que el gasto público en vivienda se mantuvo constante, en comparación con la inversión de vivienda de gobiernos anteriores, y de que en 2003 se registró un aumento de la partida para vivienda. Este escenario prevaleció durante el 2003, lapso que registra el reporte más bajo de ejecución de los últimos cinco años, con un estimado de 11.000 viviendas concluidas y un aproximado de 42.000 en ejecución.

A contracorriente del déficit en el sector vivienda y hábitat, los indicadores positivos se relacionan con la cobertura lograda en el acceso al servicio de agua potable de la población y en el proceso de regularización de tierras urbanas en asentamientos populares, que se adelanta desde 1999, logros que tienen como principales protagonistas a las comunidades populares que hacen parte de las diferentes expresiones organizativas como las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y los Comités de Tierra Urbanos (CTU), entre otras. Al 2004, Venezuela cumplió con la Meta del Milenio de Naciones Unidas para el año 2015, suscrita por los Estados Partes, relativa a la reducción a la mitad de la proporción de personas sin acceso a agua potable. Datos oficiales indican que 93% de la población urbana y 87% de la rural se benefician del agua potable. En materia de regularización urbana, hasta septiembre de 2004 se encontraban activos 3.609 CTU y otros 2.045 en fase de registro; en un 33% de los municipios del país habían sido entregados 70.762 títulos de propiedad protocolizados (individuales y colectivos).

A la par de estos avances, en materia del derecho a la vivienda se mantienen los efectos de un marcado déficit habitacional, estimado en 1.414.819 viviendas que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y nuevas viviendas (981.9830); ante lo cual, para los sectores excluidos -excluidos incluso de los programas habitacionales destinados a los sectores vulnerables-, las ocupaciones son una vía para hacerse de un lugar de resguardo en zonas que constituyen riesgos y no cuentan con acceso a los servicios básicos. Al cierre de 2004, desde el Ejecutivo se adoptaron decisiones que, en principio y en cuanto a enfoque, introducen un giro en lo que hasta ahora ha sido la política pública en materia de vivienda y que podrían ayudar a lograr mayor coordinación en el sector. Así, el Presidente de la República anunció el comienzo de la Misión Vivienda y del Ministerio de Hábitat y Vivienda. En el ámbito legislativo, el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, derivada de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), pasó al segundo período legislativo, con lo cual se espera que esté aprobada en el primer trimestre legislativo de 2005 y entre en vigencia ese mimo año.

Las políticas públicas que apuntan a generar cambios sustanciales en la estructura de la tenencia de la tierra y su función social, democratizando de esta forma la propiedad en el campo, se continuaron aplicando bajo el lapso analizado y con ello se fortalecieron aspectos centrales del derecho a la tierra. Las cifras oficiales indican un considerable reparto de tierras que sobrepasó los 2.000.000 ha., en el marco del Plan Nacional Ezequiel Zamora, iniciado en octubre de 2002. También se dieron algunos leves avances en el establecimiento de una estructura de producción orientada a garantizar la seguridad alimentaria, mediante el fomento de la producción nacional y la disminución de la importación de alimentos en algunos rubros. Resalta el maíz amarillo, rubro donde el Gobierno realizó significativas inversiones, amplió la superficie cosechada y redujo la importación en más del 300%.

Se anunció el Plan Especial Agrícola 2004-2006, que requerirá una inversión superior a los 3 millardos de dólares; y se puso en marcha el Plan de Siembra 2003-2004, que tienen como propósito impulsar la siembra y producción de nueve rubros, entre los que destacan maíz blanco y amarillo, papa, caña de azúcar y arroz. Las fuentes oficiales indicaron que para mayo 2004 se habían sembrado 1.155.000 ha., pronosticando un crecimiento del 68% en el sector agrícola y pecuario.

Como correlato de estos planes, se produjo un incremento importante del financiamiento público en el área agrícola. Junto al acierto en la concepción de las políticas implementadas, desde el punto de vista de su consistencia con el derecho a la tierra se registran problemas por la improvisación en el diseño y la ejecución de algunas medidas. Asimismo, hay debilidad en el seguimiento que debe llevarse de la producción esperada tras el proceso de distribución de tierras y de la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios de estas medidas. Sobre estas debilidades, se presentaron denuncias que dan cuenta de problemas en los procesos de adjudicación de tierras, el número de hectáreas entregadas y los créditos que se otorgan; por rebote, estos déficit desdibujan los resultados esperados para las comunidades afectadas, en cuanto a la mejora en su calidad de vida, como beneficiarios de cartas agrarias. Tales denuncias, aunque no configuran una tendencia, sí constituyen una alarma sobre deficiencias en la ejecución de algunas políticas, que deben ser atendidas. Según indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hubo una disminución del desempleo rural, que pasó de 9,9% en el primer trimestre de 2003 a 6,7% en el segundo trimestre de 2004, cambio que se asocia al proceso de distribución de tierras y la implementación de la Misión Vuelvan Caras. En el ámbito legislativo no se produjo la anunciada reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA).

Los sectores opuestos a ella disminuyeron la presión, en tanto que desde el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria se retomó el debate al final del período analizado en este Informe. Se mantuvieron las dos visiones contrapuestas sobre la reforma que se espera adelantar. Por una parte, la que aboga por la protección de la propiedad privada de la tierra, la limitación de las atribuciones del Estado en la materia y la reducción de sus posibilidades de control en la producción; donde se encuadran los gremios de grandes y medianos productores del campo y algunas organizaciones sociales. Por otra, la visión que alega la necesidad de que los cambios apunten a profundizar y dar celeridad al proceso de reforma agraria; enfoque defendido desde el Gobierno y las organizaciones campesinas que apoyan las políticas implementadas con la Ley. En tal caso, el proceso de reforma debería orientarse a fortalecer el proceso de distribución y democratización de la propiedad, el uso y usufructo de la tierra y garantizar el debido proceso y derecho a la defensa de todos los actores. Para lo cual se espera que la Asamblea Nacional (AN) motive un amplio proceso de consulta.

En 14 meses el Instituto Nacional de Tierras (Inti) tuvo tres presidentes, lo que incide negativamente en la continuidad de la gestión y debilita la ejecución de las políticas. Persistió el clima de tensión entre grandes propietarios, sectores pobres del campo e instituciones del Estado. Según la información recabada, se registraron 8 homicidios vinculados por la lucha de tierras, de los cuales 7 fueron campesinos o activistas sociales de la lucha a el derecho a la tierra y el otro un propietario de tierras rurales. Igualmente, se denunciaron ocupaciones forzosas de tierras que son reclamadas como privadas, así como amenazas y hostigamientos a propietarios y campesinos. En esa coyuntura, los cuerpos de seguridad, según las denuncias, actuaron de manera omisiva y negligente. Al contrario de lo dicho por algunos voceros empresariales, las ocupaciones no autorizadas de tierras no se incrementaron. Por su parte, el Poder Judicial dictó sentencias que ordenaron la restitución de derechos presuntamente violados por el Inti, y ordenó la devolución de tierras que habían sido adjudicadas a familias campesinas.

Más allá de algunos programas asistenciales de carácter compensatorio, o de ocasionales eventos públicos de carácter simbólico, se mantiene la situación estructural de violación de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, debido a la ausencia de políticas explícitas destinadas a garantizarlos, unida a las condiciones estructurales que los menoscaban. Entre ellas: (a) persistencia de situaciones lesivas a su integridad física colectiva por fenómenos de desplazamiento forzoso; (b) la inseguridad jurídico territorial, que permite la ocupación y el despojo de sus territorios y tierras de propiedad colectiva; (c) la indefensión legal e institucional en materia de integridad intelectual y cultural colectivas; (d) desplazamiento forzoso por extrema pobreza; (e) migración inducida por deculturación, desarraigo y abandono de su propia cultura.

La ausencia de políticas de Estado que apunten a prevenir la sociogénesis de estos fenómenos constituye una omisión de la responsabilidad estatal de garantizar los derechos de estos pueblos y socava sus posibilidades de desarrollo y autodeterminación, pudiendo conducirlos -más temprano que tarde- a una pérdida irrecuperable de su patrimonio cultural, e incluso, de su diversidad sociocultural. Ante el grave cuadro de salud que los afecta, los proyectos que debían apuntar a su solución se encuentran injustificadamente paralizados. Si bien es cierto que se amplió el Programa Barrio adentro para hacerlo extensivo hacia las zonas del Sur de Venezuela (conocido también como «Selva Adentro»), los encargados de implementarlo no cuentan con el apoyo logístico para garantizar la cobertura en un territorio tan extenso, ni tampoco son médicos con presencia permanente. Las comunidades más lejanas se encuentran completamente abandonadas. Además, no existen registros que diferencien el origen étnico de la población en forma desagregada y se presentan subregistros en los datos oficiales, debido a las limitaciones culturales y lingüísticas de los operadores de salud. Asociado al problema sanitario, se encuentra también el de la falta de seguridad alimentaria, siendo la desnutrición una de las causas fundamentales de desplazamiento forzoso de muchos de estos pueblos, especialmente grave en el caso del pueblo Warao.

El proceso de demarcación y titulación de territorios y tierras indígenas continuó retrasado y generó, en unos casos, conflictos territoriales por ausencia de seguridad jurídica sobre sus tierras; y en otros, impunidad en relación con la utilización de las mismas por terceros o por el mismo Estado. La Comisión Nacional encargada de este proceso atribuyó los retrasos a los siguientes factores: (1) lentitud en el trabajo de las Comisiones regionales; (2) ausencia del Reglamento de la Ley de Demarcación Territorial; (3) ausencia de un Plan de Trabajo definido con las Comisiones regionales; (4) Presencia de Procesos administrativos complejos; (5) Ausencia de presupuesto y de disponibilidad de recursos financieros a nivel central y regional para realizar actividades; (5) Entorno socio-político crítico. A estos factores pueden agregarse: (1) En el ámbito nacional: inexistencia de cartografías exactas o adecuadas; indefinición de lapsos procedimentales; indefinición de mecanismos de participación directa y validación comunitaria de los procesos; definición de la metodología sobre la marcha, bajo presión del Ejecutivo Nacional; 2) En el ámbito regional: inasistencia reiterada de representantes indígenas e institucionales a las reuniones de las Comisiones regionales, dificultades presupuestarias y logísticas, ilegitimidad eventual de la representación indígena regional; ausencia de productos en los Informes técnicos.

En cuanto al ámbito educativo, se considera positivo la elaboración de dos nuevas Guías Pedagógicas -basadas en la formulación de Proyectos Educativos de cada Pueblo indígena-, referentes a las etnias Warao y Kariña, las cuales cuentan con autoría intelectual comunitaria, la apertura de un programa radial en Radio Nacional, canal informativo 630, y la entrega de una dotación de textos escolares producidos por el MED para los pueblos Indígenas Barí y Wayuu (del Estado Zulia). Resulta también positivo, en términos de inclusión educativa, y en el ámbito de la Educación Superior, que en las sedes de Maracaibo (Edo. Zulia) y Ciudad Bolívar (Edo. Bolívar) de la Universidad Bolivariana de Venezuela, los estudiantes indígenas puedan acceder a los distintos programas de formación que ofrece esta Universidad (Gestión Ambiental, Gestión Social del Desarrollo Local, Comunicación Social), además de tener la posibilidad de utilizar su propio idioma. Sin embargo, y en contraste con lo anterior, se consignaron denuncias acerca de que la Misión Robinson I y II están totalmente desprovistas su carácter de educación intercultural bilingüe, siendo rechazadas por algunos dirigentes indígenas.

En relación con el derecho a un ambiente sano destacaron por su impacto negativo generalizado sobre el territorio nacional, las fallas en la disposición y control de los distintos tipos de desechos, y la ausencia de regulación de los efluentes líquidos y emanaciones gaseosas que se descargan en los distintos medios, especialmente en los cuerpos de agua. Dos tercios de los municipios del país tienen insuficiencias o inexistencia de sistemas de recolección de basura, y casi el 60% de las viviendas no están conectadas a recolectores de aguas servidas, como consecuencias del mantenimiento de un estilo de desarrollo no sostenible, que contraviene las disposiciones en materia ambiental recogidas en la CRBV. En relación con los cuerpos de agua, la atención pública se centró en el aumento de la presencia de la lenteja de agua (Lemna sp), una planta acuática flotante que desde el mes de febrero de 2004 empezó a expandirse de manera poco usual, hasta llegar a ocupar el 15 % de la superficie del Lago de Maracaibo para el mes de junio. Esta situación motivó que se decretara un alerta ambiental por parte de la dirección regional del MSDS. Aunque se pretendió dar respuesta mediante la recolección de la planta, con estas acciones la Lemna sp no desapareció por completo, dado el alto grado de contaminación que se evidencia en el cuerpo de agua.

Durante el año 2003 el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) emprendió algunas acciones para el conocimiento, preservación y uso de la biodiversidad. Sin embargo, los proyectos emprendidos apenas atienden una parte mínima de las necesidades. En este sentido, las iniciativas públicas y privadas de recuperación de fauna se circunscriben a poco más de una decena de especies, mientras que en el Libro Rojo de la Fauna aparecen más de trescientas con distintos grados de amenaza. Situación similar ocurre con los esfuerzos enmarcados en los programas de reforestación. Como se desprende de la Memoria del MARN 2003, se reforestaron poco más de una centena de hectáreas, cifra realmente exigua frente a una tasa de deforestación estimada de 0,4% para el período 1999-2000 (una tasa equivale a 1.980 km2). Alrededor del 40% del territorio nacional está bajo la figura de Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con distintas finalidades de conservación y producción. Sin embargo, en realidad existe una sustancial discrepancia entre la gravedad de las intervenciones y la ausencia de controles reales. Ejemplo de ello son las reservas que se definen como forestales y están totalmente intervenidas por la agricultura, como es el caso de Ticoporo y San Camilo. En otras, como las de Imataca, se está desvirtuando el objeto de área protegida con la participación del mismo Estado. El MARN elaboró y sometió a consulta, durante tres meses y medio, una nueva propuesta de ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca que aunque mejora algunos aspectos del controvertido decreto 1.850 del año 1997, sigue legalizando el incompatible uso minero del territorio de la reserva forestal, creándose precedentes nefastos para otras ABRAE. En la defensa que se hace desde el MARN, en cuanto a reducción de la superficie de explotación minera planteada en el nuevo decreto, no se tiene en cuenta que el problema no es de cantidad de hectáreas, sino del permiso que se otorga a una actividad como la extractiva minera, de la cual hasta el presente no se conocen antecedentes nacionales ni internacionales de prácticas ecológicamente sostenibles. Optar por el mantenimiento de su calificación como reserva forestal no supone que se avale cualquier tipo de actividad forestal, sino aquella que realmente propicie el uso sostenible del recurso, como podría ser, por ejemplo, la propuesta del bosque en pie.

La Sierra de Perijá (Edo. Zulia), específicamente el sector del Guasare, es otra de las áreas conflictivas en términos de explotación minera, en este caso carbonífera. Alrededor del carbón del Guasare continuó la polémica entre ecologistas y desarrollistas. De acuerdo con la información recabada en los medios impresos, el Gobierno Nacional, a través de la empresa estatal Carbozulia -recientemente devuelta a Corpozulia por PDVSA C.A-, tiene entre sus metas elevar la producción de carbón zuliano, de 8 millones de toneladas al año, a 36 millones, previéndose una afectación de 500 mil hectáreas de bosques y áreas naturales, y una afectación directa de 7 millones de toneladas de vegetación primaria. Los representantes de las comunidades indígenas Yupkas y Barí, del sector de la Sierra de Perijá en el Municipio Machiques, y de los Añú y Wayúu, de los municipios Mara y Páez, mostraron su preocupación por los planes del Gobierno.

Respecto al derecho a la vida, en el período analizado se registraron 231 denuncias, lo que significa un incremento del 40% respecto al lapso anterior (165). Esta cifra es la segunda más alta registrada en los últimos diez años,solo superada en el período 2001-2002 cuando se registraron 241 víctimas. Al igual que en lapsos anteriores, la mayoría de la víctimas se concentra bajo el patrón de ejecución (87%), tal como viene ocurriendo desde 1989. La simulación de enfrentamientos, la descalificación de la víctima bajo el argumento de poseer antecedentes penales, con o sin base, y las amenazas u hostigamientos a testigos y a familiares de las víctimas, son prácticas comunes en la mayoría de los casos de violación al derecho a la vida.

Sobre las características de las víctimas según las variables sexo y edad, los datos indican que los hombres representan el sector más vulnerable (96% del total de víctimas), particularmente los de edades comprendidas entre los 18 y 30 años (52%). El grupo etáreo de los niños, niñas y adolescentes registró un número (50) y un porcentaje (21,6%) mayor de víctimas que en el lapso anterior (19 víctimas y 14%). La mayoría de las víctimas fueron adolescentes (de 14 a 18 años) y en 3 casos los decesos correspondieron a un nonato, un niño de 5 años y una niña de 7. Las mujeres representaron el 4%, con 9 víctimas.

Sobre la responsabilidad de los cuerpos de seguridad denunciados, el 52% de los casos recayó sobre las policiales regionales, destacando la PE Lara (37), la PE Anzoátegui (23), la PE Bolívar (20), la PE Aragua (12) y la Policía Metropolitana (11).

Los cuerpos de seguridad dependientes del poder central (civiles y militares) fueron responsables del 23% del total de víctimas, recayendo el mayor número de denuncias en el CICPC (32), convirtiéndose en el organismo de seguridad más denunciado en este período después de la PE Lara. Si sumamos las actuaciones en las que el CICPC actuó junto a otros organismos (15 víctimas denunciadas) la cifra se eleva a 47. La FAN registró 21 víctimas (GN: 14, Ejército: 6, Policía Aérea: 1). Las policías municipales agruparon el 11,6% de las denuncias; entre ellas la Policía del Municipio Libertador (Caracas) concentró la mayoría (33%), le sigue la Policía del Municipio Caroní (Edo. Bolívar) con el 18,5% y la Policía del Municipio Los Guayos (Edo. Carabobo) con 11%. Las acciones conjuntas entre varios organismos de seguridad arrojaron 16 víctimas (7%). Entre las entidades federales con mayor ocurrencia de violaciones al derecho a la vida, destacan: Caracas con el 18% (44 víctimas), Lara 17% (40), Bolívar 15 % (35) y Anzoátegui 13% (30).

Se registraron denuncias sobre 2.169 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución del 40% en relación con el período anterior (3.627). Esta cifra es la más baja registrada durante el gobierno del Presidente Chávez y en los últimos diez años. Al igual que en lapsos anteriores, el mayor porcentaje de detenciones se ubicó bajo el patrón de las detenciones masivas que representaron el 90,4% del total (1.962). Estos datos demuestran una disminución del 77,7% de las detenciones masivas con respecto al año anterior (3.488) lo que podría estar expresando una reducción del uso de los operativos masivos de detención o redadas. Sin embargo, se observó un aumento del 62,8% en el patrón de detenciones individualizadas (114) y del 34% de privaciones de libertad bajo el contexto de manifestaciones (93). Estas detenciones, ilegales o arbitrarias, ocurrieron, en su mayoría, en el marco de las protestas, violentas y pacíficas, organizadas por sectores de la oposición, entre el 27.02.04 y el 05.03.04, conocidas como La Guarimba. Un indicador que muestra una importante regresión con respecto al período anterior, cuando no se registraron denuncias, es el registro de 11 víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada de personas viola los derechos a la libertad personal, a la justicia, a la integridad y a la vida. Entre los cuerpos de seguridad señalados, el CICPC fue el organismo con más denuncias por desapariciones forzadas (4), agrupando el 36% del total.

En cuanto a la distribución de la responsabilidad de los cuerpos de seguridad objeto de señalamientos, bajo el patrón de detenciones masivas, las policías regionales fueron las responsable del 90,4% del total de detenciones. De este grupo, destaca la PE Anzoátegui, que aglutinó el 35,4% de las denuncias. En el renglón de detenciones individualizadas, la FAN en su conjunto agrupó el 40,3% (46) de las denuncias y la GN fue el componente militar con mayor número de detenciones individualizadas realizadas, para un 23,6% (28). También en ese patrón, sobre las policías municipales recayó el 22% (25) de las denuncias. Respecto a las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones, las policías regionales aparecen como responsables del 60% del total, seguidas por la GN con un 35,5%. Como una medida positiva en resguardo de las garantías a la libertad personal, destaca el recurso de nulidad, con solicitud de medidas cautelares por razones de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensoría del Pueblo (DP) ante el TSJ, contra los códigos de policía de los estados Nueva Esparta, Lara y Cojedes.

Provea registró un total de 318 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones al derecho a la integridad personal, que afectaron a 848 personas. Estos datos acusan un significativo incremento del 49,5% con respecto al período anterior, en el que se registraron denuncias sobre 567 personas afectadas. Al igual que en lapsos anteriores, el sector más vulnerable fue el de los hombres con 433 víctimas (76%); también 112 mujeres (24%) fueron agredidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad; en tanto que 139 niños, niñas o adolescentes (25%) resultaron agraviados, lo que refleja un incremento del 82,9% con respecto a los 76 del año anterior.

De los cinco patrones analizados, 4 registran incremento. Bajo el patrón de tortura (58 víctimas), el aumento fue del 93,3% en relación con el registro de víctimas del lapso anterior (30). Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aumentaron en la misma proporción, para un total de 491 víctimas, 93,3% más que durante el lapso pasado (254). En el reglón de heridos el incremento fue del 32% con 157 víctimas, a diferencia de las 119 del lapso anterior. Los allanamientos ilegales acusaron un aumento del 11% en el número de víctimas (60) frente a las 54 de la coyuntura pasada. A diferencia de estos, la excepción se registró en el patrón de amenazas u hostigamientos, donde el descenso fue del 25,5% (82) en relación con el período anterior (110). No obstante, bajo este patrón de violación, el 50%, (41) afectó a activistas de derechos humanos y/o víctimas, testigos o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Del total de las víctimas de torturas, 4 personas murieron como consecuencia de los malos tratos ocasionados por los funcionarios implicados, a diferencia del lapso pasado cuando se registró solo un caso de muerte en estas circunstancias.

La mayoría de las denuncias de violación a la integridad personal recaen sobre los organismos dependientes del poder central, quienes agrupan el 53,3% del total. Entre ellos, la GN registró el mayor número de víctimas (329). Las policías regionales en su conjunto fueron responsables del 31% de las denuncias. La PE Aragua con 83 víctimas (9,8%) fue la más denunciada. El conjunto de policías municipales registraron un total de 82 víctimas (9,7%) y la actuación de distintos cuerpos de seguridad en acciones conjuntas afectó a 47 personas (5,5%).

Del total de violaciones al derecho a la integridad, 303 (35,7%) ocurrieron en el contexto de La Guarimba. De estas, 218 (72%) se trató de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 75 (24,8%) fueron heridos, 5 (1,7%) fueron torturadas y 5 (1,7%) sufrieron de allanamientos ilegales a sus viviendas. Aun cuando no contamos con datos sobre la presunta responsabilidad estatal de todas las amenazas conocidas en el período, y por ello no lo incluimos en las cifras generales de denuncias de violación a la integridad personal, es importante resaltar las amenazas de las que han sido víctimas 29 fiscales del Ministerio Público (MP) desde el año 2002 hasta el presente. La mayoría de estas amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso ocurrieron varios atentados.

El porcentaje de acciones represivas contra personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica se ubicó en los bajos niveles que se observan desde hace cinco años, con lo cual la tendencia de disminución reseñada en los Informes anteriores tiende a estabilizarse. Este período, junto con el anterior, posee el registro más bajo de manifestaciones pacíficas reprimidas desde 1989. Se contabilizaron 1.037 manifestaciones de carácter pacífico, 31 de las cuales fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (3% del total), acusando un leve incremento respecto al lapso anterior, cuando las protestas reprimidas representaron el 2,8%. Esto significa que 1 de cada 33 manifestaciones fue reprimida en este período, mientras que 1 de cada 36 lo fue en el período anterior.

Sin embargo, las acciones de funcionarios de organismos de seguridad continúan arrojando saldos lamentables. En el período, al menos 3 personas murieron mientras ejercían su derecho a manifestar pacíficamente, 1 menos que en el período anterior. Igualmente, 114 personas resultaron lesionadas por heridas de bala, perdigones, golpes, asfixia y otros tratos o penas crueles mientras manifestaban, incrementándose levemente en un 3% en relación con las 117 víctimas del año anterior. De las 114 víctimas, 57 lo fueron por la actuación estatal arbitraria durante la represión a manifestaciones vinculadas con La Guarimba. Los casos de violación al derecho a la libertad personal (45), en el contexto de manifestaciones pacíficas, acusaron un descenso del 34,8% en relación con los 69 detenidos en el período anterior. El sector de la oposición fue el más reprimido (41%), seguido de los desempleados y estudiantes (16% cada uno). La GN fue el organismo con más denuncias (13 reprimidas y 2 impedidas), récord que ostenta por segundo año consecutivo, ya sea actuando individualmente o con el apoyo de otras fuerzas de seguridad. Un dato negativo del lapso es la persistencia de la politización y polarización de todos los organismos de seguridad (nacionales, estadales y municipales); frente a lo cual se reiteró, como práctica de Gobierno central, la utilización de la GN como fuerza primera de contención, lo que generó tensiones con otros organismos de seguridad pública y con manifestantes.

Pese a la existencia de positivos indicadores en la situación de este derecho, cabe recordar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de todas las personas, tanto en contextos de manifestaciones pacíficas como violentas. La obligación estatal no es solo de abstención, en el sentido de no hacer uso innecesario o desproporcionado de su fuerza, sino también de protección a la población frente a las amenazas que puedan realizar particulares. En este período, al igual que en los últimos dos años en los que se viene experimentando una intensa polarización política, se conocieron varias muertes ocasionadas presuntamente por particulares, tanto en manifestaciones pacíficas como violentas. Esas muertes expresan un fracaso del Estado en su capacidad de garantizar la vida de las personas, aún en contextos complejos.

El resultado del análisis del derecho a la seguridad ciudadana es claramente negativo. Los principales indicadores sobre delitos continúan en aumento y no se registraron cambios significativos en el manejo del problema por parte del Estado; por el contrario, se siguen repitiendo políticas de control voluntaristas, antidemocráticas, inconstitucionales y violentas, en ausencia de políticas efectivas de prevención social. Además, continúan distribuyéndose de manera inequitativa los recursos de protección públicos. Es decir, reciben más protección del Estado quienes están más protegidos y quienes son menos vulnerables.

El registro de los delitos totales casi no sufrió alteraciones interanuales, mientras que los homicidios siguen su tendencia ascendente. En el ámbito nacional, se registró un incremento del 17,9% en el número de homicidios del año 2003 (11.342) con respecto al 2002 (9.617). Las entidades federales con mayor incremento fueron: Yaracuy con 110,4% (77 en 2002 y 162 en 2003); Táchira con 60,1% (278 en 2002 y 445 en 2003); Barinas con 44,9 (136 en 2002 y 197 en 2003) y Falcón con 41,4% (116 en 2002 y 164 en 2003). La tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 49, siendo esta la más alta registrada desde el año 1990. Como en años anteriores, Caracas concentró el mayor número de homicidios y se sitúa en la primera posición, con una tasa de 134 por cada 100.000 habitantes. Le siguen los estados Vargas, con una tasa de 82; Carabobo con 64; y Miranda y Bolívar, ambos con 52.

A la cifra de homicidios se deben añadir los datos de las personas que perdieron la vida en acciones policiales presentadas como legítima defensa «en enfrentamientos», que en el 2003, según el CICPC, fueron 2.305 civiles muertos. Según informó el Ministro del Interior y Justicia, estas muertes no están siendo registradas como homicidios por el CICPC. La mayoría de estos decesos ocurrieron en condiciones que sugieren un uso no excepcional, innecesario o desproporcionado de la fuerza. Un indicador de ello es la relación entre civiles y funcionarios muertos, que compara en iguales situaciones (enfrentamientos) las posibilidades de morir de un agente del Estado y un civil. Según los datos, durante el período, por cada funcionario de seguridad del Estado muerto en enfrentamiento murieron 49 civiles, mientras que en el lapso anterior la relación fue de 39. Con la suma total de las muertes violentas, tanto las cometidas por particulares como por la policía, el total de víctimas letales de la violencia asciende a 13.646. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sexo masculino, entre 15 y 24 años, pobres y negros, habitantes de los sectores populares urbanos. La aproximación cuidadosa de las cifras revela las profundas diferencias de vulnerabilidad social frente a la crisis de seguridad pública. Así, mientras la Parroquia Macarao del Municipio Libertador (Caracas), habitada por sectores populares, alcanzó una tasa de homicidios de 194 por 100.000 habitantes; en el Municipio El Hatillo (Caracas), habitado fundamentalmente por sectores de ingresos altos y medios, la tasa fue de 13.

Durante el período en estudio se mantuvo la aplicación de medidas de reforma en el ámbito del Sistema de Administración de Justicia (SAJ), sin que se revirtieran los problemas que afectan negativamente a las garantías del derecho a la justicia. Luego de la culminación de dos proyectos financiados por el Banco Mundial, los principales avances se registran en la existencia de 38 sedes judiciales propias y bajo un formato de funcionamiento automatizado y en el soporte tecnológico del TSJ y otros juzgados en el ámbito nacional.

La resonancia de estos cambios, lamentablemente, todavía no se concreta en indicadores que den cuenta de un giro en materia de acceso a la justicia, celeridad procesal y actuación independiente de los jueces.

En este período, como aspecto positivo, destaca la implementación del nuevo proceso laboral, en marcha desde agosto de 2003, que implicó una reducción significativa del tiempo en la tramitación de casos. Durante el lapso bajo estudio, 96% de las causas que ingresaron se resolvieron a través de los medios alternativos de resolución de conflictos establecidos en la Ley. En esa línea, se anunció el inicio de procesos orientados a mejorar la justicia con relación a niños, niñas y adolescentes y a la estructuración de la jurisdicción agraria. En materia presupuestaria, la asignación para el Poder Judicial se mantuvo por encima del 2%, a pesar de un leve descenso en los últimos dos años.

Al igual que en el lapso pasado, se produjeron interferencias en los diferentes niveles del SAJ y, particularmente, en el TSJ, cuya politización es evidente en las decisiones que guardan relación con los temas más sensibles de la confrontación hegemónica. La percepción pública, con justa razón, es la de un TSJ que responde más a las lógicas políticas del gobierno o la oposición (dependiendo de la Sala), que a los principios establecidos en la legalidad.

La AN, violando normas constitucionales y su propio Reglamento de Debates, promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Esta norma no satisfizo las expectativas de modernizar los procedimientos en el máximo tribunal de la República, necesarios para garantizar una justicia expedita y transparente. La Ley, además, contiene normas inconstitucionales que atentan contra la independencia de los magistrados y magistradas, vulneran su estabilidad y facilita la imposición de modificaciones en la composición del TSJ, atendiendo a factores e intereses circunstanciales. Seis acciones de nulidad fueron interpuestas por diversos sectores sociales contra la mencionada Ley. Pese a los cuestionamientos e impugnaciones a la misma, se constituyó el Comité de Postulaciones Judiciales y 224 personas se postularon como candidatas para asumir magistraturas del TSJ.

La justicia militar siguió aplicándose de manera contraria a la Constitución y a los principios internacionales en materia de derechos humanos. Al menos 111 civiles fueron juzgados en tribunales militares, lo que se produjo sin que la DP y el MP actuaran en defensa de las garantías judiciales vulneradas.

El Poder Judicial continuó debilitado y amenazado en su actuación independiente, por el número significativo de jueces provisorios y temporales, que según datos de la DEM, alcanza el 82% del total: 867 (50%) provisorios y 561 temporales (32%). Durante el lapso, siguieron suspendidos los concursos y los jueces se designaron con un procedimiento incompatible con la norma constitucional. El acceso a la justicia se vio afectado por el cierre, durante más de nueve meses, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y si bien al final de ese lapso inició funciones y fue creada una segunda Corte, se produjo la paralización de miles de juicios y las nuevas controversias no pudieron presentarse en la jurisdicción administrativa.

Con la excepción de la jurisdicción laboral, en el resto de las jurisdicciones se continuó violando el derecho a una justicia expedita. Destaca el considerable retardo procesal de la Sala Constitucional del TSJ para sentenciar las acciones de amparo; así como el retardo procesal en la justicia penal, pese a las mejoras que introdujo en su momento el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Respecto a los indicadores sobre garantías procesales, en la actuación judicial destaca el predominio, ya reiterado, del uso de las medidas de privación de libertad en la fase de investigación. Entre enero y junio de 2003 se presentaron en los juzgados de primera instancia en función de control, en el ámbito nacional, un total de 9.768 personas detenidas; y solo en 1.000 causas se aplicó el procedimiento abreviado, que se aplica a las personas detenidas en flagrancia. Como correlato, para septiembre de 2004 existían 636 defensores públicos, cifra superior a la observada el 31.10.03, cuando había 624. No obstante, el volumen de causas que deben atender los defensores es excesivo: en materia penal adolescente, el promedio es de 64,6 causas por defensor; en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, el promedio es de 128,8 causas por defensor; mientras que en materia penal, es de 136,5 causas por defensor. También se registraron denuncias por violación al debido proceso en varias causas, que cobraron mayor relevancia mediática por su notoria vinculación política, iniciadas contra miembros de organizaciones civiles por presunta conspiración, así como en otros procesos penales abiertos por sucesos relacionados con el Golpe de Estado del 11.04.02, el paro petrolero de 2002-2003 y la insubordinación pública de militares.

Los derechos de las personas detenidas y encarceladas se mantienen en una situación similar a la del período anterior. El crecimiento interanual de la población penitenciaria (entre el 30.10.03 y el 30.10.04) fue del 1, 7%, aunque todavía se mantiene lejos de los niveles de sobrepoblación previos a la entrada en vigencia del COPP en 1999. La relación entre penados y procesados mejoró levemente y para agosto de 2004, 9.932 prisioneros se encontraban en condición de procesados, lo que presenta un 49,8% del total de la población reclusa, mientras que 10.019 (un 50,2% de la población) habían recibido condena. Si bien la relación mejoró levemente con relación al año anterior (cuando el número de procesados superó a los penados, por primera vez desde 1999, en una relación de 52,5% de procesados y 47,5% de condenados), persiste un número elevado de procesados dentro del sistema penitenciario.

Sobre los beneficios otorgados a los reclusos, los datos del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) señalan que de enero a septiembre del 2003 se otorgaron 4.904 medidas de pre-libertad, que supone un leve ascenso en relación con el 2002 (4.838 medidas otorgadas). Sin embargo, la población sujeta a medidas alternativas a la prisión decreció, de 13.238 en el año 2002, a 11.341 para septiembre de 2004.

La alta proporción de procesados se debe tanto al incremento del uso de la detención preventiva, resultado de las reformas procesales recientes, como al endurecimiento de la política criminal y al retardo procesal. También incide la carencia de recursos humanos y materiales. Para el 30.10.04, el Sistema Autónomo de Defensa Pública (SADP) contaba con 618 Defensores Públicos, 407 de ellos con competencia en el Área Penal ordinaria y un promedio de 87,4 causas por defensor. Según datos aportados por el SADP, entre un 90 y un 95% de los casos penales está en manos de Defensores Públicos.

El deterioro crónico de la infraestructura, la sobrepoblación y la carencia de un presupuesto apropiado se mantiene como patrón común en la mayoría de los centros penitenciarios. El índice de hacinamiento (porcentaje de la población que excede la capacidad instalada del sistema), se ubica en 18%.

El suministro de alimentos presentó una crítica situación en el primer semestre del año 2004, aunque mejoró al cierre de este Informe. De acuerdo con la partida presupuestaria destinada a gastos de alimentación para el 2004, la asignación diaria para alimentar a un interno es de Bs. 2.444. Aunque se incrementó en más del 100% frente a la asignación del año anterior (Bs. 1.178), continúa siendo deficitaria, frente al número de reclusos que deberían recibir una dieta balanceada y el incremento en los costos de los insumos.
Sobre las condiciones de salud de la población penitenciaria, los datos del MIJ señalan que las enfermedades más comunes son los síndromes virales, diarreas, amibiasis, intoxicaciones alimentarias, helmintiasis, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual (incluyendo VIH/Sida).

La vulnerabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal continúa siendo la mayor amenaza que pesa sobre los reclusos, manifestándose principalmente en los altos niveles de violencia intra carcelaria. Para el año 2003 se registraron 1.830 víctimas de hechos de violencia (1.428 lesionados y 402 homicidios) y en el primer trimestre de 2004, 209 lesionados y 56 muertes. Las cifras de homicidios del año 2003 representan un aumento del 27% en comparación con el año 2002. Las actuaciones de los funcionarios militares y civiles adscritos ala custodia, que enmarcan en uso lesivo de la fuerza, produjeron nuevas violaciones al derecho a la vida y a la integridad física de los reos; de esta forma, 7 reclusos fueron ejecutados por efectivos de la GN y custodios del I.J. del Edo. Bolívar, “Vista Hermosa”.

Las políticas y actuaciones oficiales se caracterizaron por una inestabilidad y discontinuidad que se expresó, entre otras formas, en los constantes cambios de las personas responsables de la política penitenciaria.

En este período se pudo constatar un amplio ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, reflejado en la oportunidad que tuvieron tanto los medios de comunicación como los diversos actores políticos de manifestar sus ideas e informaciones. Al igual que en años anteriores, se mantienen los hechos de violencia contra comunicadores sociales, especialmente sobre reporteros y técnicos en el momento en que realizan coberturas en la calle, particularmente en contextos de alta conflictividad política. En el presente lapso se registraron 101 casos de violación a este derecho, lo que significa una disminución del 6% respecto al año anterior (107), descenso que también se observó en el total de víctimas: 139 frente a las 158 del período anterior (12% menos). Respecto a los actores involucrados en acciones contrarias al ejercicio de la libertad de expresión, se observó un incremento del 27 % en los casos de responsabilidad estatal (41 en 2003 y 52 en 2004), mientras que en los casos con responsabilidad de terceros se registró un descenso del 21% (66 en 2003 y 52 en 2004). Los patrones de mayor recurrencia fueron las agresiones físicas a comunicadores (33,7%) y la censura (30,3%). Entre ambos acumulan el 64% del total de casos, mientras que los restantes patrones se distribuyeron de la siguiente forma: amenazas (29,8%), restricciones judiciales (4,8%), restricciones administrativas (2,4%) y restricciones legales (0,5%). En el período se abrieron diversas investigaciones judiciales, incluso ante tribunales militares, contra comunicadores sociales. De 2 casos registrados en el lapso anterior, se incrementaron a 7 en el presente. En algunos de ellos se aplicaron tipificaciones delictivas que se consideran contrarias a la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en lo referido a la figura del «desacato» y la aplicación de la jurisdicción militar a civiles. Al igual que en el período anterior, se observó un correlato entre la intensidad de la diatriba sociopolítica y el aumento de los hechos violentos que afectan a los comunicadores. Así ocurrió entre el 27.02.04 y el 05.03.04 en el contexto de La Guarimba. En esa semana se concentró el 22,6% del total de casos y el 20,3% del total de víctimas del lapso analizado. En los casos registrados se contabilizaron en total 139 víctimas.

En 121 oportunidades resultaron afectadas personas, 79 hombres (73,15%) y 29 mujeres (26,85%); en 18 ocasiones los afectados resultaron ser medios de comunicación y en los 13 restantes resultaron afectados grupos completos de reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos.

En este período, vale destacar como dato positivo la continuación de la promoción de medios de comunicación comunitarios, iniciada en el año 2002, cuando fue aprobado el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público. Para el cierre de este Informe, Conatel había otorgado habilitaciones a 153 medios comunitarios, entre los que se encuentran 21 estaciones de televisión abierta y 132 estaciones de radiodifusión sonora.

La situación del derecho al asilo y refugio estuvo signada por la crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta situación generó constantes migraciones (masivas, individuales o de pequeños grupos) de personas que buscaron refugio en el país. La Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) informó que, a junio de 2004, 2.480 personas habían solicitado formalmente refugio. No obstante, los cálculos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUR), señalan que podrían existir cerca de 200.000 personas que se encuentran buscando protección en Venezuela, aun cuando no hayan solicitado la protección legal.

Al igual que en años anteriores, los estados donde se registra un mayor incremento de personas en situación de refugio son: Apure, Táchira, Zulia y Caracas. Entre las movilizaciones, resalta la realizada en mayo de 2004 por aproximadamente 300 personas de la comunidad Wayuú, desde el territorio colombiano hasta la Sierra de Perijá (Edo.Zulia), debido a una masacre cometida en los poblados indígenas en territorio colombiano presuntamente por paramilitares. La actuación de algunos órganos del Estado se valora de manera positiva, porque se brindó atención oportuna y rápida para satisfacer los derechos de estas personas.

Entre las competencias de la CNR destaca favorablemente la creación y funcionamiento de la Secretaría Técnica de la Región Capital, la constitución y juramentación de la Secretaría Técnica Regional en el Edo. Táchira y la elaboración de un Plan de Contingencia en Caso de Afluencias Masivas de Refugiados en Zona Fronterizas. No obstante, preocupa que hasta la fecha no se haya elaborado el Reglamento interno de la CNR, ocasionando inseguridad jurídica respecto a sus procedimientos.

Sobre las condiciones de vida de las personas refugiadas, tanto de solicitantes como de reconocidas, se mantiene la ausencia de políticas orientadas a asistirlos en su reinserción social. La mayoría no cuenta con un documento que acredite su condición y permita el goce de los derechos a la educación, salud, trabajo y vivienda, entre otros.

Del 18 de noviembre al 02 de diciembre de 2004

Boletín electrónico Nº 148

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE

01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
11 Día Internacional De los/as Niños/as
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de Primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
29 Día Internacional de la Diversidad Biológica
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

INVITACIONES A EVENTOS

Como es costumbre desde hace 16 años, Provea presentará públicamente el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos presentando, su más reciente edición del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2003/Septiembre 2004).

Y como siempre, lo hará en un foro de acceso libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, Bellas Artes, a las 5:30PM.

Para ese día se presentará la versión impresa de esta publicación que registra el comportamiento estatal con respecto a 18 derechos humanos agrupados entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP), acompañados de un análisis coyuntural, un reporte de las acciones emprendidas por el movimiento nacional de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y una serie de ilustrativos anexos. Igualmente, a partir de esa fecha, invitamos a los/as interesados/as a consultar o descargar esta publicación en el sitio web de Provea (http://www.derechos.org.ve).

Provea invita al público interesado a conocer la obra del artista plástico David Palacios, quien expone su producción más reciente titulada: Infografías. Ejercicios de Fisicromías y Reportes de Derechos Humanos, en la Sala Alternativa, ubicada en la calle París entre Mucuchíes de Las Mercedes, Caracas. En esta serie aplicó las técnicas cinéticas creadas por el maestro Carlos Cruz-Diez a algunos cuadros estadísticos del informe anual de Provea, logrando un abordaje estético y lúdico al mundo de los datos rigurosos de la estadística (ver en nuestra página web:
http://derechos.org.ve/images/invitacion_infografias.JPG). 

CONTEXTO

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, realizará el próximo 11.12.04, a partir de las 3:00PM, la Celebración por la Vida, «un espacio para fortalecer nuestra esperanza, animar nuestra fe en la vida, una oportunidad para solidarizarnos con los familiares y víctimas de abusos policiales y militares, así como con todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos» (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 10.11.04, [email protected]).

Bajo el lema de “La Paz tiene la Palabra”, la organización contempla varias actividades para ese día: una concentración en Parque Carabobo, frente la Fiscalía General de la República, desde donde se partirá hacia la Plaza de Los Museos, en el Parque Los Caobos.

Este evento reunirá familiares de víctimas de abusos policiales y militares, distintas comunidades, organizaciones comunitarias y de derechos humanos, así como a muchos hombres y mujeres sensibles del país que persiguen una sociedad más justa.

Desde hace 18 años la Red de Apoyo coordinó este encuentro contando con la participación de un número significativo de personas quienes con sus cantos, símbolos, oraciones, testimonios y reflexiones han dado fe de la incorporación activa y feliz al trabajo orientado hacia la construcción de una sociedad en la cual podamos vivir dignamente.

En esta oportunidad, la Celebración por la Vida se llevará a cabo tanto en Caracas como en otras 20 ciudades y poblaciones del interior del país, entre las cuales destacan Mérida, El Nula, Paraguaipoa, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Valle de la Pascua, Ciudad Bolívar, Cumaná, Puerto Ayacucho, San Fernando de Apure y Puerto la Cruz.

La Celebración por la Vida es un espacio plural, abierto, inclusivo y sin sesgos político partidistas, que brinda una «excelente ocasión para el ejercicio profundo y sincero de acercamiento a las demás personas, a quienes piensan igual o distinto, a quienes nos confrontan y a quienes confrontamos. Son tiempos de empezar a reconstruir el tejido de nuestra sociedad, afectado por la intolerancia, el irrespeto a la diversidad y la negación del pluralismo democrático” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).

Para la Red de Apoyo, «es necesario reivindicar los valores de solidaridad, inclusión, justicia, esperanza, confianza, respeto y dignidad que nos permitan convivir en paz y en democracia. Tenemos los recursos como país, como pueblo, para construir una sociedad en la cual podamos vivir dignamente, respetando nuestras diferencias y defendiendo nuestros derechos» (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).

En el marco del Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer, celebrado el 24.11.04, la Organización de los Estados Americanos (OEA)  efectuó la XXXII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), instancia hemisférica para generar políticas  para la promoción de los derechos de la mujer e igualdad de género.

Durante 3 días las delegadas analizaron una amplia gama de temas y aprobaron resoluciones sobre género y consumo en los procesos de libre comercio e integración; el papel de la mujer en la prevención, negociación y solución de conflictos y consolidación de la paz; y la integración de la perspectiva de género en las políticas hemisféricas.

Al inaugurar la Asamblea, Yadira Henríquez, presidenta de la CIM y ex secretaria de Estado para la Mujer de República Dominicana, hizo un llamado para «abordar de manera concreta el tema de la feminización de la pobreza […] en el contexto de los compromisos asumidos por los gobiernos en las Cumbres» (Organización de los Estados Americanos, 26.11.04, http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=2436). 

Henríquez, quien culmina sus 2 años de gestión al frente de la CIM, enfatizó que ésta debe continuar con su importante trabajo que incluye presentar a los países miembros instrumentos y estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades y la equidad de género a todos los niveles. En este sentido, destacó el intenso trabajo realizado por la CIM para implementar el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género que se había iniciado en el 2000, luego de su adopción por la Asamblea General de la OEA.

Por su parte, Arístides Royo, presidente del Consejo Permanente de la OEA y embajador  de Panamá, afirmó que fue un alcance «realmente significativo haber logrado la adopción por los Estados Parte, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, un mecanismo hemisférico adicional para apoyar la erradicación de la violencia contra la mujer, gracias a los esfuerzos de la CIM firmado antes de concluir la Asamblea» (Organización de los Estados Americanos, Ídem.).

Durante la Asamblea se abordaron otros temas de igual relevancia como la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer; el combate contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños; y el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. La Asamblea, además, analizó informes nacionales sobre la situación de la mujer y eligió las nuevas autoridades que estarán al frente de la CIM por los próximos 2 años.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Entre el 29.11 y el 01.12.04 se llevó a cabo el III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos organizado por la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos.

“Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social” fue el título de esta edición del seminario, dirigido a profesionales vinculados al proceso educativo en Venezuela o con alguna participación en el área e interés en el ámbito de educación en y para los derechos humanos.

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos es muy importante como una vía fundamental para prevenir las violaciones a estos derechos y contribuir efectivamente a su vigencia. Hacer educación en derechos humanos es formar sujetos de derechos para transformar los contextos sociales bajo el principio de la equidad. Esta importancia está refrendada por las medidas tomadas por organismos mundiales para impulsar su desarrollo y presencia en todo el planeta. Es así como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó el decenio 1995-2004 como la década de la Educación en la esfera de los Derechos Humanos.

En 1998 Venezuela aprobó una Resolución que contempla la obligatoriedad para el Estado de dar cumplimiento a actividades sobre educación en derechos humanos y valores, coherentes con un plan de políticas públicas en la materia. Es por ello que este III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos se realiza con el objetivo de avanzar en la construcción de una pedagogía propia en materia de derechos humanos y definir claramente, con el aporte de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, líneas para un plan nacional de educación en derechos humanos.

El evento se realizará en el marco de un plan de formación diseñado por la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos, con el cual se pretende favorecer la reflexión y la construcción de un lenguaje común en materia de educación en derechos humanos, lo que a su vez permitirá fortalecer las prácticas de los grupos, organismos e instituciones que se dedican a esta labor en Venezuela, especialmente tomando en cuenta los desafíos que nos presenta el momento histórico que vivimos en el ámbito mundial.

En esta oportunidad, se contó con la participación de invitadas internacionales, como Alicia Cabezudo, representante de Ciudades Educadoras de Argentina, quien disertó sobre la exclusión social y la educación en América Latina; Ana María Rodino, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), quien hizo un balance del Decenio de la Educación en Derechos Humanos; Greta Papadimitriou, de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de México.

Por Venezuela participaron, entre otras personas, Anna Lucia D’Emilio, Representante del Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF) en Venezuela, y María Isabel Bertone de Provea, quienes establecieron los desafíos que deben afrontar las políticas educativas en Venezuela para favorecer la inclusión social.

Por su parte, la representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Soraya El-Achkar, habló sobre las tendencias y perspectivas para la educación en derechos humanos en América Latina.

Durante el encuentro también se desarrollaron mesas de trabajo abocadas a indagar sobre los retos que se le presentan al Estado venezolano y a la población para lograr una educación inclusiva, así como los elementos que favorecen o dificultan el desarrollo de procesos de inclusión social.

Según informó el pasado 23.11.04, la organización venezolana de derechos humanos Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictaminó que el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INH) debía presentar a dicho juzgado los resultados de las pruebas de calidad (bioequivalencia) efectuadas a los medicamentos antirretrovirales fabricados por Heber Biotec, Ranbaxy y Cipla a más tardar el 25.11.04 (Acción Ciudadana Contra el SIDA, 23.11.04, [email protected]).

Este pronunciamiento se produce luego de que la referida corte admitiera el pasado 08.11.04 los recursos de amparo intentados por ACCSI contra Jesús Querales, presidente del INH. Como se recordará, el 19.07.04, ACCSI solicitó al Dr. Querales que presentara los resultados obtenidos de las pruebas de bioequivalencia efectuadas a los antirretrovirales, cuyos registros y permisos sanitarios son expedidos por dicho instituto, los cuales son fabricados por las casas farmacéuticas Heber Biotec (Cuba), Ranbaxy y Cipla (India). En la actualidad, dichos antirretrovirales son suministrados a hombres, mujeres y niños que viven con VIH/SIDA, a través de los centros de entrega de fármacos a nivel nacional del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) (ver edición Nº 147 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#02).

Explicó Víctor Cróquer, representante de ACCSI, que «desde enero de 2003, el sector comunitario con servicios en VIH/SIDA, conformado por más de 25 organizaciones y agrupaciones de personas que viven con VIH/SIDA de todo el país, ha venido solicitando tales pruebas al INH, que se negó en todo momento a presentarlas. Desde entonces, el sector comunitario efectuó diversas acciones tales como pronunciamientos, reuniones con altas autoridades del MSDS e INH, movilización comunitaria, denuncias ante los medios de comunicación social y ámbito regional e internacional, entre otros. Ante la falta de respuesta gubernamental, y en atención a la urgencia que significa conocer la veracidad de la calidad y efectividad de dichos antirretrovirales, ACCSI se vio obligada a acudir ante la vía judicial en procura de obtener una satisfactoria respuesta que definiera de forma clara tales aspectos acerca de los fármacos, en representación de la comunidad de personas que viven con VIH y SIDA» (Acción Ciudadana Contra el SIDA, Ídem.).

El INH, ente adscrito al MSDS, es el organismo encargado de efectuar las pruebas de calidad de los productos farmacéuticos en Venezuela.

En cuanto a la decisión, explicó Cróquer que en su sentencia, la Corte obliga al Dr. Querales, en su condición de presidente del INH «a presentar los resultados obtenidos de las pruebas de bioequivalencia efectuados a los medicamentos antirretrovirales referidos, en un plazo no mayor de 48 horas (viernes 25.11.04) en la citada instancia de justicia» (Acción Ciudadana Contra el SIDA, Ídem.).

No obstante, el funcionario aseguró a una fuente periodística que «respondería a la Corte, pero […] no entregará las pruebas de calidad, sino las razones por las cuales no puede dar este tipo de información» (Últimas Noticias, 25.11.04, pág. 4).

Por su parte, Cróquer solicitará la ejecución forzosa de la sentencia y apelará la «supuesta confidencialidad sobre los productos químicos […] aunque sustenten jurídicamente esa ‘confidencialidad’, ACCSI tiene un interés real y legítimo, pues representa el derecho de las miles de personas con VIH/SIDA de tener acceso a la información sobre los medicamentos que consumen» (Últimas Noticias, Ídem.).

Según el estudio Informe de 2004 sobre la Epidemia Mundial del Sida realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), «cada día, alrededor de 150 mujeres se infectan con VIH en la región latinoamericana y caribeña. Entre el final del 2002 y del 2004 el número de mujeres con VIH en América Latina aumentó de 520.000 a 610.000 y en El Caribe de 190.000 a 210.000» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 3011.04, http://www.unicef.org/venezuela).

De todos los adultos, la proporción de mujeres con VIH aumentó significativamente y ahora representa el 40% de los casos en El Caribe y el 36% en América Latina. En la actualidad las mujeres constituyen cerca de la mitad de los 37,2 millones de adultos (15-49 años) que viven con el VIH en el mundo.

Venezuela ocupa el 4to. lugar de menor impacto en el cuadro de porcentaje de mujeres que viven con el VIH en América Latina y El Caribe (finales de 2003), con un 32%, 6,7% por debajo del promedio regional de 38,7%.

Las Agencias de la ONU que efectuaron el estudio exhortaron a los encargados de formular las políticas y adoptar las decisiones en América Latina y El Caribe «para que cambien los factores que hacen a las mujeres y niñas particularmente vulnerables al VIH» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

En su exhorto, señalaron que el crecimiento de la epidemia entre las mujeres jóvenes y las niñas despierta especial preocupación: «las mujeres jóvenes tienen 1,6 veces más probabilidad de adquirir el VIH que los hombres jóvenes. Las mujeres y las niñas también saben menos que los hombres acerca de cómo el VIH se transmite, a menudo porque esta información no se les suministra. Aunque las mujeres y las niñas conozcan cómo protegerse contra la infección, con frecuencia no les sirve debido al machismo, la discriminación por razón de género y a la violencia que enfrentan» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

Según los expertos de la ONU, también «la coacción sexual y el abuso de niñas son factores importantes que contribuyen a que la epidemia en la región tenga cada vez más una cara de mujer joven».

Además, el informe da cuenta de otra realidad: «en América Latina y El Caribe, muchas mujeres y niñas asumen la responsabilidad del cuidado de las personas con VIH/Sida a nivel comunitario, pero tienen un acceso limitado a las instancias sociales que podrían prestarles apoyo. Esto perpetúa las desigualdades de género» (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ídem.).

El crecimiento de la epidemia entre las mujeres jóvenes y las niñas es particularmente preocupante, no sólo por el impacto sobre familias y comunidades en las cuales viven, sino también por el elevado riesgo de transmisión del VIH a los recién nacidos.

Con el fin de detener la propagación mundial del VIH, los directores regionales de la ONU destacaron la importancia de romper las cadenas de la pobreza, el hambre y la desigualdad por razón de sexo que favorecen la propagación de la enfermedad entre estas mujeres.

Los expertos de ONU dijeron que se requiere de un mayor esfuerzo en el ámbito tanto regional como nacional para hacer frente a la epidemia. En este contexto, formularon las siguientes recomendaciones:

  • Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas y luchar contra el estigma y la discriminación.
  • Poner fin a todas las formas de violencia y abuso contra mujeres y niñas.
  • Integrar el tema de mujeres y VIH en la planificación nacional del desarrollo.
  • Apoyar a las mujeres seropositivas y sus organizaciones y redes.
  • Aumentar la capacidad de decisión de las niñas, niños, mujeres y hombres incrementando su acceso a la educación, la alfabetización y la información acerca de la salud sexual y reproductiva.
  • Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva para todos mediante la ampliación de la cobertura y la accesibilidad y una mayor sensibilidad respecto de las diferencias entre hombres y mujeres.
  • Garantizar el acceso igualitario y universal a la atención integral y los tratamientos del VIH/sida para las mujeres.
  • Aumentar la facilidad para conseguir preservativos femeninos y acelerar la investigación sobre otros métodos de prevención controlados por las mujeres, como los microbicidas.
  • Trabajar con otros grupos vulnerables a la infección por el VIH, incluidos las personas profesionales del sexo, las que consumen drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y los adolescentes.
  • Elaborar estrategias que tengan en cuenta las necesidades y particularidades de género para aquellos que prestan cuidados a personas con el VIH/sida.
  • Asegurar que los fondos de la respuesta VIH/sida en la región generes los máximos beneficios para las mujeres.

El 01.12.04, una representación de  mujeres venezolanas organizadas en el Movimiento Amplio de Mujeres se presentaron en el Salón de la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional (AN) para hacer entrega de un documento titulado Propuestas del Movimiento Amplio de Mujeres para el Proyecto de Código Penal Venezolano en Materia de Interrupción del Embarazo (Proyecto  Apalancar, 01.12.04, http://www.apalancar.org/noticias/detalle.asp?tipo=1&id_documento=2461).

Suscrito por 19 organizaciones, la propuesta se realizó con motivo de la formulación del Anteproyecto para la Reforma del Código Penal venezolano, el movimiento amplio de mujeres presenta una serie de consideraciones para promover la despenalización de la interrupción del embarazo en nuestro país.

En el documento, el movimiento plantea que «estar a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo no significa estar a favor del aborto ni promoverlo, significa reconocer que la penalización no soluciona el problema del aborto, pues a pesar de estar prohibido legalmente en muchos países, condenado socialmente y religiosamente, miles de mujeres lo practican en el mundo y además mueren por esta causa».

En su propuestas, el movimiento examina la problemática de salud pública así como las leyes y políticas públicas involucradas en el fenómeno de la interrupción del embarazo en el ámbito nacional. Además destaca la dimensión humana de la interrupción del embarazo y los argumentos que de éste emanan para fundamentar la despenalización.

Detalla sobre las distinciones que existen entre la despenalización y la legalización de la interrupción del embarazo. Sobre esta base, plantea los ajustes que las leyes penales deben aplicar para reivindicar los derechos humanos de las mujeres en el marco legislativo venezolano.

Hace un arqueo de la iberalización de las leyes sobre interrupción del embarazo en la última década en algunos países del mundo y, finalmente, efectúa una propuesta que se adecua con el principio  progresista de los derechos humanos (ver título «Aborto y Derechos Humanos» de la columna semanal Son Derechos en: http://derechos.org.ve/actualidad/sonderechos/2004/sd151004.htm).

Puede consultar o descargar (57Kb) esta propuesta en el sitio web de Provea en la dirección: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/propuesta_CP.pdf. 

A las múltiples denuncias relativas a la situación laboral de los/as enfermeros/as y del cuerpo médico nacional integrante de la Misión Barrio Adentro que fueron hechas públicas durante el mes de noviembre, Juana Contreras, coordinadora de Salud Primaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) respondió que “el problema fue que no hubo presupuesto planificado para Barrio Adentro en el año 2004. El presupuesto se fue elaborando a través de partidas que se fueron designando. Las enfermeras, por ejemplo, eran en principio voluntarias […] Ese presupuesto […] se fue elaborando con dinero fundamentalmente de MSDS, pero también colaboraron [Petróleos de Venezuela] PDVSA y el Ministerio de la Defensa (MD). El pago de las enfermeras iba a ser solventado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)» (El Nacional, 21.11.04, pág. B/21).

Contreras reconoció que a los/as enfermeros/as se les hizo un pago en efectivo y sin contratos en el mes de agosto “porque se trataba de un bono especial” (El Nacional, Ídem.). Destacó que la administración de la misión la lleva exclusivamente el MSDS y sólo en algunos municipios obtienen una ayuda logística pero no económica.

Por su parte, Francisco Armada, quien sustituyó a Roger Capella como titular del MSDS (cuya salida del despacho fue presuntamente provocada por esta problemática) afirmó que, desde el 24.11.04, el MSDS, a través del MEM, cancela a las 2.323 enfermeros/as que conforman la misión una ayuda económica por la cantidad de 250.000  bolívares (Ministerio de Comunicación e Información, 25.11.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=4310)

Con respecto al componente de médicos venezolanos de Barrio Adentro, se pudo conocer  que «varios galenos de Aragua, que quisieron mantener oculta su identidad, pertenecientes al postgrado de Medicina General Integral dependiente del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón, reclaman que no han recibido su beca salario por los servicios prestados a Barrio Adentro como parte de su especialización como médicos generales […] La mayoría está desde hace 3 meses sin salario y 21 […] no han recibido hasta los momentos nada, o sea, que tienen 5 meses sin ingresos [….] De 177 médicos que se inscribieron en el programa quedan 133, fundamentalmente debido a razones económicas” (El Nacional, 21.11.04, Op. cit.).

En otro orden de ideas, un total de 1.240 médicos/as venezolanos/as que conformaron la Coordinación Nacional Bolivariana de Residentes de Medicina General e integrantes de la Misión Barrio Adentro, denunciaron que «se sienten discriminados porque las autoridades del despacho no los reconocen como trabajadores y como consecuencia no disfrutan de aguinaldos, vacaciones, bono nocturno ni cestatickets, y el sueldo, además, no lo reciben con puntualidad» (El Nacional, 22.11.04, pág. B/20).

Para Provea las denuncias de los/as enfermeros/as y médicos/as participantes de la Misión ponen en evidencia prácticas violatorias a los derechos laborales. De acuerdo con la Constitución, el trabajo es un hecho social que merece protección estatal. En su artículo 39, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) define al trabajador como la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. Estos elementos están presentes en el personal que realiza labores para la Barrio Adentro. Hay que destacar que, de acuerdo con la LOT, no es indispensable la existencia de un contrato de trabajo para que un trabajador sea amparado por la legislación, la existencia de la relación laboral se presume (artículo 65), viniendo el contrato sólo a reafirmar lo que en la realidad existe. En este caso, la inexistencia de contratos firmados de trabajo implica que existe una relación laboral a tiempo indeterminado.

Una de las consecuencias más importante del trabajo es la remuneración. En este sentido, el hecho de que los/as enfermeros/as reciban una “ayuda económica” periódica, confirma, por una parte, su carácter de trabajadores y, por otra, revela una patente violación al derecho a un salario y a una remuneración justa. Todo trabajador debe recibir, al menos, un salario mínimo, fijado actualmente en 321.235,20 bolívares.

También preocupa que al personal de Barrio Adentro se le otorgue una remuneración bajo la figura de “beca trabajo” o “beca salario”, una categoría que no existe en la legislación venezolana, y con cuyo uso se pretende desconocer la relación laboral existente entre el personal que labora en Barrio Adentro y el MSDS.

Otra consecuencia del desconocimiento de la normativa laboral, es la estabilidad laboral. Durante los 3 primeros meses de trabajo, se entiende que el trabajador está en “período de prueba”, si continúa prestando servicios, la persona adquiere la estabilidad laboral consagrada en la LOT. Es decir, sólo puede ser despedido con justa causa (o mediante indemnización adicional), y comienza a ser acreedor de prestaciones de antigüedad, vacaciones anuales remuneradas, bonificación de fin de año y demás beneficios.

A Provea le preocupa que con el llamado a la solidaridad de las comunidades, los organismos estatales responsable de Barrio Adentro estén implementando medidas contrarias a la garantía a los derechos laborales de las personas que, con auténtico interés social, manifiesten su disposición a participar en esta misión. La interdependencia de los derechos humanos es un principio intrínseco. En ese sentido, el fortalecimiento del derechos humanos a la salud no puede darse a expensas de los derechos laborales. Por otra parte, los derechos laborales son irrenunciables, por ende, todo acto u omisión que menoscabe estos derechos son nulos.

La resolución Nº 10 del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), hecha pública el 29.11.04, a través de la Gaceta Oficial Nº 38.075 (Tribunal Supremo de Justicia, 01.12.04,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/291104/291104-38075-16.html), modifica la escala para otorgar subsidio directo a quienes opten por una vivienda o deseen mejorar su actual residencia (El Nacional, 01.12.04, pág. A/20).

«Aquellas personas o grupo familiar que devenguen hasta 20 unidades tributarias, equivalentes a 494.000 bolívares, tendrán derecho a un subsidio para comprar una vivienda nueva o de mercado secundario, por un monto de 650 unidades tributarias o 16.055.000. Los que perciban un ingreso entre 20 unidades (494.000 bolívares) y 55 unidades tributarias (1.358.500 bolívares) podrán recibir un subsidio de 13.585.000 bolívares, equivalente a 550 unidades tributarias. Quienes ganen entre 55 y 65 unidades (1.605.500 de bolívares) tendrán derecho a un subsidio por 9.880.000 bolívares (400 unidades tributarias). Las personas o grupos familiares que devenguen un sueldo entre 494.000 y 741.000 bolívares podrán optar a beneficios preferenciales» (El Nacional, Ídem.).

Igualmente, en la Resolución se restituye el beneficio para las personas con una remuneración entre 5 unidades (123.500 bolívares) y 20 unidades tributarias (494.000 bolívares), los cuales obtendrán del Estado hasta 1.358.500 bolívares (El Nacional, Ídem.).
«En un boletín de Conavi se explica que este subsidio directo a la demanda no constituye un aporte monetario a la persona o grupo familiar que lo requiera, sino que se entrega al vendedor del inmueble al momento de protocolizar el documento de venta» (El Nacional, Ídem.).

Casi 23 meses tiene la Asamblea Nacional (AN) incumpliendo con su obligación de aprobar las 6 leyes que servirán de base a la Ley del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) aprobada el 30.12.03 (ver edición Octubre 2002/ Septiembre 2003 del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los derechos Humanos en Venezuela en: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/4seguridadSOCIAL.pdf).

Desde noviembre de 2003 permanece en la Secretaría de la AN el proyecto del régimen prestacional de Empleo y Desarrollo Laboral, aprobado en primera discusión el 18.11.03. A éste, se le sumaron recientemente los proyectos de Salud, y de Vivienda y Hábitat (aprobado en primera discusión el 29.01.04) (Radio Nacional de Venezuela, 30.11.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=10&t=10900). 

Mientras tanto, el proyecto de ley del régimen prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas fue aprobado en primera discusión el 01.06.04.
El resto de proyectos de ley (régimen prestacionales de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas y de Seguridad y Salud en el Trabajo) aún esperan por el debate parlamentario correspondiente.

Ante esta situación, el diputado Ángel Rodríguez (Movimiento Quinta República), presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, afirmó que dicha instancia se declaró desde finales de octubre en «emergencia parlamentaria» (Diario 2001, 18.11.04, pág. 7). Sin embargo, conviene recordar que en abril de este año, el mismo Rodríguez prometía la aprobación definitiva de dichos instrumentos para antes del asueto parlamentario de agosto (ver edición Nº 136 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_136.htm). 

Aunque la medida comprometía a los parlamentarios a aprobar los subsistemas sancionados en primera discusión antes del 15.12.04, «se pudo conocer, con carácter extraoficial, que la materia entraría en agenda en enero» (Diario 2001, Ídem.).

Provea considera que la mora legislativa en tan importante materia debe resarcirse para impulsar cambios reales en el sistema de seguridad social.

Canasta Alimentaria Normativa

MESValor Mensual
(en bolívares)		Tasa de Variación
Intermensual		Tasa de Variación
Acumulada 2004		Tasa de
Acumulación
Interanual 2003/2004		Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Agosto 330.094,220,98
(3.190,12
bolívares)
15,9
 		 26,4 2,6

Septiembre
 		 334.192,651,24 
(4.098,43
bolívares)		17,4 263,8 
Octubre (**)335.959,69 ▲0,53
(1.767 bolívares)		18,05 ▲24,2 ▼4,3 ▲
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Nacional, 01.12.04, pág. A/19.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de los alimentos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) indicada para un grupo familiar de 5 personas, registró una tendencia cada vez más desacelerada y estable en su incremento, en comparación con su comportamiento para el año 2003.

El INE revela que 4 grupos de alimentos subieron de precio: café, té y similares, con una variación de 4,38%; leche, queso y huevos de 3,82%; pescados y mariscos de 1,42%; y, carnes y sus preparados de 0,77%. Mientras que los grupos de alimentos que bajaron sus precios fueron: frutas y hortalizas con variación negativa de – 1,65%; azúcar y similares de – 1,12%; semillas, oleaginosas y leguminosas de – 0,65%; y, grasas y aceites – 0,49% (El Nacional, 01.12.04, pág. A/19).

Además, el INE señaló que los precios de los alimentos regulados aumentaron 0,68%, mientras que los alimentos no regulados bajaron sus precios 0,08% (El Universal, 01.12.04,
http://www.eluniversal.com/2004/12/01/eco_art_01151C.shtml).

Canasta Básica Familiar

MESValor Mensual
(en bolívares)		Tasa de Variación
Intermensual		Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Octubre1.469.575X78,1
Noviembre1.486.236  ▲1,178,3 ▲
Fuente: CENDAS extraído de El Nacional, 02.12.04, pág. A/24.
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), informó que «la cesta básica –compuesta por los alimentos, servicios públicos, vivienda y otros bienes fundamentales- fue impactada mayoritariamente por el alza de 20% en los pasajes del transporte colectivo» (El Nacional, 02.12.04, pág. A/24).

Canasta Alimentaria de los Trabajadores

MESValor Mensual
(en bolívares)		Tasa de Variación
Intermensual		Tasa de Variación
Acumulada 2004		Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Octubre512.28236,4
Noviembre523.638 ▲2,216,7
(75.082 bolívares)		38,6 ▲
Fuente: CENDAS extraído de El Universal, 02.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/02/eco_art_02154G.shtml.
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), influyó en el aumento del valor de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) el alza en los precios de 7 rubros de los 11 que la conforman: «subieron sus precios las frutas y hortalizas (8,3%), cereales y productos derivados (3%), bebidas no alcohólicas (2,4%), raíces y tubérculos (1,9%), leche, quesos y huevos (1,2%), carne (0,7%), productos alimenticios (0,6%). Sólo bajaron sus precios el rubro semillas, oleaginosas y leguminosas (1%), grasas y aceites (1%), pescados (0,5%) y azúcar (0,4%)» (El Universal, 02.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/02/eco_art_02154G.shtml).

El pasado 25.11.04, fue aprobada en segunda discusión de la plenaria del parlamento la reforma a la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores del año 1998, la cual quedó derogada para la entrada en vigor de Ley de Alimentación para los Trabajadores «extendiendo el ámbito de la norma a aquellas personas que devenguen un salario normal que exceda 3 salarios mínimos urbano, toda vez que la norma vigente contemplaba el beneficio para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, la cual regirá para empresas públicas y privadas que tengan más de 20 empleados» (Asamblea Nacional, 25.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6289).

Este instrumento establece 6 modalidades de implementación de este beneficio: i) mediante la instalación de comedores operados por la empresa o contratados, en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones; ii) contratando el servicio de comida elaborada por empresas especializadas; iii) entregando a los/as trabajadores/as cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación emitidas por empresas especializadas, con los que podrán obtener comidas o alimentos en restaurantes o establecimientos de expendio de alimentos o comidas elaboradas; iv) entregando a los/as trabajadores/as una tarjeta electrónica de alimentación emitidas por una empresa especializada destinada a la compra de comida o alimentos que podrá ser utilizada únicamente en restaurantes, comercios o establecimiento de expendio de alimentos con los cuales la empresa haya celebrado convenios a tales fines; v) instalando comedores comunes por parte de varias empresas próximas a los lugares de trabajo para que atiendan a las personas beneficiarias; y, vi) utilizando los servicios de los comedores administrados por el órgano estatal competente en materia de nutrición.

La nueva ley rechaza que el beneficio sea pagado en dinero efectivo o su equivalente u otro medio que desvirtúe su propósito. En caso de que el beneficio previsto en esta ley se encuentre consagrado en convenciones colectivas, la elección de la modalidad de cumplimiento deberá ser de común acuerdo entre el empleador y los sindicatos que sean parte de dicha convención.

Además, la normativa señala los casos de infracción a la ley, incluyendo el canje indebido del cupón o ticket por dinero u obtención de cualquier crédito a través de las tarjetas electrónicas. También prevé su uso indebido cuando sean usados para el canje, pago o compra de cualquier producto que no se destine a la alimentación, bebidas alcohólicas, cigarrillos, así mismo, se prohíbe el descuento, cobro de comisión o carga fiscal sobre el valor real del cupón, ticket o tarjeta electrónica. Las Infracciones a esta norma provocarán sanciones para los establecimientos e, incluso el cierre temporal del mismo, en caso de reincidencia.

Asimismo se observan sanciones para aquellos empleadores que incumplan con el otorgamiento del beneficio a sus trabajadores. La ley prevé la imposición de multas que oscilan entre 10 unidades tributarias (UT) y 50 unidades tributarias, así como la aplicación de sanciones por parte de la Inspectoría del Trabajo, previstas en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

En consonancia con las declaraciones de algunos altos funcionarios del Estado venezolano sobre el tema de los productos transgénicos (ver edición Nº 137 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm), Nuris Orihuela, viceministra de Investigación e Innovación, anunció la puesta en marcha de un laboratorio para localizar organismos modificados genéticamente , a fines de 2005.

Orihuela recordó que la posición del Estado es suficientemente clara: “No se acepta el consumo de transgénicos hasta que exista seguridad de que no causan efectos secundarios en el ser humano y en el ambiente. Pero es necesario hacer investigación” (El Nacional, 20.11.04, pág. B/18).

La funcionaria explicó que la medida se ejecutará porque «en la actualidad ningún ente del Estado posee las herramientas para detectar si algún producto de consumo masivo ha sido manipulado genéticamente» (El Nacional, Ídem.).

Orihuela afirmó que los centros de investigación estudian el proceso de transgénesis para poder establecer mecanismos de control, pero advierte que no se permitirá la utilización de esa tecnología para el consumo.

Con financiamiento (1,2 millones de dólares) del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), y con el liderazgo del Instituto de Estudios Avanzados, se está trabajando para crear un laboratorio de referencia nacional que permita hacer la pesquisa de transgénicos en la cadena agroalimentaria. El centro, que estaría equipado a fines del año 2005, debería encargarse de evaluar los productos agrícolas antes de que reciban la autorización de entrada a la nación.

Entre el 22 y 23.11.04 se celebró en Quito, Ecuador, el Foro sobre el Hambre en los Países Andinos, organizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas (Organización de Naciones Unidas, 19.11.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3520&criteria1=cepal&criteria2=).

En el evento fue presentado el documento «Hambre y Desigualdad en los Países Andinos» que, entre otras conclusiones, señala que «a pesar de que América Latina tiene grandes extensiones de tierra fértil y produce alimentos como para alimentar a un número 3 veces mayor al de su población. Pero el flagelo del hambre ataca con dureza a los grupos más vulnerables en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, muchas personas de la región padecen hambre» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 18.11.04, http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.aspxml=/prensa/noticias/comunicados/0/20340/P20340.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl).

A juicio de Rodrigo Martínez, experto de la CEPAL: «los grupos más afectados por el hambre en la subregión andina son las poblaciones rurales indígenas. Están las diferencias educativas que se pudieran dar en cualquier grupo étnico; pero a su vez, dentro de las pautas culturales, y eso quizás se ha analizado poco, las diferencias étnicas [….] En el mundo andino hay 190 grupos étnicos distintos, que no por el hecho de ser indígenas tienen el mismo tipo de problema” (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).

Otra instancia del sistema ONU también manifestó su preocupación con respecto a la situación del hambre y la desnutrición en el mundo. En efecto, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se reunió entre el 22 y el 27.11.04 en su sede de Roma, para un nuevo período de sesiones, en el que se ocupó de diferentes asuntos, entre ellos el estado de la agricultura y la alimentación en el mundo .

La base del debate es un documento según el cual se reconoce que «debido al crecimiento demográfico, el número total de personas malnutridas en los países en desarrollo descenderá lentamente, pasando de 815 millones a principios de los años 90 a 610 millones en 2015» (Unión Radio, 22.11.04, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?NoticiaId=125675).

La cifra de reducción de la pobreza establecida por la ONU en sus metas del milenio no se alcanzará hasta 2030, según la previsión de la FAO. La reducción de esas cifras «ha sido lenta y muy irregular en los diferentes países y regiones, pero además las estimaciones más recientes parecen indicar que la tendencia descendente del número de personas malnutridas quizá se haya invertido en los últimos años» (Unión Radio, Ídem.).

En la actualidad la incidencia más alta de la malnutrición se da en el África subsahariana, donde afecta a un tercio de la población, una cifra muy superior al 17% correspondiente a Asia y el Pacífico y el 10% estimado tanto para América Latina y El Caribe como para Oriente Próximo y África del Norte.

El informe de la FAO apunta que en mayo de 2004 había 35 países expuestos a graves situaciones de escasez alimentaria en todo el mundo. Las causas son los disturbios civiles y las condiciones atmosféricas adversas, incluida la sequía, así como el efecto de las enfermedades, en especial el SIDA, en la producción, comercialización, transporte y utilización de los alimentos.

Según el Panorama Social de América Latina 2004, informe presentado el 30.11.04 por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el crecimiento económico de este año permite estimar que 2.000.000 de personas saldrán de la pobreza en la región, lo que representa una disminución de la pobreza del 1% con respecto al 2003 y situaría el número de pobres en 224 millones de personas, de los cuales 98 millones son indigentes.

Asegura el informe de la CEPAL que la población que vive bajo la línea de pobreza estaría en un nivel similar al registrado en 2001 (43,2%), mientras que la indigencia estaría en un 18,9%, lo que muestra una «leve mejoría en 2004, que no alcanza a revertir el deterioro de los 3 años previos» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 01.12.04, http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.aspxml=/prensa/noticias/comunicados/8/20388/P20388.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl).

José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL señaló que, a partir del informe, se observa que «desde el año 2000, cuando 189 países asumieron los compromisos de la Declaración del Milenio en Naciones Unidas, la población latinoamericana pobre ha aumentado a un ritmo superior al de la población total. Las cifras correspondientes a 2004 confirman a Chile como el único país que ha cumplido con la meta del Milenio de reducir la pobreza extrema. En Brasil, Ecuador, México, Panamá, y Uruguay los porcentajes de avance hacia el cumplimiento de la primera meta superarían el 56%, pero Argentina, Paraguay y Venezuela tendrían mayores niveles de indigencia que en 1990» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

Machinea advirtió que «los datos confirman nuevamente que la región tiene la distribución del ingreso menos equitativa del planeta, con niveles altos y crecientes de desigualdad» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

El informe de la CEPAL define las características de la pobreza y los factores que conspiran contra una eficaz inserción social, que abarcan ámbitos tan diversos como el tamaño y la composición del hogar, la dotación de capital humano, la participación en el mercado laboral, y el acceso a la vivienda y los servicios básicos.

En cuanto a los aspectos demográficos tratados por la CEPAL en su informe, se destaca que «la esperanza de vida al nacer es de 72 años y el nivel promedio de la tasa de fecundidad es inferior a los 3 hijos por mujer. La caída de la tasa de fecundidad ha sido generalizada […] Sin embargo, preocupa el aumento de la maternidad adolescente, que tiene múltiples consecuencias negativas: entre un 25% y un 35% de las jóvenes, según el país, tiene su primer hijo antes de cumplir los 20 años. La transición demográfica trajo 2 grandes cambios: la disminución de la dependencia demográfica y el envejecimiento de las poblaciones. Este último planteará un enorme desafío, ya que 1 de 4 latinoamericanos será adulto mayor en el 2050. El aumento de la esperanza de vida al nacer es un logro indiscutible y comenzó con el descenso de la mortalidad en la infancia, desde 128 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos entre 1950-1955 a 28 muertes en 2000-2005. La reducción de la mortalidad infantil se da en todos los países, pero los grupos indígenas, rurales y con madres menos educadas están más desprotegidos» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

El estudio asegura que también disminuyeron las muertes por enfermedades transmisibles (infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio), aunque aumentaron aquellas por enfermedades crónicas y degenerativas (del aparato circulatorio y tumores malignos) y las provocadas por violencia, accidentes y traumatismos.

El informe subraya un fenómeno preocupante de la juventud en la región: «si bien los jóvenes tienen ahora más acceso a la educación que los adultos, cuentan con menos oportunidades de empleo y de acceso al poder. Con más expectativas de autonomía que generaciones anteriores, no tienen los canales productivos e institucionales para plasmar tales expectativas» (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Ídem.).

Puede consultar o descargar una síntesis de este informe en el sitio web de la CEPAL, en la dirección: http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/0/LCL2220PE/PSE_2004_Sintesis_Web.pdf.

Indicadores de los derechos laborales

Indicador/MesAgostoSeptiembreOctubre
Tasa de Ocupación Mensual49,5
(5.119.222 personas ocupadas)		51,7
(5.412.090 personas ocupadas)		(5.686.851 personas ocupadas)
Tasa de Ocupación IntermensualX
 		2,2
(292.868 personas ocupadas más)		(*)
(274.761personas ocupadas más)
Tasa de Ocupación
Interanual
2003/2004		XX 86,3 ▲ (*)
(10.455.188 personas ocupadas)
 
Tasa de Desocupación Mensual14,2
(1.704.704 personas desocupadas)		14,5
(1.774.722 personas desocupadas)		13,7 ▼ (*)
Tasa de Desocupación Intermensual1,1
(139.478 personas desocupadas)		0,3X
Tasa de Desocupación Interanual
2003/2004		3,6
(444.974 personas desocupadas)		3,5
(419.485 personas desocupadas)		(*)
(372.301personas desocupadas)
Tasa de Informalidad MensualXX46,6 ▼ (*)
(4.871.875 trabajadores/as informales)
Tasa de Informalidad
Interanual
2003/2004		2,54,4
(202.939 trabajadores/as informales)		X
Notas: (*) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de Últimas Noticias, 27.11.04, pág. 21.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia descendente en el indicador del desempleo mostrada en las últimas mediciones mensuales ubicarían a éste en 11%, al final de este año (Últimas Noticias, 27.11.04, pág. 21)

Situación Trimestral de la Población Económicamente Activa (*)

Indicador/Mes3er. Trimestre
Tasa de Ocupación TrimenstralX
Tasa de Ocupación IntertrimenstralX
Tasa de Ocupación Trimenstral
Interanual 2003/2004		X
Tasa de Desocupación Trimenstral15 ▼ (*)
(1.818.707 personas desocupadas)
Tasa de Desocupación Intertrimenstral1,1 ▼ (*)
(121.115 personas desocupadas menos)
Tasa de Desocupación Trimenstral
Interanual 2003/2004		2,9 ▼ (*)
(344.818 personas desocupadas menos)
Tasa de Formalidad Trimenstral49,9 ▲ (*)
(5.130.598 personas ocupadas)
Tasa de Formalidad Intertrimenstral▲ (*)
(123.411 personas ocupadas más)
Tasa de Formalidad Trimenstral
Interanual 2003/2004		2,6 ▲ (*)
(455.503 personas ocupadas más)
Tasa de Informalidad Trimenstral50,1 ▼ (**)
(5.153.995 personas ocupadas)  
Tasa de Informalidad Trimenstral
Interanual 2003/2004		X
Notas: (*) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de Diario 2001, 24.11.04, pág. 4.
(**) datos del Instituto Nacional de Estadística extraídos de El Universal, 24.11.04,
http://www.eluniversal.com/2004/11/24/eco_art_24149A.shtml.

Con respecto al comportamiento trimestral de los indicadores laborales, la fuente destaca que el INE registró un aumento en la ocupación dentro del sector público , tanto en la comparación interanual como en la comparación intertrimestral, al concentrar este sector el 16% de las personas ocupadas (1.647.989 personas ocupadas) en el lapso del 3er, trimestre de este año (Diario 2001, 24.11.04, pág. 4) mientras que el sector privado, retiene a un 84% de las personas ocupadas (Aporrea, 24.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53013).

En comparación con el 3er. trimestre del año 2003, cuando el sector público ocupaba el 14,1% (1.399.027 personas) de la Población Económicamente Activa (PEA), el aumento interanual es de 1,9% (248.962 personas). Mientras que, en el sector privado la comparación interanual de la tasa de ocupación del 3er. trimestre bajó un 1,7% (85,7% en el año 2003). Las áreas de construcción, establecimientos financieros, manufactura y comercio son las que muestran la mayor tasa de desempleo para el primer trimestre (El Universal, 24.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/24/eco_art_24149A.shtml). En tanto que los sectores que han colaborado en el aumento de nuevos puestos de trabajo fueron principalmente transporte y comunicaciones, servicios comunales e industria manufacturera (Cadena Global, 24.11.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=79363&Sec=%208).

Con respecto a la tasa de informalidad del 3er. trimestre, el INE observó que existe un comportamiento estable en el sector al compararla con la del año 2003 (50,5%) (5.111.725 personas) (El Universal, Ídem.).

Para Elías Eljuri, presidente del INE, las razones del mejoramiento de estos indicadores en el último reporte de su despacho tienen que ver con que «se viene recuperando la economía […] Así como la inflación baja poco a poco al punto que al décimo mes del año se ubica en 15,4% cuando en ese mismo lapso de 2003 era de 22,5%, y el Producto Interno Bruto se expande a tasas aceleradas que lo ubican sobre 15%, también en el sector del empleo se observa el alcance de los objetivos macroeconómicos de la política gubernamental» (Gobierno en Línea, 25.11.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=26631).

Añadió que «cuando en los próximos días se revelen cifras de proyección del cuarto trimestre del año, se va a reflejar más claramente el crecimiento que está teniendo la economía, y lo más importante del proceso que se está dando es que se observa una disminución del sector informal y un incremento del sector formal de la economía»(Gobierno en Línea, Ídem.).

Por su lado, Jorge Botti, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), aseguró que lo que se ha producido es una recuperación de la actividad económica, pero no de las plazas de trabajo «porque lo que hemos hecho es recuperar lo perdido» (Gobierno en Línea, Ídem.). Agregó que los comercios «salvo excepciones, no han contratado más personal del que había antes del conflicto político (2003), y una baja de 15% a 13% o 12% es razonable porque ya estamos entrando en una fase donde sí hay un crecimiento real de la economía» (Gobierno en Línea, Ídem.).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A continuación presentamos un somero análisis de algunos de los 22 artículos de la reforma del Código Penal (CP) propuesta por parlamentarios del bloque del cambio, que apoya al gobierno nacional, aprobados el pasado 02.12.04, en su segunda discusión de la Asamblea Nacional.

Entre los cambios aprobados resalta positivamente la derogatoria del artículo 393 del CP vigente que planteaba la reducción de la pena a los imputados por el delito de violación en aquellos casos en que fuera cometido contra una trabajadora sexual.

Con relación al financiamiento que pueda venir de nacionales o extranjeros, el proyecto mantiene, con algunos cambios de redacción, lo establecido en el proyecto de ley y agrega un nuevo artículo (296) en el que señala lo siguiente: “el venezolano o extranjero residente en el país, que facilite directa o indirectamente a país o república extranjera, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, albergue, resguardo, le entregue o reciba de ellos sumas de dinero, provisiones de alimentos, o cualquier tipo de apoyo logístico, pertrecho de guerra o aparatos tecnológicos que puedan emplearse en perjuicio de la República de Venezuela, la integridad de su territorio, sus instituciones republicanas o desestabilice el orden social, será castigado con prisión de 10 a 15 años

Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medida alternativas del cumplimiento de la pena”.

Si bien la redacción precisa de un modo detallado el delito de conspiración, queda abierta a la discrecionalidad judicial y del Ministerio Público (MP) la posibilidad de aplicar este artículo a organizaciones no gubernamentales que reciban dinero de fundaciones y gobiernos extranjeros, pues, en estos casos, sus actividades podrían considerarse contraria a las instituciones republicanas. A juicio de Provea, el Estado debe sancionar toda acción tendiente a desestabilizar violentamente la institucionalidad, pero debe hacerlo sin que ello se traduzca en una criminalización de la disidencia y de la protesta social y/o política.

Entre los artículos aprobados se ratifica y amplia la figura del vilipendio o desacato que claramente limita la posibilidad de la crítica y del escrutinio de las distintas autoridades públicas y sus funcionarios. Los artículos aprobados consagran esta figura para el Presidente de la Republica (con sanciones que abarcan prisión de 6 a 30 meses), Vicepresidente Ejecutivo, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), diputados, Defensor del Pueblo (DP), Fiscal General, Contralor o algún miembro del Alto Mando Militar y alcaldes. En este sentido, el artículo 148 quedó redactado de este modo: “quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien está haciendo sus veces, será castigado con prisión de 6 a 30 meses, si la ofensa fuere grave, y con la mitad de ésta si la pena fuera leve. La pena se aumentará en una tercera parte, si la ofensa se hubiere hecho públicamente”.

Igualmente, el 149 incluye a otras autoridades publicas discriminándolas del Presidente al establecer penas menores en función de su categoría en el escalafón de los poderes públicos.

La catalogación de tales hechos como delictivos contraviene de modo directo lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, debidamente ratificados por el Estado venezolano y limitan de modo arbitrario el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión. Su mera inclusión en el CP establece un dispositivo que favorece la autocensura y por tanto afecta negativamente el derecho a la información y la posibilidad de expresarse libremente sobre los funcionarios. La discriminación que establece este articulado es clara, el funcionario que ofenda a un ciudadano no podrá invocar una pena parecida a la que se le aplicaría por la ofensa que él pueda hacer. Por otra parte, limita el escrutinio ciudadano de la gestión pública, afectando con ello una de las expresiones que goza con mayor protección en el sistema universal e interamericano de Derechos Humanos. La expresión política es la que goza con mayor protección dada su relevancia para las sociedades democráticas y la propia realización de los Derechos Humanos.

En otro orden de ideas, la reforma del artículo 358 quedo redactada del siguiente modo : “quien ponga obstáculos en la vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierra las comunicaciones de esas días, haga falsas señales o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de 4 a 8 años. Quien cause interrupción en las vías de comunicación mediante voladuras o quien por este mismo medio, cause descarrilamiento o naufragio de un medio de comunicación, será castigado con prisión de 6 a 10 años […] Quien asalte o ilegalmente se apodere de buques, accesorios de navegación, aeronaves, transporte colectivo o de la carga que ellos transporten, sean o no propiedad de empresas estatales, serán castigados con pena de prisión de 8 a 16 años. Si para la comisión de los delitos establecidos en este artículo, concurren varias personas, la pena aumentará en un tercio […] Quien asalte un taxi o cualquier medio de transporte colectivo para despojar a sus tripulantes de sus pertenencias, será castigado con pena de prisión de 10 a 16 años.

Parágrafo único: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho procesales de la ley, ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”

El modo en que se describen estos tipos delictivos, que se asocian a recientes coyunturas políticas nacionales, facilita la criminalización de la protesta política y social. El aumento de las penas puede limitar la exigencia social de derechos legítimos y del mismo modo facilitar la sanción arbitraria de quienes reclaman servicios públicos, empleo decente o reivindicaciones de carácter local, entre otras exigencias. Su tipificación coincide con los gobiernos que mantienen las posiciones mas regresivas en el campo de los derechos humanos, bajo los pretextos de la lucha contra el narcotráfico, las guerrillas, el terrorismo y el orden público.

Para Provea esta apresurada reforma del CP, promovida por el oficialismo, representa una regresión en materia de legislación penal y se aparta de los principios y normas sobre derechos humanos. A su vez, constituye un acto de irresponsabilidad de la fracción política mayoritaria de la AN, pues se está obviando el paciente trabajo que desde hace 3 años realiza la Comisión Mixta Parlamentaria que trabajó en un proyecto de reforma al CP y al código de justicia militar. Tampoco toma en cuenta el proyecto presentado por el TSJ.

Tal premura hace pensar que a los diputados les interesa más imponer normas de corte represivo que, de una u otra forma, puedan minimizar la incidencia de cualquier tipo de disidencia contra el gobierno.

Finalmente, a partir de esta lectura razante de los aspectos mencionados anteriormente, Provea lamenta que este proyecto no garantice un CP moderno acorde con la integralidad y la progresividad de los derechos humanos.

A propósito de esta discusión, puede consultarse o descargarse del sitio web de Provea el documento realizado por el abogado Fernando Fernández, integrante de la Comisión Mixta Parlamentaria, que plantea comentarios sobre la reforma parcial del CP, en la dirección http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/analisiscomparativo_CP.pdf.

En una sesión extraordinaria efectuada el pasado 24.11.04 fue aprobada por mayoría oficialista de la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) y con el voto salvado del Bloque por la Autonomía Parlamentaria, en segunda discusión, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (LRSRT), (Asamblea Nacional,  24.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6286). La ley aprobada mantiene los principales elementos contrarios al contenido al derecho a la libertad de expresión que fueron cuestionados, desde el año 2000, cuando se inició el debate público sobre esta iniciativa legislativa.

Compuesta de 35 artículos organizados en 7 capítulos: Disposiciones generales, De la difusión de mensajes; De los Servicios de Radio y Televisión por Suscripción Aplicabilidad; Acceso a Canales de Señal Abierta y Bloqueo de Señales; De la Democratización y Participación; Órgano con Competencia en Materia de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; Fondo de Responsabilidad Social y Tasas; y Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

Igualmente contiene 2 disposiciones adicionales, una de las cuales define plazos de hasta 3 años para la vigencia plena del instrumento legal. Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley será paulatina y no todos los artículos de dicha ley entrarán en vigencia al unísono, pues se declaró una vacatio legis que culminará en marzo de 2005 (El Nacional, 25.11.04, pág. A/5).

En esta situación están las limitaciones para la transmisión de contenidos de salud, sexo, violencia y lenguaje, las cuales comenzarán a regir 3 meses después de la publicación en Gaceta Oficial. La mayoría de las regulaciones a la televisión por suscripción entrará en vigencia en 6 meses, mientras que la programación infantil obligatoria tendrá que esperar hasta diciembre de 2005 (El Nacional, Ídem.)También se establecieron diversos plazos para la aplicación de las disposiciones sobre los productores nacionales independientes, que sólo dentro de 2 años tendrán el espacio completo establecido en el texto legal (El Nacional, Ídem.).

Según otra fuente, en los 30 días siguientes a su entrada en vigencia el Ejecutivo deberá designar a sus representantes en el Directorio de Responsabilidad Social y en el Consejo de Responsabilidad Social, instancias creadas por este novel marco legal para su aplicación (El Universal, 25.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/25/pol_art_25186A.shtml).

La ley aprobada mantiene una descripción genérica para la tipificación de los hechos susceptibles de sanción, lo que favorece su discrecionalidad; mantiene la mayoría del Ejecutivo nacional en el Directorio de Responsabilidad Social y establece sanciones económicas con montos elevados y la suspensión parcial de las transmisiones, además de la revocatoria de la concesión. El monto de las sanciones, los tipos definidos y la composición del órgano sancionatorio constituyen un dispositivo que favorece los mecanismos de autocensura, lo que repercutirá negativamente en el derecho a la información de todos los ciudadanos.

En el artículo 1 se incluye a los medios públicos en el ámbito de aplicación de la ley. En el articulado que desarrolla las sanciones se incluye la imposición de multas y la suspensión de las concesiones otorgadas. La derogatoria de la concesión no aplicaría a los medios públicos lo cual establece una discriminación en la aplicación de las penas.

El artículo 2 de la ley, incluye un conjunto de principios, la mayoría de ellos, contenidos en el desarrollo de los estándares internacionales del derecho humano a la libertad de expresión y a la información, pero que se contradicen en el articulado que desarrolla las sanciones y las penas.

La ley mantiene los condicionamientos de veracidad e imparcialidad, para la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3, del artículo 3. Este tipo de condicionamientos contradice el Principio 7 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión IDH en 108ª periodo ordinario de sesiones que establece lo siguiente: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”

El artículo 5 establece una definición de los tipos de programas: educativo, Informativo, Opinión; Informativo y de Opinión y Recreativo. En la definición de los programas informativos se reitera que estos programas son aquellos “cuando se difunde información sobre personas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales de manera imparcial, veraz y oportuna”. Estos condicionamientos reiteran los condicionamientos a la información lo que es contrario a la doctrina del derecho humano a la libertad de expresión y a la información. Por ejemplo: en la categoría de elementos de lenguaje se establece como elementos tipo C, se incluyen manifestaciones escatológicas, que tiene al menos dos acepciones: creencias referidas a la vida de ultratumba y expresiones o anécdotas relacionadas con los excrementos. O lo referido a las expresiones que tienen un carácter soez .

El artículo 7 establece los bloques horarios para los tipos de programas. Se establece un horario para todo usuario que abarca desde las 7:00AM hasta las 7:00PM (es decir el 50% de la programación posible durante el día) Un horario supervisado que comprende entre las 5:00AM y las 7:00AM y entre las 7:00PM y 11:00PM. Un horario adulto que comprende entre las 11:00PM y las 5:00AM. La extensión horaria del horario protegido es bastante amplia y limita la posibilidad de modelos de programación especializada como el informativo e incluso es contradictorio con el condicionante de oportuna establecido en el artículo 3 de la propia ley. Un determinado suceso, que tenga componentes violentos, no podría ser informado en el horario para todo usuario, por cuanto sería contrario a las definiciones establecidas en el artículo 6. La restricción horaria establecida por periodos amplios constituye una restricción que limitaría el debate público y que tendría efectos inhibitorios entre comunicadores y medios, para expresiones política que muchas veces están llenos de intemperancia verbal y hasta descalificaciones e insultos. La expresión política es una de las que goza de amplia protección en los instrumentos y jurisprudencia en procura de un mayor escrutinio público de los funcionarios y de la importancia del debate acerca de los asuntos públicos en las sociedades democráticas.

El artículo 12, incluye una modalidad de participación ciudadana, la de los comités de usuarios y/o usuarias de radio y televisión. Este aspecto es interesante y reivindica la organización de la sociedad para desarrollar mecanismos de control social sobre los aspectos relativos a los medios audiovisuales. Entre los requisitos se establece que deben tener un número mínimo de 20 personas naturales inscritas, que no trabajen o hayan trabajado en medios de comunicación y que sean entes sin fines de lucro. Las consideraciones de número y la discriminación de pertenencia o no a un medio limitan la participación de los ciudadanos y no guardan coherencia con las posibilidades que les otorga la ley, y que pueden considerarse inherentes a todo ciudadano, sin ningún tipo de requisito previo.

El artículo 20, define la configuración del Directorio de Responsabilidad Social. La mayoría queda compuesta por funcionarios del ejecutivo nacional y tiene atribuciones en la tarea de sancionar a los medios. El Artículo 21 establece un Consejo de Responsabilidad Social, que no cuenta con atribuciones particulares y está supeditado a las consultas que realice el Directorio de Responsabilidad Social. Se establece un Fondo de Responsabilidad Social orientado a la promoción de la producción nacional, capacitación, educación crítica e investigación.

En el Capitulo VII, se desarrollan las sanciones por el incumplimiento de la legislación. La principal característica es la extensión de los tipos de violaciones y el alto monto para las multas. La lista de sanciones comprendidas en el artículo 28 abarcan 3 cuartillas, existen 47 posibles infracciones, y no están claramente establecidos los derechos de estos eventuales infractores. Dadas las definiciones, que permiten un alto componente discrecional para aplicar las sanciones y el monto elevado de las multas, su aplicación puede reducir o desaparecer a algunos medios de comunicación radioeléctricos. En esta versión se cambió la unidad de cálculo, anteriormente se utilizó las unidades tributarias, por multas en un rango que oscila entre el 1 al 2 por ciento de la facturación bruta del período fiscal anterior a la ocurrencia de los hechos.

El artículo 29 establece suspensión hasta por 72 horas para mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o inciten al delito; sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Si bien estas consideraciones están incluidas en los instrumentos internacionales su aplicación requiere que se cumplan algunos requisitos que no alcanza esta ley. Todos y cada uno de los tipos de delitos señalados deben ser desarrollados y explicitados de tal modo que no haya lugar a interpretaciones ambiguas y que puedan ser revisados por jueces imparciales, mediante procesos que permitan validar la restricción en cada caso  (Cfr. Principio 1 de la Declaración de principios de Johannesburgo sobre la libertad de expresión, Estados de Excepción y acceso a la información.]

En este caso debe hacerse de tal modo que: “cuando se exige que la restricción esté «prevista por la ley» se apunta a que dicha ley sea adecuadamente accesible, esto es que el ciudadano debe poder tener una indicación adecuada en las circunstancias de las normas legales aplicables a un caso dado, y, en segundo lugar, a que ella sea formulada con la suficiente precisión como para permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo prever las consecuencias que pueden surgir de una determinada conducta.”[ Pinto, Mónica. Libertad de expresión y derecho a la información como derechos humanos. Serie.: Estudios Básicos de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, IIDH, 2000. P. 38]

Además de ser establecidas por ley deben ser necesarias, para la consecución de tales objetivos; y deben ser proporcionales al fin buscado, esto es, no deben ir más allá de lo estrictamente requerido para la protección de los derechos de otros o del interés público involucrado. El requisito de necesidad está calificado en las convenciones, como ya se ha visto, por la referencia a una sociedad democrática. Por «necesaria» se ha entendido no que debe ser indispensable, pero sí que la restricción debe responder a una apremiante necesidad social. Debe poder demostrarse que no se puede alcanzar el fin de proteger los intereses públicos o los derechos de otros por medios menos restrictivos que los empleados. Es ampliamente aceptado el principio de interpretación en el sentido que debe imperar una presunción en favor de la libertad de expresión y de que las restricciones deben interpretarse, a su vez, restrictivamente y de acuerdo a las exigencias de una sociedad democrática.[Cfr. HRW. Informe sobre Libertad de Expresión en Chile, 1998.]

La aplicación del artículo 29, sin un desarrollo que explicite de modo expreso el contenido de la regulación referida a los aspectos señalados y con el carácter que tiene el organismo sancionador, que es dependiente casi exclusivamente del ejecutivo nacional, implica un amplio poder discrecional que no advierte a los ciudadanos las implicaciones de determinados actos o expresiones, que al no estar definidas previamente responderían al libre albedrío de los funcionarios responsables de sancionar.

En el artículo 33, se desarrolla la posibilidad de aplicación de medidas cautelares por parte de Conatel. Dada la vaga definición de los tipos sancionables y el aumento de la discrecionalidad, dado que esta medida se aplicaría sin la decisión del Directorio de Responsabilidad Social, se incurre en un tipo de censura previa. La ejecución de tales medidas permite que este funcionario puede ordenar, de forma anticipada, a un medio de comunicación que se abstenga de emitir un programa, promoción o publicidad, si se presume que éste contenido promueve o incita a la guerra; promueve o incita a alteraciones del orden público; promueve o incita al delito; sea contrario a la seguridad nacional o sea anónimo. El funcionario podrá actuar por iniciativa propia o por petición de alguien.

El proyecto de ley no desarrolla aspectos sustanciales del derecho humano a la libertad de expresión y a la información relacionados con la responsabilidad social como el derecho de rectificación, replica y/o respuesta. Este derecho de todos los ciudadanos debe ser exigible de modo directo ante los medios públicos o privados y requiere de un desarrollo normativo que facilite su realización. Por otra parte no desarrolla criterios asociados a la concentración de la propiedad y el monopolio de los medios y no establece mecanismos transparentes y democráticos en la asignación de las concesiones de frecuencias que incluyan entre los criterios de otorgamiento el desarrollo de planes de responsabilidad social. Planes y proyectos que podrían ser evaluados con la participación de las comunidades que constituyen las audiencias potenciales de los medios.

El pasado 25.11.04, se instaló la Comisión Especial para Impulsar la Ley contra Actos de Naturaleza Terrorista designada por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), que se encargará de la redacción de la Ley Contra el Terrorismo. La misma está presidida por el diputado Calixto Ortega (Movimiento Quinta República/MVR) y está conformada por 13 diputados y diputadas. (Asamblea Nacional, 25.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6290).

Esta medida fue anunciada días antes por el diputado Nicolás Maduro (MVR), quien señaló que dicha comisión tendrá la tarea de estudiar mecanismos para enfrentar el terrorismo, entre los que  pudiera contemplarse “el funcionamiento de jueces y fiscales sin rostro” (Asamblea Nacional, 24.11.04,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6279).

En esa ocasión, Maduro aseguró que los diputados integrantes del Bloque del Cambio “están dispuestos a enmendar la Constitución, si es necesario, a fin de establecer mecanismos efectivos para combatir de manera enérgica los hechos terroristas que se han venido registrando en el país” (Asamblea Nacional, Ídem.), aunque reconoció que, hasta los momentos, “no hay una propuesta concreta en este sentido” (Asamblea Nacional, Ídem.).

Maduro también explicó que dicha enmienda no pasaría “por la posibilidad de establecer la pena de muerte ni violar el debido proceso, el estado de derecho y las libertades individuales” (Asamblea Nacional, Ídem.).

Asimismo, el parlamentario aseguró que, por la premura del caso Anderson, aprobarán la reforma del Código Penal que ha venido trabajando la diputada Iris Varela en su condición de vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales: “lo que queremos es que en pocos días estemos aprobando una serie de leyes antiterroristas, ubicar todos los elementos que vamos a reformar, tanto en la Constitución como en el Código Penal, y anunciarle al país, lo más tardar la próxima semana, el conjunto de reformas que vamos a impulsar en ese sentido” (Asamblea Nacional, Ídem.).

También la diputada Cilia Flores (MVR), se pronunció por una enmienda constitucional que aumente la pena máxima de 30 años de presidio en casos de terrorismo, aunque a su parecer esa posibilidad tendría que ser discutida con todos los sectores del país (Aporrea, 29.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53189).

Maduro informó, además, sobre la activación de un “modelo de Inteligencia Social [que pueda] colaborar con los cuerpos de seguridad” (Asamblea Nacional, Ídem.) en la resolución de casos de terrorismo como el que provocó la muerte del fiscal Danilo Anderson el pasado 18.11.04. Uno de los lineamientos principales de estos grupos de inteligencia social establece que “la seguridad del país ya no reposa solo en el Estado, sino en los ciudadanos comunes y corrientes”, explicó Maduro a la fuente.

Ante la propuesta que abogaba por la conformación de jueces y fiscales sin rostro, Isaías Rodríguez, Fiscal General del Ministerio Público (MP), descartó esta posibilidad (Aporrea, 23.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53000); mientras que el Tribunal Supremo de Justicia planteó como medida ubicar en el ámbito de la acción antiterrorista a un conjunto de jueces de control y de tribunales de apelación (Asamblea Nacional, 24.11.04, Op. cit.).

Por su parte, Ortega recordó que “en la Asamblea ya hay un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y también hay un proyecto de ley que presentó el diputado Carlos Tablante al cual se le dio aprobación en primera discusión” (Asamblea Nacional, 25.11.04, Op. cit.).

“Realizaremos una consulta más amplia que convoque a los expertos nacionales extranjeros, a las universidades, institutos jurídicos y especializados que han discutido el tema, para que podamos enfrentar la lucha contra el terrorismo sin que signifique en modo alguno disminuir las libertades y el carácter progresivo que tiene la Constitución en materia de derechos humanos” (El Nacional, 26.11.04, pág. A/4), comentó el parlamentario.

En este sentido, cabe destacar que “aun cuando la AN sancionó el 11.09.02 la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con Bombas, y el 25.09.03 la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, todas con carácter supranacional, el Código Penal venezolano vigente no lo prevé y el proyecto de Ley Especial sobre Actos de Naturaleza Terrorista que estudiaba la Comisión Permanente de Política Interior fue ‘engavetado’, aunque desempolvado después del 18 de noviembre” (Aporrea, Ibíd.).

Con relación al bosquejo del nuevo instrumento legal, Ortega descartó la incorporación en la nueva legislación de la extradición de connacionales por estar prohibido en el artículo 69 de la Constitución, el cual reconoce y garantiza el derecho al asilo y al refugio; y “sólo se incorporarían mecanismos que hagan expedito que terroristas extranjeros sean entregados a la justicia de su país si se comprueba que han participado en actos inhumanos o, en caso contrario, sean traídos en un lapso no mayor a tres o cuatro años, si incurren en un hecho de este tipo en territorio nacional y huyen al exterior” (El Nacional, 30.11.04, pág. A/2).

En otro orden de ideas, Tablante comentó que el Ejecutivo Nacional ha consignado en el parlamento una iniciativa jurídica que, a su juicio, considera como delito la disidencia política: «quería, por ejemplo, tener el derecho para intervenir las llamadas telefónicas, sin una autorización de un tribunal, cuestión que es inconstitucional e inconveniente. Pretendía, además, castigar a todo el que dificulte el trabajo en las industrias estratégicas o origine zozobra, y establecía un pago de 1 millardo de bolívares a quienes ofrecieran información sobre acciones terroristas» (El Nacional, Ídem.).

Señaló la fuente periodística que la comisión evaluarán la inclusión en el proyecto de ley de 4 nuevos aspectos: la creación de una policía especial o departamento de investigación con ramificaciones en los estados; la coordinación central de la información nacional o internacional; el control aduanero de las armas a través de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada y, por último, un dispositivo que inste a la Dirección de Identificación y Extranjería a realizar una mayor vigilancia e inspección de las inmigraciones.

Provea reitera que el Estado tiene el derecho y el deber de defenderse contra el terrorismo y adoptar todas las medidas que considere adecuadas para preservar la democracia y la seguridad ciudadana. Sin embargo, desea recordarle a los órganos, entes y funcionarios que tienen la responsabilidad de actuar con pleno respeto a las normas constitucionales y al derecho internacional de los derechos humanos.

Por tal razón, condenamos las propuestas que apuntan a establecer en el país jueces y fiscales sin rostro. Conviene recordar que, bajo esa modalidad de administración de justicia en el Perú de Fujimori y en Colombia, se cometieron todo tipo de atropellos y fue sólo después de una larga lucha de las organizaciones populares y de derechos humanos y de pronunciamientos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que fueron eliminados estas figuras.

En Perú, mediante ley, se anularon todos los juicios que fueron desarrollados bajo esta modalidad y actualmente se realizan nuevos procesos. 

En Venezuela, el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución, expresamente establece que «ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto».

Quienes proponen enmiendas a la Carta Magna para imponer jueces y fiscales sin rostro están desconociendo que tal reforma significaría una situación de regresividad y sería un acto contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Llama la atención de Provea que estas propuestas hayan surgido de voceros oficialistas (antiguos dirigentes sociales) que en el pasado se solidarizaron con los pueblos de Perú y Colombia contra las arbitrariedades del Estado y hoy pretendan importar normas jurídicas de regímenes represivos y violadores de los derechos humanos, que finalmente fueron suprimidas producto de la lucha popular.

Sobre los problemas del terrorismo y los derechos humanos, Provea recomienda la lectura del Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en el año 2002, el cual puede ser consultado en el Centro de Documentación Todos los Derechos para Todos ([email protected]), de Provea o en el sitio web de la CIDH, en la dirección: http://www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/indice.htm. 

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz,  el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas han presentado distintas observaciones y exhortos ante los recientes hechos, especialmente los que han derivado en muertos y heridos, resultado de los procedimientos policiales dirigidos a esclarecer los hechos que provocaron la muerte, el pasado 18.11.04, del fiscal Danilo Anderson en un atentado terrorista.

Alfredo Ruiz, coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, subrayó la importancia que tiene “para llegar a la verdad y para tranquilidad de la sociedad en general, que se respeten los derechos humanos y en especial las garantías al debido proceso establecidas en los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti; toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados, abogadas y personas de confianza; los familiares tienen el derecho de ser informados sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y los motivos de la detención; ninguna persona puede ser incomunicada o sometida a torturas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso […] y además, por ser una violación a los derechos humanos, deben ser sancionados quienes incumplan estos principios, ya que podría favorecer la impunidad” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 26.11.04, [email protected]). 

Por su lado, COFAVIC y la Vicaría de Derechos Humanos instaron al Gobierno Nacional “a realizar las investigaciones […] con respeto a los derechos humanos” (El Universal, 29.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/29/pol_ava_29A511853.shtml) y señalaron que «es sumamente preocupante que la respuesta del Estado a esta atrocidad traiga también otras imágenes de hechos degradantes y gravísimas violaciones a los derechos humanos en nombre de la «búsqueda de la justicia y la verdad» (El Universal, Ídem.).

Aseguraron que «hoy menos que nunca, Venezuela no puede optar por negar a los derechos humanos su importancia fundamental […] la lucha contra la tortura, los malos tratos, la impunidad y las violaciones de los derechos de los detenidos exigen un compromiso absoluto y permanente […] Aunque la lucha contra el terrorismo entraña desafíos y amenazas complejas, lo cierto es que no puede colocarse ningún Estado democrático en el camino de violar derechos fundamentales en nombre de la seguridad nacional o la lucha antiterrorista. Los Estados democráticos deben condenar los abusos contra los derechos humanos sin reservas. Las más altas autoridades del Estado deben dejar claro a todos los miembros de la policía, la fuerza armada y otras fuerzas de seguridad que bajo ninguna circunstancia alegada se tolerarán la tortura, los malos tratos, las desapariciones forzadas de personas, la impunidad o las violaciones de los derechos de los detenidos» (El Universal, Ídem.).

Las organizaciones recomienda al Estado hacer «una clara separación entre las autoridades de investigación y quienes practiquen las detenciones y todas las condiciones de reclusión deben cumplir estrictamente las normas internacionales suscritas por el Estado venezolano» (El Universal, Ídem.).

Provea comparte los anteriores señalamientos y subraya que la lucha contra el terrorismo debe estar enmarcada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en especial a la garantía para toda persona sometida a la autoridad y control del Estado, a la recibir un trato humano digno, a la prohibición de utilización de métodos de interrogatorios que puedan constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a que se respeten todas las garantías del debido proceso y un juicio justo. Igualmente es necesario que, en los procedimientos efectuados por los agentes policías, éstos se encuentren identificados.

Asimismo, Provea espera que la decisión de los fiscales con competencia nacional Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza responsables de las investigaciones por parte del Ministerio Público (MP), hecha pública el 02.12.04, de «quitarle a la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el expediente del caso [Anderson], porque […] están inconformes con las actuaciones que adelantan los funcionarios de esa dependencia» (El Nacional, m02.12.04, pág. B/24), implique un giro favorable que marque distancia con los eventos que han rodeado los procedimientos activados por los cuerpos policiales a cargo de las investigaciones y que a continuación se presentan narrados de forma sucinta a partir de una investigación hemerográfica.

Resumen de los hechos

Tras infructuosas búsquedas en distintos cuerpos de seguridad, el 21.11.04 Carmen Medina acudió ante el MP para denunciar la presunta desaparición de su marido, el ex funcionario policial Juan Bautista GUEVARA, quien fuera aparentemente detenido el 20.11.04, a las puertas de su residencia y a la vista de vecinos de la urbanización Puente Ventura (El Universal, 30.11.04, pág. 1/2), por funcionarios del CICPC, que lo habrían “seguido, interceptado, sometido y golpeado” (El Nacional, 01.12.04, pág. B/23).

Ante las denuncias hechas por Medina, el 23.11.04 Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, admitió que Guevara estaba siendo interrogado desde el 20, “como parte del proceso de investigación por la muerte de Danilo Anderson” (El Universal, 24.11.04, pág. 1/2).

Medina solicitó apoyo legal del abogado Antonio López CASTILLO, quien el 23.11.04, en un operativo realizado por una comisión del CICPC en una zona altamente transitada de la ciudad de Caracas, fallece junto con el inspector Luis Alberto PAVÓN (Aporrea, 23.1.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=52994). El primero, como producto de los impactos de bala recibidos en el enfrentamiento que entabló con esta comisión y el segundo, por las heridas provocadas cuando fue arrollado por el automóvil de López Castillo al momento de interceptarlo en el operativo. Otro funcionario del mismo cuerpo de seguridad también resultó herido de bala en el mismo suceso.

A minutos de ocurrido el hecho fue detenido el abogado René MENDIZÁBAL, compañero de trabajo de López Castillo quien se apersonó en el lugar de los hechos al conocer la situación que ocurría cerca de donde ambos trabajaban.

Los efectivos que lo detuvieron no le indicaron la causa de la medida y lo condujeron a la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) sin que pesara sobre él orden alguna. Luego de varias horas de su irregular retención (se le negó a su esposa su presencia en la sede de este cuerpo policial y se le negó información sobre su paradero) y de un interrogatorio informal (no se le tomó declaración), fue liberado.

Poco después del enfrentamiento con López Castillo, otra comisión de la DISIP practicó un allanamiento en la vivienda del abogado, en la que encontraron explosivos, granadas fragmentarias y un arsenal de armas largas, según destacó Jesse Chacón, titular del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) (Aporrea, 23.11.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=53008).

Similar procedimiento lo practicaron agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el escritorio de abogados De Sola Pate, donde laboraba López Castllo, sin orden judicial ni la presencia de fiscales

López compartía su residencia con sus padres, la ex senadora Haydée Castillo y Antonio López Acosta los cuales fueron detenidos y trasladados al Palacio de Justicia, donde se les imputó la presunta comisión de los delitos de ocultamiento de armas de fuego y explosivos, previstos en los artículos 278 y 297 del Código Penal por las fiscales 19 y 46 auxiliar del área metropolitana de Caracas, Yoneiba Parra y Liduzka Aguilera (El Nacional, 26.11.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=52630).

Los esposos López Castillo, sexagenarios ambos, fueron trasladados esposados por funcionarios de la CICPC y presentados ante el juez 34 de Control del área metropolitana de Caracas Maikel Moreno. La medida de trasladarlos esposados fue duramente criticada por sectores políticos de la oposición y del gobierno. A este respecto, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, apuntó que fue “un exceso haber colocado esposas a Haydée Castillo de López y a su esposo, Antonio López Acosta, pero se trata de una norma policial para todo el mundo en Venezuela [que] debe ser abolida o debe ser aplicada de acuerdo con las circunstancias” (Diario 2001, 26.11.04, pág. 8).

Tras solicitud del MP, el juez Moreno otorgó medidas sustitutivas de libertad a favor de los imputados en vista de su avanzada edad. Igualmente, el tribunal acordó la presentación periódica cada 30 días y la prohibición de ausentarse del área metropolitana (El Nacional, Ídem.).

Marco Antonio Rodríguez, abogado defensor de los esposos López Castillo, señaló que apelará la sentencia pues “no existen elementos que inculpen a sus defendidos como autores o coautores, del atentado contra Danilo Anderson” (El Nacional, Ídem.).

Indicó, además, que se violaron los procedimientos legales para la detención de los padres de López Castillo, “pues cuando fueron visitados por los funcionarios de la DISIP, llegaron sin una orden, argumentando que la misma era verbal“ (El Nacional, Ídem.). Aseguró que durante el allanamiento, la DISIP no permitió que los dueños del inmueble presenciaran la inspección y que el fiscal comisionado para el caso llegó media hora después de que lo hiciera el cuerpo de seguridad, y que no se identificó: “todo este proceder pone en duda lógicamente no sólo el procedimiento ya objetado sino las evidencias colectadas en el sitio” (El Nacional, 26.11.04, pág. B/24).  Rodríguez, además, afirmó que durante las primeras horas de su detención a sus clientes no se les permitió consultar con sus abogados, llamar a un familiar y ni siquiera ir a su casa a cambiarse de ropa (El Universal, 26.11.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/11/26/pol_art_26104A.shtml).

Las denuncias hechas por el defensor de los esposos López Castillo sobre la orden “verbal” de realizar el procedimiento fueron confirmadas por el juez Moreno, quien recordó que  “el día del enfrentamiento en Plaza Venezuela, el fiscal del MP, vía telefónica, me solicita una orden de allanamiento vista la necesidad y la urgencia para allanar en ese mismo momento la casa del abogado López” (Últimas Noticias, 26.11.04, pág. 14). Explicó Moreno que el artículo 210 del  Código Orgánico Procesal Penal (COPP) legitima este tipo de procedimientos: “en caso de necesidad y urgencia, el MP, por cualquier medio, puede solicitar al juez y posteriormente presentar las actuaciones y presentar la solicitud. Hay constancia en el libro diario donde el MP por vía telefónica solicita la orden de allanamiento” (Últimas Noticias, Ídem.).

Otra faceta de este caso fue develada cuando el abogado Rodríguez advirtió, luego de retirar de la morgue el cuerpo de López Castillo, que el cadáver del abogado “tenía 15 orificios producidos por proyectiles de armas de fuego, la gran mayoría en el costado izquierdo, lo que hace presumir que López Castillo se encontraba dentro del vehículo para el momento en que le dispararon. Esto contradice la versión oficial, según la cual el abogado se bajó de [su vehículo] antes de comenzar a disparar 3 tiros con su pistola […] Una de las perforaciones me llamó mucho la atención. Está en la zona submaxilar. Al analizarla vi que tenía un tatuaje, una excoriación negra producida por pólvora no deflagrada debido a la corta distancia en que se hizo el disparo […]Estas marcas quedan en la piel debido a pequeñas quemaduras de pólvora encendida que sale con cada disparo […] Los puntos describen un círculo con un radio de aproximadamente 2 centímetros con respecto al centro del orificio […]ese disparo fue hecho a 30 centímetros de la quijada de López Castillo” (El Nacional, 28.11.04, pág. B/26).

Rodríguez acotó que “en la medicatura forense no le informaron sobre los resultados de la prueba de análisis de trazas de disparos (ATD), realizadas al cadáver de López Castillo. Tampoco le revelaron el resultado de los exámenes toxicológicos, supuestamente porque toda esa información sería consignada directamente en el expediente” (El Nacional, Ídem.).

Gustavo González, otro abogado de los esposos López Castillo, fue más tajante y denunció que el cadáver del abogado “muestra evidencias de haber recibido un ‘tiro de gracia’ que entró por el lado inferior de su maxilar y salió por la parte superior de la cabeza” (Tal Cual, 26.11.04, pág. 3).

Rodríguez señaló que después de tener acceso al protocolo de autopsia decidirá sobre la necesidad de practicar una exhumación al cadáver del abogado para esclarecer esa situación.

Según una fuente periodística, el mismo 23.11.04 habría sido detenido “el comisario Otoniel Guevara, ex secretario general de la DISIP, a quien habrían apresado […] cuando salía de las Galerías Magnun en Los Cortijos, Caracas […] Según testigos, Otoniel fue apresado por funcionarios del CICPC que llegaron en una patrulla y un vehículo particular. Sus familiares denunciaron que desde el mediodía del martes [23.11.04] está desaparecido su hermano, el comisario Rolando Guevara, ex jefe de la División Contra Homicidios del CICPC” (Últimas Noticias, 25.11.04, pág. 10).

A pesar de que esta versión fue confirmada por Jacqueline Sandoval, cuñada de Otoniel Guevara y esposa de su hermano (Tal Cual, 30.11.04, págs. 2 y 3), el ministro Chacón descartó el procedimiento ese mismo día y aclaró que “las pesquisas no han dado con ellos” (Últimas Noticias, Ídem.).

El 24.11.04, Sandoval denunció ante el MP la desaparición de su esposo Rolando Guevara, ex comisario de la policía científica y hermano de Otoniel, el mismo día de la presunta detención de éste último.

El silencio institucional con respecto a la detención y desaparición de los hermanos Guevara, duró 4 días, al final de los cuales fueron “encontrados maniatados y amordazados” (El Universal, 27.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/27/pol_art_27102A.shtml) al sur de Valencia, Edo. Carabobo.

El hallazgo lo había efectuado un transeúnte quien dio cuenta a efectivos de la Guardia Nacional (GN) quienes los condujeron a la sede del Comando Regional Nº 2, para ser atendidos: ”se les suministró ropa y se les permitió bañarse, ya que según dijeron en la GN tenían 3 días sin bañarse” (El Universal, Ídem.).

La misma fuente señaló que “a pesar de la insistencia, nunca se dijo el porqué los hermanos Guevara estaban en El Paíto ni quienes habían sido sus secuestradores, sólo se corrieron versiones que vinculan a la policía política con su desaparición y posterior libertad en Valencia, para que fuesen capturados legalmente. Esta versión es rechazada en su totalidad por la DISIP y por el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón”.

Yoraco Bauza, fiscal 30 del MP a cargo de la investigación sobre el atentado contra Anderson, informó al respecto que los hermanos Guevara “fueron secuestrados, pero no identificaron a sus supuestos carceleros y luego fueron abandonados en Valencia” (Tal Cual, 26.11.04, pág. 2). Explicó Bauza que hasta ese momento “los Guevara no se encuentran detenidos porque las autoridades están evaluando aún  los hallazgos obtenidos en los diferentes allanamientos que realizaron ayer [25.11.04] a las propiedades de Otoniel y Rolando Guevara y su posible vinculación con la muerte de Anderson” (Tal Cual, Ídem.).

Pedro Castillo, abogado de los hermanos Guevara señaló el 27.11.04 que los hermanos “no solamente fueron privados ilegítimamente de su libertad, sino que recibieron un trato cruel e inhumano […] Tenemos noticias de que el comisario está sumamente golpeado, y queremos que tanto el Gobierno como la Fiscalía nos garanticen su salud” (El Nacional, 28.11.04, pág. B/27). Se conoció extraoficialmente que en una audiencia de presentación efectuada ese día ante el Tribunal 34 de Control del área metropolitana de Caracas, Otoniel Guevara declaró “que recibieron torturas con choques eléctricos y agua, que les taparon la cara con bolsas negras” (El Nacional, Ídem.).

Al final de la audiencia, Castillo comunicó que a los hermanos Guevara se les imputaron los delitos de homicidio calificado y agavillamiento, “aunque no pudo precisar la identidad de la supuesta víctima. Extraoficialmente se dijo que la defensa no la conoce, porque no se mostró el acta de defunción que da fe del asesinato” (El Nacional, Ídem.). Castillo detalló que “les imputan homicidio calificado, con alevosía y premeditación, y también agavillamiento, pero en ninguna parte del expediente dice que se trata de la muerte del fiscal Danilo Anderson, no está allí la partida de defunción, ni siquiera se menciona a Anderson” (Últimas Noticias, 29.11.04, pág. 16).

Castillo recordó que los acusados “no han sido detenidos a través de una orden escrita de un tribunal y tampoco fueron aprehendidos en flagrancia” (El Nacional, Ídem.). Explicó el abogado que “El problema  está en que se actúa como si se tratara de una presentación en flagrancia” (Tal Cual, 29.11.04, pág. 3). Y añadió que “esto es una nueva violación al estado de derecho y al debido proceso de los Guevara, pues el caso está quedando en un limbo jurídico: no están detenidos, pero no están en libertad” (El Nacional, Ídem.).

“Según el juez [Maikel Moreno] no están detenidos, sino protegidos en la DISIP, pero sin poder salir de allí”, comentó Castillo, que en la audiencia de presentación planteó la nulidad de todas las actuaciones (Últimas Noticias, Ídem.). Castillo también “exigió examen médico forense para ambos, pero con presencia de un galeno nombrado por la defensa” (Últimas Noticias, Ídem.), petición que fue negada y “sólo se permitió  que uno de sus defensores estuviera presente en la evaluación forense que se le haría en la División de Medicina Legal del CICPC” (El Nacional, 01.12.04, pág. B/23).

Sobre las denuncias de torturas se pronunció el titular del MIJ instando al MP a investigarlas y “ofició al CICPC a fin de que, en el marco de las averiguaciones, cite a José Rafael López, funcionario de la policía científica, quien según  Carmen Medina, esposa de Juan Bautista Guevara, participó en su captura [del 20.11.04]” (Así es la Noticia, 01.12.04, pág. 18). Una exhortación sobre investigar las denuncias de tortura también fue propuesta por el Juez Moreno que lleva este caso (Diario 2001, 01.12.04, pág. 16).

En cuanto a la situación judicial de los hermanos Guevara, ésta fue determinada el 30.11.04, cuando el juez Moreno ordenó investigar a Otoniel y Rolando por “la presunta comisión del delito de terrorismo” (El Universal, 30.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/30/pol_art_30102D.shtml). Su defensor “alertó que ese delito no figura en la legislación” (El Universal, Ídem.) y explicó que el juez Moreno «invoca una legislación internacional, un convenio contra los atentados con bombas»  (El Universal, Ídem.) para exhortar al MP a abrir una averiguación contra los hermanos Guevara (Últimas Noticias, 30.11.04, pág. 10).

En lo que respecta a Juan Bautista Guevara, éste fue detenido el 28.11.04 en un hotel del Edo. Portuguesa donde permanecía alojado. Bautista fue hallado portando una pistola, una granada y dinero en efectivo, según las autoridades policiales que lo detuvieron (El Universal, 30.11.04, 1/2). “Diversos voceros policiales señalaron que Juan Bautista se encontraba detenido en la DISIP desde hacía más de una semana, pero de manera extraña apareció, al igual que otros imputados por el mismo caso, en el interior del país” (El Universal, Ídem.).   

El abogado Castillo, sobre este caso, advirtió que  «’sin audiencia de presentación’ fue sindicado de ser el que colocó la bomba que mató al fiscal Anderson” (El Universal, 30.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/30/pol_art_30102D.shtml). Castillo informó además que “el tercer Guevara fue ‘sometido a torturas más infames que los otros 2″ (El Universal, Ídem.).

El 30.11.04, “Bautista Guevara, fue acusado por el tribunal 34 de control como el autor material del asesinato del fiscal Danilo Anderson” (El Nacional, 30.11.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=52797).

Según Carmen esposa de Bautista Guevara, éste le dijo que “lo drogaban. Yo le vi las marcas de los pinchazos en sus brazos. Le decían que también me tenían a mí y a nuestros hijos detenidos. Le hacían ver que la mujer que gritaba a su lado era yo y que me estaban violando. También le hacían oír el llanto de un niño, como si fuera uno de nuestros hijos. Todo ello concuerda con las llamadas telefónicas anónimas que yo había estado recibiendo” (El Nacional, 30.11.04, pág. B/24)

Otro capítulo de esta investigación se escribió el 25.11.04, cuando una comisión del CICPC intentó efectuar una detención que derivó en otro enfrentamiento en el que falleció Juan Carlos Sánchez y resultó herido el funcionario José Alberto Vásquez. Los hechos ocurrieron en un hotel del Edo. Lara (Tal Cual, 26.11.04, pág. 3).

Juan José Iglesias, jefe de la División Nacional de Homicidios, notificó que Sánchez era “objeto de una investigación iniciada en Caracas por su presunta vinculación con el  atentado del fiscal Anderson” (Tal Cual, Ídem.). En el cuarto donde se alojaba Sánchez se informó el hallazgo de una granada fragmentaria y una pistola con la que se enfrentó a la comisión policial.

Según familiares de Sánchez, éste se desempeñaba como detective privado y era socio de Rolando y Otoniel Guevara, ex policías que también fueron señalados en las investigaciones como presuntos implicados en el atentado contra Anderson. Igualmente mostraron su preocupación por las contradicciones que observan rodean su caso:  «en horas de la mañana del día jueves [25.11.04] llamaron a la casa de […] la madre de Sánchez, se identificaron como funcionarios policiales y le anunciaron que su hijo se encontraba detenido en su sede por unos interrogatorios pertinentes […] Por sorpresa en horas de la tarde anunciaron la muerte de mi sobrino, es algo muy extraño y confuso para todos nosotros, las informaciones no coinciden» (El Universal, 27.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/27/pol_art_27102E.shtml).

Similares circunstancias rodearon el procedimiento practicado en una vivienda del Edo. Zulia donde se incautó material explosivo y armas de fuego, según reportó Castor Pérez, jefe del Comando Regional (CORE) Nº 3 (El Nacional, 30.11.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=135&id=52820). En la acción, murieron José Amaya y Franklin Semprum quienes presuntamente se enfrentaron a la comisión de GN que encabezó el operativo (Venezolana de Televisión, 30.11.04, http://www.vtv.gov.ve/Nacionales.php?IdNoticia=60). En la misma jurisdicción se efectuó un allanamiento a una vivienda “donde se logró incautar una gran cantidad de explosivos” (Venezolana de Televisión, Ídem.) y se detuvo a Adalberto Barboza, quien “se presume que este vinculado con los ciudadanos abatidos” (Venezolana de Televisión, Ídem.).

Estas acciones fueron catalogadas por Pérez como vinculadas a las investigaciones abiertas por el caso Anderson.

Otro procedimiento policial efectuado recientemente fue ordenado por el juez Moreno y tuvo como objeto el Centro Hebraica, ubicado en Caracas y donde operan una guardería infantil, un colegio y un club de la comunidad judía en Venezuela. En el allanamiento participaron 25 Agentes de una comisión multidisciplinaria, quienes, “sin contar con la supervisión de un funcionario del MP” (El Nacional, 30.11.04, pág. B/23) se abocaron a cumplir la orden impartida por Moreno de buscar “todos los elementos de interés criminalístico relacionados con el deceso de Anderson” (El Nacional, Ídem.). No obstante, la medida no recogió frutos y al final no se llevaron objetos ni documentos.

Daniel Slimak, presidente de la Comunidad Hebrea, condeno el modo en que se ejecutó el procedimiento: «se ha allanado una institución comunitaria […]cuando estaban entrando en el colegio más de 1.500 niños […]Este es un procedimiento, si bien es respetable y tenía que cumplirse, pudo haberse hecho de otra manera de forma de no causar el caos, el pánico y la alarma que ha causado» (Diario 2001, 30.11.04, http://www.2001.com.ve/20041130/Sucesos/Sucesos1.asp?tp=8).

El juez David Manrique del Tribunal 1º de Control del área metropolitana de Caracas ordenó abrir juicio contra los ciudadanos Henry Parra, John Jiménez y Pedro Ramos, quienes fueron acusados por los fiscales Alejandro Castillo y Yoneiba Parra del Ministerio Público (MP) por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, lesiones graves y leves, porte ilícito de arma de guerra; porte de armas de fuego e intimidación pública, respectivamente (El  Nacional, 01.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/01/ccs_art_01271I.shtml). 

El juez Manrique admitió todas las pruebas consignadas por el MP y decidió que los señalados sigan recluidos en El Helicoide, sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), donde permanecen desde el 20 de agosto.

Como se recordará, un grupo de personas afectos a la oposición impidieron tránsito frente a la plaza Francia de Altamira, Caracas, respondiendo el llamado de algunos de sus líderes que habían convocado a manifestarse contra los resultados parciales del referendum revocatorio presidencial efectuado el 15.08.04. Poco después del cierre de la vía, sucedió un enfrentamiento entre el grupo y personas afectas al oficialismo cuyo tránsito por ese sector fue impedido por la manifestación. La situación se complicó cuando algunos de los oficialistas desenfundaron armas de fuego que accionaron contra los manifestantes opositores.

Los sucesos provocaron 8 heridos, entre ellos el diputado Ernesto Alvarenga (Solidaridad), y la muerte de Maritza Ron, quien recibió un impacto de bala (ver edición Nº 142 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_142.htm#17).

El Juez 9no. de Control Humberto Cubillán, dictó una medida sustitutiva de libertad contra el teniente de la Guardia Nacional (GN) Juan Carlos Casaña (El Universal, 30.11.04, pág. 2/24), imputado por la muerte de Evangelina  CARRIZO, dirigente del partido político de oposición Acción Democrática (AD), fallecida en la ciudad de Machiques, Edo. Zulia, el 04.03.04, en el contexto de manifestaciones contra el Gobierno Nacional (ver edición Nº 141 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#22).

Cubillán no sólo «señaló que el militar no será detenido hasta tanto se demuestre su culpabilidad» (El Universal, Ídem.), sino que calificó el hecho como homicidio culposo y uso indebido de armas (El Universal, 01.12.04, http://www.eluniversal.com/2004/12/01/ccs_art_01271D.shtml). 

Richard Portillo, uno de los abogados de los familiares de Carrizo informó que sus representados rechazaron la medida cautelar al teniente Casaña y comentó que no están «de acuerdo con homicidio culposo sino calificado» (El Universal, Ídem.). Asimismo, señaló que intentarán una querella contra Casaña por lesiones intencionales graves hacia Alejandro CARRIZO, hijo de la víctima.

Jesús Vergara, otro de los apoderados, apuntó que «Casaña alega que disparó al piso y que la bala rebotó, provocando la muerte a Eva, pero los cuerpos de seguridad no pueden usar armas de fuego para reprimir manifestaciones, según artículos 55 y 68 de la Constitución. El uso de armas determina que había intención de causar daño. Hay dolo. No fue imprudencia» (El Universal, Ídem.).

El pasado 23.11.04, los abogados defensores del periodista Manuel Isidro MOLINA, imputado por la presunta comisión del delito de injuria u ofensa a la Fuerza Armada Nacional (FAN) (ver edición Nº 147 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#15), entregaron un escrito al juez del Tribunal de Control Militar con competencia territorial en el Distrito Capital, Edos. Miranda y Vargas y las dependencias federales, mediante el cual le solicitan que decline su competencia para conocer la causa aludida y que ésta pase a la jurisdicción ordinaria, o civil (El Nacional, 25.11.04, pág. A/4).

Los abogados Omar Estacio, Andrés Eloy Arriojas y Gilberto Alcalá, explicaron a dicha instancia que el periodista debe ser juzgado por sus jueces naturales y no por la Fiscalía Militar Superior 4ta. de Caracas, donde actualmente se le instruye una investigación penal militar por la comisión del delito tipificado en el artículo 505 del Código de Justicia Militar (El Nacional, Ídem.).

Para hacer el petitorio invocaron jurisprudencia reciente y citaron, por ejemplo, el caso de la sentencia de fecha 29.07.99, de la Sala Político Administrativa, que estableció que cuando se juzga el delito de vilipendio a la FAN, “si la persona procesada es un civil, la jurisdicción penal ordinaria sería la competente para conocer de la causa” (El Nacional, Ídem.). También citaron el fallo del 13.07.98, de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, que estableció que “estando el delito de vilipendio a las FAN y ante la condición civil de la persona procesada, la jurisdicción penal ordinaria es la competente para dirimir el pleito” (El Nacional, Ídem.). Igualmente, citaron el fallo de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó las jurisprudencias anteriormente mencionadas y  que determinó que el abogado Pablo Aure fuera juzgado por sus jueces naturales.

La defensa aclaró que se reservan alegatos y recursos en relación con la investigación aludida y que el escrito no significa renuncia a ninguna acción, excepción, solicitud de nulidad y/o reposición y demás defensas que puedan corresponderle a su patrocinado.

Como Provea lo ha señalado antes, los juicios militares a civiles, y en este caso a periodistas, tienen un efecto intimidante que puede fortalecer los mecanismos de autocensura y, con ello, limitar la libertad de expresión y el acceso a la información. 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad un Proyecto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Nacional declarar la emergencia carcelaria en el país.

La decisión fue adoptada el pasado 18.11.04 e impulsada por la propuesta que presentó el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Nicolás Sosa, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia y Derechos Humanos, quien aseguró que esta instancia «venía analizando la problemática carcelaria» (El Carabobeño, 19.11.04, pág. A/11) desde hacía algún tiempo.

La medida fue bien acogida por Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien acotó que «el Poder Ejecutivo y Judicial, además del Ministerio Público (MP), deben buscar soluciones a las fallas que se registran en las prisiones […] urge reformar norma, aprobar en segunda discusión la ley orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, poner a tono el Código Orgánico Penitenciario con el artículo 72 de la Constitución y aprobar presupuestos que permitan mejorar la situación del sistema penitenciario» (Así es la Noticia, 19.11.04, pág. 22).

A 2 semanas de esta decisión parlamentaria, El 01.12.04, la prensa regional informó que «a través de un decreto, el presidente Hugo Chávez Frías creó la Comisión Presidencial para atender la Emergencia Carcelaria, con el objeto de evaluar y proponer las soluciones de corto y mediano plazo necesarias para la recuperación y optimización de los centros de reclusión» (Últimas Noticias, 01.12.04, pág. 16).

Según la fuente, esta comisión estará conformada por 1 representante del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), quien la presidirá y delegados del Ministerio de Finanzas (MF), Defensa (MD), Salud (MSDS), del Trabajo (MINTRA), del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias y del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

Asimismo, exhorta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP) para que cada uno nombre 1 representante como miembro permanente de la comisión.

Los recursos financieros que se requieran para la aplicación de las directrices, planes, estrategias y demás medidas que formule la Comisión para atender la Emergencia Carcelaria, serán gestionados por los ministerios del Interior y el de Finanzas, según la fuente periodística.

Otro de los objetivos de la comisión será recomendar acciones y políticas para el Poder Judicial que permitan garantizar el derecho a la celeridad judicial de los procesados y el acceso de los penados a los medios alternativos de cumplimiento de la pena.

ARTÍCULOS

«Cuando el país parecía experimentar avances hacia un panorama más auspicioso para el diálogo y la consolidación de la paz, el atentado ocurrido el 18 de noviembre en el que fue asesinado el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, parece estar orientado a obstaculizar tal posibilidad.

Ante estos hechos, Provea condena la violencia política y la acción terrorista y hace un llamado al pueblo venezolano y a sus representantes para que impidan que la misma se instale entre nosotros como forma de resolver los conflictos. El camino para ello sigue siendo la justicia.

Es fundamental que se realice una adecuada investigación que, respetando estrictamente los derechos de los imputados, determine quiénes son los responsables materiales e intelectuales y se adopte la sanción establecida en la ley para este grave delito. Si una vez más triunfa la impunidad, se estaría facilitando la profundización de una espiral de violencia, en la cual todo el país, y no sólo alguno de los bandos políticos perdería.

Hacemos un llamado para que la comunidad vuelva a dar un ejemplo de templanza ante quienes atentan contra su decisión de vivir en paz y democracia» (Provea,25.11.04, [email protected]).

«El 1ro de este mes, la Comisión de Desarrollo Social Integral del parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Empleo que será presentado para su 2da discusión. Este instrumento legal forma parte del sistema de seguridad social integral y creará la institucionalidad para brindar atención integral a los trabajadores.

Esta ley incluye, entre otros aspectos, programas de capacitación que complementan el seguro de paro forzoso, el cual consiste en el pago del 60% del salario promedio de los últimos 12 meses durante un período de 5 meses, adicional a la participación en programas de capacitación.

Provea considera que la duración y cuantía de son insuficientes, porque en Venezuela el tiempo promedio de duración del desempleo es de 12-14 meses.

Para diciembre de 2003, el 48% de los trabajadores cesantes tenía más de 5 meses desempleados. Las mujeres son las más perjudicadas pues el tiempo de desempleo para ellas es mayor.

Por otra parte, sólo el 35% de los trabajadores devengan salarios lo suficientemente altos como para cubrir la Canasta Alimentaria Normativa; por ende, hay una alta probabilidad de que el beneficio del seguro de desempleo sea insuficiente para cubrir el costo de ésta. Es importante que los proyectistas tomen estos aspectos en cuenta en la 2da discusión de esta Ley» (Provea, 02.12.04, [email protected]).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Ligia Bolívar
Año: 1990
Editorial: Provea
Sinopsis:
El Centro do Documentación abre al publico su colección digitalizada de Literatura Gris, documentos que no han sido publicados, se caracterizan ser sumamente especializados en el área de los DESC. Las reflexiones del presente documento son extensivas a aquellos servicios legales que laboran en el campo de los derechos humanos o que integran estrategias jurídicas en el conjunto de sus actividades en pro de los derechos humanos; por otro lado, lo reciente de la experiencia hace que las afirmaciones y propuestas que se presentan en torno al accionar actual de los organismos de derechos humanos en Venezuela partan de prácticas todavía en proceso de revisión y desarrollo
([email protected]).

Autor: Amnistía Internacional
Año: 2004
Editorial: EDAI
Sinopsis:
«A los diez años de la adopción de la Convención de Belém do Pará, Amnistía Internacional ofrece el presente informe donde se recogen y analizan las principales propuestas de la Comisión Interamericana de Mujeres para la creación de un mecanismo de seguimiento a la aplicación de esta convención. Este documento también puede ser consultado en la siguiente dirección: www.amnesty.org«
([email protected]). 

Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Año: 2004
Editorial: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Sinopsis:
«El presente informe parte del concepto de educación como derecho humano, elaborado en base de las definiciones del mismo en los tratados internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano y de los aportes que ha hecho en su conceptualización y delimitación la Relatoría Especial.
Presenta un balance del nivel de garantía del derecho a la educación en Colombia. Con el fin de expresar una opinión crítica y constructiva sobre las políticas gubernamentales y propiciar un espacio de dialogo que permita avanzar de manera decidida en la exigibilidad del derecho a la educación para todas y todos» ([email protected]).

Autor: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Año: 2003
Editorial: CENIDH
Sinopsis:
«Las violaciones a los derechos laborales y humanos de trabajadoras y trabajadores constatadas en el presente estudio y la problemática que reflejan, requieren especial atención de las instancias administrativas y judiciales del estado, para su prevención.
La ampliación de la maquila debe estar acompañada de una política de estado para que la inversión extranjera produzca mayores beneficios al país, más allá de la generación de empleos mal pagados» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la aprobación del “Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión” por parte de la Asamblea Legislativa de la República Bolivariana de Venezuela. La Relatoría para la Libertad de Expresión informó a la Comisión sobre algunos aspectos del proyecto de ley que son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proyecto aprobado mantiene los condicionamientos de veracidad y oportunidad de la información para la definición de los programas informativos. La Comisión ha expresado que ese tipo de condicionamientos vulneran el artículo 13 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo, ha dicho que: “No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor”. (Opinión Consultiva Nº 5, 1985).

El proyecto mantiene extensas limitaciones al contenido de los programas de radio y televisión, en amplias franjas horarias, que podrían vulnerar las disposiciones convencionales. La utilización de términos vagos, sumado a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de información sobre cuestiones de interés público.

Resulta preocupante también que el proyecto aprobado crea un Directorio de Responsabilidad Social y un Consejo de Responsabilidad con facultades muy amplias. Tratándose de un Proyecto que impone numerosas sanciones, las atribuciones que se conceden a los órganos de control y sanción que están formados por mayoría estatal, pueden resentir el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

Washington DC, 30 de noviembre de 2004″ (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30.11.04, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/25.04.htm).

«Washington, D.C.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena enérgicamente el violento atentado perpetrado contra la vida del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, ocurrido ayer en la ciudad de Caracas, Venezuela. Este terrible asesinato, sin precedentes en la historia de este país, constituye, además, un ataque directo a la administración de justicia venezolana y empaña los esfuerzos de la sociedad por afianzar el Estado de derecho, las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.

CEJIL se solidariza con los familiares del fiscal Danilo Anderson y con la sociedad venezolana, consternada por este gravísimo hecho, y solicita de manera urgente a las autoridades venezolanas que se lleve adelante una investigación eficaz, que identifique, juzgue y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este atentado. » (El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 19.11.04, http://www.cejil.org/).

«La Comisión Andina de Juristas (CAJ) expresa su más enérgica condena por el criminal atentado que ha costado la vida al señor Fiscal, Dr. Danilo Anderson, y exige se lleve a cabo una exhaustiva, seria y transparente investigación destinada a identificar a los presuntos responsables de tan luctuoso hecho para someterlos al debido proceso y aplicarles las sanciones legales correspondientes.

La CAJ hace votos para que las tensiones políticas que dividen al pueblo venezolano no deriven en actos de violencia ni mucho menos en actos terroristas y que, por el contrario, estas diferencias se procesen de una manera pacífica, constitucional y democrática.

Nuestra institución reitera su rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, y ratifica su firme voluntad de trabajar por el respeto al Estado Democrático de Derecho y la efectiva vigencia de los derechos humanos en todos los países de la región andina.

Lima, 24 de noviembre del 2004″ (Comisión Andina de Juristas, 24.11.04, [email protected]).

Del 05 al 18 de noviembre de 2004

Boletín electrónico Nº 147

CONTEXTO

Cuando el país parecía experimentar avances hacia un panorama más auspicioso para el diálogo y la consolidación de la paz, luego de una definición electoral sobre el mandato presidencial, tal como fue acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos en mayo de 2003, el atentado ocurrido ayer 18 de noviembre en el que fue asesinado el fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, parece estar orientado a obstaculizar tal posibilidad. La utilización de explosivos colocados en el vehículo del fiscal que investigaba algunos casos de relevancia política, aparentemente activados a distancia, hacen pensar que se trata de una actuación terrorista que maneja técnicas sofisticadas.

Ante estos hechos, una vez más Provea condena la violencia política y hace un llamado al pueblo venezolano y a sus representantes para que impidan que la misma se instale entre nosotros como forma para resolver los conflictos.

El camino para ello sigue siendo la justicia. Es fundamental que se realice una adecuada investigación que, respetando estrictamente los derechos de los imputados, determine quiénes son los responsables materiales e intelectuales y se adopte la sanción establecida en la ley para este grave delito. Si una vez más triunfa la impunidad, se estaría facilitando la profundización de una espiral de violencia, en la cual todo el país, y no sólo alguno de los bandos políticos perdería.

Provea le exige a todos los líderes políticos que no sólo condenen este atentado sino que den una lección de unidad nacional en torno al repudio del terrorismo como método político y su combate apegado a la letra de la ley y de la institucionalidad democrática.
Provea desea expresar sus condolencias a la familia y amistades del Fiscal Anderson, al Fiscal General de la República y a todos los miembros de esa institución. Finalmente, hace un llamado para que la comunidad vuelva a dar un ejemplo de templanza ante quienes atentan contra su decisión de vivir en paz y democracia (Provea, 19.11.04).

Provea se dirigió este 11.11.04 a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objeto de interponer una Acción de Amparo Constitucional contra el Presidente Chávez a favor del derecho de petición. Esta sería la 5ta. ocasión que la organización de derechos humanos aplica esta estrategia jurídica ante el máximo tribunal en contra de altos funcionarios del Estado venezolano.

Basado en el artículo 51 de la Constitución, Provea introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una Acción de Amparo Constitucional, mediante la cual solicitó que se le ordene al Presidente de la República Hugo Chávez Frías dar respuesta a una petición de rectificación efectuada por Provea el 16.02.04 y ratificada el 30.08.04.

Como se recordará, en la edición No. 182 del programa “Alo Presidente”, transmitida el 15.02.04 por distintos medios televisivos y radiofónicos del Estado, el Presidente Chávez insinuó que varias organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre ellas Provea, formaban parte de “una gran conspiración contra Venezuela”.

Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea, recordó que Provea señaló en su momento que “es absolutamente falso que recibamos financiamiento del gobierno estadounidense u órgano alguno de dicho país, aún cuando insistimos en señalar que quien lo haga con fines lícitos no comete delito alguno. Tampoco participamos de estrategias contrarias a la profundización de la democracia”.

Explicó el vocero de Provea, que ante esta afirmación “el 16 de febrero, dirigió un derecho de petición a la Presidencia de la República, mediante el cual la organización le solicitó formalmente al ciudadano Presidente que procediera a rectificar la información que había sido agraviante para su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha petición no fue respondida de manera oportuna y adecuada, por lo que insistimos con otra comunicación el pasado 30.08.04 que tampoco fue atendida”.

Es importante destacar que las opiniones emitidas por el Presidente en su programa causaron un daño a Provea. Recuerda Alvarado que “no sólo recibimos correos electrónicos insultantes y amenazantes, sino que sectores de comunidades populares con los cuales trabajamos y que tienen simpatía por el proyecto de gobierno, expresaron dudas sobre la transparencia del trabajo que realizamos”.

La medida implementada por Provea ante el TSJ busca fortalecer el derecho de petición como estrategia jurídica, dado el consecutivo irrespeto con el que los poderes públicos tratan las solicitudes de información, de respuestas y de audiencias efectuadas por ciudadanos u organizaciones sociales.

Al respecto, el vocero de la organización comentó que “esta no es la primera vez que nos dirigimos al TSJ por la violación de nuestro derecho de petición. En 2 ocasiones anteriores acusamos a distintos titulares del Ministerio de la Defensa (Raúl Salazar en 1999, para acceder al expediente de la masacre de Yumare y a José Luis Prieto en 2003 para acceder al Plan Ávila).

La 3ra. vez fue el año pasado contra Tobías Nóbrega, ministro de Finanzas, para conocer sobre el presunto uso indebido de fondos de pensionados y jubilados). Y en septiembre accionamos contra el Defensor del Pueblo por no brindar información solicitada para nuestro informe anual. De manera que con esta nueva acción, Provea vuelve a exigir al máximo tribunal que ordene a las instancias públicas el respeto al derecho de petición” (Provea, 11.11.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np111104.pdf).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo admitió 5 demandas de amparo interpuestas el 01.10.04 por la organización de derechos humanos Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) en contra de Jesús Querales, presidente del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INH), por violación de los derechos de petición e información (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10286H.shtml).

El pasado 19.07.04 ACCSI solicitó al Dr. Querales informar y expedir copia certificada del registro sanitario, así como la  respectiva certificación de su bioequivalencia, de los siguientes compuestos que distribuye el Estado para el tratamiento del VIH/SIDA: Didanosina, Duovir, Zidovir, Lamivir, Estavudina, Lamivudina, Virodin, Vorostav, Virocomb, Viroz y Nevipan, elaborados por laboratorios cubanos y de la India (Acción Ciudadana contra el Sida, 08.11.04, [email protected]).

Transcurrido el lapso legal para recibir contestación sin que ésta se produjera, la organización estimó que esto configuraba una violación de los artículos 51 y 143 constitucionales para obtener respuesta oportuna y adecuada. Ante esta situación, ACCSI presentó 8 recursos de amparo en contra del INH ante las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, por violación de los derechos de petición e información. Tres correspondieron a la Corte Primera y 5 a la Corte Segunda las cuales fueron aceptadas el pasado 08.11.04 (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).

Estimó la organización que la falta de contestación por parte del Dr. Querales, vulnera el derecho constitucional de petición e información en una triple dimensión: falta de respuesta dentro de los 20 días de presentada la petición; falta de respuesta al requerimiento y falta de acceso a la información pública, a lo cual agrega una cuarta implicación: «y es que en atención a la naturaleza de la petición y a las personas que viven con VIH/SIDA, a quienes representa ACCSI, existiría una violación a los derechos de este grupo, quienes serían las beneficiarias o perjudicadas por la respuesta» (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).

El magistrado Jesús David Rojas de la Corte Segunda determinó en su sentencia que los 5 amparos introducidos por ACCSI ante dicha instancia sean acumuladas, examinadas y decididas dentro de un único proceso, con el objeto de evitar que se dicten sentencias contradictorias en procesos semejantes y para permitir la economía procesal. En este mismo sentido, la decisión de la Corte Segunda señaló que conoce acerca de las otras 3 causas que cursan ante la Corte Primera, por lo cual requirió a ese órgano jurisdiccional remitir a la Corte Segunda las mismas, quedando igualmente acumuladas. En consecuencia, las 8 causas contentivas de las acciones de amparo que presentó ACCSI contra el INH, se tramitarán y decidirán en un único expediente y procedimiento (Acción Ciudadana contra el Sida, Ídem.).

Con estas acciones, ACCSI busca conocer si el INH ha cumplido a cabalidad con los requisitos para la expedición de los registros sanitarios y permisos de los medicamentos que se distribuyen para el tratamiento del VIH/SIDA, y que los productos farmacéuticos que conforman estas terapias antirretrovirales, responden a los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia que garantizan su efectividad, ello en atención a las implicaciones referidas a los derechos a la salud y vida de las personas que requieren recibir estas terapias antirretrovirales, con la puntualidad y calidad que son necesarias.

El pasado 28.10.04, la organización de derechos humanos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) consignó ante el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), su proyecto de “Directrices sobre medidas de prevención contra juegos computarizados, electrónicos y cualesquiera multimedia e Internet nocivos para niños, niñas y adolescentes” (Centros Comunitarios de Aprendizaje, 05.11.04,. [email protected]).

Estas directrices se constituyeron a los fines de avanzar en el establecimiento de una normativa para el ingreso al país, la producción y la venta de juegos computarizados, electrónicos o cualesquiera otra multimedia que se consideren nocivos para la salud o el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Entre los aspectos que contempla este proyecto, se puede señalar, por ejemplo, la necesidad de establecer una edad requerida para el uso, acceso, alquiler y compra de todos los juegos computarizados, electrónicos o multimedia, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la LOPNA.

A juicio de CECODAP, «el desarrollo y uso de las tecnologías de la información ejercen gran influencia en todos los ámbitos de la sociedad, siendo urgente y necesario que el Estado, las familias y la sociedad en general tomen conciencia de lo nocivo que resulta el uso inadecuado de la Internet. Así como algunos juegos computarizados, electrónicos o cualesquiera multimedia, cuyas imágenes son portadoras de información que transmiten mensajes explícitos, implícitos o subliminales que ocasionan una distorsión grave en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Razón por la cual, es necesario implementar mecanismos de protección, con el objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de su derecho a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo integral» (Centros Comunitarios de Aprendizaje, Ídem.).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó el más reciente Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos (EPT) en el Mundo 2015, un trabajo basado en datos administrativos que los gobiernos suministraron al Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) sobre el año escolar 2001/2002.

En dicha investigación se afirma que «la calidad de la educación es insuficiente para lograr la Educación para Todos en 2015 La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que nunca. Sin embargo, muchos abandonan la escuela antes de llegar al quinto grado de primaria o finalizan sus estudios elementales sin dominar un mínimo de conocimientos» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 16.11.04, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15006&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

Entre los datos que maneja el informe hay un conjunto de estadísticas de calidad garantizada que se han acopiado recurriendo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, gracias a lo cual son comparables en la mayoría de los países. También se recurrió a otras muchas fuentes de datos, por ejemplo, las encuestas nacionales sobre las familias y algunos estudios encargados especialmente, a fin de enriquecer los análisis y detectar los cambios recientes de las políticas de educación de  los países, así como sus posibles repercusiones en la realización de los objetivos de la EPT.

Con el acopio de estos datos se logró en este informe determinar el Índice de Desarrollo de la Educación para Todos (IDE), el cual permite determinar en qué medida los países están alcanzando 4 objetivos del EPT: enseñanza primaria universal, paridad entre los sexos, alfabetización y calidad. Según el informe, varios países, incluidos algunos de los más pobres, han mejorado manifiestamente  sus niveles de consecución de la EPT en el periodo 1998-2001, «probando así que la pobreza no es un obstáculo insuperable para realizar progresos rápidos hacia el logro de la EPT» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ídem.).

UNESCO destacó que en la región de América Latina los progresos hacia el objetivo de calidad de la educación van rezagados. En este sentido, destaca una fuente periodística que, según este informe, «Venezuela se encuentra a medio camino para alcanzar los 4 objetivos mensurables del programa EPT» (El Universal, 09.11.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/11/09/ten_art_09252D.shtml).

El informe colocó al país en un grupo de 14 naciones latinoamericanas que han logrado significativos avances en la EPT, siendo superado por otro grupo de países de la región cuyos logros los ubican cerca de conseguir los objetivos propuestos.

Subraya la investigación que Venezuela está entre los 10 primeros países de América Latina con mayor índice de alfabetización de adultos: «los datos de 2001 muestran que para entonces la taza de alfabetización de adultos en nuestro país era de 93,1%. Esta cifra, aunada a los logros en cuanto a la universalización de la educación primaria, a la paridad entre ambos sexos en la educación y a la mejora de la calidad de la enseñanza, hace que Venezuela comparta un concurrido quinto lugar en América Latina» (El Universal, Ídem.).

Según la fuente, para 2001 en Venezuela, «la tasa neta de escolarización que corresponde al número de alumnos matriculados en primaria alcanzó 92,4% de la población con edad para cursar los estudios de ese nivel. Se trata del 10mo. mejor registro en América Latina, siendo el promedio regional 96%. No obstante, el estudio precisa que, aunque el grado de participación en primaria es elevado en la mayoría de los países, no todos los niños que tienen acceso a este nivel de educación terminan sus estudios. Explica que el fenómeno se debe a los altos costos de la enseñanza, entornos escolares poco propicios o escasamente acogedores, la necesidad de aportar ingresos a sus familias y la escasa calidad de la educación impartida. En tal sentido, la tasa de supervivencia en el quinto grado, en Venezuela, fue de 96,3% en 2001, el segundo más alto de la región» (El Universal, Ídem.).

Otro dato que se señala en este estudio es que en nuestro país la tasa bruta de escolaridad para la secundaria fue de 68,5%, mientras que en la enseñanza superior apenas fue de 27,1%, 10mo. y 8vo. mejor registro de la región.

Sin embargo, el informe de la UNESCO advirtió que el Estado venezolano no aportó cifras sobre el monto de la inversión destinado al sector educativo (El Universal, Ídem.).

Puede consultar o descargar el resumen ejecutivo de este informe en la página web de la UNESCO: http://www.unesco.org/education/gmr_download/es_summary.pdf.

Ana Elisa Osorio, titular del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), anunció el pasado 03.11.04 que el gobierno venezolano ratificó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, tratado internacional establecido en 1997 como complemento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992 que busca disminuir la emisión de gases con efecto invernadero entre el periodo 2008-2012.

La Ley Aprobatoria para este instrumento internacional fue sancionada por la AN el pasado 22.07.04 (Asamblea Nacional, 26.07.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=618), lo que representaba un paso preliminar para su definitiva ratificación por el Estado Venezolano.

La funcionaria recordó que el objetivo principal de este marco jurídico «es lograr que para 2008-2012, los países desarrollados disminuyan sus emisiones de gases con efecto invernadero, en un 5% menos del nivel de emisiones de 1990» (Ministerio de Comunicación e Información, 04.11.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=3746).

Anunció Osorio que una de las primeras medidas a ejecutar por Venezuela siendo parte de este acuerdo será  «la creación de una oficina compuesta por varios despachos del Ejecutivo -incluido Ambiente-, como Energía y Minas, Planificación y Desarrollo, Agricultura y Tierras, Infraestructura, Petróleos de Venezuela […] que deberá formular políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, que deberán ser asumidas tanto para la mitigación como para la reducción de emisiones» Ídem.).

La ministra recordó que el año pasado su despacho culminó el inventario nacional de gases efecto invernadero con un resultado «muy alentador» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).. Sostuvo Osorio que «aunque Venezuela es un país petrolero, la cantidad de emisiones de estos gases es relativamente baja y corresponde al 0,48% de todas las emisiones mundiales, mientras que dentro de América Latina, se encuentra en el cuarto lugar después de Brasil, México y Argentina» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

Osorio «exhortó a los medios de comunicación de todo el país a colaborar con esta iniciativa en el sentido de difundir lo que significa el fenómeno del cambio climático y como influye negativamente sobre las especies animales y vegetales, así como, por el contrario, su control, redunda en beneficios. Asimismo,

Explicó la funcionaria que «las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche se están reduciendo y ello perjudica la producción de leche, de frutas y en definitiva es un factor que se opone a la lucha contra la pobreza […] los científicos han determinado que la temperatura global podría aumentar entre uno y tres grados centígrados a mediados del presente siglo a causa de la polución» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

Vale la pena destacar que en el mes de octubre la Federación Rusa anunció la ratificación del Protocolo, un hecho relevante si se toma en cuenta que, junto con Estados Unidos, forman parte del grupo de países cuyo desarrollo industrial que mayor impacto provocan sobre la atmósfera. A propósito de esta decisión, la ministra Osorio «felicitó al gobierno de Rusia por haberse adherido también al Protocolo de Kyoto, lo que posibilita la entrada en vigencia del tratado para el próximo año y consideró como negativo el hecho que Estados Unidos se niegue a ratificar este acuerdo» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

Con relación a la adhesión de Venezuela al Protocolo de Kyoto, Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista venezolana Vitalis, manifestó que «ve con buenos ojos la inclusión de Venezuela en esta iniciativa mundial» (El Universal, 15.11.04,
http://noticias.eluniversal.com/2004/11/15/ten_art_15255C.shtml).

Díaz Martín aclaró que «el Protocolo no impone compromisos de reducción de gases a países en desarrollo como Venezuela pero, plantea herramientas de flexibilización para involucrar a este tipo de naciones en el logro del desarrollo sostenible, como lo es el mecanismo de producción limpia que les permite contribuir con otros países a la mitigación de las sustancias perjudiciales. Esto implica que Venezuela podría tener acceso a tecnologías y financiamiento para alcanzar mayor eficiencia energética que favorezca la producción limpia» (El Universal, Ídem.).

De acuerdo con Franklin Rojas Suárez, presidente de Conservación Internacional Venezuela, la adhesión del país al Protocolo de Kioto implica beneficios para los sectores energético y forestal. Explica que ello se debe a que es el único país de la OPEP signatario del documento que tiene capacidad para comercializar petróleo bajo en contaminantes.

Ello es posible gracias a que los bosques del territorio nacional permiten producir el hidrocarburo con bajas concentraciones de dióxido de carbono, y es precisamente la reducción de emanaciones de este gas uno de los compromisos vitales del protocolo. «Esto se traducirá en fuente de recursos económicos» (El Universal, Ídem.).

Según el Protocolo, los gases contaminantes cuyas emanaciones deben ser reducidas son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

Conviene recordar que con la aprobación de este instrumento, el Estado venezolano acogerá una exigencia que Provea ha hecho desde la edición Nº 14 de su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (ver en :
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_amb_sano.htm).

Según Andrés Izarra, titular del Ministerio de Comunicación e Información, el Consejo de Ministros Nº 400, realizado el pasado 08.11.04, aprobó un crédito adicional  por 149.907.000 de bolívares para el  Ministerio del Trabajo (MINTRA) y el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), destinados a cubrir el monto restante de la deuda de los pensionados del IVSS desde el año 92 hasta el 2001 (Gobierno en Línea, 09.11.04,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25819). 

Recientes datos ofrecidos por Omar Mora, presidente de la Sala Social y primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  acerca de la aplicación del procedimiento de los juicios laborales permiten revisar los alcances de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) a más de un año de su promulgación (14.08.03) (ver edición Nº 123 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_123.htm#08).

Según el magistrado: «el 92,5% de los juicios laborales están siendo resueltos por la vía de la mediación con un juez especializado en medios alternos de resolución de conflictos» (El Universal, 11.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/11/pol_art_11108D.shtml). 

Explicó Mora que «estamos resolviendo los casos en un promedio de 6 meses en primera, segunda instancia y casación, a diferencia de antes que se hacía en 8 años, y esos son los primeros resultados preliminares que se arrojan en este encuentro» (El Universal, Ídem.).

El magistrado aseguró que los procesos son inmediatos, rápidos y transparentes y también permitieron humanizar el proceso laboral. «Este es un servicio de justicia de primera categoría con rostro humano al servicio del ciudadano» (El Universal, Ídem.).

Recordó que antes de entrar en vigencia ese instrumento había 120.000 causas, de las cuales ya se han resuelto el 80%; y con el nuevo proceso han ingresado 110.000 causas y se han resuelto 94.000.

Además informó que la mayoría de los procesos corresponden a trabajadores del sector privado y se concentran en el Distrito Capital, Zulia, Puerto Ordaz y Barcelona.

Mediante la Gaceta Oficial Nº 38.060 publicada el 08.11.04, el Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC) informó sobre su decisión de aumentar el precio máximo de venta al público de 152 productos alimenticios declarados de primera necesidad por el Ejecutivo Nacional  que permanecían regulados desde el 05.02.03 (Tribunal Supremo de Justicia, 16.11.04, http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/081104/081104-38060-00.html).

En la Gaceta Oficial se explica que la medida se acuerda «en el marco de la política de diálogo adelantada por el Ejecutivo Nacional [y luego de que fueran] oídas las observaciones de diversos sectores productivos y de los consumidores» (Tribunal Supremo de Justicia, ídem.). Sin embargo, la medida se ejecutó «pese a que la semana pasada [del 01 al 07.11.04] el ministro de la Producción, Wilmar Castro, dijo que no habría incremento» (El Nacional, 10.11.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=65&id=51761). 

Según fuentes periodísticas, «los incrementos aprobados por el Ejecutivo alcanzan en promedio 20% sobre los precios acordados en el último ajuste hecho el 15 de abril de este año» (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_art_10176A.shtml).  

Destaca la fuente que «este constituye el 3er. ajuste de precios de alimentos regulados en lo que va de año. El arroz, la harina de maíz precocida, la carne de res, el queso blanco duro, las caraotas negras, el azúcar refinado y el café tuvieron aumentos que promedian 20%. En el caso del arroz, en la Gaceta Oficial aparecen incrementos en los precios de los empaques de un kilo, y además se insertaron a la regulación las presentaciones de 900 gramos. En promedio el incremento de este rubro fue de 13,6%. Por ejemplo, la presentación de un kilo de arroz blanco de 2% granos partidos costaba 1.490 bolívares y fue aumentado a 1.605 bolívares. A principio de este año este mismo producto costaba 1.045 bolívares, lo que representa un alza de 53,5% en 11 meses […] La harina de maíz precocida fue ajustada en 13,7% y pasó de costar 1.100 a 1.250 bolívares el kilo. Cabe recordar que las hallacas del año pasado se hicieron con harina precocida a 1.000 bolívares el kilo […] Uno de los alimentos que ha presentado más distorsiones en su precio es la carne de res. En esta oportunidad el kilo de carne de primera fue aumentado de 7.500 bolívares a 7.888 bolívares, lo que representa un alza de 5,1% […] Los cortes de segunda tuvieron un incremento de 26%, mientras que los cortes de tercera sufrieron un alza de 64,8%. Es extraño que el Gobierno Nacional aprobara estos incrementos tan dispares, y justamente enfocara el mayor aumento en los cortes que consumen las clases más populares del país, mientras que la carne de primera sufrió la menor alza» (El Universal, Ídem.).

Recuerda la fuente que «en el mes de abril se hizo un ajuste en los precios de la carne de res para tratar de equipararlos con los valores verdaderos que mostraba el mercado. Sin embargo, en aquella oportunidad, al igual que en ésta, los precios en Gaceta quedaron muy por debajo de lo que es la realidad. Desde hace varios meses las consumidoras que desean comprar un kilo de carne de primera deben pagar aproximadamente 10.000 bolívares» (El Universal, Ídem.). 

En otro orden de ideas, la Gaceta Oficial acota en su artículo 12, que todos los establecimientos comerciales que expenden alimentos básicos deben disponer de las presentaciones que están establecidas en la resolución. El incumplimiento injustificado de esta disposición generará sanciones. Sin embargo, señala un diario de circulación nacional que «las estanterías y vitrinas de los supermercados o mercados libres ofrecen precios mucho más elevados que los que aparecen en la Gaceta Oficial. Ni siquiera los 3 ajustes hechos al control de precios en lo que va de año han logrado compensar este diferencial» (El Universal, 11.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/11/eco_art_11182A.shtml).

Ante la medida gubernamental de ajustar por 3ra. vez los precios de 152 productos alimenticios regulados, Oscar Meza, presidente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), estimó que «actualmente los alimentos objetos de la regulación de precios muestran un sobreprecio real de 46,7% si se compara con los valores impuestos por el Gobierno […] el ejemplo más emblemático de lo irreal de los precios regulados es el del queso blanco duro que debería venderse en 5.200 bolívares cuando en la realidad se consigue en 11.500, un sobreprecio de 112%» (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/eco_ava_10A506151.shtml).

Si embargo, el presidente del CENDAS,  no descarta que pueda darse un incremento especulativo, «es decir, que se repita el fenómeno que ha venido ocurriendo desde marzo de 2003 cuando entró en vigencia la regulación» (Tal Cual, 11.11.04, pág. 8).

Meza señaló «que se necesita cerca de 1.468.577 bolívares -sin contar ajustes de precios de alimentos o de transportes urbanos- para cubrir con todos los requerimientos básicos. De manera que para noviembre – y por el aumento en los alimentos y el que se espera para el transporte público urbano estimado en un 30%- se producirá un incremento importante. Este monto sólo puede ser costeado por 6,7% de la población» (Unión Radio, 10.11.04, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=124812). Con respecto al indicador de la Canasta Alimentaria Familiar (CAM), Meza sostiene que cerrará en 600.000 bolívares (Tal Cual, Ídem.)

Conviene recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas, por medio del cual el Banco Central de Venezuela (BCV) estima el comportamiento inflacionario de los precios, marcó una tasa de variación acumulada hasta el mes de octubre del 15,4% (ver edición Nº 146 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#13).

En el marco del II Congreso Internacional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acerca del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), celebrado en Caracas durante la primera semana de noviembre, Héctor García, vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR), se pronunció en contra de este tratado de libre comercio: «en las actuales negociaciones se perfilan dificultades para el acceso a los medicamentos y un atentado contra el derecho básico de la salud, al incluir a la propiedad intelectual y las patentes farmacéuticas entre los puntos, estableciéndose limitaciones adicionales a las ya existentes para la aparición y permanencia de medicamentos similares a bajos precios» (El Universal, 03.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/03/eco_art_03172A.shtml).

García enfatizó que la falta de acceso a los medicamentos constituye un problema social preocupante: «80% de la producción mundial de medicamentos se consume en los países ricos y cerca de un tercio de la población mundial -2.000 millones de seres humanos- carece de acceso a los medicamentos esenciales, tal como lo señala la Acción Internacional para la Salud» (El Universal, Ídem.).

Explicó que actualmente en la región se aplican las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que 151 socios aprobaron el Acuerdo sobre Derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyos lineamientos son recogidos en la Decisión 486 de la CAN. Esas normas establecen flexibilidades para que los países ejerzan protecciones a la salud y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos.

«Ahora tememos que la propiedad intelectual sea introducida como punto de honor dentro de las negociaciones bilaterales con la expresa intención de protecciones adicionales a las acordadas en el ADPIC, constituyéndose la tan criticada figura del ADPIC-Plus. Estos plus o agregados reducirían la capacidad de los Estados para fijar sus propias políticas en caso de emergencia, caducidad de patentes, posición dominante de mercado o precios excesivos del producto patentado. Adoptar tales medidas implicaría poner barreras adicionales a la competencia, incremento en los gastos de medicamentos y del acceso a ellos, así el debilitamiento de la CAN como mecanismo institucional» (El Universal, Ídem.).

Añadió García que «la posición del Gobierno venezolano es crítica frente a estos acuerdos bilaterales y muy clara en cuanto a la aplicación de todas las flexibilidades previstas en el ADPIC. Esta posición es compartida por gobiernos de otras naciones como Argentina y Brasil, mientras que los otros integrantes del grupo andino están tomando posiciones que retardan la firma de TLC, que comprometan el acceso a los medicamentos en la población» (El Universal, Ídem).

Respecto a este tema, se recomienda consultar la posición de un grupo de activistas latinoamericanos que actualmente llevan a cabo una Campaña Mundial Contra la Comercialización de la Salud y la Vida. Su documento declarativo puede leerse en la sección DOCUMENTOS de esta edición.

  • El Estado venezolano debe garantizar el carácter abierto, público y transparente de las negociaciones de integración económico comercial (incluyendo las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, la OMC y los bilaterales), permitiendo el acceso ciudadano a la información sobre lo que se negocia, cómo se negocia y quién propone cada aspecto o elemento en la negociación.
  • El Estado venezolano debe ratificar prioritariamente todos los instrumentos internacionales de protección y garantía de los derechos humanos antes de suscribir cualquier tratado de integración económica comercial; y en particular, debe suscribir sin dilación alguna el Protocolo de San Salvador, y tomar la iniciativa en la discusión de la Carta Social Americana,
    garantizando la participación ciudadana en dicho proceso.
  • El Estado venezolano debe solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva acerca del impacto del ALCA en los Derechos Humanos, así como de otros acuerdos de integración comercial o de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), en tanto dinámicas basadas en la apertura de libre mercado.
  • El Estado venezolano debe solicitar la realización de Audiencias extraordinarias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar el impacto del ALCA en cada uno de los DESC.
  • El Estado venezolano debe garantizar el control social soberano de la política económica nacional, mediante la creación de espacios, medios e instrumentos de participación ciudadana en su formulación y decisión. En específico, debe garantizarse la participación ciudadana en la discusión, elaboración y formulación de las propuestas que lleven los negociadores ante las mesas de negociación de los acuerdos de integración comercial, particularmente en las de la OMC, ALCA y bilaterales.
  • El Estado venezolano debe garantizar una política de información concreta para la discusión pública del ALCA. En específico, debe abrir espacios o canales de comunicación e información suficientes que permitan la democratización plena de la discusión y las propuestas respecto al
    ALCA; así como impulsar una campaña masiva de información hacia la ciudadanía, garantizando financiamiento para las iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas. iniciativas informativas provenientes de las organizaciones sociales venezolanas.
  • Deben fortalecerse, en la legislación y jurisprudencia nacionales, la funciones garantistas del estado social de derecho y de justicia, y garantizarse la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho internacional comercial (Provea, 08.11.04,
    http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), notificó que durante los 3 trimestres del año 2004 y parte de noviembre han muerto asesinados 247 reclusos y han resultado heridos otros 536 en los 30 centros de reclusión que constituyen la red penitenciaria del país «como consecuencias del hacinamiento y la carencia de una vigilancia eficaz y efectiva» (Diario 2001, 11.11.04, http://www.2001.com.ve/20041111/Sucesos/Sucesos1.asp?tp=8).

Humberto Prado, coordinador general de la organización destacó que «es deplorable la situación de los reclusos. No se toman acciones útiles para facilitar la vida de 9.940 reos o procesados, que hacen vida común en 30 centros penales, 16 internados judiciales y otras dependencias que están bajo jurisdicción del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI)» (Diario 2001, Ídem.).

Durante el 3er. trimestre de este año, se registró un incremento de 48 fallecidos con respecto al período anterior. Precisa el reporte de la OVP que entre enero y septiembre de este año, 120 presos fallecieron por armas de fuego y otros 59 por armas blancas (Así es la Noticia, 11.11.04, pág. 19).

Detalla Prado que «quienes por alguna razón caen en las cárceles venezolanas permanecen en un limbo judicial. Los fiscales del Ministerio Público (MP) deben atender numerosas acusaciones, lo cual va dejando un sedimento en los calabozos que se complementa con el excesivo trabajo de los jueces, quienes, a su vez, quedan limitados para prestarle atención a las necesarias sentencias» (Diario 2001, Ídem.).

Para el activista de derechos humanos los 1.172 extranjeros que permanecen en estos centros penitenciarios tienen mayor limitación «si no son atendidos por los cónsules, se les pone cuesta arriba contactar a los abogados que los defiendan» (Diario 2001, Ídem.).

Preocupa a la OVP que «el común de la población penal no tiene colchones, la alimentación es precaria, y los traslados a los tribunales son esporádicos. El MRI dispone de un presupuesto de 2.700 bolívares diarios para la comida de cada uno de los reclusos, y no son precisamente especialistas los que preparan el condumio. Quienes son ingresados a las cárceles del país por delitos menores, al poco tiempo regresan vinculados a delitos mayores» (Diario 2001, Ídem.).

Destaca en su reporte el OVP que «de todas estas dificultades y de otra más grave como el tráfico de narcótico y de armas, emanan los problemas que vienen dejando una estela de muertos en cada cárcel. Los chuzos carcelarios están siendo remplazados por armas de fuego y por granadas de mano, que los presos reciben de manos de quienes deben ejercer la vigilancia de los penales» (Diario 2001, Ídem.).

Prado señaló también que entre enero y marzo se registraron 59 muertos y 115 heridos. Entre abril y mayo 86 muertos y 157 heridos. Entre julio y septiembre 71 muertos y 206 heridos. En el mes de octubre 31 muertos y 58 heridos. En lo que va de este mes han asesinado a 8 reclusos y hay uno herido en riñas ocurridas en 3 centros penitenciarios del interior del país.

Observó Prado que el hacinamiento persiste en los centros penitenciarios. La población reclusa actualmente es cercana a los 20.000, entre penados y procesados, mientras que el cupo debe ser para 16.000. Este problema, además contribuye con la condición infrahumana que existe en estos centros (El Carabobeño, 11.11.04, pág. B/20).

Ante esta situación, Prado aboga por decretar una emergencia carcelaria como medida inmediata que debe implementar el Estado venezolano conjuntamente (El Carabobeño, Ídem.).

Concluyó Humberto Prado, director del OVP, al señalar que se cumple un año de la masacre ocurrida en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, donde fueron ultimados 7 presos. Fueron sindicados un capitán de la Guardia Nacional, un teniente, dos sargentos y un distinguido, pero todos ellos gozan de libertad plena a raíz de una decisión judicial, sin embargo los acusadores apelaron a la primera sentencia, y el caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo de Justicia. Prado aseguró que el Observatorio Venezolano de Prisiones se mantendrá en el juicio para que no quede impune, como ya ocurrió con casos similares que se originaron en el retén La Planta y en otros centros de reclusión del país. (Diario 2001, Ibíd.).

La Defensoría del Pueblo acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la eliminación de varios artículos contenidos en los reglamentos de los cuerpos policiales de los Edos. Trujillo, Aragua, Miranda, Amazonas y Mérida, por considerar que son inconstitucionales e ilegales y para «evitar la existencia de grupos paramilitares y exigir el respeto de los derechos humanos»(El Nacional, 14.11.04, pág. A/8).

La sala designó como ponentes en este caso a los magistrados Jesús Cabrera Romero, Pedro Rondón Haaz y Antonio García García, y a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

«Paralelamente, la Defensoría exigió derogar el artículo 70 del Decreto-Ley de los Cuerpos de Bomberos y Administración de Emergencias Carácter Civil, al alegar que vulnera los principios constitucionales y de derechos humanos y por ser contrario a las normas existentes. Se espera que las acciones sean respondidas en los próximos meses» (El Nacional, Ídem.).

El pasado 31.10.04 se efectuaron en 22 entidades federales venezolanas y en el Distrito Capital las elecciones para gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos municipales. Es el 2do. evento electoral que se efectúa en el país durante este año, luego del referendum revocartorio del mandato presidencial que se llevó a cabo el pasado 15.08.04.

Según la Junta Nacional Electoral del Consejo Electoral Nacional (CNE),  la abstención a escala nacional alcanzó el 54, 27 %, un «porcentaje similar a comicios anteriores de este tipo, lo cual indica que se mantuvo dentro de los márgenes históricos» (Consejo Nacional Electoral, 08.11.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=474).

Los comicios fueron observados por cerca de 100 observadores internacionales así como por casi 300 veedores nacionales de la organización Ojo Electoral autorizados por el CNE (El Universal, 31.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/31/ereg_art_31111A.shtml). La mayoría de los veedores internacionales fueron individualidades provenientes de tribunales electorales, instituciones judiciales, legislativas y universidades de América Latina y España, así como los embajadores en Venezuela de Corea y Canadá.

En conjunto, los observadores internacionales presentaron una declaración mediante la cual mostraron «su satisfacción por el desarrollo de la Jornada Electoral, en la cual la ciudadanía venezolana se ha pronunciado en un clima de paz y serenidad, que permite pronosticar una consolidación de la cultura democrática de respeto a las reglas de la competición electoral» (Consejo Nacional Electoral, 08.11.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=471).

Igualmente, valoraron como positiva «las medidas introducidas por el Consejo Nacional Electoral y entre ellas, especialmente, la creación de un número significativo de mesas electorales, han contribuido a una mayor fluidez y efectividad en el ejercicio del derecho de voto» (Consejo Nacional Electoral, Ídem.). Subrayaron la necesidad de reforzar «los mecanismos de designación, acreditación y comunicación a los miembros de las mesas electorales, la capacitación de todo el proceso electoral y la más clara visualización de las opciones electorales en el momento de la votación» (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).

Asimismo, calificaron el procedimiento electoral aplicado en los comicios regionales como satisfactorio respecto a las garantías «de fiabilidad, transparencia y rigor técnico [ofrecidas], asentadas sobre premisas que reducen al máximo las irregularidades y reflejan fielmente la voluntad de los votantes» (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).

No obstante, y a pesar de que en general reinó la calma durante la jornada comicial, el Ministerio Público (MP) reportó 20 personas detenidas en todo el país: (1 en el Edo. Portuguesa; 2 en Caracas, Edo. Apure y Zulia; 3 en Bolívar y 10 en Aragua). Según la fuente oficial, a la mayoría de estas personas se les imputó delitos electorales: acreditación falsa como testigo de mesa, presunto sabotaje a máquinas de escrutinio, destrucción de material electoral, entre otros (Gobierno en Línea, 01.11.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=25346). 

Durante las jornadas electorales también se presentaron enfrentamientos entre grupos de distintas toldas políticas en el municipio Camatagua del Edo. Aragua, que prontamente fueron controlados por fuerzas de seguridad estatal sin daños materiales ni heridos de gravedad (El Aragüeño, 01.11.04, pág. 7). Episodios similares se repitieron el día siguiente de los comicios en la ciudad de Valencia, capital del Edo. Carabobo, con el agravante de saqueos focalizados y destrozos a un reciento educativo donde  estuvo un centro de votación. Los sucesos fueron provocados por presuntos seguidores de los sectores políticos que se medían en la contienda regional y se adjudicaban el triunfo antes del reporte oficial del CNE. Mas, sin embargo, no se reportaron heridos ni fallecidos (Últimas Noticias, 02.11.04,pág. 6).

Fuentes periodísticas también registraron hechos violentos sucedidos luego de la culminación del proceso comicial, específicamente en los municipios Cantaura y Mapire del Edo. Anzoátegui, donde se contabilizaron 6 heridos el día 01.11.04, durante manifestaciones de rechazo a la proclamación  del candidato electo (El Nacional, 02.11.04, pág. A/7).

El Edo. Delta Amacuro fue el único que reportó una muerte resultado del choque entre presuntos militantes políticos que supuestamente rechazaban la proclamación del alcalde electo en el municipio Casacoima (El Universal, 04.11.04, pág. 4/1). Según la misma fuente periodística, «también en Monagas, Anzoátegui y Táchira las autoridades debieron tomar acciones para controlar la situación».

Otro hecho preocupante con el que cerró el evento electoral fue el procedimiento de allanamiento efectuado en la madrugada del 01.11.04 en una hacienda donde se hallaba Eduardo Lapi, gobernador del Edo. Yaracuy hasta ese momento y candidato a la reelección, junto con su familia, por parte de efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), según reseñó una fuente periodística.

Relató Lapi que «durante el procedimiento revisaron documentos y objetos personales de toda mi familia, sin encontrar nada» (El Universal, 01.11.04, pág. 1/5).

Por su parte, la Asamblea Nacional (AN) decidió, por unanimidad, la constitución de una comisión especial para investigar las circunstancias de esta acción y «la actuación al margen de lo previsto en la ley, de fiscales del MP que no respetaron su fuero vigente y la obligación de solicitar un antejuicio de mérito mientras éste prevalezca, cuando allanaron su residencia particular en respuesta a una acusación previa en su contra», según detalló el parlamentario Juan José Caldera (Convergencia). 

A una semana de que Miguel Ángel Nieto, director de medios del Bloque Democrático, denunciara la presunta detención del coronel retirado de la Aviación Silvino Bustillos, integrante de esta organización opositora, por parte de un grupo de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) el pasado 31.10.04, día de las elecciones regionales (El Nacional, 01.11.04, pág. B/14), el periodista Manuel Isidro Molina denunció en su columna «Pasando la hoja» publicada por el semanario La Razón en su edición del 07.11.04, «que el coronel Silvino Bustillos habría estado en los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar, donde fue supuestamente golpeado y habría muerto» (El Nacional, 12.11.04, pág. B/27).

El mismo día que se hizo pública esta noticia Jorge Luis García Carneiro, titular del Ministerio de la Defensa (MD), anunció en la emisora de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) que en los registros de la DIM no aparecía la detención de Bustillos. No obstante, aseguró que tenía conocimiento de que 3 efectivos practicaron el 31.10.04 una persecución cuyo objetivo era el coronel retirado, un procedimiento que negó haber autorizado (Venezolana de Televisión, 17.11.04). En esa misma ocasión el ministro anunció la apertura de las investigaciones e invitó al periodista Molina y a cualquier otra persona que tuviera conocimiento de la presunta desaparición de Bustillos a que facilitara información al respecto.

Un día después García Carneiro informó que se entrevistó con el teniente de la Guardia Nacional (GN) Daniel Daniels Pérez, el efectivo que comandó el procedimiento que se llevó a cabo el 31.10.04 contra Bustillos, quien afirmó que junto con los oficiales de inteligencia de la GN Henry Carrizo y Pedro Velis Mendoza, participó en la persecución de Bustillos, pero que habían «abortado la misión y desmintieron haberlo capturado» (El Universal, 09.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/09/ccs_art_09298A.shtml).

El ministro señaló que solicitó a la Fiscalía Militar abrir una investigación penal al respecto y que el teniente Pérez quedaba a la orden de los tribunales militares (El Universal, Ídem.).

El 09.11.04 Guillermo Heredia, abogado de Bustillos, informó a los medios de comunicación que su representado «apareció vivo en Valencia, Carabobo, en horas de la noche, y en perfecto estado de salud» (El Universal, 10.11.04, http://www.eluniversal.com/2004/11/10/ccs_art_10292G.shtml).

La noticia disolvió la matriz de opinión formada alrededor de la denuncia hecha por Molina 3 días antes y que hizo eco en gran parte de los programas de opinión de medios televisivos y radiales privados y numerosos medios impresos que convirtieron esta denuncia en una realidad irrefutable. Igualmente provocó el cuestionamiento, por parte de algunos sectores de la opinión pública, de Molina y del rol del periodista en una sociedad democrática.

Por su parte, el comunicador aceptó que incurrió en “una sobrevaloración” de la fuente informativa que le facilitó la noticia de la presunta desaparición de Bustillos (El Nacional, Ibíd.). Por iniciativa propia Molina acudió el 11.11.04 a una reunión con el fiscal militar Eladio Aponte para hablar sobre el caso y le explicó la naturaleza del trabajo periodístico. Durante la reunión, el fiscal general militar le entregó al comunicador social la citación para que comparezca en calidad de imputado el próximo 19.11.04 por el delito de difamación e injuria de la Fuerza Armada Nacional (FAN), contemplado en el artículo 508 del Código Militar (El Nacional, Ibíd.).

Por su lado, Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, anunció que el Ministerio Público (MP) mantiene abierta la investigación sobre la presunta desaparición de Bustillos, pues aún no se ha determinado su paradero. Hasta la tarde del 11.11.04, los servicios de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que investigan el paradero de Bustillos no habían localizado la llamada que éste habría hecho el martes pasado a su hermana Ada en Valencia. En el rastreo telefónico tampoco han ubicado contactos adicionales que Bustillos pudiera haber hecho a otras personas. La búsqueda está concentrada en la región central del país, desde donde supuestamente llamó a su hermana.

Sin embargo, aún ahora el militar ligado a la disidencia castrense de Plaza Altamira ocurrida entre octubre de 2002 y noviembre de 2003, no se ha mostrado en los medios de comunicación, ni había indicado las razones que lo llevaron a permanecer de incógnito durante estos días.

Ante estos hechos, desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante reiterar las observaciones que Provea ha hecho sobre los límites y condicionantes de la jurisdicción penal militar dentro del marco de un Estado de derecho. Conviene recordar que la misma tiene un alcance restrictivo y excepcional y está encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. En ese sentido, está excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles.

Con la causa abierta por la Fiscalía Militar al periodista Molina, se suma otro referente negativo a la aplicación de la justicia militar en el país. En la edición Nº 146 de este boletín electrónico se reseñó que hay más de 120 civiles que están siendo juzgados en tribunales militares, una situación preocupante que Provea deplora (ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#20).

En otro orden de ideas, es necesario destacar que ha sido señalado como moralmente cuestionable el manejo que los medios de comunicación hicieron de la especie informativa hecha pública por Molina. Todos los sectores políticos se conmocionaron ante lo que se presumía iba a ser el primer caso de desaparición forzada por razones políticas ocurrido en esta administración gubernamental. Y a la luz de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, que plantea medidas punitivas contre el ejercicio de la opinión, el peso emotivo de estos hechos favorece las posiciones que abogan por restringir o penalizar la información y la opinión. Desde esta óptica, el no-caso Bustillos/caso Molina no hizo más que enturbiar el debate y agudizar las posiciones extremas.

La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) ratificó para la segunda discusión el informe  del Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (CPI), instrumento suscrito por el Estado venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16.07.03.

Según la fuente oficial, «el acuerdo fue analizado y discutido por las delegaciones asistentes de los países y como resultado de las negociaciones llevadas a cabo en la ONU» (Asamblea Nacional, 10.11.04,  http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6176).

Este instrumento surge como consecuencia del Estatuto de Roma de la CPI, adoptado el 17.07.98, que estableció que dicha instancia tiene la facultad de ejercer competencia sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional.

Un conjunto de 39 artículos conforman este acuerdo, cuyo objetivo es velar por los privilegios e inmunidades contemplados en el artículo 48 del Estatuto de Roma que consagra que la corte gozará, en su condición de ente con personalidad jurídica internacional en el territorio de cada Estado, parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La ratificación de este acuerdo, por parte de Venezuela, indicará a la comunidad internacional el compromiso del país de adquirir las obligaciones emanadas en el texto suscrito, así como la disponibilidad plena de facilitar la actuación de la CPI a nivel nacional.

El Estado venezolano forma parte de la CPI desde el 07.06.00 (ver edición Nº 12 del Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela Octubre 1999/Septiembre 2000, en http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1999_00/gestiones_org_int.htm#04).

  • Ratificar los siguientes instrumentos internacionales:
    Del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos:
    i) El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 18.12.02, con la aprobación de Venezuela;
    ii) La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias en vigor desde el 01.07.03;
    iii) Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; y
    iv) El Convenio 183 de la OIT Sobre la Protección de la Maternidad (2000);
    Del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:
    i) La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Suscrita por Venezuela el 06.08.99; y
    ii) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito por Venezuela el 27.01.89.
  • Cumplir y respetar los convenios internacionales de la OIT.
  • Ejecutar de manera expedita las sentencias de los tribunales regionales e internacionales y los dictámenes de las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
  • Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por las instancias cuasijurisdiccionales y jurisdiccionales de carácter regional e internacional, y promulgar una ley nacional que reglamente este procedimiento, según lo previsto en el artículo 31 de la Constitución.
  • Difundir ampliamente los informes del Estado a los Comités de las Naciones Unidas y discutir sus contenidos, antes y después de las sesiones de estudio fijadas por los Comités. Dichos informes deben ser presentados de manera oportuna, mejorando además su proceso de elaboración, sus contenidos, y la composición y calidad de las misiones oficiales que los sustentan, en desarrollo de los parámetros internacionales.
  • Atender y aprovechar las recomendaciones y observaciones hechas por los Comités de las Naciones Unidas, sobre los informes del Estado presentados ante dichas instancias, para la adecuación de su infraestructura y de su sistema de protección de derechos humanos.
  • Difundir ampliamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como las decisiones sobre Venezuela adoptadas por instancias internacionales, así como educar a los agentes del Estado en el respeto y observancia de los mismos.
  • Informar a la opinión pública, nacional e internacional, de las medidas implementadas por el Estado venezolano para dar cumplimiento a las recomendaciones, formuladas a Venezuela por el Comité de Derecho Humanos de la ONU el 06.03.01.
  • Adecuar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de derechos humanos, para que respeten y garanticen el derecho al amparo internacional y, en general, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (Provea, 08.11.04).

ARTÍCULOS

«Las personas jubiladas de la empresa Venezolana Internacional de Aviación S. A. (VIASA), que fueron afectados/as en sus derechos a la seguridad social cuando fue privatizada en 1992, acaban de lograr un importante avance en las instancias regionales d e protección de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió su petición, presentada en septiembre de 2002, por el incumplimiento de Iberia, VIASA y BANDES de la sentencia de un tribunal que ordenaba el pago de las pensiones atrasadas y la restitución de la pensión de jubilación.

La perseverancia de las personas jubiladas de VIASA y de sus familias en la defensa de sus derechos es un ejemplo de lucha para los/as trabajadores/as del país.

La solución definitiva de este caso queda ahora en manos del Presidente de la República, quien afronta el reto de ser consistente en su reiterada preocupación y voluntad de atender los graves problemas que aquejan a los jubilados y pensionados del país.

En espera de que se haga justicia han fallecido 6 jubilados de VIASA ¿El Gobierno esperará que mueran más jubilados para cumplir con el mandato de esta acción de amparo?» (Provea,04.11.04, [email protected]).

«En el Anteproyecto de Código Penal elaborado por el Dr. Alejandro Angulo Fontiveros y un destacado elenco de abogados, se prevé la disolución y cierre de las personas jurídicas, de ‘cometer’ estas, o sus representantes, cualquier delito.

El cierre total o la disolución de una persona jurídica equivale a una pena de muerte legal. El cierre temporal es un “matamiento” parcial. Lo mismo pasa con la suspensión de actividades.

Ese es el riesgo que correrían empresas, corporaciones de todo tipo, fundaciones ONG de toda naturaleza y fines, cooperativas, partidos políticos, clubes, sindicatos, el Estado, todas las instituciones públicas y privadas con personalidad jurídica y , en general cualquier estructura asociativa que se vea incursa en alguno de los casi 1.000 delitos o faltas que se han propuesto en dicho proyecto. Inclusive, si esa persona jurídica “difama” a cualquiera.

La dogmática penal establece como axioma la imposibilidad técnica de responsabilizar penalmente a una persona jurídica, dado que existe gracias a una ficción legal: carecen de vida humana y de voluntad, por lo que no podrían incurrir en un hecho punible de forma intencional.

De aprobar dicho proyecto, un juez penal podría disolver, clausurar o cerrar a una persona jurídica. Pero si se trata del Estado, el proyecto prevé excepciones, con lo que se crea una desigual injusticia, habida cuenta que es el mismo Estado el que administra justicia. En otras palabras, tal asimetría podría servir para clausurar, cerrar o disolver a todo, o casi todo, el sector privado y cualquier forma de asociación civil en Venezuela.

En mi opinión el único tipo de asociaciones que podrían ser clausuradas son aquellas falsas, de tipo ilícito y orientadas a actividades delictivas como el terrorismo y su financiamiento, el tráfico de drogas, de personas, de armas ilegales, de desechos peligrosos e ilegales, etc., las que, generalmente, son fachadas que persiguen burlar los controles legales, pero que se dedican a esas actividades ilegales. Ese es el límite fijado en Tratados Internacionales y el derecho penal codificado comparado, excepto Francia.

Asimismo, el derecho de asociación es esencial a la vida. En efecto, luego de la esfera individual, el de asociación es el primero en la lista de los derechos humanos. Toca al legislador, evitar cualquier violación de la Constitución. Ojalá salve la ‘vida’ de las personas jurídicas» (Tal Cual, 04.11.04, 14).

INVITACIONES A EVENTOS

Dentro del marco del III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos: “Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social” se realizará éste foro en la sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, Los Caobos, Caracas, el próximo 29.11.04 a las 5:00 PM.

Como ponentes participarán Ana María Rodino, Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH), con el tema: Educación en Derechos Humanos en América Latina: Balance del Decenio 1995-2004; Alicia Cabezudo, Ciudades Educadoras, Argentina, con la ponencia titulada: «Exclusión Social y educación en América Latina: una lectura desde los derechos humanos»; y, Arnaldo Esté, Universidad Central de Venezuela (UCV), exponiendo sobre «¿Qué desafíos deben tener las Políticas Educativas para que favorezcan la Inclusión Social?».

La entrada es abierta a todos los/as interesados/as.

La Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University anuncia su convocatoria al Premio en Derechos Humanos del 2005. Este premio incluye una beca completa para los ganadores en inglés y en español para participar en el programa 2005 de la Academia.

Los ganadores serán seleccionados sobre las base de los siguientes criterios:

  • Deben tener titulo de abogado con experiencia demostrada o interés en el área del derecho internacional de los derechos humanos
  • Deben presentar un artículo jurídico escrito en español o inglés, de carácter inédito y de producción individual del participante.

La Academia concederá 2 premios, uno para el mejor trabajo en español y el otro para el mejor trabajo en inglés. El premio consistirá en:

a) Una beca de estudio* para participar en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario;

b) Gastos de traslado (sujetos a restricciones) a Washington D.C. para los ganadores; y

c) Gastos de alojamiento (sujetos a restricciones) así como un estipendio para gastos de estadía (sujetos a restricciones) durante las 3 semanas de duración de la Academia de Derechos Humanos.

Para presentarse a este concurso, los candidatos deben elegir un tema relacionado con la prohibición de la tortura en el derecho internacional. Los participantes tendrán flexibilidad para seleccionar el tema relacionado con el derecho de fondo y de forma relevante en este campo.

La extensión de los artículos deberá ser de 25 a 30 páginas, incluidas las notas de pie de página, a doble espacio y en tamaño de letra 12 Times New Roman.

Los artículos deberán ser enviados por correo electrónico a [email protected] en formato Microsoft Word o por correo postal a la American University, Washington College of Law, Academy on Human Rights and Humanitarian Law, 4801 Massachusetts Ave., NW, Washington D.C. 20016. No se aceptarán trabajos enviados por fax.

El plazo límite para hacer entrega de los trabajos es el 11.02.05 a las 18:00 horas (horario de Washington, D.C.).

El fallo del jurado se dará a conocer el 11.03.05.

Los miembros del jurado del concurso en español son: Roberto Cuellar, Ariel Dultizky, Sergio García Ramírez, Claudio Grossman, Fernando Mariño, Flávia Piovesan, Gabriela Rodríguez, Diego Rodríguez-Pinzón. Los miembros del jurado del concurso en inglés son: Robert Goldman, Charlotte Ku, Claudia Martin, Sir Nigel Rodley, Susana SáCouto, Tanya Terrell-Collier, Theo Van Boven, Leo Zwaak.

Para consultar la versión completa del reglamento del Premio en Derechos Humanos, visite la página web: http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/2005/premio.cfm.

Para recibir mayor información, contacte a la Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law, 4801 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20016-8181, USA, Tel: (202) 274-4070, Fax: (202) 274-4198, Correo electrónico: [email protected], Washington College of Law; American University, Netherlands Institute of Human Rights (SIM), University of Utrecht, The Netherlands.

La Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del American University, ofrece un diplomado de verano de 3 semanas intensivas (del 31.05 al 17.06.05) que ofrece un programa diverso y novedoso elaborado para responder a los intereses de activistas de derechos humanos, funcionarios de organizaciones internacionales, funcionarios gubernamentales, representantes de ONG, académicos y estudiantes de derecho especializados en el área de derechos humanos.

Para más información puede visitar la página web: http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/; o contacte a la Red Interamericana de Educación en Derechos Humanos al correo-e: [email protected].

  • II Congreso de los Círculos Femeninos Populares: “30 años construyendo la equidad”, entre el 18 y el 19.11.04, Hotel Ávila, Caracas.
  • III Jornada de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre el 16 y el 19.11.04, piso 7 del edificio de FACES, Caracas.
  • Foro “Las mujeres en el próximo código penal”, con la participación de Fernando Fernández, Comisión Técnica de la Asamblea Nacional (AN); María Cristina Parra (CISFEM) y Paula Guarisco (INAMUJER), el 18.11.04, de 8:00AM a 11:00AM, en FACES.
  • Ciclo de conferencias sobre las diversas formas de violencia contra la mujer, organizado por Amnistía Internacional. Intervendrán Adicea Castillo y Gioconda Espina, ambas del Centro de EStudios de la Mujer (CEM) de la UCV, del 22 al 25.11.04.
  • Foro «Violencia y Salud», convocado por el CEM de la UCV, el Banco de Desarrollo de la Mujer, INAMUJER, Círculos Femeninos Populares y el Grupo Temático de Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUP), para el 24.11.04, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), Av. Luis Roche de Altamira, Caracas.
  • Cine-foro “Violencia de género y políticas públicas”, el 23.11.04, a las 2:00PM en la Casa de la Mujer “Juana Ramírez la Avanzadora”, urbanización Calicanto, de Maracay, Edo. Aragua.
  • Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, del 24 al 26.11.04, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas.
  • Entrega a la Comisión Mixta de la A.N de una propuesta única que analiza las diversas propuestas de código penal respecto a los artículos referidos a la interrupción voluntaria del embarazo y delitos sexuales, el 01.12.04.

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos(IIDH)
Año: 2004
Editorial: IIDH
Sinopsis:
«Son programas radiofónicos, presentados en 5 casettes, preparados por el Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), como parte de un paquete pedagógico en derechos humanos de las mujeres.
Forma parte del Proyecto Capacitación de Promotoras en Derechos Humanos de las Mujeres. Por medio de sus personajes y de las diferentes situaciones que enfrentan, pretende ampliar la información sobre la temática, sugerir nuevas interrogantes y también encender la esperanza en todas aquellas personas que trabajan cotidianamente en la promoción de los derechos humanos, ya sea individualmente o en virtud de su participación con distintos grupos de organizaciones»([email protected]).

Autor: José Zalaquett (coord.)
Año: 2004
Editorial: Instituto de Defensa Legal; Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile
Sinopsis:
«En este trabajo se analizan diferentes líneas de trabajo que las organizaciones de derechos humanos han venido desarrollando. En tal sentido, a partir de la definición de las principales características de los derechos humanos y de su estructura, se estudian las posibilidades de exigibilidad ante instancias judiciales, así como los problemas y limites de las estrategias de justiciabilidad» ([email protected]). 

Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Año: 2004
Editorial: CIDH
Sinopsis:
«La presente publicación es una compilación de jurisprudencia de pueblos indígenas. Tiene por objeto contribuir a la promoción de las decisiones sobre derechos de los pueblos indígenas y sus miembros emitidas por la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, órganos principales y autónomos del sistema interamericano de derechos humanos. Según este estudio los pueblos indígenas están recurriendo con mayor frecuencia al sistema interamericano de derechos humanos, como una instancia donde denunciar violaciones a sus derechos, sea individual o colectivamente» ([email protected]).

Autor: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Año: 2004
Editorial: CEJIL
Sinopsis:
«Este manual tiene como objetivo central dar a conocer las herramientas con las que cuenta el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el primer capítulo del libro se desarrollan los mecanismos específicos de protección; ente estos, las mediadas urgentes de protección para casos graves de amenazas a los derechos humanos, las peticiones individuales y las audiencias. El segundo capítulo trata los estándares que se han establecido en el sistema interamericano para la protección de la libertad de expresión, incluyendo instrumentos, jurisprudencia y doctrina»([email protected]).

DOCUMENTOS

«La Red Iberoamericana de las Defensorías de las Mujeres, reunida en Quito en el marco del IX Congreso y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), del 8 al 11 de noviembre de 2004 y,

Recordando que en la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de la FIO realizada en Toledo en 1997, se decidió la creación de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres, para garantizar una instancia especializada de alto nivel en la estructura de las instituciones del Ombudsman, encargada de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en la región.

Desde 1997 hasta la fecha la Red, a través de las instancias de las Defensorías respectivas, hay impulsado el cumplimiento de los objetivos de defensa, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres.

En Cartagena de Indias en junio de 2004, se acordó que en la IX reunión de la Red se abordara como tema central la Participación Política de las Mujeres en la región iberoamericana. En cumplimiento de ello y,

Considerando que, de acuerdo a los informes de las distintas representaciones se evidencia una clara tendencia al incumplimiento por parte de los Estados de los compromisos de igualdad de la participación política de las mujeres.

Teniendo presente que existen factores económicos, sociales, políticos y culturales que obstaculizan el acceso y la participación política de las mujeres, es indispensable el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque de género.

Reconocemos como un hecho positivo la creación de instancias especializadas para atender los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO e insistimos en ratificar el compromiso establecido en Panamá para que se concreten esos espacios en donde aún no existen y se fortalezcan los existentes.

Destacamos que la FIO haya priorizado para el II Informe la temática de los «Derechos de la Mujer» coordinado y compilado por la Universidad de Alcalá de Henares con los diagnósticos de cada país, elaborados por las/os integrantes de la Red y miembros de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones Integrantes de la Red.

Observamos con inquietud que las mujeres siguen siendo consideradas como “población vulnerable o tema” en lugar de señalar las condiciones de invisibilidad y vulnerabilidad social, económica, política y cultural en las que se encuentran, siendo las mismas susceptibles de ser superadas por medio de acciones afirmativas y políticas públicas incluyentes no discriminatorias.

Consideramos la importancia del aporte de la cooperación técnica internacional al fortalecimiento de las instancias defensoriales de la región y a los proyectos específicos dirigidos a la defensa y protección de los derechos de las mujeres, se hace necesario que los Estados garanticen la sostenibilidad y reforzamiento de estos recursos.

Alentamos la continuidad, la profesionalización y la especialización de las encargadas y encargados de las instancias en defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO y la consolidación de los procesos iniciados.

Resuelve:

1.- Ratificar la solicitud a la Asamblea Anual de la FIO para que se incorpore a ésta una representante de la coordinación de la Red Iberoamericana de las Defensorías de Mujeres electa dentro de su seno, con voz y voto, con el propósito de garantizar una verdadera participación democrática e incluyente en esta instancia.
2.- Solicitar al Consejo Rector de la FIO que la información referida a las diversas actividades relacionadas con la temática de género sea dirigida hacia la totalidad de las instituciones miembros de esa Federación, es decir, instituciones nacionales, estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales, conforme a lo establecido en el
artículo 2do. de los Estatutos de la Federación.
3.- Solicitar a las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones y Comisionados Nacionales integrantes de la FIO que hagan partícipe a las instituciones estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales (en los países donde existan estas instancias) de toda información y actividades referidas a la temática de género.
4.- Solicitar a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que alienten a los Estados y Gobiernos a generar información y construir i8ndicadores y estadísticas desagregadas por sexo.
5.- Proponerla institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías, Comisionados y Comisiones integrantes de la FIO y en las distintas temáticas desarrolladas en los Congresos de esta Federación.
6.- Solicitar a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados asegurar la participación plena de las mujeres a los cargos electivos conforme a los principios de igualdad, paridad y alternancia,garantizando el ejercicio de sus derechos libres de acoso político.
7.- Proponer a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados políticas de equidad de género que permitan la designación e incorporación de las mujeres en los puestos de decisión de los poderes públicos.
8.- Reiterar a la Asamblea Anual de la FIO la solicitud para que demande a los Estados y sus Gobiernos la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en aquellos países que aún no lo han hecho, así como otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
9.- Proponer a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados y sus Gobiernos elaborar presupuestos con perspectiva de género y que destinen recursos financieros suficientes para el fortalecimiento de los entes rectores responsables de generar políticas en defensa de los derechos de las mujeres, así como a las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones integrantes de la FIO.
10.- Instar a la Asamblea Anual de la FIO que privilegie los valores de la tolerancia y el respeto a las diferencias en sus programas de divulgación, promoción y educación en derechos humanos con un explícito enfoque de género.
11.- Insistir en redoblar esfuerzos destinados a contrarrestar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en razones de género y de dar continuo y sistemático seguimiento a la implementación de los objetivos de la Convención de Belém do Pará.
12.- Reiterara a la Asamblea de la FIO la cláusula cuarta de la Declaración de la Red en Panamá para que inste a los Estados a impulsar el tratamiento de los temas sobre el ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Suscrita en la Ciudad de Quito, el 11 de noviembre de 2004 por las representantes que conforman la Red de Defensorías de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica» (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 17.11.04, http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=content&task=view&id=364&Itemid=2).

«Campaña Mundial Contra la Comercialización de la Salud y la Vida.

Antecedentes

El 27 de octubre de 2004, la policía ecuatoriana, siguiendo órdenes de la Ministra de Comercio del Ecuador, le retiraron las credenciales al sr. Roberto López Linares, Director de a organización Acción Internacional por la Salud (AIS), acreditado como participante en la Sala Adjunta, durante la 5ª Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, Perú y Ecuador, en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Al Sr. López Linares, especialista en temas de propiedad intelectual e implacable defensor del derecho a la salud, se le acusó de entregar durante las negociaciones un folleto informativo que alerta sobre los posibles problemas para el acceso a los medicamentos que podría traer el TLC si se aceptan las condiciones exigidas por los Estados Unidos.

El documento en cuestión, era un documento público, divulgado masivamente en un periódico peruano, el cual fue facilitado por el Sr. López a una periodista, en un pasillo del hotel.

Este hecho demuestra que quienes defienden el derecho a la salud y la vida, aunque sean invitados a participar en (las salas adjuntas) de las negociaciones, no tienen la libertad de expresión mínima necesaria para garantizar que los procesos sean libres, transparentes y con una verdadera participación de la sociedad civil.

A este hecho se suman otros atropellos como el veto que impusiera Estados Unidos, en julio de este año, para que otro experto en materia de propiedad intelectual, el Sr. Carlos Correa, participara como negociador en las rondas del TLC por Colombia, lo que impidió tener en estas negociaciones a una persona con un amplio conocimiento y al mismo tiempo sensibilidad sobre el tema de patentes para medicamentos en estos acuerdos comerciales.

Además, en las recientes negociaciones concluidas entre Estados Unidos y los países centroamericanos, los negociadores salían a la prensa diciendo que Estados Unidos estaba ‘aceptando’ las posiciones flexibles sobre propiedad intelectual y que por lo tanto no se afectaría la compra de medicamentos, sin embargo poco tiempo después, cuando ya estaba firmado el tratado, (y no había posibilidad de cambiar nada), salió a la luz pública que los países centroamericanos aceptaron muchas cláusulas que imponen fuertes restricciones al uso de medicamentos genéricos, lo que impedirá que en unos cinco años las personas de estos países puedan comprar medicamentos a precios accesibles.

De la misma manera, en el acuerdo de libre comercio firmado entre Chile y Estados Unidos, así como en otros acuerdos comerciales de Estados Unidos con países en desarrollo de otras regiones, se han impuesto condiciones que reconocen un aumento desmedido en los derechos de los detentadores de patentes, lo que afectaría principalmente a los consumidores de medicamentos.

Los Estados Unidos están buscando a toda costa negociar tratados comerciales en donde, para pagar favores a las grandes compañías farmacéuticas, (principalmente el apoyo económico que estas compañías hacen en las campañas electorales estadounidenses) imponen cláusulas que impiden a los países utilizar las versiones genéricas de medicamentos a un costo muchas veces menor que el de los medicamentos originales.

Quienes negocian y firman estos tratados en nuestros países en desarrollo son personas sin conocimientos sobre el impacto que tendrán en el tema de salud (y si tuvieran conocimientos entonces habría que decir sin escrúpulos), para, a cambio de ‘ventajas comerciales’ (muy discutidas por cierto), comprometer e imposibilitar en los próximos años el suministro de medicamentos a precios accesibles para toda la población.

Fuerte preocupación en diferentes sectores sociales

Los TLC firmados y en negociación han generado una gran preocupación en diversos sectores sociales que han analizado y estudiado el impacto a mediano y largo plazo que tendrán estos tratados comerciales sobre la salud y la vida de los pueblos latinoamericanos. En diferentes foros y comunicados se han dirigido a gobernantes y autoridades mundiales tratando de frenar lo que se ha considerado una imposición comercial a costa de la salud y la vida de millones de personas, lo que podría considerarse como la preparación del próximo y más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. Genocidio en gestación que cuenta con el beneplácito o en el peor de los casos, con el silencio, de quienes no les importa condenar a millones de personas a condiciones infrahumanas y a la muerte.

Algunos congresistas y diputados/as, autoridades nacionales en salud, congresos internacionales en salud, activistas en SIDA, sectores religiosos comprometidos con la salud de los pueblos y muchos otros sectores se han pronunciado para solicitar un freno a los intereses que buscan imponer condiciones inflexibles en estos tratados de libre comercio, entre ellas citamos:

La Ministra de Salud de Perú, la Dra. Pilar Mazzetti Soler, el 3 de agosto de 2004 publicó en la página web de este Ministerio (http://www.minsa.gob.pe/index2.asp) un importante análisis del impacto negativo que tendría la aplicación de los TLC en el tema de acceso a medicamentos y denuncia como en estos tratados se incluyen de manera ‘inapropiada’ la vinculación entre registros sanitarios y patentes. En este pronunciamiento la Ministra de Salud, recuerda la Declaración de Doha al decir:

‘En resumen, el Ministerio de Salud reconoce la importancia que tiene para nuestro país un acuerdo comercial con los EEUU. Por eso le está dando la mayor importancia a su participación en el proceso de negociación. La participación del Ministerio de Salud se da en el marco de la defensa de la salud de las personas y el respeto a los principios de la Declaración de Doha: los intereses de la salud pública están por encima de los intereses comerciales’ (el subrayado es del original).

El 24 de septiembre de 2004, en una reunión de jefes de Programas Nacionales de SIDA de los países centroamericanos, la sociedad civil, PVVS y miembros de OPS y ONUSIDA en San Salvador, El Salvador, emitieron un comunicado dirigido al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), donde solicitan a los ministros de salud del área centroamericana, realizar un análisis del impacto que tendría el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, en el tema de acceso a tratamientos. Este análisis es indispensable antes que los congresos centroamericanos ratifiquen este tratado.

El 28 de septiembre, durante la reunión de la ‘Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento’, realizada del 26 al 29 de septiembre en Lima, Perú, activistas en SIDA de toda la región latinoamericana se dirigieron al Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA y al Sr. Kofhi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, para exhortarlos a que realizaran ‘Acciones concretas e inmediatas a fin de detener los daños que causaría en la salud pública, especialmente en el acceso a medicamentos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana y los Estados Unidos. (CAFTA) y solicitan el análisis y la discusión de los efectos de este tratado, antes de las discusiones parlamentarias. En este comunicado también solicitan una participación más directa sobre las negociaciones que se llevan a cabo entre Colombia, Ecuador, Perú y los Estados Unidos y exigen de estas personalidades el cumplimiento de sus responsabilidades en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, para no permitir que los intereses comerciales puedan derrumbarlos’. Sin embargo todavía no ha habido ninguna respuesta, ni reacción por parte del Dr. Piot, ni del Secretario de la ONU a este urgente pedido.

El 30 de septiembre de 2004, doce congresistas norteamericanos enviaron una carta al presidente Bush, criticando la forma como se han llevado a cabo estos TLC y donde lo instan a respetar el espíritu e intención de la Declaración de Doha, en donde los intereses de la salud pública están por encima de los intereses comerciales.

‘A pesar del consenso reflejado en la Declaración de Doha, parece que su Administración está buscando acuerdos bilaterales y multilaterales que debilitan protecciones importantes de dicha declaración. Concretamente, estamos preocupados por la inclusión de medidas más restrictivas en propiedad intelectual en las negociaciones de los tratados de libre comercio de EEUU con países en desarrollo de América Latina, y de otros lugares, que otorgarían de cinco a ocho años de exclusividad a productos farmacéuticos de marca, aún cuando las barreras de patentes ya no existan. Durante ese periodo, los gobiernos no podrán contar con los datos de pruebas clínicas presentados para los productos de marca con el fin de obtener la aprobación de comercialización para copias genéricas, aún en situaciones de emergencia’.

Manifiesto:

Ante la gravedad y la urgencia de acciones concretas que condenen los actos impositivos, la falta de transparencia en las negociaciones y la inclusión de la comercialización de la salud y la vida en los tratados de libre comercio, La Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento de Latinoamérica manifiesta:

  • Una enérgica condena a los hechos ocurridos en Guayaquil contra el Sr. Roberto López Linares y a todos los actos cometidos contra la libertad de expresión, transparencia y honestidad por parte de los negociadores de los tratados de libre comercio.
  • Un absoluto rechazo a los actos cometidos por el Gobierno de los Estados Unidos para presionar a los gobiernos de los países en desarrollo a firmar acuerdos comerciales desventajosos para la mayoría de la población.
  • Un absoluto repudio a los negociadores y ministros de comercio que han o que están negociando la salud y la vida de las personas en estos tratados comerciales.
  • Una fuerte condena a las autoridades de salud de los países negociadores, así como a los altos representantes de las Agencias Internacionales del Sistema de Naciones Unidas, que han callado y con su silencio se han convertido en cómplices por omisión, del genocidio que se está gestando en estos tratados comerciales.
  • Un llamado urgente a todas las personas, grupos comunitarios, ONG, redes sociales, sindicatos, agrupaciones religiosas y cualquier otro grupo social, a manifestarse y apoyar la exclusión de los temas que afectan la salud de los tratados de libre comercio.
  • Un especial llamado de conciencia a los y las congresistas de los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, para que no ratifiquen el TLC que se ha firmado entre estos países, (CAFTA), porque de ratificarlo estarían condenando a muerte a millones de personas al negarles el acceso a tratamiento.
  • Un especial llamado de conciencia a quienes están negociando el TLC entre Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos, para que en las próximas rondas de negociación (Tucson-Arizona, noviembre 2004 y Washington DC, Enero 2005), excluyan el tema medicamentos y la salud de estas negociaciones y de esta manera no se conviertan en mercaderes de vidas humanas.

Llamado a la acción:

La Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento de Latinoamérica, reúne a activistas latinoamericanos que luchan por el acceso a medicamentos para personas que viven con VIH/SIDA y forma parte de la Coalición Internacional para Acceso a Tratamiento a nivel mundial (ITPC). El tema de la propiedad intelectual, las patentes y la protección de los datos de prueba, afecta no sólo a las personas que vivimos con SIDA, sino también a toda la población necesitada de asistencia médica, por tal motivo hacemos un urgente llamado a todas las personas y organizaciones comprometidas con el tema de los Derechos Humanos, el desarrollo y la salud, a unirse en una campaña para obligar a los gobiernos a NO FIRMAR acuerdos comerciales que afecten la salud de los pueblos.

En ocasiones anteriores la sociedad civil internacional organizada pudo frenar el avance de estas aspiraciones, tal es el caso de una demanda que más de treinta compañías farmacéuticas internacionales habían puesto contra el gobierno de Sudáfrica, cuando este país aprobó leyes que permitían el ingreso de medicamentos genéricos para salvar la vida de millones de personas. Ante la presión de una fuerte campaña promovida por diferentes organizaciones humanitarias se logró frenar tales pretensiones y las compañías tuvieron que retirar su demanda.

Hoy, con carácter de urgencia, necesitamos el mismo apoyo mundial para lograr preservar la salud y la vida de millones de latinoamericanos/as.

Por tal motivo; en el marco del 1º de Diciembre, (Día Mundial del SIDA), hemos decidido, como sociedad civil amenazada, nombrar el 1º de diciembre como DÍA MUNDIAL CONTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SALUD Y LA VIDA.

Solicitamos a todas las personas y organizaciones que se unan a esta campaña y organicen sus actividades conmemorativas del 1º de diciembre, con pancartas y recolectas de firmas para reclamar la exclusión de los temas que afectan la salud de los tratados de libre comercio. Así mismo se solicita a las personas que viven con VIH/SIDA y a las ONG que trabajan en el tema del SIDA a programar para ese día (o a redirigir si ya estaban definidas), las manifestaciones o marchas hacia los congresos, (los ministerios de comercio, los Ministerios de Salud, Casa Presidencial, Oficinas de la OPS), de manera que Latinoamérica muestre una unidad ese día, al mismo tiempo que hagan solicitud a todos los sectores sociales para que se unan en esta campaña.

Exigimos que en todos los países donde todavía no se hayan ratificado, firmado o estén en proceso de negociación los tratados de libre comercio, se realice una consulta popular o REFERENDUM, para que los pueblos hagan escuchar su voz.

Si desea unirse a esta campaña y aportar ideas para organizar las acciones propuestas, puede comunicarse con activistas y grupos organizados en SIDA de tu país. También solicitamos una amplia difusión en los medios electrónicos, escritos, radiales y cualquier otra vía.

‘Nunca dude de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho es la única cosa que lo ha hecho alguna vez’, Margaret Mead, Antropóloga.

Guillermo Murillo, Agua Buena, Costa Rica; Enrique Chavez, AID FOR AIDS; Pablo Anamaría, Coordinadora Peruana de PVVS “Peruanos Positivos”; Colectivo por la Vida, Perú; Germán Rojas, AIS, Perú.» (Red Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH/SIDA, 11.11.04, http://www.redla.org/).

A continuación, un documento realizado por los/as participantes del Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos en las Maquilas realizado en San Salvador, El Salvador, entre el 03 y el 05.11.04.

«Los participantes al Seminario “Derechos Humanos y Maquilas” organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por su afiliado en San Salvador, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), reunidos en San Salvador del 3 al 5 de noviembre de 2004, adoptan la siguiente Declaración Final.

  1. Considerando que los países representados en este seminario (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, México y República Dominicana) han ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de esta Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, adoptado en 1988.
  2. Teniendo en cuenta que aunque las Constituciones de los países objeto de este seminario y los códigos laborales persiguen en general adecuarse a la normativa internacional en la materia, persisten aun serias deficiencias y por lo que los Estados de estos países tienen la obligación de respetar y de hacer respetar estos derechos.
  3. Lamentando que, a pesar de la existencia de una considerable legislación nacional e internacional en la materia, la mayoría de normas existentes en estos países no se cumple y que existe una significativa debilidad institucional que implica este incumplimiento en la práctica de las obligaciones del Estado en la materia.
  4. Preocupados ante esta situación que se ve agravada por las nuevas tendencias de reforma de las legislaciones laborales en el sentido de aumentar la flexibilización laboral e incluir medidas que comportan una regresión en lo que se refiere a los derechos y garantías de las trabajadoras y trabajadores.
    5.Considerando la existencia de violaciones recurrentes de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores en las maquiladoras y en las zonas francas en México, en Centroamérica y en El Caribe de los países representados en este seminario y en particular, la falta de respeto de la libertad de asociación y de creación de sindicatos, los cierres de maquilas con objeto de evadir las obligaciones de las mismas respecto de las trabajadoras y trabajadores, unas condiciones de trabajo y de salud ocupacional que exponen a las trabajadoras y trabajadores a riesgos para su salud, la existencia de discriminación por edad y las violaciones especificas de genero.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los participantes en este seminario recomiendan lo siguiente:

A las autoridades nacionales

  • La ratificación de todos los Convenios Internacionales que consagran los derechos y garantías de los trabajadores y la adecuación de la normativa interna a los mismos y su aplicación efectiva. En particular, se urge al gobierno de El Salvador que disponga de todo lo necesario para la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, en el caso de México el Convenio 98 de la OIT y al Estado de Nicaragua la ratificación del Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador y promover la adopción de otros instrumentos internacionales de proyección de los derechos humanos; como el Protocolo Facultativo al PIDESC;
  • Implementar acciones eficaces y disuasivas para que los empresarios se comprometan con el cumplimiento de los derechos y garantías de las trabajadoras y trabajadores y fortalecer las sanciones; – Promover acuerdos a nivel de Centroamérica; México y El Caribe para asumir políticas comunes que incentiven la creación de industrias que ofrezcan un trabajo digno a los trabajadores y que impidan el dumping social entre los países centroamericanos;
  • Incrementar de manera significativa el presupuesto y dotación de los ministerios de trabajo y demás despachos encargados del sector laboral en el país de modo que estos puedan cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Fortalecimiento de las facultades de los funcionarios y mejora de sus condiciones laborales. Creación de inhabilidades para el acceso a cargos administrativos o judiciales relacionados con asuntos laborales a aquellos que hayan desempeñado cargos de relevancia en el sector privado que afecten la necesaria imparcialidad para el desempeño de sus funciones;
  • Reforma de los sistemas de justicia nacionales, que incluya en particular el fortalecimiento del acceso a la justicia, la garantía de recursos efectivos (amparo, acción de cumplimiento, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción de referimiento y acción popular), aceleración de los procedimientos mediante acciones como la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de los conflictos y la oralidad de los procesos, así como la abreviación de los términos, la descentralización de los tribunales, su independencia del poder ejecutivo, y la especialización de los operadores de justicia en lo laboral.

A las autoridades Nacionales y a las empresas

  • El cumplimiento con la legislación nacional, regional e internacional respecto de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, incluyendo todos los instrumentos arriba mencionados pero también mecanismos mas específicos como las normas sobre las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos;
  • Realizar una formación de los funcionarios del Estado y los empleados de las empresas respecto de sus obligaciones a nivel nacional e internacional y realizar una difusión amplia ante las trabajadoras y trabajadores de los derechos de estos últimos de modo que estos puedan reclamarlos cuando les sean violentados, incluyendo la utilización de medios tales como los cambios curriculares de los sistemas educativos y los medios de comunicación oficial;
  • Abstenerse de tener relaciones o de realizar contratos, negocios o aceptar productos de empresas o de proveedores violadores de los derechos humanos y/o de los derechos de las trabajadores y trabajadoras. En lo que se refiere al Estado, abstenerse de dar acceso a las licitaciones de compras estatales o de bienes o servicios a las empresas incumplidoras de los derechos humanos.

Plan de Acción

Ante la situación arriba presentada, las organizaciones de la sociedad civil presentes en este seminario se comprometen a llevar a cabo el siguiente plan de acción:

  1. Promoción de la adopción y ratificación de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos (Protocolo Facultativo PIDESC, entre otros) y presentación de informes alternativos, denuncias, demandas y otros recursos ante los órganos regionales y universales de protección de los derechos humanos.
  2. Litigio de casos en la jurisdicción nacional e internacional para generar y/o consolidar la jurisprudencia a favor de los DESC. Para favorecer este trabajo, se deben promover estudios de la normativa nacional e internacional para aprovechar al máximo sus potencialidades y combinar los mecanismos formales de demanda con mecanismos no formales (educación, conferencias de prensa, comunicados, etc.).
    Se enfatiza la necesidad de invocar en todas las demandas el derecho internacional con el objetivo de que los jueces y magistrados al emitir sus laudos o sentencias apliquen el derecho internacional de los derechos humanos.
  3. Orientación, acompañamiento y promoción de la organización de las victimas de violaciones de derechos en las maquilas (en particular ayuda económica y psicológica).
  4. Promover las alianzas entre sindicatos organismos de mujeres y organismos de derechos humanos, tanto en los países donde existen zonas francas como con los países donde se consumen los bienes que fabrican estas zonas francas y los países de donde son originarias las empresas que operan en estas zonas francas.
  5. Organizar campañas de información dirigidas a los medios de comunicación nacionales e internacionales acerca de algunos casos concretos con el objetivo de estigmatizar a las empresas responsables de violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales. Adoptado en San Salvador el 5 de noviembre de 2004.

Organizaciones participantes en el seminario: Organizaciones de Centroamérica, México y El Caribe y Organismos Internacionales: Centro Nicaragüense de derechos humanos (CENIDH); Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)-Guatemala; Centro de Acción legal en Derechos Humanos (CALDH)-Guatemala; Comisión Mexicana para la defensa y Promoción de los derechos humanos (CMDPDH); Liga Mexicana por la defensa de los derechos Humanos (LIMEDDH); Centro de Capacitación Social de Panamá (CCS); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-Republica Dominicana; Campana por los Derechos Laborales- Estados Unidos; Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA); Oxfam Internacional; Fondo de Cooperación al Desarrollo Solidaridad Socialista de Bélgica-Flandes (FOS); Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH; CST-JBE; Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES); Federación de Asociaciones de Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES); Asociación Coordinadora de Comunidades Marginales (CCM); Coordinadora Nacional de Comunidades Rurales de El Salvador (CRIPDES); Pro Vida; Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISS); Unión de Comunidades Rurales del Sector Norte y La Libertad (UCRES); Movimiento de Solidaridad por la Vivienda Digna de El Salvador (MSVDES); Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (MAM); SITRAFOSVI, Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles (STIT); Sindicato General de Costureras (SGC)» (Red-Desc, 08.11.04, [email protected]) .

«Conclusiones y Recomendaciones Foro de Celebración del XX Aniversario la Declaración de Cartagena 5 de noviembre de 2004, Caracas, Venezuela

Conclusiones y recomendaciones de carácter genérico

  1. El Foro reconoce la contribución de América Latina, incluyendo la Declaración de Cartagena, al desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Refugiados y el apoyo de la región a su consolidación, subrayando el vínculo estrecho entre la protección de los refugiados y el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
  2. El Foro recomienda desarrollar actividades que mejoren la capacidad de los Estados para brindar una protección más efectiva y eficaz, dentro del marco del Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a los solicitantes de la condición de refugiado, a los refugiados y a otras personas necesitadas de protección internacional.
  3. El Foro recomienda promover una cooperación más estrecha entre los Estados y generar un sólido compromiso político en la región, para responder de forma más efectiva a las víctimas del conflicto colombiano, dentro del “Espíritu de Cartagena”, con pragmatismo y flexibilidad.
  4. El Foro recomienda propiciar una cooperación más estrecha entre los Estados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Sociedad Civil, en la búsqueda de soluciones duraderas a los desafíos de los refugiados en la región. Por ejemplo, a través de la integración local por medio de proyectos de autosuficiencia o acciones que favorezcan la integración legal; evaluando las condiciones para la repatriación voluntaria y tomado las medidas para garantizar su voluntariedad; por medio de seguimiento de procesos de repatriación espontánea; así como buscando alternativas de reasentamiento cuando críticas circunstancias de protección así lo requieran.
  5. El Foro recomienda establecer un marco para una participación aún más activa en la protección de los refugiados en América Latina, contando con una amplia gama de actores de la Sociedad Civil, para consolidar el conocimiento y exigibilidad del derecho internacional y nacional de los refugiados, así como asistiendo a los solicitantes de la condición de refugiado, los refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional en la defensa de sus derechos en los ámbitos nacional e internacional.
  6. El Foro recomienda a los Estados de la región andina desarrollar un plan de acción para definir parámetros regionales de respuesta en materia de protección y asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto colombiano.
  7. El Foro endosa las conclusiones de consenso en los tres foros de San José, Brasilia, Cartagena y en la reunión de Sociedad Civil de Bogotá, todas actividades preparatorias de la Conmemoración del XX Aniversario de la Declaración de Cartagena, subrayando la vigencia e importancia de los puntos siguientes:
    • Respuesta positiva a la convocatoria para analizar los desafíos que impone hoy en día la protección de los refugiados en América Latina y la identificación conjunta de las líneas de acción para proteger a estas personas y asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas.
    • La consideración de la persona humana como sujeto de derechos, así sea un refugiado, un solicitante de refugio o una persona en necesidad de protección internacional.
    • La consideración del principio de No Devolución (Non refoulement) contenido en la Convención del 51, el Protocolo del 67, y en la Legislación Venezolana como una norma de Jus Cogens.
    • Los mecanismos nacionales de protección, en orden a su fortalecimiento y como garantía que las naciones brindan.
    • La necesidad de enfatizar que la dicotomía entre refugio y seguridad no puede menoscabar la protección del refugiado y que el otorgamiento del refugio siempre debe tener carácter apolítico, humanitario y pacífico.
    • El interés por conocer y atender las causas que originan el desplazamiento.
    • La atención diferenciada y preferente en relación a género, niños, niñas y adolescentes, discapacitados y ancianos, al momento de establecer líneas de acción para la atención de los y las refugiadas.
    • La necesidad de capacitación de los funcionarios públicos y de las comunidades de acogida en la temática de refugio y derechos humanos.
    • La elaboración de políticas públicas respetuosas de los estándares internacionales de protección y asistencia de refugiados y el establecimiento de criterios para garantizar la vigencia del principio de no discriminación.
    • La aceptación de la responsabilidad del Estado en cuanto a las situaciones de refugio que ocurran dentro de su territorio, con una visión complementaria de la cooperación internacional, con base en el principio de solidaridad internacional

Conclusiones y recomendaciones sobre la respuesta a personas en necesidad de protección internacional, el reconocimiento de la condición de refugiado en Venezuela y sobre el régimen de disfrute de derechos

  1. El Foro destaca los aportes de la Declaración de Cartagena para el fortalecimiento de la protección de los refugiados y reitera la importancia de su desarrollo tanto normativo como operacional en la realidad de la respuesta a los refugiados en Venezuela, incorporando los elementos de su definición ampliada así como los componentes de soluciones duraderas, desarrollo y fortalecimiento institucional y consolidación de la paz.
  2. El Foro recomienda consolidar, desde el espíritu de la Declaración de Cartagena, el carácter obligatorio de la complementariedad de los DDHH y del DIH como fuentes para la interpretación del Derecho Internacional de los Refugiados (DIR), de acuerdo a los términos del Artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA).
  3. El Foro recomienda, dentro del espíritu de Cartagena, endosar la opinio-juris adoptada por catedráticos de DDHH y DIH de siete universidades venezolanas y otros participantes del Estado y de la Sociedad Civil sobre el criterio de persecución aplicable a los solicitantes de la condición de refugiado de nacionalidad colombiana. Se consideró como persecución, desde la perspectiva del Derecho de los Refugiados aplicable en Venezuela, las posibles violaciones de los DDHH o del DIH que los solicitantes de la condición de refugiado aduzcan como fundamento de sus solicitudes así como las circunstancias agravantes de las perturbaciones del orden público.
  4. El Foro ve con preocupación las dificultades en el acceso a la documentación oficial y las consecuencias que esta carencia genera en el disfrute de derechos, tanto para los solicitantes de la condición de refugiado como para los refugiados y, recomienda proseguir y reforzar los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Nacional para los Refugiados y la ONIDEX para garantizar la provisión de documentación de manera sistemática y a tiempo. Además, saluda los esfuerzos realizados por el ACNUR y por los actores relevantes de la Sociedad Civil y les invita a reforzarlos para facilitar el contacto e informar y asistir a los refugiados en el proceso de documentación en Venezuela.
  5. El Foro recomienda consolidar, en el respeto de los criterios de DDHH aplicables en Venezuela, el régimen de derechos y modalidades operativas para el otorgamiento y disfrute de la protección temporal, que establece el artículo 32.2 de la LORRAA y sus normas reglamentarias.
  6. El Foro ve con preocupación la tardanza en el procesamiento de solicitudes de refugio que a más de sobrepasar los plazos legales, afecta el disfrute de derechos de los solicitantes de la condición de refugiado, e invita a la Comisión Nacional para los Refugiados a proseguir sus esfuerzos y a desarrollar mecanismos operativos adecuados que le permitan a la institución procesar la solicitudes de refugio dentro de los lapsos definidos por la ley. Además, endosa los esfuerzos realizados por el ACNUR y por los actores relevantes de la Sociedad Civil y les invita a reforzar estos esfuerzos.
  7. El Foro ve con preocupación el impacto negativo que el conflicto colombiano ha tenido con respecto a las comunidades y poblaciones indígenas que tienen sus territorios tradicionales en las áreas de frontera entre Venezuela y Colombia, afectando sus derechos individuales y colectivos. El Foro recomienda en consecuencia que se lleve a cabo una investigación especificando los derechos afectados en los últimos años del conflicto y proponiendo las posibles medidas de protección y desarrollo integral de estas poblaciones.

Conclusiones y recomendaciones en materia de soluciones duraderas

  1. El Foro destaca los aportes de la Declaración de Cartagena frente a la crisis centroamericana de los años 80 para la promoción y materialización de soluciones duraderas e invita a explorar alternativas dentro de esta perspectiva para atender la realidad venezolana.
  2. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos desarrollados por medio de los programas de impacto comunitario e integración desarrollados por el ACNUR, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y Cáritas y asociar en este sentido a otros actores de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
  3. El Foro reconoce el impacto positivo que el proceso de regularización y naturalización de extranjeros en situación irregular ha tenido en Venezuela, que por su naturaleza amplia incluye a refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección internacional. Dentro del espíritu de soluciones duraderas de la Declaración de Cartagena, el Foro recomienda que el ACNUR conjuntamente con la Comisión Nacional para los Refugiados y con el apoyo de la Sociedad Civil brinden asistencia a las personas en necesidad de protección internacional para quienes la regularización o el acceso a la naturalización constituyan la mejor alternativa de protección.
  4. El Foro reconoce el impacto positivo que las políticas públicas ejecutadas a través de las Misiones gubernamentales, con respecto a los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al reconocimiento y desarrollo de los pueblos indígenas y al acceso al trabajo, han tenido para los refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y personas en necesidad de protección internacional. El Foro invita al Gobierno, al ACNUR y a la Sociedad Civil a brindar o facilitar un mayor acceso, cobertura e incidencia a la mencionada población en dichos programas del Gobierno.
  5. El Foro recomienda explorar otras alterativas de soluciones duraderas diferentes a la integración local, dentro del respeto irrestricto a los DDHH y los principios de repatriación voluntaria y no-discriminación, para refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección internacional.

Conclusiones en materia de formación y fortalecimiento institucional

  1. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos para consolidar en el ámbito venezolano el espacio humanitario, promover la solidaridad de los venezolanos con respecto a los refugiados y otras personas en necesidad de protección internacional.
  2. El Foro recomienda consolidar la acción conjunta con la academia y demás actores presentes en el Foro, definiendo nuevas líneas de respuesta para los miembros del Grupo Amigos de los Refugiados en Acción (ARA), a fin de capacitar a un mayor número de venezolanos en el conocimiento y la aplicación del derecho de los refugiados y de la acción humanitaria en favor de esta población.
  3. El Foro recomienda proseguir los esfuerzos de capacitación de los funcionarios públicos y formación de los miembros de la Sociedad Civil llamados a ser instrumentos de la protección y de la acción humanitaria en favor de los refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y demás personas en necesidad de protección internacional.
  4. El Foro reconoce el rol de la Defensoría del Pueblo en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución y tratados de DDHH, e invita a esta institución a proseguir su trabajo, desarrollando programas específicos en favor de la población refugiada y necesitada de protección internacional.
  5. El Foro recomienda la consolidación de las redes de protección de las iglesias y de otros actores de la Sociedad Civil en las regiones remotas, proveyéndoles formación, sensibilización y guía para el tratamiento de solicitantes de la condición de refugiado y otras personas en necesidad de protección. El Foro saluda los esfuerzos del ACNUR, SJR, Cáritas y de los miembros del Grupo Refugio en este sentido y les invita a proseguirlos y reforzarlos, especialmente en lo referente a la sensibilización de las comunidades receptoras.

Recomendación final

El Foro recomienda elevar las presentes conclusiones y recomendaciones a la consideración de los participantes de la Conferencia Internacional a tener lugar en la Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre de 2004 para su incorporación en las memorias de la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados del 22 de noviembre de 1984″ (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 10.11.04).

Del 25 de octubre al 04 de noviembre de 2004

Boletín electrónico Nº 146

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE

06 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
16 Día Internacional para la Tolerancia
18 Día Nacional de la Alimentación
20 Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas
21 Día Nacional del Estudiante
25 Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer
27 Segundo intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1992)
29 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

CONTEXTO

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresaron su preocupación por la ausencia de planes con perspectiva de derechos humanos expuestos por los diferentes candidatos. No hay municipio o estado del país donde no existan serias amenazas y/o violaciones a los derechos humanos de la población. Lo cual requiere una política pública en la materia que pueda estar expresada en Planes Estadales y Municipales de Derechos Humanos.

Son diversas las razones que explican la importancia de un Plan de Derechos Humanos. La principal es que los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos, tal como lo señala la Constitución de 1999, son considerados por el Estado y el pueblo venezolano como “fin supremo” (Preámbulo) y como “Principios Fundamentales” (artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7). Estos derechos, y su permanente interdependencia, ampliación y progresividad en función de las luchas y necesidades humanas, expresan y protegen la dignidad de todas las personas y los pueblos, sin discriminación de ningún tipo. Por ello, la elaboración, ejecución y evaluación de dicho Plan, es un poderoso instrumento para avanzar hacia la consolidación de esa dignidad.

Esta razón no es sólo de principios. Los derechos humanos son, además, obligaciones legales vinculantes para los estados, emanadas, tanto del ordenamiento jurídico interno, como del internacional. Por tanto, realizar un Plan como el propuesto es una manera de mejorar el desempeño estatal.

Además de estas razones generales, existen otras razones específicas, que justifican la realización de un Plan:

  • Se Fortalecería la conciencia de derechos entre la población y se estimularía la participación protagónica de cara a la construcción de una ciudadanía inclusiva, abriendo un proceso participativo para la elaboración de dicho plan, en el que participarían de manera prioritaria las víctimas (que en su mayoría son pobres) y las instituciones y funcionarios responsables de garantizar tales derechos;
  • El Plan permitiría el acoplamiento de planes existentes y en ejecución, diseñados desde distintas instancias, dándole una coherencia a partir de las claves de los derechos humanos, de manera tal que, si se trata de políticas consistentes con los principios de derechos humanos, quedan protegidos y blindados;
  • Fortalecería la legitimidad de las instituciones que se comprometan con el Plan y mejoraría su desempeño en materia de derechos humanos, tanto ante la comunidad nacional como internacional;
  • El Plan, en coherencia con la Constitución, serviría como marco para la negociación y resolución de conflictos en los ámbitos local, regional y nacional por la vía democrática, reduciendo así la posibilidad de una administración no democrática;

Pese a las especificidades de cada región o localidad, cualquier Plan debe tener: a) un diagnóstico de las necesidades y la situación actual (que incluya cuáles son las condiciones actuales respecto a las obligaciones de derechos humanos, en cuanto al modo y la medida en que la población accede al disfrute y ejercicio de sus derechos y a las medidas adoptadas o dejadas de adoptar por el Estado); b) objetivos claros (logros concretos a los que se aspira, priorizados y jerarquizados); c) medidas de corto, mediano y largo plazo (lo que se debe hacer o dejar de hacer para lograr las metas en períodos claramente definidos); d) indicadores de cumplimiento (referencias metodológicas que permitan, al Estado y a la sociedad, monitorear el desarrollo del plan y corregir sus errores de ejecución o de diseño); e) mecanismos institucionales para la supervisión del progreso y para la evaluación de los logros del plan (una institución coordinadora); f) debe contar con la asignación de recursos suficientes; g) responsabilidades claramente establecidas y; h) identificación de las posibles alianzas que favorecerían su desarrollo. i) amplia difusión para que la ciudadanía lo conozca y ejerza la contraloría social sobre su cumplimiento j) Integrarse en un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, hacemos un llamado a aquellas/os candidatas/os que resultaron triunfadoras/es, a diseñar de manera participativa y a implementar un Plan Estadal o Municipal de Derechos Humanos, compromiso asumido por el Estado Venezolano en su conjunto desde 1993 (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena). Hacemos, igualmente, un llamado a todos los factores políticos, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general a iniciar un gran diálogo local, estadal y nacional, que permita la construcción e implementación progresiva de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que sea un acuerdo base, construido participativamente, para alcanzar el país que todas y todos queremos.

Suscriben: Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH/UCAB); Centro para la Paz y los derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Provea; y, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) (Provea, 28.10.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp281004.pdf).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 21.10.04, un comunicado a través del cual plantean que la nueva estructura pautada para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) «afecta su independencia y su autonomía» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21.10.04, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/21.04.htm).

A juicio de la CIDH, dicha instancia «es un órgano técnico conformado por expertos independientes, que no puede sujetarse, ni directa ni indirectamente, a un departamento, unidad, o funcionario político de la OEA, toda vez que con tal sujeción se afectaría su independencia. La experiencia de larga data de la CIDH ha comprobado que la única manera de cumplir satisfactoriamente con sus delicadas y altas funciones es hacerlo sin interferencia de los Estados ni de funcionarios políticos de la Organización, quienes desempeñan funciones de extrema importancia, pero de naturaleza diferente a las que cumple la CIDH […] Conforme al artículo 53 de la Carta de la OEA, la CIDH y la Secretaría General son 2 órganos principales de la OEA, separados entre sí, a través de los cuales la organización realiza sus fines. Las demás normas relacionadas con la CIDH, así como la práctica sobre la materia, consagran un régimen de independencia y autonomía de la CIDH, que ha sido plenamente respetado hasta el presente y ha sido clave para que la Comisión haya podido ejercer sus funciones adecuadamente» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

La CIDH cuenta con autonomía para el manejo de sus recursos humanos y presupuestarios. Una ventaja que la nueva estructura pautada modifica totalmente. Reconociendo las atribuciones estatutarias del Secretario General de la OEA, la CIDH considera que toda «interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las demás normas pertinentes y de la práctica sobre la materia no puede efectuarse de manera que conduzca a socavar, directa o indirectamente, la independencia y autonomía de la CIDH. Ello implica, entre otros aspectos, que no se coloque a la CIDH bajo jerarquía política de la Secretaría General, ni que se modifique la situación actual respecto al manejo de los recursos humanos y presupuestarios de la Comisión […] La opinión de la Comisión, en su rol de órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos contemplado en el artículo 106 de la Carta de la Organización, es que la existencia del Departamento de Asuntos de Derechos Humanos y las funciones del Director de tal Departamento afectan la independencia y autonomía de la CIDH» Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

La CIDH considera que una solución a cualquier interpretación restrictiva de su independencia y autonomía implicará una ratificación normativa de tales aspectos, mediante la modificación del Estatuto de la CIDH por parte de la Asamblea General.

Según informa el comunicado, estas preocupaciones fueron transmitidas por la CIDH personalmente a Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la OEA.

Al respecto, conviene informar que la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas emitió el pasado 27.10.04 un pronunciamiento (que puede consultar en la sección DOCUMENTOS de esta edición), mediante el cual rechazó la reorganización de la CIDH propuesta por la Secretaría General de la OEA. Los argumentos esgrimidos por la Coalición están siendo apoyados por varios particulares e instituciones del continente. Si desea participar en esta campaña, puede enviar su adhesión a la dirección de correo-e:  [email protected].

Entre el 21 y el 27.10.04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró 44 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos en distintos Estados y regiones, en el marco de su 121º período ordinario de sesiones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 28.10.04, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2004/23.04.htm#INFORME).

Integrada por José Zalaquett, Presidente; Clare Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo; los Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y el venezolano Freddy Gutiérrez;  la CIDH destacó positivamente, en su informe de este período ordinario de sesiones, con relación a Venezuela, «la masiva participación de la ciudadanía, en general en forma pacífica, en el referendo celebrado el 15 de agosto de 2004» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

En dicho informe, la CIDH notificó que aceptó una reciente invitación del gobierno venezolano para  realizar otra visita al país, la cual «espera poder llevar a cabo en los próximos meses» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Indicó el informe asimismo,  que «la CIDH reitera su preocupación en torno al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela. Diversos artículos de dicho proyecto no reflejan los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema en la materia ni las recomendaciones de la CIDH» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.) (ver nota «Libertad de expresión en Venezuela, manzana de la discordia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Gobierno Nacional» en la sección DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS de esta edición).

La CIDH destacó en dicho informe que recibió «con preocupación información según la cual algunas organizaciones no gubernamentales estarían siendo objeto de investigaciones judiciales por  ‘conspiración para destruir la forma política republicana’, delito tipificado en el Código Penal o habrían sido señalados públicamente como conspiradores y traidores a la patria por autoridades estatales. Se pretende sustentar tales acusaciones, en la recepción de financiamiento económico de entidades extranjeras para la realización de programas educativos, cívicos y de promoción de los derechos humanos» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

En su informe, la CIDH igualmente detalló que decidió, tanto la inadmisibilidad del caso elevado por Félix Esparragoza y Neiro Molina contra el Estado venezolano, registrado bajo el Nº P12.210, como la admisibilidad del caso elevado por la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (ANTJUVIASA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea contra el Estado venezolano, registrado bajo el Nº P667/01 (ver nota «CIDH se pronuncia a favor de jubilados de VIASA» en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición).

El informe de la CIDH señaló también que recibió información acerca del efecto de la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela (ver nota » » en la sección DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS); y que en su programa de audiencias incluyó un análisis sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela (ver nota «CEJIL y Provea solicitaron a CIDH acercamiento a la situación de los DESC en Venezuela» en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición).

En otra audiencia de esta sesión ordinaria, la CIDH recibió información referente a los derechos humanos y la integración económica en el hemisferio (ver nota «La CIDH abordó impacto del libre comercio sobre los derechos humanos» en la sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición), en concordancia con otros temas comprendidos bajo su mandato de protección y promoción de los derechos humanos.

Finalmente, en su informe, la CIDH también reseñó los casos contenciosos sometido a la observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las medidas provisionales otorgadas desde el anterior período ordinario de sesiones de la CIDH.

Al respecto, vale destacar entre los casos contenciosos, el de Oscar BLANCO, Roberto HERNÁNDEZ y José RIVAS, Venezuela (ver edición Nº 144 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm#21); y, entre las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH a solicitantes venezolanos: Carlos Nieto PALMA, diario El Nacional, diario Así es la Noticia (Venezuela), emisora de televisión Globovisión, Eloisa BARRIOS y otros (Venezuela).

El Centro Coordinador de Servicios de Comunidades Eclesiásticas de Base de Caracas otorgó el premio “Dr. José Gregorio Hernández” a las Instituciones Públicas al Servicio Público en su edición 2004, a la organización Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, 29.10.04, [email protected]).

Esta organización integrante del Foro por la Vida fue distinguida con este importante reconocimiento por la labor que desempeña en las comunidades del Área Metropolitana de Caracas, en especial las del suroeste de la ciudad, donde desarrolló los Observatorios de Derechos Humanos, proyecto piloto realizado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde hace más de 5 años, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV comparte sus actividades de investigación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, violencia, derechos humanos y educación para la paz, con una intensa labor de extensión que le permitió consolidar una importante presencia en comunidades más vulnerables del sur oeste capitalino.

INVITACIONES A EVENTOS

La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos abrió el período de inscripciones para el III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos (EDH): «Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social», dirigido a todas aquellas personas vinculadas al proceso educativo en Venezuela o que tengan alguna participación en el área y estén interesadas en formarse en el ámbito de educación en y para los derechos humanos.

Objetivos

  • Analizar los resultados del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos 1995 – 2004 en Venezuela y en América Latina.
  • Perfilar los desafíos de la educación en derechos humanos, de cara al logro de una mayor inclusión social en América Latina en el nuevo decenio.

Ponencias

  • Exclusión social y educación en América Latina: una lectura desde los derechos humanos (Alicia Cabezudo – Argentina)
  • Educación en Derechos Humanos en América Latina: Balance del Decenio 1995-2004 (Ana María Rodino – IIDH)
  • Tendencias y perspectivas para la Educación en Derechos Humanos en América Latina: los retos del momento (Soraya el Achkar – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz)
  • ¿Qué desafíos se presentan a los educadores en Derechos Humanos para incidir en las políticas públicas educativas que favorezcan la inclusión social? (Nacarid Rodríguez – UCV; Luisa Pernalete – Fe y Alegría; Xiomara Lucena – Ministerio de Educación y Deportes, MED)¿Qué retos se le presentan al Estado y a la sociedad civil para lograr corresponsablemente una educación inclusiva? (Ana Barrios – Centro de Derechos Humanos/UCAB; Fernando Pereira – CECODAP, Antón Marquiegui – AVEC)
  • ¿Qué elementos del contexto venezolano favorecen o dificultan el desarrollo de procesos de inclusión social? (Soraya El Achkar; Soraya Medina – CECODAP; Elvira Morcillo – Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas)
  • ¿Qué desafíos deben tener las políticas educativas para que favorezcan la inclusión social? (Greta Papadimitriou – Red Latinoamericana, México; Amalia Sanoja – MED; Anna Lucía de Emilio – UNICEF; María Isabel Bertone – Provea)
  • La EDH y la inclusión social desde sectores discriminados: líneas de acción urgentes y mecanismos desde el Estado y la sociedad Civil:
    • Inclusión de elementos de las Metas del Milenio en educación de derechos humanos (Ana María Rodino).
    • EDH e inclusión social desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes: mecanismos de defensa de los derechos de la niñez (Yuri Buaiz – UNICEF).
    • EDH e inclusión social desde la perspectiva de los pueblos indígenas (Jorge Pocaterra – Director de Educación intercultural Bilingüe del MED).
    • EDH e inclusión social desde la perspectiva de los afrodescendientes (Jesús “Chucho” García).
    • EDH e inclusión social desde la perspectiva de los refugiados y refugiadas (Alfredo Infante – Servicio Jesuita para los Refugiados).
    • EDH e inclusión social desde la perspectiva de la educación especial.

Programa

Para consultar o descargar el programa de las actividades contempladas en el Seminario, consulte el sitio web de Provea en la dirección: http://derechos.org.ve/propuesta_estudio/programa.pdf.

Fecha y lugar

Este seminario se realizará entre los días 29 de noviembre y 01 de diciembre de 2004, en la sede de La Conferencia Episcopal Venezolana, Casa “Monseñor Ibarras”, desde las 08:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Inversión

La participación en el seminario tiene un costo por persona de Bs. 150.000,00 que incluye el material del seminario, las comidas, Certificado de Asistencia y la estadía durante los tres días para las personas que necesiten hospedarse en las instalaciones de la Conferencia Episcopal, para quines no requieran de este servicio . En el caso que los participantes no requieran la estadía en la Conferencia, el costo será de Bs. 90.000,00 que incluye igualmente el material de apoyo, certificado, almuerzos y meriendas.

Inscripciones

La inscripción puede hacerse directamente en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y en Provea. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día viernes 19 de noviembre de 2004, ya que no se realizarán inscripciones posteriores a esta fecha ni en el lugar del evento, a fin de poder garantizar a los participantes todas las provisiones logísticas.

Descargue la planilla de inscripción en el sitio web de Provea en la dirección:
http://derechos.org.ve/propuesta_estudio/planilla_inscripcion.doc.

Información

Los interesados pueden contactarse con:

  • Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
    Dirección física: Edif. Caroata, Nivel 2, Oficina 220, Parque Central. Caracas.
    Teléfonos: (0212) 574.1949 / 574 8005 (telefax)
    Correo-e: [email protected]; o
  • Provea
    Dirección física: Bulevard Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edif.. Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6. Caracas.
    Teléfonos: (0212) 862.1011 / 862.5333 / 860.6669 (telefax).
    Correo-e: [email protected].

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

A petición del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Provea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a ambas organizaciones en la que los comisionados fueron informados sobre la actual situación de los DESC en Venezuela y la relación que ello tiene con el actual conflicto político. La audiencia se efectuó el pasado 22.10.04, en la sede de este órgano hemisférico.

Existe un vínculo indisoluble entre los derechos humanos, la democracia, la paz y la erradicación de la pobreza. No es posible pensar en una democracia sustantiva y una sociedad en paz con los niveles de pobreza e inequidad existentes en Venezuela, como tampoco es posible su reducción por vías que no sean democráticas y que no cuenten con la participación fundamental de los sectores populares.

Desde esta perspectiva, CEJIL y Provea abordaron la situación de algunos DESC en Venezuela tales como los derechos a la salud, a la vivienda, laborales y seguridad social.

“La actual polarización política tiene tras de sí una polarización social que se añejó durante 25 años, en los que se fue generando un apartheid social que interpela a la democracia en su capacidad de garantizar los derechos de las mayorías. La pobreza es la violación estructural del derecho a la no discriminación: los pobres sufren discriminación y la discriminación los hace más pobres”, explicó durante la audiencia Carlos Correa, Coordinador General de Provea.

La importancia de esta audiencia radica en el interés del órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en escuchar una exposición sobre la situación de los DESC en Venezuela, lo que representa un avance en la visión interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos.

A juicio de las organizaciones, un examen de los DESC en los últimos 25 años no sólo ayuda a explicar el modo polarizado en que se expresa el conflicto entre diferentes sectores sociales y sus proyectos de país, sino que, al mismo tiempo, las políticas orientadas a lograr la plena vigencia de los DESC, fortaleciendo la capacidad de ejercer poder de los sectores populares, representan una condición indispensable para alcanzar una administración democrática del conflicto político venezolano.

En su diagnóstico, CEJIL y Provea señalaron como caso paradigmático al derecho a acceder a un empleo, cuyo “seguimiento permite establecer una correspondencia casi absoluta entre los momentos de mayor convulsión política y el aumento del desempleo durante los últimos 5 años”, señaló el representante de Provea.

En un informe entregado a los comisionados, las organizaciones desplegaron una serie de peticiones a la CIDH a fin de lograr la continuidad de este acercamiento en materia de DESC. En primer lugar, proponen que la CIDH complemente el informe de la visita in loco efectuada a Venezuela en el año 2002, con un informe sobre la situación de los DESC en Venezuela, que incluya la perspectiva de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Igualmente, solicitan a la CIDH que se mantenga atenta al tema de la pobreza en Venezuela y su vínculo con el actual conflicto político polarizado. También solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado venezolano trabajar en conjunto con el movimiento nacional de derechos humanos en la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela. Y, finalmente, pidieron al órgano hemisférico mantener un seguimiento de la evolución de la situación de los DESC en Venezuela. Específicamente plantearon la realización de una visita al país del comisionado Relator de Venezuela.

El documento completo entregado por CEJIL y Provea a la CIDH, puede ser consultado o descargado actualmente en el sitio web de Provea http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/descvzla.pdf. (Provea, 22.10.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np221004.pdf).

Con el propósito de realizar un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica actualmente en marcha en la región y las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), de Colombia; la Coordinadora Peruana de Derechos Humanos de Perú; Derechos y Democracia, de Canadá; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de Washington; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México; el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) de Perú; el Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina (CELS); y  Provea, coincidieron el pasado  22.10.04, en una audiencia temática solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 121º período de sesiones ordinarias efectuadas en la última semana de octubre.

La importancia de esta audiencia sin precedentes radicó en que, por primera vez en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, organizaciones civiles de diferentes países del continente, presentan un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica y las obligaciones que en materia de derechos humanos han adoptado los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El propósito central de esta audiencia fue plantear a la CIDH la necesidad de que, en cumplimiento del mandato conferido por los Estados miembros de la OEA y en uso de sus facultades, se involucre en el impulso de acciones para hacer efectivo el principio de primacía de los derechos humanos frente a los compromisos asumidos por los Estados en los tratados comerciales que tienen efectos sobre las personas y colectivos de los países de la región.

En un documento suscrito por las organizaciones latinoamericanas que se entregó a los comisionados presentes en la audiencia se plantea que “la oposición social a la progresión de los acuerdos de libre comercio tienen una comprensión cada vez más sólida y articulada de la amenaza que estos acuerdos representan para el pleno goce de los derechos humanos, lo cual ha sido denunciado en diversas instancias”.

En el documento, las organizaciones solicitan a la CIDH que elabore un informe sobre la manera en que los Estados están tomando o no en cuenta los derechos humanos en las negociaciones comerciales; promover frente a los Estados un espacio de participación para la sociedad civil involucrada en el análisis crítico y propuestas frente a los procesos de integración económica regional; considerar la intervención de los órganos del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en el proceso de elaboración de una Carta Social Americana que asegure el respeto al principio de primacía de los derechos humanos y siente las bases para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los procesos de integración regional y subregional.

Finalmente, instarán a la CIDH a considerar el monitoreo de los impactos actuales y futuros de los procesos de integración económica en curso, especialmente las prácticas de comercio que pueden adoptar las empresas, con la omisión del Estado, lesionando los derechos humanos consagrados en los instrumentos de protección regional.

Por último, las organizaciones participantes invitan a particulares e instituciones a apoyar este trabajo,  suscribiendo el documento presentado ante la CIDH, que puede  consultar en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/CIDHlibrecomerciodef.doc.

Para adherirse, puede enviar un mensaje a la dirección de correo-e: [email protected]. (Provea, 22.10.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np211004.pdf).

La Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso elevado por la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (ANTJUVIASA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea contra el Estado venezolano, ante dicha instancia en septiembre de 2001. La decisión de la CIDH se desprende del informe del período  ordinario de sesiones N° 121de la instancia regional, publicado el pasado 28.10.04 (Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, 28.10.04, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2004/23.04.htm#INFORME).

Registrado bajo el Nº P667/01, este caso corresponde a la acción jurídica mediante la cual se acusa al Estado de violar los derechos contemplados en los Artículos 1, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los Artículos XVI y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran el respeto de los derechos por parte de los Estados, a la protección judicial de los ciudadanos, el compromiso estatal con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la seguridad social, y el derecho a la justicia (Provea, 06.09.01, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm).

Las acciones judiciales que antecedieron la elevación de este caso a la instancia regional se iniciaron cuando el Gobierno Nacional conducido por segunda vez por Carlos Andrés Pérez, suscribió un contrato con las compañías Iberia, Banco Provincial y el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), compradores de la empresa estatal Venezolana Internacional de Aviación S. A. (VIASA), en cuyas cláusulas laborales se establecía que los/as trabajadores/as perdían su condición de empleado público y, en consecuencia, el beneficio del Plan de Jubilación (Provea, Ídem.).

De esta forma se violó el artículo 85 de la Constitución vigente en ese entonces, en el que se garantizaba la irrenunciabilidad de los derechos laborales de los/as trabajadores/as.

Las personas jubiladas acudieron a las instancias judiciales internas obteniendo a su favor un mandato judicial emanado el 20.05.99 del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, confirmado el 13.08.99 por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo y ratificado el 23.05.00 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este mandato judicial ordenaba la nulidad de la transacción que en 1998 VIASA había obligado a firmar a los/as jubilados/as, mediante la cual renunciaban a su derecho a la jubilación. El tribunal también exigía a VIASA, al FIV (hoy denominado Banco de Desarrollo Económico y Social-BANDES y dueño del 40% de las acciones de la compañía), así como a los órganos estatales relacionados con el caso, a garantizar la ejecución y cumplimiento del fallo judicial que les restituía los derechos violados a los pensionados (Provea, Ídem.).

En la dilación de este proceso han fallecido Raúl RODRÍGUEZ, Tulio PACHANO y Jesús NARANJO (ver artículo de opinión “Otro rostro de la impunidad, En memoria de Jesús Manuel Naranjo” en: http://derechos.org.ve/actualidad/opinion/2003/ao180303.pdf), 3 de los jubilados beneficiados por la acción judicial, a la espera de la efectiva la restitución de sus derecho humanos. 

Ante la CIDH los peticionarios demandaron al Estado venezolano el cumplimiento de la sentencia antes señalada; la cancelación del pago en conformidad con la ley laboral y su indexación considerando los índices de inflación actuales; la indemnización de los daños y perjuicios causados; el pago a los herederos inmediatos de los jubilados fallecidos; una exhortación para que el Estado no continúe violando los derechos de los jubilados y pensionados; y, la adopción de medidas para cumplir con los compromisos internacionales que garantizan a todos/as los/as ciudadanos/as el derecho a la seguridad social (Provea, Ídem.).

Provea espera que, a la luz de esta decisión de la CIDH, el Gobierno Nacional, en concordancia con su manifiesta preocupación por la situación de los jubilados y pensionados del país, resuelva de manera definitiva el pago de esta deuda con las personas jubiladas de VIASA.

Fue admitida el pasado 20.10.04 la Acción de Amparo Constitucional introducida por Provea el 21.09.04  ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contra Edgar Camejo, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), por su negativa a dar respuesta oportuna y adecuada a informaciones solicitadas por Provea con relación al proyecto habitacional Ciudad Miranda, ubicado en el Edo. Miranda (consulte la edición Nº 144 de este boletín electrónico en: http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_144.htm)

La acción ejecutada por Provea busca beneficiar un grupo de familias habitantes del proyecto habitacional Ciudad Miranda que llevan 5 años esperando que FONDUR entregue sus viviendas, luego de haber dado su cuota inicial para adquirir viviendas en ese proyecto habitacional.

Las familias tienen más de 1 año esperando que FONDUR responda varias comunicaciones mediante las cuales exigen respuestas sobre los motivos por los cuales no ha culminado el proyecto habitacional y los criterios utilizados para adjudicar las pocas viviendas concluidas hasta el momento.

Este 04.11.04, un grupo de 260 habitantes de la urbanización Nueva Tacagua acompañadas por Provea solicitaron a través de un escrito de petición dirigido a Julio Montes, titular del Ministerio de Vivienda (MV), una audiencia a fin de expresarle un conjunto de preocupaciones sobre la forma como se ha venido atendiendo por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) la grave situación de esa zona residencial. De la misma manera, presentaron un conjunto de ideas sobre lo que consideran debe ser la política de Estado frente a los habitantes de Nueva Tacagua y la difícil situación por la cual atraviesan.

En su misiva, los habitantes de Nueva Tacagua consideran que “cualquier política que se diseñe y ejecute para la zona debe partir de respetar a sus habitantes, escuchar sus opiniones y propuestas. Dicha política debe igualmente orientarse a ofrecer a todas aquellas familias a quienes el INAVI les vendió viviendas, soluciones habitacionales de igual o mejor calidad.

Igualmente consideraron importante plantearle al funcionario el establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita una acción coordinada, planificada y eficiente de los distintos entes y órganos del Estado que, directa o indirectamente, tienen que involucrarse con la problemática existente y la garantía del funcionamiento adecuado de todos los servicios públicos.

Además propusieron al titular del despacho de la Vivienda declarar a Nueva Tacagua como zona de atención urgente e integral, a través de una resolución ministerial.

Finalmente, observaron que, habiendo adquirido vivienda en Caracas y construido en esta ciudad un proyecto de vida que incluye trabajo, estudio, relaciones interpersonales, el Estado venezolano debe realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar su reubicación a viviendas en esa misma ciudad, en los casos que fuera perentorio su traslado.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz instó a las autoridades venezolanas a cumplir con la declaración del “Decenio de la Educación en la esfera de los derechos humanos” de las Naciones Unidas, en la cual se insta a los Estados miembros a que desarrollen los medios y las estrategias que permitirán la concreción real de una cultura educativa en la materia.

Reconociendo la importancia clave de la educación para la paz y los derechos humanos en un mundo tan convulsionado como el nuestro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el período 1995-2004 como el Decenio de la Educación en Derechos Humanos en el Mundo.

Pablo Fernández, coordinador del Área de Educación de la Red, señaló que “el decenio culmina este año, pero en Venezuela aunque ya se han iniciado algunas acciones interesantes, aun falta mucho para impulsar una política clara y consistente en esta materia […] Quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos, no podemos menos que llamar la atención sobre este aspecto e invitar nuevamente a las autoridades a asumir el tema como eje vertebral en su política educativa, comprendiendo que sin formación ciudadana coherente, sin educación para el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, y sin prácticas que favorezcan una cultura de paz, conduciremos a la deriva nuestro proyecto como nación reflejado en la Constitución de le República Bolivariana de Venezuela” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 02.11.04, [email protected]).

Por otra parte, en el mes de abril de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución apoyando el lanzamiento de un Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que se iniciará el primero de enero del 2005. El lanzamiento del referido programa, así como la consideración y posible adopción de su Plan de Acción, podría tener lugar en la Asamblea General de la ONU del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

A juicio de Fernández, “ante esta realidad mundial y las necesidades educativas persistentes en nuestro país, Venezuela tiene que asumir múltiples desafíos en el campo de educación. Ellos serán fáciles de concretar siempre y cuando logremos asumir una nueva actitud, entendiendo la educación como un derecho humano y como una preparación para la vida en democracia, justicia y paz, que todas y todos anhelamos. Ojala esta vez el compromiso se asuma con seriedad y no tengamos que decir también, como en el año 2004, que ésta fue otra década perdida” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.).

Canasta Alimentaria Normativa

MESValor Mensual
 (en bolívares)		Tasa de Variación
Intermensual		Tasa de Variación
Acumulada 2004 		Tasa de
Acumulación
Interanual 2003/2004		Déficit del Poder Adquisitivo (*)
 (en %)
Agosto 330.094,220,98%
(3.190,12
bolívares)
15,9
 		 26,4 2,6
Septiembre
(**)		 334.192,65 ▲1,24%  ▲
(4.098,43
bolívares)		17,4 ▲ 26 ▼3,8 ▲
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Cadena Global, 29.10.04,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=77816&Sec=8

La Canasta Alimentaria Normativa (CAN) es un indicador estadístico que mensualmente reporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), y tiene por objeto determinar el valor o costo mensual en bolívares de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes de una familia tipo de la población venezolana, tomando en cuenta sus hábitos de consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible. Para esta medición se excluyen precios de remate y liquidación. Este indicador estadístico sirve de referencia para la formulación de políticas sociales, económicas, nutricionales y agrícolas, particularmente para establecer el salario mínimo y hacer mediciones de pobreza.

Elías Eljuri, presidente del INE explicó que el informe mensual de la CAN es un estudio que se hace en 13 ciudades de todo el país, para poder sacar un promedio. Las ciudades más representativas son Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Calabozo, Barcelona, Puerto la Cruz, Cumaná , Barquisimeto, Porlamar, Ciudad Bolívar y el área metropolitana de Caracas, y los municipios metropolitanos: Libertador, Chacao , Baruta y Sucre (Globovisión, 02/11/04, http://www.globovision.com/economia/2004.11/02/ine/index.php).

En opinión del INE, hubo un leve incremento (0,26%) de la Tasa de Variación Intermensual de septiembre con respecto a la variación de precios observada entre julio y agosto (0,98%). En detalle, tal comportamiento se explica observando los grupos de alimentos que componen la CAN: 3 registraron rebajas: semillas, oleaginosas y leguminosas con variación negativa de -0,49%; cereales y productos derivados -0,44% y grasas y aceites -0,42%. Por otra parte, fueron sensibles al alza de precios los grupos correspondientes a café, té y similares con una variación de 4,44%; leche, queso y huevos de 4,25%; pescados y mariscos de 3,07%; frutas y hortalizas de 2,23%. Por otro lado, el estudio del INE detectó que los precios de los productos controlados aumentaron en un 0,70% mientras que los no controlados se incrementaron en un 0,50%.

Para septiembre, el informe del valor de la CAN indica que la tasa variación acumulada 2004 es inferior  en un 4,59% a la del año 2003 (21,99%). A juicio del INE, “esto confirma la desaceleración del aumento de precios de los alimentos de la CAN que se ha venido observando en el presente año” (Instituto Nacional de Estadística, Ídem.).

A partir de estas estimaciones, Alberto Salas, director de Estadísticas del INE, aseguró que a final de este año la CAN oscilará entre 345 mil a 350 mil bolívares, mientras que para el mes de diciembre del año pasado se ubicó en 284 mil 581,88 bolívares.

Índice de Precios al Consumidor

MesTasa de Variación intermensualTasa de Variación
Acumulada 2004		Tasa de Crecimiento
Interanual 2003/2004
Agosto1,314,121,9
Septiembre0,614,720,8
Octubre (**)0,6 =15,4 ▲19,7 ▼
Fuente: Banco Central de Venezuela
Nota:
(**) Banco Central de Venezuela, 02.11.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3679&Operacion=2&Sec=False

Otro indicador oficial presentado recientemente fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas para el mes de octubre, reportando por 2do. mes consecutivo variaciones inferiores a un punto porcentual.

De esta manera, la variación acumulada del IPC hasta octubre de 2004 fue notablemente menor, un 7,1%, a la registrada en igual período del año 2003 (22,5%).

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el comportamiento de la tasa de variación intermensual de los precios en octubre fue el resultado combinado de la desaceleración mostrada por los bienes y servicios sujetos a control y regulación, de 1,4% a 0,7% , y de una recuperación de los niveles de precios de los rubros no controlados, de -0,3% a 0,5%. Estos últimos se ubicaron nuevamente por debajo de las variaciones observadas en los primeros 8 meses del año (1,8% en promedio), debido al efecto conjunto de las reducciones de precios que mantienen los productos agrícolas y la disminución de la tasa del IVA.

En detalle, el comportamiento de la tasa de variación intermensual del IPC, se asocia principalmente a la relativa estabilidad en los precios en seis de las trece agrupaciones que lo integran: Servicios de la vivienda, 0,2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, -0,2%; Equipamiento del hogar, 0,2%; Vestido y calzado, 0,4%; Esparcimiento y cultura, 0,1%; y Bienes y servicios diversos, 0,2%. El resto de las agrupaciones mostraron variaciones superiores al promedio general: Servicios de educación, 1,9%; Restaurantes y hoteles, 1,7%; Transporte, 1,3%; Salud, 1,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 0,8%; Alquiler de vivienda, 0,7% y Comunicaciones 0,7%.

Los servicios, en su conjunto, mostraron una variación superior a la de los bienes (1,1% frente a 0,1%), debido al mayor crecimiento de los precios en educación, restaurantes y hoteles, transporte y salud, entre otros.

Por su parte, el Indicador del Núcleo Inflacionario reportó una variación superior a la del mes previo (de 0,2% a 1,0%), asociado a un mayor crecimiento de precios en todos sus grupos componentes. Es de resaltar que en el período, este indicador se ubicó por encima del IPC, con lo que se rompe la tendencia observada desde el pasado mes de junio. Esta diferencia obedece principalmente, a la desaceleración de los bienes y servicios administrados.

Con el resultado de este mes, el crecimiento anualizado del IPC en el período octubre 2004/octubre 2003 se redujo en un 6% al reportado en igual lapso 2003/2002 (25,7%).

La tasa de variación de precios en los diferentes estratos de ingresos, para el presente mes, registró un comportamiento similar a los del mes precedente oscilando las variaciones entre 0,4% y 0,7%, evidenciando una relativa estabilidad de precios y mostrando por segundo mes consecutivo, para cada estrato, la menor variación observada durante el presente año.

Canasta Alimentaria de los Trabajadores

MESValor Mensual
 (en bolívares)		Tasa de Variación
Intermensual		Tasa de Variación
Acumulada 2004		Tasa de Acumulación Interanual 2003/2004Déficit del Poder Adquisitivo (*)
 (en %)
Agosto505.0622,9132636,4
Septiembre509.9320,9XX37
Octubre (**)512.282 ▲0,5 ▼14
(63.742 bolívares)		22,8
(95.114 bolívares)		37,2 ▲
Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas:
(*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Tal Cual, 02.11.04, pág. 8

Por su parte, el CENDA dio a conocer el estado de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) para el mes de octubre. Según la organización privada, el alza en los precios de 6 rubros contribuyó a que la CAT aumentara en el décimo mes del año 2004. Las variaciones con tendencia al alza que se percibieron en algunos rubros fueron las siguientes: bebidas no alcohólicas (6,5%), azúcar y similares (4,6%), pescado (4,4%), lácteos y huevos (3%).

Paralelamente, las frutas y hortalizas; raíces y tubérculos; las grasas y los aceites; y, los cereales y productos derivados reportaron una variación descendente en octubre: 3,7%; 3,1%; 2,2%; y, 0,1%, respectivamente.

El pasado 02.11.04, la plenaria de la AN aprobó en primera discusión los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento 2005. El primero, por 69.3 billones de bolívares para el 2005, con inflación de 15%, déficit fiscal de 1.8 puntos del PIB, crecimiento de 5% y orientado en 40,5% al gasto social; y, el segundo, por la cantidad de 14.5 billones de bolívares (Asamblea Nacional, 03.11.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6137).

Ambos proyectos fueron presentados a finales del mes de octubre por Tobías Nóbrega, titular del Ministerio de Finanzas (MF).

Con respecto al presupuesto 2005, se conoció que el proyecto presentado por el MF contempla para el próximo año un “mejor control de gastos, un fortalecimiento de los ingresos estimado en 57 billones de bolívares, un menor nivel de endeudamiento y […] continuar con el refinanciamiento de la deuda pública. Con estos 4 aspectos, Nóbrega apuesta en el 2005 a una expectativa de inflación puntual de 15%. En total, se contemplan en esta Ley 69,3 billones de bolívares que representan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los 224 billones de bolívares” (Tal Cual, 20.10.04, pág. 8).

Con relación al gasto capital, para el año venidero se estima en 21,3%, un 3,3% más que el alcanzado en el año en curso, según cifras del despacho. La inversión pública, por otra parte, se proyecta para un total de 14,9 billones del presupuesto.

Con este proyecto el Ejecutivo aspira a darle continuidad a los programas vinculados a obras de construcción, financiamiento de viviendas, transporte y vialidad, entre los que se encuentran los planes ferroviarios. En materia de sectores productivos, el proyecto abarca los programas de desarrollo agropecuario y de estímulo de la economía popular, así como un componente de inversión de los sectores gasíferos, eléctrico y de aluminio.

En cuanto al gasto social, el despacho de hacienda consideró una partida de gastos para incorporar 400.000 estudiantes a la Misión Sucre, 940 estudiantes al Programa Alimentario Escolar, 40.000 infantes al Plan Simoncito, construir 700 nuevas escuelas bolivarianas, incorporar a 80.000 estudiantes a los liceos bolivarianos, integrar a 80.000 estudiantes a la Misión Rivas, seguir el programa de subsidio del pasaje estudiantil, beneficiar a 30.000 nuevos pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), continuar con Barrio Adentro, abrir 200 Mercal más, etc.

Nóbrega aseguró que habrá un menor nivel de financiamiento de la deuda en relación con la Ley de Endeudamiento 2004 (30%). Un 22% de presupuesto de 2005 (14,96 billones de bolívares). De esta cantidad, 8,87 billones corresponden al servicio de la deuda pública externa para pagos de bonos, la deuda no reestructurada y la garantizada por la República. El mayor costo de la deuda externa lo representa el pago de bonos por 5,54 billones de bolívares y la deuda bilateral por 1,47 billones (Tal Cual, 22.10.04, pág. 8).

El Centro por el Derecho a la Vivienda Contra Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés), la Coalición Internacional del Habitat (HIC, por sus siglas en inglés), el Forum de la Reforma Urbana de Brasil, el Instituto POLIS y el Forum Urbano de Ecuador , están haciendo campaña para dar a conocer la propuesta de Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, una iniciativa forjada por diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos locales y nacionales, foros nacionales de reforma urbana, universidades y organizaciones no gubernamentales presentes en el Foro Social de Las Américas realizado en Quito, Ecuador, en julio de este año.

En el documento (que puede ser consultado o descargado en el sitio web del Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos-COHRE: http://www.cohre.org/lbcharterframe.htm) se argumenta que “hay una necesidad emergente de defensa del derecho a la ciudad que valorice su papel como espacio social de usufructo colectivo de sus riquezas, cultural, bienes y conocimientos por para todas las personas residentes, como contrapunto a la concepción discriminatoria de proteger apenas el derecho de las personas que tienen bienes y propiedades, con el objetivo de enfrentar la predominancia del valor económico sobre las funciones y usos sociales de la ciudad” (Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos, 22.10.04, http://www.cohre.org/lbcharterframe.htm).

Los auspiciantes de este documento consideran que “es un importante documento político referencial para las acciones y demandas de las organizaciones no gubernamentales, gobiernos, entidades internacionales y la sociedad civil que tienen relación con la promoción de la reforma urbana y de los derechos humanos en las ciudades, la cual podrá ser adoptada por las Naciones Unidas como a través de instrumentos internacionales de carácter legal de protección, cumplimiento y garantía del derecho a la ciudad. En este contexto, el derecho a la ciudad significa el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio urbano y rural de las ciudades; el usufructo equitativo y sin discriminación de su economía, cultura, recursos naturales y proyectos de desarrollo; el planeamiento democrático y la gestión participativa de los presupuestos, programas y políticas públicos; el cumplimiento de la función social de la propiedad; y el gozo de los derechos humanos y libertades fundamentales, por todos sus habitantes” (Centro por el Derecho a la Vivienda Contra los Desalojos, Ídem.).

Durante el Foro Social Mundial (FSM) de 2005, las entidades que apoyan la Carta se reunirán en Porto Alegre para consolidar el debate sobre su contenido, ampliar las adhesiones y definir una plataforma de acción para su implementación.

Invitan a los interesados a enviar sugerencias o propuestas de modificaciones antes del 30.11.04 al correo-e: [email protected].

Situación Laboral de la Población Económicamente Activa (*)

MesAgostoSeptiembre (**)
Tasa de Ocupación Mensual49,5
(5.119.222 personas ocupadas)		51,7 ▲
 (5.412.090 personas ocupadas)
Tasa de Ocupación IntermensualX
 		2,2
(292.868 personas ocupadas)
Tasa de Desocupación Mensual14,2
(1.704.704 personas desocupadas)		14,5
(1.774.722 personas desocupadas)
Tasa de Desocupación Intermensual1,1
(139.478 personas desocupadas)		0,3
Tasa de Desocupación Interanual
2003/2004		3,6
(444.974 personas desocupadas)		3,5 ▼(***)
(419.485 personas desocupadas)
Tasa de Informalidad MensualX4,4
Tasa de Informalidad
Interanual
2003/2004		2,54,4 ▼
(202.939 personas ocupadas)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Notas:
(*) personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar
(**) Cadena Global, 03.11.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=78177&Sec=8.
(***) Tal Cual, 03.11.04, pág. 10.

Según cifras del INE, la tasa de desempleo para el mes de septiembre de 2004 mostró un comportamiento estadísticamente estable a juicio de Elías Eljuri, presidente del INE. Para Eljuri, “esto es una señal de recuperación de la economía venezolana”.

  • Establecer una política de desarrollo sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana.
  • Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social.
  • Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente.
  • Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad solo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (ABRAE) o en territorios indígenas, ni en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas.
  • Revisar y formular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos esté el congelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se están desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico.
  • Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sustentables de recursos.
  • Excluir el uso minero del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca a fin de cumplir con lo que establece la Ley.
  • Sanear la Reserva Forestal de Imataca de focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal.
  • Declarar la moratoria a la explotación forestal en Imataca, hasta tanto no se demuestre que el bosque natural se puede recuperar.
  • Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordenada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos.
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país.
  • Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire.
  • Formular una política para la incorporación de todos los municipios del país a la clasificación de Residuos Sólidos in situ (orgánicos, plásticos, vidrios, cartones y papel), con graduales y selectivos métodos de recolección y transporte de basuras, asumiendo el reciclaje integral como nuevo medio de descontaminación y producción de nuevas y sanas fuentes de trabajo.
  • Confección de un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones estadales y municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto.
  • Impulsar y fortalecer, por parte de las municipalidades o las empresas privadas, los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales.
  • Desarrollar un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productos sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso sustitución por productos naturales no dañinos.
  • Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, el tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos.
  • Declaratoria de una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria.
  • Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá (Provea, 25.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Hace 16 años, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares.

Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las innumerables irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea, con el apoyo de los abogados Getulio Romero y Fabián Chacón, elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia dirigió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez incumplieran sus recomendaciones. Un año después, el 11.01.95, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14.09.96 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 únicos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y ordenó que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables.

Aunque durante el gobierno del Presidente Rafael Caldera se canceló casi la totalidad de las indemnizaciones, quedó pendiente un monto, producto de no acatarse el mandato de la Corte IDH que regulaba la forma de calcular los montos en moneda nacional. Además, los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial y lamentablemente confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia.

El pasado 16.02.04 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea presentaron a la Corte IDH un informe mediante el cual informaron sobre la situación de incumplimiento del Estado venezolano de la resolución emitida por la Corte IDH en noviembre de 2002. Esta resolución le ordenaba al Estado venezolano cancelar a las víctimas y familiares de las víctimas los intereses generados por la demora en el pago hecho a las reparaciones que formaron parte del dictamen efectuado en 1995 por el tribunal hemisférico.

Provea lamenta que un gobierno que reiteradamente usa la masacre de El Amparo como ejemplo para demostrar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, no cumpla oportuna y definitivamente el dictamen de la Corte IDH, sobre este caso. Así como también reitera su rechazo al hecho de que algunos de los imputados por este suceso ocupen cargos públicos en el actual gobierno, inclusive en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y algunos organismos de seguridad del Estado (Provea,  29.10.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp291004.pdf).

Considerando:

1- Las graves lesiones físicas y psicológicas sufridas por la joven venezolana Linda Loaiza, producto de la violencia sexual y de género producidas por un tercero;

2- El grave retardo procesal que durante tres años mantuvo en la impunidad los delitos que la victimizaron.

3- Los factores estructurales presentes en la sociedad venezolana, que facilitan la violencia sexual y de género, así como su impunidad, tales como las deficiencias e insuficiencias de las políticas públicas de prevención; el imaginario machista presente en parte de la sociedad venezolana, producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; la particular situación de vulnerabilidad que tiene una mujer pobre para acceder al Sistema de Administración de Justicia y lograr de él un resultado favorable a sus derechos; la provisionalidad de los jueces y juezas que la/os hacen más vulnerables a distintas presiones; un Código Penal anacrónico que minimiza la pena del agresor cuando considera que la víctima es “prostituta”, entre otros.

4- Que, según la Convención de Belém do Pará, que es ley nacional, “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […]. b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; […] e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

Provea solicita:

1- Al Poder Judicial que inicie las investigaciones pertinentes sobre la actuación de la jueza Rosa Cádiz respetando las garantías del debido proceso que la amparan, y estudie las denuncias presentadas formalmente al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia por la víctima y su abogado defensor sobre vicios durante el proceso y acerca de la decisión.

2- Al Ministerio Público que continúe la investigación hasta determinar quién o quiénes agredieron a Linda Loaiza reiteradamente produciéndole lesiones de diferente data. Igualmente que continúe con su obligación de brindar protección a la víctima.

3- A la Asamblea Nacional a que se reforme con celeridad el Código Penal que permite que si una mujer agredida fuera trabajadora sexual, al sentenciado se le rebaje la pena en una quinta parte, entre otras disposiciones que violan el principio de no discriminación consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4- Al Estado en su conjunto a que cumpla con las obligaciones derivadas de la Convención de Belem do Pará. Entre otras, “ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social” y “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios”.

El pasado 11.10.04, el Tribunal Militar 1º de Juicio, presidido por el capitán de navío Máximo González, sentenció a 5 años y 6 meses de prisión al general de brigada retirado del Ejército Francisco USÓN, por el delito de injuria contra la Fuerza Armada Nacional (FAN) y a ser inhabilitado políticamente e imposibilitado de recibir premios (El Nacional, 12.10.04, pág. A/6). El ex oficial permanece detenido provisionalmente en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde (El Universal, 12.10.04, pág. 1/6).

Usón fue acusado por la Fiscalía Militar luego de ofrecer una declaración el 16.04.04 en un programa de televisión de un canal privado, relativa a los sucesos del Batallón de Ingenieros de Combate del Fuerte Mara (30.03.04), en los que 8 soldados resultaron heridos por quemaduras graves, resultando 2 de ellos muertos, mientras permanecían en una celda de castigo. En esa ocasión, Usón afirmó que las heridas de los efectivos habían sido provocadas por el uso de un lanzallamas y que “habían cubanos dentro de las instalaciones militares venezolanas” (El Nacional, Ídem.).

La Fiscalía Militar presentó 33 pruebas como agravantes contra el general retirado y arguyó que Usón injurió a la institución militar (El Nacional, Ídem.).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, hay que abordar, al menos, 2 dimensiones de la violación a los derechos humanos del Gral. (r) Usón:

1) En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional y está encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. En ese sentido, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expresamente ha establecido que, de conformidad con el artículo 261 de la Constitución, los tribunales militares sólo tienen competencia para conocer de hechos de naturaleza militar y que éstos sólo pueden involucrar  a quienes tengan deberes de tal naturaleza. Por lo tanto, los civiles no deben ser juzgados en los tribunales militares (ver edición Nº 136 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_136.htm. En el caso de Usón, es importante destacar que como militar retirado debe ser considerado como civil y, por lo tanto, no puede ser procesado por un delito de naturaleza militar. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH) tiene jurisprudencia recientemente ratificada en el caso conocido como “19 Comerciantes vs. Colombia” (ver sitio Web de la Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/seriee/comerciantes_se_01.doc). En ese caso, la Corte IDH ha indicado que los civiles no deben ser juzgados por tribunales militares puesto que no son los órganos jurisdiccionales competentes y ello implicaría una violación al derecho al debido proceso. Igualmente, ha expresado la Corte que los delitos de naturaleza militar los cometen quien tenga deberes militares y éstos sólo podrán ser ejercidos por militares activos.

Para Provea es lamentable que el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo no hayan emitido pronunciamiento alguno sobre este caso y la manera inconstitucional como se viene aplicando la justicia militar. Hasta ahora más de 120 civiles han sido juzgados en tribunales militares. Además de las periodistas Patricia Poleo, Ybelice Pacheco, los civiles detenidos como presuntos paramilitares, se le sigue juicio militar a varios oficiales retirados). En el caso de los paramilitares, el Ministerio Público (MP) declinó su competencia a favor de la justicia militar.

2) El debate público sobre los distintos temas que atañen al desempeño de los funcionarios, sean militares o no, es un elemento sustancial en las sociedades democráticas. Las leyes que otorgan una protección especial al honor de los funcionarios y instituciones públicas; por ejemplo la tipificación del delito “injuria a la fuerza armada” (por el que se procesa al señor Usón) cabe en las consideraciones doctrinarias relativas al desacato o vilipendio. Este tipo de delitos es contrario al desarrollo doctrinario de los sistemas universal e interamericano de Derechos Humanos. La aplicación de este delito (injuria a la fuerza armada) además de afectar a la persona del señor Usón, tiene profundas implicaciones en el conjunto de la sociedad por cuanto inhiben el escrutinio público de las instituciones del Estado.

La CIDH, desarrolló los argumentos relacionados con la incompatibilidad  en su Informe sobre compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  “El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público” (CIDH, Informe Anual 1994, Párrafo 259). De manera similar este principio está recogido por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, numerosas sentencias de tribunales europeos y en los desarrollos doctrinarios más relevantes en el ámbito internacional.

Tal como se destacó en la nota “CIDH culminó su 121º período ordinario de sesiones” de la sección CONTEXTO de esta edición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por las posibles implicaciones que pudiera traer consigo la promulgación del proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional (AN), debido a que, a juicio de la instancia regional, diversos artículos de dicho proyecto no reflejan los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema en la materia ni las recomendaciones de la CIDH.

Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) envió el 22.10.04, una carta a Jesús Arnaldo Pérez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para reiterarle las observaciones realizadas en el informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 4 rev. 1, 24 octubre 2003) respecto al proyecto de ley en cuestión.

En esa línea, Eduardo Bertoni, Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, destacó que, “de acuerdo a la información recibida, el Proyecto en discusión mantiene limitaciones al contenido de los programas de radio y televisión, que, sumado a los términos vagos usados en varias disposiciones podrían traer aparejada tanto restricciones indirectas a la libertad de expresión como la autocensura en los medios de comunicación […] Además, el Proyecto continúa imponiendo los condicionamientos de veracidad y oportunidad de la información que pueden recibir las personas, lo cual ha sido reiteradamente criticado por esta Relatoría por contravenir el art. 13 de la Convención de acuerdo a la interpretación que le brinda el Principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” (Relatoría para la Libertad de Expresión, 26. 10.04, [email protected]).

Apoyado en tales argumentos, Bertoni instó al Gobierno Nacional “a que durante la discusión del proyecto, los legisladores y legisladoras tengan en cuenta los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión” (Relatoría para la Libertad de Expresión, Ídem.) e, igualmente, reiteró su “interés en contar a la brevedad posible con toda aquella información que Su Excelencia considere de utilidad para la mejor comprensión del proyecto mencionado, así como su estado dentro del proceso legislativo” (Relatoría para la Libertad de Expresión, Ídem.).

Las reacciones oficiales del Gobierno Nacional ante los señalamientos expresados en la carta de la RELE, no se hicieron esperar. A la carta enviada por la RELE, respondió el presidente Hugo Chávez Frías, “indicando que le preocupaba la injerencia del organismo en un proceso legislativo interno» (El Universal, 29.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/29/pol_art_29108A.shtml).

Días antes Andrés Izarra, titular del MInisterio de Comunicación e Información (MCI) rechazó la “condena [de dicho] instrumento jurídico que es para el beneficio del pueblo venezolano” (Agencia Venpres,  25.10.04, http://www.venpres.gov.ve/naci/nac1.htm#para).

Asimismo, sostuvo que “una vez más se presenta la injerencia de organismos internacionales en el proceso legislativo de Venezuela como es el debate, que con altura se está dando en la Asamblea Nacional sobre este instrumento legal” (Agencia Venpres, Ídem.).

Señaló que el artículo 13 de la RELE hace referencia al respeto a la reputación de los ciudadanos y a la necesidad de preservar la seguridad nacional, el orden público y la salud pública, “que es lo que persigue la Ley Resorte […] Con la aprobación de este marco jurídico lo que se pretende es regular el espacio radioeléctrico a fin de ponerlo a tono con la legislación actual y las exigencias de la CIDH ” (Agencia Venpres, Ídem.).

Exhortó a Bertoni a investigar sobre el comportamiento de los medios privados en Venezuela durante el paro petrolero y el golpe de Estado y le recordó que el mundo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen un antecedente muy interesante sobre la Corte Internacional Penal de Ruanda en donde fueron condenados a cadena perpetua varios individuos, dueños de medios, por los mensajes de incitación al odio y a la guerra que transmitieron antes y durante el genocidio acaecido en ese país: “No hago paralelismo. Pero en Venezuela se produjeron situaciones muy similares a las que se dieron en Ruanda, que todos conocen y condenan, y saben cómo actuaron los medios de comunicación privados, al parecer salvo la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en el país” (Radio Nacional  de Venezuela, 25.10.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=9578).

El tema de los derechos humanos en Venezuela ocupó otra audiencia de las 44 relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 121º período ordinario de sesiones, celebradas entre el 21 y el 27.10.04 (ver nota “CIDH culminó su 121º período ordinario de sesiones” en la sección CONTEXTO de esta edición).

El 22.10.04, los comisionados recibieron a representantes del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), para conocer la situación de impunidad que afecta la práctica de la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

En sus presentaciones los voceros de las organizaciones de derechos humanos informaron que “en Venezuela existe una situación de ausencia de juzgamiento y sanción contra responsables de violaciones a los derechos humanos” (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 03.11.04, http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=586).

Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de COFAVIC, y José Gregorio Guarenas, Coordinador Ejecutivo de la Vicaría de Derechos Humanos, explicaron que destacaron en su exposición 3 aspectos centrales: “El primero se refiere al deterioro de la eficacia de recursos jurídicos como, por ejemplo, el hábeas corpus a través del cual se reclama al Estado la aparición de una persona cuya ubicación se desconoce. El segundo tema tiene que ver con el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para proteger a víctimas y a testigos. El último asunto se vincula con lo que las organizaciones de derechos humanos llaman déficit institucional y que alude a la actuación de los poderes públicos encargados de elaborar y hacer cumplir la ley (El Nacional, 22.10.04, pág. A/7). 

Según la información ofrecida, “el 98% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no supera la etapa inicial. Como causas principales de esta situación de impunidad se señalaron la inseguridad jurídica debido a la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la mora legislativa, el carácter provisorio de la mayoría de los jueces, la falta de imparcialidad de los órganos de administración de justicia y la falta de acceso a la justicia y a los Tribunales por parte de los grupos excluidos y marginados, los cuales cuentan con escasos recursos económicos para contratar abogados especializados” (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Ídem.).

Señalaron los representantes que, a causa de la impunidad institucionalizada, se “ha debilitado la denuncia y la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, ha desmoralizado a las víctimas y en muchos casos ha obligado a callar por miedo a represalias” (La Razón, 22.10.04, pág. 21).

Con respecto a los mecanismos de impunidad presentes en el ámbito nacional, advirtieron que la jurisprudencia venezolana redujo el marco de acción y de protección del recurso de habeas corpus, un recurso que se ha utilizado en el derecho internacional para proteger la integridad personal y muy particularmente para minimizar los efectos que puede tener las desapariciones forzadas. “Como consecuencia, en varios casos, conocidos y documentados por las ONG de derechos humanos, este recurso ha resultado totalmente ineficaz” (La Razón, Ídem.).

También se informó a la CIDH “sobre el sistemático incumplimiento por parte del Estado venezolano de las medidas cautelares y provisionales, particularmente en lo relacionado con la falta de investigación diligente de los motivos que originaron la necesidad de protección. Estas son acciones que en el derecho interamericano han generado una efectiva protección para quienes, en un momento dado, han visto su vida en riesgo. Sin embargo en Venezuela ha habido un incumplimiento reiterado y sistemático de las resoluciones y de las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en esta materia” (La Razón, Ídem.).

En opinión de los voceros, “esto configura un mecanismo de impunidad, toda vez que cuando las instancias internas no funcionan, existe una esperanza para las víctimas que son los organismos internacionales y si el Estado hace caso omiso a las recomendaciones de estos, coloca en una situación de mayor impunidad a las personas afectadas” (La Razón, Ídem.). También expusieron ante los comisionados “los escasos avances en las reformas de la Ley del Ministerio Público, del Código Penal, del Código de Justicia Militar y otras leyes que están íntimamente ligadas a la protección de los derechos humanos” (La Razón, Ídem.).

Recordaron algunos casos de violaciones de derechos humanos que permanecen en espera de justicia: “los ataques a los defensores de derechos humanos; las ejecuciones cometidas en varios estados del país por los grupos parapoliciales; las masacres ocurridas en los recintos penitenciarios La Planta, Sabaneta y el Retén de Catia. Muchos de estos casos se mantienen en la etapa preliminar de la investigación” (La Razón, Ídem.).

Un grupo de 48 personas con discapacidades culminó, el pasado 27.10.04, en el Palacio de Miraflores -sede de la Presidencia de la República ubicada en la capital-, una marcha iniciada en la ciudad de Barquisimeto, Edo. Lara, con el fin de llevar “una propuesta al presidente de la República, Hugo Chávez Frías: Queremos una pensión digna para todos los que vivimos con discapacidad dentro del territorio nacional. Estamos reclamando nuestra dignidad» (El Universal, 28.10.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/10/28/apo_art_28282F.shtml).

José Rafael Méndez, presidente de la Asociación Civil Movimiento para el Rescate y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ASOMOREDEPDIS), relató “que vienen caminando desde Barquisimeto […] con muletas, sillas de ruedas y caminando sin cesar” (El Universal, Ídem.).

Esta expresión de lucha por sus derechos y contra la discriminación, coincidió con la instalación durante esa misma semana de las bases para la creación, por parte del Cabildo Metropolitano de Caracas (CMC), del Sistema Metropolitano para la Integración Social y la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o Necesidades Especiales (SMISIOPDNE) (Diario de Caracas, 26.10.04, pág. 3).

Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión de Salud y Bienestar del CMC explicó que la instalación del SMISIOPDNE será tarea de la Alcaldía Metropolitana, la cual estará a cargo de coordinar con las alcaldías de Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre y Libertador, los programas y planes especiales para las personas con discapacidades en áreas como la educación, el trabajo, la recreación y el acondicionamiento de espacios que requieren estas personas (Diario de Caracas, Ídem.).

Una de las primeras acciones que se piensan ejecutar desde las distintas oficinas que el SMISIOPDNE abrirá en la ciudad es levantar un censo para obtener unas estadísticas que indiquen con certeza la cantidad de personas que constituyen este sector y su condición específica, a FOIN de “jerarquizar los programas a los que se les dará prioridad” (La Razón, Ídem.).

Las cifras al respecto son una gran interrogante y, en todo caso, para hacer los cálculos previos, se están obedeciendo los estándares internacionales. Figueras indica que según cifras del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) se trata del 10% de la población, alrededor de 2.508.955 ciudadanos, «pero este es un subregistro porque los ciudadanos discapacitados tradicionalmente fueron escondidos y excluidos»  (El Universal, 25.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/25/ccs_art_25286A.shtml).

Otto Tovar, director de la Sociedad de Amigos de los Ciegos, recuerda que son 85 las discapacidades concebidas y estima en un 12,5% (3.000.000 de personas con discapacidad) el número total. Tovar incorpora un factor más: «99 o 98% de la población con discapacidad vive en pobreza extrema» (El Universal, 25.10.04, Ídem.).  

Javier Borges, integrante de Asociación Civil Luchadores del Pueblo, que trabaja con el apoyo de la Alcaldía de Libertador y junto a la Asamblea Nacional en la definición de una Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad o Necesidades Especiales, advierte que «es en las clases bajas que encontramos más discapacitados; es seguro que hay subregistro» (El Universal, 25.10.04, Ídem.).  

María Rossi, coordinadora de Proyecto de la Fundación Venezolana Pro Cura de la Parálisis (FUNDAPROCURA), señala que cada año se presentan a su sede más de 2.000 personas solicitando sillas de ruedas o fisioterapia y «80% procede de zonas de difícil acceso y, como la gente no los ve en la calle, piensa que no existen». La mitad de las personas son jóvenes en edad productiva. 

El SMISIOPDNE exigirá a las alcaldías destinar recursos para los programas dirigidos a l las personas con  discapacidades, establece sanciones para quienes atenten contra sus derechos, contempla estímulos tributarios para las empresas que los incorporen en sus plantillas. También manejará un instructivo para determinar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas a las personas con discapacidades o necesidades especiales (El Universal, Ídem.).

  • Aprobar y promulgar una nueva Ley de Extranjeros, acorde con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, que contemple estatus migratorios específicos.
  • Garantizar que los asilados y refugiados sean considerados Extranjeros bajo Régimen Especial.
  • Garantizar que la Comisión Nacional para los Refugiados tramite las solicitudes con apego a las garantías mínimas procesales, dentro de las que destacan el derecho de los solicitantes a ser oído, el acceso al expediente, la decisión bajo estándares internacionales y nacionales de protección.
  • Garantizar que la Comisión haga entrega inmediata de la documentación que los acredita como solicitantes de refugio.
  • Una vez se garantice el status, la Comisión debe entregar un nuevo documento que lo acredite.
  • Diseñar e implementar mecanismos de capacitación sobre derechos humanos dirigidos a los funcionarios que laboran en la Comisión.
  • Propiciar espacios de diálogo con las ONG, en especial con las que llevan los casos de los solicitantes ante ella.
  • Garantizar que la Comisión y el Estado brinden información a los solicitantes una vez que ingresen en territorio venezolano, en especial durante las afluencias masivas.
  • Garantizar el flujo de alimentos y medicinas a las zonas fronterizas donde se encuentren grupos de refugiados.
  • Fortalecer la estrategia de denuncia y defensa del derecho al refugio implementada por la Defensoría del Pueblo, e informar sobre los planes de formación y asistencia en esta materia.
  • Implementar un registro de solicitudes de asilo bajo indicadores de género, edad, ocupación, número de solicitantes por familia, región de la que proceden, entre otros.
  • Respetar el principio de no devolución y sancionar a todo funcionario que realice una deportación inmediata sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso.
  • Garantizar que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida de manera inmediata la entrega de salvoconductos.
    Los asilados en Venezuela a los asilados venezolanos.
  • Garantizar que el Ministerio de Relaciones Exteriores formalice el estatus de los asilados políticos que hasta la fecha se encuentren en el país, y por tanto que se les otorgue el estatus migratorio adecuado.
  • Garantizar que el Ministerio de Relaciones Exteriores reglamente el procedimiento de decisión de solicitudes de asilo, respetando las garantías mínimas que todo proceso debe contener, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Provea, 25.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

«Muchas veces hemos dicho que tener derechos no basta. En el caso de muchas mujeres, entre las que está Linda Loaiza, su condición de ciudadanas no fue suficiente para que se le garantizaran sus derechos.

A pesar de la vigencia en el país de la Constitución y otras leyes nacionales e internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; entre enero y octubre de 2003 fueron registrados 8.520 casos de mujeres víctimas de violencia.

A ello se suma el hecho grave de que la mayoría de las mujeres agredidas no denuncian ni acuden a las instituciones.

La denuncia es un mecanismo mediante el cual ejercemos nuestro derecho a la defensa, pero cuando esto no deriva en justicia (como el caso de Loaiza) se crea un precedente de impunidad que produce desconfianza y esta misma desconfianza se convierte en aliada de los agresores.

A pesar de ello, visibilizar la injusticia permite que se derriben murallas culturales y legales.

El Estado tiene la obligación de reconocer, respetar, proteger y cumplir con nuestros derechos. Es necesario que se tomen acciones que conduzcan a la justicia para las mujeres y la erradicación de la violencia de género» (Provea, 29.10.04, [email protected]).

Por limitaciones de espacio, no fue posible transcribir éste artículo de opinión realizado por la coordinadora del Área de Educación de Provea, por lo que invitamos a los lectores a visitas el sitio web de Provea, en la dirección: http://derechos.org.ve/actualidad/opinion/2004/bertone_USBPADH.pdf.

Dicho artículo se publicó en la edición Nº 11, del mes de octubre 2004, de la Revista Aportes Andinos, del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (http://www.uasb.edu.ec/padh/)  dedicada al tema «Aportes sobre diversidad, diferencia e identidad».

«(I)
Una vez más, el tema del aborto sacude al país con motivo del Proyecto de Reforma del Código Penal, en cual se consagra el aborto libre hasta las doce (12) semanas de gestación.
El aborto -abortus: parto sin nacimiento- o feticidio, es la interrupción del embarazo con la consiguiente muerte del feto.
En las legislaciones antiguas no se considera como delito.
Empezó a serlo a partir del Cristianismo, particularmente con la obra de los llamados Padres de la Iglesia -La Patrística-, sobre todo con San Agustín (354-430), quien admitía el aborto hasta los cuarenta (40) días -una cuarentena- después de la concepción, ya que estimaba que a partir de entonces entraba el alma al feto. Nace así el único delito existente contra la vida en formación.
Este criterio metafísico-teológico se mantiene en líneas generales durante la Edad Media y lo sucede, ya en el Renacimiento, la ubicación de esa alma en la mismísima glándula pineal, en evidente postura cartesiana.
La doctrina regresa al mundo precristiano, ya a fines del siglo XIX, luego de haber transcurrido casi 1.500 años de haber comenzado a castigarse el aborto. En Francia, sobre todo, se produce el cambio. La expresa literalmente el título de una novela del escritor Víctor Margueritte, que recoge la tendencia general y virtualmente jurídica de la época: ‘Ton corpus est a toi’. Tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, mujer. Tu eres la dueña de tu cuerpo y por lo tanto, puedes hacer de él, con él y con lo que a él pertenezca -incluyendo, naturalmente, el producto de la concepción- todo lo que te parezca. Es el regreso al primitivo Derecho Romano y al paganismo absolutorio “Il corso e Il ricorso” de Vico. La marcha y el retorno. Esta posición jurídica de la impunidad del aborto permitió en esos años que en Francia, en Lyon, hubiese más abortos que nacimientos.
Y en estas cifras Marsella superaba a Lyon y París superaba a Marsella.
En la misma época aparecen teorías sociológicas contrarias.
Tu cuerpo si es tuyo, mujer, pero no es tuyo el fruto de tu vientre.
Porque ese fruto pertenece al Estado, a la comunidad, a la Nación.Ala sociedad, en suma, que goza del derecho de propagarse, de la libertad de reproducirse.
Forma parte de la doctrina jurídica alemana iniciada por Rodolfo Von Ihering y proseguida por Gustavo Radbruch y Franz Von Liszt. Otra vez ‘Il corso e Il ricorso'» (Últimas Noticias, 11.10.04, pág. 38).

«(II)
En la desaparecida Unión Soviética hubo tres situaciones legales diferentes en relación con el aborto, durante los gobiernos de Lenin, Stalin y Kruschev.
Cuando triunfa la Revolución Socialista y Lenin toma el poder, comienzan unos años duros para el régimen. El mundo capitalista acorrala al nuevo Estado.
Hay guerras, hay hambre, hay epidemias. Los hijos recién nacidos representaban una carga difícil de sostener, por lo que noera aconsejable el ascenso poblacional.
Debido a eso los Códigos Penales Soviéticos de 1922 y 1926 -ya muerto Lenin- permiten el aborto para que éste se practique en las debidas y no en una forma riesgosa que ponga en peligro la vida de la madre.
Se ratifica así lo dispuesto en la Ley de 1920.
Pero una década después, la situación en la Urss era diferente.
El considerable progreso industrial, las conquistas socioeconómicas en general que permitieron elevar la calidad de vida y también la necesidadde disponer demayornúmero de brazos para el trabajo y para la lucha armada internacional que amenazaba, llevó a los legisladores soviéticos a un intenso debate que concluyó en 1937 con la aprobación de una ley que reformaba el Código Penal de 1936, en la cual se tipifica el aborto como un delito. La Urss quería, podía y debía aumentar su población. Incluso, se aprobó hastaunimpuesto de soltería.
20 años después, en 1956, bajo el gobierno de Kruschev, cuando se considera haber logrado una estabilización económicay hay otras condiciones sociopolíticas, se aprueba un nuevo Código Penal en el cual se consagra la libertad para practicar el aborto, con la única condición deque lo lleve a cabounmédico y que no ponga en peligro la vida de la madre. Entiendo que,en líneas generales, se mantiene vigente esta disposición.
Laexperiencia histórica enseña como la criminalización o descriminalización del aborto se hallan sujetas a circunstancias extrajurídicas. Lo dijo con otras palabras una figura clásica del pensamiento social, el psicosociólogo francés Gabriel Tarde (1843-1904): ‘El criterio de las virtudes no ha variado menos en el curso de la historia que el de loscrímenes yvicios. Llegará un momento en que, estando el globo demasiado poblado, quizá el crimen capital sea tener una familia numerosa, mientras en otras circunstancias fue vergonzoso no tener hijos’” (Últimas Noticias, 18.10.04, pág. 40). 

«(III)
Nuestro Código Penal sólo permite provocar el aborto cuando éste constituya un ‘medio indispensable para salvar la vida de la parturienta’. Y es necesario que la práctica abortiva la realice un facultativo. Es el ‘aborto terapéutico’, establecido en el último párrafo del artículo 435.
Mas, recuérdese que nuestro pobre, pobrísimo Código Penal data de 1926, con algunas reformas escasamente significativas en años posteriores, y que ademáses casi una versión en español del proyecto italiano de Zanardelli, de 1889, inspirado a su vez en el Código español de 1840 y tantos. Esto quiere decir, que la edad real del Código Penal Venezolano es de unos 160 años, lo que representa el transcurrir de unas cinco generaciones, si admitimoslos cómputos generacionales de Don José Ortega y Gasset.Osea, que sobre él ha pasado el progreso científico de la segunda mitad del siglo XIX y de todo el siglo XX.
En ese prolongado transcurrir ha habido dos guerras mundiales y unas cuantas revoluciones históricas y se han producido los inventos más importantes.
Se logró el dominio del átomo y el hombre ya camina sobre las estrellas. Pero nuestro Código Penal ignora todo esto, porque él nació antes.
Él está hecho para regir la conducta de otra humanidad.
Que ya dejó de existir.
La humanidad de hoy tiende a abrir las compuertas hacia la despenalización del aborto. No se criminaliza el aborto en Suecia, ni en Noruega, ni en Bulgaria, ni en Dinamarca, ni en Inglaterra, ni en Japón, ni en Suiza, ni en Honduras, ni en Cuba; no se criminaliza en muchos países europeos, ni se criminalizaba en ninguno de los países del mundo socialista… Hace algunas décadas se legalizó en el estado de Nueva York y fue considerada la decisión como ‘la más liberal’ del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, donde el aborto está ya despenalizado en todo el país.
En Uruguay el aborto es delito sólo cuando es provocado sin el consentimiento de la mujer.
En Rusia tengo entendido que se mantiene la disposición según la cual el aborto se criminaliza únicamente cuando se practica poniendo en peligro la salud de la parturienta.
Y en ninguno de esos países se considera que la libertad de abortar, con las amplias limitaciones que cada país establece, constituya el fruto de una inspiración diabólica ni el resultado de alguna aberración luciferina» (Últimas Noticias, 25.10.04, pág. 42).

«El proyecto de reforma parcial del Código Penal ( ‘el proyecto’ ) que está a punto de ser aprobado plantea una reforma del delito de injuria para aumentar su pena en 60 y 45,6 veces (límites mínimo y máximo), por lo que pasa a ser el delito más grave de la legislación penal venezolana, en términos proporcionales.

La injuria será, con la reforma, el delito más grave entre todos los delitos en Venezuela.
El proyecto de reforma pasa la pena de arresto de 3 hasta 8 días, en sus límites mínimo y máximo, a seis meses hasta un año (180 a 365 días) de prisión, por lo que cambia, además, la privación de libertad mediante arresto a la modalidad más severa que permite la Constitución, como es la prisión, dado que el presidio contradice los derechos humanos.

Adicionalmente, el proyecto incluye la pena de multa de 50 a 100 unidades tributarias, con lo que agrava el contenido represivo, habida cuenta que acumula dos penas para un solo hecho. Ello evidencia un acento retributivo de puro castigo, sin tomar en cuanta la reinserción social y rehabilitación del culpable, tal como lo manda el artículo 272 constitucional.

Además de lo anterior, la agravante aumenta significativamente la pena a una tercera parte. Pero lo peor es que el proyecto prevé que el culpable no tendrá derecho a medidas alternativas de ejecución de la pena ni libertad condicional sino hasta que pague la multa (estando preso, obvio) y cumpla una cuarta parte de la pena (45 a 91 días preso). Ambos requisitos son concurrentes.

El proyecto no explica ni justifica por qué un delito de acción privada como la injuria esté penado de esta forma y que se impida la libertad condicional del condenado.

El lapso de prescripción se eleva hasta seis meses de ocurrido el hecho injurioso.
En tal sentido, el COPP ya había hecho posible que las acusaciones por injuria pudieran ser incoadas, debido a la concentración, inmediación y oralidad, por lo que alargar la prescripción no era necesario. Es evidente que se incrementará el terrorismo procesal.

Debemos recordar que la reforma penal del 2000 fue básicamente de aumento de penas a delitos existentes, sin que se haya visto un efecto positivo de disminución y prevención del delito.

En mi opinión, esta reforma planteada carece de explicación, motivación y justificación, dado que no se exponen las razones de política criminal o de doctrina penal que la fundamenten. En fin, la injuria pasará a ser un grave asunto de Estado, de manera injustificada» (TalCual, 22.10.04, pág. 15).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Daniel E. Ortega
Año: 2003
Editorial: PNUD
Sinopsis:
«En este trabajo se pasa revista a la literatura teórica y empírica que estudia la relación entre desempeño económico y la desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos. Un conjunto de teorías sugiere que la desigualad puede ser perjudicial para la eficiencia por imperfecciones en los mercados de crédito, externalidades en la acumulación de capital humano, conflictividad social y eficiencia de los mercados de factores, entre otros. El doble empírico apunta en la misma dirección: la desigualdad es perjudicial para el crecimiento, aunque es más claramente perjudicial para la desigualdad de la riqueza» ([email protected]).

Autora: Judith Asher
Año: 2004
Editorial: Commonwealth Medical Trust; AAAS; HURIDOCS
Idioma: Inglés
Sinopsis:
«El presente manual es una herramienta útil para todas las organizaciones no gubernamentales e investigadores, que se dedican a la promoción y defensa del derecho a la salud. Se enfoca principalmente en la difusión de instrumentos de exigibilidad de este derecho humano. Orientado al trabajo con las comunidades, especialmente las  más excluidas, y con los gremios médicos y entes gubernamentales responsables de la elaboración de las políticas públicas de los estados»
([email protected]). 

Autor: Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Consultoría para los Derechos y el Desplazamiento (CODHES)
Año: 2001
Sinopsis:
«En vista de que el desplazamiento forzado es una de las mayores manifestaciones de la crisis humanitaria que atraviesa el país y que involucra un número elevado de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de miles de colombianos, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- y la Consultoría para los Derechos y el Desplazamiento –CODHES-, presentan a la comunidad la siguiente compilación de normas , doctrina y jurisprudencia  nacional e internacional sobre desplazamiento  forzado.
Se destaca el documento, primera traducción al español, presentado por Francis Deng en 1995 a  la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Donde se hace un estudio exhaustivo de las normas internacionales aplicables al desplazamiento forzado, que se constituye en el fundamento analítico de los Principios rectores, principios que a la fecha son el instrumento internacional más específico e importante sobre el desplazamiento forzado» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«Bogotá, Cochabamba, Lima, San José y Washington, Noviembre 1 de 2004
Doctor
Isaías Rodríguez
Fiscal General
República Bolivariana de Venezuela
E. S. M.
Señor Fiscal General:

En nuestra calidad de organizaciones no gubernamentales que enfocamos nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en los países de la región, deseamos expresar a usted, de manera respetuosa, nuestra profunda preocupación por las investigaciones penales iniciadas y adelantadas en contra de organizaciones civiles venezolanas y de ciudadanos y ciudadanas de ese país por el hecho de recibir y aplicar en su trabajo dinero y recursos provenientes de la cooperación internacional, con el fin de promover legal y públicamente la participación política, así como actividades vinculadas al desarrollo y al ejercicio de distintos derechos.

Como organizaciones de derechos humanos somos conscientes que los Estados tienen el deber y la responsabilidad de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el marco de estabilidad institucional y tranquilidad social necesarios para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. La garantía de este marco constituye, asimismo e innegablemente, una cuestión de interés público. Sin embargo, entendemos, a su vez, que las medidas adoptadas por los Estados para lograr adecuadamente ese fin deben ser, ellas mismas, medidas respetuosas y garantes del ejercicio de los derechos humanos en una sociedad democrática.

La democracia supone, como lo establece la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto del pluralismo político, la tolerancia y la existencia de un espíritu abierto. Acorde con estos principios, las normas y, en especial, las leyes penales no deben ser usadas para restringir indebidamente, inhibir o sancionar el ejercicio legítimo de derechos articuladores de la democracia -reconocidos también por la Constitución venezolana- como lo son el derecho de asociación, de libertad de pensamiento y expresión, de crítica y control democrático y de participación informada. Las limitaciones al ejercicio de estos derechos, de existir, deben ser limitaciones, además de previamente establecidas en la ley, dirigidas estrictamente bien a proteger otros derechos o a garantizar el interés general. Deben ser, igualmente, medidas proporcionadas al logro de esos fines y necesarias en una sociedad democrática.

Aplicando estas consideraciones a las investigaciones penales que motivan nuestra preocupación, iniciadas con fundamento en tipos penales como el de conspiración y el de traición a la patria, creemos que la apertura de las mismas y la formulación de cargos por parte de los fiscales configuran un uso innecesario y excesivo de la normativa penal interna, que puede terminar afectando el contenido y el ejercicio de varios derechos reconocidos y protegidos no solo por normas del derecho internacional de los derechos humanos, sino por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Específicamente, creemos que la recepción de dineros y recursos provenientes de otros países o de personas u organizaciones extranjeras no puede ser considerada, de suyo, una conducta ilícita. Tampoco puede considerarse, como tal y de modo incondicionado, la utilización de esos dineros y recursos para ejercer legítimamente, en una sociedad democrática, derechos como el de asociación y participación política informada.

Es del conocimiento del Señor Fiscal que la cooperación internacional es fundamental para potenciar y fortalecer, en nuestras sociedades, espacios de participación ciudadana, de democracia y de desarrollo. Castigar penalmente la existencia de estos vínculos de cooperación, así como los apoyos y recursos que a través de ellos obtienen las organizaciones de la sociedad civil para cumplir legítimamente con sus objetivos y fines, no sólo atentaría contra disposiciones de la Constitución venezolana consagradas en los artículos 62 (derechos de participar en asuntos públicos), 67 (derechos de asociación con fines políticos) y 68 (derecho a la manifestación pacífica), reconocedoras de derechos asimismo protegidos por convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado venezolano, sino que podría producir, a su vez, un enorme daño a los propios procesos de construcción de sociedad, de afianzamiento de valores y principios democráticos y de fortalecimiento institucional.

En esa perspectiva, el uso del Derecho Penal debe ser concebido y aplicado de manera tal de garantizar, siempre, a todas las personas el pleno ejercicio de todos sus derechos. El Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo con que cuenta un Estado para establecer responsabilidades y, por ello, su uso debe ser, en razón de esa condición de recurso último, además de respetuoso de principios fundamentales como el de legalidad y presunción de inocencia, restringido. Su uso no debe, en ningún caso, comprometer la esencia de los derechos fundamentales. Esto es plenamente consistente con una concepción garantista del Derecho Penal.

En atención a lo aquí expuesto, respetuosamente solicitamos al Señor Fiscal tomar en cuenta, en el momento de actuar y decidir, en estas investigaciones, en lo que es propio de la competencia de la Fiscalía, los principios de Derecho Internacional y de Derecho Penal que hemos invocado, así como las consideraciones que a partir de ellos nos hemos permitido hacer.

De su consideración, Javier Mujica, Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), Perú; Viviana Krsticevic, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas;

Pablo Rojas, Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú; Julieta Montaño Salvatierra,

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia» (Provea, 04.11.04).

«27 de octubre de 2004
Dr. Luigi R. Einaudi
Secretario General Interino
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Re: Comentarios y propuestas sobre la Reorganización de la Secretaría General
Distinguido Dr. Einaudi:

Las organizaciones firmantes, miembros de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas (la Coalición) nos dirigimos a Ud. respetuosamente, a fin de expresarle nuestra consternación respecto de la reciente reorganización de la Secretaría General en el ámbito de derechos humanos y presentarle nuestros comentarios y propuestas. Ello, con el objeto de que revise las medidas de reorganización adoptadas para garantizar la plena autonomía, independencia y eficacia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

En primer lugar, consideramos que la Orden Ejecutiva 04-01 socava la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha Orden Ejecutiva establece la dependencia financiera, política, organizacional y administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH a una nueva instancia (Departamento de Asuntos de Derechos Humanos) de carácter eminentemente político y directamente ligada a la Secretaría General . En tanto la Secretaría Ejecutiva tiene como función asistir a la CIDH en el ejercicio de sus funciones , afectar su independencia y autonomía puede mellar la plena eficacia, credibilidad y legitimidad de la CIDH así como del sistema en su conjunto. En tal sentido, las organizaciones firmantes no podemos dejar de reconocer que gracias a su independencia y autonomía, la labor desempeñada por la Comisión Interamericana asistida por su Secretaría ha sido crucial para la vigencia de los derechos humanos en la región.

La Secretaría Ejecutiva de la CIDH no debe estar sujeta a una estructura que implique dependencia jerárquica o funcional alguna más allá de la que posee respecto de la Comisión Interamericana. Por lo expuesto, entendemos errada la subordinación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH al nuevo Departamento de Asuntos de Derechos Humanos ya instituida dentro de la Secretaría General. Consecuentemente, cualquier iniciativa de re-estructuración de la Secretaría General debe garantizar plenamente la autonomía de los órganos de protección —por ejemplo mediante la consolidación normativa de estos principios — y fortalecer el sistema interamericano.

En segundo lugar, también es importante subrayar la necesidad de que cualquier proceso de reforma que involucre aspectos esenciales del sistema interamericano y de la protección de los derechos humanos, demanda la consideración oportuna e informada de los puntos de vista de sus principales actores involucrados. La participación de la sociedad civil en estos aspectos resulta esencial para dotar de legitimidad a las iniciativas que se adelanten en este campo. Por el contrario, vemos con preocupación que no ha sido éste el proceso seguido al adoptarse e implementarse la Orden Ejecutiva 04-01.

En síntesis, las organizaciones firmantes, miembros de la Coalición, esperamos que se modifique sin demora la Orden Ejecutiva 04-01, eliminando de ella toda restricción de la autonomía de la Comisión Interamericana —conforme a las observaciones efectuadas en la presente— y confiamos en mantener y profundizar el diálogo y la cooperación con la OEA en todo proceso de reforma y/o iniciativa relativos a los temas de derechos humanos. Como tantas veces lo ha sostenido la Asamblea General, la participación de la sociedad civil es un elemento fundamental para la OEA en sus procesos de iniciativas y toma de decisiones , y en el caso de derechos humanos, es crucial para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección.

Sin otro particular, le saludamos a Usted con nuestra más distinguida consideración.

  • Amnistía internacional
  • Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Suiza
  • Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México
  • Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juaréz”, México
  • Centro de Derechos Reproductivos, Estados Unidos
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
  • Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL)
  • Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», Colombia
  • Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
  • Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  • Commission Internationale de Juristes
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú y sus miembros: CDAS CHACHAPOYAS Obispado de la Diócesis de Chachapoyas; CJS – CHIMBOTE Comisión de Justicia Social de Chimbote; CODISPAS HUARAZ Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social; CDH Centro para el Desarrollo HumanoL; ANFASEP Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos; CDHVS Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad; VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE JAÉN Vicaría de la Solidaridad de Jaén; APORVIDHA Asociación por la Vida y la Dignidad Humana; CODEH – CANAS Comité de Derechos Humanos de Canas; CODEH – CHUMBIVILCAS Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas; CODEH – ESPINAR Comité de Derechos Humanos de Espinar; MCPDHQ Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba; Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani; AJUPRODH Asociación Jurídica Pro Dignidad Huamana de Huánuco; CODEH – PACHITEA Comité de Derechos Humanos de Pachitea; CODHAH Comisión de Derechos Humanos, Alto Huallaga; CODEH – ICA Comisión de Derechos Humanos de Ica; CEIDHU Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano; CODDHT Comité de Defensa de Derechos Humanos Taurija; CODEH – SC Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Prov. de Sánchez Carrión; CODEH – TAYABAMBA Comité de Derechos Humanos de Tayabamba – Pataz; COPREPAS Comisión Prelatural de Pastoral Social – Huamachuco; SEDYS Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad; COSDEJ Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia; APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos; CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica; CAPS Centro de Atención Psicosocial; CEAPAZ Centro de Estudios y Acción para la Paz; CEDAL Centro de Asesoría Laboral del Perú; CODEH – EL AGUSTINO Comisión de Derechos Humanos de El Agustino; CODEH – HUACHO; Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho; COFADER Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados; COMISEDH Comisión de Derechos Humanos; FEDEPAZ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz; IDL Instituto de Defensa Legal; IPEDEHP Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz; OFIP Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; PAZ Y ESPERANZA Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza; REDINFA Red para la Infancia y la Familia – Perú; SER Asociación Servicios Educativos Rurales; VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS Comisión de Justicia y Paz DDHH del Vicariato Apostólico de Iquitos; Vicariato Apostólico San José del Amazonas; CODEH – ILO Comité de Derechos Humanos de Ilo; CODEH – PASCO Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano – Pasco; DIOCESIS DE CHULUCANAS Diócesis de Chulucanas Area de Justicia y Paz; ADLPS Asociación de Defensa Legal y Promoción Social; CEDEH Centro de Desarrollo Humano; Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri; Vicaría de Solidaridad de Juli; CODEH – MOYOBAMBA Comité de Derechos Humanos de Moyobamba; CODEH – PUCALLPA Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa.
  • Corporación Jurídica Humanidad Vigente, Colombia
  • Droits & Démocratie, Canada
  • Estudio por la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Perú
  • Federación internacional de Derechos Humanos (FIDH)
  • Felipe González, Director, Programa de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Chile
  • Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (IDHUCA)
  • José Miguel Vivanco, Human Rights Watch, USA
  • Joy Olson, directora ejecutiva, Washington Office on Latin America (WOLA), USA
  • Justiça Global, Brasil
  • Justicia y paz, Costa Rica
  • Justicia & Vida, Colombia
  • Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia
  • Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Brasil
  • Programa Venezolano de Educación-Acción Derechos Humanos (Provea), Venezuela
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, México
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH)
  • Sin Fronteras, I.A.P.
  • Terra de Direitos, Brasil

Miembros de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas» (Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas, 27.10.04, [email protected]).

«San José, Costa Rica.

Durante los días 16 y 17 de octubre, ONG de toda Iberoamérica nos hemos reunido para discutir acerca de la violencia, trata, tráfico y explotación de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en nuestros países, con miras a aportar insumos a la Sexta Reunión de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Niñez y Adolescencia de Iberoamérica, a celebrarse en San José, Costa Rica los días 18 y 19 de octubre de 2004.

Las conclusiones de esta discusión están contenidas en esta declaración que presentamos a los Estados Iberoamericanos.

Considerando:

  1. Que los Estados Iberoamericanos:
    a. Han reconocido como máxima prioridad su obligación de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de la implementación de programas de inversión social y políticas públicas.
    b. Han ratificado los convenios internacionales dedicados a la protección de las niñas, niños y adolescentes adquiriendo un compromiso ante la comunidad internacional. Además, algunos de ellos han tomado acciones para adecuar su legislación interna a los estándares establecidos por éstos.
    c. Se han comprometido a la ejecución del Plan Iberoamericano “Desafíos para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica”, y que éste constituye un instrumento para avanzar en la plena implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
  2. Que los buenos resultados del trabajo con temas de niñez y adolescencia son el producto de un abordaje integral de las problemáticas y retos que éstos involucran. Esto implica necesariamente combatir problemas estructurales como lo son la inequidad, la pobreza, la corrupción, la falta de acceso a servicios básicos de salud y a la participación; entre muchos otros.
  3. Que la violencia en todas sus formas y especialmente la violencia contra las personas menores de edad deben ser abordadas desde sus causas estructurales y, por lo tanto, se requiere de políticas universales a corto, mediano y largo plazo, que pongan énfasis en su prevención con miras a su erradicación.
  4. Que la educación es un mecanismo privilegiado para promover los derechos humanos y prevenir violaciones severas de los mismos, especialmente aquéllas que son resultado de la violencia.
  5. Que otros mecanismos importantes son el acceso a información y a la participación de niños, niñas y adolescentes, así como la promoción de la responsabilidad social por parte de las grandes empresas.
  6. Que la participación de las ONG en este foro es un precedente sin igual para la colaboración entre los distintos actores sociales que denota la voluntad de los Estados para articular acciones y propuestas como un ejercicio democrático de participación ciudadana.
  7. Que las ONG poseemos conocimientos y herramientas adecuadas a nuestros contextos, y que nuestra participación dentro de estos procesos contribuye y enriquece el trabajo de los Estados en el cumplimiento adecuado de sus obligaciones.

Preocupadas por:

  1. Que se mantienen en la región prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en contextos educativos, familiares y sociales, tales como el abuso sexual, físico y psicológico, las ejecuciones extrajudiciales, la trata, la explotación sexual comercial y laboral y la falta de acceso y permanencia a educación gratuita y de calidad y a servicios de salud, entre muchas otras. Y que las respuestas ante estas violaciones siguen siendo parciales y no inciden adecuadamente en pro de una mejora real en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
  2. Que algunos Estados aún no han adecuado su legislación a los principios y normas de la Convención sobre Derechos del Niño, o bien no han incorporado en su normativa mecanismos para el ejercicio y exigibilidad de éstos, que sean claros, expeditos y de fácil acceso para la población y que reflejen un compromiso real frente a las obligaciones adquiridas. Observamos incluso un retroceso en la aparición de corrientes represivas y neo-tutelares que van en detrimento de los compromisos internacionales. Tal es el caso de legislaciones que pretenden equiparar penas entre personas mayores y menores de edad, que permiten cárcel perpetua a niños, niñas y adolescentes y las que han sido adoptadas para combatir el fenómeno de las maras.
  3. Que los entes rectores en materia de niñez y adolescencia no cuentan con el poder político necesario para dirigir, articular y ejecutar el conjunto de políticas y programas que permitan superar los desafíos de la intersectorialidad en materia de niñez y adolescencia, estructurando una nueva institucionalidad que asegure el ejercicio pleno de derechos.
  4. Que algunos Estados incumplen las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales y sus correspondientes órganos de supervisión en materia de derechos humanos, que se han pronunciado por los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
  5. Que no existen mecanismos para promover y asegurar el cumplimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos asumidos por los Estados; en especial del Plan Iberoamericano “Desafíos para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica”.
  6. El sector privado ha adquirido crecientes responsabilidades en el crecimiento económico, pero no ha asumido con la misma fuerza una responsabilidad ética y social que asegure y garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual y económica, así como acciones destinadas a la educación la paz y el desarrollo.
  7. Que muchas veces los recursos de los distintos actores sociales, en particular de las ONG y las organizaciones comunitarias, no se integran en esfuerzos nacionales debido a la falta de una coordinación apropiada.

Recomendamos

  1. Que los Estados que aún no lo han hecho:
    Promulguen e implementen amplios códigos de niñez y adolescencia y planes nacionales de acción para la infancia que respeten los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de procesos participativos con intervención de niños, niñas y adolescentes, la sociedad civil y de aquellas organizaciones especializadas en infancia.
    Establezcan una autoridad gubernamental con poder político y recursos económicos y humanos suficientes, dedicada a asegurar la garantía y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde un abordaje integral, así como que asegure una atención adecuada y de calidad para los niños, niñas y adolescentes a los cuales se les han vulnerado sus derechos.
    Implementen de forma completa y a través de mecanismos concretos el marco legal con el que se han obligado, así como con los compromisos adquiridos en el Plan Iberoamericano “Desafíos para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica”.
    Establezcan y ejecuten políticas y mecanismos concretos para canalizar la inversión social hacia la niñez y adolescencia, bajo el compromiso existente de priorizarle; en especial para promover la atención adecuada a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.
  2. Que los Estados se comprometan a realizar estudios para identificar las causas de la violencia, para de esta manera establecer qué políticas, planes y programas debe adoptar con vistas a su prevención y erradicación y construcción de una cultura de paz. Estos estudios deben ser aprovechados para obtener datos confiables y establecer acciones en respuesta a las necesidades reales de las personas menores de edad.
  3. Que los Estados ejecuten campañas de difusión en coordinación con los medios de comunicación, promuevan espacios de participación e incluyan dentro de los programas de educación formal mecanismos dirigidos a que las niñas, niños y adolescentes posean información pertinente acerca de las manifestaciones de violencia a las que están expuestos y los distintos recursos que tienen frente a ellas. Adicionalmente, se deben asegurar y promover prácticas dentro de las instituciones educativas que respeten y promuevan los derechos humanos.
  4. Que los Estados reformen sus legislaciones y políticas tendientes a hacer frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley de manera que se respeten los estándares internacionales establecidos, capacitando a los operadores de justicia para su aplicación y tomando en cuenta que la privación de libertad debe ser un último recurso y por el menor tiempo posible.
  5. Que en sus decisiones políticas presupuestarias los Estados otorguen prioridad a la erradicación de la violencia y a todo tipo de explotación contra la niñez y la adolescencia, de manera que las entidades encargadas de ello cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos que sean necesarios para hacer frente a estos graves flagelos.
  6. Que los Estados establezcan un mecanismo para el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos en las Cumbres Iberoamericanas, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas acerca de los avances en esta materia ante la sociedad civil y al sector no gubernamental. Proponemos que esto se haga cada año, en la fecha en que los Estados celebran la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño..
  7. Que los Estados creen mecanismos que garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de forma integral, entre ellos, la recreación, la protección frente a las drogas, el alcohol, el tráfico y la trata, y que promuevan la creación de nuevas propuestas de acompañamiento para la prevención de la violencia y protección de niños, niñas y adolescentes.
  8. Que se establezcan mecanismos de trabajo interestatales a nivel regional para modernizar la legislación, crear planes regionales de acción, tomando en cuenta la protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco a los acuerdos económicos regionales.
  9. Que los Estados asuman el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de los organismos de supervisión en materia de derechos humanos, referentes a la temática de niñez y adolescencia, tal como están obligados de acuerdo con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional; articulando todos estos compromisos dentro de planes concretos de acción.
  10. Que los Estados asuman su obligación de supervisar que las grandes empresas y medios de comunicación actúen dentro del marco del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, absteniéndose de involucrarse en actividades lesivas de sus derechos y sancione enérgicamente a aquéllas que no lo hagan.
  11. Que se promueva Códigos de Ética en el sector privado y se establezcan mecanismos legales y administrativos que garanticen un adecuado accionar de este sector en cuanto a la violencia en la industria del esparcimiento, explotación laboral y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
  12. Que se integre el conocimiento, la experiencia, las capacidades y herramientas de las ONGs para el abordaje de la temática de niñez y adolescencia, como aportes a la coordinación de acciones que promuevan el bienestar de esta población, bajo la premisa de que los Estados son los principales responsables y garantes de esta protección..

Organizaciones delegadas firmantes:

Juan Merín Reig, Plataforma de Infancia de España; Consuelo Contreras, Corporación Opción, Chile; Gisela De León, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL Costa Rica; Liliana Alonso Sáenz, Unión de Instituciones Privadas de Atención – UNIPRIN Costa Rica; Virginia Murillo Herrera, Federación de Organizaciones de Defensa de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Costa Rica – COSECODENI, Costa Rica; Luisa Molina Argüello, Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan por la Niñez y la Adolescencia – CODENI, Nicaragua; Jorge Freire Scafati, Red Latinoamericana por los derechos de los niños, niñas y adolescentes – REDLAMYC, Uruguay; Rosa América Laínez Villaherrera, Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador, RIA, El Salvador; Adela Morales, Alianza por la Niñez Colombiana, Colombia; Lizeth Coello; Coordinadora por los derechos de la Niñez, Honduras – COIPRODEN, Honduras; Lilian Montero, CECODAP, Venezuela;

Bertha Vargas, Instituto para el Desarrollo para la Mujer y la Infancia – IDEMI, Panamá; Doris Portocarrero, Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos de los Niños – GIN, Perú; Nora Schuman, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño .-CASACIDN, Argentina; Vielka Polanco, Coalición de Ongs por la Infancia, República Dominicana; Heve Otero, Coordinadora de los Derechos de la Infancia y Adolescencia – CDIA, Paragua; Nora Pulido, Colectivo de derechos de Infancia y Adolescencia – Argentina; Luis Pedernera, Comité de Seguimiento de la CDN del Uruguay; Dado en la ciudad de San José, Costa Rica el día 17 de octubre de 2004.

Foro de ONGs de Iberoamérica en el marco de la Sexta Reunión de Ministras, Ministros y Altos Responsables de Niñez y Adolescencia» (CECODAP, 2.10.04, [email protected]).

«Podríamos comenzar diciendo una generalidad tipo: las abajo firmantes pertenecemos al movimiento de mujeres que ha venido trabajando y conquistando desde 1936 reivindicaciones específicas de las que hoy todas nos beneficiamos sin que, muchas veces, las muy jóvenes conozcan su génesis. Pero estamos a menos de quince días de un nuevo proceso electoral y, en este momento, las generalidades confunden. Así que digámoslo de una vez: muchas de las mujeres que formamos parte de las diversas organizaciones abajo firmantes somos chavistas, antichavistas y ni una cosa ni otra. De ahí que podamos hablar sin rodeos y con toda autoridad de que las abajo firmantes unitariamente hemos resuelto dirigirnos a la opinión pública para deplorar la conducta de la jueza Rosa Cádiz, respetando su embarazo pero no su ignorancia tanto de la Constitución del 99, como de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de esa típica conducta del secuestrado o violentado sistemáticamente que hace que la víctima de violencia extrema soporte y no denuncie al violento con la esperanza de evitar la muerte.

¿A cuántas expertas o expertos en violencia por razones de sexo se citaron en el juicio? Cualquiera hubiera podido ilustrar a la jueza acerca de lo que ignora en ese terreno en el que nosotras trabajamos cotidianamente. Su ignorancia es tan grande como la del acusado que dijo por radio que la Constitución del 99 está por encima de los convenios internacionales. De repente Carrera Almoina se hace defensor de la Constitución del 99 atacándola, pues en el art. 23 se consagra que Los tratados, pactos, convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.

La sentencia se hizo sobre la base de indicios de prostitución (un aviso de prensa) sin verificar y eso sería suficientemente grave si no fuera porque más de 22 convenciones, tratados y pactos internacionales, garantizan los derechos humanos de las personas, independientemente del oficio que ejerzan. Dos mensajes acaba de enviar Cádiz a cada hombre violento: 1: si es prostituta no importa lo que le hagas; 2: si no es prostituta fabrícale una prueba para que te salgas del paquete. Y a cada mujer violentada: no denuncies ¿para qué?. No hay espacio para comentar otros vicios denunciados por los y las abogadas. Pero sí para apoyar a quienes solicitan ante el TSJ la destitución por incompetente de Rosa Cádiz como jueza y la apelación de la sentencia ante la Corte de Apelaciones, la Sala Penal del TSJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en este orden). Adicionalmente, y mientras se le dicta auto de detención, debe solicitarse una medida cautelar que impida que Carrera Almoina huya del país a echarle a perder la vida a otras jóvenes en otros países.

Firmantes:

Magdalena Valdivieso, Holanda Castro Centro de Estudios de la Mujer de la UCV; Gioconda Espina, Área de Estudios de la Mujer, FACES, UCV; Ofelia Alvarez, Marisol De la Rosa y Urquía Sánchez, Fundamujer; Mercedes Muñoz, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA; Beatriz Castresana, Asociación de Planificación Familiar, PLAFAM; Hisvet Fernández, Red de Población y Desarrollo Sustentable, REDPOB; Gabriela Mertz y Juana Delgado, Círculos Femeninos Populares; Luisa Arias y Luisa Fernanda Sifontes, Casa de la Mujer Juana Ramírez la Avanzadora, Maracay; Lali Armengol, Teatro 8 de marzo, Maracay; Sonia Sgambatti, Federación Venezolana de Abogadas, FEVA; oris Acevedo, Mujer y Salud, Musa, Maracay; Bibi Waldwin, Asociación Venezolana de Educación Prenatal, AVEDEP; Carmen Teresa García, Grupo de Investigación en Género y Sexualidad, GIGESEX, ULA; Alba Carosio, Carmen Castellanos, Luz Angela Tarazona, Fundacem; Miriam Rodríguez y Maryuri Moreno, Red de Aragua contra la Violencia Intrafamiliar y Sexual, Maracay; Marbella Camacaro, Unidad de Investigación y Género; Bellacarla Jirón Camacaro, Universidad de Carabobo; Carmen Rosillo, Casa de la Mujer de Mérida; María Cristina Parra, Centro de Investigación Social y Formación de las Mujeres, CISFEM; Virginia Olivo, Foro por la Equidad de Género; María Hernandez Royett, Red Penitenciaria de Venezuela; Sonia Pacheco y Marina Barreto, Mujeres del MAS; Elida Aponte, Red Venezolana sobre Violencia Contra la Mujer, REVIMU; Elizabeth Acosta y Maritza Mendoza, Clase Media en Positivo; Elvira Ávila, Fuerza Bolivariana de Mujeres; Isabel Carmona y Carmen Ojeda de Sarmiento, Frente Nacional de Mujeres; Elys Ojeda, Frente Femenino de COPEI; Raquel Figueroa, Mujeres de Bandera Roja; Lilian Arvelo, Mujeres Democráticas Unidas; Mercedes Molina, Mujeres de Fetraconstrucción; Lelis Páez, Marisol Fuentes y María Centeno, Mujer Tenía Ser; Magdalena Suárez, Comité de Solidaridad con Linda Loaiza; Carmen Teresa Torres, Asociación Larense de Planificación Familiar; Luisa Limada, Casa de la Mujer de Río Caribe; Mercedes Acuña, Casa de la Mujer de Miranda Argelia Laya; Carmen Cabrera, Centro de Atención Integral de la Mujer, CENAIM, Carúpano; Elisa Alonso, Asociación para la Promoción de la Familia y la Comunidad, AFACO, Barquisimeto; Luisa Varela, Asociación Civil Portachuelo, CESAP;

María Auxiliadora Díaz, Buennacer; Cecilia Ríos y Magaly Betancourt, Mujer y Comunidad; E. Lobo, COFAVIC» (Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, 22.10.04, http://cem.tripod.com.ve/).

«Amnistía Internacional acoge con satisfacción el debate abierto entablado el 28 de octubre de 2004, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evaluar la implementación de la resolución 1325, sobre la mujer, la paz y la seguridad. La organización insta a todos los gobiernos, al Consejo de Seguridad y al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto a que tomen medidas concretas para hacer realidad las promesas hechas en esa resolución a todas las mujeres que viven en situaciones de conflicto.

Aprobada en 2000, la resolución 1325 pide que se brinde mayor protección a las mujeres en los conflictos armados, que se ponga fin a la impunidad de los abusos perpetrados por motivos de género durante los conflictos y después de ellos y que se fomente la participación de las mujeres en todos los niveles de los procesos de toma decisiones en relación con la prevención, gestión y resolución de conflictos. Sin embargo, a pesar de los modestos progresos realizados en la incorporación de una perspectiva de género a las iniciativas de mantenimiento de la paz, la violencia contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto persiste, y en la mayoría de los casos jamás se investiga, ni se lleva a los responsables ante la justicia.

El Consejo de Seguridad ha recibido el primer informe del secretario general sobre el estado de implementación de la resolución 1325. Amnistía Internacional acoge con satisfacción este informe, en particular su énfasis en la necesidad de prevenir y responder a la violencia de género en los conflictos armados. La organización comparte la preocupación expresada por el secretario general al afirmar que, hasta ahora, la comunidad internacional no ha sido capaz de impedir que se cometan actos de violencia contra las mujeres en los conflictos armados.

Este año, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña mundial para combatir la violencia contra las mujeres, con la que se propone hacer hincapié en que el Estado, la comunidad y los individuos tienen la obligación de tomar medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a la impunidad de quienes la cometen. Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional hasta la fecha demuestran que este fenómeno no ha perdido intensidad. Al contrario, actualmente estamos siendo testigos de grados terribles de violencia de género cometida con impunidad contra las mujeres y las niñas en numerosos países afectados por conflictos, violencia que, según el secretario general de las Naciones Unidas, es ya una auténtica epidemia.

Amnistía Internacional cree que el Consejo de Seguridad y el sistema entero de las Naciones Unidas deben hacer algo más para integrar en su trabajo lo dispuesto en la resolución 1325. Desde la adopción de ésta en octubre de 2000, menos del 20 por ciento de las resoluciones del Consejo de Seguridad incluyen texto sobre las mujeres o el género. Junto con otras ONG, Amnistía Internacional ha instado al Consejo de Seguridad, no sólo a que pida al secretario general que establezca un exhaustivo plan de acción para el conjunto de las Naciones Unidas, sino también a que cree en su propio seno un punto focal y un grupo de trabajo formado por expertos para garantizar una mayor integración de la resolución 1325 en todas las áreas pertinentes de su trabajo.

Amnistía Internacional acoge también con satisfacción las recomendaciones del secretario general sobre la violencia de género e insta al Consejo de Seguridad, a los Estados miembros y a las entidades de las Naciones Unidas a que tomen todas las medidas necesarias para aplicarlas, lo que significa:

Ejercer mayor presión sobre las partes en los conflictos armados para que pongan fin a todas las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y las niñas.
Poner fin a la impunidad del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, incluidas las violaciones de derechos humanos de carácter sexual y basadas en el género de la víctima.

Realizar investigaciones en las que se tengan en cuenta las cuestiones de género e informar sistemáticamente de los resultados al Consejo de Seguridad» (Amnistía Internacional, 01.11.04, [email protected])

«Los representantes gubernamentales y de la sociedad civil vinculados a RAPAL de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, participantes en el Seminario-Taller Andino: Las Convenciones Internacionales para la reducción del uso de sustancias químicas, realizado el 28 y 29 de octubre del 2004 en la ciudad de Bogota nos pronunciamos:

Ante el problema que viene ocasionando una serie de sustancias químicas de uso agrícola y industrial en la salud y el ambiente a nivel de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales están generando altos costos sociales y ambientales, afectando directamente el desarrollo sustentable de nuestros países.

Las Naciones Unidas ha promovido la aprobación de Convenciones internacionales: Convención de Basilea, Convenio de Rótterdam, Convenio de Estocolmo, entre otros, para reducir riesgos y eliminar de nuestro planeta una serie de sustancias peligrosas, que lamentablemente aún es poco conocido por los decisores y la población de nuestros países.

Reconociendo los esfuerzos gubernamentales realizados por cada uno de los países de la región andina para la adopción y aplicación de los convenios ambientales citados, así como las actividades de los grupos de la sociedad civil.

Recomendamos

  • Que los gobiernos de la región andina ratifiquen las convenciones internacionales relacionadas con las sustancias químicas de uso agrícola e industrial y reducción de la generación de residuos como son el de Rótterdam, Estocolmo y la enmienda de prohibición de la exportación de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a países no OCDE del Convenio de Basilea.
  • Establecer metas concretas a nivel de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones para la reducción del uso de plaguicidas y la eliminación de los plaguicidas de las categorías extremadamente y altamente peligrosos .
  • Que la Comunidad Andina de Naciones establezca estrategias comunes para la disposición final de desechos de envases y residuos de plaguicidas, los cuales deben ser respaldados políticamente por los gobiernos aplicando medidas de extensión de la responsabilidad del productor y distribuidor de estas sustancias químicas, adaptado a las realidades nacionales
  • Los planes nacionales de aplicación del la Convención de Estocolmo, incluyan formas institucionales de participación ciudadana que involucran a las autoridades y comunidades locales con programas y estrategias específicas en la prevención y difusión de los peligros a la salud y medio ambiente sobre el riesgo de los contaminantes orgánicos persistentes consistentes el art. 10 y demás disposiciones del Convenio.
  • Promover políticas intersectoriales de apoyo a alternativas agroecológicas incluyendo la reconversión tecnológica de los sistemas productivos mediante leyes específicas para prevenir los riesgos a la salud y el ambiente
  • Que los planes nacionales de aplicación de los convenios, particularmente de Estocolmo incluyan la búsqueda activa de información e iniciativas de cooperación sobre alternativas en las Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Practicas Ambientales para la prevención en la formación y liberación de los COP no intencionales

Las organizaciones de la sociedad civil presentes se comprometen a cooperar con los gobiernos en la consecución de los objetivos anteriores, realizar actividades de fiscalización, proporcionar información fidedigna, así como a trabajar con organizaciones dedicadas a la protección de la salud y ambiente, de los derechos de las mujeres, trabajadores, consumidores y la población infantil.

Santa Fe de Bogotá, 29 de octubre del 2004″ (Lista Electrónica Ambientalista, 03.11.04, [email protected]).

Del 01 al 19 de octubre de 2004

Boletín electrónico Nº 145

CONTEXTO

Este viernes 15 de octubre, Provea celebró su décimosexto aniversario. En 1988, Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil sin fines de lucro con el objeto de ofrecer apoyo jurídico gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales fueron atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los derechos humanos en el país.

A lo largo de 16 años el catálogo de actividades de Provea se amplió: desde haber logrado la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano por el caso de El Amparo, hasta participar en la redacción del Título de Derechos Humanos de la Constitución de 1999 y en la redacción de la Ley de Refugiados/as y Asilados/as.

Igualmente hay que recordar la defensa jurídica de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la educación superior y la de los/as niños/as cardiópatas del Hospital J. M. de los Ríos por el derecho a la salud. Su participación en el reconocimiento del estatuto jurídico de los ciudadanos colombianos solicitantes de asilo en Venezuela, en el caso de los pensionados y jubilados de VIASA, de los habitantes de Lagunillas y de Nueva Tacagua en la lucha por el derecho a la vivienda, entre otros más.

Actualmente, y como consecuencia de la desidia que algunos entes públicos y funcionarios han manifestado en su comportamiento ante solicitudes de información hechas por distintas organizaciones y comunidades, Provea ha interpuesto en los tribunales nacionales 7 acciones judiciales contra aquellos que se niegan a dar respuesta oportuna y adecuada.

Esta línea de trabajo se integra a las acciones emprendidas contra el Estado por daños y prejuicios causados a los/as ciudadanos/as afectados/as por sus acciones u omisiones, como por ejemplo, el caso elevado contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida el 20.03.93 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua.

Para Provea también es fundamental monitorear la situación de los derechos humanos. En este sentido, publica su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, expresión de su investigación sobre 18 derechos humanos acerca de los cuales se realizan propuestas y exigencias a los poderse públicos. Esta tarea es complementada por el boletín electrónico Derechos Humanos y Coyuntura, que se publica quincenalmente por vía electrónica y cuenta con casi 6.000 destinatarios. Por otro lado, el sitio web de la organización (http://www.derechos.org.ve) ofrece materiales educativos, información especializada sobre las distintas instancias de exigibilidad de los derechos humanos y la mayor parte de los documentos publicados por la organización los cuales pueden ser consultados gratuitamente.

Provea también se ha destacado en la organización de eventos para la promoción y formación de los derechos humanos: variados foros en los que se abordan diversos temas de actualidad, talleres de formación de monitores y el seminario anual sobre derechos económicos, sociales y culturales, que siempre cuentan con participación nacional e internacional.

A su vez, ha estimulado la constitución de espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos, como el Foro por la Vida, la Red de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Con el propósito de dar cuenta de los nuevos desafíos en materia de derechos humanos, representantes de la sociedad civil mundial reunidos en el Diálogo «Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos», enmarcado en el Forum de las Culturas Barcelona 2004, redactaron un documento titulado «Proyecto de Carta de Derechos Humanos Emergentes».

El mismo expone un catálogo de valores y principios que pretende actualizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. La idea es visibilizar en una nueva escala las nuevas necesidades humanas que no hayan sido recogidas por instrumentos jurídicos internacionales vinculantes y que «debe ser considerada como parte de un proceso normativo consuetudinario, pero también debe de ser considerada para los individuos y los Estados como un nuevo imperativo ético del siglo XXI» (América Latina en Movimiento N° 388, 28.09.04, pág. 32)

En la primera parte del documento se hace un replanteamiento de los valores considerados como base de la convivencia de los seres humanos, destacando la relevancia de la dignidad, la vida, la igualdad, la solidaridad, la paz, la libertad y el conocimiento.

Dividida en 6 títulos que contemplan, entre otros, el derecho a la democracia igualitaria, la democracia plural, paritaria, solidaria y garantista, los derechos de la mujer, el derecho a vivir en un mundo pluricultural y multiético, a la renta básica, al desarrollo, a la comunicación.

Los promotores de esta iniciativa aspiran a que el documento sea debatido por la sociedad civil mundial para que, con los nuevos aportes, sea adoptado en el próximo Foro Social de Porto alegre del 2005.

El documento íntegro puede consultarlo en nuestra página web, en la dirección:
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/derechosemergentes.pdf.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La vigencia del derecho humano a la seguridad social implica esfuerzos de educación, difusión e incidencia para que los ciudadanos asuman el seguimiento de las obligaciones estatales ante este derecho. En ese esfuerzo se inscribe la nueva publicación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), que espera contribuir en la elaboración de informes nacionales y regionales sobre la situación de la seguridad social, que motiven a la sociedad y a los Estados a procurar la realización de este derecho.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80 % de la población mundial carece de un nivel adecuado de cobertura de seguridad social. Esta es una situación reiterada en los países latinoamericanos. Los hechos demuestran que los/as trabajadores/as que confrontan contingencias (jubilación, enfermedad, desempleo, accidentes, etc.) sufren dificultades para mantener condiciones de vida dignas.

La seguridad social es un derecho humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un derecho cuya realización es imprescindible en la tarea de sostener la seguridad humana, la dignidad y la justicia social; constituyéndose en una base para la inclusión política y profundización de la democracia.

La seguridad social tiene que atender una variedad de contingencias: atención de la salud, , maternidad, enfermedad, vejez e invalidez, desempleo, accidentes del trabajo responsabilidades familiares y muerte. Igualmente, debe incorporar la perspectiva de género y la discriminación positiva a favor de los grupos tradicionalmente discriminados.

Con la publicación de Derecho Humano a la Seguridad Social: Apuntes y reflexiones desde la experiencia de América Latina, la PIDHDD, presenta, en primer lugar, una síntesis histórica de la seguridad social. Seguidamente recopila sus principales conceptos; analiza las bases normativas del derecho, así como las obligaciones del Estado respecto de este derecho humano. También incluye los principales indicadores que pueden permitir el monitoreo de su situación. Finalmente, analiza la actual situación de este derecho en América Latina, para contribuir a una visión de conjunto que ayude a construir una agenda para fortalecer políticas públicas tendientes a universalizar su garantía y vigencia.

La PIDHDD, es una asociación plural, convergente y autónoma de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe, conformada en forma de red, mediante 12 capítulos nacionales, entre los que se cuenta el venezolano. Tiene por objeto desarrollar una cultura y conciencia de derechos y de paz con justicia en la sociedad, a través de un consenso en torno a la integralidad de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo.

El libro puede ser adquirido en la sede de Provea, ubicada en la parroquia Altagracia, bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, local 6. También puede solicitarlo por los teléfonos (0212) 862 10 11, 862 53 33 y 860 66 69; o por el correo-e: [email protected]. Tiene un precio de lanzamiento de 13.000 bolívares. Además, puede consultarlo o descargarlo en el sitio web: http://derechos.org.ve/publicaciones/otros/index.htm.

Caracas, 05.10.04.

El comité noruego del Nobel decidió atribuirle el premio Nobel de la Paz correspondiente a este año 2004 a Waangari Maathai, ecologista keniata fundadora del movimiento ambientalista Green Belt Movement, en reconocimiento a su compromiso en la “contribución al desarrollo sustentable, la democracia y la paz” (El Nacional, 13.10.04, pág. A/14).

Maathai es profesora especializada en Biología, y fue la primera mujer de su país en obtener la Cátedra de Veterinaria en la Universidad de Nairobi.

Entre 1981 y 1987 fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, a través del cual difundió la idea de plantar árboles, y al año siguiente fundó el Green Belt Movement, (movimiento del cinturón verde), que plantó unos 30.000.000 de árboles en el continente africano para contrarrestar la deforestación y recrear las condiciones de biodiversidad.

Desde 1986, las iniciativas del Green Belt Movement fueron adoptadas en otros países africanos, como Tanzania, Uganda, Malawi, Lesotho, Etiopía y Zimbawe.

Sus objetivos principales son la salvaguarda de la biodiversidad y la creación de puestos de trabajo, con una atención particular en el liderazgo de la figura femenina en las áreas rurales. Muchos de estos objetivos fueron alcanzados en los últimos 20 años: aumentó la conciencia del problema ambiental en África y se crearon miles de puestos de trabajo.

Con los años, Maathai recibió numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el premio Global 500 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Goldman Enviromental Award y el premio África para los Líderes.

Su compromiso con el ambiente, le hizo sufrir en Kenia durísimos ataques, inclusive la cárcel en los años ’80.

En el año 2002 fue elegida parlamentaria, y llamada a ocupar un puesto en el gobierno como viceministra de Ambiente.

Luego de conocer esta decisión, Maathai declaró que “la causa ecologista es un aspecto importante de la paz, porque cuando los recursos disminuyen, hay que luchar para volver a recuperarlos: plantemos semillas de la paz hoy para nuestro mañana” (El Nacional, Ídem.).

Por 2do. año consecutivo el galardón fue otorgado a una mujer, en el año 2003 el premio recayó en Shrin Ebadi, abogada iraní defensora de los derechos humanos.

En su fundamentación para otorgarle a la ambientalista africana este premio, el Comité del Nobel argumentó que “la paz sobre la tierra depende de nuestra capacidad de asegurar el ambiente donde vivimos. Maathai está en primera línea en la batalla para promover ecológicamente un desarrollo social, económico y cultural en Kenia y en Africa […] Ella adoptó una aproximación holística hacia el desarrollo sustentable, que comprende democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres en particular.

Piensa globalmente y actúa localmente” (El Nacional, Ídem.).
El Comité reconoció además la lucha de Maathai contra el precedente régimen opresivo en Kenia: “Sus personales modos de actuar contribuyeron a atraer la atención sobre la opresión política en el plano nacional e internacional” (El Nacional, Ídem.).

También destacó que “combina ciencia, compromiso social y política activa. Más que proteger simplemente el hábitat existente, su estrategia tiende a asegurar y reforzar la verdadera base para el desarrollo ecológicamente sustentable” (El Nacional, Ídem.).

El Comité recordó que “todos somos testigos de cómo la deforestación y la pérdida del verde llevaron a la desertificación de África y amenazaron otras regiones del globo. Proteger las selvas de la deforestación es un factor vital en la lucha para reforzar el ambiente donde vivimos, en nuestra Tierra común” (El Nacional, Ídem.).

Como parte de la campaña en apoyo a las Normas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Responsabilidad de las Empresas en materia de Derechos Humanos, la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) invita a todos y todas a apoyar la presentación conjunta ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH) del documento sobre las Responsabilidades de las Empresas respecto de los Derechos Humanos (Choike, 06.10.04, http://www.choike.org/nuevo/informes/1638.html).

En esta presentación, que puede consultar en la dirección URL: http://www.escr-net.org/GeneralDocs/Joint_Submission_sp.pdf, se destaca la importancia de las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades relacionadas con los Derechos Humanos de las Corporaciones Transnacionales y otras Empresas, y la necesidad de fortalecer dichas responsabilidades de las empresas.

Una vez que se hayan recolectado las firmas de apoyo, el documento será entregado a la OACDH el próximo 22.10.04, en su sede de Ginebra, en carácter de declaración de apoyo a las Normas de la ONU. La idea es que constituya la base para seguir realizando actividades de información y defensa, como preparativo para la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos.

Se espera que estos aportes contribuyan a que la OACDH redacte un informe en apoyo de las Normas de la ONU para la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos.

La fase posterior de la campaña es difundir las Normas de la ONU y comenzar a llevarlas a la práctica.

Las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas relacionadas con los Derechos Humanos fueron adoptadas el pasado mes de agosto en la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Basadas en estándares internacionales sobre derechos humanos, las Normas definen de manera integral las responsabilidades clave de las empresas en la esfera de los derechos humanos. Por ello, constituyen una herramienta importante de defensa a los derechos humanos y, al mismo tiempo, proporcionan una lista de control muy útil para las empresas interesadas en mejorar su desempeño en relación con los derechos humanos.

Rights and Accountability in Development (RAID) y Amnistía Internacional, junto con la Red-DESC, por medio del Grupo de Discusión sobre Responsabilidad de las Corporaciones (al cual se puede suscribir enviandoi un mensaje en blanco a la dirección de correo-e: [email protected]), lanzaron una campaña a favor de las Normas de la ONU, coincidiendo con otros grupos y coaliciones que trabajan en el campo de la responsabilidad corporativa.

El objetivo de la primera fase de la campaña fue asegurar que la Comisión de Derechos Humanos se abstuviera de tomar una decisión o debatir las Normas en forma apresurada, a fin de que se las pudiera seguir debatiendo con posterioridad al período de sesiones.

Aproximadamente 200 organizaciones, sindicatos, empresas y 175 personas de todo el mundo firmaron una Declaración de Apoyo que se presentó ante el 60º período de sesiones de la Comisión (abril de 2004). Debido a este apoyo, y a la presión que ejercieron las organizaciones presentes en Ginebra, las Normas salieron airosas de la Comisión.

La fase posterior de la campaña es difundir las Normas de la ONU y comenzar a llevarlas a la práctica, para que los grupos puedan documentar casos y hacer aportes a favor del fortalecimiento de las Normas mediante su aplicación.

Para apoyar esta presentación en carácter institucional, puede enviar el nombre de la organización, país sede y dirección de correo-e a: [email protected]. Para apoyos individuales, puede enviar a la misma dirección su nombre, afiliación a organización (si corresponde), país de residencia o trabajo, y dirección de correo electrónico. Como asunto del correo puede escribir la palabra endorsement  o apoyo. La Red-DESC se ocupará de recolectar las firmas y enviarlas a la OACDH.

Para acceder a información actualizada sobre las actividades actuales pueden visitar los sitios web de las siguientes organizaciones: Red-DESC (http://www.escr-net.org/EspGeneral/home.asp); Amnistía Internacional (http://www.amnistiainternacional.org/); y, Business and Human Rights Resource Centre (http://www.developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/cache/offonce/lang/en/pid/493).

Este 14.10.04 fue lanzado el Atlas del Desarrollo Humano de Venezuela, una publicación digital elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de convertirse en una herramienta tanto para la planificación pública gubernamental, como para el sector académico y la colectividad en general (Brújula. Avance Informativo de la Red de Desarrollo Humano, 14.10.04, redesarrollo[email protected]).

En esta publicación se pueden encontrar los indicadores asociados con el desarrollo humano que miden 3 componentes básicos: el disfrute de una vida larga y saludable, la adquisición de conocimientos y el acceso a los recursos. Asimismo, se muestran otros datos relacionados con necesidades básicas insatisfechas, población y vivienda, potencialidades de género, ambiente, presentados en tablas, gráficos y mapas temáticos.

Una de las novedades de este Atlas es la presentación de datos e indicadores de Venezuela a varios niveles: nacional, estatal y municipal. De esta manera se puede observar no solo la evolución del desempeño del país en términos de desarrollo humano, sino de una localidad municipal.

Para David Mc Lachlan-Karr, Representante Residente del PNUD en Venezuela, este Atlas «es una herramienta novedosa que muestra la evolución a nivel estadal y municipal del Desarrollo Humano en Venezuela, y que servirá para que este enfoque se promueva más en el país” (Brújula. Avance Informativo de la Red de Desarrollo Humano, Ídem.).

Por su parte, Elías Eljuri, presidente del INE, agregó que “esta publicación pretende ocupar un espacio importante en la planificación pública gubernamental, en el sector académico y en la colectividad en general” (Brújula. Avance Informativo de la Red de Desarrollo Humano, Ídem.). Explicó que el INE, a través del Sistema Estadístico Nacional (SEN), reconoció la tarea de producir información necesaria para enriquecer el debate y orientar a los sectores involucrados en el diseño y monitoreo de políticas públicas.

Este Atlas contiene un compendio de datos históricos en formato electrónico actualizable y exportable, que permite consultas dinámicas a través de tablas, mapas temáticos, gráficos y fichas resúmenes, siendo concebido como una herramienta para difundir especialmente hacia el público académico y los hacedores de políticas públicas.

La publicación contiene datos provenientes de importantes fuentes de información del país sustentados en diferentes mecanismos de recolección, tales como encuestas censos, registros administrativos, con niveles de desagregación que llegan hasta el municipio.

La actual edición comprende indicadores para evaluar los índices de Desarrollo Humano (IDH), de Potenciación de Género (IPG), de Calidad Ambiental 1998 (ICA), Caracterización, Tipología y Clasificación Municipal de Venezuela 1999 (CTM), Censo de Población y Vivienda, Censo Indígena de Venezuela, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Línea de Pobreza (LP).

Es importante destacar que, si bien no todas estas investigaciones fueron realizadas desde la óptica del desarrollo humano, sus resultados son susceptibles de ser analizados desde dicha perspectiva.

Para consultar y actualizar el Atlas, las personas interesadas podrán obtenerlo a partir del 19.10.04, en la Librería del INE, ubicada en la sede de dicha institución: Avenida Boyacá, Urbanización Maripérez, Edificio Fundación La Salle, Nivel Planta Baja, en horario de 8:30 AM a 3:30 PM. Teléfonos: (212) 7095306 / 7095307.

Para la actualización de los datos de esta publicación, el lector podrá conectarse a la página Web del INE (http://www.ine.gov.ve) y acceder a los archivos, los que se integrarán al Atlas en forma automática. 

Alicia García y María Eugenia Bustamante activistas ambientalistas integrantes del comité ejecutivo de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA); Alexander Luzardo, ex presidente de la Comisión de Ambiente de Senado y profesor universitario; Esteban Emilio Monsonyi, profesor universitario y asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y Julio Cesar Centeno, profesor universitario, dirigieron un comunicado a la Asamblea Nacional (AN) mediante el cual solicitan que se efectúe una revisión del proyecto de ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

El texto de este instrumento fue aprobado en primera discusión el 05.12.02 y el 11.08.04 la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas finalizó una revisión del mismo que fue distribuida al plenario el 28.09.04 (Asamblea Nacional, 14.10.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp), para su segunda discusión, la cual debía realizarse entre el 05 o 06.10.04 (El Nacional, 05.10.04, pág. B/11).

Las personalidades antes nombradas analizaron esta versión e identificaron «graves fallas jurídicas y conceptuales que desmejoran las conquistas en materia de Derecho de los Pueblos indígenas establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, 06.10.04, [email protected]).

A efectos de superar las inconsistencias observadas específicamente en los artículos dedicados a la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros, a la explotación minera o de Yacimientos en Tierras Indígenas, a la creación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y al desplazamiento de los Pueblos Indígenas; los/as especialistas/as propusieron ampliar la discusión de los mismo a fin de desarrollar una correcta adecuación a la norma constitucional.

En cuanto a la prohibición de uso de tierras indígenas por terceros, consideran que la propuesta parlamentaria «abre las puertas para el despojo de las tierras por parte de empresas trasnacionales mineras, forestales y petroleras u otros intereses, que aprovechándose de la vulnerabilidad de diversos pueblos y comunidades pudieran desarrollar planes concretos para lograr sus propósitos, tal como ha sucedido en otros países, particularmente en pequeñas poblaciones» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Sobre el tratamiento que la propuesta parlamentaria hace del tema de la explotación minera o de Yacimientos en Tierras Indígenas, los/as remitentes de este comunicado observaron que «constituye un retroceso con respecto a la Constitución aprobada en 1999 y las propuestas de leyes anteriores que abrieron el camino para la consagración de los derechos de los pueblos indígenas» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.). Además plantearon que «se debe consultar a los Pueblos Indígenas y respetar sus modos de vida, patrón de ocupación de espacio cultural, idiomas y demás derechos constitucionales, pero el Derecho Ambiental, es un derecho transgeneracional» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Acerca del artículo dedicado a la creación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y al desplazamiento de los Pueblos Indígenas, consideraron «no debe incluirse ya que esto se rige por los Tratados Internacionales. El Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos indígenas y comunidades repite lo establecido en la Constitución de 1999. Creemos que se podría elaborar un proyecto mas corto ya que la Constitución es abundante en disposiciones indígenas y este proyecto lo desmejora sustancialmente ya que es extremadamente reglamentista y especifico cuando se trata de una Ley Orgánica. Es una camisa de fuerza que perjudicaría a los propios indígenas y al país» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Finalmente proponen que se realice «un análisis y discusión mas profundo y su diferimiento con el propósito sincero de mejorarlo» (Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, Ídem.).

Para conocer el texto propuesto para este proyecto de ley, puede consultarse la dirección-e: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp.

Este 12 de octubre se conmemoró por tercera vez el Día de la Resistencia Indígena. según lo dispuesto en el decreto 2.028 de fecha 11.10.o2, en reconocimiento “a la autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como los aportes de estos pueblos a las culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad, en el espíritu del diálogo de civilizaciones, la paz y la justicia” (Gobierno en Línea, 13.10.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=24228).

Cabe destacar que uno de los considerandos del referido decreto hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en la Carta Magna de 1999 y explica que esta decisión estuvo precedida por la incorporación simbólica del Cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional. 

Con la participación de representantes de distintas comunidades indígenas de todo el país, se realizaron distintos actos organizados por el Gobierno Nacional y por el movimiento indigenista nacional.

Representantes de los poderes públicos efectuaron en el Panteón Nacional un tributo a los restos simbólicos del Cacique Guaicaipuro (Últimas Noticias, 13.10.04, pág. 2).

En otro acto organizado por el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), la Coordinadora Popular de Caracas y otras asociaciones, realizado en el parque El Calvario, hicieron entrega de una petición a Freddy Bernal, alcalde del Municipio Libertador, para sustituir la estatua de Cristóbal Colón ubicada en este espacio público, por la de un cacique venezolano.

En el mismo evento, los asistentes cubrieron con una tela blanca la estatua de Colón con la intención de simbolizar “la llegada de nuevos tiempos para nuestros indígenas, y la toma de conciencia identificada como el Día de la Resistencia Indígena, y no el Día de la Raza como históricamente se había hecho” (Gobierno en Línea, 13.10.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=24260).

Voceros de CONIVE, explicaron que propondrán el nombre del indígena venezolano cuya estatua podría sustituir la de Colón.

Raúl Tempo, coordinador general de la Organización de los Pueblos indígenas del Edo. Anzoátegui (OPIA), informó que propondrá formalmente a la alcaldía del municipio Sotillo y a todas las instituciones de la región, que sea modificado el nombre del bulevar Paseo Colón de esta localidad, con una denominación que reivindique los derechos de las etnias asentadas en ese territorio del oriente venezolano. La propuesta acompañará otra para que los sitios que desde ahora se inauguren, lleven nombres de indígenas de esta región (Gobierno en Línea, Ídem.).

En otro monumento erigido en Caracas para conmemorar la llegada de Colón a estas tierras, otro grupo de manifestantes decidió derribar una estatua del almirante y otras 2 piezas integrantes del conjunto escultórico “Colón en el Golfo Triste”, ubicado en Plaza Venezuela.

La escultura que representaba a Colón fue llevada en un vehículo de carga hasta el Teatro Teresa Carreño, donde se efectuaba otro acto oficial en el que estaba presente el Primer Mandatario. Los manifestante fueron reprimidos por la policía municipal y un grupo de ellos fue detenido (Últimas Noticias, 13.10.04, Ídem.).

Ante ello, Provea solicita a las autoridades que los implicados en este hecho sean juzgados en libertad y con estricto respeto a las garantías procesales.

Sin embargo, más allá de los actos públicos y el reconocimiento político y moral de las comunidades indígenas ante el pensamiento colonialista, éstas no dejan de sufrir la estructural exclusión social heredada de las prácticas derivadas de dicha ideología. 

Nelson Mavio, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), denunció que «La salud es definitivamente el principal problema que aflige a los indígenas amazonienses […] Nuestra medicina tradicional no basta; necesitamos recurrir a la occidental para atacar sobre todo nuevas enfermedades, traídas en su momento por la llamada modernización a nuestras tierras» (Últimas Noticias, 11. 10.04, pág. 18).

Este educador de origen Baré, coordinador para el período 2003-2006 de esta organización creada en 1993 para defender los derechos de los pueblos indígenas amazonenses, advirtió que la situación se complica en el interior del estado, donde existen comunidades indígenas completamente aisladas.

Aparte de medicinas, insumos, ambulancias y equipos técnicos, en el principal centro asistencial del Edo. Amazonas faltan camas para recibir desde el interior a todos los convalecientes y sus familiares. Un problema que en el caso de los 20 pueblos indígenas amazonienses, que representan el 80% de la población total, según los cálculos de ORPIA, reviste de mayor gravedad por las barreras del idioma, el tradicional abandono oficial, las enormes distancias entre sus poblados y las carencias del transporte tanto aéreo como terrestre.

”Aunque el enfermo consiga los recursos, para movilizarse hasta los centros asistenciales más próximos, muchas veces no se dispone de medios de transporte más rápidos como el avión para actuar a tiempo”.

En esta entidad federal, “moverse entre poblados puede tomar hasta 3 días navegando en canoa, o 5 días a pie […] Se trata del segundo estado más grande del país (178,095 km2) y uno de los menos habitados del país (0,3 habitantes por cada km2). Los teléfonos celulares sólo sirven en la capital Puerto Ayacucho […] Los pasajes en avioneta a poblaciones como San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro o la Esmeralda cuestan desde 60.000 hasta 120.000 bolívares. Bastante inaccesible para la mayoría de los 40.000 habitantes diseminados en los 7 municipios amazonienses, que viven fundamentalmente de la caza y la agricultura para sustento propio. Eso sin contar que la reserva de puestos en estas líneas privadas puede demorar varios días” (Últimas Noticias, Ídem.). 

Por su parte, Pablo López, capitán de la comunidad piaroa de Betania señaló que “nuestras denuncias sólo llegan hasta Puerto Ayacucho. En Betania no tenemos medicinas para resolver casos menores como diarreas, vómitos y gripe. Si es más grave, tenemos que ir hasta el hospital en la ciudad y es difícil el transporte. No nos asignan docentes bilingües y promotores de deporte para la escuela, aunque tenemos los candidatos. No contamos con el apoyo de la gobernación; dicen que no tienen presupuesto” (Últimas Noticias, Ídem.).

Pese a que han llegado misiones del gobierno nacional como Vuelvan Caras, Ribas, Mercal, y Selva Adentro, éstas medidas han resultado “insuficientes para controlar todas las patologías del clima tropical como el paludismo. Mucho menos los casos de emergencia. El cuadro de inasistencia médica y sanitaria tiende a empeorar en los municipios del interior” (Últimas Noticias, Ídem.).

Mavio añadió que “el asunto indígena es demasiado amplio para ser englobado en un solo programa. La idea inicial de demarcación territorial se quedó corta. Falta aclarar muchos puntos sobre la Misión Guaicaipuro, que está practicamente en cero. Desde Orpia, como conocedores del tema, esperamos ser tomados en cuenta para las definiciones sobre la propiedad colectiva de tierras indígenas” (Últimas Noticias, Ídem.).

José Otero, coordinador del movimiento yekuana Puama observó que “nadie nos ha consultado sobre la Misión Guaicaipuro. Como ejecutivos deberían abrir una mesa de diálogo sobre este programa, que incluya a todos los sectores. En nuestra cultura, no tomamos ninguna decisión sin analizarlo en comunidad. En Amazonas somos 20 pueblos con diferentes idiomas y costumbres, pero hemos logrado unirnos después de muchos años de lucha y trabajo de base” (Últimas Noticias, Ídem.).

Al respecto, José Liborio Jiménez, estudiante jivi de educación denunció que “para un indígena que vive en comunidades alejadas de la capital, es muy caro pagar un transporte, porque no tiene un sueldo, vive de la agricultura. Sólo conozco la Misión Guaicaipuro por las gorras” (Últimas Noticias, Ídem.).

“Me encargo de cuidar el Tobogán de la Selva, pero no cuento con ayuda de la Gobernación ni la oficina de turismo regional. En Coromoto (jivi) necesitamos médicos permanentes, no sólo los cubanos. Hernando Pérez, portavoz de la asociación civil indígena Ucyabyrn expuso que “en el Municipio de Río Negro nos sentimos abandonados por el gobierno municipal y regional. Estamos amenazados por la guerrilla, que opera en la zona, y acosados por los mineros ilegales, que contaminan nuestras aguas en complicidad con la Guardia Nacional, que traiciona sus valores. No queremos a la GN, sino a militares en la frontera” (Últimas Noticias, Ídem.).

Esta situación se repite en el Edo. Zulia,  el de mayor población indígena del país: según el censo 1992 existen cerca de 360.000 wayuu, 13.000 añú y 6.000 yukpas.

Zuleima Zuleta, una de las médicas a cargo del ambulatorio Puerto Cuervito, que atiende a casi 7.000 habitantes de la población añú de El Junquito, ubicada en la Laguna de Sinamaica, explicó que “los principales problemas que atendemos son la parasitosis, afecciones pulmonares y la desnutrición, que es severa […] El sistema de transporte es con lanchas y no todos pueden llevar a los niños a la escuela, hay mucha pobreza, diarreas y lo que llaman “sabrosita” (sarna), que de tanto descuido se suele convertir en graves piodermitis y accesos en la piel” (Últimas Noticias, 10.10.04, pág. 37).

En el Centro de Nutrición Nawalayuu, Antonio María Sinamaica -que atiende los municipios Mara y Páez, Edo. Zulia- el médico Vicente Urdaneta y la nutricionista Yoleida Martínez explicaron que 50% de los niños que atienden en la zona están desnutridos. Incluso, allí es común la pelagra, una enfermedad de la piel que padecen en gran medida los pueblos africanos, consecuencia de la falta de vitaminas.

Cuentan los especialistas que los pequeños llegan edematizados (hinchados) o huesudos. La educación es precaria y están muy desasistidos. De la misión Guaicaipuro no conocen más que el nombre” (Últimas Noticias, 10.10.04, Ídem.).

Según la Defensoría del Pueblo, los indígenas venezolanos hoy  constituyen unas 1.500 comunidades, repartidas en 32 etnias con culturas diferentes, ubicadas en 8 entidades federales: Zulia, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. Se calcula que hay unas 700.000 personas pertenecientes a las etnias más importantes: Acuahayo, Arahuacos, Cariñas, Guahíbos, Guaiqueríes, Mapoyos, Maquiritares, Pemones, Piaroas y  Wayuu.  Las cuales se abarcan en 3 familias lingüísticas: la Arauaca (Wayuu, Paraujano, Curripaco, Yavitero, Piapoco, Guarequena, Baré, Aruaco); la Caribe (Cariña, Pemón, Maquiritare, Panare, Yabarana, Yucpa, Japreria, Acahuayo, Mapoyo, Chaima); y la Chibcha (Barí, Tunebo). Las comunidades Yanomami, Guarao, Yaruro, Guahíbo, Piaroa, Puinabe, Joti, Sapé y arrutan, no tienen filiación precisa. (El Universal, 18.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/13/apo_art_13102B.shtml).

Índice de Precios al Consumidor

MesTasa de Variación intermensualTasa de Variación AcumuladaTasa de Crecimiento Interanual 2003/2004
Agosto1,3%14,1%21,9%
Septiembre0,6% ▼14,7%20,8% ▼
Fuente: Banco Central de Venezuela, 01.10.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3622&Operacion=2&Sec=False.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas correspondiente al mes de septiembre, alcanzó la variación más baja observada en los últimos 44 meses.

Con este resultado, la variación acumulada del IPC hasta septiembre de 2004 fue inferior a la registrada en igual período del año 2003 (20,6%).

A juicio del BCV, «el descenso en la tasa de variación intermensual de los precios en septiembre fue el resultado combinado de una mayor oferta de bienes agrícolas y de la reducción de un punto porcentual en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 16% a 15%. Por otra parte, la desaceleración del indicador en el mes en cuestión, se debe a que los precios de los rubros no controlados retrocedieron, de 1,9% a -0,3%; no obstante, que los bienes y servicios sujetos a control y regulación mostraron, en promedio, un aumento en su tasa de variación de precios (de 0,7% a 1,4%), impulsado principalmente por los ajustes en los servicios de educación que tradicionalmente se realizan en esta época del año» (Banco Central de Venezuela, Ídem.).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) aseguró que la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) se comportó del siguiente modo:

Canasta Básica de los Trabajadores

MESValor Mensual
(en bolívares)		Tasa de Variación IntermensualTasa de Acumulación Interanual 2003/2004Déficit del Poder Adquisitivo (*)
(en %)
Agosto1.307.8303,4%
(44.930 bolívares)
X		50,8
Septiembre1.319.707 ▲0,8%
(11.877 bolívares)		22,9% (246.297 bolívares)51,3 ▲
Fuente: Últimas Noticias, 05.10.04, pág. 19
Nota: (*) El poder adquisitivo representa la suma de 2 salarios mínimos.

Advirtió el CENDA que, a causa de este aumento en el costo de la CBT, «un grupo familiar requiere por lo menos 4 salarios mínimos para cubrirla» (Últimas Noticias, Ídem.).

La CBT está conformada por los gastos en alimentos, artículos de aseo personal y limpieza del hogar, servicios públicos básicos, educación, vivienda, vestido y calzado, de un familia conformada por 5 miembros, en la que por lo menos 2 perciben salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).

Esto significa que dicho grupo familiar sólo puede cubrir el 48,7% de sus gastos básicos.

Para el mes en cuestión, los rubros que más subieron fueron: artículos escolares y educación (2,7% ), artículos de aseo personal y limpieza (1,0% ), así como los alimentos que durante septiembre también aumentaron 1%.

A la salida del Consejo de Ministros N° 391, celebrado el pasado 30.09.04, María Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo (MINTRA), informó que el Gabinete Ejecutivo decidió prorrogar el período de inamovilidad laboral por 6 meses más (Gobierno en Línea, 04.10.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=23727)  

La titular del despacho laboral explicó que tal medida es de características similares a las de los decretos anteriores que se han extendido desde el año 2002, y cuya última prórroga venció el 30.09.04: la inamovilidad laboral será válida hasta el 30.05.05 y amparará a todos los trabajadores que devenguen un salario menor o igual a 633. 600 bolívares.

Iglesias detalló que el artículo 2 del decreto aprobado por el gabinete ejecutivo establece que «los trabajadores amparados por la prórroga de inamovilidad especial no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa calificada previamente por el inspector del trabajo […] El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de los salarios caídos correspondientes,» (Gobierno en Línea, Ídem.).

Iglesias recordó que el decreto no se aplica a los empleados públicos «ya que con la vigencia del Estatuto de la Función Pública, los trabajadores cuentan con una inamovilidad permanente» (Cadena Global, 05.10.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=76521&Sec=8)

La Ministra del Trabajo aseguró que esta medida se resolvió después de hacer un estudio en el que se determinó que «la inamovilidad no ha afectado el crecimiento de la economía de los últimos meses. Por el contrario, en la actualidad el desempleo se ubica en 14,2%, una caída significativa en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando apuntaba al 18%; y la informalidad ha descendido en los últimos meses» (Gobierno en Línea, Ídem.).

En el mismo orden de ideas se pronunció Ricardo Dorado, viceministro del Trabajo, quien reiteró que la política de inamovilidad laboral “ha sido asimilada e incorporada dentro de las variables económicas” (Ministerio del Trabajo, 14.10.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/inamovilidad_ricardo.htm

Una de las solicitudes hechas al Estado venezolano por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (CANOIT), en el contexto de su 92º Conferencia Anual, celebrada entre el 01 y 17.06.04 (Organización Internacional del Trabajo, 17.06.04, http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2004/32.htm), fue la aceptación de una Misión de Contacto Directo de la OIT en un lapso que no debía pasar de octubre de 2004 “para que los expertos entreguen su informe en la próxima reunión de noviembre” (El Nacional, 12.06.04, pág. A/8).

Esta solicitud fue respondida por el Ministerio del Trabajo (MINTRA), cuya titular envió a Juan Somavía, secretario general de la OIT, una comunicación mediante la cual autorizaba la visita de los expertos para las fechas del 12 al 14.10.04 (El Nacional, 12.09.04, pág. A/19).

Finalmente, la Misión efectuó la visita al país en el lapso contemplado, cumpliendo una apretada agenda que abarcó reuniones con representantes sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, (CUTV), la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL), la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP), trabajadores del Fondo de Garantía de depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), del Metro de Caracas, trabajadores informales, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS).

Según fuentes periodísticas, la Misión «recibió más de 26.000 denuncias de despidos injustificados en el sector público» (El Nacional, 17.10.04, pág. A/16) sistematizados y presentados por los representantes de varias organizaciones sindicales. Se tratan de casos de empleados públicos despedidos desde el año 2003: 21.000 de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 6.000 de la Gobernación del Edo. Guárico; 1.500 de la Gobernación del Edo. Trujillo; 1.800 del Instituto Agrario Nacional; 100 de FOGADE; y, del Consejo Nacional Electoral (El Nacional, 17.10.04, Ídem.).

Igualmente se reunió con los diputados integrantes de con la Comisión Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), con María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo, el viceministro Ricardo Dorado (Cadena Global, 14.10.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=77165&Sec=5) y con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Últimas Noticias, 14.10.04, pág. 18)..

Con el sector estatal, la Misión discutió la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) así como el régimen legal de las elecciones sindicales (Agencia Venpres, 14.10.04,
http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Como).

Al culminar las actividades de la Misión en el país, el MINTRA informó en una nota informativa «que el Jefe de esa misión, Jorge Sappia, le propuso ‘la institucionalización y restablecimiento del diálogo social bajo el esquema cupular representrativo’ [A lo que la titular del despacho respondió] que ese antiguo esquema de discusión ‘no sirvió para resolver el problema de la pobreza ni contribuyó a desarrollar de manera armónica la economía del país […] el diálogo es una institución fundamental y consustancial a la democracia participativa [que] se practica de manera cotidiana en todos los niveles e instancias sin exclusiones de ningún tipo […] las constantes consultas realizadas en temas de interés en materia económica y social, el diálogo producto del proceso constituyente, el arduo trabajo de la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo que contó con la facilitación del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)'» (Últimas Noticias, 17.10.04, pág. 19).

La Misión de Contactos Directos estuvo encabezada por el ex viceministro y catedrático argentino Jorge Sappia, quien aseguró que el objetivo de la misma fue “contactar directamente los actores sociales y funcionarios del Estado para que proporcionen información sobre la libertad sindical» (Aporrea, 13.10.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=51505).

Sappia manifestó su satisfacción por la atención con la cual ha sido recibido por los diferentes factores, «quienes han tenido una amplitud de criterio al momento de suministrar la información» (Aporrea, Ídem.), pero rechazó adelantar opinión sobre la situación laboral venezolana (El Universal, 15.10.04, http://www.eluniversal.com/2004/10/15/pol_art_15108A.shtml). No obstante, aseguró el informe que llevará ante el pleno de la OIT será difundido en enero (Cadena Global, Ídem.).

La Asociación Civil de Desarrollo de Vivienda (ASOCIDE) del Edo. Falcón rechazó la situación de estancamiento en la que el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) mantiene la construcción de 125 viviendas en el sector Dabajuro de la entidad federal (Panorama, 27.09.04, pág. 1/5).

Neida Méndez, presidenta de ASOCIDE, explicó que el Consejo Municipal de Dabajuro le otorgó a FONDUR un lote de 49.764,76 mts2, en donde un año más tarde se aprobaría la construcción de estas soluciones habitacionales correspondientes a la organización social en cuestión.

A pesar de esta adjudicación, en el año 2003 FONDUR le comunicó a ASOCIDE que carecían de recursos para iniciar el plan de construcción.

Méndez agregó que ni la Gobernación ni la Alcaldía han prestado atención a su exigencia “ni siquiera nos han dado audiencia” (Panorama, Ídem.).

Ante estas denuncias, funcionarios de FONDUR afirmaron que el proyecto de construcción de estas viviendas “está aprobado, sin embargo el dinero necesario para ejecutar el plan habitacional no ha llegado. ‘Cuando el dinero presupuestado se destine a ese proyecto, la institución se comunicará con las asociaciones y cooperativas, en este caso para reajustar el presupuesto” (Panorama, Ídem.).

La Asociación Civil Altos del Sol Amado también elevaron su reclamaron contra FONDUR por la doble adjudicación de 11 viviendas en la etapa II de la urbanización homónima ubicada en el Edo. Zulia.

Virgen Álvarez, presidenta de la asociación explicó que, de 85 soluciones habitacionales entregadas el pasado 05.08.04 por el ente público, 11 “ahora tienen otros dueños, cuando ya había personas que llenaron la planilla hace 4 años” (Panorama, 30.09.04, pág. 1/3).

Gonzalo Medina, coordinador general de la asociación, señaló que “hay vicios, porque las actas de entrega están firmadas por Edgar Camejo, presidente de FONDUR” (Panorama, 30.09.04, Ídem.).

Katerín González, denunció que FONDUR entregó a otras personas la casa Nº 663, de la cual posee su contrato de compra.

Pero no sólo acusan de doble adjudicación a FONDUR, Marisel de Pérez comentó que “firmamos la planilla hace 4 años, dimos la inicial de 4.060.000 bolívares en el 2002 para una casa de 4 cuartos, estuvimos en Caracas 20 días peleando nuestras casas, y nos entregaron está, que es de 3 habitaciones” (Panorama, 30.09.04, Ídem.).

Ante estas denuncias, el mayor (Ej.) Carlos Gil, coordinador regional de FONDUR, expuso que se reunirá con los adjudicatarios para recoger pruebas que luego enviará a la sede principal del organismo en Caracas.

  • Formulación de Políticas públicas claras y específicas en relación con los Pueblos Indígenas venezolanos, en particular, en materia de salud, educación y seguridad fronteriza, con la participación
    protagónica de los propios pueblos, a través de sus lideres comunitarios tradicionales y de sus organizaciones sociopolíticas.
  • Impulsar el derecho al etnodesarrollo de los Pueblos Indígenas, respetando su diversidad cultural y su cosmovisión.
  • Declaración de la emergencia en materia sanitaria, ambiental y fronteriza respecto a los Pueblos Indígenas, para afrontar de forma articulada, coherente, respetuosa y participativa la gravedad de
    la situación indígena en dichas materias.
  • Avanzar en forma eficaz y diligente en el proceso de Demarcación territorial indígena, garantizando el protagonismo de los líderes tradicionales, la diversidad sociocultural de los Pueblos y autorizando los recursos técnicos y financieros necesarios.
  • Priorizar la realidad de los Pueblos y Comunidades que tienen vulnerabilidad territorial y ambiental (Barís, Kuivas, Japrerias, Sanemás, Yabanas, Yukpas y Waraos), mediante una predemarcación a
    nivel de Pueblos Indígenas a escala cartográfica 1:250.000, así como los de aquellos que ya adelantaron o culminado su proceso demarcatorio (Ye´kwanas, Sanemás, Pemontön).
  • Aplicar mecanismos de comunicación que permitan dar a conocer las implicaciones socioculturales y socioambientales de los Proyectos del Ejecutivo Nacional (Proyectos de Puertos de Aguas Profundas, Carbonífero en la Sierra de Perijá, Plataforma Gasífera Deltana, Proyecto Delta de Biodiversidad, Proyectos de Zonas Francas fronterizas, Planes de Ordenamiento de Áreas Protegidas,
    Proyectos de Represas Hidroeléctricas) que afectarían (o afectan) a los siguientes Pueblos Indígenas: Wayuú, Japreria, Barí, Yukpa, Warao, Kari´ña, Pemón, Sanemá, Yaruro).
  • Dar cumplimiento inmediato a los compromisos políticos, administrativos, judiciales y financieros con el Pueblo Yanomamï, contraídos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz
    de la Masacre de Haximú.
  • Declaración de la emergencia en materia lingüística respecto a los Pueblos Indígenas Akawaio, Añù, Arawako, Baniwa, Barè, Chaima, Hoti, Ka‘riña, Piapoco, Puinave, Mapoyo, Uruak, Warao, Warekena, Yeral y Wanai, a fin de preservarlas de la extinción o erosión lingüística.
  • Garantizar los recursos técnicos y financieros para la aplicación de la Educación Intercultural, y para hacerla extensiva progresivamente al resto de la población venezolana.
  • Devolver los datos de la base BIOZULUA a sus dueños originarios, los Pueblos Indígenas amazónicos, estableciendo una moratoria a la bioprospección y una prohibición de la investigación de los saberes ancestrales.
  • Aprobar en un plazo breve y con participación de los propios Pueblos la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley de Educación de Pueblos Indígenas y Uso de Idiomas.
  • Investigar y sancionar todo hecho que constituya una violación del derecho a la vida o situaciones de trato inhumano o degradante de la condición personal indígena, y en particular, las situaciones de
    violencia de grupos armados, de esclavitud (o semi esclavitud), servidumbre, de trata de blancas o tráfico de personas en las comunidades indígenas, y que afectan mayoritariamente a los siguientes
    Pueblos indígenas (en particular a sus niñas): Yukpa, Barí, Warao, Kuiva, Hiwi, E´ñepá, Yanomamï. (Provea, 14.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Las organizaciones integrantes del Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) condenan la usurpación de la frecuencia 94.9 FM que desde 4 años pertenece a la emisora comunitaria Radio Alternativa de Caracas, que forma parte de esta coalición de organizaciones sociales.

Radio Alternativa de Caracas presentó oportunamente la solicitud de habilitación y cumplió con todos los requerimientos legales exigidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Sin embargo, desde el 28 de septiembre de este año, las transmisiones de esta emisora fueron injustificadamente interferidas por otra radio de mayor potencia. CONATEL no sólo no respondió la solicitud de habilitación de la Radio Alternativa de Caracas, sino que permite que otra emisora transmita programación de prueba en el dial que utiliza esta emisora comunitaria.

En este sentido, conviene recordar lo señalado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto al papel que los medios comunitarios juegan en la canalización de la expresión de los sectores tradicionalmente excluidos:

“Las radios comunitarias, que deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados, responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil. La necesidad creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo”.

El Capítulo Venezuela de la PIDHDD considera que la ausencia de una respuesta gubernamental oportuna a la petición de habilitación de la Radio Alternativa de Caracas, aparte de afectar la seguridad jurídica de las emisiones de esta emisora, implica una omisión estatal grave en el deber de administrar las ondas del espectro radioeléctrico que evite este tipo de afectación negativa del derecho a la libertad de expresión.

Las instituciones y organizaciones del capitulo venezolano de la PIDHDD, exigimos de CONATEL una solución de fondo que permita que la emisora emita en la frecuencia que utiliza desde hace 4 años y entregue la habilitación legal como hicieron con muchas otras radios comunitarias.

La Radio Alternativa de Caracas es pionera en el ejercicio comunitario de la comunicación radiofónica en Venezuela, transmitiendo de manera consecuente y contribuyó en la formación nuevos comunicadores comunitarios, apoyó la causa de los trabajadores de los pueblos indígenas, los derechos humanos y se solidariza con la lucha a favor de los cambios sociales que permiten la preeminencia de la justicia social, la solidaridad y el desarrollo de los pueblos. (Capítulo Venezuela de la PIDHDD, 08.10.04, [email protected]).

A través de la realización del foro «Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz impulsa en Venezuela la campaña internacional para la firma, ratificación e implementación de este instrumento legal, promovida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 18.10.04, [email protected]) .

El evento se efectuó el pasado 19.10.04 en la sede de la Embajada de Canadá, y contó con Humberto Prado, Coordinador General de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones; Álvaro Cabrera, Director de Relaciones Interinstitucionales de la Defensoría del Pueblo y Alfredo Ruiz, Coordinador General de la Red de Apoyo, como panelistas.

El IIDH y la APT, junto con más de 30 organizaciones de todo el mundo, están realizando esta campaña internacional con el objetivo de incidir en los gobiernos de las naciones que aún no han ratificado y adoptado el referido instrumento contra la tortura. Para ello están presentando en 20 países de América el libro “El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Un Manual para la Prevención”.

La promoción de esta campaña internacional y la realización de este foro contra la tortura, cobra especial interés en nuestro país, toda vez que Venezuela no ha suscrito ese protocolo facultativo de la ONU y está en mora con la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República la cual ordena que antes del año 2001 debía promulgarse una ley en contra de la tortura.

Para la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz resulta fundamental conocer y difundir la opinión que tienen los diversos sectores de la sociedad venezolana, acerca de dicho instrumento. Además, este encuentro es propicio para colocar en la agenda pública como asuntos prioritarios y de consenso la perentoria definición e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y la lucha contra la tortura.

Ante las acusaciones sobre el estancamiento en el que presuntamente se encuentran las investigaciones adelantada por el el Ministerio Público (MP) respecto a los fallecimientos y heridos ocurridos en los sucesos de abril de 2002, el ente público explicó que los casos relacionados con los heridos leves todavía están siendo analizados, pues se presentaron dificultades debido a que los supuestos afectados no acudieron ante la Medicatura Forense para practicarse el respectivo examen para determinar los hechos que presumiblemente provocaron esos daños.

En comunicado de prensa, el MP aseguró que los expedientes relacionados con los fallecidos y heridos durante los sucesos de abril de 2002 están siendo revisados por el equipo fiscal constituido por Danilo Anderson, Danilo Jaimes, Sonia Buznego y Turcy Simancas. Un estudio adelantado por esta comisión «aclara que aún no han decidido archivar ningún expediente. Por el contrario, recuerdan que están a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre la apelación introducida contra el fallo que absolvió al concejal Richard Peñalver, Henry Atencio, Rafael Cabrices y Nicolás Rivera» (El Universal, 08.10.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/10/08/ccs_art_08298A.shtml).

El MP también recuerda que «la acusación contra los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) está paralizada hasta tanto el máximo juzgado del país resuelva si asume el conocimiento del caso, tal y como lo solicitó la defensa. La vicepresidenta de la Sala Penal, magistrada Blanca Rosa Mármol de León, debe presentar un proyecto de fallo en el que se resuelva si se ordena el reinicio del proceso en Caracas y si los detenidos serán enjuiciados en libertad» (El Universal, Ídem.).

Con respecto a las averiguaciones abiertas contra algunos efectivos de la Guardia Nacional (GN) acusados de dar muerte y herir a varias personas el 11.04.02, «fuentes cercanas al MP responsabilizaron de los retrasos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pues ‘no ha entregado los resultados de las experticias ordenadas, para poder decidir si procede o no la acusación de los señalados'» (El Universal, Ídem.).

Este señalamiento ya fue tratado en la edición N° 143 de este boletín electrónico (ver en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm#21), donde se reseñaron algunos llamados de atención relativos a la posible reducción de las capacidades de acción de la comisión de funcionarios del CICPC, responsable de investigar estos hechos.

A pesar de estas observaciones, en otras instancias judiciales recientemente se efectuaron medidas vinculadas a tales sucesos. A primera hora del 14.10.04, el Tribunal Segundo de Juicio del Estado Táchira encontró culpables por el delito de rebelión civil en grado de cooperación a 8 de los 9 acusados por los hechos ocurridos el 12.04.02 en la sede de la Gobernación de esa entidad federal (El Universal, 14.10.04, pág. 1/8).

El juzgado Mixto (con 2 escabinos), presidido por el juez Gerson Niño, condenó a 6 años de prisión a Saúl Lozano, Orlando Pantaleón y Dany Ramírez por la presunta comisión del delito de rebelión civil en la modalidad de cooperación inmediata, mientras que Elsy de Peña, Jacobo Sopelano, José Neira Celis, William Forero y Omar Guillén fueron sentenciados a 3 años por su participación en los hechos en grado de cooperación simple. Wilfredo Tovar, el noveno acusado, quedó inmediatamente en libertad.

Al conocer la decisión, los abogados defensores solicitaron al juez Niño una medida cautelar sustitutiva a los fines de que los condenados pudieran cumplir su pena en libertad, mientras se realizan los trámites para apelar del fallo.

El juzgado admitió la petición de la defensa, pero solo en el caso de las 5 personas sentenciadas a 3 años de prisión. Sin embargo, para que la medida sea procedente, cada uno de los solicitantes deberá presentar 2 fiadores. Una vez cumplida esta exigencia, los detenidos quedarán sometidos a régimen de presentación ante el Tribunal. Asimismo, se les decretará prohibición de salida del país. Mientras tanto, deberán permanecer recluidos, junto a los otros 3 condenados, en la cárcel de Santa Ana (El Universal, 14.10.04, Ídem.).

Según un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), “la solución al problema de hacinamiento que se vive en las 30 cárceles del país no está en la construcción de más internados judiciales. Hay otros factores que podrían incidir en la disminución de los volúmenes de la población penal” (El Nacional, 03.10.04, pág. B/23).

Señaló en este análisis del OVP que «a finales de 1999, en Venezuela había aproximadamente 30.000 presos. Cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, la cifra descendió a 12.000, pero en el año 2001 se incrementó a 20.000 internos. En la actualidad existen procesados y penados que son víctima del retardo judicial porque no se les han otorgado las medidas cautelares sustitutivas y alternativas de cumplimiento de condena. Para conceder los beneficios de destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, los jueces de ejecución envían las listas de los reclusos que pueden optar a estas medidas. Una vez que esos nombres llegan a manos del equipo técnico que se encarga de hacer la evaluación —integrado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales—, no existe la celeridad adecuada porque los resultados del estudio tardan meses, lamentablemente, por la falta del personal adecuado para el cumplimiento de esa función” (El Nacional, Ídem.).

La organización considera que un plan gradual en el que se incluyan los beneficios a los internos podría bajar la población reclusa y llevarla a 12.000. El cupo que hay en los 30 establecimientos carcelarios del país es de aproximadamente 16.389. “Entonces, se pudiera aplicar un plan agresivo de remodelación de penales” (El Nacional, Ídem.), explicó Humberto Prado, coordinador del OVP.

A juicio de Prado, «el hacinamiento en los internados judiciales es el resultado de la falta de políticas para enfrentar la criminalidad, y como consecuencia se ha incrementado el número de detenidos por la comisión de diferentes delitos. La experiencia internacional indica que la construcción de cárceles, públicas o privadas, no soluciona el problema de hacinamiento porque si el índice delictivo se eleva, también aumenta el número de aprehendidos y por ende los nuevos establecimientos carcelarios se sobrepoblarán» (El Nacional, Ídem.).

Los expertos del OVP creen que hasta ahora no ha habido voluntad para establecer un sistema carcelario que permita la recuperación del presidiario: “el ocio de los reclusos, el hacinamiento, la falta de personal adecuado que preste el servicio en los penales, el tráfico de armas y de drogas por parte de los vigilantes y la falta de descentralización de los internados traen como consecuencia más violencia” (El Nacional, Ídem.).

El análisis de la situación de los establecimientos judiciales indica que es necesario ensamblar un plan de remodelación para humanizar los penales: “porque no tiene sentido que Venezuela no pueda tener unas cárceles dignas sobre todo cuando se ha gastado cantidades enormes de dinero en la construcción de instalaciones penitenciarias, evidentemente mal gerenciadas y mal mantenidas” (El Nacional, Ídem.).

El hacinamiento no sólo existe en los internados judiciales. El año pasado representantes del OVP, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) visitaron (ver edición N° 120 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_120.pdf) la comisaría modelo Antonio José de Sucre de la Policía Metropolitana, en Catia, donde constataron que el local, con un capacidad para 56 personas detenidas en forma transitoria, tenía 214. En la celda Nº 8 ocurrió el homicidio de Jhonny GUTIÉRREZ, quien fue aprehendido por el delito de robo. Junto con él había 30 detenidos (El Nacional, Ídem.).

Una situación similar comprobó el OVP en la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al mando del comisario Ender Rodríguez, quien después fue transferido a otro cargo. Allí había 80 detenidos distribuidos en 3 calabozos construidos para no más de 25 personas. Esta dependencia de la policía científica fue creada para la detención de individuos solicitados por el Poder Judicial, no es un depósito ni sitio de reclusión. La mayoría de los detenidos tenía medida privativa de libertad y esperaban ser llevados a internados judiciales.

Igual situación vivían 206 hombres y mujeres en la comandancia de la policía de San Félix, Edo. Bolívar. Allí no hay comedor ni comida. Los alimentos los llevan los familiares de los aprehendidos. En ese ambiente de insalubridad, los presos sufren enfermedades dermatológicas, gripe, bronquitis. Para la fecha en que los representantes del OVP visitaron la dependencia había una epidemia de conjuntivitis.

Capítulo aparte merece el tema de la salud dentro de los establecimientos carcelarios. El estudio realizado por el OVP indica que las instalaciones físicas están deterioradas y que la mayoría no cumple con las condiciones sanitarias para la atención debida que se debe dar a un ser humano.

Hay presos que padecen enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis, hepatitis B y C y enfermedades de transmisión sexual, “sin que exista una atención continua y sostenida por parte de las autoridades de los penales” (El Nacional, Ídem.).

Internados como el Rodeo II y la cárcel de San Felipe, Edo. Yaracuy, no cuentan con médicos. La mayoría de los penales sólo tienen un galeno para atender a una población de 800 y hasta 1.000 internos. En los internados donde no hay cargo para médicos se le da ingreso a un profesional de esta disciplina como vigilante, por lo que recibe el salario mínimo.

El OVP hizo un análisis del presupuesto de salud destinado a las cárceles para los años 2001 y 2002, el cual constaba de tres partidas: medicamentos, 170 millones de bolívares; material médico quirúrgico, 75 millones; y equipos médico odontológicos, 160 millones, para un total de 405 millones, lo que representa una media de 700 bolívares mensuales por cada interno.

Como un ejemplo de la insuficiencia de estos recursos, el OVP recordó que, conjuntamente con Acción Solidaria, organización con servicio en poblaciones con VIH/SIDA, realizó un trabajo sostenido para lograr que 2 reclusos con coleoptomía sean intervenidos. El gasto en materiales y exámenes alcanzó los 600.000 bolívares.

Por esta razón, el OVP denunció que “99% de los servicios médicos de las cárceles del país, por el hacinamiento, la promiscuidad y la falta de higiene, genera problemas sanitarios que colapsan la salud de los penales” (El Nacional, Ídem.).

Armando Maldonado, representante de la Oficina de Migración y Fronteras de San Antonio explicó el procedimiento que su despacho efectúa en los casos de solicitud de estatus de refugiado que reiteradamente se presentan ante el Estado venezolano: «por instrucciones de la Dirección Nacional de Refugiados, la secretaría regional está atendiendo a las personas que acuden a la Oficina de Migración o a la secretaría técnica en San Cristóbal, Edo. Táchira, solicitando su condición de refugiados. Analizamos los casos, entrevistamos a las personas, recabamos todos los documentos y, si consideramos que está dentro del lapso legal, entregamos el documento provisional de refugio que llegó hace aproximadamente un mes. Este documento es firmado por el jefe de Migración y la asesora legal de la secretaría técnica regional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Cáritas son las instituciones que, previo estudio, convocan a las personas solicitantes y en Migración se efectúa la entrevista» (La Nación, 07.10.04, A/12).

Maldona relató que «la persona expone su caso, en su mayoría vienen huyendo de la violencia o son perseguidos por alguna circunstancia. Nosotros los recibimos y, si llenan las exigencias, les damos el documento provisional […] Este documento es personal y puede ser prorrogado cada 15 días en el Servicio de Migración. Con el documento otorgado las personas se pueden desenvolver solamente en la zona de San Antonio y Ureña, Edo. Táchira. No es un documento para viajar por todo el territorio nacional. Si necesitan ausentarse de la jurisdicción donde están residiendo, deben ir a Migración y solicitar el permiso para que quede constancia de que están abandonando su jurisdicción» (La Nación, Ídem.).

Añadió el funcionario que, hasta ahora, su despacho ha entregado este documento a 11 personas.

  • Abstenerse de formular declaraciones públicas que propicien agresiones hacia comunicadores sociales o su intimidación, todo lo cual puede ser traducido en prácticas de autocensura que limitan a los ciudadanos el acceso a la información y opinión.
  • Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
  • Desarrollar una política estatal que garantice, a través de un sistema de radio-televisión de servicio público, la necesaria pluralidad de opinión e información propias de una sociedad democrática, así como la construcción de una oferta que mejore la calidad en contenidos y formatos.
  • Desarrollar una política de asignación de frecuencias de radio y televisión que permita una expresión de la pluralidad de los distintos actores políticos nacionales, conjuntamente con una transparente política de distribución de los recursos de la publicidad y propaganda oficial.
  • Promover la industria audiovisual nacional, con el fin de contribuir, mediante una política integral, a enaltecer los valores y expresiones culturales nacionales. Esta política debe incluir la asignación de recursos económicos y el desarrollo de canales y circuitos de distribución.
  • Promover la creación de medios de comunicación locales, comunitarios, plurales y alternativos, en un marco de respeto a su autonomía, como mecanismo para garantizar el derecho a la expresión de sectores sociales excluidos y el derecho a una información plural de la sociedad.
  • Abstenerse de utilizar la potestad de asignación o suspensión de frecuencias radio-televisivas como un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación orientado a limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
  • Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica en los medios de comunicación por parte de los afectados.
  • Ajustar la legislación y reglamentos relacionados con la comunicación social para evitar incompatibilidades con los postulados constitucionales y los tratados internacionales, en particular en lo referido a las figuras del vilipendio o desacato.
  • Desarrollar políticas que garanticen el acceso a la información de carácter público en posesión del Estado, en todas sus instancias.
  • Promover ante las distintas instancias del Poder Judicial un conocimiento y repercusiones prácticas de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
  • Abstenerse de utilizar procesos judiciales como mecanismos orientados a limitar la libertad de expresión.(Provea, 14.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

«Ante las recientes discusiones planteadas alrededor de la despenalización del aborto, es conveniente invocar la perspectiva de derechos humanos.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que ‘la penalización de todo aborto, no terapéutico, plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas’.

Anualmente en el país 60.000 mujeres interrumpen su período de gestación y 8.000 son hospitalizadas por complicaciones tras practicarse abortos en condiciones insalubres.

A propósito de esta situación, la misma instancia de Naciones Unidas exhortó al Estado venezolano a enmendar la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, no terapéutico.

En este sentido, una legislación sobre esta materia será adecuada cuando permita el aborto en distintas circunstancias, más allá de la estricta necesidad de salvaguardar la vida de la parturienta, como por ejemplo, cuando el embarazo es provocado sin el consentimiento de la mujer.

En aras de proteger los derechos de la mujer y su familia, incluyendo su propio derecho a la vida, la despenalización del aborto es una garantía para evitar la muerte de mujeres que se someten a abortos inadecuados por temor a sus consecuencias penales» (Provea, 15.10.04, [email protected]).

El activista de derechos humanos y presidente de la organización argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), escribió en su columna semanal Vértigo, que publica el diario argentino Página 12 (edición del 17.10.04, http://www.pagina12web.com.ar/diario/elpais/1-42420.html), el siguiente artículo:

«La OEA

Cada uno por sus propias razones, Washington y Caracas están poniendo en tensión el sistema interamericano. Las propuestas estadounidenses de “modernización” de la Junta Interamericana de Defensa pasan por alto el constante reclamo de la Argentina y otros países por la institucionalización de esa JID y su sujeción a las decisiones políticas del organismo regional. Por el contrario, Estados Unidos intenta mantenerla como un punto de encuentro entre los militares de todos los países miembros, al margen de esa instancia y del control de los propios gobiernos, lo cual contradice toda la retórica sobre democratización y subordinación al poder civil. El presidente venezolano Hugo Chávez, por su parte, estuvo entre los inspiradores del proyecto de reforma estructural de la OEA que durante sus dos semanas de mandato como secretario general impulsó Miguel Breve Rodríguez. Fue muy significativa la intervención de la embajadora venezolana en la sesión del Consejo Permanente que recibió la renuncia de Rodríguez, hace nueve días. La representante de Chávez dijo allí que su país esperaba que las reformas no se detuvieran. El objetivo de ese gobierno es limar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque ambas han producido informes críticos sobre lo que ocurre en esos campos en la República Bolivariana (quien desee conocerlos los encontrará en http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm y en http://www.cidh.oas.org/relatoria/listDocuments.asp?categoryID=10).

Para la Argentina esta situación constituye una invitación a la sutileza y la flexibilidad: contra Bush y su tentativa de policializar a las Fuerzas Armadas de la región, pero sin apoyar a Chávez en su desdén por los mejores instrumentos que los ciudadanos americanos tienen a su disposición para protegerse del autoritarismo y la discrecionalidad del poder, cualquiera sea su racionalización discursiva, como lo demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al condenar el golpe del 12 de abril de 2002 y en centenares de visitas a países en los que se violaban derechos fundamentales, como la Argentina dictatorial de 1979″.

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autoras: Yolanda D´Elia; Thais Maingon
Año: 2004
Sinopsis:
«El presente estudio está dirigido a construir una definición amplia del concepto de equidad inscrito en el paradigma del desarrollo humano, llevándolo a un campo de carácter ético-normativo (que se asocia con la idea de lo que es justo), a un campo contextual (relacionado con las múltiples formas de inequidad que tienen lugar en el seno de una sociedad como productos de relaciones y jerarquías de poder que afectan tanto las condiciones y los modos de vida como las posibilidades de surgir y desarrollarse como sujetos sociales igualmente válidos), y a un campo de múltiples e interrelacionadas dimensiones de acción (en los  planos de derechos humanos, del acceso a bienes y servicios, de capacidades alcanzadas y alcanzables y, del conjunto de estos en dirección a la ampliación de las opciones de vida que tienen las personas) para superar las distintas manifestaciones de inequidades en toda su dinámica y complejidad»([email protected]).

Autor: Armando Barrios Ross
Año: 2004
Sinopsis:
«En estas páginas se examinan algunos retos que enfrenta toda sociedad en sus esfuerzos por desarrollar acciones colectivas que atiendan la equidad como objetivo prioritario. Se pasa revista tanto a algunas de las ‘etapas’ fundamentales de los procesos de políticas públicas como a un conjunto seleccionado de arreglos institucionales desde una perspectiva que pone énfasis en las posibilidades de mejorar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a servicios y ejercer sus derechos humanos, así como su capacidad para canalizar razonablemente sus diferencias» ([email protected]).

Autor: Hilario Ibáñez
Año: 2002
Sinopsis:
«El proceso de construcción de unas relaciones laborales marcadas por la precariedad, la segmentación e incluso la siniestralidad nos muestra las contradicciones existentes entre democracia y modo de producción capitalista. Es difícil que todas las personas puedan convertirse en ciudadanos libres en una sociedad en la que crece el recorte de los derechos laborales. Está aumentando el número de personas que carecen de un trabajo digno y decente. El asedio neoliberal al estado del bienestar ha llevado a un tipo de legislación laboral que aumenta la indefensión de los trabajadores» ([email protected]). 

Autor: Larry Garber
Año: 1996
Sinopsis:
«Las elecciones en otros países siempre han estado sujetas a la observación de extranjeros. Como parte de sus tareas regulares, el personal de una embajada ubicada en un país extranjero tradicionalmente ha analizado los sucesos políticos de un país que lleva a cabo una elección. De la misma forma, donde los resultados de una elección pueden tener efectos sobre las relaciones entre ese país y otros, los periodistas han observado el proceso y han informado sobre los resultados. Finalmente, los expertos en ciencias políticas y otros académicos han estudiado las elecciones a través del mundo, para comprender el proceso políticos de diferentes países. Parte de la investigación ha incluido a menudo, una visita en el día de las elecciones al país bajo estudio» ([email protected]).

INVITACIONES A EVENTOS

Entre el 18.04 y el 30.10.05 se realizará, por 2do. año consecutivo, el II Diplomado de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, organizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con el International Center for Transitional Justice (ICTJ) de Nueva York.

El programa ofrece la oportunidad de estudiar temas relacionados con los procesos de transición a la democracia y derechos humanos en sociedades afectadas, en el pasado reciente, por regímenes represivos o conflictos armados, así como el desafío más general de la construcción de sistemas democráticos viables.

Este diplomado, diseñado para 25 participantes, ofrece becas completas y parciales para profesionales de diversas disciplinas (derecho, periodismo, educación, trabajo social, entre otras), cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos o de influir en la construcción de sociedades democráticas más justas, abiertas y pacíficas en sus países de origen.

El programa consistirá en actividades académicas presenciales en Santiago de Chile (2 semanas al comienzo y 1 semana al final del curso) y clases online (21 semanas). Se otorgará un Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes cumplan satisfactoriamente con el programa de estudios.

Para más información, consulte la dirección URL: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/ddhh/index.html (Dentro de Derechos Humanos, 05.10.04, [email protected])

DOCUMENTOS

«‘Esperamos que se les ablande el corazón a los responsables de esta situación y que no olviden que en el J. M. de los Ríos se trabaja con niños’. Así se expresó el Dr. Rubén Darío Valdivia, director médico, al referirse a la problemática del Hospital J. M. de los Ríos, donde cada año fallecen niños y niñas por carencia de recursos (Ultimas Noticias 2-10-04. p. 3).

En la emergencia del Hospital J.M de los Ríos, la semana pasada, se produjo el fallecimiento del niño de dos meses Jondy Berroterán (por septicemia) y del adolescente de 12 años, Joander Flores (con neumonía bilateral). Según declaraciones del jefe del servicio, Dr. Gustavo Martínez, estos pacientes ‘pudieron haberse salvado y recuperado’ (…) Cuando llegaron ‘no contábamos con los antibióticos adecuados’. Hubieran sobrevivido si las cosas se hacen a tiempo, ‘porque en la atención del paciente crítico es vital el tiempo’. (Ultimas Noticias 2-10-04. p. 3).

Según el Director Médico del J.M de los Ríos, Dr. Rubén Darío Valdivia, ‘el desabastecimiento es total, por lo que los galenos le solicitan a los pacientes traer los insumos necesarios. (El Universal, 3-10-04, p.2-28).

En declaraciones anteriores de prensa del 10 y 11 de marzo de 2004, el Dr. Jorge Prieto (Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital J. M de los Ríos), señaló que en el primer trimestre del año practicó intervención quirúrgica solo a un paciente de una enorme lista de espera, por falta de insumos. Cabe recordar que en el 2003, en el mismo lapso de tiempo la situación fue peor, así lo registran las estadísticas del centro hospitalario. Murieron más de catorce niños con cardiopatías congénitas que se complicaron en la espera.

Incluso uno de ellos falleció, a consecuencia de una bacteria hospitalaria, después de permanecer más de un mes hospitalizado esperando la vital intervención.

Frecuentemente el Alcalde Metropolitano Alfredo Peña, expresa que el Ministerio de Finanzas no le entrega los recursos completos, y tampoco los alcaldes de los municipios entregan la asignación correspondiente a ese ente regional (El Universal. 29-9-04. p. 2-12). Por su parte el Ministro de Salud y Desarrollo Social Dr. Roger Capella, en declaraciones de prensa, señaló que su despacho ha enviado en forma oportuna los recursos a todos los hospitales (Últimas Noticias 3-10-04, p. 3). Igualmente el Ministerio de Finanzas en rueda de prensa indicó que ha entregado a la Alcaldía Mayor los recursos correspondientes.

Queremos destacar que este problema no es reciente. A solicitud de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, comparecimos el 05-08-03 para participar en una reunión en la que la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Municipal, se comprometió a realizar una investigación con relación a unos recursos, que de acuerdo a denuncias de la directora del hospital J. M. de los Ríos no llegaron y que el MSDS señala haberlos entregado.

Hemos solicitado en repetidas ocasiones a los responsables de la Comisión, sin lograr respuesta alguna, que hagan público los resultados de las investigaciones que ya han culminado, a los fines de clarificar dónde están los recursos, evitar el peloteo mientras que los pacientes deambulan y empeoran. Insistimos una vez más ante esta Comisión para que cumpla con sus responsabilidades.

Esta es la realidad que se repite año tras año en muchos hospitales públicos del país, servicio vital (que debe ser completamente gratuito), donde acuden los pacientes que no cuentan con los recursos económicos necesarios para asumir los altos costos de la salud privada.

Por lo tanto, en CECODAP recibimos con beneplácito los acuerdos de la Mesa de Diálogo (4-10. 2004), entre el MSDS y la Alcaldía Mayor, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Acordaron que en un plazo de 72 horas las partes responsables, deberán iniciar la dotación de los 14 hospitales metropolitanos con los insumos médicos necesarios (Noticieros de Globovisión, VTV, diario El Universal, Últimas Noticias 4-10-04).

Solicitamos a la Contraloría General de la República que se dedique a estudiar y hacer el seguimiento a los desembolsos y gastos realizados en el área de salud.

Hacemos votos para que los entes responsables honren sus compromisos, pero igualmente es inadmisible que varios niños hayan perdido la vida y muchos otros pacientes no hayan sido atendidos oportunamente, por la incapacidad de las autoridades, de ambas instancias, de coordinarse y buscar soluciones a los problemas, privilegiando el enfrentamiento y la diatriba política electoral.

Lamentablemente hay víctimas, por lo que solicitamos a la Fiscalía General de la República, por ser este hecho de acción pública, que inicie las investigaciones pertinentes que conduzcan a sancionar a los responsables, reparar los daños causados y evitar que se repitan estas violaciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de población en general.

El Protocolo de San Salvador-1988, establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. El Estado venezolano se ha comprometido a extender los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.

Con relación al derecho a la salud y a la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) el ordenamiento jurídico específico (Convención sobre los Derechos del Niño- 1990, la LOPNA -2000) y especialmente el artículo 83 de la CRBV, indican que ‘La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida’.

Queremos hacer llegar nuestros sentimientos de solidaridad y palabras de condolencia a los familiares de las víctimas y un reconocimiento especial a los médicos, trabajadores de salud, pacientes y sus familiares que han reclamado y exigido el respeto al derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos» (CECODAP, 07.10.04, http://www.cecodap.org.ve/htm/ultimahora/u5.htm).

«La reforma del Código Penal y la solicitud fiscal que busca la privación de libertad contra los directivos de la organización civil ‘Súmate’ revelan claramente los gravísimos riesgos que se ciernen actualmente sobre ONG. Con estas actuaciones se pretende criminalizar la defensa de los derechos humanos, creando tipos legales inconstitucionales y apartados del Derecho Internacional.

Sin duda alguna todas las ONG deben sentirse amenazadas por la situación actual. Estamos ante un evidente quiebre de las garantías indispensables de trabajo de los defensores de derechos humanos. En este sentido alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre:

1. El proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, presentado el 1 de abril de 2003 por la bancada oficialista y que fue aprobado en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional el 25 de mayo de 2004, a pesar de que se apartaba del trabajo realizado por la Comisión Especial que estudia la reforma del Código Penal. En este proyecto de reforma, específicamente en su artículo 10, se incluye la tipificación como delito, el recibir dinero de entes nacionales o extranjeros, ‘destinados a conspirar contra la integridad del territorio de la República, las instituciones del Estado, o desestabilizar el orden social…’. El texto es del tenor siguiente:

Artículo 10:
Se incluye un nuevo artículo numerado 296A, en la siguiente forma.
Artículo 296 A.

Todo aquel que suministre, reciba o colabora en la distribución de recursos nacionales o provenientes del extranjero, de cualquier índole, destinado a conspirar contra la integridad del territorio de la República, las instituciones del Estado, o desestabilizar el orden social; será penado con presidio de 20 a 30 años. La pena será aplicada en su límite máximo cuando los recursos recibidos provengan, directa o indirectamente de un Estado o sociedad extranjera.

Si lo previsto en este artículo y en el artículo 345 diera a lugar a su calificación como traición a la patria según lo dispuesto en el Código Penal o en el Código de Justicia Militar, sus autores serán juzgados según estos códigos.

Es ampliamente compartido que en Venezuela existe una importante necesidad de adecuación de la legislación penal general, concentrada principalmente en el Código Penal Venezolano, cuyos fundamentos generales y texto datan de 1964, cuando recién Venezuela incorporaba formalmente el Sistema Democrático como forma de gobierno. Luego de la aprobación de la Constitución en diciembre de 1999[1], que incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, se requiere urgentemente una modificación exhaustiva de la legislación, en particular en materia penal, pero esas modificaciones deben hacerse en el marco del Derecho Internacional.

2. El 30 de septiembre de 2004 la Fiscalía Sexta con Competencia Nacional del Ministerio Público solicitó la medida privativa de libertad contra directivos de la organización Súmate por el delito de conspiración, tipificado en el artículo 132 del Código Penal.

Ante esta delicada situación que coloca en serio riesgo las libertades públicas y muy particularmente las actividades de las ONG, señalamos lo siguiente:

Durante más de una década las organizaciones no gubernamentales en Venezuela han realizado su labor con estricto apego al Derecho Interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tal y como está consagrado, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos en la Resolución 53/144, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los recursos provenientes de la cooperación internacional que apoyan la labor de las organizaciones no gubernamentales son públicos y notorios. Su transparencia y licitud no están en juego y cualquier acusación que se presente al respecto afecta de manera directa a importantes relaciones de carácter diplomático entre Estados. Criminalizar la recepción de fondos de cooperación internacional sólo procura cerrar espacios vitales de participación democrática.

El país ha sido sometido regularmente a una campaña de intimidación, mediante la cual se pretende descalificar y deslegitimar sistemáticamente a personas y organizaciones que tienen posiciones críticas en distintos ámbitos. Con un claro uso abusivo del poder público se han desarrollado una serie de acciones inadmisibles que han pretendido abrir investigaciones judiciales a diversas organizaciones civiles. Estos hechos contradicen abiertamente los compromisos de respeto y garantía del trabajo de los defensores de los derechos humanos en Venezuela, contraídos por el Estado venezolano en el marco la Resolución de la OEA sobre ‘Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y la “Carta Andina para la Promoción y protección de los Derechos Humanos’.

Esta gravísima situación que afecta a las ONG se pondrá de inmediato en conocimiento de la Relatoría Especial para Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las misiones diplomáticas de Estados democráticos acreditados en el país.

Por todo lo anterior:

1) Instamos a la Asamblea Nacional a eliminar el artículo 10 del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal que se encuentra para la segunda discusión, toda vez el mismo es inconstitucional y contrario a los principios mínimos a favor de los defensores de los derechos humanos y del derecho de asociación establecidos por el Derecho Internacional y los sistemas de protección universal e interamericano.

2) Exigimos al Estado que honre los compromisos contraídos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, los cuales garantizan ampliamente y de manera contundente la labor que desarrollan las organizaciones y los y las defensoras de derechos humanos.

3) Exhortamos, una vez más, al Estado venezolano a promover condiciones idóneas para el debate público de las temáticas vinculadas a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Debate que dentro de un contexto democrático debería enmarcarse en un clima de respeto y garantía a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

4) Alertamos a los organismos internacionales, misiones diplomáticas de países democráticos establecidas en Venezuela, organismos multilaterales y bilaterales de cooperación, organizaciones internacionales afines a nuestra labor en Venezuela con el propósito de que valoren la oportunidad de emitir un pronunciamiento ante los hechos sin precedentes que afectan el accionar de las ONG por su carácter violatorio de los derechos fundamentales.

[1] Publicada en Gaceta Oficial Nº 5.453, del 24 de marzo de 2000″ (COFAVIC, 05.10.04, [email protected]).

Del 20 al 30 de septiembre de 2004

Servicio informativo Nº 144

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
04 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Mundial de la Amnistía
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
10 Día Interamericano del Agua
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
18 Día de la Protección a la Naturaleza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
29 Conmemoración de la Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

INVITACIONES A EVENTOS

El Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES/UCV), el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDIS), la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ y Provea invitan a funcionarios y gerentes públicos con responsabilidad en la formulación y/o ejecución de políticas, programas o proyectos sociales; investigadores, docentes y estudiantes; miembros de organizaciones de derechos humanos, sociales y de desarrollo; y a líderes comunitarios a participar en este diplomado, cuyo lapso de postulación concluye el 08.10.04.

Con este diplomado, los organizadores pretenden capacitar a los participantes en la formulación y evaluación de políticas sociales aplicando una perspectiva de derechos; promover el cumplimiento de los derechos sociales y proponer acciones públicas con un sentido ciudadano de corresponsabilidad social.

Se estipuló un tiempo de duración de 96 horas académicas, a través del cual se trabajarán 4 módulos con los siguientes temas generales: los Derechos Sociales como Derechos Humanos; Políticas sociales con perspectiva de derechos; Instrumentos para la evaluación de políticas sociales y la exigibilidad de los derechos; Presentación y análisis de experiencias en políticas de salud con perspectiva de derechos, medición de equidad como base para el diseño de políticas sociales con perspectiva de derechos, participación y corresposabilidad ciudadana, y exigibilidad de los derechos sociales.

Para más información puede consultar la dirección: http://derechos.org.ve/diplomado.htm.

La Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos abrió el período de inscripciones para el III Seminario latinoamericano de educación en derechos humanos: «Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social» que se realizará en Caracas entre el 29.11 al 01.12.04.

El objetivo del evento es analizar los resultados del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos 1995-2004 en Venezuela y en América Latina; y, perfilar los desafíos de la educación en derechos humanos, de cara al logro de una mayor inclusión social en América Latina en el nuevo decenio.

El período de inscripciones se extenderá hasta el 15.11.04. El costo de la inversión es de 150.000 bolívares si se incluye alojamiento y comida o de 90.000 bolívares si se incluye sólo almuerzo y materiales. Luego de la fecha de cierre, el costo de inscripción tendrá un incremento del 20%.

Para más información los interesados pueden contactar a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, por los teléfonos: (0212) 574.19.49 / 574.80.05; al correo-e: [email protected]; o a Provea a los teléfonos: (0212) 860.66.69 / 862.53.33; al correo-e: [email protected].

La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual e Industrial (SAPI) y el Colectivo Cultural Pueblo Soberano organizaron el foro Derechos culturales: Una plataforma institucional y jurídica para la transformación cultural, a través del cual se pretende abordar, desde diferentes perspectivas, la problemática del libre ejercicio de los derechos culturales en Venezuela y ofrecer soluciones que favorezcan el ejercicio de estos derechos amparados por la Constitución.

El evento se realizará en la sala C del piso 6 de la sede del CELARG, ubicada en la avenida Luis Roche de Altamira, Caracas; cada miércoles comprendido entre el 29.09 y el 17.11.04.

El programa de las ponencias incluye la materia legislativa relacionada con el ámbito cultural (anteproyectos de Ley de cultura., Ley de cine, Ley de derecho de autor, Ley de protección y defensa del patrimonio cultural), la evaluación de la situación de las culturas indígenas venezolanas y la defensa de la diversidad cultural.

Para mayor información, puede comunicarse con la Dirección de Artes Visuales del CELARG, por los Teléfonos: 285 29 90 / 285 2721 ext. 214 y 212; fax: 286 78 59; o al correo-e: [email protected]; y la página http://www.celarg.org.ve

CONTEXTO

Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de septiembre, en los que tres soldados y un subteniente del Ejército, un guardia nacional y una ingeniera de Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron acribillados en una emboscada realizada por grupos armados irregulares aún no identificados en el sector Mata de Caña, Parroquia Urdaneta del Municipio Páez del estado Apure, Las organizaciones abajo firmantes manifestamos que:

Repudiamos

  • La acción violenta y criminal que arrebató la vida a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Carlos Pérez Fernández, Julio Alberto Castro, Ildemaro Isasi, Luis Rojas González y Jean Narváez y a la ingeniera Ana Laura Carrasco, levantamos nuestra voz de protesta ante este tipo de acciones viles y cobardes;
  • La presencia de grupos armados irregulares que, a lo largo y ancho de nuestra frontera, extorsionan, secuestran, asesinan y siembran el pánico entre la población civil;

Nos condolemos
Con los familiares de las víctimas de esta masacre y nos solidarizamos con la Fuerza Armada Nacional en este momento de dolor.
Exigimos que:

  • Los organismos del Estado, procedan en lo inmediato a investigar, identificar y castigar a los responsables de tales hechos. Al mismo tiempo les hacemos un llamado para que implementen acciones y tomen las medidas conducentes a garantizar la seguridad de los ciudadanos en las froteras.
  • El Estado encuentre y aplique mecanismos que garanticen la seguridad en la zona sin menoscabar los derechos humanos de sus habitantes.
  • A raíz de este atentado no se criminalice a los habitantes de la frontera, ni a las personas solicitantes de refugio que llegan a nuestro país huyendo de la violencia colombiana. Por ello, nos oponemos radicalmente a la suspensión de garantías constitucionales, debido a que este tipo de medidas en la frontera ha significado en otros tiempos, muertes, desapariciones, detenciones arbitrarias y abusos generalizados; no queremos esto para la gente de la frontera.
  • El Estado venezolano se ocupe no solo de la seguridad sino también del desarrollo integral de la frontera.
  • Se tomen medidas urgentes para que haya una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, especialmente Fiscalía y Defensoría del Pueblo.
  • Se produzca mayor coordinación, no jerarquizada, entre las instituciones civiles y militares.

Suscriben:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela (SJR)
Caracas, 30.09.04.

Las coaliciones de organizaciones venezolanas Foro por la Vida, Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y las que participan en el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), presentaron el 20.09.04 una propuesta para un Plan Nacional de Derechos Humanos para Venezuela .

En el documento final, las 23 organizaciones que participan en estas redes presentan un conjunto de propuestas metodológicas conducentes a la elaboración de un plan nacional de derechos humanos adecuado al concepto planteado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, en 1993.

La misión de esta propuesta es coadyuvar a la consolidación de una sociedad y un Estado democráticos, participativos, de justicia social, en donde se respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.

Igualmente se pretende propiciar una discusión con autoridades de los poderes públicos, partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales, alrededor de las siguientes preguntas: ¿Qué es un Plan Nacional de Derechos Humanos?; ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Derechos Humanos?; ¿Cuáles son los antecedentes del Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela? y; ¿Cómo hacer un Plan Nacional de Derechos Humanos venezolano que permita hacer avanzar la dignidad de todas y todos?.

Actualmente el documento se está enviado a distintas instancias del poder público y puede ser consultado en la dirección-e: http://derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/planac_ddhh.pdf. Cualquier opinión puede ser enviada al correo-e: [email protected]. 

El pasado 23.09.04, Provea se dirigió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objeto de solicitarle que le ordene a Germán Mundaraín, en su condición de Defensor del Pueblo, dar respuesta a una solicitud de información efectuada por Provea el pasado 27.05.04.

Explicó Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea que en esa fecha se le dirigió al Defensor del Pueblo un escrito solicitándole información sobre aspectos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal tanto en el sector civil como en el militar; agresiones contra defensores de derechos humanos, denunciantes de violación de derechos humanos o familiares de víctimas de violación de derechos humanos, registrados desde el IV trimestre de 2003 y los primeros 4 meses de 2004; evolución de estos casos de acuerdo con la actuación de la Defensoría y su papel ante la situación generada por los solicitantes de asilo desplazados desde Colombia hasta la Sierra de Perijá, así como su evaluación del impacto de esas migraciones sobre la población indígena.

Esta información fue solicitada a propósito de la realización del informe anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esta publicación efectúa un balance de la situación de estos derechos en Venezuela utilizando insumos provenientes de instancias públicas y privadas.

Explicó el vocero de Provea que “año tras año nos servimos de informaciones oficiales. Sin embargo, desde el año 2002 la Defensoría del Pueblo no ha publicado su Anuario, gracias al cual hubiésemos podido consultar su información oficial sin necesidad de dirigirle estas peticiones de información” (Provea, 23.09.04, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np230904.pdf).

Provea acusó al Defensor del Pueblo no sólo de incumplir con su deber de dar oportuna y adecuada respuesta, sino también de violar el principio de accesibilidad a la información, establecido en el artículo 8 de la novel Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP) y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Antonio González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación de Provea a cargo de la realización del informe anual agregó que “la Defensoría ha ignorado su obligación de impulsar la participación ciudadana para vigilar los derechos y garantías constitucionales. Todo ciudadano y organización social tiene el derecho de ejercer contraloría social. Esto implica el libre acceso a la información oficial. En este caso, resulta una paradoja que sea la propia Defensoría del Pueblo la que viole este derecho” (Provea, Ídem.).

Ante esta acción adelantada por Provea, la Defensoría emitió un comunicado el 24.09.04, mediante el cual aseguró que «la Defensoría del Pueblo no tiene obligación de suministrar a Provea, ni a embajadas de ningún país del mundo, la información que éstas soliciten para la elaboración de sus informes» (Defensoría del Pueblo, 24.09.04, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=466&plantilla=1). Tal afirmación la fundamentó en 2 argumentos: primero, que el artículo 64 de la LODP establece que  «con el ánimo de proteger a los denunciantes […] la información que maneja la Defensoría del Pueblo tiene carácter reservado» (Defensoría del Pueblo, Ídem.); segundo, que el acceso público a la información manejada por dicho ente público ya está asegurado a través del informe anual que la Constitución y la LODP le obligan a presentar ante la Asamblea Nacional (AN).

No obstante, en su comunicado, la Defensoría adelanta que su informe anual «será presentado al Poder Legislativo» (Defensoría del Pueblo, Ídem.), acentuando así lo señalado por Provea en su demanda respecto a que desde hace 2 años ésta no presenta su informe a la AN. 

En cuanto al primer argumento, Provea aclara que en atención a la pertinente cautela con la que debe manejarse toda información sobre los denunciantes, en su carta del 27.05.04 solicitó información sobre «hechos conocidos por la Defensoría (sin que sea necesario el suministro de nombres u otros datos que puedan afectar el deber de confidencialidad que tiene la Defensoría con los denunciantes)» (Comunicación N° 146 de Provea dirigida a Germán Mundaraín el 27.05.04 y recibida el 31.05.04).

Igualmente, en su Acción de Amparo, Provea precisó «que la información que se le solicita al Defensor del Pueblo no tiene nada de que ver con asuntos confidenciales, pues se trata de datos estadísticos en algunos casos, descripción de casos de manera general en otros y es información que bien puede suministrar el Defensor, tal como lo hace cuando presenta su informe de gestión» (Provea, 23.09.04, http://derechos.org.ve/recursos/alegal/ampdefpueblo/ampDefPueblo_230904.doc).

De modo que, además de recibir con respeto las excusas presentadas por la Defensoría del Pueblo en dicho comunicado, ante la posible falta de respuesta  «por razones administrativas [de] alguna de sus comunicaciones», Provea insiste en sus denuncias y le recuerda a los entes públicos su obligación constitucional a garantizar el acceso a la información y a responder efectiva y adecuadamente a solicitudes de información pública.

Por disposición del Presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) estableció en su resolución Nº 267, publicada el  17.09.04 en Gaceta Oficial Nº 38.026, que María Auxiliadora Monagas ocupará el cargo de Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional (Ministerio de Comunicación e Información, 21/9/2004, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2986). 

La nueva designación cumple con el requisito establecido en el artículo 236, numeral 4, de la Constitución y llena el vacío dejado por el abogado Fermín Toro Jiménez quien, luego de ocupar este cargo por menos de un año, fue transferido como Representante Permanente ante las Naciones Unidas desde el pasado 19.06.04.

Toro Jiménez sucedió a Jorge Dugarte, quien luego de haberlo ejercido desde el 14.08.01, puso su cargo a la orden el 30.06.03.

Monagas se suma a lista de 4 Agentes del Estado que ha designado este gobierno. El primero fue Raúl Arrieta, quien fue sustituido por el ex constituyente Hermánn Escarrá.

La renuncia de Dugarte fue significativa en su momento, pues  ocurrió como consecuencia de la objeción a la medida cautelar a Globovisión planteada por el gobierno . Sin embargo, el funcionario también señaló razones objetivas y subjetivas, como algunas dificultad para obtener respuestas oportunas del gobierno sobre el cumplimiento de las medidas dictadas por órganos del SIPDH .

Conviene señalar que en su informe al Consejo de Ministros, Dugarte mismo exhortó a las autoridades a evaluar “si como Estado estamos dispuestos a acatar a los organismos internacionales contemplados en los pactos, convenios, tratados, y por tanto sus resoluciones, decisiones, recomendaciones o medidas, para ver cuál será entonces la labor de las cancillerías y cuál sería la razón de ser, en este caso, del Agente del Estado para los derechos humanos” (El Universal, 13.10.03, http://www.eluniversal.com/2003/10/11/11157A.shtml). 

El cargo que ahora ocupa Monagas tiene la responsabilidad de «representar a Venezuela en los casos que cursen ante el sistema interamericano e internacional de derechos humanos, así como ante los órganos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También elaborará la respuesta del Estado contra las denuncias y alegatos presentados ante por los reclamantes y peticionarios ante los órganos anteriormente anunciados. Además, realizará gestiones ante organismos y tribunales nacionales para recabar información necesaria en cada uno de los casos; adelantará las negociaciones y acuerdos en los casos sometidos al procedimiento de solución amistosa; presentará las solicitudes de inadmisibilidad o cierre de aquellos casos que lo ameriten, entre otras funciones» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

A petición de Provea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar a la organización venezolana de derechos humanos a una audiencia para el 22.10.04, en el contexto de su 121º período de sesiones ordinarias.

La decisión fue comunicada por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la instancia hemisférica, el pasado 22.09.04, respondiendo a una solicitud dirigida por Provea el 01.09.04.

El motivo de esta audiencia será informar a los comisionados sobre la actual situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Por Provea estará presente su coordinador general, Carlos Correa.

Además de esta audiencia especial, Provea estará presente en una audiencia temática dedicada al impacto de los procesos de integración económica en los derechos humanos.

«Con el propósito de realizar un análisis sobre la relación entre los procesos de integración económica y las obligaciones que en materia de derechos humanos han adoptado los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA)» (Proceso, 28.09.04, http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=27101&cat=1), Provea, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú; Derechos y Democracia, de Canadá y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de México; coincidieron en solicitar esta audiencia a la CIDH.

Esta será la primera vez que el organismo regional de derechos humanos concede una audiencia para tratar esta materia.

En el marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, las organizaciones pretenden explorar las posibles acciones que permitan avanzar en la construcción de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en este contexto y en la adopción de medidas que aseguren su protección.

Ya sea por la vía de políticas adoptadas de manera unilateral, por la de acuerdos bilaterales, o con base en los compromisos multilaterales, de facto o de manera institucionalizada, los procesos de integración económica avanzan en el continente americano, siendo sus efectos cada vez más visibles en la vida de las personas, los colectivos y de los pueblos mismos.

Por otro lado, la oposición social a la progresión de dichos procesos se ha intensificado y los movimientos que la sustentan tienen una comprensión cada vez más sólida y articulada de la amenaza que estos acuerdos representan para el pleno goce de los derechos humanos, lo cual ha sido denunciado en diversas instancias.

Dentro del ámbito de las instituciones universales, la reflexión sobre la relación entre el goce de los derechos humanos y la liberalización del comercio se ha desarrollado de una manera significativa e inspiradora, reflejándose en los informes emitidos por las instancias de las Naciones Unidas como los informes de la ex comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y de varios de los relatores del Sistema Universal.

En este contexto, la realización de esta audiencia, no tiene precedentes. Es la primera vez que un organismo internacional creado para la protección de los derechos humanos escuchará de manera directa a organizaciones preocupadas por los efectos que estos procesos están ocasionando en los derechos reconocidos por los Estados y a expertos en el tema.

Las organizaciones participantes esperan que la Audiencia contribuya a la reflexión del propio tema por parte de la CIDH, a la identificación de los obstáculos que puedan afectar la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como a la de las medidas que puedan tomarse para atender la situación.

Por haber violado el derecho de petición establecido en el artículo 51 de la Constitución, un grupo de familias que habitan en la urbanización Nueva Tacagua, con la asesoría de Provea, interpusieron una Acción de Amparo Constitucional contra Jesús Hernández, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).

La medida fue ejercida el pasado 29.09.04 ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Asistidos por Provea, las ciudadanas Violeta BAILLIE, Ana URIBE, Irma CARPIO, Teresa USECHE, Carmen NÚÑEZ, Juana ÁLVAREZ, Francis GARCÍA, Felipa GONZÁLEZ y Mélida BRUZUAL solicitaron por séptima ocasión, el pasado 13.08.04, a este funcionario que respondiera de manera escrita una serie de interrogantes acerca de su estatus legal ante dicho ente público en el proceso de reubicación que actualmente se desarrolla en esta urbanización (consulte el documento en la dirección-e: http://derechos.org.ve/recursos/alegal/ntacagua/amparo_inavi.pdf).

Estas ciudadanas son habitantes de los edificios 11 y 12 de la terraza “KK”, sector “C” de Nueva Tacagua, y sufren una situación no aclarada que les genera zozobra y no pocas dudas acerca de su futuro y el de sus familias. A pesar de que estas familias llevan más de 15 años habitando en sus residencias, no aparecen registradas en los archivos deI INAVI como propietarios y además, los 2 edificios aparecen registrados como demolidos. Además, aparecen como adjudicatarias de viviendas en los Valles del Tuy que nunca han recibido. Las afectadas presumen que mediante un hecho de corrupción se le otorgó viviendas a otras personas y por ello se les quiere ignorar jurídicamente.

Es importante destacar que el INAVI tiene 2 años sin dar respuesta a las solicitudes de petición que ha presentado la comunidad.

Las demandantes le solicitaron al presidente del INAVI información relacionada con su condición de personas a quienes se les debe adjudicar viviendas, que no fue atendida en el lapso de 20 días que estipula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

En tal sentido, se acusó a Hernández de no haber cumplido con su deber de dar oportuna y adecuada respuesta. Se espera que el respectivo tribunal acoja la solicitud de ordenarle al presidente del INAVI dar respuesta a la petición hecha por este grupo de vecinos en defensa de su derecho a la vivienda y, finalmente, tome en cuenta su reclamo para ser definitivamente beneficiaros de adjudicación de viviendas.

Sobre este caso, sugerimos consultar la edición N° 142 de este boletín electrónico en la dirección-e: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_142.htm#07.

El pasado 29.09.04, se presentó ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo un grupo de familias apoyadas por Provea para manifestar su intención de sumarse a la Acción de Amparo Constitucional introducida por esta organización el 21.09.04, contra Edgar Camejo, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), debido a su negativa a dar respuesta oportuna y adecuada a informaciones solicitadas por Provea con relación al mencionado proyecto habitacional.

Las familias llevan 5 años esperando que el FONDUR entregue sus viviendas, luego de haber dado su cuota inicial para adquirir viviendas en el proyecto habitacional Ciudad Miranda ubicado en el Edo. Miranda.

Las familias tienen más de 1 año esperando que FONDUR responda varias comunicaciones mediante las cuales exigen respuestas sobre los motivos por los cuales no ha culminado el proyecto habitacional y los criterios utilizados para adjudicar las pocas viviendas concluidas hasta el momento.

Un total de 193 oradores solicitaron la palabra para dirigirse al plenario de la 59° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se inició el 21.09.04.  Este año, el encuentro tiene, entre otros temas protagónicos, a la pobreza y la reforma de la ONU, a fin de prepararla para el abordaje efectivo de las Metas del Milenio y fortalecer el sistema multilateral creado hace casi 60 años (Cadena Global, 21.09.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=75966&Sec=6).

La pobreza fue abordada a la luz de los logros alcanzados en el Encuentro de Líderes Mundiales para la Lucha contra el Hambre y la Pobreza, promovida por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con el apoyo de Chile, Francia y España, celebrada el 20.09.04 (Organización de Naciones Unidas, 20.09.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3078&criteria1=&criteria2=).

El principal de estos logros fue la recolección de la firma de un total de 113 países que avalaron la declaración resultante. El documento final estará abierto a la adhesión de todos los países que lo deseen y tendrá un complemento que propondrá los mecanismos alternativos para financiar el desarrollo.

El documento propone mecanismos de financiación de la ayuda al desarrollo, como la imposición de un gravamen para las transacciones financieras o la venta de armas (Cadena Global, Ídem.) .

En el discurso inaugural de este evento, Kofi Annan, Secretario General de la ONU, pidió a la comunidad internacional actuar con rapidez en la búsqueda de alternativas para financiar el desarrollo y erradicar el hambre y la pobreza.

Según la ONU, más de 1.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 1 dólar al día y más de 840 millones padecen hambre o desnutrición.

El Secretario General aseguró que el combate de estos flagelos no es sólo cuestión de dinero sino que se trata de una batalla en numerosos frentes que van desde la educación hasta los derechos de las mujeres, pasando por muchos otros.

Tras 2 años de negociaciones, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó la metodología que determina las directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación en el ámbito de la seguridad alimentaria nacional.

La decisión se tomó en el marco del 30º período de sesiones de la FAO realizado en Roma, entre el 20 y 23.09.04 ((Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 27.09.04, http://www.fao.org/docrep/meeting/008/J2660s.htm).  

Según la FAO, el objetivo de esta metodología es ofrecer una orientación práctica a los países para que cumplan con sus obligaciones relacionadas con el derecho a la alimentación. Este paso debería facilitar el cumplimiento del objetivo de reducción del hambre, establecido por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Organización de Naciones Unidas, 24.09.04,  http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3128&criteria1=&criteria2=) .

Las directrices voluntarias toman en consideración una amplia variedad de indicadores como la equidad y no discriminación, la participación e inclusión, la rendición de cuentas y el estado de derecho, así como el principio de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, están intercomunicados y mantienen una dependencia recíproca.

Las directrices constituyen, a juicio de la FAO, un instrumento práctico en materia de derechos humanos básicos para todos los países. Contemplan el conjunto de acciones necesarias a nivel nacional a fin de crear un entorno propicio para que las personas puedan alimentarse con dignidad, y ofrecer redes de protección adecuadas para los que no pueden hacerlo.

Para conocer en detalle el Modelo de Informe de Seguimiento del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que contiene a esta metodología, puede consultar la dirección-e:  http://www.fao.org/docrep/meeting/008/J2660s.htm.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) del mes de agosto de 2004 se ubicó en 330.094,22 bolívares, lo que representó un incremento de 0,9% (3.190,12 bolívares) con respecto al mes anterior, cuando estuvo valorada en 326.904,11 bolívares. Sin embargo, la variación de agosto mostró un aumento menos acentuado que el experimentado en julio (1,5%) (Cadena Global, 30.09.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=detail&Not=76508&Sec=8).

Revela el informe que 5 grupos de alimentos sufrieron alza en sus precios y 5 disminuyeron. Los grupos de alimentos más sensibles al alza fueron frutas y hortalizas con una variación de 5,84%; café, té y similares de 4,11%; y pescados y mariscos de 4,02%. Entretanto que los grupos de alimentos que bajaron sus precios fueron grasas y aceites, con variación negativa de 1,90%; cereales y productos derivados de 1,00%; semillas, oleaginosas y leguminosas de 0,80%; y carnes y sus preparados de 0,19%.

La variación acumulada de la CAN para el período enero-agosto de 2004 se ubica en 15,9%, un 4,2%menor al mismo período de 2003 (20,19%). Mientras que la comparación anualizada del indicador para el período agosto 2003-agosto 2004, reflejó un aumento de (26,4%), un 0,8% menos que la variación interanual de julio 2003–julio 2004 (27,2%), lo que indica una desaceleración de la tendencia del incremento del valor de la CAN.

En su Avance del Panorama Laboral 2004, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que «el mercado laboral de América Latina registra en el primer semestre de 2004 un desempeño alentador que se refleja en una disminución del desempleo y un aumento de los salarios reales e industriales» (Organización Internacional del Trabajo, 23.09.04, http://www.oit.org.pe/portal/noticias.php?docCodigo=122).

Como un ejemplo de esta situación, el reporte de la OIT informa que para el 1er. semestre del año 2004 la tasa de desempleo abierta urbano en la región disminuyó a 10.9%, un 0,4% menos que la registrada en igual período de 2003 (11.3%). De mantenerse esta tendencia durante el año, la OIT estima que la tasa anual media de desempleo de la región estaría alrededor de 10.6%, un 0,5% menos en comparación con la registrada en 2003 (11.1%). Aún así, advierte el informe, «la tasa de desempleo regional continúa siendo elevada, afectando mayormente a los jóvenes y las mujeres» (Organización Internacional del Trabajo, Ídem.).

Al analizar el desempeño del mercado laboral en 9 países de la región que representan casi el 90% de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana y contribuyen con el 93% del producto regional, entre ellos Venezuela, el reporte de la OIT observa que en los 2 primeros trimestres del año 2004  la desocupación urbana disminuyó significativamente en Argentina con un 6% (de 20.4% a 14.4%), Uruguay con 4,6% (de 18.1% a 13.5%) y Venezuela con 2.4% (de 19.7% a 17.3%), en comparación con el mismo período del año anterior. El informe de la OIT calificó como un avance moderado el comportamiento de estos indicadores en los casos de Colombia y Venezuela, durante el 1er. semestre de 2004 con respecto al mismo período del año 2003.

El desempleo sigue afectando en mayor grado a las mujeres y a los jóvenes. Para los 7 países en los que se cuenta con información sobre la tasa de desempleo por sexo, la tasa de desempleo femenina equivale a 1.4 veces la tasa de desempleo masculina, una relación prácticamente idéntica a la del año pasado.

En cuanto a los salarios mínimos a nivel regional, durante el 1er. semestre del 2004 la OIT reportó un aumento en términos reales de 10.8% en promedio. Para la OIT, esto se debe, en parte, a que ha continuado el éxito en reducir la inflación, la que anualizada llegó a 5.6% en los primeros 6 meses de este año en el conjunto de los países seleccionados. Además influyeron los aumentos de los salarios nominales otorgados por los gobiernos, en particular en Argentina y Venezuela.

El salario mínimo real aumentó en los países considerados, excepto en México donde no varió, y en Uruguay donde cayó 1.5%. La capacidad adquisitiva del salario mínimo aumentó de manera importante en Argentina (69.5%), Venezuela (12.6%), Perú (8.7%) y Brasil (6.2%), produciéndose aumentos más moderados en Chile (3.8%), Colombia (1.8%) y Ecuador (0.8%).

Por su parte, los salarios industriales reales experimentaron, en el promedio ponderado de los países considerados, un incremento del 6.6% en el 1er. semestre de este año respecto a igual período del año 2003.

Si bien se producirían importantes reducciones en las tasas de desempleo en Argentina (3.4%), Uruguay (3.3%) y Venezuela (2.4%), al establecer las proyecciones para las tasas de desempleo por país, la OIT no observa una recuperación generalizada en los mercados de trabajo para el año 2004.

De acuerdo al informe sobre la situación de los indicadores laborales de agosto realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo para ese mes se ubicó en 14,2%, lo que representa 1.704.000 personas desocupadas de la fuerza de trabajo de 12 millones de personas. Este comportamiento representa una disminución de 3,6% (444.974 personas) en relación con agosto de 2003, cuando el indicador del desempleo llegó a 17,8%, (2.149.000 desempleados) (Últimas Noticias, 28.09.04, pág. 16).

La tasa de desempleo también mostró una reducción de 1,1% (139.478 personas) respecto a julio del 2004, cuando los desempleados representaron el 15,3% (El Universal, 28.09.04, http://noticias.eluniversal.com/2004/09/28/eco_art_28156G.shtml).

En cuanto a la tasa de ocupación para el mes de agosto (49,5%, es decir, 5.119.222 trabajadores), el INE reportó en el sector formal de la economía un aumento de 2,5% (465.475 trabajadores) con respecto a la alcanzada en agosto de 2003 (47,0%, es decir, 4.653.747 ocupados). El INE aclaró que este nuevo contingente de trabajadores en este sector, son mayoritariamente del sexo masculino: 64,3% (299.102 trabajadores), mientras que 37,5% son mujeres (166.373 trabajadoras). El sector informal registró una disminución de 2,5%, al pasar de 53% en el 2004 a 50,5% del 2003.(Últimas Noticias, Ídem.).

La tasa de ocupación del 1er. semestre de 2004 se ubicó en 83,4% (10.035.741 de trabajadores), lo que representó un aumento de 2,6% (510.966 personas) con respecto al mismo lapso del año 2003 (80.8% , es decir, 9.524.775 personas).

De este total, corresponde al sector formal de la economía un 49,1% (4.923.168 personas), lo que implica un aumento de 1,8% (198.889 personas) con respecto al mismo período de 2003 (47,3%). Mientras que el resto de la población económicamente activa ocupada en el 1er. semestre de 2004, laboran en el sector informal de la economía, es decir, 20,9% (5.11.573 personas).

Por su parte, la población desocupada en el 1er. semestre de 2004 tuvo un comportamiento estable en términos estadísticos en comparación con el mismo lapso del año 2003: se ubicó en 16,6% (2.000.591 personas), reduciéndose en 2,6% (268.103 personas) (El Globo, 13.09.04, pág. 11). 

El pasado 08.09.04 se realizó en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela el foro público Imataca, oportunidad para el desarrollo sustentable, convocado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), en el cual dio a conocer el informe: Reserva Forestal Imataca. Ecología y bases técnicas para el ordenamiento territorial. Sin embargo, la relevancia del evento estuvo, a juicio de los asistentes, en el anuncio dado por las autoridades del MARN presentes sobre la aprobación del nuevo decreto de ordenamiento territorial de la reserva de Imataca (Lista Electrónica Ambientalista, 10.09.04, [email protected]).

Según información ofrecida a los medios de comunicación por Ana Elisa Osorio, titular del MARN, la medida adelantada en el foro se hizo efectiva a través de un nuevo decreto aprobado el 07.09.04 (Tal Cual, 28.09.04, pág. 3), en Consejo de Ministros que regula el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para la Reserva Forestal de Imataca. Con la nueva norma se deroga el polémico Decreto 1850, que autorizó en 1997 la apertura minera en esta zona protegida. La ministra aseguró que, luego de la consulta pública de 3 meses abierta para diseñar el nuevo decreto, el Ejecutivo acordó la reducción del uso minero a 12%, asignó un uso forestal a 62,5% del territorio y un 23,1% de la extensión se dejó para protección y conservación (El Nacional, 10.09.04, pág. B/14).

Para Julio César Centeno, experto ambientalista, el decreto «pretende legalizar la explotación minera en el área, la cual es incompatible con el concepto de reserva forestal. Aunque reconoce la reducción en casi un tercio, de 40 a 12, del porcentaje de bosque destinado a la actividad extractiva, si se compara con el plan del año 1997» (Tal Cual, Ídem.).

Centeno estimó que el instrumento legal pueda sentar un precedente para que en el futuro otras áreas protegidas, incluyendo parques nacionales, puedan ser destinadas a actividades que atentan contra su conservación y aprovechamiento.

Añadió que «no se ha hecho un estudio para determinar si se obtienen mayores beneficios económicos explotando o conservando los bosques. actualmente las regalías por concepto de extracción de oro se ubican entre el 3% y el 5%, en comparación con el 30% que se carga al petróleo. En cambio, se calcula que el estado venezolano podría obtener en créditos de carbono hasta 2.400 millones de dólares si decide limitar a 50% el área de explotación maderera de la reserva» (Tal Cual, Ídem.).

Laura Hernández , activista ambientalista que tuvo acceso al contenido del informe presentado por el MARN en las jornadas del 08.09.04, denunció que «este informe carece de información sobre biodiversidad de la zona (ni siquiera sabemos cuánto de biodiversidad vamos a perder con tal intervención), además de los aspectos sociales básicos. El área con concesiones para la minería es mucho mayor a lo ya afectado. El área de concesiones forestales es prácticamente toda la reserva, que actualmente está representada por un continuo de bosque tropical húmedo y siempre verde. Así mismo, en el propio informe puede verse que las ganancias para el Estado por tal destrucción del bosque son ínfimas en comparación con la renta petrolera y que podríamos ganar más con bonos de carbono y ecoturismo ¿Se justifica entonces? La extracción del oro contamina el ambiente (vapores de mercurio, cianuro), el agua y el aire, perjudicando tanto a la flora y la fauna como a los propios mineros e indígenas de la zona. En la explotación del oro se encuentra una transnacional canadiense llamada Crystalex. Si se legaliza la explotación, la devastación del bosque será aún mayor, al haber participación de grandes empresas. Los bosques proveen de servicios ambientales como proporcionar agua, purificar el aire, regulación del clima, control de la erosión, reciclaje de nutrientes, recursos genéticos, recreativos y culturales (indígenas y campesinos).  Se ha calculado el valor en dólares por hectárea de bosque húmedo tropical, se estima que es aproximadamente $ 2.007/ha año o aún mayor (Nature, 1997,387) ¿Entonces?» (Lista Electrónica Ambientalista, Ídem.).

En la misma línea crítica se manifestó la organización ambientalista Sociedad de Amigos de la Gran Sabana (AMIGRANSA), que expuso sus observaciones a esta decisión ejecutiva en un pronunciamiento que puede consultar en la sección DOCUMENTOS de este boletín electrónico.

Aquellos interesados en el informe del MARN, pueden adquirirlo en la sede de Fundambiente, Centro Simón Bolívar, Nivel Plaza Caracas, Edificio Sur, Local 9. El Silencio, Caracas; al teléfono 0212 408 15 45 o a través del correo [email protected].

Luis Amesty, adjudicatario de la parcela Nº 46 de Caño Caimán margen izquierda, Edo. Zulia, denunció que, a pesar de haber sido de los primeros beneficiarios de Cartas Agrarias hace más de 3 años, “aún estamos como el primer día” (El Nacional, 14.09.04, pág. B/12). Amesty se refirió especialmente a la situación de abandono oficial en el que se encuentra junto con otros más beneficiarios de esta política de adjudicación de Cartas Agrarias. Como se recordará, la entrega de este documento se acompañó del compromiso gubernamental de otorgar créditos a bajo interés, entregar de maquinarias e insumos, así como la construcción de vías y puentes que les permitieran ingresar a sus propiedades.

A esta situación de incumplimiento se le añade la indefensión jurídica que viven los beneficiarios de las Cartas Agrarias. Amenty dijo que «sólo han podido hacer mejoras en los patios por el litigio que aún permanece en el TSJ, y se les prohíbe trabajar la tierra» (El Nacional, Ídem.). Reveló que de los 140 campesinos del sector sólo quedan 47 personas en esa margen.

La fuente periodística recuerda que «los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aún no han decidido la expropiación de las tierras entregadas a los campesinos, dado que en algunos casos se comprobó que al momento de las inspecciones estaban productivas».

Amesty aseveró que «hasta la fecha no ha podido disponer de las carteras crediticias así como de la maquinaria para la producción […] del grupo total de campesinos con título en mano en los predios de Caño Caimán, —240 en total— han quedado 67 luchando y cifrando sus esperanzas en que los recursos lleguen algún día» (El Nacional, Ídem.).

Esta denuncia sigue la línea de la presentada a Provea por la Cooperativa Próspero del Tuy (ver artículo de opinión de Marino Alvarado «Otra cara del Plan Zamora», edición Nº 138 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_138.htm#24) y la hecha por campesinos cooperativistas del Edo. Portuguesa, que denunciaron en Provea que no hay una política integral que conduzca a elevar la calidad de vida de los campesinos (ver edición N° 139 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_139.htm#07).

Como ante esos casos, Provea una vez más exhorta al Ejecutivo Nacional a que preste atención a este tipo de denuncia puesto que si no se corrigen a tiempo estas fallas denunciadas, pudiera avanzarse hacia otra frustración colectiva en materia de reforma agraria.

Jesús Luongo, gerente general del Centro de Refinación Paraguaná, informó que los hijos de los ex trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban estudios en el liceo Don Bosco, en Judibana, municipio Los Taques del Edo. Falcón.tienen cupo garantizado (El Nacional, 21.09.04, pág. B/12).

Como se recordará, efectivos de la Guardia Nacional (GN) efectuaron el 26.08.04 una medida de desalojo a la comunidad educativa del Colegio Don Bosco, ubicado en la zona residencial del campo petrolero Judibana. La medida afectó a más de 200 niños, niñas y adolescentes hijos de ex empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban estudios en esta unidad de educación básica y diversificada (ver edición N° 143 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm).

La medida se decidió luego de una reunión entablada entre Luongo y miembros de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional (AN), luego de la desocupación efectuada el 26 de agosto.

Un boletín del centro indica que la medida permitirá recibir tanto a los hijos de los trabajadores activos como a los de los ex empleados. No obstante, la fuente advirtió que «la mayoría de los padres {ex trabajadores de PDVSA] manifestaron no estar interesados en inscribir a sus hijos en el nuevo liceo de PDVSA» (El Nacional, Ídem.).

  • Continuar de manera progresiva con el proceso de adjudicación de tierras que contribuya a una mejor distribución de la misma, garantizando el cumplimiento adecuado de los procedimientos previstos en la
    Ley de Tierras y Desarrollo Agrario;
  • Eliminar el latifundio improductivo y en caso de expropiaciones, garantizar el pago oportuno de una justa indemnización;
  • Descentralizar las instancias de decisión sobre la tenencia y administración de la tierra, haciéndolas accesibles al campesino;
  • Promover y crear espacios para el diálogo entre los distintos sectores que hacen vida en el campo venezolano con la finalidad de aminorar las tensiones y diseñar políticas públicas que garanticen beneficio a todos los actores involucrados;
  • Investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de campesinos y adoptar medidas adecuadas para brindar seguridad a los productores y trabajadores del campo;
  • Garantizar mecanismos que permitan la mejora de las condiciones de vida del campesino,
    entre ellos la dotación de servicios de salud y educación, el pago de un salario rural justo, la seguridad jurídica de la tenencia, y el apoyo técnico, crediticio y en los mecanismos de mercadeo;
  • Realizar a la brevedad el catastro rural para garantizar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. (Provea, 30.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Desde el 22.09.04, la organización de derechos humanos Unión Afirmativa de Venezuela (UAV) está desarrollando una campaña para solicitar a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se aboquen a dar una respuesta al recurso interpretativo que introdujo el 06.10.03 acerca de la aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la Constitución a favor de la lucha contra el estado de indefensión jurídica y de desigualdad en que vive la población homosexual, bisexual y transgénero (ver edición N° 127 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_127.htm#10).

Debido a la falta de una respuesta sobre la admisibilidad o no de este recurso, la UAV pide que se, con copia a la UAV ([email protected] o [email protected]), se envíen cartas a los magistrados Iván Rincón Urdaneta, presidente de la Sala Constitucional ([email protected]); Jesús Eduardo Cabrera ([email protected]), Antonio García García ([email protected]); Pedro Rondón Haz ([email protected]); José Delgado Ocando ([email protected]); así como a la Secretaría de la Sala Constitucional ([email protected]).

La carta modelo que se les debe enviar es la siguiente:

«Doctor:

Con el debido respeto me dirijo a usted para llamar

su atención acerca del expediente AA50-T-2003-002630, contentivo de Recurso de Interpretación del artículo Artículo 21 ordinal primero, en conjunto con los artículos 19, 20 y 22, de la Constitución acerca de si incluyen en su protección la orientación sexual, con carácter indivisible e interdependiente en cuanto al reconocimiento de derechos a las parejas conformadas por dos personas del mismo sexo. En particular, es urgente la resolución de este caso en cuanto a si el estado venezolano reconoce los efectos de la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de Young c. Australia, donde afirma que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confiere la posibilidad de reconocer pensión de viudez al sobreviviente de una relación de pareja entre dos personas del mismo sexo.

Esperando su diligencia en este caso.
(Nombre, organización, dirección)» (Unión Afirmativa de Venezuela, 22.09.04, [email protected]).

El pasado 22.09.04 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió el caso de las desapariciones forzadas de Oscar BLANCO, Roberto HERNÁNDEZ y José RIVAS ocurridas durante la catástrofe natural del Edo. Vargas ocurrida en diciembre de 1999. Los 3 ciudadanos fueron detenidos ilegalmente por funcionarios del Batallón de Paracaidistas del Ejército, los dos primeros; y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), el último; en el marco de las acciones de control de orden público, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

Los 3 casos fueron denunciados por COFAVIC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea (que luego lo delegó a la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas), ante la CIDH, instancia que luego de 4 años decidió elevar el caso ante la Corte IDH, el 30.06.04.

«La Comisión tomó en cuenta la resolución de la Asamblea General de la OEA que califica la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, para hacer su denuncia. Así presentó una acusación por la violación de los derechos a la vida, a la libertad individual, a la integridad personal, a una debida protección judicial y al debido proceso» (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, 22.09.04, [email protected]).

La CIDH también tomó en cuenta que, luego de 10 años de transcurrida la experiencia de El Caracazo, el Estado «no hubiese asumido la enorme responsabilidad de adiestrar a sus funcionarios de seguridad en el respeto a los derechos humanos, en circunstancias de restablecimiento del orden público […] En ese sentido, la CIDH consideró ‘irregular que dentro de un contexto donde no se suspendieron garantías constitucionales ni se declaró un estado de emergencia se hayan enviado tropas militares para controlar el orden, por cuanto la experiencia que las mismas no están debidamente entrenadas para utilizar métodos respetuosos de los derechos humanos cuando se trata de controlar a la población civil'» (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

La CIDH admitió el caso el 15.03.00 y dio cumplimiento al procedimiento para determinar la responsabilidad del Estado venezolano por la desaparición forzada de Blanco, Hernández y Rivas. En su informe sobre estos casos, la CIDH invitó al Estado venezolano a acoger 3 recomendaciones:

  • Identificar, procesar y sancionar penalmente a los agentes del Estado materiales e intelectuales responsables de las detenciones y posterior desaparición forzada de las víctimas.
  • Adoptar las medidas necesarias para la ubicación y devolución de los restos de las víctimas a sus familiares. Adoptar las medidas conducentes para que los familiares de las víctimas reciban una justa reparación por las violaciones aquí establecidas en virtud de los daños materiales e inmateriales ocasionados.
  • Adoptar las medidas necesarias para que evitar que el futuro se produzcan hechos similares. Se recomienda hacer un reconocimiento público de su responsabilidad que brinde satisfacción moral a los familiares e informe a la sociedad la verdad sobre los hechos ocurridos en el estado Vargas.

No obstante, el Estado venezolano luego de 4 años no cumplió con ninguna de estas recomendaciones ni dio muestras de buena fe para resarcir el daño ocasionado a los familiares de las víctimas» (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

Este caso será el tercero que llega a ser atendido por la Corte IDH, luego de haber dictado sentencia contra el estado venezolano en los casos de El Amparo y de El Caracazo.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en el marco de su 19° aniversario, conjuntamente con un grupo de familiares de víctimas de abusos policiales, inauguraron el 14.09.04 la exposición “Razones para querer la Paz. De las emociones a la creación plástica”, en la Sala Ipostel del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (MACCSI) e igualmente bautizaron el libro “La razón de la Paz. Escritos sobre la paz, la guerra y el sentido de la política y el derecho” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 13.09.04, [email protected]).

En la muestra, los familiares de víctimas exploraron el tema de la paz y la guerra. Consta de más de 40 obras creadas bajo las técnicas de modelado en arcilla y dibujos. Esta muestra forma parte de un trabajo plástico dirigido por la artista Elena Cárdenas, la cual estará a la disposición del público hasta finales de octubre 2004 en esta sala del MACCSI, ubicada en el edificio sede de Ipostel en la Avenida José Ángel Lamas de San Martín, Caracas.

Mientras que el libro recoge más de 100 escritos realizados por los familiares participantes del taller “Acerca de la paz y la guerra”, realizado con el apoyo del escritor Juan Antonio Calzadilla, que incluyen poesías, ensayos y dramaturgias.

Para los familiares, la aproximación a lo artístico resultó ser un proceso pedagógico y terapéutico. La posibilidad de contar y compartir sus experiencias, nociones, emociones y sus concepciones del mundo, permitiéndoles reconstruir sus historias para moldear un nuevo proyecto de vida.

La Red de Apoyo cree definitivamente, que el proceso creador libera, posibilita nuevas formas de contar historias, de denunciar las violaciones a los derechos humanos, de procesar afectos y sanar heridas dejadas por la violencia policial.

La Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas revocó el sobreseimiento de 3 militares presuntamente involucrados en el homicidio de Crisanto MEDEROS el 03.03.89, durante los hechos de El Caracazo (El Globo, 14.09.04, pág. 7).

La Sala declaró parcialmente con lugar la apelación que hiciera el Ministerio Público (MP) contra la decisión del Tribunal 33 de Control que favoreció a los oficiales del ejército Pedro Colmenares, Jesús Francisco Blanco y Carlos Miguel Yánez.

Igualmente, ordenó la realización de una nueva audiencia para determinar la responsabilidad de estos oficiales en el asesinato de Mederos.

A las 10:00 AM del 03.03.89, Mederos se encontraba en su residencia cuando un grupo de 10 efectivos militares uniformados irrumpieron violentamente y lo asesinaron en su propia habitación, luego de golpearlo (Comité de Víctimas de Familiares de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, 29.09.04, http://www.cofavic.org.ve/casos.htm).

La medida puede representar un paso favorable para el cumplimiento de la sentencia de El Caracazo, dictada el 29.08.02 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ). Vale recordar que entre las medidas estipuladas por la Corte IDH se encuentra: ordenar al Estado a efectuar una investigación efectiva de los hechos; identificar a los responsables materiales e intelectuales así como a quienes hayan encubierto los hechos y aplicarles las sanciones administrativas y penales que correspondan.

El Tribunal 14 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) relativa al proceso judicial desarrollado contra 14 funcionarios de la Policía del Edo. Portuguesa procesados por su presunta participación en más de 68 asesinatos en distintos sectores de la entidad federal, que se dieron a conocer con el nombre de «Grupo Exterminio» (Últimas Noticias, 09.09.04, pág. 24).

La solicitud del MP contemplaba la realización del juicio contra estos agentes sin necesidad de escabinos, a razón de los múltiples inconvenientes presentados con los escabinos quienes, luego de ser objeto de intimidaciones, decidían renunciar al caso (El Mundo, 09.09.04, pág. 23).

Ante la posibilidad de que los funcionarios se beneficiaran de la libertad condicional, como consecuencia del agotamiento de los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el pasado 31.08.04, el fiscal 27 con competencia nacional Antonio Guerrero, solicitó ante el tribunal respectivo la realización de un juicio unipersonal, es decir sin escabinos (El Mundo, Ídem.).

El 07.09.04 la nueva jueza encargada del Tribunal 14 de Juicio, Yuris López, «declaró con lugar la solicitud del fiscal basada en la sentencia N° 3744 de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 22.12.03, en la cual establece que cuando en más de 2 ocasiones es imposible constituir un tribunal mixto, se procederá a la realización de un juicio unipersonal» (El Mundo, Ídem.).

En agosto de este año, la jueza Tania Estrada, en ese entonces a cargo del Tribunal 14º, benefició con medidas cautelares sustitutivas de libertad a este grupo de funcionarios (ver edición N° 143 de este boletín electrónico en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_143.htm#20

Por disposición del Juez 4° de Control Jorge Luis Gavidia del circuito judicial de Guarenas, Edo. Miranda, fue aprehendido por una comisión de la Guardia Nacional (GN) el Jefe de régimen del internado judicial de El Rodeo II, Jefferson Vivas, acusado de haber lesionado al interno Arnel LOAIZA, quien denunció haber sido objeto de torturas (La Región, 12.09.04, pág. 37).

La fiscal 5° de Guarenas, Esther Durán pidió al juez Gavidia la privación de libertad de Vivas luego de que el Juez II de ejecución, José Berroterán, constatara el pasado 30.08.04 los maltratos ocasionados al interno y el examen médico forense que solicitó reportara los hematomas, contusiones en el hemitórax, cuero cabelludo y pabellón de la oreja izquierda, sangramiento del oído del mismo lado y fractura del brazo izquierdo producto de las agresiones que le provocara Vivas (La Región, Ídem.).

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que esta medida sienta un precedente favorable a la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas por ser la primera vez que un funcionario con jerarquía en ese circuito judicial es sancionado por torturar y maltratar a un detenido (La Región, Ídem.).

Según registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hasta el 23.09.04, el número de internos muertos en hechos de violencia, era aproximadamente de 250, mientras que los heridos son unos 450 (El Nacional, 24.09.04, pág. B/22).

A juicio de Humberto Prado, director de la organización, “la violencia es una constante en las cárceles venezolanas, muchas vidas quedan en el camino del cumplimiento de condena, otras, simplemente en espera de justicia. Motines, huelgas de sangre y de hambre, mafias internas y torturas por parte de los organismos de seguridad encargados de la custodia de los establecimientos de reclusión constituyen los factores que llevan a un reo a ser víctima de un sistema penitenciario que no cumple con su objetivo” (El Nacional, Ídem.).

A propósito del día de Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona de los presos, celebrado cada 24 de septiembre, Prado señaló que, a pesar de que la capacidad total de los 30 centros penitenciarios que funcionan en el país es de 12.000 cupos, la población penal alcanza el total de 19.984 internos, algunos de los cuales esperan por beneficios e indultos que tradicionalmente ofrecen las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ). De este número, 1.548 son extranjeros de cerca de 56 nacionalidades, 1.293 hombres y 265 mujeres.

Al analizar la situación de los centros carcelarios, el Observatorio Venezolano de Prisiones verificó la vulneración de los derechos humanos de los reclusos que padecen VIH. El número de casos conocidos es 35.

Mediante inspecciones, la organización también ha constatado el hacinamiento en que están 351 detenidos en sedes policiales de Caracas.

Por su parte, Carlos Nieto Palma, coordinador de la coalición de organizaciones de derechos humanos para las personas detenidas Una Ventana a la Libertad, observó que ha trazado 3 diagnósticos finales para explicar la situación de nuestros internados judiciales: «falta de personal calificado, falta de comunicación entre los actores del sistema de prisiones y ausencia de planes a corto, mediano y largo plazo para buscar salidas a la crisis” (El Nacional, Ídem.).

  • Llevar adelante las acciones requeridas para concretar el modelo penitenciario plasmado
    en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272. Principalmente, en lo relativo a la descentralización de los centros de reclusión, la creación de un ente penitenciario con
    carácter autónomo y el fomento de políticas de rehabilitación;
  • Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil debidamente capacitado y que el número de custodios asignado en cada centro guarde correspondencia con el total de reclusos;
  • Normar los procedimientos de inspección a los visitantes de los centros de reclusión, garantizando un trato digno y respetuoso, y prohibir la práctica de inspecciones contrarias a la integridad personal;
  • Garantizar un mayor número de Jueces de ejecución y una actuación efectiva de los mismos, incrementando el número de visitas a los establecimientos penales y de entrevistas con los detenidos;
  • Lograr el establecimiento de criterios y prácticas comunes entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial para la debida aplicación de los beneficios que corresponde otorgar a la población reclusa, que califique para ellos. Sin más exigencias y limitaciones que las establecidas legalmente;
  • Garantizar el traslado seguro de los internos a los tribunales, impidiendo la comercialización de este derecho y las situaciones que suponen riesgo para la vida e integridad física de los detenidos.
    Separar a los internos en cada establecimiento penitenciario, según categorías de edad, sexo, motivos de detención, estado del proceso y medidas a ser aplicadas;
  • Asegurar el pleno disfrute del derecho a la visita intima de la población penal femenina, sin más restricciones que las de seguridad general del recinto penitenciario;
  • Garantizar el acceso de la población reclusa a los servicios de salud, asegurando el debido seguimiento y tratamiento a los casos específicos de alteraciones de salud que así lo ameriten;
  • Suministrar a los internos una dieta alimentaria que garantice niveles óptimos de salud. La dieta debe contemplar los requerimientos especiales de las reclusas embarazadas, así como de las madres en
    período de lactancia, y los menores de edad que permanecen en centros de reclusión junto a sus madres;
  • Implementar programas educativos y laborales para la población penal, así como las instancias requeridas para el seguimiento y mantenimiento de los mismos;
  • Garantizar equipos técnicos de profesionalesque funcionen en los centros de reclusión a objeto de dar seguimiento al comportamiento del recluso y certificar que éstos son aptos para el otorgamiento de los beneficios contemplados en las leyes vigentes;
  • Procurar las condiciones óptimas de infraestructura y atención especializada para aquellos reclusos y reclusas beneficiados con medidas de pre libertad;
  • Alcanzar una infraestructura y una asignación presupuestaria óptima que posibilite el cumplimiento a cabalidad de los programas de tratamiento y sanciones contemplados en la Ley Orgánica de Protección
    del Niño y el Adolescente (Lopna);
  • Garantizar a la población reclusa un sistema de recepción y trámite de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas al interior de los penales con miras a que se investiguen, sancionen y
    reparen. Este sistema debe contemplar la salvaguarda de la integridad y la vida de los denunciantes. Así mismo, debe producir informes, de carácter público, sobre la cantidad de denuncias presentadas y
    los resultados obtenidos;
  • Eliminar la práctica de los traslados de reclusos entre diferentes centros de reclusión como medida de castigo, dado que aumentan su vulnerabilidad frente a amenazas a su vida e integridad física.(Provea, 30.10.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

“Osqueliz Campos fue herido por un funcionario de la PM el 28 de febrero de 1989, perdiendo la visión en ambos ojos. Denunció su caso ante la Fiscalía y logró, en primera instancia, la condena del funcionario policial a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones personales intencionales gravísimas.

Posteriormente, un tribunal superior revocó la sentencia y absolvió al funcionario policial, con lo que se impuso la impunidad una vez más.

Osqueliz es una de las centenares de personas que no fueron beneficiarias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de El Caracazo y una de las que impulsa la organización de los familiares de las víctimas para convencer al Ejecutivo Nacional de la necesidad de aprobar una Ley que indemnice a estas personas.

Cabe señalar que las acciones indemnizatorias son sólo una parte de las reparaciones a las que tienen derecho y que la justicia y la verdad no son negociables bajo ninguna circunstancia. La reparación integral incluye la de investigar y sancionar a los responsables de la represión de febrero-marzo de 1989. El Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial tienen la palabra» (Provea, 23.09.04, [email protected]).

«En agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares y víctimas de El Caracazo, que benefició a 44 familiares de víctimas agrupados en Cofavíc. Estas indemnizaciones ya han sido canceladas por el gobierno nacional.

Sin embargo, queda pendiente que el Estado venezolano cumpla con la obligación de realizar una efectiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda.

Oficialmente se informó que fueron 276 las personas fallecidas en estos sucesos, por lo que es evidente que en su oportunidad la mayoría de las víctimas no fueron parte de la demanda que originó el fallo de la mencionada Corte, a pesar de la amplia convocatoria realizada por Cofavíc.

Informamos a la opinión pública que en la sede de Provea se están reuniendo familiares interesados en plantearle al Ejecutivo Nacional que impulse la aprobación de una Ley de reparación e indemnización que incluya a todas las víctimas de la represión de febrero-marzo de 1989″ (Provea, 14.09.04, [email protected]).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Daniel E. Ortega
Año: 2004
Sinopsis:
«Este trabajo muestra una radiografía de la desigualdad de ingresos en Venezuela desde 1975 hasta 2002. De acuerdo con estadísticas internacionales, Venezuela es un país con un nivel de desigualdad relativamente elevado, aunque no se encuentra entre los países más desiguales del mundo.
A pesar de que la desigualdad de ingresos laborales no ha cambiado de manera significativa en los últimos 27 años, la importancia de cada uno de los factores que la explican si ha cambiado y, en consecuencia, las causas y los efectos de desigualdad laboral también han evolucionado en el tiempo.»([email protected]).

Autor: Maribel Wolf (ed.)
Año: 2004
Sinopsis: «Los mecanismos internacionales, de manera general, establecen como principio, el agotamiento de las vías internas, lo que conlleva a una gran responsabilidad en construcción de ciudadanía nacional e internacional. Es sobre la base de una ciudadanía nacional que se puede constituir una ciudadanía internacional más consecuente, que sea alternativa a los mecanismos de globalización financiera que provocan graves violaciones de los derechos fundamentales.
En suma la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC no puede existir sino a través de medios jurídicos, puestos a prueba y confrontados en la acción ciudadana y los planes de políticas económicas y sociales» ([email protected]).

Autor: Claudia Samayoa
Año: 2004
Sinopsis: «Esta investigación contiene una descripción general de la situación de los defensores de derechos humanos, una explicación sobre características de la sistematización de los ataques y la base de datos que sirven de sustento del análisis de la información y una interpretación sobre las causas de estos ataques tomando en cuenta los diferentes patrones identificados» ([email protected]). 

Autor: Comisión de Derechos Humanos del Salvador
Año: 2003
Sinopsis: «Este manual tiene como finalidad acompañar y orientar al promotor / a de derechos humanos en su labor comunitaria de promoción, defensa y educación en derechos humanos. Permitirá desarrollar en forma práctica los contenidos que tienen que ver con los derechos humanos reconocidos en la constitución, Tratados y Pactos Internacionales, además de contenidos de educación juvenil, familiar y social, que pueden ser de mucha utilidad para todos los individuos que dedican esfuerzos encaminados a la educación formal e informal» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«La Reserva Forestal Selva El Dorado, ubicada en la Guayana Venezolana, fue creada el 06.02.61. Posteriormente se le cambia el nombre a Reserva Forestal de Imataca (RFI) en 1963 con una superficie de 3.203.250 hectáreas y según recientes mediciones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), abarca 3.749.342,2 hectáreas. La motivación para la creación de esta Reserva Forestal » no se limita a criterios económicos e incluye la conservación de recursos naturales» tal como se especifica en los Considerandos del Decreto que la designa como Reserva Forestal (…) «que es necesario conservar las aguas de los ríos Yuruan, Cuyuni, Orinoco, Brazo Imataca, río Grande, Botanamo, Barima, Orocaima, y demás de la indicada región por ser fuentes potenciales de energía hidroeléctrica y medios indispensables para el desarrollo industrial de la región guayanesa (…) que de acuerdo con la Convención para la Protección de la flora, de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los Países de América, suscrita por Venezuela en Washington el 12 de octubre de 1940 y ratificada por Venezuela en la misma ciudad el 9 de octubre de 1941, corresponde a los signatarios de dicho estatuto dictar medidas que impongan con urgencia la solución de los problemas que afectan la conservación de los recursos naturales renovables, destacando entre estas provisiones la declaración de Reservas Forestales» [Tomado de: Escrito de la Demanda de Nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto presidencial 1850,ante la Corte Suprema de Justicia, Expediente 0943, de fecha 02.07.97 presentada por: Luzardo, Alexander; García, Alicia; Bustamante, Maria Eugenia; Bracho, Frank; Moya, José; Sanz, Juan.]. Se puede inferir de esto que la actividad minera es por tanto INCOMPATIBLE con los fines que motivaron la creación de la Reserva Forestal de Imataca.

Ha sido justamente, la designación de una parte importante de la Reserva Forestal de Imataca para la explotación de oro y diamante y la entrega de los insustituibles bosques tropicales nativos a trasnacionales madereras y mineras -para convertirlos en rolas, aserrín y unas cuantas barras de oro- el punto de discusión y lucha de los movimientos sociales, ecologistas e indigenas desde 1997, cuando durante el Gobierno del Presidente Rafael Caldera se pretendió entregar millones de hectáreas de bosque tropical virgen para su destrucción irreversible a través del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca ( Decreto 1.850) de fecha 14 de julio de 1997. Este Decreto 1.850 nunca se pudo activar en su totalidad gracias a la acción coordinada de Organizaciones ecologistas y de Indigenas quienes lograron obtener – de la demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia- una medida cautelar que impide la entrega de nuevas concesiones y de infraestructura minera dentro de Imataca.

Hoy día, siete años mas tarde, un Decreto Forestal –Minero del Gobierno del Presidente Hugo Chávez pretende entregar nuevamente Imataca destinando en un nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso- aprobado en Consejo de Ministros el día martes 7 de septiembre del presente año- el 62% de Imataca para el Uso Forestal y el 12 % para el Uso minero, según declaraciones oficiales de la propia Ministra del Ambiente, Ana E. Osorio en el Foro «Imataca: Oportunidad para el Desarrollo Sustentable», 08-09-04, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Caracas. Esta asignación de usos en Imataca, constituye una explotación salvaje y desmedida de los bosques nativos de Venezuela, en pleno siglo 21. Capitalismo salvaje puro y simple, al mejor estilo de aquellos, que sin importarles nada, anteponen sus propios intereses por encima de la vida y la sustentabilidad.

El conocimiento que tenemos en este siglo sobre los bosques y la importancia de conservarlos para mantener todos los beneficios ambientales que nos prestan ( protección de aguas, suelos, flora, fauna, y reguladores del clima) nos obliga a tener una visión radicalmente opuesta a lo establecido en este Nuevo Plan de Manejo de Imataca, el cual no toma en cuenta las observaciones realizadas por ecologistas y expertos en estos ecosistemas, ni tampoco lo fundamental de los estudios y el informe final para el Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, realizado por el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IZT-UCV )y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), de fecha Diciembre, 2002 y en el que supuestamente se basaría este Nuevo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para sustituir el tan cuestionado Decreto forestal-minero Nº 1.850 de 1997. En ese Informe de IZT-UCV, se encuentran afirmaciones tales como: «los bosques tropicales remanentes están desapareciendo rápidamente; la tasa de extracción del recurso no debe exceder la tasa de renovación o sustitución del mismo; la renovación natural del recurso bosque es muy lenta y poco conocida y a su vez depende del ecosistema bosque del cual las especies de árboles de importancia comercial son apenas uno de sus componentes; el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima , la vegetación , la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general; las plantas medicinales están entre los recursos mas valiosos del bosque».

Creemos que el desarrollo sostenible del país debe verse como un asunto integral y no como un aprovechamiento de recursos aislados, ¿necesitamos destruir también los bosques de Imataca? ¿No debemos mas bien salir de una vez por todas de esa política extractivista–rentista, que sometería a Imataca, con este Plan, a una salvaje explotación forestal y minera?. El valor económico total de un ecosistema incluye, el no uso (del bosque), el cual en muchos casos es superior al extractivo, por lo que la entrega de este Territorio de casi 4 millones de hectáreas a empresas nacionales y trasnacionales madereras y mineras, definitivamente convierte al Gobierno de Venezuela en un posible Depredador de Bosques y elimina la posibilidad de obtener de ese pulmón vegetal la mayor rentabilidad para el país, que es justamente el mantener el bosque en pie, tal como se deduce del informe final del IZT-UCV-MARN donde se indica que: «El actual aprovechamiento forestal implica grandes inversiones, pero el beneficio neto por hectárea es bajo, (US$ 8,32), evidentemente esto conspira contra la sosteniblidad económica de las operaciones la cual frecuentemente se alcanza a través de la insostenibilidad ecológica ( Informe Final , Ordenamiento Reserva Forestal Imataca, MARN-UCV, diciembre 2002, pág 147)

Bosques en peligro de desaparecer

El bosque nativo de la Reserva Forestal de Imataca es insustituible debido a su diversidad biológica, su relevancia en la protección de suelos y aguas, su capacidad como regulador de gases dañinos y del clima, y sus imponentes bellezas escénicas, entre otros beneficios ambientales. Esta Reserva es una de las «fronteras forestales más importantes del trópico a escala global y de Suramérica en particular».[Informe final sobre Imataca MARN–UCV dic 2002]. Estos bosques tropicales por su alta fragilidad ecológica, su bajísima capacidad de regeneración una vez intervenido, y la intensificación del uso minero y forestal al que proyecta el Gobierno venezolano someterlos con el Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de esta Reserva, los sitúan en la categoría de «bosques en peligro de desaparecer»

¿Los Habitantes del Bosques podrán continuar viviendo en Imataca según sus formas tradicionales? En Imataca viven Pueblos Indigenas de las etnias Pemon, Akawaio, Arawakos, Kariñas y Waraos. Según el antropólogo Colchester, en general las comunidades indigenas han desarrollado modos de vida en notable sintonía con su medio ambiente local. Muchos entornos de esas comunidades están menos modificados y degradados que las zonas circundantes. Dado que a menudo están primordialmente orientados hacia la autosuficiencia, y solo de modo secundario a la producción de excedentes para el comercio, sus economías y tecnologías tradicionales son, con frecuencia, adecuadas desde el punto de vista ambiental. Su larga asociación con sus territorios ha hecho que los Pueblos Indigenas desarrollen vínculos estrechos con sus tierras, expresados tanto en el derecho consuetudinario como en complejos esquemas religiosos y simbólicos, y en un conocimiento muy detallado de sus recursos. [Marcus Colchester, Naturaleza Cercada, Pueblos Indigenas, Áreas Protegidas, y Conservación de la Biodiversidad, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2003] . Es por ello que la propuesta hecha en el borrador de Decreto del MARN para que estos Pueblos se involucren en la explotación minera y forestal será el final de estas Culturas Indigenas en Imataca. Esto agravado por el hecho de que los Territorios aun no han sido Demarcados según lo establece la nueva Constitución Nacional de 1999.

Por todo lo anterior hacemos un llamado a ecologistas, organizaciones y comunidades Indigenas, a los defensores de los Derechos humanos, científicos, artistas, y a la sociedad en general a participar activamente en la defensa de los Bosques de Imataca. No permitamos que los Depredadores de Bosques conviertan a Imataca en rolas, aserrín y unos cuantos gramos de oro. Lo que dejemos de hacer hoy, no lo podremos reparar mañana, pues estos bosques están en Peligro de Desaparecer y con ellos todos los beneficios ambientales que nos prestan y las culturas indigenas asociadas a Imataca. Sociedad de Amigos en defensa de la Gran Sabana AMIGRANSA. Caracas 14 de septiembre de 2004″ (Sociedad de Amigos en defensa de la Gran Sabana, 20.09.04, [email protected]).

«São Paulo, Brasil, 25 – 27 de Agosto de 2004

Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de 20 países de las Americas y observadores internacionales de África, Asia y Europa, en representación de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos sociales. Así como, también, asumir el desafío de proponer e instrumentar políticas activas para resolver estas situaciones.

La III Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia representación de sectores y activistas, que van desde comunidades indígenas, ONG de defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer, ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores sociales, entre otros.

Considerando

  • Que el concepto de defensor contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos económicos, sociales y culturales y colectivos;
  • Que desde la realización de la segunda consulta latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situación de ataques, amenazas y hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado nuevas formas;
  • Que las mujeres defensoras sufren violaciones específicas a sus derechos como tales;
  • Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia de los derechos humanos y de la seguridad y protección de la actividad de los defensores y defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como impedir la acción de sus agentes, como la de particulares que actúan con su adquicencia o cooperación, o que lo hacen por su omisión o falta de regulación. En consecuencia la situación y garantías de los defensores y defensoras en la región es responsabilidad de políticas y acción de los Estados;
  • Que pocos Estados han adoptado políticas de protección hacia los defensores y defensoras;
  • Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el terrorismo como reacción del gobierno de los Estados Unidos y su coalición al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalización y el neo-liberalismo que operan para la exclusión económica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son efímeros y descartables, constituye una nueva expansión del modelo neoliberal;
  • Que producto de la implementación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes países se ha precarizado la situación de la vida humana haciendo de esta forma mas difícil pero más necesario el trabajo de las defensores y defensoras de los derechos humanos;
  • Que además de los grupos paramilitares y fundamentalistas, la globalización ha traído nuevos actores no estatales (por ejemplo: multinacionales, grupos de poder económico, que incluso manejan medios masivos de comunicación), que participan activamente en las violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, población desplazada y sindicalistas, entre otros. La globalización neoliberal y la imposición de políticas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales se transforme en una violación estructural a los derechos humanos;
  • Que ante la falta de recursos humanos y financieros de las instancias regionales e internacionales de protección de derechos humanos, hay un debilitamiento de los mecanismos de protección específicos para defensores y defensoras;
  • Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones, persecuciones, judicializaciones y demás ataques que sufren los defensores y defensoras tienen como claro objetivo político el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque común a toda la sociedad.

Declaramos

  • Que en el continente, los defensores y defensoras continúan siendo victimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y asesinato;
  • Que dentro de las nuevas formas de persecución de los defensores y defensoras, esta la judicialización de sus actividades, con una grave tendencia a la criminalización del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo;
  • Que en este contexto, algunos Estados de la región han modificado y otros pretenden modificar legislación con el objeto de limitar e incluso penalizar la actividad de los defensores y defensoras, así como también el legítimo ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes antiterroristas;
  • Que en muchos países hay una planificada campaña de desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociación entre defensa de derechos humanos y delito;
  • Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el papel legítimo de los defensores y defensoras en la construcción de la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho;
  • Que reivindicamos la legítima naturaleza política de la defensa y la promoción de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia, del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan eliminado la opresión, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminación;
  • La necesidad de instrumentar políticas activas para enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras;
  • Que los programas estatales y los mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras deben garantizar no solo la seguridad del defensor, sino también la continuidad de su trabajo. En forma integral estos programas deben prevenir los ataques e implementar políticas activas de desarticulación, desmantelamiento y penalización de los agentes agresores, sean estos estatales y – o para estatales;
  • La necesidad de articular la actividad de los defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una acción conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos;
  • Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construcción e implementación de los mismos;
  • La urgente necesidad de fortalecer las instancias internacionales, regionales, nacionales y locales de protección de los defensores y defensoras;
  • Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de los derechos universalmente consagrados nunca deben considerarse como delito o acto criminal, sino una reivindicación justa. Por el contrario debe ser denunciado como criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su población.
    Proponemos
  • Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y defensora de derechos humanos y la aprobación del mismo, conforme a la Declaración de Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicación de la legitimidad de la actividad política que ejercen los defensores y defensoras en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de justicia social;
  • Formular políticas activas para detener las continuas agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente para reclamar su sanción sino también para evitar que las mismas se produzcan;
  • Iniciar campañas para enfrentar no solo las formas habituales de persecución que sufren los defensores y defensoras sino también para combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalización del reclamo y la protesta social y las campañas de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos humanos;
  • La continua organización y desarrollo de procesos nacionales para examinar la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras, sus necesidades y elaborar propuestas e implementar políticas activas de protección de la actividad que realizamos;
  • Que los grupos específicos de defensores y defensoras deben ser escuchados en la elaboración de las medidas para su protección atendiendo a las necesidades particulares de los mismos;
  • Implementar políticas y mecanismos de comunicación de la consulta latinoamericana.

Nos comprometemos a

  • Trabajar por la ratificación y cumplimiento por parte de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos;
  • Trabajar para que los Estados adopten en sus legislaciones nacionales y políticas públicas, la Declaración de Naciones Unidas de 1998, como marco inicial de protección de los derechos de los defensores y defensoras;
  • Denunciar la utilización de los aparatos de inteligencia del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos;
  • Denunciar la política de criminalización del reclamo y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población;
  • Ejercer la protesta social como legitima forma de reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas de 1998;
  • Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la celebración de una audiencia sobre defensores en su próximo periodo de sesiones;
  • Presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los informes por países, elaborados para esta Consulta y la Declaración Final de la misma;
  • Presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaración Final;
  • Pedir a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la criminalización del reclamo y la protesta social;
  • Pedir también a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el procedimiento de la acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las acciones emprendidas;
  • Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros;
  • Compartir los resultados de la III Consulta con la Unión Europea para que esta organización asuma un rol más activo en lo que se refiere a la protección de los defensores y defensoras;
  • Promover los lineamientos de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la región con el fin de que estos puedan demandar su implementación.
    Convocar a que los defensores y defensoras documenten las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalización, para formular denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y proponer políticas para enfrentar estas situaciones;
  • Sumarnos a la campaña internacional sobre defensoras de derechos humanos e integrar el tema de la protección de las defensoras en nuestras actividades;
  • Continuar la campaña de divulgación de la Declaración de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales;
  • Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta Declaración;
  • Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulación, comunicación y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que desarrollamos las y los defensores de derechos humanos;
  • Difundir la Declaración Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional. São Paulo, 27 de agosto de 2004″.

«Nosotros y nosotras, en representación de nuestras organizaciones, reunidos en el marco de la III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, los días 25 a 27 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil, realizamos un espacio de diálogo e intercambio en torno al fenómeno del militarismo en el mundo y en nuestra región, el cual vemos como un grave problema que genera violación de los derechos humanos y derechos de los pueblos.

Fue de gran preocupación para todos y todas las expresiones actuales y pasadas de la presencia militar de Estados Unidos en diferentes formas y sus fatales consecuencias en la vida de nuestros pueblos. Es así que señalamos las bases militares implantadas en Comalapa / El Salvador, Palmerola / Honduras, Malta / Ecuador, Guantánamo / Cuba, Aruba y Curacao, como también la contaminación con tóxicos químicos y explosivos no detonados en Vieques / Puerto Rico y en Panamá, operaciones militares camufladas de asistencia social y de gestiones de paz, fronteras militarizadas como México Colombia, y Argentina, ocupaciones, ejercicios e intervenciones militares, el adiestramiento y transferencia militares y policiales a fuerzas de seguridad y ejército en la región y en el hemisferio a través de mas de 200 centros de capacitación como la SOA / WHINSEC (la famosa Escuela de Asesinos), y la propuesta de crear el ILEA (International Law Enforcement Academy), entre otras muchas manifestaciones de esta política de EU en el mundo.

Dada la gravedad del problema concluimos con la necesidad de:

  1. Abrir entre las organizaciones un espacio de contacto permanente, diálogo, intercambio e iniciativas con la idea de darle seguimiento a este problema.
  2. Poner en común información, análisis, estudios y experiencias de lucha de nuestros pueblos referente al militarismo colonial, intervenciones militares y todo tipo de manifestación de esta política hegemónica que afecta a nuestros pueblos.
  3. Invitar y motivar a otras organizaciones nacionales y regionales a incluir en sus agendas en esta iniciativa.

Concluimos expresando un saludo a las iniciativas semejantes surgidas en el mundo, particularmente en nuestra región latinoamericana con la expectativa de unir esfuerzos para enfrentar este grave reto.

São Paulo, Brasil, 27 de agosto de 2004″.

Del 20 de agosto al 02 de septiembre de 2004

Servicio informativo Nº 143

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
14 Día Contra la Exclusión Social
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

Si el modo en que se ha venido llevando la lucha hegemónica venezolana (cargado de violencia física y simbólica) llegara a cambiar sustancialmente, el discurso de la historiadora venezolana Margarita López Maya, pronunciado el 27.08.04, con motivo del reconocimiento del Poder Legislativo Nacional a la ratificación del Presidente en el referéndum ocurrido 12 días antes, se convertiría, muy probablemente, en el principal símbolo del momento de inflexión.

En su discurso, que contiene diagnósticos y retos para el Estado y la sociedad venezolana (y puede leerse en extenso en: http://www.analitica.com/bitblioteca/lopez_maya/exposicion.asp), reivindica aspectos relevantes del proceso político venezolano y de la actual gestión presidencial, al tiempo que les formula, también, importantes cuestionamientos tanto al gobierno como a la oposición.

Por razones externas, unas, e inherentes a su propia conformación, otras, el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, han sido poco tolerantes con la crítica de sus opositores, la de sus propios aliados y la de sectores autónomos, siendo esto un coadyuvante más de la polarización. Por eso, constituye un hecho relevante que el oficialismo escogiera para pronunciar el discurso en la Asamblea Nacional, transmitido en cadena de radio y TV, en un día de celebración, a una persona que, por ser una intelectual honesta y crítica, era previsible que, al tiempo que reivindicara aspectos relevantes del proceso y el gobierno, formularía también importantes críticas. Así ocurrió y las mismas no sólo no fueron contrariadas por el Presidente Chávez en su discurso posterior, sino que fueron celebradas y reivindicadas. Por su parte, distintos analistas de oposición, en días posteriores, aunque con sus matices y diferencias, reivindicaron el discurso de Margarita. Se sintieron recogidos en el hecho de haberle hablado claro y directo al Presidente de la República, aun cuando el discurso es tanto o más duro en su crítica hacia la oposición.

Es muy pronto para saber si estas reacciones, que implican tolerancia y autocrítica, apuntan a un cambio duradero en la actitud colectiva frente al adversario o tan sólo son un gesto coyuntural. Por lo pronto, desde Provea, en consistencia con lo que venimos planteando sobre el conflicto político desde el año 2001, celebramos que en el ambiente político el diálogo sea un tema. Aún con las diferencias existentes sobre cómo asumirlo, no cabe duda de que su necesidad está presente en la agenda pública del momento actual. Eso nos permite decir con el poeta Rubén Darío, que le escribió a otra Margarita que, por ahora,  “el viento lleva esencia sutil de azahar”. Que así se mantenga, depende no sólo de los actores políticos, ni de las élites de todo tipo, sino también de todas las ciudadanas y ciudadanos, independientemente de sus afectos o aversiones políticas. En ese sentido, saludamos y hacemos nuestras las siguientes palabras del discurso de Margarita, quien es investigadora invitada del Informe Anual de Provea y cuenta con nuestro aprecio y respeto: “Las Furias, diosas que desatan las pasiones y violencias políticas son difíciles de aplacar una vez que se despiertan. Piden más y más sangre. Pero, así como los atenienses, de la mano de Atenea, la diosa de la sabiduría, fueron persuadiéndolas a calmarse, ofreciéndoles un altar en la polis, un reconocimiento a sus status y sus poderes, aquí en Venezuela los ciudadanos y ciudadanas debemos comenzar a buscar que las aguas regresen a sus cauces y que se aplaquen las furias sedientas de sangre. Atenea y sus aqueos las persuadieron con la palabra, con el diálogo, con el reconocimiento. Así nosotros también debemos asumir el reconocimiento del otro, del que no nos gusta, y con ello enfrentar los importantes desafíos que tenemos por delante para aquietar nuestras furias, y alcanzar con esfuerzo una convivencia en paz, dentro de las diferencias y diversidades que ahora después de tanta confrontación vemos con más claridad, y orientar nuestras relaciones por claros procedimientos democráticos” (Provea, 02.09.04).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Li Min Wu, Director del Distrito Sanitario de Río Negro, Edo. Amazonas, denunció que desde el año 2003 “los yanomami, originalmente del Alto Orinoco, están siendo desplazados de su zona de origen por los garimpeiros, convertidos en jefes de la zona al pagar por comisión a los efectivos militares venezolanos responsables de combatirlos 1.600.000 bolívares mensuales para poder ejercer la explotación minera condenada en nuestro país» (Aporrea, 30.08.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=50019). Min Wu agregó que «en el municipio Río Negro existen aproximadamente más de 500 garimpeiros. Estos se encuentran en la zona del cerro Aracamuni, ubicado a un día en “voladora” (motor 40HP) por el río Siapa y luego 3 días caminando» (Aporrea, Ídem.). También denunció «que algunos funcionarios de salud del Edo. Amazonas están dedicados al tráfico de oro y gasolina (en invierno 200 litros de gasolina valen 32 mil bolívares y en verano llegan a costar hasta 3 millones de bolívares) y que hay niñas indígenas dedicadas a la prostitución” (Ídem.).  

Estas denuncias fueron formuladas por Min Wu ante el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CNDNA), el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República. Recuerda el médico Min Wu que en el año 2003 «expuso ante las autoridades de salud en el Edo. Amazonas un plan predictivo, preventivo y correctivo para enfrentar los problemas de salud del municipio. Sin embargo, «los recursos para implementar este plan preventivo llegaron tarde y en lugar de tomar los correctivos lo sacaron del cargo y en agosto del año 2003 murieron de paludismo 15 indígenas adultos y 2 niños de la comunidad Yanomami de La Coromoto ubicada en el rio Casiquiare.

Explica el doctor Li Min Wu que si se hubiesen tomado las medidas propuestas estas muertes se hubieran evitado» (Ídem.).

El galeno también manifiesta su preocupación por la situación de peligro de extinción que afecta a los integrantes de la etnia Baré que habitan el municipio Río Negro. Destacó que de este pueblo sólo quedan dos hablantes de la lengua autóctona y «en el país no existe ninguna campaña que denuncie esta extinción» (Ídem.).

Conviene recordar que, debido a la situación de gravedad que afecta la salud de las comunidades Yanomami ubicadas en el municipio Alto Orinoco, Edo. Amazonas, que cobró la vida de 4 personas en ese entonces, el pasado 04.08.04 Provea dirigió una carta al ministro Capella, en la que le solicitó la urgente adopción de las medidas necesarias en razón de la situación de emergencia descrita.

En la misiva, Provea igualmente exigió al titular de salud que solventara el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo amistoso alcanzado entre el Estado venezolano y las organizaciones de derechos humanos que representaron a esta comunidad indígena en la querella elevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (ver edición N° 141 de este boletín-e en: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#02).

Roberto Hidalgo, coordinador del Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Mitigación de la Sequía de Venezuela (PAN) entregó, el pasado 26.08.04, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Mitigación de la Sequía de Venezuela.

Con la entrega de este programa, Hidalgo aseguró que «se está cumpliendo con el compromiso de elaborar el Programa de Acción Nacional adquirido en 1.998, cuando Venezuela se adhirió a la Convención de la Lucha Contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía» (Agencia Venpres, 25.08.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#entrega).

Mediante este programa, señaló el funcionario, «Venezuela ejecutará formalmente los principios de la Convención de la ONU, que no son otros que el combate contra la degradación de las tierras, mejorar las condiciones de vida en los ambientes áridos, semiáridos, semihúmedos y secos» (Agencia Venpres, Ídem.).

Delegados de 31 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron en México para participar en la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, realizada entre el 23 y 24.08.04, con el fin de analizar los retos que enfrentan las industrias culturales y creativas de la región, así como el tema de la cultura como instrumento de inclusión y cohesión social.

Además de autoridades estatales, al evento asistieron representantes de la sociedad civil, que fueron elegidos democráticamente entre los 30 asistentes al taller de consulta que se llevó a cabo en Santiago de Chile entre el 26 y 27.07.04 (Organización de Estados americanos, , 30.08.04, http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-131/04).

Durante sus discusiones, los delegados analizaron 3 temas fundamentales: la cultura como generadora de crecimiento económico, empleo y desarrollo; retos a los que se enfrentan las industrias culturales y creativas; y, la cultura como instrumento de inclusión y cohesión social y combate a la pobreza.

En la reunión, los participantes decidieron llevar adelante la primera fase del Observatorio Interamericano de Políticas Culturales (OIPC), que tendrá el propósito de examinar el impacto de la cultura en la vida social y económica y vincular electrónicamente a los distintos actores, investigadores y decisores involucrados en el tema. Otro de sus cometidos será proveer de información a los países implicados en negociaciones comerciales para que adopten las medidas de modo coordinado y fortalezcan vínculos entre investigación, políticas y prácticas culturales. El OIPC, cuya creación se acordó en 2002 en la Primera Reunión Interamericana celebrada en Colombia, será un centro virtual mediante el cual las autoridades culturales intercambiarán experiencias, recopilarán información especializada y desarrollarán indicadores. (Agencia de Noticias Inter Press Service, 26.08.04, http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=31160)

Por su parte, Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó a los participantes una propuesta para establecer la Fundación Interamericana para la Cultura y el Desarrollo (FICD). Iglesias señaló que «aspira a dar apoyo técnico en el desarrollo de políticas culturales y financiar proyectos de restauración de monumentos, patrimonio histórico, formación de artesanos y fomento a museos y escuelas de música» (Agencia de Noticias Inter Press Service, Ídem.).

En la Declaración de México, adoptada al concluirse esta Segunda Reunión, se reconoció la necesidad de avanzar en el reconocimiento del valor de la cultura y la diversidad cultural en el desarrollo sostenible de la región. Igualmente se aprobaron una serie de acciones concretas, entre ellas, el desarrollo de indicadores culturales para medir la contribución de la cultura al desarrollo económico y social (Organización de los Estados Americanos, 26.08.04, http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).

En el documento, los delegados se comprometieron ”a considerar mecanismos de apoyo para la generación de empleo en el sector cultural a través de proyectos piloto y a emprender acciones para la formación de públicos a través del estímulo a la producción artística”.

Además, prometieron ”intensificar la cooperación interamericana en la identificación, documentación, conservación y apreciación de los recursos culturales muebles e inmuebles vulnerables al pillaje, al tráfico ilícito y a la posesión ilegal”.

También encomendaron a ”la Comisión Interamericana de Cultura (CIC) establecer lineamientos para la creación y la integración de una lista de sitios significativos del patrimonio cultural en las Américas, que facilite los esfuerzos locales y regionales para el reconocimiento, conservación y protección de los mismos” (Agencia de Noticias Inter Press Service, Ídem.). En este Plan de Acción, los ministros solicitaron a la Comisión Interamericana de Cultura (CIC) y a su Secretaría Técnica el seguimiento de esta iniciativa para determinar posibles áreas de cooperación.

Sofía Leticia Morales, directora de la Unidad de Desarrollo Social, Educación y Cultura de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocante del encuentro, aseguró que las decisiones adoptadas en la reunión ministerial serán implementadas por la Comisión Interamericana de Cultura (CIC) y enriquecerán el diálogo en la Cuarta Cumbre de las Américas, que se realizará en Argentina en noviembre de 2005. Expresó su esperanza de que, a largo plazo, se reconozcan los derechos culturales en todos los países de las Américas y se valore a la cultura como factor clave para hacer relevantes las políticas compensatorias, así como la necesidad de tomar en cuenta en las negociaciones comerciales la protección de los contenidos y expresiones artísticas que reafirman la diversidad cultural.

Para lograr estos objetivos, Morales plantea que “uno de los mayores desafíos es desarrollar indicadores que puedan hacer evidente el impacto de la cultura en la economía y en este esfuerzo estamos comprometidos todos”, (Organización de Estados americanos, 30.08.04, Ídem.)

Puede consultar el Proyecto de Declaración de México en la siguiente dirección-e:  http://www.oas.org/udse/espanol/documentos/ultimadeclaracion.doc

En la edición N° 202 de su programa “Aló Presidente” transmitido el pasado 29.08.04, el Jefe de Estado, Hugo Chávez, anunció la creación del Ministerio de la Alimentación (MA), que será dirigido por el Gral. Rafael Oropeza, quien actualmente se desempeña como máxima autoridad de la Corporación Venezolana Agraria (CVA) (Agencia Venpres, 30.08.04, http://www.venpres.gov.ve/naci/nac1.htm#anuncia).

El jefe de Estado informó que con la creación del Ministerio de Alimentación, se «garantizará alimentos baratos y de calidad para la población» (Cadena Global, 30.08.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=74724&Sec=5). El nuevo despacho se encargará de coordinar la política agroalimentaria del gobierno y «articulará todos los sectores [vinculados a la materia] para asegurar los alimentos a la población, tales como los Centros de Abastecimiento Solidario (CASA), la CVA, las bodegas Bolivarianas y Mercal» (Agencia Venpres, Ídem.).

Según la misma fuente, entre enero y mayo de este año Mercal vendió más de 880 toneladas diarias (t/d), beneficiando a 2,2 millones de personas, mientras que para agosto colocó más de 3.500 t/d.

Estos logros del programa Mercal a favor del derecho a la alimentación se complementan, según el Primer Mandatario Nacional, con las 1.056 casas de alimentación establecidas en el ámbito nacional, para ofrecer alimentos preparados de manera gratuita a los habitantes en situación de pobreza crítica. Añadió que, sin embargo, «la meta para este año es llegar a 435.000 personas que reciban su dieta diaria sin costo alguno» (Agencia Venpres, Ídem.).

Arnoldo Márquez titular del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) informó que en un mes estará listo el despacho de Alimentación y que su ministerio y el de Planificación «ya trabajan en la formación de la estructura de la nueva cartera»  (El Universal, 30.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/31/eco_art_31142C.shtmly). 

Márquez expresó que «desde hace algún tiempo se estaba trabajando en la formación de este ministerio cuando se reforzaron entes como Proal y CASA y se creó Mercal. El objetivo es dar garantías a la sociedad para que tenga acceso a los alimentos. Se requería de una estructura para atender las necesidades y ya la tenemos» (El Universal, Ídem.).
Para el funcionario, con el nuevo despacho se revisará el consumo de la población «a fin de poder cubrir los requerimientos»(El Universal, Ídem.).

Héctor Garzón, viceministro de Circuitos Agroproductivos y Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), aseguró que según el Banco Central de Venezuela (BCV), el sector agrícola ha experimentado un crecimiento del 8% en lo que va de año, con respecto al año 2003.

Recalcó que “el Programa Especial de Siembra (P2) ha sido el principal promotor de este incremento, ya que a través de su ejecución se escogieron 9 rubros agrícolas para fortalecer y aumentar la producción y disminuir las importaciones […] Este Programa se inició con la siembra de más de 200.000 ht. de maíz amarillo con una inversión de 350.000 millones de bolívares […] Se espera una producción de aproximadamente 500.000 toneladas de este rubro, cifra sin precedente en la historia de la agricultura y lo que significa disminuir en un 60% las importaciones en este sector […] Tenemos además cifras cercanas al 30 por ciento de crecimiento de rubros como Papa, café y maíz blanco con suficiente producción para suplir la demanda nacional […] En materia de hortalizas hemos experimentado un crecimiento del 25 por ciento en la producción” (Ministerio de Comunicación e Información, 25.08.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2553).

El jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, también se pronunció sobre esta materia y resaltó que las hectáreas financiadas se han incrementado en 254% en lo que va del año 2004, en comparación con el primer semestre del año 2003, para alcanzar las casi 460 mil hectáreas: “El maíz amarillo subió 314%. Igualmente, la cartera agrícola se incrementó en el transcurso de este año en el marco de la Constitución y la Ley de Financiamiento Agrícola” (Radio Nacional de Venezuela, 30.08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8117).

En su más reciente medición, el Banco Central de Venezuela registró una leve tendencia a la disminución en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas correspondiente al mes de agosto, que alcanzó una variación de 1,3%, un 0,1% inferior a la observada en julio (1,4%).

Con este resultado, la variación acumulada del IPC para los 8 primeros meses del 2004 se ubicó en 14,1%, un 4,8% inferior a la registrada en igual período del año 2003 (18,9%). Por otro lado, también se reporta un ligero descenso en la tasa de variación intermensual de 0,9% a 0,7%, resultado de una menor variación de los rubros controlados, toda vez que los bienes y servicios no controlados mantuvieron, en promedio, tasas de variación similares a las del mes previo (1,9%). El comportamiento desacelerado que se observó en los productos controlados obedeció a una menor variación de los servicios (de 1,1% a 0,6%); aún cuando los bienes reportaron una variación superior a la del mes previo, al pasar de 0,5% a 0,9%.

Por otra parte, la tasa de variación intermensual del IPC global de este período, se asocia con las desaceleraciones registradas en 3 de las 13 agrupaciones que integran el indicador: Equipamiento del hogar, de 4,3% a 0,4%; Servicios de la vivienda, de 2,9% a 0,3%; Servicios de educación, de 1,4% a 0,0%.

El crecimiento anualizado del IPC en el período Agosto 2004 / Agosto 2003 se ubicó en 21,9%, notablemente menor al 30,4% reportado en igual lapso 2003/2002 (Banco Central de Venezuela, 01.09.04, http://200.74.218.51//c4/notasprensa.asp?Codigo=3572&Operacion=2&Sec=False).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también publicó sus estadísticas de indicadores sociales. En su informe, el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) se ubicó en 326.904 bolívares para el mes de julio, lo que representa un incremento de 1,22% (4.000 bolívares) en comparación con el valor alcanzado por este indicador en junio (322.904 bolívares).

Para el INE, el incremento de la CAN reportado entre enero y julio de este año es de 14,8%, mientras que durante el mismo período del año pasado el aumento fue de 14,9%. La comparación anualizada del indicador para el período julio 2003 y julio 2004 refleja un incremento de 27,3% en el precio de los alimentos de la canasta básica.

«Los grupos de alimentos más sensibles al alza de precios fueron café, té y sus similares con una variación de 9,7%; frutas y hortalizas de 9%; y pescado y mariscos de 4,9%. Sin embargo, en los grupos de alimentos de grasas y aceites, azúcares y similares, y carnes y sus preparados el ritmo de incremento de los precios fue inferior al 1%. Por su parte los grupos de la CAN que registraron bajas en sus valores fueron leche, queso y huevos con una variación negativa de 1,5%; raíces y tubérculos con un descenso de 0,6%; semillas, oleaginosas y leguminosas con una reducción de 0,3% y el grupo de cereales y productos derivados con una baja de 0,2%. En los últimos dos meses los productos que han mantenido un incremento constante en sus precios son el café, té y sus similares, las frutas y el pescado y mariscos» El Universal, 25.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/25/eco_art_25143H.shtml).

Otro informe, esta vez elaborado por la empresa Datos y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), señaló que durante el mes de junio que el consumo de alimentos de la CAN, que incluye harinas de maíz y trigo, sardinas, pastas alimenticias, arroz y azúcar, entre otros, registró una caída de 2,4% con respecto al mes de mayo de este mismo año. Por otro lado, el consumo de alimentos no perecederos, como lácteos, mayonesa, salsa de tomate, gelatinas, café, etc, presentó un crecimiento poco significativo de 0,5% para el 6to. mes del año.

Al comparar el consumo general registrado entre enero y junio de este año con el mismo período del año 2003 se nota un incremento en todas las cestas. Se registró un aumento en la demanda de alimentos de 14,7% en un año, exceptuando el consumo de leche en polvo, que refleja una disminución 15%. El informe destacó que «esto es posiblemente producto de las distorsiones de mercado que ha sufrido este rubro por los retrasos que ha experimentado en la entrega de divisas y las consecuentes fallas de distribución en los puntos de venta» (El Universal, 25.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/25/eco_art_25143F.shtml).

También el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) dio a conocer el estado  de sus indicadores sociales para el mes de agosto. Según la organización, la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) para el mes que finalizó esta semana llegó a cotizarse en 505.062 bolívares, registrando un aumento de 2,9% (14.357 bolívares) con relación a su valor para julio de este año (480.605 bolívares). En lo que va de año, el costo de los alimentos se ha incrementado en 13% (56.506 bolívares). Mientras que el comportamiento interanual entre agosto del 2003 y 2004, muestra un alza de 26% (103.429 bolívares) (El Universal, 02.09.04,  (http://www.eluniversal.com/2004/09/02/eco_art_02154C.shtml).

El costo de este indicador del CENDA supera en 183.827 bolívares al valor actual del salario mínimo (321.235,20 bolívares), lo que representa un déficit de 36,4% en el salario mínimo frente al gasto en los rubros alimenticios.

Según la fuente periodística «en agosto la cesta experimentó la mayor alza de 2004» (El Nacional, 02.09.04, pág. A/16).

En opinión del CENDA, el valor del indicador reportó este incremento «porque aumentaron todos los rubros (11) que componen la cesta […] El renglón con mayor aumento fue frutas y hortalizas con 4,4% (3.978 bolívares) impactado por el alza de 100% del kilo de patilla, seguido por cebolla (35% ), repollo (32% ), lechosa (28% ), pimentón (25% ), remolacha (23% ), piña (22% ), plátano (16% ), parchita (14% ), cambur (5% ) y melón y naranja (4% ) y espinaca (1% ). Bajaron la zanahoria (33% ), limón (16% ), guayaba (15% ), tomate (7% ) y auyama (6% ). El rubro quesos y huevos se disparó 5,4% (3.542 bolívares) empujado por el alza del queso blanco (19% ), leche en polvo (2% ) y huevos (1% ), pero el queso amarillo retrocedió 3% como consecuencia de las ofertas del productos en los expendios al detal.

Nuevamente el café –que subió a 4.679 el medio kilo– empujó el alza de 13,9% del rubro bebidas no alcohólicas. Los granos avanzaron 816 bolívares (4,3% ) por la subida de las caraotas negras (13% ), arvejas (12% ) y frijoles (8% ), pero las lentejas bajaron 10%. Las raíces y tubérculos subieron 3% (814 bolívares), en lo que destacan el ocumo (13% ), la yuca (2% ) y apio (1% ). No obstante bajaron de precio (1% ) las papas y verduras surtidas» (El Nacional, Ibídem.).

Efectivos de la Guardia Nacional (GN) efectuaron el pasado 26.08.04 una medida de desalojo a la comunidad educativa del Colegio Don Bosco, ubicado en la zona residencial del campo petrolero Judibana, municipio Los Taques del Edo. Falcón. La medida afectó a más de 200 niños, niñas y adolescentes hijos de ex empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que cursaban estudios en esta unidad de educación básica y diversificada (El Nacional, 27.08.04, pág. B/23).

Jennit Goitía, abogada de la asociación civil liceo Don Bosco, informó que en vista del anuncio de desalojo hecho por la petrolera, el Consejo de Protección Municipal introdujo a principios de mes una acción de protección que fue admitida por un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes.

Goitía explicó, además, que el instituto «fue creado por la empresa petrolera hace 10 años, porque en la zona no había planteles de educación diversificada que recibieran a los hijos de los empleados que salían del básico. Entonces se construyó la infraestructura, que fue dada en comodato por 20 años a la asociación civil. De ese lapso sólo ha transcurrido una década» (Ídem.).

Por su parte, Pedro Rodríguez, apoderado de PDVSA, «aseguró que no estaba notificado de la acción de amparo admitida a favor de los estudiantes, cuyos padres deberán ir a la Zona Educativa a solicitar los documentos de los alumnos» (El Nacional, Ídem.). Igualmente indicó que “el edificio queda en posesión de PDVSA para la educación de los hijos de los trabajadores de la industria, para lo cual fue creado” (Ídem.).

El procedimiento de desalojo provocó la protesta de «cerca de un centenar de personas entre padres, representantes, jóvenes, vecinos, activistas políticos, funcionarios de la Alcaldía de Los Taques, quienes congregados alrededor del instituto pedían paso a la GN para acercarse» (Ídem.).

Alexis Acosta, alcalde de Los Taques, Yasmín Martinho de Díaz, directora ejecutiva del Consejo de Municipal de Derechos y los abogados del colegio fueron impedidos por los agentes de la GN de ingresar al centro educativo para dialogar con los representantes de la petrolera, quienes permanecieron aislados del exterior por más de una hora debido a la ocurrencia de hechos de violencia alrededor del colegio.

El alcalde Acosta manifestó su preocupación porque “Estos muchachos no podrán proseguir aquí sus estudios, pues en la zona las escuelas están abarrotadas” (Ídem.).

Al respecto, conviene recordar los señalamientos que Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, desplegaron en un comunicado público del 02.10.03. En el mismo, las organizaciones manifestaron, entre otros aspectos, su preocupación por  la interrupción de la prosecución escolar de los niños, niñas y adolescentes, hijos de los trabajadores cesantes de PDVSA. También instaron a las entidades públicas a hacer cumplir los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sin discriminación alguna. Específicamente hicieron un llamado a PDVSA a facilitar la inscripción «a los hijos de los trabajadores cesantes en las instituciones educativas de la empresa, en aquellos lugares en que no existan planteles educativos oficiales nacionales, estatales, o municipales cercanos a las viviendas, a fin de evitarle dificultades en el cambio de ambiente escolar a los estudiantes. Estableciendo las normativas y requisitos para que esto sea posible sin discriminación por clase social, posición política o de otra índole […] acatar sin dilaciones las decisiones de los Tribunales de Protección y Consejos de Protección del Niño y del Adolescente a favor del derecho a la educación de los hijos de trabajadores cesantes de PDVSA. Suministrar información al Ministerio de Educación Cultura y Deportes y a los representantes de los trabajadores cesantes sobre la cantidad de estudiantes que permanecen en las instituciones educativas y aquellos que no fueron inscritos» (Provea, 30.08.04, http://provea.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2003/cp021003.pdf).

En esa oportunidad también exhortaron al Ministerio de Educación y Deportes (MED) a «garantizar la inscripción en los planteles oficiales a todos los estudiantes, hijos de trabajadores cesantes de PDVSA que así lo soliciten, cualquiera sea el lugar de Venezuela donde se hayan trasladado, en los términos que establece el Art. 53 de la LOPNA:’Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Asimismo, tienen derecho a ser inscritos y recibir educación en una escuela, plantel o instituto oficial de carácter gratuito y cercano a su residencia’. A los fines de facilitar la inscripción en los planteles oficiales, instamos al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, así como a los Jefes de las Zonas Educativas, Direcciones de Educación Estadales y Municipales, a designar los funcionarios necesarios que atiendan las solicitudes de inscripción, sin demoras. Así mismo, coordinar un plan de contingencia en articulación con alcaldías y gobernaciones, a fin de garantizar la prosecución escolar de los niños, niñas y adolescentes que venían cursando estudios en la instituciones educativas de PDVSA» (Provea, Ídem.).

Renato Gusmao, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, dio a conocer que su despacho ha «recibido solicitudes continuas de otras naciones para que faciliten información sobre la Misión Barrio Adentro y cómo Venezuela, en menos de un año de puesta en marcha del plan, ha logrado la cobertura de 17 millones de venezolanos, cifras que han impactado en la comunidad de salud pública internacional» (Ministerio de Comunicación e Información, 25.08.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2562).

Gusmao notificó que durante la 57° Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra, Suiza, entre el 17 y 22.05.04, miembros de las diferentes representaciones de países del mundo, «solicitaron un mayor conocimiento de esta experiencia» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

Para el representante de la OPS, una de las claves del éxito de la misión es que Venezuela la ejecutó fuera del sistema tradicional de salud: “hubiese sido imposible hacerlo dentro del sistema […] Con este programa se rompieron los paradigmas” (El Nacional, 26.08.04, B/12).

De acuerdo con Gusmao, «la propia OMS avala el programa por el impacto positivo sobre la salud de la población (17 millones de personas) en poco tiempo. El funcionario insistió en que naciones como Costa Rica y Cuba desarrollaron un excelente mecanismo de atención primaria en salud que requirió, en el primer caso, cerca de 35 años, y en el segundo, no menos de 2 décadas, ‘Venezuela, en cambio, lo logró en menos de un año'» (Ídem.).

Anunció que para el 2do. semestre del año 2004 un grupo de expertos venezolanos, con la presencia de invitados internacionales, realizarán una evaluación profunda de la Misión Barrio Adentro para que el producto de la misma pueda publicarse y ser traducida en varios idiomas para su difusión no sólo en los países de América sino en el resto del mundo. En ese sentido, la OPS apoyará a Venezuela en la difusión de la Misión Barrio Adentro como la experiencia más exitosa que en materia de salud se haya desarrollado en un año» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

Aclaró el vocero de la organización multilateral que, entre los parámetros que serán estudiados por el equipo de expertos nacionales y extranjeros, se encuentran indicadores como la infraestructura de servicios y calidad de atención. Pero, por lo pronto, el vocero afirma que el modelo puede ser exportado a otras naciones, y destaca el interés de países asiáticos y del Oriente Medio.

Otro elemento que destacó de Barrio Adentro es que se ha puesto en práctica directamente con las comunidades: “las comunidades se apropiaron de esto. Ha sido una lección tremenda para quienes trabajamos en salud pública […] Que el médico viva en las barriadas es fantástico” (El Nacional, Ídem.).

Gusmao nombra 2 obstáculos de la atención primaria en salud que la misión superó: el cambio demográfico de la población rural a la urbana no estuvo acompañada por el sistema de salud nacional; y la creencia de que la atención primaria era medicina mediocre para pobres, aunada al reforzamiento de la tecnología médica: “las escuelas de medicina formaron muchachos para tratar cosas raras, y cuando acudían a los ambulatorios, se encontraron con sarna, piojos, diarreas. Eso bajó mucho la capacidad de respuesta del sistema sanitario. La gente estaba muy abandonada” (El Nacional, Ídem.). En cambio, con Barrio adentro, “el sistema de salud se organiza a partir de las necesidades, y no de la oferta de servicios”, destacó Gusmao.

El vocero de la OPS plantea que lo se debe hacer es «reformar el sistema tradicional y adaptarlo a Barrio Adentro. Barrio Adentro no es sólo para los pobres, es también para la clase media, va a funcionar en todo el país. Pero hay que entender que indígenas, pobres y campesinos no han tenido acceso a la salud, por lo que es lógico que se le de prioridad a ellos» (El Nacional, Ídem.).

La OPS apuesta por la formación de un cuadro de profesionales venezolanos que sean capaces de asumirlo como política de Estado. En este sentido, Gusmao destaca la formación pedagógica de 1.300 médicos y médicas de Venezuela, con apoyo pedagógico de especialistas cubanos, los cuales, a su vez, «han sido evaluados por nosotros [y] han participado en misiones humanitarias a través de la OMS, con alta calidad”  (El Nacional, Ídem.).

En otro orden de ideas, fuentes oficiales reseñaron que en las últimas 2 semanas fueron incorporados 200 odontólogos venezolanos a los consultorios populares de la Misión Barrio Adentro, con lo cual su número se eleva a 797 que prestan sus servicios en todo el país (Agencia Venpres, 30.08.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Barrio).

Comentó Luis Laverde, coordinador nacional del Programa de Salud Oral del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que el ingreso de esos profesionales permitirá apoyar a más de 2.000 odontólogos cubanos que trabajan actualmente en Zulia, Yaracuy, Miranda, Portuguesa, Trujillo y Caracas.

El funcionario advirtió que los profesionales venezolanos se encontraban desempleados para el momento de su incorporación y que serán contratados por 6 meses con una remuneración de 650.000 bolívares mensuales. Actualmente se estudia la posibilidad de que al cumplir el año de servicio sean incorporados con cargo fijo al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). Los recursos para el pago de los mismos, son aportados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Fundación Oro Negro, la cual se encarga de cancelarles el bono voluntariado odontológico en los 1.415 consultorios populares odontológicos que existen a escala nacional. Laverde adelantó que para el año 2005, se tiene previsto aumentar el salario de esos profesionales a 900.000 bolívares mensuales, más el bono alimentario o cesta ticket, 40 días de vacaciones y 3 meses de aguinaldo.

Destacó que los insumos médicos-odontológicos y la dotación de esos consultorios son facilitados por el gobierno cubano, bajo responsabilidad del MSDS. Asimismo, reveló que actualmente se encuentran trabajando en la preparación de un post grado en odontología general integral, el cual será gratuito y tendrá una duración de 2 años. Inicialmente será exclusivo para los odontólogos de Barrio Adentro y posteriormente se impartirá a los demás profesionales del sector público y privado del país.

Garantizó que a más tardar en mes y medio dicho proyecto será aprobado por la comisión interministerial, en la cual participan la Coordinación Nacional del Programa de Salud Oral y la dirección de Investigación, Educación y Tecnología del MSDS (Agencia Venpres, Ídem.).

El Presidente de  la República, Hugo Chávez Frías, anunció el 27.08.04, en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN), que se destinará 1 billón 200 mil millones de bolívares para la Misión Vivienda, la cual ejecutará el nuevo despacho ministerial dedicado a la problemática de la vivienda (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 28.08.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2619)

Este anuncio complementa la información hecha pública por el Primer Mandatario a finales del mes de julio relacionada con la creación de la Misión Vivienda. Como se recordará, en la reseña hecha sobre esta noticia en la edición N° 141 de este boletín-e, se recogía no sólo la iniciativa gubernamental como una medida acertada y esperada a favor del derecho de la vivienda, sino también los señalamientos críticos sobre los obstáculos burocráticos que conspirarían contra la efectividad del nuevo proyecto. Entre ellos, se destacó la multiplicidad de entidades involucradas en la política habitacional nacional con objetivos y alcances generalmente superpuestos. Para este problema estructural, los expertos planteaban como solución la reorganización centralizada del sistema, una medida que la creación de este ministerio parece adelantar. Por otro lado, cabe subrayar que la creación de este despacho se contempló en el proyecto de ley del régimen prestacional de vivienda, incluido dentro de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) aprobada en diciembre de 2002 (ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#11).

Ante el anuncio de la apertura del nuevo despacho de la vivienda, Álvaro Sucre, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, (CVC), se pronunció considerándolo como un paso indispensable para reorganizar el sector: «una petición que hemos estado realizando» (El Universal, 31.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/31/eco_art_31144A.shtml).

Sucre recordó que la CVC había realizado recientemente «una propuesta en la cual indicaba que era necesario un Ministerio de la Vivienda con amplios poderes y facultades que le permitieran tener poder de decisión y eliminar la anarquía en el sector […] Cuando el primer mandatario anunció la constitución del despacho también manifestó que los organismos ejecutores de viviendas (Fondur, Inavi, Fundabarrios, Savir y Ducolsa) serían fusionados. Esa propuesta de unificación de los entes se ha estado manejando desde hace 2 años, debido a la repetición de funciones» (El Universal, Ídem.).

«Entre 1999 y 2002, el Ejecutivo Nacional lanzó numerosos planes habitacionales, pero ninguno se concretó debido a los problemas de ejecución de los recursos. Pero el pasado año no se crearon nuevos programas y se decidió terminar los planes pasados, no obstante todavía quedan unidades pendientes» (Ibídem.).

Provea considera que con la creación del nuevo despacho ministerial es posible que el Ejecutivo emprenda la tarea de superar la falta de coordinación existente entre los distintos entes nacionales de vivienda. El Ejecutivo debe acompañar la fundación de este nuevo ministerio con la elaboración de un plan nacional de vivienda que abarque todas las prioridades en el ámbito nacional, estadal y municipal tomando en cuenta las distintas autoridades involucradas en cada uno de estos ámbitos.

Aseguró Ramón Carrizalez, titular del Ministerio de Infraestructura (MINFRA), que en los últimos 3 meses su despacho ha entregado más de 5.000 viviendas das según despacho. El funcionario estimó que el número de viviendas entregadas por su despacho puede llegar a 40.000 antes de que finalice el año debido a que «hemos reactivado de manera acelerada unos 25 complejos que estaban paralizados y esa es la razón por la cual hemos entregado viviendas de forma paulatina y constante durante las últimas semanas» (Gobierno en Línea, 26.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22122).

El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), por su parte, dio a conocer su meta de construir para este año más de 12.681 viviendas en todo el país, correspondientes a las obras del programa especial del año 2003-2004, con una inversión que supera los 326 millardos de bolívares. Los desarrollos habitacionales se están realizando en diferentes municipios de 14 Edos. del país: Sucre, Delta Amacuro, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Falcón, Mérida, Barinas, Aragua, Miranda Zulia, Lara y Portuguesa (Radio Nacional de Venezuela, 25.08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8020).

Representantes del organismo comentaron que las viviendas tendrán un precio de venta que oscila entre los 24 y 30 millones de bolívares y contarán con 72 mts2 distribuidos en 2 baños, 3  habitaciones, sala comedor, cocina y espacio para ampliación.

La fiscalización de los proyectos está coordinada por la Dirección de Supervisión y Control de Calidad del órgano rector de las políticas habitacionales del Estado, «la cual ha venido trabajando con la Dirección General de Fiscalización y Sustanciación desde diciembre de 2003 con un grupo mayor a 50 fiscales, quienes recibieron talleres de inducción para iniciar la primera jornada de inspección a más de 500 empresas afiliadas al Fondo Mutual Habitacional» (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).

Paralelamente, el CONAVI lleva a cabo el  Programa de Mejoramiento y Ampliación de Casas en Barrios y Urbanización Populares, que tiene como objetivo la reparación de unas 17.000 viviendas en todo el país antes que finalice el año (Gobierno en Línea, 30.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22214). 

Ulises Urdaneta, presidente del instituto, explico que el programa «también comprende mejoras y eventuales ampliaciones de otro tipo de residencias privadas en esa misma clase de asentamientos populares y en otras como zonas centrales y tradicionales (urbanas y rurales) consideradas o no de valor histórico patrimonial [para ello] se espera la participación activa de la comunidad organizada a fin de integrarla a la estructura urbana de la ciudad pero de forma ordenada para evitar los asentamientos urbanos anárquicos y garantizarle a población las condiciones mínimas de habitabilidad» (Gobierno en Línea, 30.08.04, Ídem.).

Cabe destacar que desde el año 2002 se registra un déficit acumulado en la ejecución y conclusión de soluciones habitacionales programadas por el Gobierno Nacional, según consta en el Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela octubre 2002/septiembre 2003 (ver en: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/8vivienda.pdf). Por ejemplo, de la meta de 76.746 viviendas proyectada para el año 2002, sólo se pudieron concluir 19.422, mientras que quedaron en ejecución 22.030 (Provea, Ídem.).

Tal como se reseñó en la edición N° 140 de este boletín-e, al cierre de junio de este año todavía se siguieron presentando dificultades en la ejecución y conclusión de viviendas, y para atender el déficit es necesario que se construyan más de 100.000 unidades habitacionales al año (ver en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm).

El llamado hecho por el Jefe de Estado Hugo Chávez Frías el pasado 25.08.04 de impulsar en el ámbito municipal, regional y nacional la figura constitucional de la “expropiación por causa de utilidad pública” contra los terrenos urbanos ociosos catalogados como de «engorde», que define el estado ocioso en que se deja un terreno o cualquier propiedad en espera de que su valor aumente en el mercado, no tuvo mayor implicación en el sector inmobiliario privado.

Algunos expertos consultados por la fuente periodística señalaron que el gremio no reaccionó porque la expropiación «podría ser un negocio rentable, pues las actuales condiciones económicas no les han permitido desarrollar los proyectos inmobiliarios que tenían previstos en ellos desde hace años» (El Nacional, 27.08.04, pág. A/22).

A juicio del asesor inmobiliario Miguel Chacón, la mayoría de los espacios que están en la periferia y entran en esa calificación son ejidos municipales o están en manos de entes públicos como el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) o el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), mientras que los lotes vacíos en pleno centro de las zonas urbanas de Caracas, Valencia y Maracaibo sólo tienen permiso para albergar edificios comerciales o de oficinas: «Los mejores terrenos para ejecutar enormes proyectos de viviendas del Tipo I (las que más se venderían por su precio) están en la periferia de las principales ciudades del país y son ejidos municipales; es decir, no es necesario que los alcaldes o gobernadores los expropien, están en sus manos” (Ibídem.).

Como un ejemplo de esto, Chacón aseguró que los terrenos que están vacíos en la urbanización Montalbán, cerca del complejo habitacional Juan Pablo II construido en el período presidencial de Jaime Lusinchi con los recursos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pertenecen al Estado: «Desde esa época están ociosos y no han sido tomados en cuenta por los organismos ejecutores de vivienda durante el gobierno chavista […] Es cierto que en Guarenas hay mucho espacio, pero los que se considerarían ociosos no tienen ningún nivel de urbanismo […] Resulta que los lotes de terreno vacíos que están en la poligonal urbana y son propiedad de personas o empresas son relativamente pocos […]

Si me pide que calcule cuántos terrenos de ese tipo están disponibles en la zona metropolitana de Caracas le diría que no superan los 20” (Ídem.).

La mayoría de esos lotes privados vacíos que se observan en pleno centro de Caracas, Valencia o Maracaibo y que eventualmente podrían ser expropiados por el Estado no pueden albergar viviendas: “De acuerdo con la planificación urbana, buena parte de esos terrenos tienen permiso para construir solamente edificios comerciales y de oficinas, por lo que edificar con fines residenciales alteraría la variable urbana […] Considero que no tendría sentido expropiar terrenos privados cuando están ociosos lotes aptos para los planes de vivienda que son propiedad de los municipios o de organismos públicos”, apuntó este economista» (Ídem.).

A juicio de un analista vinculado a la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), no sólo los municipios tienen terrenos ociosos: “FONDUR y el INAVI poseen una buena cantidad de terrenos disponibles para construir viviendas en el país, pero no los desarrollan o están invadidos” (Ídem.).

El exhorto del Primer Mandatario estuvo dirigido específicamente a los gobernadores y alcaldes para que se abocaran a desarrollar proyectos urbanísticos en las tierras que caigan bajo el criterio de ociosas. Chávez se quejó del “uso para engorde” que hacen propietarios de terrenos en las ciudades y recordó que la Constitución bolivariana de 1999 estipula la expropiación por causa de utilidad pública: “El engorde de terrenos es contrario a la Constitución […] Hago un llamado a todos los entes del Estado: el nuevo Estado social de derecho y de justicia que está contenido en la Constitución, para que activemos esos mecanismos” (El Nacional, 26.08.04, pág. A/5).

El jefe del Estado aclaró que el mecanismo de expropiación de terrenos urbanos “no es tarea del Presidente, sino de los alcaldes y gobernadores, quienes pueden hacer el inventario de terrenos y dar cumplimiento con lo estipulado en las ordenanzas municipales” (El Nacional, Ibídem.).

En este sentido, propuso desarrollar proyectos urbanísticos en los terrenos ociosos que caigan bajo el régimen de “expropiación por causa de utilidad pública [que sean] aptos para tal fin” (Ídem.).

Al llamado del jefe de gobierno respondió Saady Bijani, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela (AAV), quien solicitó mayor explicación sobre el anuncio presidencial: “Para desarrollar un programa habitacional que está reclamando el país desde hace tiempo, no sólo hace falta la indemnización de terrenos, porque también son necesarios los proyectos de ingeniería y los recursos exactos; dónde están los proyectos y los recursos” (El Nacional, 27.08.04, pág. A/6).

Bijani afirmó que los alcaldes están dispuestos a cooperar para desarrollo de cualquier programa habitacional y pidió que se aclare la orden presidencial sobre las expropiaciones de terrenos ociosos urbanos para saber cuál es el alcance de ésta.

En el contexto de la edición N° 202 de su programa dominical Aló Presidente, transmitido el pasado 29.08.04 por los medios audiovisuales estatales, el Primer Mandatario Hugo Chávez Frías demandó la profundización y ampliación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), vigente desde el 13.11.01.

Chávez ordenó al Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN) entregarle «dentro de 2 semanas un informe acerca de los latifundios o tierras ociosas que hay en cada guarnición […] llegó la hora de democratizar la tenencia de la tierra en el país» (Cadena Global, 30.08.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=74724&Sec=5).

El jefe de Estado consideró el caso de las tierras ociosas como «un asunto de seguridad y defensa de la soberanía nacional» (Cadena Global, Ídem.) y por eso giró instrucciones a los comandantes de las guarniciones militares del país, al ministro de la Defensa G/J (Ej) Jorge Luis García Carneiro y al comandante del Comando Unificado G/D (Ej) Julio Ramón Quintero Viloria para que se aboquen a ese fin (Panorama Digital, 30.08.04, http://www.panodi.com/).

El Presidente Chávez exigió la aplicación contundente de la LTDA: «Hago un llamado a quienes tengan tierras ociosas que se pongan las manos en el corazón y que vengan a sentarse con nosotros a que negociemos la solución del problema. Porque si no lo hacemos así, aplicaremos de manera dura e inflexible la Ley de Tierras […] No puede haber tierras ociosas. A los latinfudistas del Guárico y de Venezuela les digo: prefiero a que nos arreglemos. Al ministro de Agricultura y al presidente de Instituto de Tierras, les exijo la aplicación severa de la Constitución y la Ley de Tierra en los campos de Venezuela, pónganse al frente de esto” (Panorama Digital, Ídem.).

También instruyó al Instituto Nacional de Tierras (INTI), para que se declare en emergencia a fin de concretar un plan de democratización de la tierra con apoyo de las comunidades: “Quiero ver resultados y pronto” (Radio Nacional de Venezuela, 30.08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=8117).

Igualmente, propuso al superintendente del Seniat, José Gregorio Vielma Mora, que estudiase la implementación de un impuesto al predio rústico, “si un persona tiene 20 mil hectáreas, y no la tiene sembrada, vamos a meterle un impuesto, eso todavía no lo tenemos pero tenemos que hacerlo” (Panorama Digital, Ídem.).

Provea coincide con el Ejecutivo Nacional en el fortalecimiento de la aplicación de la LTDA, pero considera inadecuado el abocamiento de esta tarea en manos del sector castrense, puesto que existe un componente intimidatorio que bien fácil podría evitarse si la tarea de elaborar un censo de las tierras de interés social se pusiera sobre hombros civiles. En ese sentido, debe evaluarse el papel que el INTI y el Ministerio de Agricultura y Tierras ha desarrollado a lo largo de su creación y la pertinencia de su experticia en esta materia. Provea considera que, en subordinada cooperación con el sector castrense, éstos órganos públicos son los responsables naturales de la realización de un censo que determine las tierras de interés público.

El Comité Directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) resolvió el pasado 25.08.04 adelantar en un año la renovación de sus miembros. La elección será paralela a la elección de las directivas de las federaciones nacionales de los sindicatos de bases, cuyos mandatos se vencen entre septiembre y diciembre próximo.

El secretario general, Manuel Cova, justificó la acción aduciendo ahorro de recursos, pero admitió que también buscan fortalecer el liderazgo obrero: «Vamos a ratificar la condición mayoritaria de la CTV» (El Universal, 26.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/26/pol_art_26106C.shtml). 

Cova explicó que se buscará fijar una fecha única para todas las elecciones, lo cual podría ocurrir a mediados de noviembre o inicio de diciembre próximo. De plano negó cualquier injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la organización del proceso: «La CTV montará las elecciones tal como lo resolvió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y admitió el Gobierno en la voz del viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado. La participación del Poder Electoral sólo será si así lo solicita el gremio» (El Universal, Ídem.).

En ese sentido, recordó que cada organización obrera costea y monta el proceso de votación porque goza de la autonomía que le otorga la OIT. Para inicios de septiembre, la directiva de la central de trabajadores realizará giras por el interior del país para explicar a la base la logística de los comicios. Cova adelantó que en los centros de votación de las organizaciones sindicales se colocará una urna adicional, para que los trabajadores depositen los votos del Comité Ejecutivo de la central de trabajadores.

«La central sindical reformó los estatutos en 1998 para que los trabajadores elijan por la base a las autoridades a través del voto directo, secreto y universal. Anteriormente, la directiva era escogida por los delegados que asistían al congreso nacional de la CTV» (El Nacional, 26.08.04, pág.  A/2).

Vale recordar que el 25.10.01, la CTV realizó la primera elección por la base, con los lineamientos del estatuto electoral sindical del CNE, pese a las objeciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo convenio 87 se prohíbe la intromisión de los gobiernos en la autonomía de los sindicatos (sobre este tema puede consultar el Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela octubre 2001/septiembre 2002, en la dirección-e: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_laboral.htm#04).

«Sobre el papel del CNE, Cova refirió que en la conferencia de la OIT —efectuada en Ginebra en junio pasado— el viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado, se comprometió a que los comicios sindicales venezolanos respetarán el convenio 87 y la Ley Orgánica del Trabajo» (El Nacional, Ídem.).

No obstante, Carlos Navarro, presidente de la Alianza Sindical Independiente (ASI), calificó como «un contrasentido que el secretario general de la CTV, Manuel Cova, critique al Gobierno por la creación de una sindical bajo su dirección, [mientras] convoca a las elecciones de la central bajo la dirección del CEN de Acción Democrática (AD) […] Como en los viejos tiempos, aquí no ha pasado nada. Manuel Cova, con las autoridades del partido le informa al país, a los trabajadores y al Comité Ejecutivo desde el partido político, la estrategia sindical. En la perspectiva de la autonomía, el contexto de ese anuncio es similar al llamado de Chávez para formar su central sindical desde Miraflores» (El Universal, 30.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/30/pol_art_30107E.shtml).

A juicio de Navarro, la actual dirigencia sindical se encuentra «alejada de los problemas de sus federaciones y sindicatos, separada desde el 25 de octubre del 2001 de los problemas concretos de los trabajadores y por si fuera poco, asumiendo banderas y alianzas políticas que no forman parte de su identidad de origen, ni de su justificación histórica» (Ibídem.).

Según el informe Fuerza de Trabajo de julio de 2004 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación alcanzó un 15,3% para ese mes, lo que representa un número de 1,84 millones de personas en edad productiva desempleadas, un 0,2% menor al valor ponderado en junio de 15,5% (1,86 millones de personas).

Elías Eljuri, presidente del INE, indicó que se observa una disminución de 3% en el comportamiento interanual de la tasa de desocupación correspondiente a julio del 2003, con una tasa de desempleo de 18,3% (2,18 millones de personas), y 2004, lo que significa que «hubo un aumento de 409.350 personas ocupadas […] entre julio del año en curso e igual período de 2003 » (El Nacional, 02.09.04, pág. A/16).

«De acuerdo con las cifras del INE, en julio de 2004 el sector formal de la economía agrupó 50,5% (5,14 millones de personas) de la población ocupada, número que no varió mucho respecto a junio pasado cuando la tasa fue de 49,7% (5,02 millones de trabajadores). En el análisis comparativo interanual del mes de julio (2003–2004) de la ocupación en la economía formal (industrias, comercios y empresas de servicios), el INE señala una expansión de 3,5% ; esto es, 542.779 trabajadores adicionales en ese sector productivo.

Anota que el comportamiento del sector informal de la economía se mostró estadísticamente estable, pues dentro de la población económicamente activa (12 millones de personas), los índices de junio y julio pasados fueron 50,3% y 49,5%, equivalentes a 5,09 millones y 5,05 millones de personas, respectivamente» (El Nacional, Ídem.).

De acuerdo a información suministrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), este 02.09.04 fueron  juramentados la tercera cohorte de jueces laborales, un nuevo grupo de 37 jueces temporales para las Circunscripciones Judiciales de los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón y Mérida, con lo cual la nueva jurisdicción laboral del país alcanza la cifra de 350 jueces con competencia exclusiva en la nueva jurisdicción laboral.

El  magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, presidente de la Sala de Casación Social, explicó que “estos jueces fueron preseleccionados a través de un proceso riguroso, primero ellos se postularon, deben tener más de cinco años de graduados, especialidad en materia laboral, adicionalmente se hizo una entrevista personal para verificar sus aptitudes y después fueron a un proceso intensivo de capacitación en más de un mes en Caracas, costeado por ellos mismos, donde fueron entrenados de acuerdo a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo” (Tribunal Supremo de Justicia, 02.08.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1406).

Según la fuente periodística, los aspirantes que obtuvieron mejores calificaciones en ese proceso de capacitación ingresarán con carácter de temporalidad hasta que obtengan su titularidad a través del respectivo concurso de oposición que va a dirigir e implementar la nueva Escuela Nacional de la Magistratura.

Agregó Mora que la preselección de los jueces postulados la hace la Sala de Casación Social al igual que el plan de capacitación y entrenamiento, el cual es llevado por un grupo de jueces especialistas en la materia, quienes se encargan de evaluar el desempeño de los aspirantes en una amplia gama de conocimientos en la materia, tanto desde el punto de vista práctico, como teórico.

Para el último trimestre del año se tiene pautado otro nuevo proceso de capacitación de jueces, del cual saldrá seleccionado el cuarto grupo de jueces temporales que serán juramentados en diciembre y así alcanzar la cifra de en cada uno de los estados del país: «Con los cuatro Edos. que nos quedarían que son Apure, Amazonas, Delta Amacuro y Sucre [los jueces] se van a preseleccionar en octubre, se capacitarán entre ese mes y noviembre, para que ya en el mes de diciembre la nueva jurisdicción laboral esté vigente con trescientos cincuenta jueces en todo el país” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Según la Resolución n° 2004-0140 dictada por la Comisión Judicial del TSJ, “las designaciones efectuadas mediante la presente Resolución son de carácter temporal; en consecuencia, serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Comisión Judicial, salvo el caso de los profesionales del derecho que obtuvieron la titularidad de sus cargos a través de concurso de oposición. Asimismo, se les participa que los abogados nombrados jueces temporales serán contratados inicialmente por 3 meses, y posteriormente por 6 meses prorrogables, hasta su ingreso definitivo a través de concursos de oposición” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Provea valora los avances que en materia del sistema de jurisdicción laboral nacional está adelantando el Poder Judicial y aprovecha la ocasión para exhortar al TSJ a realizar con la mayor brevedad posible los concursos de oposición con el objeto de evitar que se incremente el número de jueves temporales que duran varios años ejerciendo sus cargos en esa misma condición.

  • Garantizar la debida ejecución del Plan Nacional de Vivienda (PNV), solventando los déficit en cuanto a la falta de coordinación entre los entes involucrados y la asignación oportuna de las partidas a ejecutar
    por los diferentes organismos.
  • Garantizar que todos los organismos encargados de la ejecución del PNV presenten en forma clara y precisa informes sobre las metas alcanzadas. Asimismo se debe procurar que los organismos estén
    en capacidad de hacer seguimiento de su desempeño y que cuenten con las herramientas requeridas para ello.
  • Aplicar medidas de corto y mediano plazo para diagnosticar y vigilar, con base en información actualizada y confiable, la situación del derecho a la vivienda en Venezuela, en especial: número de individuos y familias sin hogar; número de personas que viven en asentamientos o viviendas declaradas “ilegales”; número de individuos y familias alojados en viviendas inadecuadas y sin los servicios básicos; número de personas alojadas en viviendas atestadas e inseguras estructuralmente o en otras circunstancias que afecten la salud, entre otros posibles indicadores.
  • Adopción inmediata de medidas legislativas que regulen la práctica del desalojo forzoso, en atención a la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En especial, las leyes que se sancionen deben prohibir de forma expresa prácticas como el uso excesivo de la fuerza, la destrucción de bienes como medida punitiva y el traslado forzado de población civil; además, se debe precisar en cuáles circunstancias excepcionales se puede aplicar el
    desalojo y bajo cuáles garantías (Provea, 23.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A un año del asesinato de nuestro compañero y defensor de derechos humanos, Joe Luis CASTILLO, Henry Fuentes, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscrito a la ciudad de Machiques, Edo. Zulia, aseguró que el caso «aún se está investigando y se actúa en conjunto con la Fiscalía Vigésima a cargo de la fiscal Reina Trujilo, realizando las entrevistas a los vecinos y posibles testigos del hecho» (Panorama, 27.08.04, pág. 4/9).

Fuentes comentó que «durante este tiempo se le han practicado las experticias a las armas de fuego requisadas sin que se hayan tenido resultado positivos» (Ibídem.). No obstante, aclaró que «las investigaciones apuntan hacia los presuntos paramilitares abatidos el 20.11.03, durante un intercambio entre funcionarios de la Guardia Nacional (GN) del DF36 de Fronteras […] que se registró en la calle Chiquinquirá del Barrio Singapur en la parroquia Libertad de este municipio» (Ídem.).

Como se recordará, Joe fue asesinado el 27.08.03 en la urbanización Tinaquillo de Machiques en el Edo. Zulia, en un hecho que califica dentro de los patrones de actuación del sicariato. Venía en su auto en compañía de su esposa y su hijo. Cuando se encontraba muy cerca de su vivienda, 2 sujetos a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Castillo murió por el impacto de 9 balas y su esposa e hijo (de 1 año y medio) fueron heridos (ver edición N° 124 de este boletín-e en: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_124.htm#12).

Castillo, de 30 años, trabajó durante más de 5 en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apóstolico de Machiques, una organización que forma parte del Foro por la Vida y desarrolla tareas de promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente entre las poblaciones indígenas de la región y los refugiados de nacionalidad colombiana.

Otra muerte vinculada con el sicariato que aún se está investigando es la del médico Pedro DORIA, dirigente campesino y presidente del comité de tierras del Bajo San José de Perijá, municipio Machiques, Edo. Zulia, quien fue asesinado en un atentado perpetrado el 25.08.02 (ver edición N° 99 de este boletín-e en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2002/coyuntura_99.pdf).

Julio Lattan, abogado de la familia Doria, informó que la Corte Primera de Apelación del Edo. Zulia fijó un nuevo juicio en vista del retardo procesal que afectó la causa contra Nelson Martínez, presunto coautor del crimen quien cursa medida privativa de libertad desde hace 2 años en espera de juicio (Panorama, 27.08.04, 4/9).

El abogado detalló que la investigación realizada por el CICPC ha determinado algunos de los presuntos involucrados: «El aparente autor material, detenido actualmente es Orlando Peña […] Omar Contreras Barboza es un ganadero adinerado de la zona y es el presunto autor intelectual, supuestamente habría pagado a los sicarios para que asesinaran al líder campesino» (Panorama, Ibídem.).

Lattan recordó que en la búsqueda de justicia por la muerte de Doria, falleció también asesinado su padre Pedro DORIA el pasado 29.02.04. Un crimen que han está investigándose y que se suma al asesinato de «un fiscal y un defensor de los derechos humanos que sufrieron atentados» (Panorama, Ibídem.). Por esta razón, Lattan considera que «se tienen que sacar todos los juicios de Zulia y llevarlos a Caracas para que los que tienen poder no puedan hacerles daño a estas personas […] planteamos que al personal institucional, fiscales, jueces y abogados se les brinde todo el apoyo y el respaldo, para todos los casos de sicariato, tanto en éste de Zulia, como en los otros de Táchira, Mérida, Barinas, Apure; ya que pareciera que el control sobre las instituciones lo tienen los poderosos de la zona» (Ídem.).

La jueza Tania Estrada, a cargo del Tribunal 14º de Juicio de Caracas, benefició con medidas cautelares sustitutivas de libertad a un grupo de 14 funcionarios de la Policía del Edo. Portuguesa acusados de ser responsables de más de 68 asesinatos en distintos sectores de la entidad federal, que se dieron a conocer con el nombre de «Grupo Exterminio».

Carlos Chacín, defensor de los policías, informó que los agentes Julio Ramón González, Alvis Leal, Arturo Azuaje, Guibson Freire, Edgar Mendoza, Segundo Dobobuto, José Ramón Paredes, Jaime Quevedo, Omar Romero, Régulo Salazar, Félix Rojas, Joel Castillo, José Fernández y Oviud Fernández, fueron dejados en libertad condicional el pasado 20.08.04, luego de permanecer casi 44 meses detenidos en la comisaría José Antonio Páez de la Policía de Portuguesa sin enfrentar un juicio oral y público (El Nacional, 21.08.04, pág. B/19).

«El juzgado capitalino decidió invocar el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), según el cual ningún procesado puede permanecer más de 24 meses detenido bajo esas condiciones […] Los funcionarios deberán cumplir una serie de compromisos — establecidos en el artículo 256 del instrumento legal— para mantenerse en libertad: tienen prohibición de salida del país, estarán sometidos a un régimen de presentación periódica en la jurisdicción capitalina, no pueden reunirse unos con otros ni tampoco aproximarse a los familiares de las víctimas que los han denunciado. Por último, cada uno necesita de un fiador que pueda aportar 50 unidades tributarias (UT) [1.325.000 bolívares]. Hace un mes aproximadamente, otros 2 policías acusados de pertenecer al Grupo Exterminio recibieron igual tratamiento por parte de un tribunal de apelaciones de Caracas: se trata de Rafael Blanco y Juan Andrés Escalona.» (Ibídem.).

No obstante, información recabada hasta el 28.08.04 advierte el hecho de que, en violación flagrante con la medida acordada por la juez Estrada, «algunos de los policías —que aún no han llenado las formalidades para comenzar a gozar los beneficios de la libertad condicional y, por tanto, debían seguir detenidos— salieron de su sitio de reclusión en la Comisaría José Antonio Páez de Acarigua y celebraron en un restaurante de carne a la brasa» (El Nacional, 29.08.04 pág. B/19).

Esta situación repitió constantemente y fue denunciada por familiares de las víctimas ante la jueza Estrada, mientras que es investigada por la Fiscalía Superior de Portuguesa: «El 05.08.04, María Ramona Daza —madre de José Martín RÓDRÍGUEZ—, María Sivira de Sivira —madre de José Gregorio SIVIRA—, y Luis Alberto Mendoza —hermano de Ender, Gonzalo y Alexander MENDOZA— pidieron por escrito al juzgado que negara los beneficios de libertad condicional de los 14 policías, 4 de los cuales entonces se encontraban presos en la cárcel de Uribana y los restantes en la Comisaría José Antonio Páez. Según los parientes de las víctimas, testigos habían visto en las calles a los efectivos privados de libertad. A José Ramón Paredes —acusado por la muerte de José Gregorio Sivira— presuntamente lo vieron rondar el domicilio de la señora Sivira. A Rafael Blanco Sandoval lo han observado a pocos metros de la casa de María Ramona Daza […] En el documento consignado ante el juez de juicio, los familiares expresaban temores no sólo por su integridad sino por las de quienes pueden declarar en el proceso: ‘Tememos que el amedrentamiento continúe contra ellos y contra nosotros y que termine por asustar a los testigos, y se abstengan de declarar haciendo imposible la realización de la justicia'» (El Nacional, Ibídem.). 

«Las inquietudes están centradas en la preservación de la integridad personal de los familiares de las víctimas que denunciaron a los funcionarios. Después de la liberación de Blanco y Escalona, Mariela Mendoza —testigo de los asesinatos de sus 3 hermanos [ocurrido el 28.11.00]— fue víctima [el pasado 16.07.04] de un atentado con armas de fuego. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para 5 personas que han llevado la batuta en los señalamientos contra los efectivos del organismo de seguridad. Las disposiciones de la CIDH han sido incumplidas, según han denunciado voceros del Comité de Víctimas de Familiares del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)» (Ídem.).

Muchos de los testigos presenciales y referenciales de los delitos cometidos «habían aceptado dar sus testimonios […] porque les habían garantizado que los imputados permanecerían tras las rejas y además contarían con la protección establecida en las leyes […] Aunque la protección de testigos está establecida en las leyes venezolanas , extraoficialmente se pudo conocer que en los actuales momentos no hay disponibilidad de recursos para garantizar la integridad física de las personas vinculadas a la investigación» (El Mundo, 25.08.04, pág. 24).

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, detalló que «hasta la fecha han matado a 15 testigos de asesinatos […] Otros 20 que han denunciado a los presuntos homicidas son víctimas de acoso y hostigamiento» (El Nacional, 23.08.04, pág. B/17).

El expediente contra los 14 funcionarios «consta de 50 piezas en las que reposan, entre otros elementos, las acusaciones fiscales a los que se señala en distintos grados de responsabilidad por los homicidios intencionales de 9 personas: César Agray, Jimmy Rodríguez y su padre José Ramón Rodríguez, los hermanos Gonzalo, Alexander y Ender Mendoza, Omar Galíndez, Gregorio Ramón Sivira y Juan Carlos Noguera […] La causa abierta por el asesinato de José Martín Rodríguez Daza —por la que fueron acusados otros 2 policías, Rafael Blanco Sandoval y Juan Andrés Escalona—, fue separada del resto de los legajos por solicitud de los imputados y sus defensores. […] Dobobuto ha sido imputado por 4 de los homicidios que constan en expediente; Leal, por 3, y Freire, por 3. Se sospecha que ellos eran los presuntos jefes de las operaciones […] Un grupo de personas que estaba dispuesta a declarar en el proceso —según fuentes allegadas a las investigaciones— prepararon maletas y se marcharon de Portuguesa con rumbo desconocido, luego de que el viernes 20 de agosto se confirmara la noticia de que el Tribunal 14º de Juicio había beneficiado con libertad condicional a los 14 policías” (El Nacional, 29.08.04, Ídem.).

Por su parte, los fiscales con competencia nacional 26º y 27º José Gregorio Castañeda y José Antonio Guerrero, respectivamente, solicitaron ante el Tribunal 14º de Juicio del área metropolitana de Caracas, el pasado 30.08.04, «la suspensión de la ejecución de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad a favor de 14 funcionarios de la policía del estado Portuguesa, hasta tanto la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso de apelación introducido por la Fiscalía 27 Nacional […] según lo previsto en el artículo 439 del COPP» (Gobierno en Línea, 31.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22277).

En esa fecha, el MP introdujo ante el mismo tribunal, el recurso de apelación en el que solicita la revocación de la decisión de la juez Estrada. El MP argumentó que el Tribunal 14 de Juicio «no consideró que los retardos procesales son imputables a los propios acusados, quienes se han negado a ser trasladados a Caracas, jurisdicción donde se radicó el juicio por sentencia del Tribunal Supremo Justicia, y los diversos cambios de abogados defensores […] El fiscal Guerrero indicó que en el retardo procesal también han incidido las recusaciones de jueces de juicios que la defensa ha efectuado en varias oportunidades y que ha generado la inhibición de varios de ellos; así como a la ausencia de los abogados defensores en la depuración de escabinos. Señaló, a manera de ejemplo, que el pasado 27 de agosto, no se presentaron los abogados defensores al acto de depuración de escabinos, fijado para esa fecha. El Ministerio Público ha dejado constancia en acta de las múltiples tácticas dilatorias tanto de los acusados como de sus abogados defensores, quienes cada vez que se ha constituido el tribunal con escabinos, recusan a los jueces.» (Gobierno en Línea, Ídem.).

El magistrado Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), consideró a este respecto que, si bien la medida de libertad condicional ordenada por la juez Estrada a favor de los 14 funcionarios policiales está fundada sobre las garantías otorgadas por el COPP y sobre los tratados internacionales que coinciden en establecer con la legislación venezolana que después de 2 años sin juicio la persona tiene que ser juzgada en libertad, la legislación en esa materia también contempla que ese tipo de beneficios se aplica «sólo en los casos en que el retraso es imputable al Estado o a la administración de justicia. Hay una sentencia donde precisamente yo soy el ponente que dice que no puede otorgarse la libertad cuando el retardo ha sido creado por la manipulación de los abogados defensores y del imputado en el caso. Es muy sencillo para las personas que cometen delitos abominables o delitos de penas grandes como violación, secuestro, homicidio, terrorismo, etc., retardar el proceso intencionalmente 2 años y luego salir en libertad […] Los jueces no pueden estar utilizando esa excusa, deben leerse la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que dice que no hay libertad cuando el retardo es imputable al detenido. Se le da cuando es imputable al Estado, y sin embargo hay que estudiar cada caso por separado, no quedarse con lo que dicen el defensor o el acusador, analizar lo que está en las actas” (Tribunal Supremo de Justicia, 02.09.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1408).

Señaló Rincón además que «la Constitución establece por ejemplo que los delitos de lesa humanidad y los delitos imprescriptibles no tienen ningún tipo de beneficios […] no se puede actuar con una filosofía de criminalística sólo en beneficio del imputado, hay suficientes sentencias de este Tribunal y el mismo COPP, que establecen la igualdad entre los derechos de la víctima y los del imputado, hay que proteger a los presos pero también a las víctimas de delito» (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Para el 01.09.04, el juez deberá informar a los imputados sobre esta apelación y «en las 24 horas siguientes remitirá las actuaciones a la Corte de apelaciones (El Mundo, 31.08.04, pág. 24). Igualmente se espera para esta semana que el Tribunal 14º de Juicio decida si prescinde de los escabinos para adelantar el juicio oral y público (El Nacional, 29.08.04, Ídem.). Conviene recordar que el pasado 27.08.04, el Tribunal 14º de Juicio intentó por 2da. ocasión seleccionar escabinos y nadie se presentó al acto. José Antonio Guerrero, fiscal nacional 27º, pidió a la jueza Estrada la constitución del llamado tribunal unipersonal, sin ciudadanos comunes, para darle celeridad al proceso (EL Nacional, Ibídem.).

Fuentes del Ministerio Público consideraron que la cantidad de 50 UT establecida por la juez Estrada era similar a otras aplicadas a individuos juzgados por delitos menores, pero Chacín señaló que pedirá ante el tribunal de juicio la aplicación del mecanismo denominado caución juratoria: «De acuerdo con éste, los imputados manifiestamente impedidos de pagar la fianza pueden eximirse de ella si se comprometen a cumplir el régimen de libertad condicional impuesto por el tribunal» (El Nacional, 25.08.04, pág. B/16).

Según fuentes periodísticas, la comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que desde el año 2002 investiga los hechos violentos ocurridos en manifestaciones públicas y en las que se registraron muertos y heridos, ha visto reducida su capacidad de acción luego de que el número inicial de efectivos adscritos inicialmente a este departamento se redujera de 16 investigadores a sólo 6, «que carecen de los recursos para adelantar las averiguaciones. No cuentan con servicio de Internet, disquetes, papelería, y cuando es imprescindible buscar uno de estos implementos los gastos corren por cuenta de los investigadores» (El Nacional, 27.08.04, pág. B/22).

Otra fuente advierte que «la mayoría de los funcionarios que fundaron la comisión han solicitado ser transferidos a otros despachos» (El Universal, 29.08.04, pág. 2/26).

La comisión ha iniciado la apertura de 97 expedientes (Ibídem.) de los cuales actualmente sólo procesan 16 que registran hechos en los que hubo 46 fallecidos y más de 211 heridos de bala (Últimas Noticias, 27.08.04, pág. 19).

El último hecho violento con motivaciones políticas denunciado, ocurrió el 16.08.04, cuando Pablo Medina, dirigente del partido opositor Gente de Pueblo, junto con Alfredo Ramos, representante del partido opositor La Causa R, encabezaban una manifestación que salió del hotel Meliá Caracas para dirigirse a la Plaza Francia de Altamira. Del lugar partieron unas 150 personas y «de repente llegó un motorizado que hacía fotografías a los manifestantes y cuando éstos se lo reclamaron, el individuo, que vestía una franela y una gorra rojas, sacó a relucir una pistola con la cual disparó contra quienes protestaban por los resultados del referéndum. Dos de los tiros impactaron al menor Álvaro José PEREIRA, otro dio en un vidrio de la camioneta de Ramos» (El Universal, Ídem.), quien no ha declarado el hecho ante las autoridades (Últimas Noticias, Ídem.).

A Provea le resulta preocupante que el Gobierno Nacional no destine los recursos y el personal suficiente para investigar estos hechos. La lucha contra la impunidad requiere que sean sancionados los responsables y se generan precedentes que desestimulen la repetición de situaciones lamentables como las ocurridas en los últimos 3 años.

Venezuela figura entre los 10 países clasificados como “moderadamente incluyentes”, junto con Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Uruguay y Ecuador, según el Informe Regional de las Américas, presentado ante el Comité Especial de Naciones Unidas para una Convención Internacional Amplia e Integral para Proteger y Promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (CENU), por una coalición continental de organizaciones de derechos humanos dedicada a la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad.

Sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica y Jamaica brindan protección y tratamiento adecuados a sus ciudadanos con discapacidades, de acuerdo con lo contemplado en los tratados internacionales en esta materia.

La fuente periodística indicó que «la clasificación se basa en 11 preguntas divididas en 6 rubros: adhesión al tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), protección legal de los incapacitados, oportunidades de educación y empleo, facilidad de acceso, salud y vivienda y comunicación. Brasil figura primero con las máximas calificaciones en los 6 rubros. Estados Unidos tiene las máximas calificaciones en cinco rubros, pero está segundo porque el presidente George W. Bush se opone a un tratado global de protección y promoción de los derechos humanos de los incapacitados, señalando que la acción nacional es más eficaz. Según el informe, las constituciones nacionales de 50% de los países americanos protegen los derechos de los incapacitados; menos de 1/3 de los niños con discapacidades asisten a la escuela y casi 70% de los minusválidos no tiene trabajo» (El Nacional, 26.08.04, pág. B/12).

Al respecto conviene destacar que el Estado venezolano no ha ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad que suscribió el 06.08.99.

En un encuentro sostenido el pasado 25.08.04 con José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo, María Virginia Trimarco, representante regional de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), manifestó su interés en que la población de extranjeros recientemente regularizados, además de acceder a la regularización migratoria, «tenga la oportunidad de poder acceder a los programas sociales y a las misiones» (Gobierno en Línea, 25.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=22092). Asimismo, anunció la apertura de su despacho a apoyar este tipo de misiones sociales.

Trimarco manifestó que la ACNUR valoró como positiva la Misión Identidad adelantada por el Gobierno Nacional porque «favoreció a una población que se encontraba en un limbo político por no tener la documentación adecuada. Con la regularización migratoria de esta naturaleza el Gobierno ha ido más allá de lo que la propia Convención establece como medida promedio para tratamiento de este tipo de población».

Recalcó que muchos de los migrantes beneficiados son solicitantes de refugios y refugiados que «a través de ese proceso, podrán acceder a la protección que brindan las leyes venezolanas, mayor aún del que podían tener de acuerdo a lo que la legislación vigente en el tema de refugio estaba otorgando [con] el nuevo proceso de regularización migratoria el Gobierno venezolano permitió a muchos migrantes irregulares, que reunieran los requisitos adecuados, acceder a documentación de residentes o naturalizarse dentro de los cuales como dije, población de solicitantes y refugiados estaban beneficiándose» (Gobierno en Línea, Ídem.).

Eduardo Soto, Coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) adscrito al Alto Apure, Edo. Apure, informó que la organización de derechos humanos está trabajando en la inserción de un grupo de casi 40 familias colombianas provenientes de Puerto LLera, Arauca que llegaron el pasado 06.07.04 a una hacienda denominada La Palma, situada en esa entidad federal fronteriza.

De acuerdo con Soto: «nuestra esperanza es que el grupo pueda sostenerse económicamente, lograr su inserción en la comunidad venezolana y obtener el estatuto de refugiado» (Servicio Jesuita a Refugiados, Agosto de 2004, http://www.serviciojesuitaarefugiados-vzla.org/visibilidad.html#Anchor-16175).

La mayoría de las personas integrantes de este grupo huyen de la indefensión ante las acciones violentas ocurridas en sus tierras y solicitan al Estado venezolano que se les otorgue de manera temporal la condición de refugiados.

En un primer momento, el SJR-Alto Apure se dedicó a evaluar las necesidades de la comunidad y brindarles atención humanitaria. Con su establecimiento en el sector, el acompañamiento de la organización se dirige más hacia el estímulo del desarrollo de la comunidad.

La mayoría de los solicitantes son pescadores, por lo que se encuentran cómodos al estar en las proximidades del río y aunque estén muy cerca de la frontera, se sienten seguros.
El equipo del SJR, está evaluando, junto con la comunidad y los dueños de las tierras donde habitan, iniciar un cultivo de maíz para el sostenimiento de las familias.

  • Intensificar el proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia para garantizar el acceso de la ciudadanía a los órganos de administración de justicia, la aplicación justa de la ley, la transparencia y celeridad en los procesos y la independencia del Poder Judicial. En este proceso de reforma deben respetarse los principios de independencia y colaboración de los Poderes Públicos.
  • Asegurar el respeto de los principios constitucionales y legales destinados a garantizar la independencia del Poder Judicial en áreas tales como asignación presupuestaria y realización de concursos públicos de oposición para la provisión de jueces titulares.
  • Poner fin al mandato de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial, trasladando sus atribuciones y funciones a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano que, por
    mandato constitucional, cuenta con las facultades necesarias para la ejecución de esa tarea.
  • Garantizar la más amplia participación ciudadana y de los actores que intervienen en la administración de justicia en el proceso de reforma judicial.
  • Desclasificar los expedientes procesados en la Justicia Militar, considerados como secretos, relacionados con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en especial los casos de personas desaparecidas o muertas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
    ocurridas en los años 60, 70 y 80.
  • Asegurar que en razón del derecho de los familiares a conocer la verdad de los hechos ocurridos en El Amparo en 1988, se investigue en jurisdicción ordinaria la posible responsabilidad de funcionarios del
    Estado sobre los cuales no hay decisión definitivamente firme, y se establezca la responsabilidad intelectual, toda vez que al no sancionar a los responsables de aquellos hechos, el Estado está aún en mora con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 14.09.96.
  • Asegurar la efectiva vigencia de la justicia en otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado: los sucesos de febrero-marzo de 1989, la represión de los intentos golpistas de
    febrero y noviembre de 1992, las muertes en manifestaciones desde 1989 hasta el presente, las masacres ocurridas en establecimientos penitenciarios, las ejecuciones de los denominados “grupos de exterminio”, así como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del frustrado Golpe de Estado de abril de 2002, independientemente de que se constituya o no la Comisión de la Verdad, entre otros.
  • Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o sus familiares sean indemnizadas y reciban rehabilitación hasta su total recuperación.
  • Aumentar el número de Defensores Públicos de Presos, con nombramientos de titulares escogidos por concurso público de oposición, con la finalidad de agilizar y garantizar una defensa efectiva y certera.
    Garantizar que en la reforma al Código de Justicia Militar se desarrolle el mandato constitucional de que los militares pueden ser juzgados en tribunales militares solo por delitos de naturaleza militar. Asimismo, que la selección de los jueces se realice mediante concurso público de oposición. Igualmente, deberá promoverse una amplia participación social en el debate sobre esa reforma.
  • Poner fin a la mora legislativa mediante la pronta aprobación de la legislación referida al Sistema Judicial, al Poder Ciudadano y a la Defensa Pública, tal como lo establece la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 5 de la Constitución.
  • Garantizar protección a la vida, integridad y seguridad de las víctimas, testigos y denunciantes de violación de derechos humanos.
  • Proceder, en el plazo más corto posible, a la renovación de las máximas autoridades de los poderes Judicial y Ciudadano, con estricto apego a los mecanismos establecidos a tal efecto en la Constitución(Provea, 23.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

“El movimiento nacional de derechos humanos en Venezuela ha venido señalando desde hace varios años la necesidad de que el país elabore un Plan Nacional de Derechos Humanos.

En algunas oportunidades algunos funcionarios de alto nivel de la actual gestión gubernamental han respondido que el mejor plan que tiene el país es la Constitución y que ante ella no es necesario tener otro plan.

Quisiéramos hoy dar algunos argumentos en contrario. Una Constitución y un Plan son dos instrumentos de distinto nivel y función. La primera es la ley máxima de un país y en tal sentido delinea el Proyecto de país que una sociedad se da en un momento determinado de su historia social y política. Un plan es un camino a seguir para que los derechos establecidos en la Constitución se hagan realidad a través de acciones públicas. Un plan debe decir quién hará qué, en qué tiempo, dónde y con qué recursos. El Plan también debe contener de antemano indicadores o señales que nos digan si vamos por el buen camino o nos estamos desviando del camino trazado. Sirve también para que todos los ciudadanos podamos estar vigilantes del cumplimiento del mismo y por tanto también de la Constitución» (Provea, 02.09.04, [email protected]).

«Ahora que se reanudaron las negociaciones comerciales en la OMC, los defensores del sistema multilateral esperan que esto frene la proliferación de acuerdos bilaterales de libre comercio. Muchos grupos exhortan a una revisión de las consecuencias de tales pactos.

Tras el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2004 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para reanudar las negociaciones multilaterales, ¿se detendrá la tendencia a la proliferación de los acuerdos comerciales bilaterales?

Muchos partidarios del sistema multilateral de comercio esperan que así sea. ‘El multilateralismo ha alcanzado un triunfo menor’, declaró el director general de la OMC, Supachai Panitchpakdi, y sugirió que ‘el aumento de la confianza en el sistema multilateral de comercio’ reducirá la motivación para celebrar acuerdos bilaterales de libre comercio.

En general se reconoce que los acuerdos bilaterales, en particular entre países en desarrollo y países industrializados, no son la mejor opción para aquéllos, y que las negociaciones y los acuerdos multilaterales son menos discriminatorios y ofrecen a los países del Sur una posición negociadora más favorable.

La necesidad de negociar tantos acuerdos a la vez ejerce una enorme presión sobre los funcionarios y los recursos financieros de los países en desarrollo.
Los acuerdos bilaterales de libre comercio son impopulares en muchos países del Sur, donde grupos de interés público temen que sus gobiernos caigan bajo intensa presión para ceder a las demandas de socios más poderosos.

En Tailandia, académicos y grupos de la sociedad civil exhortaron al gobierno a abandonar sus planes de firmar acuerdos bilaterales de comercio y sustituirlos por una agenda comercial multilateral.

‘El gobierno tailandés tendrá que reconsiderar su énfasis en las negociaciones comerciales bilaterales. Será difícil para el gobierno privilegiar ese tipo de acuerdos sobre los de la OMC, porque Tailandia debe prestar atención a la plataforma comercial mundial más amplia’, dijo Sompop Manarang, profesor de economía de la Universidad de Chulalongkorn.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como bloque y muchos de sus miembros individuales impulsan actualmente marcos y acuerdos comerciales y económicos con países externos a la agrupación. A nivel regional, ASEAN ha firmado acuerdos marco para establecer áreas de libre comercio con Japón e India. Mientras, Estados Unidos impulsa una ‘iniciativa de ASEAN’ mediante acuerdos bilaterales con miembros del bloque.

Singapur ha firmado acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda, Japón, Australia, Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio y Jordania. Tailandia ha firmado o está negociando pactos comerciales con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, China y Japón.

Malasia y Estados Unidos acordaron un marco para un acuerdo bilateral en mayo de 2004. La lista de temas incluye la liberalización de servicios, la facilitación del comercio y las inversiones, la promoción y protección de las inversiones y la propiedad intelectual, la reducción de aranceles para productos industriales y agrícolas, y normas ambientales y laborales. Malasia y Japón están negociando una asociación económica, mientras Malasia y Australia consideran un área de libre comercio bilateral.

Aunque algunas ventajas específicas que ofrecen los países industrializados en acuerdos bilaterales pueden resultar tentadoras para un país en desarrollo, por ejemplo un mayor acceso al mercado para sus productos, también existen varias desventajas potenciales.

Se sabe que países industrializados como Estados Unidos y Japón se valen del instrumento de los acuerdos bilaterales para obtener de sus socios lo que no pudieron obtener en la OMC, donde los países en desarrollo han podido oponerse o resistir ciertos elementos negativos en varios acuerdos.

Aunque es posible que un país en desarrollo que ya se ha liberalizado en gran medida pueda soportar la presión de una liberalización más rápida, otros posiblemente no sean capaces de resistir una apertura más rápida de sus mercados ni otras demandas del país industrializado.

Las siguientes son algunas áreas en que los países en desarrollo deben tener precaución.
En materia de servicios, la OMC permite a los países en desarrollo liberalizar su mercado en la medida y el ritmo que elija, de acuerdo con sus propias condiciones. Es posible que un país quiera intentar la liberalización en ciertos sectores para ver en qué grado lo beneficia, pero puede decidir si comprometerse o no a esas medidas en la OMC, dado que ese compromiso es irreversible o difícil de revertir.

La OMC aplica el criterio de ‘lista positiva’, por el que un país se compromete a liberalizar sólo los rubros incluidos en una lista, en contraste con el criterio más drástico de la ‘lista negativa’, por el que los países comprometen todos sus rubros menos los especificados.

Al parecer, Estados Unidos prefiere el enfoque de la lista negativa. Por ejemplo, en el área de libre comercio con Singapur rige ese criterio, es decir que sólo aquellos sectores incluidos en una lista no están sujetos a liberalización plena.

En materia de inversiones, muchos países en desarrollo, incluido Malasia, se opusieron a un acuerdo sobre inversiones en la OMC, preocupados porque el tratado eliminara o redujera su espacio político para determinar sus propias políticas de inversión, tales como la entrada de inversiones extranjeras, los requisitos de propiedad, los requisitos de desempeño y las limitaciones a la transferencia de fondos.

La mayoría de los tratados bilaterales con países industrializados contienen acuerdos sobre inversión, que pueden incluir los elementos y ‘normas’ preferidos por esos países. Por ejemplo, el acuerdo entre Estados Unidos y Singapur prevé amplios derechos de establecimiento para los inversores extranjeros, trato nacional, prohibición de requisitos de desempeño, libertad para transferir fondos, cláusula de expropiación, y solución de disputas entre el inversor y el Estado, es decir que el propio inversor extranjero y no sólo su gobierno pueden demandar al Estado receptor de las inversiones ante un tribunal internacional.

Los miembros de ASEAN deberían tener cautela en cuanto a la inclusión de elementos sobre inversiones en sus acuerdos de libre comercio, y en todo caso, que no los sujete a compromisos perjudiciales para sus políticas de inversión y desarrollo.

Cabe señalar que el tipo de políticas emprendidas por Malasia durante la crisis financiera de 1997 a 2000 no serían permitidas bajo un acuerdo de libre comercio.

Los acuerdos bilaterales también pueden regir otros asuntos, como la competencia y la contratación pública, que actualmente están fuera del ámbito de negociaciones de la OMC. Muchos países en desarrollo, como Malasia, Indonesia y Filipinas, trabajaron duro para mantener esos temas fuera de la agenda multilateral de comercio.

Sin embargo, esas cuestiones sí están incluidas en el texto del acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas y en el tratado entre Estados Unidos y Singapur. Algunos países de América Latina han señalado que tales asuntos no deberían incluirse en pactos bilaterales.

Los derechos de propiedad intelectual son otro elemento importante de los tratados bilaterales de libre comercio, y países como Estados Unidos y Japón se esfuerzan por promover sus intereses en esa área más allá de lo estipulado en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), de la OMC.

El TRIPS permite a los países en desarrollo eludir las patentes mediante licencias obligatorias, uso público e importaciones paralelas, por ejemplo de medicamentos esenciales. Por otra parte, los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con varios países o grupos de países limitan esa flexibilidad. Como resultado, a los países en desarrollo socios les resulta difícil o imposible adoptar ese tipo de medidas para proveer fármacos genéricos a los enfermos, por ejemplo. Por lo tanto, quizá ASEAN debería crear un grupo de expertos para estudiar qué derechos y medidas de flexibilidad quedarían comprometidos o reducidos en las propuestas de acuerdos bilaterales, y ofrecer sugerencias y opciones al respecto. Third World Network Features/Red del Tercer Mundo» (Choike, 24.08.04, http://www.choike.org/nuevo/informes/2123.html).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Olga Amparo Sánchez; Clara Elena Cardona; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: «El punto de partida de esta investigación es la visión de género y una concepción integral de los derechos, en la que los derechos económicos sociales y culturales son universales y deben ser incluyentes de los derechos de las mujeres en una economía globalizada.
Es fundamental construir propuestas a partir de los procesos de globalización y de los ajustes al modelo de desarrollo. Además, se deben tener en cuenta las modernas políticas económicas, que si bien ofrecen algunas oportunidades de comunicación, tecnología y manejo de información, también han agudizado y generado para las mayorías la exclusión y la pobreza, al tiempo que profundizan la discriminación de los derechos de las mujeres» ([email protected]).

Autor: Carlos Andrés Zapata; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: «El presente trabajo pretende generar una reflexión sobre las restricciones que el ALCA podría traer para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. El texto interroga por la desventajosa situación que se prefigura para las comunidades aborígenes del país con plena liberalización del mercado y la movilidad de capitales y de producción, en las que se renuncia a la función social que deben cumplir el Estado y la propiedad en beneficio de la riqueza de unos pocos. Lo hace a través de la descripción y el análisis de casos en los que ha primado el interés de la inversión sobre los derechos étnicos» ([email protected]).

Autor: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: «Este material hace una síntesis de los mecanismos específicos de protección del sistema universal de derechos humanos de la ONU y del sistema de derechos humanos de la OEA en relación a los pueblos indígenas.
En el sistema interamericano se incluye tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha tratado de casos de pueblos indígenas.
Asimismo, se trascriben los dos proyectos de Declaración, tanto de la Declaración de la OEA en estudio a la fecha, como el proyecto de Declaración de la ONU de la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos, que se encuentra en estudio en la Comisión de Derechos Humanos hace casi ya una década» ([email protected]). 

Autor: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: «Partimos por precisar que los logros en términos de realización acumulados frente a un derecho (salud, educación, etc.) no pueden ser regresivos sino, al contrario, siempre deben demostrar avances. No se puede alegar allí falta de recursos financieros. Esto nos lleva entonces a tres ámbitos de exigibilidad: el local, el nacional y el internacional.
Exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos a través de las declaraciones que han firmado nuestros países es un punto de partida que debe ir acompañado de la recreación y resignificación de las formas de lectura y de acción de nuestras realidades, generando opiniones definiendo nuevos retos y, sobre todo, dejando el miedo de poner sobre la mesa ‘maneras no convencionales’ de incidir sobre la realización como personas con derecho al respeto y la dignidad»([email protected]).

Autor: Consorcio Regional de instituciones, Tribunal de las mujeres por los DESC
Año: 2003
Sinopsis: «Este documento de trabajo […], elabora una serie de lineamientos metodológicos para la capacitación en género de los derechos económicos, sociales y culturales. Constituye un eslabón dentro de un proceso que busca la articulación de perspectivas y formas de trabajo comunes en materia de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. La finalidad de dicho proceso es aportar a las organizaciones de mujeres, en la creación de capacidades que fortalezcan la acción política y ciudadana en relación a dichos derechos» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«Con preocupación y alarma, el Observatorio Global de Medios de Venezuela confirma, a través de sus investigaciones, una creciente tendencia de un grupo de medios privados a orientar los contenidos informativos y de opinión hacia objetivos propagandísticos que, en la presente situación de conflictividad política, puede generar comportamientos individuales y grupales potencialmente violentos.

Esta distorsión de la función informativa de los medios implica el abandono de su responsabilidad social en un sistema democrático y la negación del derecho de los ciudadanos a obtener una información oportuna y equilibrada, indispensable para una convivencia pacífica de todos los venezolanos.

En esta última semana, una vez conocidos los resultados preliminares del Referéndum Presidencial, en los contenidos de algunos canales de televisión, radioemisoras y medios impresos se constata una orientación hacia la manipulación informativa, incitadora al fanatismo y a la intolerancia, como sucedió durante los lamentables acontecimientos del 11 de abril y durante el paro de diciembre de 2002 -enero 2003.

Estas técnicas manipulatorias, que consisten principalmente en presentar como información periodística un mensaje de carácter propagandístico, son percibidas, procesadas e internalizadas por una parte de la audiencia como versión periodística de hechos ciertos que, en combinación con los testimonios y opiniones de personas con algún aval académico, político o simplemente mediático, generan un estado de alteración psicológica que no permite al receptor mantener una capacidad mínima de comprensión de la realidad.

Se busca así reafirmar y potenciar el desequilibrio informativo predominante durante la campaña pre referéndum, tal como ha sido verificado por las investigaciones realizadas y denunciadas por el Observatorio Global de Medios de Venezuela. Es evidente -sobre todo en el caso de los canales privados de televisión- la intención de presentar ante su audiencia la inviabilidad de una solución legal y pacífica de las divergencias en cuanto a los resultados del Referéndum Revocatorio.

Más allá del abandono de los más elementales principios éticos que deben regir el desempeño de los periodistas y de los medios en una democracia, la acción de determinados medios empresariales constituye una grave amenaza para una solución pacífica de los problemas que enfrenta Venezuela.

No corresponde al Observatorio señalar los objetivos políticos que subyacen en ese comportamiento. Sí nos corresponde formular un llamado a la sensatez, a la sindéresis de los periodistas y de los medios. Y solicitar una intervención a tiempo de organizaciones de los derechos humanos, de las instituciones tanto nacionales como internacionales identificadas en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información con el fin de preservar esos derechos y la salud mental de hombres, mujeres y sobretodo de los menores de edad de Venezuela que hoy son víctimas de esas manipulaciones mediáticas.

Por la Comisión Coordinadora: Maryclen Stelling, Edgardo Lander, Werther Sandoval
Por el Comité Asesor: Margarita López-Maya, Aram Aharonian, Olga Dragnic
Caracas, 21 de agosto de 2004″ (Observatorio Global de Medios, 22.08.04)

«El Grupo Social Cesap, organización de desarrollo social, integrada por 22 asociaciones civiles con 30 años de experiencia promoviendo la participación y la organización comunitaria en sectores populares, urbanos y rurales de todo el país,hace un llamado a todos los ciudadanos, a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades con responsabilidad en todos los niveles de gobierno y a todas las instituciones de carácter público y privado para que asumamos la urgente tarea de recuperar la convivencia democrática.

Con diálogo, tolerancia e inclusión es posible construir la convivencia.
Para ello requerimos que el reconocimiento y la inclusión del otro, la tolerancia, la cooperación y la reflexión, se impongan como “formas de hacer” en la vida democrática de nuestro país.

Es necesario y en ello se basa la democracia, que los venezolanos y venezolanas sigamos participando en las organizaciones comunitarias, asambleas de ciudadanos, círculos bolivarianos, asociaciones vecinales, y todas las expresiones organizativas que la comunidad considere necesarias y que defienden sus intereses, como expresión de la voluntad de cada uno y de la voluntad colectiva en la búsqueda de un mayor bienestar.

El país es de todos. Venezuela es trabajo de todos.
El país es de todos y por ello las soluciones a los graves problemas de pobreza e injusticia social que vive la mayoría de nuestra gente deben surgir de la participación de todos.
Una vez obtenidos los resultados del Referéndum Revocatorio, necesitamos seguir construyendo la convivencia democrática.

El país no puede seguir en la incertidumbre.
La participación sigue siendo clave para encarar el futuro. La participación comunitaria y la participación en los asuntos que conforman la agenda pública son conquistas que este pueblo no puede abandonar.

Con protestas y con propuestas debemos seguir contribuyendo para que las instituciones funcionen y le cumplan a los ciudadanos. El voto sigue siendo la herramienta que tiene cada persona en su mano para expresar su voluntad soberana.

Desde el Grupo Social CESAP y el conjunto de sus organizaciones asociadas, ofrecemos nuestra experiencia para seguir promoviendo y fortaleciendo la participación comunitaria.
El país sigue adelante, Venezuela es trabajo de todos.

Por el Consejo Directivo, Santiago Martínez, Presidente; Déborah Van Berkel, Directora Ejecutiva.
Caracas, 25 de agosto 2004″ (Grupo Social Cesap, 25.08.04, [email protected]).

«El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA),

Habiendo escuchado los informes verbales que presentaron el Embajador Valter Pecly Moreira, Representante Permanente de la República Federativa del Brasil y Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA; el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria y los aportes del Representante Permanente de Venezuela, Embajador Jorge Valero, sobre el Referéndum Revocatorio Presidencial realizado en Venezuela el pasado 15 de agosto de 2004;

Constatando la amplia y pacífica participación del pueblo venezolano en el Referéndum Revocatorio Presidencial, celebrada de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela;

Considerando que uno de los elementos esenciales de la democracia representativa es el acceso al poder y el ejercicio del poder de acuerdo con el estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres e imparciales basadas en el voto secreto y el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo, en conformidad con las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana;

Considerando también que el Gobierno Constitucional del Presidente Hugo Chávez Frías ha cumplido con las normas constitucionales de su país y con los compromisos adquiridos con la comunidad hemisférica, al cooperar en la realización del referido Referéndum, contribuyendo así a fortalecer la democracia en las Américas; y teniendo presente que la resolución CP/RES. 833 (1348/02) abogó para que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela procuraran una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral,

RESUELVE:

  1. Hacer un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a sus instituciones políticas democráticas por la conducta cívica demostrada en el proceso refrendario y al Presidente Hugo Chávez Frías por haber logrado una ratificación exitosa de su mandato
  2. Reconocer la contribución que brindaron el Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria y el Grupo de Países Amigos del Secretario General para Venezuela, en la facilitación del proceso que condujo a la celebración del Referéndum.
  3. Reconocer, en particular, la manera responsable y efectiva en la cual cumplió su mandato la Misión de Observación Electoral de la OEA, presidida por el Embajador Valter Pecly Moreira, Representante Permanente de la República Federativa del Brasil.
  4. Expresar su complacencia por la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial, celebrado de acuerdo al artículo 72 de la Constitución de Venezuela, así como el cumplimiento del mandato de la resolución CP/RES. 833 (1348/02) del 22 de diciembre de 2002, que instaba a alcanzar en Venezuela una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral.
    5.. Hacer un llamado a todos los actores a respetar los resultados del Referéndum Revocatorio Presidencial, emitidos por el Consejo Nacional Electoral y avalados por la Misión de Observación Electoral de la OEA, el Centro Carter y demás observadores internacionales. Asimismo, exhortar a todos los sectores nacionales a abstenerse de promover la violencia y la intolerancia, con el fin de facilitar la necesaria búsqueda de la reconciliación nacional.
  5. Exhortar a todos los sectores en Venezuela a respetar los derechos humanos, el estado de derecho, el pleno goce de la libertad de expresión y de prensa, tal y como lo establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Carta Democrática Interamericana.
  6. Saludar el ofrecimiento que ha formulado el Presidente Hugo Chávez Frías de impulsar un diálogo nacional. En ese sentido, abogar por un proceso de reconciliación, con respeto a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Carta Democrática Interamericana, en el cual participen todos los sectores de la vida pública venezolana, y donde las diferencias se diriman en el marco del sistema democrático y dentro de un espíritu de transparencia, pluralismo y tolerancia. Aprobada en sesión celebrada el 26 de agosto de 2004 » (Organización de Estados Americanos, 16.08.04, http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res869.asp).

«La Alianza Internacional de Habitantes saluda la realización del primer Foro Social de las Américas (Quito 25-30 de julio 2004) y se compromete a seguir participando de manera activa en el esfuerzo colectivo de las organizaciones sociales del continente Americano por construir una América justa, fraterna y solidaria. En las circunstancias actuales este reto requiere más que nunca de la más firme unidad de todos aquellos que luchamos por construir un mundo diferente y también, de la coordinación efectiva de todas las iniciativas, todavía dispersas, orientadas a resolver en paz y con respeto de los derechos fundamentales de los pueblos americanos, todos los conflictos y los graves problemas que nos aquejan, garantizando la autonomía de los países de la región

En ese sentido invita a todos los pobladores, habitantes, trabajadores, ciudadanos, profesionales, poderes locales y gobiernos, hombres y mujeres, a:

  1. impulsar la campaña internacional: «Desalojos Cero: Por la seguridad de tenencia, acceso al suelo seguro para familias de menores ingresos». Esta campaña promueve la movilización
    solidaria de pobladores e instituciones de la sociedad civil a nivel internacional a fin de detener los desalojos sensibilizando a las autoridades públicas para que se tomen las medidas de política necesarias, con regímenes de tenencia que les provea de seguridad jurídica e impida los desalojos forzados. A este fin decidimos poner en marcha un sistema unitario de alerta regional contra las violaciones del derecho a la vivienda en el sitio www.habitants.org/IAI. Solicitamos
    el respaldo decidido de las Naciones Unidas a esta iniciativa.
  2. Impulsar la creación de un Fondo Solidario Internacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la reducción de la deuda externa de los países de la región. Este fondo debe ser
    administrado con participación de instituciones de la sociedad civil y bajo control de organizaciones sociales. Con los recursos del fondo se financiarán programas públicos de acceso
    al suelo, vivienda y mejoramiento del hábitat en los barrios precarios.
  3. Articulado a lo anterior, debemos formular e impulsar una política de vivienda para la región, alternativa a la promovida por organismos multilaterales en nuestros países.

Esta nueva política debe superar el enfoque basado exclusivamente en la lógica del mercado, que centra sus esfuerzos en la aplicación de subsidios altos y focalizados, cuyo objetivo central es la reactivación de la industria de la construcción y no la superación de las deplorables condiciones de habitabilidad en la que viven millones de personas en nuestra región.

Quito, 28 de Julio del 2004

Aurora Picazo Ramírez, Unión Popular Valle Gòmez A.C. México; María Corria MDF, Brasil; Luzmila Alvarez Coordinadora Política de Mujeres, Ecuador; Roland Dunzendorfer, urbanista, Austria; Juan Carlos Calizaya, Instituto de Desarrollo Urbano, Cenca, Perú; Cristina Reynals, FEDEVI, Argentina;

Sócrates Peguero, FREPROCA , República Dominicana; Carlos Escalante, Comitè Peruano de Campaña por una Vivienda Digna para todas y todos, Perú; Guillermo Rodríguez, FCOC/ UCISVER México; Lilia Santana, Aitec, Francia; Edymar Cintra, MNLM, Brasil; Roger Muro, Grupo de Iniciativas Urbanas, Perú; José Quiñónez Colchado, Cenca, Perù; Nicolás Carcelén, Ecuador; Santos C. Mata, CODECOV, República Dominicana; Gabriel Ramírez, COPEVI, A.C. México; Grabriella Robba, Universidad de Venecia, Italia; Cecilia Corsini, Universidad de Venecia, Italia; Paul Maquet Makédonski, AIH, Perú; Cesar Ottolini, AIH; Yves Cabannes, CIGU; John Jairo Calderón, Corporación de destechados, Popayán, Colombia; Manuel Dos Santos, MDF, SP, Brasil; Sebastián Tello, GIU, Perù; Epifania Inocente Meza, Estrategia, Perú; Herirberto Flor Quirogo, Asociación de Vivienda Renacer, Bogotá, Colombia; Leticia Osorio, Cohre Américas, Brasil; Susana Segovia, Foro Urbano, Ecuador; Robelio Oña Ramírez, Federación de Barrios Populares de Nor-Occidente, Quito, Ecuador; Luisa Recchia, CIGU; Sandro Lucìa Cifuentes, Sintramuncipales, Ecuador» (Alianza Internacional de Habitantes, 28.07.04, http://alainet.org/docs/6580.html).

Del 06 al 19 de agosto de 2004

Servicio informativo Nº 142

CONTEXTO

Provea, luego de la celebración de las jornadas del referéndum para definir la continuidad o interrupción de la actual gestión presidencial, efectuadas entre el 15 y el 16.08.04, y de la presentación de los resultados preliminares de este proceso comicial hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificados por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y otros observadores internacionales, se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Apreciamos como un hecho muy positivo para la democracia venezolana que el comportamiento de la población se enmarcara en su misma tradición pacífica y democrática de jornadas electorales anteriores. La solidaridad manifiesta entre los ciudadanos, el respeto mutuo y su paciencia crítica frente a los contratiempos de este inédito proceso, son un poderoso ejemplo a seguir por todo el liderazgo venezolano;
  2. Expresamos nuestro apoyo al CNE y ratificamos el respeto a los resultados hechos públicos por el ente comicial, en concordancia con lo expresado por el Foro por la Vida en su comunicado previo a la realización del referéndum revocatorio: “es urgente que los actores políticos muestren su disposición a aceptar los resultados proclamados por el CNE y avalados por las diferentes instancias internacionales invitadas a observar el proceso referendario” (Foro por la Vida, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp130804.pdf);
  3. En este sentido, rechazamos el desconocimiento de tales resultados efectuado por voceros de la oposición y les recordamos que existen procedimientos administrativos y judiciales, establecidos en la legislación venezolana para procesar sus desacuerdos. Todos los actores políticos deben favorecer la paz y la administración democrática de los conflictos que surcan nuestra sociedad;
  4. Solicitamos al CNE que implemente los mecanismos correspondientes para aclarar y disipar las dudas planteadas por la oposición con respecto a los resultados preliminares anunciados;
  5. Repudiamos los hechos de violencia ocurridos la tarde de este 16.08.04 en las adyacencias de la Plaza Francia de Altamira, que derivaron en la muerte de una persona y en 8 heridos por impactos de bala. Exigimos a las autoridades estatales realizar de manera seria y célere las investigaciones de estos sucesos y establecer las responsabilidades del caso. Igual comportamiento solicitamos a las instancias responsables para con los casos de agresiones ocurridas en las jornadas electorales, registradas en distintos centros de votación del país que, según fuentes periodísticas, generaron 4 muertes y 35 heridos a lo largo del 15.08.04. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de todas las víctimas de estos sucesos;
  6. Reconocemos el papel relevante desempeñado por la observación internacional invitada por el CNE, partidos y actores políticos de todas las tendencias. Las misiones integradas por la OEA, el Centro Carter y demás delegados internacionales garantizaron y certificaron la transparencia, confiabilidad y credibilidad de la consulta. En contrapartida, instamos al CNE a recibir las observaciones recogidas por estas misiones y estudiar la inclusión de mejoras en los procesos planteadas en los reportes de los observadores, especialmente las que se refieren a la necesidad de evaluar y corregir las inequidades en la distribución de los centros de votación, que hacen más difícil participar en actos electorales a la población de los sectores populares;
  7. Tal como venimos señalando desde inicios del año 2001, los conflictos que surcan a nuestra sociedad no se resuelven sólo con una consulta electoral, porque se trata de conflictos socio-económicos, político-institucionales y de confrontación modélica, que se vienen añejando desde hace más de dos décadas. Para enfrentarlos hace falta, de los actores políticos y otras élites sociales, una intervención democrática en cada uno de ellos. Por tal razón, los exhortamos a llegar a mínimos acuerdos cuando ello sea posible y a procesar democráticamente las diferencias cuando estas sean irreductibles. El Poder Ejecutivo debe tomar la iniciativa de convocar de manera sincera a los líderes que la oposición designe para tal fin a un diálogo sin exclusiones, en el que también participen los sectores sociales tradicionalmente excluidos de los pactos de élites;
  8. Recibimos con satisfacción los llamados hechos por el Gobierno Nacional a este respecto e invitamos a los Poderes Públicos a asumir el diálogo teniendo como piso mínimo la necesidad de un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita avanzar en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos. Hoy, como ocurrió en 1999 con el Título III de la Constitución, los acuerdos existentes en materia de derechos humanos pueden ser un poderoso punto de partida para una forma democrática de procesar nuestras diferencias como país. (Provea, 17.08.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp170804.pdf)

«La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), preocupada por la gran polarización política existente en Venezuela, envió una misión internacional de investigación, compuesta por Katia Nouten, cooperante en derechos humanos y en desarrollo y por Alirio Uribe Muñoz, vicepresidente de la FIDH y miembro de la ONG colombiana de derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), con el objeto de constatar si se cumplían las garantías básicas para la realización del referéndum del 15 de agosto de 2004.

La FIDH acoge con expectativa la conclusión del proceso referendario en la República Bolivariana de Venezuela y expresa su satisfacción por la libertad de expresión de la que pudieron beneficiarse las partes en contienda, por la masiva concurrencia de electores a las urnas y por la tranquilidad y el civismo de los votantes.

La FIDH se encuentra preocupada por los aislados actos de violencia ocurridos durante el proceso electoral que cobraron la vida de al menos 4 personas y en los que cerca de medio centenar resultaron heridas. En otros hechos igualmente repudiables el pasado 16 de agosto, en la Plaza Altamira, individuos no identificados dispararon indiscriminadamente a partidarios de la oposición provocando la muerte de una persona y varios heridos.

La FIDH espera que las autoridades venezolanas adopten todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los participantes a toda manifestación pacífica que se produzca en los próximos días. Del mismo modo, se insta a realizar una investigación imparcial con el objeto de sancionar de acuerdo con la ley a los responsables de todos estos actos de violencia.

La FIDH considera que los resultados del referendum proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, que confirman el mandato de Hugo Chavez, en tanto cuentan con el aval de observadores internacionales creíbles e imparciales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, deben ser asumidos y respetados por la sociedad venezolana.

La FIDH invita igualmente a que las quejas, denuncias, inconsistencias y aclaraciones sobre los resultados electorales, de modo que se garantice un examen imparcial evitando cualquier tipo de instrumentalización, sean tratadas con la participación de los observadores internacionales y si fuere oportuno, de instancias judiciales o administrativas.

La FIDH llama al gobierno de Venezuela a tomar conciencia de la existencia de un gran número de votantes (3.584.835, un 42.16% de los electores, según el segundo boletín electoral del CNE, escrutadas el 79.82% de las actas) que han manifestado la oposición a su manera de gobernar, lo que implica crear mecanismos institucionales para escuchar, canalizar sus propuestas y considerarles plenamente como actores políticos de la vida Venezolana para afianzar la gobernabilidad democrática.

La misión de observación de la FIDH rendirá un informe detallado en los próximos días y agradece de antemano la colaboración de PROVEA, y la amabilidad de los miembros de la Coordinadora Democrática, del Gobierno, de las distintas autoridades del Estado y personalidades políticas y distintos actores sociales de Venezuela que tuvieron a bien atender la misión» (Federación Internacional de derechos humanos, 17.08.04, http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1835).

«La Asociación Americana de Juristas (AAJ) fue invitada para participar como Observadora Internacional por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. De la delegación participaron el Dr. Ernesto Moreau, Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Dr. Carlos Alberti Presidente del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.

La AAJ asiste en calidad de Observadora Internacional al proceso del Referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de Venezuela.

  1. Invitación.-
    La AAJ fue invitada para participar como Observadora Internacional por el Consejo Nacional Electoral, órgano superior de administración electoral y que de acuerdo al artículo numero 52 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela constituye el 5to Poder del Estado, para acompañar y evaluar el proceso revocatorio del mandato del presidente de la Republica de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
  2. La delegación de la AAJ estuvo compuesta por cuatro integrantes: Dra. Clea Carpi da Rocha, del Brasil; los Dres. Carlos Alberti y Ernesto Moreau, de la Republica de Argentina; y el Dr. Alfonso Torres Ulloa, de la Republica Dominicana.La delegación arribó en diversos vuelos. Por razones técnicas del órgano convocante no pudieron estar presentes desde la fecha inicial fijada por el Consejo Nacional Electoral a los Observadores.
  3. Desarrollo actividad previa al día 15 de agosto, día del Referéndum: las principales actividades.
    a) Reunión con la Coordinadora Democrática y el Comando Maisanta, exponentes de las dos propuestas electorales.
    b) Reunión con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
    c) Reunión con los representantes de los medios de comunicación, tanto los privados como los del Estado.
    d) Reunión con el Consejo Nacional Electoral.
    e) Reunión con el personal técnico de los programas de Caza Huellas y Voto Electrónico.
    f) Reunión de trabajo e intercambio con el Dr. Edwin Zambrano, de la AAJ de Venezuela.
  4. Proceso Electoral.
    Los observadores de la AAJ se desplazaron a diferentes puntos del territorio nacional para cumplir su misión de observación:
    La Dra. Clea Carpi da Rocha, lo hizo en la ciudad de Caracas. Mientras el Dr. Ernesto Moreau hizo lo propio en Ansuati. De su parte los Dres. Carlos Alberti y Alfonso Torres Ulloa lo hicieron en el Estado de Carabobo.
    a) Observaciones:
    1.- Constatamos que los colegios electorales, en general, se instalaron en el tiempo previsto.
    2.- Constatamos un gran interés de los electores y por tanto una asistencia masiva a los centros de votación.
    3.- Constatamos que la seguridad y el procedimiento de captación de huellas fueron muy precisos.
    4.- Constatamos la presencia muy atenta de funcionarios de apoyo de la institución electoral.
    5.- Constatamos la presencia de las dos opciones involucradas en todos los colegios electorales, demostrando conformidad con la forma del acto electoral que se estaba desarrollando.
    6.- Constatamos que el personal militar se limitaba al orden publico, en la participación de los ciudadanos, sin interferencia en el acto de expresión de la voluntad popular, no registrándose conflictos entre el personal militar y los electores.
    7.- Observamos que los miembros de las Mesas mantenían una dirección y el control del proceso, dando orientación a aquellos participantes que lo necesitaban.
    8.- Constatamos que se otorgó preferencia a los adultos, a mujeres con niños y personas con necesidades especiales.
    9.- Constatamos un ambiente de mucha tranquilidad y libertad de la población alrededor de los centros de votación, esperando con paciencia, sin que se registrara actividad proselitistas en los colegios electorales.
    10.- Los Comicios se celebraron en todos los casos en edificios escolares, cuyas infraestructuras permiten el adecuado ingreso de los electores y apropiada ubicación de las autoridades de Mesas.
    11.- Destacamos que el sistema electoral y la ubicación de las urnas y equipos electrónicos permitieron garantizar el carácter secreto del voto.
    b) Algunas Dificultades:
    1.- Observamos la formación de muy largas colas con lentitud en su fluidez. A primera vista su causa parecían ser la insuficiente cantidad de mesas, acrecentadas por la concurrencia sin precedente de votantes, dentro de un sistema en el que el sufragio no es obligatorio.
    c) Apreciaciones Finales:
    Destacamos que la singular forma de participación de los medios de comunicación masiva han intentado sustituir a los partidos políticos erigiéndose en parte activa de la confrontación. Venezuela constituye el primer precedente de utilización del mecanismo del Referéndum Revocatorio en las democracias del mundo.
    El Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su primer informe posterior al escrutinio dio a conocer que el No (no revocación del mandato) alcanzaba el 58% de las voluntades, escrutados en el 94% de los votos emitidos, aproximadamente.
    Al momento de emitirse el presente informe, pese a la ostensible negativa de la oposición (SI) de reconocer dichos resultados; la totalidad de los Observadores Internacionales, incluidos los de la OEA y el Centro Carter, han reconocido públicamente la validez y legitimidad de los resultados ofrecidos por el CNE.
    Resaltamos la participación comprometida del pueblo venezolano con el sistema democrático, aportando con su ejemplo al crecimiento y mejoramiento del estado social de derecho.
    La aplicación del articulo 72 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela constituye el primer precedente ejemplar de utilización del mecanismo del Referéndum Revocatorio en las democracias del mundo.
    En la ciudad de Caracas, de la Republica Bolivariana de Venezuela, a las 14:00 P.M., del día dieciséis (16) de agosto del año dos mil cuatro (2004).
    Por la Asociación Americana de Juristas: Dra. Clea Carpi Da Rocha, Brasil; Dr. Carlos Alberti, Dr. Ernesto Moreau, Argentina; Dr. Alfonso Torres Ulloa, Republica Dominicana» (Aporrea, 18.08.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=19634).

«New York, 17 de agosto de 2004

La democracia venezolana ha superado una prueba histórica. El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías legales.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los venezolanos, divididos de acuerdo a las políticas del Presidente Hugo Chávez, han utilizado el mecanismo establecido por la Constitución venezolana para definir el destino de su presidencia. De acuerdo con las autoridades electorales y los observadores internacionales, una gran mayoría de venezolanos ha votado a favor de que el Presidente permanezca en el cargo.

«La democracia venezolana ha superado una prueba histórica», dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. «El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías legales», agregó.

Mientras el proceso de referéndum parece haber sido mayoritariamente pacífico, Human Rights Watch expresó su profunda preocupación por los incidentes ocurridos ayer en la tarde, cuando hombres armados, aparentemente seguidores de Chávez, dispararon contra manifestantes de la oposición en el distrito de Altamira en Caracas. A consecuencia de esos hechos, una mujer de 61 años perdió la vida y ocho personas más resultaron gravemente heridas. Human Rights Watch instó al gobierno a llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva de los hechos y enjuiciar a los responsables.

«Es crucial que ahora Venezuela continúe fortaleciendo el Estado de Derecho», dijo José Miguel Vivanco. «Además de enjuiciar los actos de violencia política, el Presidente Chávez debe superar las serias amenazas a la independencia judicial que su propio gobierno ha creado», subrayó.

Human Rights Watch instó en concreto al Presidente Chávez a suspender la implementación de la nueva ley del Tribunal Supremo firmada en mayo. La ley, que amplía el número de magistrados de 20 a 32, otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa y obtenga una mayoría abrumadora de magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados.

Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. El Tribunal ha destituido sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos» (Human Rights Watch, 18.08.04, http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_referendum.html).

«En el marco de las actividades de observación del proceso del referendo presidencial realizado el 15 de agosto de 2004, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desea manifestar lo que sigue.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proporcionado a la Misión de Observación, desde el momento en que inició oficialmente sus tareas, las condiciones adecuadas para la realización de sus actividades.

Las actividades de observación electoral comprenden tres etapas: antes, durante y después de la votación propiamente dicha.

En la etapa que antecedió al referendo presidencial, la Misión de Observación Electoral de la OEA desarrolló los preparativos internos para su funcionamiento; mantuvo numerosas reuniones con las autoridades del CNE; se reunió con los principales actores políticos y participó de auditorias y simulacros de los equipos y procedimientos que serían utilizados en la votación. De acuerdo a lo constatado por los observadores de la Misión, el sistema electrónico de votación y transmisión de datos implementado para la votación fue adecuadamente auditado, teniendo todas las condiciones para asegurar el secreto y fidelidad del voto como la transparencia del proceso.

En el día de la votación, los observadores detectaron algunos problemas y dificultades, sobre todo de naturaleza organizacional. Tales inconvenientes fueron sin embargo resueltos. Las demoras experimentadas en varios centros fueron resultado de dos elementos principales: la escasa adaptación de funcionarios de las mesas y técnicos del ente electoral así como los mismos electores al nuevo sistema de votación y el gran volumen de electores, que excedía la capacidad de la estructura existente. A lo largo del día esas dificultades fueron resueltas satisfactoriamente.

La Misión constató que los ciudadanos que participaron de la convocatoria lo hicieron libremente, sin obstáculos que impidieran o limitaran la expresión de su voluntad.

En conferencia de prensa conjunta con el ex-Presidente Jimmy Carter, realizada en la tarde del día 16 de Agosto en Caracas, el Secretario General César Gaviria reconoció que los resultados parciales que divulgara horas antes el Consejo Nacional Electoral (CNE) eran compatibles con los controles internos que efectuara la Misión de Observación Electoral de la OEA para el Referendo en Venezuela.

La Misión constató así que la mayoría de los electores optó por no revocar el mandato del Presidente Hugo Chávez Frías.

La Misión de Observación Electoral se encuentra en este momento en su etapa final, relacionada con las actividades posteriores a la votación.

La Misión desea transmitir, en forma muy enfática, su admiración y respeto por la gran demostración de civismo manifestada por el pueblo venezolano quien, de manera masiva, concurrió a los centros de votación de forma pacífica y ordenada para ejercer el derecho democrático de expresar su voluntad política» (Organización de Estados Americanos, 18.08.04, http://www.oas.org/main/main.asp? sLang=S&sLink=http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).

El pasado 17.08.04, Kofi Annan, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidió a todos los venezolanos que «conserven el espíritu cívico y democrático que mostraron el pasado domingo durante la celebración del referéndum sobre la revocación del mandato de su presidente Hugo Chávez» (Organización de Naciones Unidas, 17.08.04, http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=2876&criteria1=Venezuela&criteria2=Annan).

Annan recordó al gobierno de Venezuela y a todos los sectores políticos del país el compromiso que hicieron ante el Diego Cordobéz, asesor especial de la ONU, de «resolver todos sus desacuerdos sobre referéndum mediante la consulta y el diálogo» (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).

Annan destacó la forma pacífica y ordenada en la que se llevó a cabo el referéndum, reiteró el apoyo de la ONU al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica a todas sus diferencias políticas. Asimismo, reconoció el alto nivel de participación ciudadana registrado en las urnas como una muestra del sentido de responsabilidad y respeto del pueblo venezolano por los valores democráticos.

Por último, el Secretario General indicó «haber tomado nota de los resultados preliminares de las votaciones y de la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter indicando que los venezolanos han optado por la continuación de la presidencia de Chávez» (Organización de Naciones Unidas, Ídem.).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El pasado 11.08.04 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando de la Sala Constitucional, el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que el 06.03.03 había declarado con lugar una acción de amparo presentada por Provea contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y que tiene que ver con una denuncia efectuada por los habitantes de la urbanización Nueva Tacagua.

El 30.09.02 Provea recibió una denuncia de Lewis JIMÉNEZ, habitante y representante de algunos habitantes de Nueva Tacagua, relacionada con la situación de peligro en que se encuentran todos los residentes de las viviendas de esta urbanización, especialmente los de la Terraza I. En esa oportunidad Jiménez denunció que esas construcciones se han venido derrumbando, las paredes de las viviendas están cuarteadas, y los muros de contención se han desplomado sobre vehículos y viviendas; asimismo, manifestó que esta situación se ha agravado progresivamente sin que hasta la fecha los entes estatales responsables que sabían de sus denuncias tomaran las medidas necesarias para solventar los problemas de habitabilidad.

En su decisión, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado procedente el amparo constitucional presentado por Provea y ordenó al presidente del INAVI de ese entonces dar respuesta en relación con los criterios utilizados para reubicar a las familias de las viviendas afectadas, las alternativas a ser presentadas a quienes viven en anexos o en viviendas alquiladas en el sector; y los planes inmediatos para atender la grave situación de los habitantes (ver edición N° 113 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_113.pdf).

Al estudiar la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, La Sala Constitucional constató que en el presente caso el INAVI “no dio una oportuna y adecuada respuesta a los solicitantes, dentro del lapso establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala considera que se configuró la lesión al derecho de petición denunciado por la parte actora consagrado en el artículo 51 de la Constitución, estando, por tanto, ajustada a derecho la decisión consultada” (Tribunal Supremo de Justicia, 12.08.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1356).

El diputado José Khan (Movimiento Quinta República) informó que el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, derivada de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), pasará al 2do. período legislativo. El parlamentario prevé que estará aprobada a finales del próximo trimestre legislativo, con lo que «Es muy seguro que entre en vigencia en el mes de enero del próximo año» (Gobierno en Línea, 11.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21254).

Khan señaló que para elaborar este proyecto de ley, aprobado en primera discusión el 29.01.04, se contemplaron consultas con comunidades populares, organismos del sector gubernamental, sector privado y comunidades indígenas. Recordó que una de las consultas más importantes se realizó en la población de Cabruta, del Edo. Bolívar, en la cual participaron diversos organismos y comunidades, que sumaron «más de mil personas a las mesas de trabajo y discusión en la primera etapa, y más de doscientas en forma permanente» (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.). Aseguró Kahn que, «de igual modo, la ley será enviada a todos los institutos municipales de la vivienda, pues son los encargados en el ámbito local del área, de vivienda y hábitat. Así mismo, los gobiernos regionales tendrán, a través de los institutos regionales de vivienda, copia del respectivo instrumento de ley, con la finalidad de que una vez considerada puedan hacer las observaciones y recomendaciones que crean pertinentes» (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).

Esta ley tendrá por objeto garantizar la satisfacción progresiva, a todas las personas residentes en el país una vivienda y hábitat dignos a través de un régimen prestacional de carácter social, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los Tratados y declaraciones internacionales suscritas y ratificadas por la República en materias concurrentes (Asamblea Nacional, 17.08.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp).

De acuerdo con la opinión de los miembros de la subcomisión de Seguridad Social y Programas Sociales, que estudia la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, un punto de avance en las discusiones ha sido el de combinar esta ley con la Ley Especial de Regulación de la Tierra Urbana y Cogestión de los Asentamientos Humanos Populares (antigua Ley de Barrios): «Ahora, no sólo se le está aplicando al instrumento lo que indica la Constitución y el Decreto 1666 referido a la regularización de las tierras urbanas, sino que además se completa la autogestión integral de los asentamientos humanos populares con todo lo establecido en la Resolución sobre Hábitat de las Naciones Unidas, a la cual está suscrita Venezuela» (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).

La subcomisión parlamentaria de Seguridad Social, también considera como un aspecto positivo la participación de representantes del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), en las discusiones,  «porque una vez aprobado el texto legal, el organismo pasará a formar parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En este sentido se han tomado medidas muy importantes, una de ellas es la creación de la Cuenta Única, y ha integrado todos los ahorros habitacionales que se encontraban desagregados en varios bancos privados y los ha reunido en uno solo organismo. Ahora está manejando ya la cuenta a la que todos tienen acceso para saber cuánto tienen depositado, de dónde vienen los depósitos, como acceder a ellos y próximamente cada ahorrista tendrá en sus manos su instrumento de ahorro […] las cotizaciones a la Política Habitacional para tener acceso al crédito para vivienda, pasarán al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de manera que no se pierden, sino que tienen continuidad» (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).

Según voceros oficiales, «la nueva ley tiene 2 mecanismos de ahorro, uno obligatorio que es equivalente al que actualmente existe, y otro que es voluntario y es un mecanismo universal, permite universalizar el ahorro para toda aquella persona que quiera ahorrar y pueda ahorrar para adquirir vivienda tiene la oportunidad de hacerlo también a través de este mecanismo. Esta modalidad recibirá incentivos del Estado, tal y como lo viene realizando a través del aporte de los empleadores, así que los dueños de pequeños negocios, de pequeñas empresas y trabajadores independientes recibirán un porcentaje para ingresarlo en su cuenta de ahorro para adquisición de vivienda. Podrán pedir créditos directamente, a través de un banco del Estado, esto va a facilitar el crédito porque se reconoce la titularidad de la tierra, se reconocen los activos de las bienechurías con lo cual se masifica el acceso al ahorro, para mejora de vivienda, ampliaciones que directamente puede contratar el propietario con cooperativas de construcción, lo cual contribuye a abaratar los costos y con un control social directo de la población» (Gobierno en Línea, 11.08.04, Ídem.).

Otra fuente observa que esta propuesta de ley contempla la creación de un Ministerio con Competencia en Vivienda y Hábitat, como el ente rector de la política, lo que implica la eliminación del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), para evitar «el solapamiento de funciones que genera ineficiencia en el gasto e inversión pública … sólo podrá existir un organismo de vivienda y hábitat que cumpla funciones integrales por unidad territorial» (Tal Cual, 06.08.04, pág. 9). 

Conviene recordar que en la edición N° 141 de este boletín electrónico se reseñaron las argumentaciones esgrimidas por un grupo de legisladores especialistas en materia de vivienda que abogaban por la reforma de la LOSSS, en el sentido de que adolecía de visos de inconstitucionalidad en cuanto atañe al tema del régimen prestacional de vivienda (Ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_141.htm#10). Los especialistas invocaron el diálogo con la AN para corregir el error proveniente del artículo 104 de la LOSSS, el cual establece que el régimen prestacional de vivienda se haga con aportes fiscales, remanentes netos de capital destinados a la seguridad social y con los aportes parafiscales de empleadores, trabajadores dependientes y demás afiliados. Explicaron los expertos que con esta medida se perdería el carácter de ahorro habitacional que posee el pago obligatorio de la Política Habitacional hecho por los trabajadores para convertirse en un tributo.

Leonardo Gil, viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), manifestó que el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural (PESA) ha beneficiado alrededor de 7.150 familias en todo el país a lo largo de 2 años de su aplicación.

Destacó el funcionario que este programa «fue concebido con el propósito de fortalecer el desarrollo agrícola y rural del país, orientado a generar capacidades institucionales, técnicas, sociales y humanas, siendo totalmente financiado por el Gobierno Nacional, con cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)» (Gobierno en Línea, 13.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21323/http://www.mat.gov.ve/noticias/Agosto/noti_11_08.html).

Explicó Gil que «este programa cuenta con 6 componentes, los cuales se ejecutan en 30 comunidades a nivel nacional: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria; Cooperación Sur-Sur; Programa de Multiplicación de Semillas para la Seguridad Alimentaria; Programa de Transferencia de Tecnología para la Producción Agrícola; Sistema Nacional de Información Agrícola y el Manejo de los Recursos Naturales y Ordenamiento Territorial» (Gobierno en Línea, Ídem.).

Notificó el funcionario que «en los cultivos organopónicos y huertos intensivos se logró una producción de 104.098 kilos de hortalizas en un área de 22.870 hectáreas, con la participación de 219 personas organizadas en cooperativas y asociados. Por su parte, en los cultivos de microhuertos se han incorporado más de 6.000 familias en unidades de producción bajo un área de 6.333 metros cuadrados» (Gobierno en Línea, Ídem.).

Por su parte, Elisa Panades, representante de la FAO en Venezuela, subrayó que entre las actividades que se llevan a cabo con el PESA, está la asistencia a las comunidades campesinas e indígenas, “para que alcancen su seguridad alimentaria, a través de la intensificación y diversificación de la producción, así como la participación social y el mejoramiento de la alimentación y nutrición, mediante el uso de herramientas de capacitación” (Gobierno en Línea, Ídem.).

La Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.999 del 11.08.04 (consultar en http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp) establece que, a partir del 01.11.04, quedarán exentos de este impuesto, los servicios de agua, electricidad y aseo urbano residencial, telefonía pública y gas doméstico (Radio Nacional de Venezuela, 13.08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7548).

La Asamblea Nacional (AN) decretó modificar el artículo 16 de esta Ley, a fin de eximir del IVA a «las importaciones de bienes muebles, las ventas de bienes muebles intangibles e incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas, obligaciones emitidas por compañías anónimas, entre otros títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales y cualquier otro título representativo de actos que no sean considerados como hechos imponibles así como los prestamos en dinero» (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).

Por su parte, el articulo 19 de esta reforma señala que quedan exentas del impuesto las prestaciones de los siguientes servicios: el transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros, los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en el Ministerio de Educación y Deportes (MED) y en el Ministerio de Educación Superior (MES), los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios a estudiantes, ancianos, personas minusválidas, excepcionales o enfermas, cuando sean prestados dentro de una institución destinada exclusivamente a servir en estos usuarios (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).

La exención abarca también a las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares, cuando se trate de entes sin fines de lucro exentos de impuestos sobre al renta, servicios médico-asistenciales y odontológicos, de cirugía y hospitalización, entradas a espectáculos artísticos, culturales y deportivos siempre que su valor no exceda de dos unidades tributarias, el suministro de electricidad de uso residencial, servicio nacional de telefonía prestado a través de teléfonos públicos, servicio de agua residencial, aseo urbano, gas residencial directo o por bombonas, entre otros servicios (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).

El artículo 62 hace referencia a la alícuota impositiva general del 15 % que se aplicará desde el 01.09.04 a las operaciones gravadas, la cual será , hasta tanto entre en vigor la Ley de Presupuesto que establezca una alícuota distinta conforme al artículo 27 de esta Ley.

La reforma también afecta al artículo 63 de la Ley, y establece que hasta tanto entre en vigor la Ley de Presupuesto que establezca una alícuota distinta, la alícuota impositiva aplicable a las siguientes operaciones será del 8 %: las importaciones y ventas de los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación: animales vivos destinados al matadero, ganado bovino, caprino, ovino y porcino para la cría, carnes en estado natural, refrigeradas, congeladas, saladas o en salmuera, mantecas y aceites vegetales refinados o no, utilizados exclusivamente como insumos en la elaboración de aceites comestibles, importaciones y ventas de minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales entre otras especies, y el transporte aéreo nacional de pasajeros (Radio Nacional de Venezuela, Ídem.).

Aunque Provea valora positivamente esta excención, recuerda que el IVA es un impuesto regresivo que afecta con mayor impacto a los sectores populares y que, por equiparar a quienes no son iguales, coadyuva a la violación del derecho a la no discriminación.

Ana Elisa Osorio, titular del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), informó que se ha “aumentado la cobertura [de agua potable] en 10%, lo que implica que 2 millones de personas gozan de un mejor servicio. Ahora, 93% de la población urbana y 87% de la rural se benefician del agua potable. En este punto hemos cumplido la meta del milenio, y esperamos garantizar el acceso universal en los próximos 3 o 4 años” (El Nacional, 14.08.04, pág. B/16).

Sin embargo, Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambientalista Vitalis reconoce que, pese a que ha mejorado la red de distribución y acceso al agua potable, no se valora lo ambiental “como un asunto clave del desarrollo sostenible […] es que pese a que la economía del país se sustenta fundamentalmente en el aprovechamiento de recursos naturales, la inversión en ambiente no supera 0,85% de los ingresos fiscales, por lo cual se entienden las alarmantes deficiencias presupuestarias que confronta el sector” (El Nacional, Ídem.).

En opinión de Díaz Martín hay una “inapropiada supervisión de la gestión de los residuos sólidos que debe realizar el MARN en los municipios, así como del manejo que en escala nacional se le da a los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos […] las calles, en general, están más sucias, por ejemplo las del municipio Libertador, con lo cual la función supervisora del MARN parece haberse debilitado por la afinidad partidista” (El Nacional, Ídem.).

José Rojas López, profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes (ULA), cree que el manejo de los residuos es “uno de los problemas más graves en el país, que requiere de nuevos enfoques. Las estrategias del tipo triple R (reutilización, reciclaje, reconversión) encuentran poca viabilidad, por la inexistencia de coordinación con las alcaldías y de un programa de educación masivo en los medios de comunicación” (El Nacional, Ídem.).

Sin embargo, Osorio recalca que los residuos sólidos “no son competencia del MARN. La rectoría es nuestra, y en eso hemos avanzado; pero la ejecución es municipal, y en el país es muy mala […] hasta la fecha se han elaborado 10 planes rectores para el manejo de los desechos en entidades como Mérida, Nueva Esparta y Falcón, y prosigue la búsqueda de recursos con el Banco Mundial“ (El Nacional, Ídem.).

Por otro lado, sobre esta misma materia, la funcionaria destacó que se exportó a Alemania 1.000 toneladas de plaguicidas, que durante años constituían un problema sanitario en las poblaciones de Camatagua, Tocuyito y El Cenizo.

En cuanto al tema de los ilícitos ambientales, Vitalis asegura que la actuación oficial frente a esta problemática es escasa, y también se ha visto opacada “por la limitada capacidad de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo” (El Nacional, Ídem.). La organización denuncia “el manejo inapropiado del Sistema de Áreas Protegidas de Venezuela y, en general, de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, particularmente de las cuencas hidrográficas, las reservas forestales y las zonas protectoras” (El Nacional, Ídem.).

Rojas López coincide con esta aseveración y señala como factores que han provocado el  recrudecimiento de los ilícitos ambientales al “relajamiento de las normativas vigentes de la Ley Forestal, de Suelos y de Aguas; de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, de la Ley Orgánica del Ambiente y de las Normas de Evaluación de Impactos Ambientales, entre otras, quizás debido a las actualizaciones de que están siendo objeto” (El Nacional, Ídem.).

Osorio asoma otro problema: la minería ilegal. Aseguró la funcionaria que le “preocupa especialmente lo que ocurre en la cuenca del río Caroní. Se han hecho operativos conjuntos del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, pero son ineficientes, y el camino no son los operativos. Pensamos que esta zona debe declararse libre de minería, para proteger el recurso agua y la generación de electricidad” (El Nacional, Ídem.). Osorio adelantó que se está trabajando con el Ministerio de la Defensa en una propuesta integral, y destacó la misión Piar “para la reubicación y organización de pequeños mineros en cooperativas” (El Nacional, Ídem.).

En cuanto a las áreas protegidas, aseguró que la vigilancia ha mejorado en sectores como el refugio de la tortuga arrau y la ciénaga Los Olivitos, “y la iremos incrementando en la medida en que tengamos recursos” (El Nacional, Ídem.).

Respecto a la situaciones planteadas por el Decreto 1850 sobre la apertura minera en la reserva forestal Imataca, y el tendido eléctrico hacia Brasil (heredados del mandato de Rafael Caldera), el vocero de Vitalis aseveró que el contenido del nuevo decreto de Imataca (preparado por el ministerio) implica un retroceso, al igual que el apoyo al tendido eléctrico “pese a que en la campaña presidencial, el Presidente prometió eliminarlos” (El Nacional, Ídem.).

Alexander Luzardo, profesor universitario y ex presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, opina sobre este tema que la gestión ambiental del presidente Chávez comenzó con una decisión desacertada: “A pesar de todas las advertencias de ecologistas e indígenas, acordó construir el tendido eléctrico. El Gobierno promovió la represión militar contra el pueblo Pemón, violó los derechos ambientales e indígenas consagrados en la Constitución, así como varios convenios internacionales”.

Luzardo dijo que no se derogó el Decreto 1850 y que, por el contrario, “se ha fomentado la actividad minera en el Edo. Bolívar con una política de dejar hacer, dejar pasar mineral, con negativos impactos ambientales y socioculturales” (El Nacional, Ídem.).

Osorio se defendió de estos señalamientos explicando que el MARN elaboró un nuevo decreto para reemplazar el 1850, el cual “estuvo sometido a consulta pública y significa un avance, porque reduce la actividad minera a las áreas ya afectadas y reconoce a las comunidades indígenas” (El Nacional, Ídem.) (sobre el debate abierto para la elaboración de este nuevo decreto ver edición Nº 128 de este boletín electrónico en http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_128.htm#27). 

En lo que respecta al tendido eléctrico, la ministra insistió en que el Presidente “debía cumplir el compromiso adquirido por el gobierno anterior con Brasil”, y asevera que el proyecto “fue mejorado, se hicieron correcciones en la ruta, las comunidades ejecutaron las medidas de mitigación y se cambió el diseño de las torres. Este tendido es muy respetuoso”  (lea el artículo de opinión de Provea «Los Pemón y el (malen)tendido» en http://d321686.p38.paxsoft.net/actualidad/opinion/2001/ao230401.pdf).

Varios aspectos de la política ambiental de esta gestión gubernamental son catalogadas por Díaz Martín como positivas: menos incendios forestales, reactivación y creación de comisiones de trabajo, inicio de la transferencia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, seguimiento a los acuerdos internacionales más relevantes, concreción de un plan nacional de vigilancia y control «aunque con muy poco apoyo presupuestario y pocos resultados y fortalecimiento del Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica” (El Nacional, Ídem.).

Pero en su lista de fallas, enumera –entre otras- “la limitada capacidad oficial para prever, atender, controlar, evitar y resolver la problemática ambiental del país, debido a restricciones presupuestarias, técnicas y logísticas, unido a intereses coyunturales (políticos y económicos) que conspiran contra el desarrollo sustentable; complicidad ante las invasiones; comercio ilegal de animales y plantas silvestres; contaminación de los ríos Orinoco y Caroní; disminución de la capacidad de respuesta del ministerio; crecimiento de pasivos ambientales; contaminación por plaguicidas de suelos y personas, y migración del talento venezolano al exterior» (El Nacional, Ídem.).

Luzardo también acotó algunos problemas en las gestión ambiental gubernamental: estancamiento en la política de mantenimiento y creación de parques nacionales y demás áreas protegidas, colapso de la institucionalidad ambiental al punto que aseguró que “hay un retraso de por lo menos 20 años” (El Nacional, Ídem.).

Rojas López coincide con esta última crítica de Luzardo y advierte que el ministerio “se ha ido quedando atrás con respecto a nuevas modalidades de gestión ambiental que se están aplicando en el mundo y particularmente en algunos países de América Latina” (El Nacional, Ídem.). Pero destaca como favorables “algunos resultados concretos en infraestructura y equipamientos de los sistemas de acceso al agua potable y de tratamiento de aguas servidas, en los planes de rescate de algunas especies de la fauna silvestre, en la ordenación de los parques nacionales y la actualización de la legislación ambiental” (El Nacional, Ídem.).

Osorio acepta los señalamientos mas no deja de nombrar como éxitos «la activación de 50 viveros, la reforestación de 8.000 ha., la participación comunitaria, la reestructuración del Ministerio del Ambiente, la incorporación de los pueblos indígenas a la creación de políticas y la protección del agua» (El Nacional, Ídem.).

La funcionaria se extendió en reconocer que la meta del milenio establecida para la recolección de aguas servidas está a punto de ser cumplida: «El esfuerzo ha sido muy importante, superamos lo que se hizo en los últimos 40 años y la cobertura en este momento es de 73% entre las zonas rural y urbana” (El Nacional, Ídem.). Recordó que en 1998 la capacidad de tratamiento no llegaba a 9% y que hoy en día lograron duplicarla: “Están en construcción plantas que culminaremos entre 2005 y 2006, y con esa nueva infraestructura llegaremos a 30%, 3 veces más de lo que teníamos en 1998”.

Estos esfuerzos han contribuido significativamente con el saneamiento de áreas costeras de Anzoátegui, Nueva Esparta y Falcón. Son obras con las que hemos logrado depurar más de 100 km. de playas […] Precisamente, una de las prioridades de la gestión actual ha sido impulsar el tratamiento de las aguas servidas que descargan en playas o cuerpos de agua como el de Valencia o Maracaibo. En la capital zuliana inauguramos el RAS (sistemas de reutilización de las aguas servidas, que permiten el uso en el área industrial). Aquí estamos trabajando con 1.3 lt. de agua por segundo que ya no caen al lago. En Cabimas también pusimos en funcionamiento otra planta, y en el lago de Valencia rescatamos la de Taiguaiguai. Por otra parte, terminamos la primera fase de Los Guayos y de La Mariposa. Eso significa que entre ampliaciones y rehabilitaciones, ya contamos con 20 plantas y 10 más están en construcción, localizadas en Higuerote, Punta Gorda, El Yaque, Cumaná, Maturín, Ciudad Ojeda y Barinas. La política de saneamiento ha tenido una inversión importante” (El Nacional, Ídem.).

Denuncias registradas en la prensa nacional hablan de más de 80 personas despedidas hasta la fecha del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección y Protección Bancaria (FOGADE) desde que tomara la presidencia el abogado Jesús Caldera Infante en mayo de este año en sustitución del economista Rómulo Henríquez.

Entre los despedidos por causas políticas (haber firmado la convocatoria para el referéndum presidencial del pasado 15 de agosto), se cuenta la planta gerencial (20 personas) y poco más de 60 empleados de distintas áreas: gente de seguridad, obreros, analistas, secretarias y funcionarios de carrera, según aseguró Jorge BOSQUE, ex gerente general de Activos y Liquidación.

La fuente periodística recogió la denuncia que «dentro de FOGADE circula una lista claramente emanada del departamento de personal, en la que […] se dedicaron a puntualizar el grado de chavismo o antichavismo de la nómina del Fondo -566 empleados y 46 obreros- y su participación o no como firmantes por el referendo. ‘Todos los removidos de sus cargos aparecen en esa lista calificados como opositores’, aclaró Glenda FERMÍN, abogada que formaba parte de la consultoría jurídica de FOGADE: ‘Son despidos claramente políticos, porque a ninguno se nos ha abierto la averiguación que contempla la norma de empleados públicos ni se nos hizo evaluación’. De acuerdo con la lista 224 empleados habrían firmado en las solicitudes o del consultivo o del revocatorio y eso incluye personal de todo nivel: desde obreros hasta gerentes. Pero además hay algunos que no aparecen como firmantes pero sí señalados como parte de la oposición ‘light’ o ‘radical’ » (El Universal, 08.08.04, pág. 1 del encartado dominical Expediente).

Fermín apunta algunas de las violaciones derivadas de estos despidos hechos por la nueva gestión: «El artículo 146 de la Constitución, que habla de la estabilidad del funcionario público, el 34 de las Normas Especiales de los Funcionarios y Empleados de FOGADE y que está basado en el 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública» (El Universal, Ídem.).

La fuente destaca que «hasta el momento ninguno de los botados recibió su correspondiente liquidación a pesar de que -aseguran- la mayoría hace tiempo que presentó la exigida declaración de bienes» (El Universal, Ídem.).

Trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE) realizaron denuncias similares contra el teniente de la Aviación (r) Ángel García Ontiveros quien, con apenas 3 semanas en el cargo de presidente, en sustitución del ingeniero de sistema y oficial de la Armada (r), Fernando Román Lugo (removido del cargo el pasado mes de julio), «ha arrojado a la calle a unas 40 personas […] violando la inamovilidad laboral y las leyes de la República»  (Tal Cual, 11.08.04, pág. 4).

Reseñó la fuente que «la gerente de relaciones públicas, una periodista y abogada de 5 años de experiencia en el IAFE, fue echada [al igual que] el gerente de proyectos de rehabilitación de las vías férreas Puerto Cabello-Barquisimeto […] Botó a trabajadores que le faltaban 2 años para gozar de su jubilación, y a la jefa de servicios generales, Mariela NOGUERA, la sacó por firmante» (Tal Cual, Ídem.).

Un comité de trabajadores redactó una misiva remitida al presidente Hugo Chávez, en la que denuncian las arbitrariedades cometidas por García Ontiveros contra los/as trabajadores/as despedidas.

Vale recordar que, con la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea, 3 empleadas del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) procedieron el 22.07.04 a introducir ante el tribunal de distribución en materia laboral un recurso de amparo constitucional por haber sido víctimas de despidos por motivaciones políticas (ver edición N° 140 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#02).

Por su parte, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP) exigió ayer la reincorporación de 2.000 funcionarios/as que laboraban en organismos del Estado y que fueron despedidos injustificadamente por haber solicitado el referéndum revocatorio realizado el domingo. Antonio Suárez, presidente de FEDEUNEP aprovechó «el diálogo nacional que impulsa el oficialismo  [para realizar] este reclamo de los trabajadores del sector público” (El Nacional, 19.08.04, A/16). Agregó que existe el temor de que se intensifique la persecución laboral contra quienes no se identifiquen con el oficialismo.

El expediente con los casos de las expulsiones antes mencionadas fue entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente de FEDEUNEP sostuvo que ha recibido denuncias de despidos de funcionarios/as de organismos como FOGADE, el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) e Hidrofalcón, entre otros.

También dio a conocer que FEDEUNEP tiene registro de traslados inconsultos, bloqueo de ascensos y desconocimiento de pagos y otros beneficios laborales para otro grupo de empleados/as públicos firmantes.

Por otra parte, Suárez refirió que «debe terminar el hostigamiento hacia la dirigencia sindical no oficialista (Fedeunep y sus sindicatos afiliados), a la que el Gobierno debe reconocer porque fue relegitimada por los trabajadores en las elecciones sindicales organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)» (El Nacional, Ídem.).

  • Continuar con el incremento de la matrícula de educación preescolar y de educación media a fin de lograr, por lo menos,un 55% de cobertura neta en un plazo no mayor de 5 años.
    Velar por el cumplimiento efectivo de:
    1) La política que garantiza el acceso a la educación pública sin el condicionamiento de cobros de ninguna naturaleza;
    2) Todas las Resoluciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes destinadas a impedir cualquier forma de discriminación de alumnos en el ingreso y/o permanencia dentro del sistema educativo;
    3) La asignación eficiente, equitativa y oportuna de recursos financieros a los establecimientos educativos para que puedan funcionar sin que dependan de las cuotas de la Sociedad de Padres y representantes.
  • Elaborar y dar a conocer un Plan Nacional de Reparación de Escuelas con metas a corto, mediano y largo plazo a fin de que la ciudadanía pueda controlar la efectividad en el cumplimiento del mismo.
    Iniciar un proceso gradual de construcción de aulas para lograr incluir a la población desescolarizada, priorizándose el nivel preescolar y la 2° etapa de educación básica.
  • Desarrollar planes específicos y entrenamiento docente para disminuir progresivamente los índices de repitencia, especialmente los constatados en 1° y 7° grados.
  • Diseñar y ejecutar planes destinados a favorecer la reinserción escolar de los niños y/o jóvenes expulsados del sistema de educación formal.
  • Aprobar la Ley Orgánica de Educación acorde con los principios y fundamentos establecidos tanto en la Constitución vigente como en los acuerdos internacionales de derechos humanos; incluir las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales tanto a nivel regional como universal.
  • Garantizar la participación social en la formulación del Plan Nacional de Educación para Todos.
  • Garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en el Convenio firmado entre la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas y el Ministerio de Educación,Cultura y Deportes. Velar especialmente por que las órdenes de pago del Ministerio de Finanzas se emitan a tiempo a fin de evitar retrasos en los desembolsos.
  • Comenzar un proceso de evaluación del proyecto de Escuelas Bolivarianas a fin de potenciar sus logros y minimizar las fallas del mismo.
  • Desarrollar un plan nacional de formación docente para adecuar las prácticas pedagógicas a una concepción de la educación no excluyente, democrática y participativa.
  • Continuar la tendencia a incrementar el porcentaje del PIB dedicado a la educación. Así mismo, lograr que el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación se ajuste a los estándares internacionales.
  • Garantizar presupuestos acordes con las necesidades de cada uno de los niveles educativos.
  • Velar por una ejecución presupuestaria eficiente, transparente y oportuna.
  • Garantizar que el ingreso a la docencia sea solo a través de concursos públicos organizados en forma periódica, transparente y de acuerdo con parámetros legales. Asimismo,garantizar una adecuada contraprestación socioeconómica a los docentes.
  • Fortalecer el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea).
  • Eliminar el carácter obligatorio de la asignatura Instrucción Premilitar.
  • Dar a conocer públicamente el procedimiento formal de autorización de textos escolares.
  • Elaborar un nuevo instrumento normativo que actualice y mantenga el espíritu de la Resolución N° 1484, la cual establece, en el sistema curricular venezolano, la educación en valores y derechos humanos.
  • Dar a conocer públicamente el estado de la reforma curricular en los distintos niveles educativos.
  • Evaluar y dar a conocer públicamente los logros y dificultades del Plan Nacional de Alfabetización, garantizando una participación plural y diversa. (Provea, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Después de 3 años de permanecer en el limbo legislativo, fue aprobada la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.995, de fecha 05.08.04, esta ley cumple el mandato constitucional contemplado en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta que dispuso la aprobación, dentro del primer año contado a partir de la instalación de la Asamblea Nacional (AN), de la legislación del  Poder Ciudadano.

Con la nueva legislación se determinan las funciones de la Defensoría del Pueblo, se le da forma definitiva a su estructura funcional y organizativa, permitiéndole también consolidarse definitivamente como institución pública.

Recuerda la fuente oficial que «la Defensoría venía actuando con el apoyo de 3 artículos de la Constitución los cuales permitieron muchas acciones pero que, con la publicación de la Ley en Gaceta Oficial, va a permitir actuaciones más eficientes por cuanto el ciudadano podrá tener respuestas a sus planteamientos en el corto plazo» (Defensoría del Pueblo, 11.08.04, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=447&plantilla=1).

«Sobre algunos aspectos relevantes contenidos en esta Ley Orgánica se puede indicar que las personas que no brinden la información que sea requerida por la Defensoría del Pueblo en su oportunidad van a ser sancionadas por negarse a brindar la misma. También se puede destacar el hecho de que aun cuando pudiera suscitarse un conflicto de carácter laboral en el seno de la institución, esta no podrá ser paralizada porque su función es catalogada como la de un servicio público indispensable. Los Defensores Delegados, por su parte, sólo podrán ser investigados penalmente por iniciativa expresa del Fiscal Superior del Ministerio Público y así otros aspectos destacables que, en definitiva, van a permitir un marco de actuación mucho más eficiente en beneficio de los funcionarios, de la institución y, sobre todo, de los ciudadanos.

De acuerdo a este nuevo orden constitucional, ahora todas las personas podrán acudir a la defensoría del Pueblo, a fin de ejercer su derecho a la denuncia contra la violación de sus derechos humanos, o por mal funcionamiento de los servicios públicos, sean prestados por personas jurídicas públicas o privadas; en la búsqueda de una Administración Pública más eficiente en el cumplimiento de sus funciones, coadyuvando así a una mejor calidad de vida de la ciudadanía» (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

La Defensoría puso a disposición en su sitio web una versión digital de la Ley: http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=448&plantilla=1.

Provea observa con agrado que se satisfizo una exigencia constantemente efectuada al Estado venezolano en sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, desde su edición octubre 2000/septiembre 2001 (ver dirección-e: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2000_01/propuestas_pod_publicos.htm#09) 

Jorge Govea, director del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos (OVDH), alertó que los cambios implementados en el Ministerio Público (MP) del Edo. Zulia retrasan la decisión sobre los casos de Fuerte Mara (ver edición N° 137 de este boletín electrónico en: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm) y la muerte de Juan Carlos ZAMBRANO en el campamento militar zuliano de La Turiaca.

Como organización de derechos humanos, el OVDH considera un irrespeto a los familiares de las víctimas la forma como se vienen instaurando mecanismos de impunidad a causa del retardo procesal y de los obstáculos hallados en el camino de las investigaciones de estos casos de violaciones a los derechos humanos producidas en instalaciones militares del Edo. Zulia.

Govea advirtió que los 5 fiscales competentes en el caso Fuerte Mara manifestaron que tenían una decisión tomada que sería anunciada en algún momento, pero “a un mes de que debieron revelar la decisión, ahora parece que no hay un acto conclusivo, ni se sabe a ciencia cierta los resultados que arrojaron las investigaciones de Fuerte Mara, tanto de lo recabado por la Fiscalía Militar y posteriormente la civil, e incluso cuando el MP de la región abrió otra investigación sobre las causas de la muerte de Ángel Ciro Pedreáñez, que tampoco están aclaradas” (El Nacional, 10.08.04, pág. B/11).

Indicó que «el OVDH tiene en su poder la autopsia que se le practicó al soldado en la Facultad de Medicina de LUZ que […] revelan cosas que deben seguirse investigando [Sin embargo] se han generado una cantidad de movimientos de última hora que dejan mucho que desear” (El Nacional, Ídem.).

Govea enfatizó que no sólo el caso de Fuerte Mara permanece engavetado sino también el de la muerte de Zambrano y señala que, a pesar de que existe un conocimiento de los responsables, no se ha avanzado en el develamiento de los hechos.

Sobre este caso, el vocero de la OVDH comenta que han sido investigados 50 soldados, de los cuales se identificaron con un grado de responsabilidad mayor un grupo de 8 «que ya han sido reconocidos por los familiares de Zambrano. Están los nombres, existen pruebas y fueron reconocidos por la concubina, su hermano y la madre de la víctima, pero tanto los jueces militares como el fiscal militar y la defensa pública militar que conoció con nosotros el proceso, fueron execrados no sólo de la justicia militar sino también de la Fuerza Armada Nacional (FAN): Destituyeron al juez militar Alberto Santa Cruz, mayor de la aviación […]; El fiscal militar Alberto Dos Santos, que estuvo en la rueda de reconocimiento y fue de gran ayuda para la investigación de la muerte de Juan Carlos Zambrano, también fue separado de su cargo y actualmente se encuentra suspendido» (El Nacional, Ídem.).

También denunció que se están extraviando evidencias y que se han dejado de buscar pruebas «a pesar de que existen responsabilidades muy específicas, por ejemplo de las reglamentaciones militares que no se quieren asumir. Nos hemos percatado, por ejemplo, que las muestras de piel que se enviaron al IVIC nunca llegaron, mientras los técnicos de toxicología forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se negaron a investigar presuntamente por falta de equipos y porque no tienen con que revisar las muestras» (El Nacional, ïdem.).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 06.08.04, condenó al Estado venezolano a cancelar a la familia del abogado Ramón CARMONA una indemnización por los daños morales y perjuicios ocasionados por funcionarios de la Policía Técnica Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que hace 26 años lo asesinaron.

La decisión fue adoptada con los votos de los magistrados Antonio García (ponente), Iván Rincón, José Delgado Ocando, Jesús Eduardo Cabrera y Pedro Rondón Haaz. La misma es una respuesta a la solicitud del 09.10.03, de revisión del fallo de la Sala Político Administrativa dictado el 15.05.01 en el cual esa instancia rechazó hacer los cálculos de la compensación tal y como se lo había ordenado la Sala Constitucional en una sentencia previa.

En el fallo, la Sala Constitucional, además de volverle a exigir a la Sala Político Administrativa que haga los cálculos de la reparación que deberá recibir Gladys Saad, viuda de Carmona, descartó el conflicto de competencias que había planteado esta última.

La Sala Constitucional rechazó la interpretación que la Político Administrativa hizo del principio de responsabilidad del Estado y de la obligación que éste tiene de resarcir los daños infringidos a los ciudadanos (artículo 30), por cuanto dio «mayor relevancia al carácter subjetivo de la conducta de los agentes involucrados y a la integridad del erario público por sobre el carácter objetivo que la Constitución confiere a la responsabilidad del Estado» (El Universal, 10.08.04, pág. 1/7).

Para conocer esta sentencia, cuya relevancia para la garantía del derecho a la vida y a la integridad personal es importante destacar, puede dirigirse a la dirección-e: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1469-060804-03-2808.htm.

Pese a la evaluación positiva ampliamente generalizada que tuvieron las jornadas comiciales efectuadas entre el 15 y el 16.08.04, la intolerancia y la violencia política cobraron sus víctimas en hechos aislados que sucedieron luego del anuncio realizado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el resultado de los comicios.

En el transcurso de la tarde del 16.08.04, Antonio Ledezma, presidente del partido de oposición Alianza Bravo Pueblo (ABP); Rafael Alfonzo, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA); Ernesto Alvarenga , diputado del partido de oposición Solidaridad y Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R, llamaron a los venezolanos a realizar movilizaciones contra los resultados emitidos por el ente comicial. Oscar Pérez, vocero de la Coordinadora Democrática (CD), convocó específicamente a una concentración en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, a partir de las 2:00 PM de manera «pacífica, con cordura, con paciencia, pero con energía» (Globovisión, 16.08.04, http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/16/oposicion/index.php). En respuesta a este llamado se concentró un grupo de ciudadanos en esa arteria vial interrumpiendo el tránsito a la altura de la Plaza Altamira, Municipio Chacao del Edo. Miranda.  

El grupo encontró rechazo de un grupo de motorizados y vehículos privados que se conducían en una caravana proveniente del este de la avenida y ataviados con vestiduras que los identificaban como simpatizantes del gobierno. El choque derivó en violencia cuando ambos sectores se lanzaron objetos contundentes recogidos y 4 sujetos del grupo que se desplazaba por esa vía accionaron armas de fuego de distinto calibre, por .
La ráfaga de disparos provocó la muerte de Maritza RON, quien recibió uno que le atravesó el brazo izquierdo y se le alojó en el intercostal del mismo lado (El Universal, 17.08.04, pág. 1/5). Igualmente fueron heridas otras 9 personas entre las que se contó al diputado ALVARENGA, quien recibió un disparo en el pectoral izquierdo. Los lesionados, incluyendo al parlamentario, se encuentran fuera de peligro (Así es la Noticia, 17.08.04, pág. 19).

En la madrugada del 18.08.04, la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la Policía de Sucre (POLISUCRE) (Últimas Noticias, 19.08.04, pág. 14) detuvieron en el Municipio Sucre a los ciudadanos Yohon Carlos Jiménez Esala, Henry José Parra Linero y Pedro Poche, quienes fueron presentados por el Ministerio Público (MP) por su presunta participación en estos sucesos (Globovisión, 18.08.04, http://www.globovision.com/nacionales/2004.08/18/fiscalia/index.php). Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, señaló que los fiscales 19° y 68° del área metropolitana de Caracas, Yoneiba Parra y Alejandro Castillo, respectivamente, estarán a cargo del caso. Informó Rodríguez que a uno de los aprehendidos le fue incautado un revólver calibre 38 con 5 proyectiles. Adicionalmente, fueron practicados allanamientos en los domicilios de ambos ciudadanos, lugares en los que fueron recabados elementos de interés criminalístico. Los fiscales 19° y 68° ordenaron la realización de las pruebas de Análisis de Trazas de Disparo (ATD) con el objeto de determinar si los aprehendidos accionaron armas de fuego. Una vez recabados todos los elementos de interés criminalístico, el Ministerio Público hará la correspondiente calificación jurídica.

Luego de los sucesos de la Plaza Altamira, se registró una agresión física y verbal contra César QUINTERO quien, según denunció la organización Afroamérica, (Afroamérica, 17.08.04, denuncia remitida a Provea y otros por vía electrónica) estaba en una camioneta por puesto que cruzaba la avenida Francisco de Miranda, de la cual debió bajarse debido a la interrupción de tránsito provocada por la concentración opositora. «Una señora que venía con él en el autobús empezó a gritar y acusarlo de chavista, lo cual provocó que los manifestantes […] lo agredieran» (Radio Nacional de Venezuela, 19,08.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=7886). Quintero fue rescatado por los cuerpos policiales, quienes lo detuvieron brevemente hasta que se aclaró el problema.

El 17.08.04 se reportó otra muerte y un lesionado provocado por la intolerancia política. Se trata de Juan Carlos PÁEZ y Ángel SUÁREZ, respectivamente, quienes recibieron impactos de bala en la cabeza cuando varios sujetos dispararon contra el vehículo en el que transitaban junto con varios amigos, tocando corneta y gritando consignas a favor del oficialismo en el Callejón Caracas de Carapita, en Antímano, Distrito Capital. Explicó el comisario Antonio Li Morales, jefe de la Subdelegación Caricuao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que «todo parece indicar que varios sujetos que estaban en un jeep rojo delante del [vehículo de las víctimas], al escuchar la celebración se bajaron y sin mediar palabra dispararon contra ellos» Últimas Noticias, 18.08.04, pág. 22).

Provea repudia los hechos de violencia ocurridos, exige a las autoridades estatales realizar de manera seria y célere las investigaciones de estos sucesos para establecer las responsabilidades del caso y expresa su solidaridad con las familias de todas las víctimas de estos sucesos.

Provea insiste en señalar que es urgente el diseño y aplicación de un plan de desarme de la población civil para reducir los riesgos de muertes en situaciones de este tipo.
Además, resulta necesario hacer una vez más, el llamado a las partes enfrentadas, para que administren democrática e institucionalmente el actual conflicto político.  

  • Impulsar una reforma al Estado que reduzca el número de instituciones responsables de atender el problema de la criminalidad, sustituyendo la fragmentación por la integración.
  • Dar prioridad a la inversión en proyectos socioeconómicos y culturales consistentes, tendientes a garantizar la educación, profesionalización y valorización de los jóvenes de las periferias.
    Impulsar una reforma policial contemplando las siguientes líneas de acción:
    1) Valoración salarial y clasificación, formación y capacitación del personal;
    2) Reingeniería institucional y gerencial de los cuerpos policiales;
    3) Valoración del trabajo de investigación social;
    4) Gestión de la información y el conocimiento;
    5) Control externo: sociedad civil, derechos humanos;
    6) Integración;
    7) Establecimiento de un programa de protección de testigos.
  • Mejorar el conocimiento y la información en el área (fomento de investigaciones, invertir en la cualificación del tratamiento y manejo de la información, etc.)
  • Desarrollar una mayor coordinación y articulación entre los componentes de la justicia.
  • Profundizar entre la sociedad civil el debate sobre el modelo de policía orientado comunitariamente, establecer canales de representación entre las instituciones democráticas y el sistema de seguridad pública.
  • Tratar los problemas de seguridad localmente,por medio de la creación de Consejos Comunitarios, Locales y Regionales de Seguridad Ciudadana.
  • Establecer mecanismos de evaluación en la ejecución de políticas públicas de seguridad.
  • Garantizar una política de transparencia en la información de seguridad ciudadana.
  • Garantizar el control de las armas de fuego (Provea, 13.08.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2000
Sinopsis:
«Un valioso aporte a los educadores que intentan vivificar la propuesta curricular que brindan a sus alumnos y alumnas, incorporando efectivamente y de manera dinámica y participativa la educación en derechos humanos en la vida de la escuela. En la perspectiva de las escuelas integrales, en las cuales los niños y niñas comparten más tiempo, las actividades de este manual ofrecen al docente estrategias que pueden complementar satisfactoriamente su trabajo en el aula.
Esta propuesta educativa reflejada en el manual se adapta a las necesidades tanto de educadores formales como educadores populares, preocupados por formar vivencialmente a sus alumnos y alumnas en el conocimiento y práctica de los derechos humanos»([email protected]).

Autor: Daniel O’Donnell
Año: 2004
Sinopsis:
«Esta obra, que es una nueva edición actualizada del libro Protección Internacional de los Derechos Humanos publicado en 1989, presenta en dieciséis capítulos un análisis de las normas, las jurisprudencia y la doctrina de los sistemas de protección internacional de las Naciones Unidas y del sistema interamericano correspondientes a algunos derechos civiles y políticos.
El análisis se hace compaginando las normas de los derechos con las principales decisiones, observaciones, recomendaciones e informes proferidas por los organismos de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
Defensores de derechos humanos, operadores de justicia, funcionarios públicos, miembros de organizaciones no gubernamentales, abogados, periodistas, estudiantes y la comunidad en general se beneficiarán de esta publicación» ([email protected]).

Autor: Miguel Ernesto Cortés; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«Actualmente, las agendas de libre comercio entre países incluyen el tema de la salud por medio de los bienes y servicios relacionados con ella, como temas de negociación en los tratados de comercio. Sin embrago, una sociedad que se precie de ser sana no puede someter a negociaciones de ninguna índole el derecho legítimo a la salud de sus integrantes» ([email protected]). 

Autor: Alberto Yepes; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«Desde los pasados años 90 se ha producido en América Latina y El Caribe una progresiva mercantilización de los servicios públicos, particularmente, el de la educación, como consecuencia de la dinámica de liberalización en el continente. El resultado de esa mercantilización es el deterioro de la concepción y la práctica de la educación como un verdadero derecho humano. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es la culminación de este proceso. Apunta a regular con lógica del mercado la provisión y el acceso a la educación y los demás servicios y bienes básicos que por su naturaleza se han considerado como derechos inalienables y universales de todos los seres humanos» ([email protected]).

13 de agosto de 2004

Edición especial

CONTEXTO

Faltando pocas horas para el inicio del inédito proceso de consulta electoral que ocurrirá en Venezuela, Provea desea, con esta edición especial, hacer un nuevo llamado a la continuidad de una administración democrática de nuestros conflictos y a pensar al país más allá del resultado del referéndum.

Como hemos señalado en el capítulo “Contexto” de nuestro Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2002/septiembre 2003” (consultar en:  http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/2contextoYbalance.pdf), el “conflicto venezolano no nace `de la nada´ […] Se trata de la entrada en resonancia de, al menos, tres crisis o conflictos que se vienen manifestando, sin resolverse, desde la década de los 80 y que hoy son intensos detonantes de la polarización: una crisis socio-éconómica, una crisis político-institucional y una crisis de incertidumbre frente al modelo de desarrollo”. Por ello, independientemente del resultado de este domingo, la continuidad de una administración o procesamiento democrático de nuestras diferencias está asociada, con una incidencia democrática en esas tres crisis. Nos permitimos recordar lo que señalamos en diciembre de 2003 sobre lo que consideramos “claves de derechos humanos para una administración democrática del conflicto”:

“La pobreza y la desigualdad son el principal problema del país […] Hoy no es posible pensar en una democracia sustantiva con los niveles de inequidad existentes en el país. Así como tampoco es posible reducirlos por vías que no sean democráticas. Los acuerdos para enfrentar el déficit democrático que representa la exclusión social, con la decidida intervención del Estado y la puesta en práctica de mecanismos de solidaridad social, deben, además, tener a los sectores populares como sujetos de su propio desarrollo […] Para reducir exitosamente la pobreza es necesario, además, un fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado, que redunde en el aumento de su capacidad de garantizar, proteger y cumplir con todos los derechos humanos de la población, así como la existencia de acuerdos mínimos entre las fuerzas sociales y políticas del país. El logro de los acuerdos implica voluntad de negociación y, cabe aclarar que, negociar no significa traicionar principios, postulados constitucionales o promesas electorales. El país necesita un acuerdo de largo plazo en el que `quepamos todas y todos´; uno que incluya a quienes, social y políticamente, han estado tradicionalmente excluidos. Trascender el pacto de élites y concretar uno realmente plural, mediante el cual se comprometa firme y duraderamente la voluntad de los actores en torno a `la construcción de consensos cuando ello sea posible o el procesamiento democrático de los disensos cuando éstos sean irreductibles´. Implica, organizaciones y partidos políticos fuertes, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 5; y que esa fortaleza radique en su transparencia, abdicación del clientelismo, ofertas claras de proyectos país, democracia interna, promoción de la participación popular y, particularmente, en su capacidad para realizar mediaciones sociales y políticas. En este terreno es igualmente fundamental la despolitización de la FAN y un ejercicio responsable de la libertad de exspresión en los medios de comunicación públicos y privados.

Un aporte desde los derechos humanos al debate sobre el modelo de desarrollo, es la defensa de la idea de un `Estado fuerte´, en los términos que lo define el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Danilo Türk. Un Estado que sea fuerte en su capacidad de diseño y ejecución de políticas nacionales orientadas a garantizar una justa distribución de la riqueza y los derechos sociales” (Provea, 13.08.04).

En el marco de la invitación efectuada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y de acuerdo a los términos del acuerdo firmado entre el CNE y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Misión de Observación de la OEA inició este 09.08.04, las actividades de observación del proceso del Referendo Revocatorio a celebrarse el 15.08.04 (Organización de Estados Americanos, 12.08.04, http://www.oas.org/main/main.asp).

La Misión de Observación de la OEA, estará compuesta por un grupo base y observadores internacionales procedentes de 16 países del hemisferio (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), además de grupos de España, Japón y Noruega. Tanto los integrantes del grupo base como observadores fueron seleccionados con base en criterios de capacidad técnica, profesionalismo y experiencia. El grupo base ya se encuentra en el país, donde ha mantenido contactos con las autoridades electorales y militares, los actores políticos y los medios de comunicación (Organización de Estados Americanos, Ídem.).

La Misión, encabezada por el diplomático brasileño Valter Pecly Moreira, desarrollará sus actividades en 22 de los 24 estados del país. Las actividades de los observadores, previas al referendo, incluyen contactos con los actores políticos y la ciudadanía en general, así como con las entidades electorales regionales y municipales para el acompañamiento de las diferentes etapas del proceso. Igualmente, los observadores estuvieron presentes en los simulacros realizados con las máquinas de votación y captadoras de huellas, y en las pruebas de transmisión de datos (Organización de Estados Americanos, Ídem.).

El día del referendo los observadores estarán presentes para la instalación de las mesas en los centros de votación, observarán la votación durante el día, visitando el máximo posible de centros de votación, y acompañarán el cierre de la votación, el conteo de votos y la transmisión de resultados  (Organización de Estados Americanos, Ídem.).

El embajador Pecly Moreira señaló que “el CNE ha concedido plenos espacios y condiciones adecuadas para el desempeño de la organización el proceso democrático que vive el país” (Consejo Nacional Electoral, 12.08.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=401). También destacó la facultad que tienen los observadores de avalar la decisión que adopte el CNE al emitir los resultados de la totalización de los votos, al tiempo que aclaró que no se pretende, en ningún momento, hacer conteos paralelos, “sino asegurar que la expresión de la voluntad política de los venezolanos sea la reflejada al culminar la jornada electoral” (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).

Finalmente, el diplomático anunció que para el 13.08.04 arribará al país César Gaviria, Secretario General de la OEA, para integrarse al trabajo que adelanta la organización en Venezuela.

La Misión de Observación de la OEA es una de las 35 delegaciones invitadas por el CNE, entre las que están la del Centro Carter, organizaciones electorales de otros Estados miembros de la OEA, parlamentarios europeos, etc. Entre los organismos que intervendrán en el grupo de observadores se encuentran representantes del Poder Electoral en sus países.

Junto con los observadores internacionales invitados por el ente comicial nacional, se encuentran en esta labor otras delegaciones convocadas y coordinadas por los actores políticos nacionales involucrados en el proceso refrendario: partidos polìticos, el Gobierno Nacional y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

El CNE coordinará y hará seguimiento al grupo de observadores y garantiza que los delegados externos invitados por los actores políticos del referendo serán debidamente atendidos y recibidos.  

La única organización nacional acreditada por el CNE para trabajar en observación del proceso comicial es la organización no gubernamental Ojo Electoral, informó el 10.08.04 Oscar Battaglini, coordinador de la Comisión de Seguimiento del Programa de Observación Electoral Internacional y rector principal del CNE (Consejo Nacional Electoral, 10.08.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=398). 

A juicio del funcionario, la participación de este grupo de observación nacional, acompañado de los observadores internacionales, le confiere mayor transparencia, igualdad, confiabilidad y credibilidad al evento electoral del próximo 15.08.04: “Este evento será objeto de la mayor vigilancia, lo cual es vital para el CNE” (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).

Explicó Battaglini que esta organización trabajará mancomunadamente con los invitados internacionales y se acogerá a la misma normativa que cumplirá la observancia internacional. Manifestó que al CNE le interesa que se pueda establecer comunicación entre ambas representaciones de observación, “aunque son 2 cosas totalmente diferenciadas” (Consejo Nacional Electoral, Ídem.).

Por su parte, Eleazar Díaz Rangel, representante de Ojo Electoral, indicó que ésta es una organización sin fines de lucro, que cumplirá con la observación nacional del referendo revocatorio presidencial, así como de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes entre otros. Ojo Electoral cuenta en su directiva con personas afectas y adversas al Gobierno Nacional y su sola existencia es una manifestación de tolerancia. La ONG esta integrada por Patricia Márquez, José Virtuoso, Alejandro López Roche, Teodoro Petkoff , Eleazar Díaz Rangel y Carlos Genatios, entre otros.

Díaz Rangel manifestó que la organización que representa requiere de financiamiento, que es otorgado en su mayoría por instituciones y empresas privadas nacionales.

El embajador brasileño Valter Pecly Moreira, jefe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que los comicios cuentan con metodologías y tecnologías confiables, en referencia directa al papel que desempeñará la empresa telefónica Cantv en la transmisión de los datos registrados por cada máquina de votación (Consejo Nacional Electoral, 12.08.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=401). Después de conocer el informe de la auditoría efectuada el pasado 08.08.04, la organización hemisférica pudo certificar que el trabajo de la Cantv en la transmisión de los datos “es bueno y confiable” (El Nacional, 12.08.04, A/2).

Asimismo, ratificó que está plenamente garantizado el carácter secreto del voto. Expresó que debe haber absoluta confianza en los mecanismo implementados por el CNE. Sin embargo, lamentó las declaraciones públicas recientemente hechas por factores políticos de la oposición en las que manifestaron su intención de quebrantar la normativa al pretender divulgar resultados antes que el CNE difundiera su primer boletín preliminar (El Nacional, 12.08.04, A:\142\nacional_20040811_n1_2n1.htm). Ante este escenario manifestó su preocupación, por cuanto “acciones de esta envergadura atentan contra la normalidad y la confianza en las decisiones y el proceso electoral que se efectuará” (Consejo Nacional Electoral, Ídem.)

Por su parte, el Centro Carter ha reiterado insistentemente su pedido a respeto a las normas electorales en vista de la insistencia de la opositora Coordinadora Democrática en divulgar resultados del referendo presidencial antes del cierre de los centros de votación (Agencia EFE, 12.08.04).

Jennifer McCoy, portavoz del Centro Carter comentó que «estamos en completo acuerdo con las regulaciones del Consejo Nacional Electoral. Todos deben esperar el primer boletín del CNE para divulgar cifras. Nadie puede adelantar resultados» (Agencia EFE, Ídem.).

McCoy, acompañada por los los ex presidentes Rodrigo Carazzo de Costa Rica, Raúl Alfonsin de Argentina y Francisco Diez, miembro del organismo internacional, ratificó que el CNE ha dispuesto las condiciones necesarias para que la misión a la cual representa realice su labor de observancia en el país, además enfatizó en que han tenido pleno acceso a todas las fases previas al referendo revocatorio presidencial (Consejo Nacional Electoral, 12.08.04, http://www.cne.gov.ve/notideta.asp?id=406).

Según la representante de la misión de observación internacional, los miembros de su organización iniciarán este viernes su despliegue para estar presentes en todos los estados de la geografía venezolana. Indicó que los veedores ubicados en cada lugar tendrán la misión de verificar los procedimientos que van desde la instalación de las máquinas y mesas electorales hasta el cierre de las mismas, pasando por la transmisión de los votos, pues contarán con un equipo en Caracas para observar la recepción de los votos (Consejo Nacional Electoral, Ibídem.). 

Por otra parte, McCoy anunció la llegada del ex presidente de Colombia Belisario Betancourt y del ex gobernante estadounidense y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter.
Confirmó también que están recibiendo «un apoyo muy fuerte» del CNE para realizar su tarea observadora y aseguró que tienen «completa libertad de movimientos para visitar los centros de votación» (Agencia EFE, Ídem.).

Respecto a las máquinas que se utilizarán para automatizar la votación y para evitar que alguien pueda intervenir varias veces, McCoy dijo que «Hemos observado los simulacros de las maquinas de votación y captación de huellas. Hemos visto los múltiples elementos de seguridad que tienen las máquinas y creemos que aseguran la privacidad del voto. Lo que hemos visto nos da confianza en el proceso» (Agencia EFE, Ídem.).

McCoy pidió a todas las partes que acepten «con tranquilidad y confianza» los resultados de la consulta y anunció que el 16.08.04 ofrecerán una rueda de prensa conjunta Carter y César Gaviria, Secretario General de la OEA en la que evaluarán el referendo (Agencia EFE, Ídem.).

DOCUMENTOS

«El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, a propósito de la celebración el próximo 15 de agosto del referéndum para definir la continuidad o interrupción de la actual gestión presidencial, se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Consideramos el comportamiento del pueblo venezolano durante la campaña electoral previa a la realización del referéndum presidencial como un hecho muy positivo para la democracia venezolana y pedagógico para sus dirigentes políticos. El Foro por la Vida invita a valorar en toda su profundidad esta nueva manifestación de la decisión del pueblo venezolano de ejercer participativamente sus derechos democráticos en un clima de mayor convivencia y tradición de conducta cívica. A pesar de algunos hechos de violencia aislados, ha imperado la tolerancia y la convivencia propias del civismo de una democracia pluralista. Confiamos que la participación de la ciudadanía en la jornada electoral del 15.08.04 siga el mismo patrón de actividad, pluralismo y convivencia que demuestra la fortaleza de la democracia venezolana;
  2. Las organizaciones insistimos en manifestar nuestro apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificamos que su autoridad debe ser respetada por todos los actores políticos, especialmente el día del Referéndum Revocatorio. Es urgente que ambos actores se muestren dispuestos a aceptar los resultados que proclame el CNE, reconociéndolo como el poder público independiente que, según la Constitución de 1999, tiene la potestad de proclamar la opción ganadora en el RR, sólo cuando culmine el proceso de votación y sean procesados los resultados. Por ello solicitamos de manera urgente que tanto el Gobierno y las fuerzas sociales y políticas que lo apoyan, como la Oposición, se abstengan de manifestar alguna intención de desconocer la reglamentación vigente, en lo que respecta a avanzar resultados antes de lo pautado por el CNE;
  3. Al mismo tiempo, exigimos al CNE una actuación célere y transparente el 15.08.04, que no deje dudas sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la expresión de la voluntad popular;
  4. En ocasión de esta importante jornada del domingo, las organizaciones de derechos humanos insistimos en recordar de nuevo que la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia. La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral, sino que implica madurez democrática de los principales actores políticos;
  5. Asimismo, conviene seguir teniendo presente que los principales problemas del país, tales como la pobreza y las profundas inequidades sociales, las debilidades y errores de los partidos y organizaciones políticas para facilitar mediacio7nes democráticas entre diversos conflictos e intereses, la debilidad institucional del Estado para garantizar los derechos de la población y la polarización social y política, están vinculados a crisis estructurales, que implican, para enfrentarlas, algún tipo de acuerdo nacional, sin exclusiones sociales o políticas de ningún tipo, y un compromiso de las partes para cumplirlo. Ello requiere, una voluntad de concertación sobre estos y otros temas estructurales que inciden sobre los derechos humanos, más allá de los resultados de la consulta popular del domingo. Por ello exhortamos a las partes a buscar, luego del 15 de agosto, mecanismos que garanticen que la competencia política, propia de la existencia de proyectos divergentes para abordar los problemas del país, se realice en un marco más cooperativo y de convivencia democrática.

Adhieren:
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina Diocesana de derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana «Humana Dignitas»
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)» (Foro por la Vida, 13.08.04, [email protected])

«Nosotros, representantes de instituciones, organizaciones, colectivos y redes sociales abajo firmantes, respondiendo a una convocatoria de Aquí Cabemos Todos y Los del medio, nos hemos reunido para dialogar acerca de lo que hacemos y podríamos hacer para propiciar y facilitar el diálogo, la comunicación, la convivencia, la tolerancia y la construcción de proyectos comunes entre los diferentes sectores de la población venezolana en los días inmediatos y posteriores al Referendo Revocatorio, y en especial entre aquellos sectores enfrentados políticamente.

Al evaluar los logros de nuestras distintas experiencias de diálogo y trabajo conjunto entre personas y grupos de distintas regiones, sectores sociales y tendencias políticas:

  • Constatamos un significativo incremento de iniciativas exitosas a favor de la paz y el diálogo, además de importantes acciones de grupos con diferentes tendencias políticas que comparten espacios de convivencia y trabajan en pro de objetivos comunes, lo cual expresa una válida preocupación nacional y el reflejo de nuestra pluralidad política, que trasciende los límites de la polarización. Estas iniciativas necesitan ser apoyadas y demandan incorporar cada vez mayores expresiones políticas, sociales y culturales que motiven la convergencia hacia el diálogo y la paz.
  • Reconocemos la saludable diversidad de la sociedad venezolana, la necesidad de generar áreas de negociación, nuevos recursos y métodos de diálogo para obtener, de esa diversidad, propuestas y acciones en beneficio del País.
  • Expresamos nuestro rechazo a la violencia física o verbal, empleo de insultos o términos descalificadores y propagación de rumores, cargados de un alto nivel de frustración y rabia que han dificultado la comprensión de la complejidad del conflicto. Estas expresiones generan además marcos de referencias para legitimar agresiones, impiden el reconocimiento de las diferencias y la búsqueda de métodos pacíficos y democráticos para manejar el conflicto.
  • Observamos una gran expectativa frente al Referéndum Revocatorio del 15 de agosto y la reiterada alarma en torno a las consecuencias de sus resultados. Consideramos que el Referendo Revocatorio puede contribuir a la construcción de la paz sólo si sus resultados son aceptados, si se eliminan actitudes de revancha, retaliación, persecución y venganza contra los sectores no favorecidos en la consulta electoral, quienes deben ser reconocidos como interlocutores válidos y legítimos, lo que constituye un paso hacia la necesaria coexistencia de expresiones políticas diversas.

Solicitamos:

  • Al Consejo Nacional Electoral, a concluir de manera transparente el proceso iniciado en torno a las consultas revocatorias, ofreciendo a la población venezolana el suministro exacto, fidedigno yoportuno de los resultados;
  • A la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano y demás órganos competentes, a ejercer con propiedad sus responsabilidades legislativas, jurisdiccionales y contraloras de manera que se preserve el respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos;
  • A los representantes gubernamentales, líderes de oposición, medios de comunicación públicos y privados, los representantes de todos los sectores sociales, y a nosotros mismos, los ciudadanos en general a:
  • Reconocer los resultados del Referéndum Revocatorio, pues lo que está en juego no es el triunfo o derrota de una u otra opción, sino el respeto a la voluntad popular, la defensa de los referentes éticos de nuestra sociedad y el futuro de convivencia pacífica y democrática de los venezolanos.
  • Condenar todas las expresiones de violencia independientemente de su procedencia, su magnitud o los llamados a provocarla.
  • Disminuir la pugnacidad verbal, promover la comunicación pública basada en el respeto y elevar el nivel de debate, centrándolo en el análisis plural de los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad venezolana, desde la defensa de la visión interdependiente de los derechos humanos: económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y de los pueblos.

Más allá de los resultados del Referéndum Revocatorio, los venezolanos debemos estar conscientes que hemos atravesado una difícil coyuntura, pero aún tenemos pendiente una larga agenda de profundos cambios en lo político, lo social, lo institucional y lo económico. Solo así podemos afirmar:

Agenda cívica para la concertación social- Grupo SOCIAL CESAP
Aquí Cabemos Todos
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Club de Roma – Capitulo venezolano
Constructores de Paz,
Consorcio Apalancar
Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
Escuela de Vecinos de Venezuela
Foro Permanente de Encuentro-Fundación Gumilla
Fundación Coincidir
Fundación Trabajando Unidos por Venezuela
Instituto Mead de Venezuela
Los del Medio
Paz en Movimiento
Programa de radio Tolerancia
Programa de radio Una Sola Venezuela
Programa Fortalecer la Paz en Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Proyecto Tendiendo Puentes
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Sinergia
Tolerancia
Una Tregua para los Venezolanos – AVACC
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana» (Red Universidad Comunitaria, 12.08.04, [email protected])

«New York. 10 de Agosto 2004.

El Secretario General se mantiene informado acerca del desarrollo del referéndum revocatorio en Venezuela, y destaca que la preparación para este evento se ha mantenido de acuerdo con el proceso constitucional. Manifiesta su satisfacción por el papel jugado por los observadores internacionales, particularmente la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter.

El Secretario General le recuerda al gobierno de Venezuela y a todos los sectores políticos que, cuando su consejero visitó Caracas durante los días 20 y 24 de julio, todos los sectores se comprometieron a resolver los temas relacionados con el referéndum del 15 de agosto por medio de la consulta y el diálogo.

El Secretario General sostiene convencidamente que sólo la voluntad de los venezolanos aseguraría el éxito de los resultados del referéndum y podría prevenir la continua polarización de su sociedad.

El Secretario General reitera el compromiso de las Naciones Unidas para continuar apoyando a los venezolanos en su búsqueda por una solución constitucional y democrática de sus diferencias políticas» (Organización de Naciones Unidas, 12.08.04, http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=1044).

Brindamos a los lectores interesados, especialmente a los comunicadores que trabajan en emisoras de radio, un radioclip realizado por Radialistas dedicado al referendo que se realizará este 15.08.04. Aquí ofrecemos el texto del guión y la versión de audio puede ser escuchada o descargada en la dirección: http://www.radialistas.net/audios/AUDIO-1500178.mp3.

«CONTROL HIMNO VENEZUELA LOCUTORA Las venezolanas y venezolanos están dando ejemplo de ciudadanía y cultura de paz.

LOCUTOR ¿Quién ganará, quién perderá en el referéndum? Ganará Venezuela. Ganará la democracia venezolana y latinoamericana.

LOCUTORA Y quien sea demócrata de veras, quien crea en la voluntad de las mayorías, quede o no quede contento con los resultados del domingo, se sentirá orgulloso de la dignidad con que la patria de Simón Bolívar ha ejercitado la democracia participativa.

LOCUTOR Por primera vez en la historia política de América Latina, el cargo presidencial, a mitad de mandato, se somete a la aprobación o desaprobación del pueblo, que es el único soberano.

CONTROL SIMÓN BOLÍVAR, SIMÓN BOLÍVAR (CON ECO) Cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de soberanía, según la voluntad de su conciencia.

CONTROL SIMÓN BOLÍVAR, SIMÓN

LOCUTORA RADIALISTAS desea de todo corazón que los resultados de este referéndum sirvan para traer la indispensable unidad a la familia
venezolana» (Radialistas, 13.08.04, http://www.radialistas.net/).

Del 23 de julio al 05 de agosto de 2004

Servicio informativo Nº 141

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
06 Conmemoración de lanzamiento de Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
23 Día Internacional en Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición
29 Día In7ternacional del Árbol
29 Día Internacional de los «Desaparecidos»

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El pasado 04.08.04, Provea dirigió una carta a Roger Capella, titular del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), con el fin de manifestar su preocupación por la actual situación de gravedad que está violentando el derecho de protección a la salud de las comunidades Yanomami ubicadas en los sectores de Ocamo, Parima, Mavaca, Mavaquita, Lechosa y Platanal, del municipio Alto Orinoco, Edo. Amazonas, así como también, solicitó la urgente adopción de las medidas necesarias en razón de la situación de emergencia descrita y en aras de solventar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano con estas comunidades indígenas.

La Oficina del Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho informó que, desde hace 3 semanas las 30 comunidades Yanomami que habitan en estos sectores no cuentan con atención médica permanente que garantice los servicios de rigor y el suministro de medicamentos. Esto, como consecuencia de la falta de designación de sustitutos de los 2 médicos que prestaban estos servicios que, luego de haber cumplido con el tiempo establecido para su internado rural, fueron retirados por las autoridades. Tampoco se cuenta con medicamentos para tratar las dolencias más frecuentes relacionadas principalmente con enfermedades infecciosas, respiratorias, gastrointestinales, etc.

En su carta, Provea informa del fallecimiento, hasta la presente fecha, de 4 menores por no contar con estos servicios de atención médica integral y oportuna. Estos decesos ocurrieron en Mavaquita (2), Ocamo (1) y Lechosa (1).

Cabe señalar que, aunque en la comunidad de La Esmeralda permanecen 3 médicos cubanos integrantes de la Misión Selva Adentro, se tiene conocimiento de que los mismos fueron asignados para asistir sólo a las comunidades Yekuana que habitan allí. Asimismo se sabe que estos médicos no cuentan con posibilidades para trasladarse a las comunidades Yanomami antes mencionadas.

Provea también le recordó al funcionario el acuerdo que el Gobierno Nacional suscribió con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la solución amistosa alcanzada por el Estado venezolano por la petición que estas organizaciones de derechos humanos elevaron por el caso de la masacre de yanomamis del año 1993 en Haximú (ver edición Nº 132 de este boletín en: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_132.htm#10). En dicho acuerdo, el Estado se comprometió a ejecutar las siguientes medidas:

  • Diseño, financiamiento y puesta en funcionamiento, a través del MSDS y el Consejo Regional de Salud del Edo. Amazona, de un Programa Integral de Salud para el pueblo Yanomami, con el objeto de enfrentar su grave problemática sanitaria. Dicho programa incluiría equipos médicos y la capacitación de los miembros de la etnia Yanomami;
  • Destinar un presupuesto anual administrado por el Consejo Regional de Salud para la ejecución del programa adoptado.

En relación con estos acuerdos, Provea reconoce en su carta que el MSDS adelantó el diseño de este programa bajo el nombre de Plan Yanomami, así como la asignación de una partida específica de 1.500.000.000,00 de bolívares, que garantizaría la asistencia médica del pueblo Yanomami, específicamente en aquellas comunidades de más difícil acceso.

No obstante, Provea le advierte al titular de la salud que dicho plan no ha sido ejecutado y que sus recursos se encuentran retenidos desde hace un año por su despacho, mientras que el pueblo Yanomami sigue sin atención médica adecuada y sin posibilidades de mantener operativos los 4 ambulatorios ubicados en los sectores Ocamo, Mavaca, Platanal y Parima (Provea, 06.08.04).

Con este nuevo texto, Provea ofrece una guía para que personas o colectivos interesados en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) dispongan de información básica sobre los diversos mecanismos y procedimientos jurídicos que, por vía administrativa y jurisdiccional, ofrece el marco legal venezolano.

Para hacer valer o exigir los DESC, cuando estos son vulnerados por órganos del Poder Público y funcionarios en ejercicio de la función pública, la Constitución y demás leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico establecen los principios, medios administrativos y judiciales idóneos. La más reciente publicación de Provea: “La defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Algunos mecanismos nacionales”, pretende ser una guía para fortalecer la justiciabilidad de derechos tales como los laborales, educación, salud, vivienda, alimentación, presentando algunos de estos medios y estrategias.

El libro corresponde al volumen 9 de la serie de formación en derechos humanos “Tener Derechos No Basta”, concebida por Provea para aportar herramientas para el debate y la práctica constructiva de una sociedad en donde la dignidad del ser humano sea un valor determinante.

Con este fin, la nueva publicación ofrece un catálogo de estrategias y mecanismos legales de orden administrativo y de orden jurisdiccional que contemplada desde el derecho de petición, recursos de reconsideración, jerárquicos, de revisión, etc.; hasta las distintas formas de amparo, los recursos contencioso administrativos y demandas de nulidad o responsabilidad patrimonial.

En el libro se exponen, además, algunos casos hipotéticos que ilustrarán al lector sobre las estrategias legales para resolver determinadas circunstancias de violación de DESC, bien sea por la acción abusiva de algún ente o funcionario público o por la omisión del Estado en su obligación ante los DESC. El texto proporciona, igualmente, los formatos de algunas de las herramientas revisadas con el objeto de facilitar su elaboración a toda aquella persona o colectivo que lo requiriera. El texto fue realizado en un lenguaje sencillo, claro y práctico, adecuado a todo lector.

Sin embargo, conviene señalar lo que la experiencia ha enseñado: para defender nuestros derechos no basta con accionar estos recursos consagrados en el ordenamiento jurídico. Se hace necesario acompañar los mismos con otras medidas, tales como manifestaciones, plantones, denuncias antes los medios de comunicación social, alianzas sociales, fortalecimiento de la organización popular, por mencionar algunas. Con frecuencia, el éxito en la defensa de nuestros derechos depende de una adecuada combinación de variadas acciones jurídicas y extra jurídicas.

La publicación puede ser adquirida en nuestra sede y a través de los teléfonos 0212 862 53 33; 862 10 11; 860 66 69; o a través del correo-e: [email protected]. Tiene un precio de 7.000 bolívares, pero también puede ser consultada y/o descargada de nuestro sitio web gratuitamente por la dirección: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/tdnb/defensa_DESC.pdf. (Provea, 27.07.04, ).

Entre el 24 y el 30.07.04 se realizó en Quito, capital ecuatoriana el I Foro Social de Las Américas (FSA), como parte del proceso Foro Social Mundial (FSM), que inició en el año 2001 y ha pasado a constituirse en el más amplio espacio para la articulación de iniciativas sociales, el desarrollo de pensamiento crítico y la construcción de alternativas al orden neoliberal, bajo el común convencimiento de que Otro Mundo es Posible (Foro Social de Las Américas, 28.07.04, http://www.forosocialamericas.org/queesfsa.php).

El FSM fue propuesto inicialmente como contrapunto al Foro Económico Mundial, que desde 1971 ha venido congregando en Davos (Suiza) a la élite del pensamiento neoliberal. Desde el segundo encuentro del FSM en Porto Alegre (2002), cobró fuerza su carácter como espacio y proceso solidario. Para su tercera edición consecutiva en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en enero de 2003, se afirmó como espacio de encuentro para profundizar la reflexión, el debate democrático de ideas, la formulación de propuestas, el intercambio libre de experiencias y la articulación para acciones eficaces, en el que confluyen entidades y movimientos de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de imperialismo, y que están empeñados en la construcción de una sociedad planetaria centrada en los seres humanos (Foro Social de Las Américas, Ídem.).

El FSM se reconoce como un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, que no se reduce a los eventos en que se apoya. Más bien se plantea como un proceso de carácter mundial, y todos los encuentros que se realizan en su marco tienen dimensión internacional. Así, los foros mundiales, continentales, regionales y temáticos que se han organizado desde 2001 alimentan este gran proceso. En esta perspectiva se acordó realizar el 1er. FSA en Quito, Ecuador. Desde el año 2001, las organizaciones sociales y ciudadanas comprometidas con estas causas conformaron el Capítulo Ecuador del FSM, que es la instancia responsable de la organización logística del FSA 2004. Se trata de una agrupación plural y diversa, que incorpora a distintos sectores del movimiento social: indígenas, campesinos, mujeres, sindicalistas, jóvenes, GLBT, ambientalistas, de derechos humanos; iglesias, medios de comunicación, centros de estudios, entre otros (Foro Social de Las Américas, Ídem.).

Al terminar el 1er. FSA, las distintas delegaciones del continente se reunieron en distintos paneles en los que sintetizaron las discusiones y las propuestas sobre los principales ejes que trató el Foro, esto es: el orden económico, pueblos indígenas y afrodescendientes, la faz violenta del proyecto neoliberal, democracia y diversidades, y culturas y comunicación. Ofrecemos las versiones periodísticas de algunos de los paneles, así como varias declaraciones que emitieron redes y organizaciones sociales.

En la presente edición de este boletín electrónico presentamos, en la sección DOCUMENTOS algunos de los materiales conclusivos de dicho paneles, pero invitamos a las personas interesadas a visitar el sitio oficial del 1er. FSA donde podrán disponer de todos estos materiales y la cobertura informativa del evento. La dirección es http://fsainfo.rits.org.br/index.php. 

Provea participó en este encuentro como parte de 2 eventos autogestionados realizados el 27 y 28.07.04, en los cuales se pretendía sensibilizar a los grupos y organizaciones interesadas en actuar ante las instancias internacionales para garantizar la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos o tratados comerciales. En estas jornadas también participaron la organización Derechos y Democracia de Canadá, la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES) y Trade-Human-Rigths-Equitable Economy (3D->THREE) de Suiza. El evento permitió consolidar una estrategia de acción coordinada ante el sistema interamericano de derechos humanos en la que participa la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en Latinoamérica. Entre las acciones acordadas en estas jornadas se solicitará en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una audiencia para demostrar a sus magistrados los riesgos para la situación de los derechos humanos en el continente que representa la firma de distintos acuerdos y tratados comerciales en la región, así como exigirles la implementación de distintas acciones que favorezcan las garantías de los derechos humanos en la región por sobre los criterios comerciales (Provea, 05.08.04). 

El pasado 22.07.04 fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) la Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático (Asamblea Nacional, 26.07.04, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=618). La decisión parlamentaria fue unánime y se remitió al Poder Ejecutivo para su publicación en Gaceta Oficial como ley de la república (Gobierno de Venezuela, 26.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20583). El Protocolo de Kyoto fue establecido en 1997 como complemento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992. Dicho tratado internacional tiene como objetivo principal lograr que los países desarrollados disminuyan, para los años 2008/2012, sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 5% menos del nivel de emisiones de 1990. El protocolo busca responder a la preocupante situación ambiental provocada por la emisión de gases, particularmente dióxido de carbono, provenientes tanto de actividades industriales como de otras acciones humanas que pueden ahondar el efecto invernadero y contribuir a variaciones climáticas que ocasionarían el calentamiento en la temperatura global (Tierramérica, 05.08.04, http://www.tierramerica.org/2003/1004/conectate.shtml).

Si bien en sus inicios el Protocolo carecía de especificidades, a partir de las reuniones negociadoras de Marruecos a fines de 2001, se definieron 5 puntos principales: compromisos legalmente vinculantes para países desarrollados; métodos de aplicación del protocolo diferentes de la reducción de emisiones (implementación conjunta); minimización de impactos en países en desarrollo (incluyendo asistencia en diversificar sus economías); reportes y revisiones por un equipo de expertos; y,  cumplimiento evaluado por un comité. Si un país fallara en cumplir este mandato podría ser forzado a reducir su producción industrial (Tierramérica, 05.08.04, Ídem.).

Dada la condición de país exportador de petróleo, una de las industrias señaladas como responsables de esta problemática ambiental, la ratificación de dicho protocolo por el Estado Venezolano resulta de gran trascendencia para inclinar la balanza a favor de la puesta en vigor del mismo. Hasta el 29.11.03, 84 países han firmado y 119 han ratificado al protocolo. Sin embargo, no entrará en vigencia hasta tanto aquellos países responsables del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se adhieran, lo ratifiquen, aceptan o aprueben. Entre los países que aún no se adhieren al Protocolo de Kyoto están Estados Unidos (responsable del 25% de la emisión de CFC) y Rusia (Tierramérica, 05.08.04, Ídem.). 

Merece la pena recordar que con la ratificación de este instrumento, el Estdo venezolano acoge una exigencia que Provea viene haciendo desde el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2001/Septiemnbre 2002 (consulte en: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_amb_sano.htm)

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y el Ministerio de Educación y Deportes (MED),  realizaron el Primer Encuentro Construyendo la Carta Social de Las Américas (CSA) por los Derechos de los Pueblos (El Nacional, 29.07.04, pág. B/16). La actividad se realizó el 01.08.04, en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) con sede en Caracas y contó con la asistencia de delegados de Brasil, Guatemala, Argentina y Ecuador, entre otras personalidades (Últimas Noticias, 02.08.04, pág. 3).

El Estado venezolano elevó una solicitud para constituir una CSA ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue acogida por los 34 cancilleres representantes gubernamentales asistentes a la XXXIX Asamblea General de la instancia continental, celebrada en Quito, Ecuador, entre el 06 y el 08.06.04 (ver edición Nº 139 de este boletín en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_139.htm). La iniciativa pretende complementar y fortalecer la Carta Democrática Interamericana (CDI).

Conviene destacar que, además de esta iniciativa gubernamental, la CSA también es una iniciativa de distintos movimientos sociales del continente que participan en el seno de la Alianza Social Continental (ASC) y fue encargada a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la cual la presentó en el año 2000. Este documento aspiraba preservar y fortalecer la primacía de los derechos humanos y especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el continente.

Los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos integrados en esta tarea aspiran que en el seno de la OEA se abra un proceso a los efectos de conciliar las propuestas de la sociedad civil del continente con las propuestas de los distintos gobiernos, entre ellas, la que desarrolla el gobierno venezolano.

El documento presentado por el gobierno venezolano está estructurado a partir de un documento desarrollado por el grupo parlamentario venezolano ante el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en el contexto de las cumbres de la deuda social y la integración latinoamericana realizadas en años anteriores.

Una versión digital del preliminar de la CSA motorizado por el Gobierno Nacional puede ser consultada en la dirección http://www.msds.gov.ve/msdsnew/index.htm. Con respecto a la desarrollada por la PIDHDD, próximamente podrá ser consultada en nuestro sitio web http://www.derechos.org.ve. 

Los yanomamis no son las únicas comunidades indígenas venezolanas que experimentan actualmente una situación de emergencia médica (ver nota: Provea alerta situación de salud de comunidades Yanomami a MSDS de la presente edición). Las autoridades sanitarias de la población de San José de Bujas, Edo. Monagas, declararon alerta epidemiológica el pasado 23.07.04, luego de diagnosticar tuberculosis a 5 integrantes de las comunidades Warao que habitan el sector. En las siguientes 72 horas la cifra aumentó cuando ingresaron 10 personas más. Uno de los enfermos falleció una hora después de su ingreso y otro se encontraba en estado crítico hasta el momento de la reseña. Entre los ingresados se encontraban 2 niños (El Nacional, 27.07.04, pág. B/10).

Según el informe médico presentado por Carlos Márquez, director de la emergencia del centro de salud que recibió los casos, «la tuberculosis se ha asentado en las comunidades indígenas de Monagas y las condiciones de vida de los waraos, así como el hacinamiento y la mala nutrición, facilitaron la transmisión de la enfermedad. Las primeras investigaciones de campo realizadas en el lugar demostraron que hay más de 500 indígenas afectados por la enfermedad. La Dirección de Epidemiología se trasladó hacia la población de San José de Bujas para efectuar el muestreo y tratar la población más afectada. Sin embargo, no será posible el traslado de más enfermos hacia el hospital al que dirigieron los primeros casos por el colapso del área de aislamiento de dicho centro de salud. El número de casos recibidos en el hospital de la capital de la entidad federal sobrepasó la capacidad del cuarto de aislamiento que funciona en el servicio de salud, razón por la cual se atendió a los enfermos en los pasillos.

Carlos Noval, coordinador médico del ambulatorio desde donde se remitieron los casos a la capital, informó del peligro que se podría estar presentando a causa de la migración de las comunidades waraos hacia los caños de Guanipa, en el delta del Orinoco, potenciando la expansión de la enfermedad (El Nacional, Ídem.).

Según afirma Luisana Gómez, consultora en género, violencia y salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), el embarazo en adolescentes es considerado por el Estado como «el segundo gran problema de salud sexual y reproductiva a nivel nacional; el primero es la alta cifra de mortalidad materna por causas prevenibles, donde la mortalidad de madres menores de 19 años tiene una participación de 40%» (Últimas Noticias, 03.08.04, pág. 3).

Así mismo, Gómez señaló al embarazo adolescente como un fenómeno «íntimamente vinculado con el ciclo de la reproducción de la pobreza» (Últimas Noticias, Ídem.). Recordó que recientes estudios afirman que 8 de cada 10 adolescentes madres son pobres y la adolescente que es pobre sitúa sus expectativas de vida en tener 4 hijos o más. También destacó que el embarazo temprano está relacionado con una alta incidencia de contagio de infecciones de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, el VPH y sus epidemias. Otro elemento destacado por la especialista sobre esta materia es la escolaridad, la cual actúa como un protector, pues el embarazo en adolescentes se registra 40% más en las chicas que ya están fuera del sistema educativo.

Según el MSDS, las estadísticas nacionales reportan una disminución en la curva ascendente y se ha estabilizado al punto de disminuir ligeramente en los 3 últimos años. No obstante, para el cierre del año 2002 se registraron más de 105 mil partos de madres adolescentes con edades comprendidas entrre 10 y 15 años, mientras que para 1998 se reportaron 122.000. Gómez explicó que «actualmente en Venezuela viene operando un cambio bien importante porque había en una escalada que nos llevó a ser uno de los primeros países en embarazo en adolescentes. Esta estadística aumentó un punto porcentual cada año hasta 1998; con esto no quiero decir que esté bajando, pero desde el punto de vista estadístico, es muy importante para nosotros porque no ha seguido la misma tendencia, está frenada, estable» (Últimas Noticias, Ídem.).

«Con la puesta en circulación de la segunda edición del Formulario Terapéutico Nacional, el Estado se compromete a garantizar un repertorio de medicamentos esenciales en hospitales, ambulatorios y consultorios populares» (El Nacional, 30.07.04, pág. B/17).

Edmundo Bond, integrante de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, explicó que «los facultativos de los centros públicos dependientes de gobernaciones o del ministerios están obligados a prescribir a sus pacientes los productos contemplados en el formulario; y los funcionarios que compran medicinas para los centros asistenciales también deberán ceñirse a esa lista oficial» (El Nacional, Ídem.).

Explicó la fuente que la primera versión del formulario se publicó en 1993. La versión actual incluye 348 principios activos en 535 presentaciones farmacéuticas, así como las indicaciones de empleo, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones. Las medicinas recomendadas son genéricas, y su inclusión en el formulario estubo fundamentada en «información independiente y en estudios clínicos presentados a escala mundial, con una relación costo-berneficio […] Con el formulario se minimizan errores, se optimizan resultados y se logra el uso racional del medicamento […] Es una lista cerrada de drogas, escogida por un comité de expertos en función de los índices epidemiológicos del país y pensando más en salud que en la venta de un producto. Son, además, los medicamentos que han demostrado más efectividad en el mundo» (El Nacional, Ídem.).

El formulario se publicó con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y como respuesta a la política de medicamentos esenciales que ha sido promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde hace 25 años.

Un grupo de legisladores especialistas en materia de vivienda considera que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), sancionada el 30.12.03 por la Asamblea Nacional (AN), adolece de visos de inconstitucionalidad en cuanto atañe al tema del régimen prestacional de vivienda (El Nacional, 26.07.04, pág. A/17).

El bufete Polanco Asuaje & Mármol detectó que el artículo 104 de la LOSSS, estableció que el régimen prestacional de vivienda «será con ‘aportes fiscales, remanentes netos de capital destinados a la seguridad social y con los aportes parafiscales de empleadores, trabajadores dependientes y demás afiliados’ […] El detalle es que, desde el punto de vista jurídico la definición de ‘aportes parafiscales’ es distinta a lo que hasta ahora constituían ‘ahorros’ o ‘haberes’ que eran propiedad de cada uno de los integrantes del conjunto de afiliados que forman el actual Fondo de Ahorro Habitacional. Este bufete aclaró que jurídicamente se entiende por ahorros parafiscales a ‘aquellos pagos obligatorios hechos por particulares a un ente público autónomo para financiar un servicio especial prestado a tales particulares» (El Nacional, Ídem.).

De modo que, según revela un estudio realizado por otro bufete privado, «el ahorro forzado previsto en la ley que regula el subsistema de política habitacional ha sido transformado en un tributo de naturaleza parafiscal, por lo que los aportes o contribuciones efectuadas a partir de la entrada en vigencia de esa ley no pueden considerarse propiedad de los trabajadores: ‘Tratándose de un aporte parafiscal, el contribuyente no puede pretender invocar propiedad sobre los fondos contribuidos por él’. Hasta ahora, este ahorro forzado impuesto a los trabajadores y a los patronos podía ser empleado para el financiamiento de los programas que estipula el Fondo Mutual Habitacional, con la diferencia de que se le reconocía a los trabajadores el derecho de propiedad sobre estos recursos y por ello podían disponer de él para el pago total o parcial del precio de la vivienda adquirida, la amortización de préstamos hipotecarios con el fin de atender el pago de cánones de arrendamiento. Es más, una vez que la persona cumple 60 años o se jubila podía solicitar ese dinero, así como también se convertía en herencia al fallecer» (El Nacional, Ídem.).

De acuerdo con representantes de la junta directiva de la Asociación Hipotecaria de Venezuela, tal reglamentación se presta a interpretaciones restrictivas del derecho a la propiedad al confiscar el ahorro para vivienda que acumulaban individualmente los trabajadores: «ese dinero que acumularon las personas durante este tiempo les pertenece […] A nadie le pueden confiscar los bienes que ahorró, en vista de que las leyes no son retroactivas» (El Nacional, Ídem.).

No obstante, los asesores jurídicos concuerdan en dialogar con la AN para conseguir una reforma de la LOSSS e interpretan la introducción de este componente como un error «y que convertir en un tributo el ahorro habitacional no es la intención de los legisladores [puesto que] la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat mantiene el sistema tradicional. Es decir, considera los aportes de los patronos y empleados propiedad de los trabajadores, quienes pueden utilizarlos de manera distintas, aunque existan limitaciones, por ejemplo, íntegramente a una edad determinada […] Tales consideraciones nos obligan a considerar que el artículo 104 de la LOSSS ha incurrido en un uso más bien antitécnico del término ‘ingreso parafisacal'» (El Nacional, Ídem.).

El Presidente de la República Hugo Chávez, anunció la creación de la Misión Vivienda, destinada a la creación de soluciones habitacionales de manera inmediata y articulada con los gobiernos locales y los entes públicos Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), Fundabarrios, Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SEVIR), entre otros (Ministerio de Comunicación e Información, 23.07.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2102).

El nuevo programa gubernamental contará con recursos del Fondo Especial Petrolero (FEP), calculados en 1,3 billones de bolívares. La articulación de las instituciones públicas del sector vivienda, pretende dar forma expedita a la respuesta gubernamental al actual déficit habitacional (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

El jefe de Estado explicó que se abrirá un «frente participativo», que incluirá la autoconstrucción: «la comunidad organizada en cooperativas construyen sus propias viviendas, y nosotros les damos los materiales. Sale más barato y el pueblo participa» (Ministerio de Comunicación e Información, Ídem.).

La nueva misión contempla la construcción no sólo del complejo habitacional, sino de la escuela, el ambulatorio, las áreas verdes y los servicios respectivos.

En la jornada que sirvió de plataforma para el lanzamiento de la Misión Vivienda, el Gobierno Nacional  entregó 3 complejos habitacionales en los Edos. Anzoátegui, Zulia y Nueva Esparta: 140 apartamentos en la urbanización Lagunita Píritu, de Anzoátegui, cuya inversión asciende a 3 mil 354 millones de bolívares; 115 casas unifamiliares, en el conjunto residencial Las Villarroeles, Nueva Esparta; y, 260 viviendas bifamiliares, en el sector Rancho Bello de Ciudad Ojeda, Zulia ((Ministerio de Comunicación e Información, 23.07.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=2099).

Otra entrega de viviendas fue efectuada por el Primer Mandatario el 04.08.04 Esta vez fue un total de 1.200 casas construidas a través del FONDUR y del Ministerio de Infraestructura (MINFRA). Se entregaron 224 viviendas en la urbanización Villa Chinita, Edo. Zulia; 446 casas en la urbanización Base Sucre, Edo. Aragua; 110 en Falcón y 160 en Mérida (Cadena Global, 05.08.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=73306&Sec=8).

En el acto de entrega de estas soluciones habitacionales el presidente Chávez anunció que, como parte de las políticas de la Misión Vivienda, las familias de menores recursos económicos serán exoneradas del pago de la cuota inicial para adquirir una vivienda (Gobierno en Línea, 05.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21040).

A pesar de la puesta en marcha de esta misión, según datos de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), «el total de viviendas construidas durante los 2 gobiernos inmediatamente anteriores al presente triplica el rendimiento de la administración actual. Entre 1989 y 1993, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, el país vio la entrega de 313.409 nuevas viviendas, y entre 1994 y 1998, cuando gobernaba Rafael Caldera, la cifra subió hasta 341.666. En oposición, sólo 100.569 soluciones habitacionales se han entregado entre 1999 y 2003 (Tal Cual, 02.08.04, pág. 10).

La misma fuente señaló que el Gobierno Nacional había prometido a lo largo del año 2003 entregar 150.000 viviendas, «pero en mayo el CONAVI, en voz de su presidente, Carlos García, reconoció que el programa no había sido implementado por falta de recursos, y al mismo tiempo prometió entregar 32.500 casas nuevas» (Tal Cual, Ídem.). Sin embargo, al cierre de 2003 existían 73.914 viviendas en construcción, y una buena parte estaba paralizada (Tal Cual, 04.08.04, pág. 8). Para el primer semestre del año 2004 fueron entregadas 4.000 unidades habitacionales.

La CVC, considera que el déficit de soluciones habitacionales está correlacionado con la insuficiencia de recursos destinados para los desarrollos habitacionales del Estado. El gremio de la construcción estimó que en el año 2003 debieron asignarse 1,2 billones de bolívares al sector vivienda y la cifra apenas rozó los 115 millardos, «de hecho, recientemente el CONAVI admitió que requería de 330 millardos de bolívares adicionales para cumplir este año con la meta prevista de 8.000 unidades construidas (Tal Cual, Ibídem.).

El balance de los últimos 5 años es de un total de 100.000 casas terminadas y entregadas. Pero resulta que el déficit de viviendas alcanza los 1,7 millones, de acuerdo con la CVC (Tal Cual, 02.08.04, Ídem.).

La fuente advierte que en el período 1997-2002, la oferta de viviendas del sector público se redujo 87% y a 50% en los primeros 4 años de este gobierno (Tal Cual, 05.08.04, pág. 8).

Algunos factores que han impedido la materialización de una respuesta institucional adecuada al déficit habitacional están reseñados en un documento realizado por Carlos Genatios y Marianela La Fuente titulado «Vivienda: la política por hacer», que señala, entre otros, a los «numerosos cambios de personeros en la dirección de las instituciones públicas (4 presidentes de INAVI, CONAVI y FONDUR, y 5 de ministros de Infraestructura), órdenes contradictorias, y al intrincado e ineficiente entramado institucional en vivienda» (Tal Cual, 05.08.04, Ídem.).

En este sentido, la fuente cita un estudio de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera (OAEF) de la Asamblea Nacional (AN) dedicado al impacto económico y fiscal de la Ley del Sistema de Vivienda y Hábitat presentada en noviembre de 2003, a través del cual se radiografía la institucionalidad del sector vivienda nacional: 8 entidades con accionar nacional y adscritas al MINFRA (CONAVI, INAVI, FONDUR, SAFIV, FUNDACOMÚN, FUNDABARRIOS y SAVIR), además del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), que reporta al Ministerio de Finanzas (MF). De los primeros 7 organismos, sólo INAVI tiene como mandato la ejecución de la política habitacional, pero todos se han abocado a la construcción de viviendas. Adicionalmente, hay que contar 397 instituciones dedicadas al sector habitacional en el escenario estadal, regional y municipal, totalizando 405 entidades. Acota el informe de la OAEF que «esta diversidad de instituciones dificulta la acción coordinadas, causa una duplicidad de tareas, ineficiencia en el uso de recursos (altos costos y capacidad ociosa), exceso de personal y finalmente un menor número de soluciones […] sólo a nivel central y excluyendo al BANAP existen más de 6.600 empleados y otros tantos jubilados y pensionados. La OAEF estimó que este aparataje institucional consumiría 320 millardos de bolívares de la Ley de Presupuesto 2004, que para ese entonces era un proyecto. La cifra, sin embargo es el equivalente a 12.800 viviendas de 25 millones de bolívares cada una. Es por esta razón que en su estudio, Genatios y La Fuente, insisten en los «esfuerzos por simplificar y optimizar el enredo institucional que representa el conjunto de instituciones de vivienda (…) en un horizonte en el cual es vital fortalecer el acercamiento a las comunidades y, por lo tanto, los organismos municipales de vivienda, con una clara dirección y control centralizado, dentro de los planes de desarrollo nacional» (Tal Cual, 05.08.04, Ídem.). 

El Banco Central de Venezuela (BCV) registró que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas de julio tuvo una variación de 1,4%, menor a la observada en junio (1,9%) y a la reportada en julio del año anterior (1,8%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC para los primeros 7 meses del 2004 se ubicó en 12,6%, un 4,8% inferior a la registrada en igual período del año 2003 (17,4%). El crecimiento anualizado del IPC en el período Julio 2004/Julio 2003 se ubicó en 21,8%, menor al 31,9% reportado en igual lapso 2003/2002 (Banco Central de Venezuela, 05.08.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3529&Operacion=2&Sec=False).

De acuerdo con el BCV, esta tendencia descendente de la tasa de variación intermensual de los precios en julio obedeció a la desaceleración de los rubros controlados, de 1,9% a 0,9%, mientras que los bienes y servicios no controlados mantuvieron una tasa de variación similar a la del mes previo, al pasar de 1,8% a 1,9%. Por otra parte, la desaceleración en la tasa intermensual de los rubros controlados fue producto, de los menores crecimientos relativos de precios en los bienes alimenticios (de 2,3% a 0,3%) y en los servicios no básicos (de 1,9% a 1,0%). No obstante, el BCV observó incrementos en algunos servicios, tales como aseo urbano domiciliario y matrícula de inscripción por educación preescolar, básica y media (Banco Central de Venezuela, 05.08.04, Ídem.).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el mes de mayo el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), fue de 316.759 bolívares, mientras que el costo de la Canasta Básica (CB) se ubicó en 633.438 bolívares (El Universal, 26.07.04, http://www.eluniversal.com/2004/07/26/eco_art_26118A.shtml).

Para julio, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) ubicó en 545.361 bolívares el costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), lo que representa un 2% más con respecto al monto alcanzado por este indicador en junio (534.577 bolívares) (El Nacional, 30.07.04, pág. A/20). El CENDA también calculó la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) del mes de julio, la cual llegó a  1.262.900 bolívares, un 1,3% más que el costo registrado en el mes de junio (1.246.749 bolívares) (El Universal, 05.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/05/eco_art_05176C.shtml).

El alza más importante en la CBT se registró en el rubro educación (3%), pero también sufrieron un alza  los precios de los productos de la CAF, los artículos de cuidado personal y limpieza del hogar y el grupo de vivienda. Los rubros de servicios públicos básicos, salud y vestido y calzado mantuvieron los mismos costos del mes pasado (El Universal, 05.08.04, Ídem.). Según el CENDA, «en un año (julio 2003/julio 2004), los precios de los alimentos se elevaron en 33,7%, lo que refleja la poca efectividad del control de precios para evitar la inflación» (El Nacional, Ídem.).

Si se considera que el salario mínimo vigente desde el 01.08.04 es de 321.235 bolívares, y se parte del supuesto que el ingreso familiar se compone de por lo menos 2 salarios mínimos que suman 642.470 bolívares, sólo se puede adquirir el 49% de la CBT, lo cual refleja un déficit de 620.430 bolívares.

Según los datos del CENDA, «en lo que va de año la canasta básica de alimentos, bienes y servicios básicos se ha incrementado en 10,2%. Al compararse el incremento desde julio de 2003 con el mismo período de este año se nota un alza de 24%» (El Universal, Ibídem.).

Otro indicador del derecho a la alimentación lo aportó el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), que reportó un aumento de 0,8% en el costo de la Canasta Básica Familiar (CBF) del mes de julio, luego que esta alcanzó el 1.420.244 bolívares. El reporte de esta organización señaló que 4 de los 7 grupos integrantes de la CBF mostraron crecimientos moderados de precios, encabezados por los costo global de la cesta alimentaria que aumentó a 545.361 bolívares, un 2% más que el registrado al mes de junio (534.577 bolívares). El CENDAS reseña que para julio, el presupuesto familiar de una familia tipo de 5 integrantes en la que sólo 2 ganan cada uno un salario mínimo, es deficitario en un 54,7% para adquirir la CBF (El Nacional, 04.08.04, pág. A/18).

Por otro lado, Luis Salas, asesor económico de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) afirmó que «la caída del poder adquisitivo en los últimos 5 año ha sido de 32%» (El Universal, 26.07.04, Ídem.). Las cifras que maneja la encuestadora privada Datanálisis a este respecto, no distan mucho de las difundidas por los trabajadores: La pérdida del poder de compra del salario mínimo desde el año 1998 es de aproximadamente 38%. Además, señala Datanálisis, la aplicación, desde febrero del año pasado del control de cambio y de precios no ha logrado frenar el incremento de muchos bienes de consumo básico. Los costos de transporte, alimentación, salud, comunicaciones y educación son los que más aumentaron (El Universal, 26.07.04, Ídem.). 

Según informan fuentes periodísticas, el Consejo de Ministros aprobó un decreto mediante el cual se exonera del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones que se efectúen dentro del Programa Canasta Familiar (PCF), a fin de estimular la producción y comercialización de bienes muebles para el hogar, equipos de línea blanca y garantizar así que las personas de escasos recursos puedan adquirir tales bienes (Cadena Global, 05.08.04, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=detail&Not=73319&Sec=8).

La decisión quedó contemplada en el Decreto N° 3.032 publicado en la Gaceta Oficial n° 37.994 de fecha 04.08.04 (consultar el tecto completo en http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Agosto/040804/040804-37994-14.html). La exoneración del pago del IVA se hará para las operaciones que comprenden la venta de bienes muebles para el equipamiento del hogar, a saber: juegos de salón, recibo, comedor, dormitorios, gabinetes para baños, armarios y conjuntos de cocinas empotradas adaptables, que realicen las empresas fabricantes de estos bienes, dentro del territorio nacional, previa suscripción de convenios con la República, por órgano del Ministerio de la Producción y el Comercio, en virtud del PCF.

Asimismo, quedaron exoneradas las ventas de neveras, lavadoras, cocinas, secadoras y equipos de aire acondicionado, que realicen las empresas fabricantes de dichos bienes muebles en el territorio nacional, previa suscripción de convenios con la República por órgano del MPC para la fabricación y comercialización de los mismos. Del mismo modo, las importaciones de materia prima, repuestos y componentes necesarios para la producción de los bienes muebles señalados anteriormente, realizadas por las empresas fabricantes que hayan suscrito el respectivo convenio con la República.

En un lapso no mayor de 15 días continuos contados a partir de la publicación de la Gaceta Oficial correspondiente, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) establecerá los documentos y demás formalidades, así como los mecanismos necesarios para que se haga efectivo el beneficio de exoneración previsto. Esta ventaja establecida en el decreto tendrá una duración de dos años contados a partir del día siguiente de su entrada en vigencia (Agencia Venpres, 05.08.04, http://www.venpres.gov.ve/econ/eco1.htm#Exoneran).

Luego de comparar los datos recogidos después del paro petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y enero de 2003, Martín Villaroel, director general de Empleo del Ministerio del Trabajo (MINTRA), aseguró que la actual tasa de desempleo se redujo un 5,6%, lo que significa una recuperación de más de 700.000 puestos de trabajo. Actualmente, el referido indicador alcanzó el 15,3%, mientras que para el lapso que ocupó la huelga general convocada por sectores de la oposición entre diciembre de 2002 y enero de 2003, la desocupación llegó al 20,9% (Gobierno en Línea, 26.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20534).

Villaroel explicó que cada punto equivale a 120.000 empleos, «lo que significa que se logró recuperar los puestos de trabajo que se habían perdido a raíz de esa crisis nacional» (Gobierno en Línea, 26.07.04, Ídem.). Igualmente señaló que «el 95% de las misiones educativas, de salud y productivas impulsadas por el Gobierno Nacional se centran en la población económicamente activa y específicamente en las clases sociales C, D y E, lo que significa que se está atendiendo a la población económicamente activa que necesita capacitación y formación para que se inserte en el aparato productivo. El sector público está preparando a la población que se insertará en el sector privado, de manera que este último pueda atender los escenarios nacionales e internacionales de los próximos años en materia de mercado».

Por su parte, Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), estimó que la tasa de desocupación del pasado mes de junio cerró en 15,5%, un 2,9% menos que el registrado en junio del año 2003, cuando el indicador llegó a 18,4% (El Universal, 05.08.04, http://www.eluniversal.com/2004/08/04/eco_art_04164B.shtml).

El Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales (SAFPS) del Ministerio de Finanzas (MF) informó este 23.07.04 que ha efectuado pagos por un monto de 135,4 millardos de bolívares a 10.492 trabajadores egresados de organismos de la administración pública centralizada. Dicha cifra representa un aumento de 453,99% en esta asignación, con respecto a los recursos transferidos en el mismo lapso de 2003, los cuales estuvieron por el orden de los 24,4 millardos de bolívares para efectuar este tipo de pagos (Gobierno en Línea, 23.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20494).

El ente estatal informó igualmente que se registró un incremento de 390,97% en el número de beneficiarios con respecto al año pasado, cuando se liquidaron prestaciones a 2.137 ex trabajadores.

El SAFPS señaló que entre los años 1999 y 2004, un monto de 66.916 egresados de la administración central han sido beneficiados con 514,7 millardos de bolívares. Del monto cancelado en los primeros 6 meses del año 2004, 86,62% (117,3 millardos de bolívares) se destinó al pago de prestaciones sociales de 8.472 empleados. El restante 13,38%, (18,1 millardos de bolívares) fue asignado al pago de beneficios correspondientes a 2.020 obreros.

Entre los organismos destinatarios de esos recursos se encuentran, en primer lugar, el Ministerio de Educación y Deporte (MED), con un monto de 89,4 millardos de bolívares, que se utilizó en el pago de prestaciones a 5. 531 egresados. Le sigue, el Ministerio de Educación Superior (MES), que recibió 14,8 millardos de bolívares para el pago a 180 ex empleados; y, en tercer lugar, el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), al que se le asignaron 8,3 millardos de bolívares para honrar compromisos con 2.604 trabajadores egresados.

Durante junio de 2004, fueron liquidados 1.085 expedientes, que suman 22 millardos de bolívares. De este monto, 94,08% (20,7 millardos de bolívares) fueron dirigidos al pago de prestaciones a 925 ex empleados, y 5,92% (1,3 millardos de bolívares) se utilizaron en el pago a 160 obreros egresados.

Por su parte, el Consejo de Ministros señaló el 05.08.04, que acordó la aprobación de créditos por un monto de 511 millardos de bolívares para atender los pasivos laborales con trabajadores de la educación (activos y pasivos), así como también del Ministerio Público (MP), de las gobernaciones y alcaldías (Gobierno en Línea, 05.08.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=21064).

  • Dar prioridad a la lucha contra la exclusión social a través de medidas de promoción social y de combate a la pobreza;
  • Cumplir con el compromiso de la eliminación progresiva del cobro directo e indirecto a los usuarios en la prestación de los servicios de salud;
  • Fortalecer la Red Primaria de Salud y garantizar recursos para su funcionamiento, dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente;
  • Fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), ampliando la cobertura en el país, con el objeto de alcanzar los estándares internacionales;
  • Fortalecer los sistemas nacional y regional de registros de datos en salud, además de fortalecer los procesos de evaluación institucional;
  • Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución;
  • Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) .
  • Garantizar un presupuesto adecuado para el MSDS, tanto en el campo social como en salud, que permita mantener un enfoque integral de la salud;
  • Garantizar un presupuesto adecuado para los estados, cumpliendo con criterios de distribución
    en materia poblacional. En las redes hospitalarias y ambulatorias, realizar una mayor y mejor inversión con control de gestión;
  • Recuperar el rol prioritario de los servicios de epidemiología en el combate de enfermedades prevenibles y garantizar una mayor inversión en los mecanismos de control;
  • Garantizar el cumplimiento de las Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en los establecimientos de salud;
  • Incluir la salud mental en las políticas públicas de salud;
  • Fortalecer la capacidad institucional de las direcciones regionales de salud;
  • Apoyar y monitorear el proceso de descentralización iniciado hace 10 años y equiparar su avance entre los distintos estados;
  • Asimismo dar continuidad al proceso hacia los municipios;
  • Actualizar el registro nacional de personas con VIH/Sida en el país;
  • Instrumentar los mecanismos de participación de las comunidades en el diseño, control y resguardo de las medidas y servicios de salud;
  • Asegurar que las próximas Memoria y Cuenta del MSDS contemplen un balance entre las políticas adoptadas y la situación de salud, con especial énfasis en el seguimiento de los indicadores;
    (Provea, 26.07.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del 27.07.04 que convalida la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo. La decisión declara sin lugar un recurso de nulidad interpuesto en 1995 contra varios artículos de la Ley del Ejercicio del Periodismo de 1994.

La CIDH recuerda en un comunicado hecho público el pasado 02.08.04, que en su 5ta. Opinión Consultiva de 1985 (OC5/85), al analizar si la colegiación obligatoria es compatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos –de la cual Venezuela es parte-, estableció que: “no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados de una determinada carrera universitaria. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 02.08.04, http://www.cidh.org/relatoria/defaultsp.htm).

Para el órgano hemisférico, «la idea que tan claramente recoge este párrafo, ha sido invocada de manera recurrente por la Relatoría desde su creación y fue reiterada por la CIDH cuando aprobó, en el año 2000 la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que desarrolla más ampliamente las garantías a la libertad de expresión del artículo 13 de la Convención. El Principio 6 de dicha Declaración establece que: ‘La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuáles en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados’” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

La Relatoría para la Libertad de Expresión lamentó que el máximo tribunal venezolano haya convalidado una ley que exige la colegiación obligatoria de los periodistas, por las implicaciones que esta decisión pueda tener para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en ese país.

La Red de Apoyo por la justicia y la Paz denunció los diversos y constantes retardos de los juicios penales en casos de violaciones a los derechos humanos, que a su vez se convierten en mecanismos de impunidad, así como de violación del derecho a la justicia.

Laura Roldán Benítez, coordinadora del Área de Atención Integral de la Red de Apoyo, destacó que diversos procesos penales en los que participa como representante legal de las víctimas o de sus familiares, se retrasan mayoritariamente por dilaciones premeditadas de la defensa y que se juega al cansancio de las víctimas y de los testigos, con el único propósito de evitar que se individualicen las responsabilidades penales.

En este sentido, señaló que durante el año 2004 se han diferido 3 juicios penales distintos que la organización lleva contra funcionarios policiales responsables de violaciones a los derechos humanos, concretamente por tortura y asesinatos.

Un caso que mantiene preocupada a la Red de Apoyo, es el homicidio de Luis Alberto APARICIO, un hecho ocurrido en el año 1998 en Valencia, Edo. Carabobo. Este proceso se ha suspendido 3 veces en el 2004. El último diferimiento fue el 06.07.04, por enfermedad de la jueza de la causa.

Otro caso es el referido al homicidio de Rafael Segundo MEDINA, ocurrido el 01.05.03 en Guanare, Edo. Portuguesa. En lo que va de año 2004, este caso fue diferido en 2 oportunidades. El último diferimiento fue el 26.07.04, por enfermedad de uno de los escabinos. El imputado es Franklin Canelón funcionario de la policía de Portuguesa. Testigos señalan que lo han visto en libertad.

Por otra parte, la Red de Apoyo también señaló el proceso penal que se lleva contra 11 funcionarios de la Policía del Zulia (PZ), quienes presuntamente torturaron y provocaron graves lesiones a José Francisco MATHEUS, ocurrido el 01.05.00 en Maracaibo. En este caso, la audiencia preliminar fue suspendida en 16 oportunidades hasta que la jueza de la causa sobreseyó a los funcionarios bajo el argumento de la prescripción. Sin embargo, La Corte de Apelaciones del Zulia revocó tal decisión y remitió el caso a una nuevo tribunal en el cual la audiencia preliminar se ha suspendido en 6 oportunidades. El 29.06.04 fue diferida por última vez esta audiencia contra los efectivos involucrados: Ingribeth Morales, Luis Oswaldo Curiel, Wilmer Ballesteros, Arquímedes Terán, Jefry Ríos, Wilmer Correa, Joe Pírela, Eddy Larrazabal, José Quintero y Alberto Lubo.

Ante esta situación de constantes dilaciones de los procesos penales en Venezuela, la Red de Apoyo recuerda que existe una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que señalan que no se debe aplicar literalmente el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en el que se establece que la audiencia preliminar debe realizarse en presencia de las partes, pues “su aplicación textual conduce a la dilación del proceso y se atenta contra la justicia idónea, expedita y sin dilaciones indebidas” (Red de Apoyo por la justicia y la Paz, 05.08.04, [email protected]).

Jesús Eduardo Cabrera, ponente de la referida sentencia, emitida el 22.12.03, consideró que la posibilidad de que una audiencia preliminar pueda prorrogarse no está negada, pero el diferimiento debe ser por causa justificada y en un máximo de 2 ocasiones. Se estableció, igualmente, que se debe ordenar la conducción por la fuerza pública de quienes por cualquier motivo no hayan acudido al proceso.

A la Red de Apoyo le preocupa que el Poder Judicial permita que se sigan suspendiendo audiencias y juicios sin sancionar a los responsables de la tardanza que pone en tela de juicio a la Justicia en Venezuela y exige que no se siga difiriendo la justicia (Red de Apoyo por la justicia y la Paz, Ídem.).

El 24.07.04 Carlos Nieto, Coordinador General de Una Ventana a la Libertad, coalición de organizaciones de derechos humanos dedicadas a la materia carcelaria en el país, denunció el incumplimiento del Edo. venezolano para con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 09.07.04.

El caso lo lleva la fiscalía 34° del Ministerio Público (MP), que solicitó a las autoridades del municipio El Hatillo la salvaguarda de la integridad física de Nieto y su familia. No obstante, señaló Nieto que le preocupaba «que la Fiscalía está siendo muy poco diligente con mi caso y la Policía de El Hatillo tampoco atiende la orden que se le dio el jueves [22.07.04]» (El Nacional, 25.07.04, pág. B/23).

El activista de derechos humanos fue objeto de una inspección domiciliaria efectuada el 06.06.04 por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) sin la respectiva orden de allanamiento. A raíz de la denuncia de esta acción y del intento de amedrentamiento y amenaza a la vida que recibió Nieto y su familia, el Foro por la Vida elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medida cautelar que, a su vez, fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como medida provisional el 09.07.04 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 05.08.04, http://www.corteidh.or.cr/seriee/nieto_se_01.doc).

Sin embargo, Nieto denunció en la prensa nacional que todavía recibe amenazas por vía telefónica: «me llaman por teléfono y me dicen que llegó la hora, que me van a joder y temo por mi vida y la de mi familia, ya que no se han apostado frente a mi casa los funcionarios de la policía de El Hatilo que me garantizó la Fiscalía» (El Nacional, Ídem.).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de José Fernando Núñez para declarar la inconstitucional por omisión de la Asamblea Nacional (AN), por no haber acatado el plazo estipulado por el numeral 5 de la Disposición Transitoria 4ta. de la Constitución, mediante el cual se le ordena al parlamento aprobar en el primer año, contado a partir de su instalación, la legislación referida al Sistema Judicial.

En su recurso, Núñez acusa a la AN de no haber acatado el lapso contemplado en el texto constitucional para la conformación del marco legal necesario para la refundación del sistema penitenciario nacional que permitiría garantizar «la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos» (El Universal, 06.08.04, pág. 1/6).

La fuente periodística comenta que «de prosperar esta acción, sería la 4ta. vez que el TSJ declara una omisión del Legislativo. Antes lo hizo en el caso de las designaciones del suplente del Fiscal General y de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la aprobación de las leyes de Hacienda Pública Estadal y del Régimen Municipal» (El Universal, Ídem.).

Fueron declaradas con lugar las medidas cautelares solicitadas a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de los Códigos de Policía de los Edos. Cojedes y Nueva Esparta, en resguardo de la libertad personal y el debido proceso.

Según fuentes periodísticas, el recurso judicial ejercido ante la sala Constitucional del máximo tribunal fue una acción de nulidad parcial por inconstitucionalidad de los reglamentos señalados, los cuales -a juicio de los peticionarios-, «contravienen disposiciones consagradas en la Constitución porque establece faltas e infracciones en un cuerpo normativo que no tiene rango de ley, lo cual vulnera el principio de legalidad de las faltas e infracciones; y otorga como atribución a autoridades administrativas, la posibilidad de efectuar detenciones personales a ciudadanos, en violación al principio de la reserva judicial en materia de libertad ambulatoria» (El Mundo, 29.07.04, pág. 24).

Las medidas cautelares adoptadas por el TSJ provocan el cese inmediato y provisional de cualquier amenaza de lesión constitucional causada o en curso a los derechos de la ciudadanía, por la aplicación de los artículos contenidos en estos códigos policiales.

Es así como, de conformidad con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia del TSJ decreta como medida cautelar la suspensión provisional de los artículos de los códigos de policía de las entidades federales antes mencionadas que contravienen preceptos constitucionales, hasta tanto la sentencia definitiva resuelva el recurso de nulidad interpuesto por los peticionarios. Igualmente, se ordena a todos los funcionarios encargados de la aplicación de tales códigos, como los gobernadores de las entidades en cuestión y los comandantes de las policías respectivas, abstenerse de aplicar sanciones, especialmente las que causen privativas de libertad mediante arresto policial. Además, insta a estas autoridades a aplicar el procedimiento de faltas previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en aquellos casos en que se constate la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas previstas en el Código Penal (El Mundo, Ídem.).

El juzgado XI de Control y la Fiscalía 12 del Ministerio Público (MP) dictaron orden de retención al subteniente Juan Casaña Rivera, implicado en la muerte de Evangelina CARRIZO, dirigente del partido de oposición Acción Democrática en la ciudad de Machiques, Edo. Zulia, el 04.03.04, en el contexto de manifestaciones contra el Gobierno Nacional (ver edición N° 140 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_140.htm#17).

El comandante del Comando Regional (CORE) 3, general Cástor Pérez Leal, aseguró a la prensa nacional que recibió la orden y que «no habrá ningún tipo de inconveniente para que el teniente acuda a la orden del tribunal cuando éste lo solicite» (El Universal, 06.08.04, pág. 2/30).

Jesús Vergara, abogado de la causa, informó que «el imputado debe acudir al Juzgado XIV de la Villa del Rosario para la presentación, a la que irán la Fiscalía y representantes de la víctima. Allí se decidirá si se dicta medida cautelar o detención definitiva. Luego se hará la acusación formal para iniciar la audiencia preliminar y posteriormente el juicio oral y público en Maracaibo, capital de la entidad federal» (El Universal, Ídem.).

  • Respetar la voluntad popular expresada mediante cualquier medio de participación y expresión de la soberanía, así como investigar y sancionar a quienes cometan fraudes orientados a desconocerla;
  • Estimular la organización social y el protagonismo popular en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas, en un marco de respeto y promoción de la autonomía de las organizaciones;
  • Abstenerse de reprimir u obstaculizar las protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o sector social;
  • Derogar los 8 decretos que crean igual número de zonas de seguridad en la ciudad de Caracas;
  • El Poder Electoral debe abstenerse de intervenir en los procesos de participación política que son propios de la sociedad frente al Estado (Provea, 26.07.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

«El derecho humano a la salud es uno de los más afectados en aquellos países que han firmado Tratados de Libre Comercio (TLC).

Los TLC limitan la acción de los Estados para adoptar medidas a favor de la salud pública, pues estas son consideradas como restricciones a la libre competencia. Es así como los Estados quedan imposibilitados de fabricar u otorgar medicamentos a precios accesibles para toda la población, pues la obligación de pagar patentes a los grandes laboratorios los encarece.

Ante estos efectos de los TLC sobre el derecho humano a la salud, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social de Colombia ha sugerido a los pueblos latinoamericanos, entre otras acciones, exigirle a sus Estados que:

1) No se incorporen a ningún acuerdo comercial que vulnere el derecho a la salud como lo hizo Canadá;

2) Generen procesos nacionales de producción y comercialización en salud sin imposiciones y restricciones, como ocurre en Cuba;

3) Protejan la industria nacional de salud, como hizo Estados Unidos;

4) Fortalezcan el movimiento de resistencia contra los TLC, porque son incompatibles con los derechos humanos» (Provea, 05.08.04, [email protected]).

«La corrupción es un problema estructural del Estado venezolano que afecta a los derechos humanos. Recursos destinados a mejorar los servicios de salud, viviendas de calidad, mayor cantidad de créditos o el aumento y mejora de las fuentes de trabajo, terminan en los bolsillos de algunos como consecuencia de fallas o ausencias de controles más estrictos.

Provea ha recibido denuncias de violación de derechos a la vivienda y a la alimentación en la que los afectados presumen que hay hechos de corrupción. Alegan, por ejemplo, que sus viviendas se construyeron con materiales de menor calidad a los que aparecen en los planos e informes, que se les asignó viviendas a quienes no eran adjudicatarios originales y el cobro de comisiones.

También hay denuncias sobre la distribución de alimentos en programas gubernamentales que aseguran que una parte de los alimentos vendidos caen en poder de revendedores en vez de las familias beneficiarias.

Para denunciar la corrupción pública hay que fundamentar las acusaciones, para exigir a los órganos competentes que establezcan responsabilidades.

Asimismo, hay que promover la contraloría social de los dineros públicos. En ese sentido, los Consejos de Planificación Local y Estadal son espacios adecuados para esta tarea ciudadana» (Provea, 30.07.04 ,[email protected]).

«Los derechos económicos, sociales y culturales fueron proclamados por la Organización de las Naciones Unidas al mismo tiempo que los derechos civiles y políticos. En efecto, el mismo año (1966) fueron publicados el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin embargo, hemos caminado ya un largo trecho en lo que toca al resguardo y respeto de los derechos civiles y políticos, pero no hemos hecho lo mismo, ni a la misma velocidad, con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Casi todos los países han ido introduciendo en sus legislaciones nacionales leyes y reglamentos que protegen, al menos en teoría, los derechos civiles y políticos de las personas: leyes contra la tortura, garantías a la libertad de expresión, fortalecimiento de instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, etc.

Esto se debe a varias razones. Una de ellas es de carácter histórico: los derechos civiles y políticos se han visto amenazados en el siglo pasado por las dictaduras de todo signo, por los sistemas de segregación como el apartheid o la discriminación racial en los Estados Unidos y por los gobiernos autoritarios. Estas dolorosas situaciones motivaron grandes manifestaciones a favor de los derechos civiles y políticos y obligaron a los Estados a formular leyes para salvaguardarlos.

Por otro lado, el fortalecimiento de la democracia ha venido valorándose, en los últimos años, en relación con el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas. Cada vez más países exigen a otros países que garanticen que no haya tortura o represión, que se respete el derecho a disentir, que haya libertad de expresión garantizada, antes de firmar con ellos cualquier tratado comercial. El respeto y garantía de los derechos civiles y políticos comienza a ser la medida con la que son juzgados los gobiernos.

Quisiera mencionar ahora otra de las causas, que no por técnica es menos importante, por la cual los derechos civiles y políticos están garantizados en las leyes de la mayoría de los países: que la ONU ha redactado un Protocolo Facultativo para que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se respete. Tal protocolo ha sido ya firmado y ratificado por los países firmantes del Pacto.

Y ¿qué es un protocolo facultativo? Es el instrumento por el cual la ONU puede exigir a los países firmantes que cumplan aquello con lo que se comprometieron. El protocolo facultativo, no solamente permite que cada país sea llamado periódicamente a cuentas para revisar si, de veras, está poniendo en práctica lo que firmó, sino que proporciona a cualquier ciudadano del país firmante medios legales y tribunales especiales para que pueda reclamar su derecho si éste es violado. Así, un ciudadano tiene la posibilidad, después de agotar los recursos legales de su propio país, de acudir a instancias internacionales que juzgan el caso y que tienen autoridad para sancionar al país firmante por incumplimiento del Pacto.

En el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se ha logrado todavía redactar una propuesta de Protocolo Facultativo que sea aceptada por los países firmantes. Y esto se debe también a varias razones, entre las cuales destaca que todavía hay personas y países que no aceptan que los DESC sean verdaderos derechos, que puedan exigirse y reglamentarse.

Hay algo de razón escondida detrás de esta posición. A diferencia de los derechos civiles y políticos, con los DESC no basta con que se proclamen en las leyes y se inventen instituciones para salvaguardarlos. Los DESC tienen que ver con la satisfacción de necesidades vitales tales como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, etc. Y para que el Estado pueda garantizar tales derechos, necesita de recursos económicos disponibles. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque los Estados afirman que las necesidades sobrepasan su capacidad económica y argumentan que el pago de la deuda externa y otros factores internacionales de la nueva economía globalizada, les impiden cumplir a cabalidad con su tarea. Por eso se niegan a firmar un protocolo facultativo que permita a los ciudadanos reclamarle al Estado el incumplimiento de los DESC.

Sin embargo, se va imponiendo la convicción de que, más allá de las razones que esgrimen los Estados, el mundo debe caminar hacia un mayor aseguramiento de la vigencia y respeto a los DESC. Por eso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales insiste en que los Estados han de usar “el máximo de los recursos disponibles para la consecución progresiva de estos derechos”. Esto quiere decir que, aunque no podamos exigirle EN ESTE MOMENTO a los Estados que todos los derechos de alimentación, vivienda, salud, etc., estén cubiertos de manera total, sí podemos exigir que el Estado esté invirtiendo el máximo de sus recursos disponibles para garantizar que la población vea respetado sus DESC.

Pero las dificultades no son pocas. Ha habido ya varios intentos de que una propuesta de redacción de un protocolo facultativo en cuestión de DESC sea firmada por los países que se han adherido al Pacto. No se ha logrado todavía. Mientras tanto, otros factores han venido a agravar la situación. Me refiero especialmente al dominio que muchas empresas transnacionales ejercitan sobre los países en los que se establecen.

Como sabemos, los gobernantes de los países cada vez gobiernan menos. Muchas grandes empresas transnacionales toman decisiones que afectan a los países. Organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional imponen sus políticas económicas a los países. Esto obliga a las naciones a redistribuir su gasto, a acortar el presupuesto social y, por consiguiente, a poner la inversión en salud, educación, vivienda, etc., en niveles muy bajos.

Muchas organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por esta situación, han estado buscando vías para que los DESC puedan ser exigibles. Mientras se logra que los países firmen un protocolo facultativo que regule el Pacto Internacional de DESC y lo haga exigible en tribunales expresamente creados para ello, hay organizaciones ciudadanas que han apuntado en otra dirección.

Una sugerencia que ha dado la vuelta al mundo y que se discute en muchos foros de la sociedad civil es la posibilidad de clasificar algunos incumplimientos graves de los Estados con respeto a los DESC, como crímenes en contra de la humanidad. Expliquémonos.

En el mes de diciembre de 2003 Elías Davidsson, un activista de Islandia, propuso a la discusión pública una reflexión que ha levantado polémica. Se preguntaba Elías si las violaciones a los DESC pueden llegar a ser de tal magnitud que puedan ser calificadas como “opresión económica” y hasta qué punto este tipo de violaciones, que traen comprobadas y graves consecuencias de muerte para muchas personas, pueden ser catalogadas como crímenes en contra de la humanidad. Termina señalando Elías que cuando una política económica es deliberada y tiene como consecuencia el aumento de la morbilidad y mortalidad, es posible que pueda configurar un crimen contra la humanidad.

Los crímenes contra la humanidad están enlistados en el Estatuto de Roma, establecido por la Corte Criminal Internacional de Nuremberg, y abarcan situaciones tales como la esclavitud, el exterminio, la deportación masiva, la tortura, la persecución masiva, el genocidio, etc. ¿Podría este estatuto aplicarse en el caso de algunas de las violaciones a los DESC que han causado (y siguen causando) muertes masivas?

Hay, sin duda, políticas económicas que han causado un gran sufrimiento a poblaciones enteras. La aplicación, por poner solamente un ejemplo, de la política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional a Ruanda en el año 2002 ha tenido comprobables resultados en un aumento de la tasa de mortalidad infantil. Dejar que la población de un país en desarrollo muera de hambre, y no proveerle agua y comida, ¿no es una forma de exterminio o genocidio? En efecto, la gente muere porque no tiene acceso a condiciones mínimas de vida y eso, podría clasificarse como crimen contra la humanidad porque sin servicios de salud, alimentación y acceso al agua, la vida se hace imposible.

Por otro lado, George Kent, de Hawai, ha señalado que el acento debe estar en buscar que las violaciones a los DESC no queden impunes, y que se castigue a los culpables, pero que meterse a equiparar tales violaciones con los crímenes en contra de la humanidad, desviaría la atención hacia un punto equivocado. En primer lugar, sostiene Kent, la clasificación de la violación a los DESC como crímenes en contra de la humanidad serviría solamente en los casos en que tales violaciones adquiriesen un nivel masivo… ¿qué ocurrirá, entonces, con las violaciones a pequeña escala de los derechos económicos?

Equiparar las violaciones a los DESC con los crímenes en contra de la humanidad le parece a Kent ponernos obstáculos a nosotros mismos. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ha causado una baja sensible en el nivel de vida de los que se dedican a la siembra del maíz en México, a causa de las prácticas de comercio desleal que aplican los Estados Unidos. Si hay algunas familias, aunque fueran pocas, que hubieran llegado a situación de hambre por esta causa, y que el gobierno mexicano no hubiera hecho nada por evitarlo, entonces el gobierno mexicano ha violado el derecho a la alimentación de esa gente. Tratar de que esta violación se defina como crimen en contra de la humanidad solamente haría más complicada la posibilidad de reclamarle al gobierno mexicano por su violación.

Además, ¿Cómo culpar solamente al agente externo, dejando fuera de toda responsabilidad a los gobiernos locales que muchas veces, en colusión con las naciones ricas, son igualmente responsables de la situación?

Como podrán darse cuenta los lectores de El Rebelde, la discusión apenas comienza y los argumentos irán aclarándose conforme la confrontación avance. Desde el inicio de la discusión (diciembre 2003) se han aportado algunos elementos que han ido aclarando el panorama. Este artículo es solamente para dar una probadita de hacia dónde se dirige la discusión. Las personas que deseen enterarse mejor y tengan acceso a internet, pueden consultar la página www.escr-net.org

Los DESC deben poder exigirse y debe garantizarse que quienes los violen pagarán por ello. La violación a los DESC es un asunto demasiado grave para que quede impune. ¿Será a través de un protocolo facultativo? ¿Será a través de la clasificación de tales violaciones como crímenes en contra de la humanidad? ¿Son estas dos estrategias incompatibles? La discusión sigue abierta» (Capítulo Boliviano de la PIDHDD, 28.07.04, http://www.derechoshumanosbolivia.org/articulo.php?cod=EA20040728152858).

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR)
Año: 2004
Sinopsis:
«El presente trabajo es una recopilación de análisis sobre los alcances y riesgos de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea, los países del Cono Sur y el bloque MERCOSUR. Los textos han sido preparados por autores de diversas nacionalidades latinoamericanas, cuyas visiones, que son diversas, tienen como elemento común la independencia en el análisis.
Los primeros ensayos presentados hacen referencia al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y la UE, que están en vigencia desde Enero del 2003. Los últimos cuatro ensayos tratan sobre las relaciones comerciales y financieras entre los países miembros del MERCOSUR y la Unión Europea» ([email protected]).

Autor: Hugo Argotti Córcega 
Año: 2004
Sinopsis:
«Con la publicación del presente libro, la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui de Venezuela, continúa con su principal objetivo: la Educación en Derechos Humanos.
El autor aborda de manera sencilla y amena la historia y el fundamento jurídico de algunos derechos fundamentales como son: el derecho a la libertad, a la igualdad, a la educación, al trabajo, a la atierra y a la solidaridad. Asimismo desarrolla la manera en que tales derechos son protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, las leyes  y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos» ([email protected]).

Autor: Alejandro Montilla Quijano; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«Este documento se suma a la lucha por garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad, susceptibles de acceso universal y que acepten las diversas culturas. Aboga por el libre acceso al conocimiento, la protección de la biodiversidad, la práctica de la agricultura orgánica, el mantenimiento de las fuentes de agua y el acceso universal a la misma, la disponibilidad irrestricta de alimentos nutritivos y libres de sustancias tóxicas. El libre acceso de las y los campesinos a las semillas, la diversidad de los hábitos alimentarios» ([email protected]). 

Autor: Mauricio Giraldo; Martín Ossa; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«Este libro examina los posibles efectos del Área del Libre Comercio para las Américas (ALCA) en el derecho al trabajo de los nacionales de los países que la conformen (trabajadores y trabajadoras en América Latina).
Tomando en cuenta las visiones de la Iglesia Católica, La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) sobre el derecho al trabajo» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«El Tribunal por la Soberanía Alimentaria y Juicio al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su deuda social y ecológica en la agricultura con los pueblos de los países de América Latina, convocado por los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, nacionales y del continente, y por varias redes y organizaciones vinculadas con la problemática agrícola, la deuda externa y deudas sociales y ecológicas, se reunió el día 27 de julio del 2004, en Quito, Ecuador, como parte del I Foro Social de las Américas.

Este Tribunal tuvo lugar con el objetivo de juzgar la responsabilidad del Banco Mundial y del BID como parte de los actores fundamentales en la promoción y financiamiento de las tecnologías agrícolas de la llamada “Revolución Verde” y de la Agro-Biotecnología, así como del proceso de concentración de tierras en pocas manos, para favorecer las necesidades corporativas y de comercio de los países del Norte, generando graves impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que constituyen una inmensa deuda social y ecológica con los países y pueblos de América Latina. Este es un Tribunal ético-político, no una corte judicial, sin embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la diversidad de las tradiciones jurídicas y éticas. A partir de una Acusación basada en un amplio material documentado y de testimonios presentados por hombres y mujeres de pueblos de América Latina, los Jueces, como representantes de la sociedad de diferentes países, llegaron al siguiente veredicto:

CONSIDERANDO:

  • Que el BM y el BID, desde hace medio siglo, a través de incidir en las políticas agrícolas y proveer financiamiento, han venido promoviendo el modelo de agricultura de la Revolución Verde y en los últimos años de la Agro-Biotecnología, basado en monocultivos, uso de agrotóxicos e industrialización de la agricultura, agudizando la pobreza en el campo y destruyendo los ecosistemas agrícolas y silvestres de la región.
  • Que estas políticas y financiamiento sirven a un proyecto global, coronado por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, que responden a intereses de las corporaciones transnacionales de semillas, agrotóxicos y biotecnología.
  • Que este modelo agrícola, impulsado por el BM y el BID, introduce a pequeños agricultores a modelos industriales y esto los lleva al endeudamiento, quiebra y a abandonar sus tierras.
  • Que el modelo agroexportador que estos bancos financian, es un modelo a gran escala y que ha dado como resultado la concentración de la tierra, el despojo de las tierras de pueblos indígenas y comunidades campesinas y la migración interna y externa.
  • Que en varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial y el BID han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y selvas.
  • Que la promoción agresiva de las políticas de ajuste estructural y de desarrollo rural del BM y el BID favorece la intensificación agrícola y la producción orientada a la exportación a costa de la agricultura de menor escala y bajos insumos externos, siendo esto la principal barrera a la adopción significativa del manejo integrado de plagas con bases ecológicas o la adopción de prácticas agroecológicas.
  • Que a pesar de que, desde la década de los 80, grupos de la sociedad civil y comunidades han exigido al BM que suspenda la financiación de plaguicidas y promueva alternativas ecológicamente sanas y socialmente justas, sus políticas han significado el mayor uso de agrotóxicos y por tanto mayor exposición a los plaguicidas químicos que generan impactos en la salud, problemas de desequilibrio ambiental y pérdida de biodiversidad.
  • Que entre 1988 y 1995 el Banco financió más de US$ 250 millones en ventas de plaguicidas y que entre 1993 y 1995 todos los contratos firmados fueron directamente cesiones a las mayores compañías de plaguicidas en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, mientras los agricultores participantes en estos proyectos vieron afectada su salud y la estabilidad ecológica de sus sistemas de producción por usar más plaguicidas; el Banco reconoció que sólo 1% de los proyectos aplicados tuvo una evaluación ambiental completa.
  • Que existe suficiente información publica que acredita que los plaguicidas usados a través de los proyectos financiados por estos Bancos, son dañinos para la salud humana, por su característica toxica, por sus efectos cancerigenos, teratogénicos sobre el sistema nervioso, neurológico y reproductivo de ésta y de las futuras generaciones. Estos plaguicidas ya han sido catalogados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), así como por la Unión Europea, como de extremadamente peligrosos. El BM y el BID son responsables del deterioro de la salud e los pueblos y de los ecosistemas porque, a pesar de conocer sus efectos, sigue promoviéndolos y financiando su difusión y venta.
  • Que el Banco Mundial apoya el establecimiento de actividades dañinas para el ambiente y las comunidades locales en muchas actividades extractivas en América Latina como por ejemplo el cultivo de camarón en América Sur y Central que produce destrucción y contaminación de manglares, lo que torna inviable la pesca artesanal, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos costeros.
  • Que el Banco Mundial y el BID han impuesto todas estas políticas en muchos casos en connivencia con los Gobiernos del América Latina. Estos Bancos presionan a los gobiernos a través de amenazas económicas, relacionadas con el pago de la deuda financiera, para que éstos no puedan cambiar sus políticas. Los Gobiernos son entonces cómplices de estas políticas y deben explicar porqué la siguen aplicando sin evaluar sus efectos. Además, el BM y el BID sostienen que realizan procesos de consulta, pero son mecanismos manipulados con actores que no tienen real representación de la sociedad civil.
  • Que muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial y del BID no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un megaproyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.
  • Que el Banco Mundial tiene como parte a organizaciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), de capitales privados, que invierte en actividades dañinas al ambiente y a la sociedad en diversos países.
  • Que el proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia, profunda y justa.
  • Que el Banco Mundial y el BID no respetan los convenios internacionales, sobre ambiente, trabajo, derechos humanos y derechos de los pueblos, en especial, de los pueblos indígenas.
  • Que el Banco Mundial y el BID han desnaturalizado el carácter multilateral de su organización y responden unidimensionalmente a los intereses hegemónicos de las grandes potencias y de las grandes corporaciones multinacionales.
  • Que todos los proyectos y créditos del Banco Mundial y del BID, con sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos generan una inmensa deuda social y ecológica de las instituciones financieras internacionales con los países y pueblos de América Latina.
  • Que la deuda ecológica y social incurrida por estos bancos excede enormemente a la deuda externa atribuida a nuestros países.

Por todo los CONSIDERANDOS expuestos ante el Tribunal por la Soberanía Alimentaria, por unanimidad, los Jueces dictan la siguiente

SENTENCIA:

  • Declarar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo responsables de los crímenes sociales y ambientales producto de sus programas y políticas expuestas en la acusación.
  • Exigir al BM y al BID indemnizar con justicia a las víctimas de estos programas y créditos
  • Exigir al BM y al BID la inmediata restauración de los ecosistemas afectados por sus proyectos.
  • Exigir el resarcimiento a los pueblos indígenas y campesinos por la deuda en la agricultura, el mismo que debe ser aplicado a los proyectos de reforma agraria y transformación de la agricultura, propuestas desde las organizaciones sociales, indígenas y campesinas.
  • Ordenar que se retiren y paren inmediatamente estos programas y créditos que incrementan las deudas sociales y ecológicas.
  • Exigir al BM y el BID no seguir fomentado ni financiando el uso de agrotóxicos, ni monocultivos transgénicos que han demostrado altos impactos sociales y ambientales y que han puesto en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos.
  • Exigir a los gobiernos de América Latina que se declare prioridad la soberanía alimentaria de los pueblos y la defensa de sus fuentes de sustento basada en producciones agroecológicas locales y de mercado interno.
  • Exigir a los Gobiernos que se declare a América Latina Libre de Transgénicos.
  • Exigir a los gobiernos de América Latina generar condiciones dignas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas en base al desarrollo local de fortalecimiento de comunidades solidarias, basadas en la producción LOCAL, de alimentos SANOS, LIMPIOS y ACCESIBLES para todos los pueblos.
  • Finalmente, el Tribunal declara a los pueblos y países de América Latina ACREEDORES DE LA DEUDA SOCIAL Y ECOLÓGICA y al BM y al BID DEUDORES.

Y dispone la ejecución de esta sentencia.
Dado en Quito, Ecuador, el 27 de julio, 2004.
Por los Jueces: Adolfo Pérez Esquivel, Argentina, Premio Nóbel de la Paz; José Augusto Padua, Brasil,

Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica; María Elena Rozas, Chile, Coordinadora de Rapal en América Latina; Nemesia Achacollo, Bolivia, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Siza; Cléa Carpi da Rocha, Presidenta del Tribunal; Juan Pablo Muñoz, Secretario del Tribunal» (Comunidad Web de Movimientos Sociales, 27.07.04, http://movimientos.org/show_text.php3?key=3140)

«Las organizaciones latinoamericanas de comunicación que promueven los derechos de la Comunicación, reunidas en la ciudad de Quito en el marco del Foro Social de las Américas, se dirigen a comunicadoras y comunicadores, miembros de la sociedad civil y a la opinión pública en general, para manifestar lo siguiente:

  • Reconocemos la creciente influencia de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Sin embargo, denunciamos que continúa la avasalladora concentración de la propiedad y de la producción de contenidos en muy pocas manos, que desde hace décadas coincide con la misma concentración que experimentan los medios
    de producción, comercialización y finanzas.
  • Nos preocupa profundamente que esta tendencia a la concentración empresarial en el sector de la comunicación y la progresiva transformación de la información en mercancía implica una negación de estos derechos de la comunicación: amenaza el derecho a la información y a la libertad de expresión, a la diversidad y a la pluralidad mediática. Esta situación convoca a todos los sectores comprometidos con la democracia a estar vigilantes y a asumir la necesidad de democratizar la comunicación.
  • La gente, los pueblos, las naciones y comunidades requieren otra comunicación. Una comunicación donde la palabra individual y colectiva de todas las personas, dicha desde su particular horizonte simbólico, tenga valor; donde su decisión de construir condiciones de dignidad y justicia pueda ser verbalizada y, por tanto, profundamente asumida; donde la opinión, desde cualquier identidad que provenga, tenga peso proactivo en el conjunto de la sociedad.
  • Entendemos a la comunicación como un derecho humano fundamental que nos asiste desde que nacemos y que todas y todos debemos ejercerlo a lo largo de la vida con igualdad de oportunidades. Por esa naturaleza, la comunicación debe servir para la inclusión social, para que a través de ella se expresen los conflictos y diferencias en diálogo con todos los pareceres, en la búsqueda del bien común.
  • Por ello invitamos a comunicadores y comunicadoras, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, personas y entidades con sensibilidad social, a unir esfuerzos para hacer de la comunicación y de las tecnologías de la información instrumentos útiles al desarrollo humano integral, democrático, sostenible y sustentable, afirmando los siguientes aspectos:
    • Una comunicación que se base en el reconocimiento del otro, de aquel o aquella que tiene otra cultura, otra identidad política, otra orientación sexual, otro color de piel, otra edad, otro nivel económico, para así impulsar una cultura de paz.
    • Una comunicación orientada a desarrollar sujetos ciudadanos y ciudadanas, empoderados y empoderadas de los instrumentos necesarios para diagnosticar, proponer, decidir, ejecutar (en cuanto sea posible) y evaluar las políticas públicas que convengan a todas y todos los actores sociales que intervengan en cada caso.
    • Nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC), cuyo desarrollo se oriente en prioridad a cerrar la brecha educativa, económica, científica y de oportunidades que existe entre ricos y pobres.
    • Medios de comunicación, comerciales y comunitarios, con responsabilidad social e inspiración democrática, que privilegien la defensa y promoción de lo público, porque lo público permite el ejercicio de una cultura deliberativa que confronta y acepta diversas posiciones para hacerlas dialogar y construir acuerdos basados en la discrepancia sobre los conflictos que vivimos, pero asumiéndolos.
    • Marcos regulatorios y legales de comunicación e información que apunten, principalmente, al ejercicio de los derechos de la comunicación de los pueblos sin discriminaciones ni exclusiones, y que superen sus parámetros puramente económicos y técnicos.
    • Ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho de vigilar a los medios, y éstos asumiendo su obligación de responder positivamente a las críticas que se les haga, puesto que, aún siendo privados, su esfera es pública. Para esto es necesario multiplicar las experiencias de veedurías u observatorios ciudadanos de medios.
    • La comunicación es un derecho y no una actividad comercial. En este sentido, rechazamos cualquier intento de considerar las diversas formas de ejercicio de los derechos de la comunicación simplemente como servicios audiovisuales o informáticos y como medios de carácter comercial, tal como se pretende imponer en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y en tratados regionales como el ALCA y los Tratados de Libre Comercio.
    • Finalmente, renovamos nuestros compromisos de construir y fortalecer redes ciudadanas de comunicación o de medios con sentido público de la comunicación para ayudar a construir un pensamiento autónomo y más comprometido con la democracia y el planeta, un pensamiento cuyo fundamento es la solidaridad y la responsabilidad histórica.

Quito, 29 de Julio, 2004
Redes latinoamericanas de comunicación en apoyo a la Campaña CRIS:
ALAI – ALER – AMARC – Proyecto Monitor de Políticas TIC en LAC de APC – OCLACC – Radipaz – WACC – ADITAL. (Se suman más de cien personas e instituciones que adhirieron al documento, cuando se le dio lectura durante el Encuentro)». (Derechos en Internet en América Latina y El Caribe, 05.08.04 http://lac.derechos.apc.org/boletines.shtml?x=22681).

«Reunidos en el Foro Social de las Américas organizaciones venidas de todos los países de América Latina, sumamos nuestros sueños para decir en un sólo grito que Otro Mundo es Posible y no dejaremos que arrebaten nuestra esperanza quienes inundan hoy el Planeta con grandes monocultivos de árboles (eucalipto, pino, palma africana, teca y otros). Ellos nos arrebatan nuestras tierras y hacen de nuestro territorio un desierto donde ya los pájaros no cantan; siembran árboles para un consumo abusivo que termina llenando de papel los basureros; ocupan nuestras tierras que ya no se destinan para resolver el hambre amenazante; desecan nuestras ríos y nuestros manantiales; engañan cuando prometen empleos que nunca llegan; expulsan a nuestras comunidades y desplazan la flora nativa dejando sin alimento a la fauna. Estas plantaciones de árboles, estos desiertos de verde monocromático, destruyen el arco iris de la diversidad biológica y homogeneizan y erosionan nuestras culturas.

Este sacrificio nos lo imponen a los pueblos de América para que se produzca la celulosa con la que se fabrican las servilletas, los diarios vacíos de información, los empaques de productos carentes de sentido; estas plantaciones se hacen con el pretexto de acumular el carbono que ha inundado la atmósfera por el desaforado consumo de petróleo, sin que se haga nada para que ese consumo se detenga; se guarda carbono en árboles que se calcinan espontáneamente en extensiones inmensurables, lo que es como guardar queso en la madriguera del ratón. Se cubren extensiones inmensas con palma africana con la que se fabricarán cosméticos para pieles de plástico.

Estas plantaciones obedecen a intereses de las grandes trasnacionales de la celulosa y el papel, a los grandes negocios de la madera y a las políticas de los organismos multilaterales, principalmente la FAO, el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques y el Convenio de Cambio Climático, que se han convertido en agentes suyos. Son ellos quienes fundamentalmente han alentado estas plantaciones, les dan el marco teórico, las soportan ideológicamente y las viabilizan.

Nuestros Estados elaboran políticas forestales que antes de servir para conservar nuestra herencia ecológica de praderas, selvas y bosques, sirven para alentar estas plantaciones con subsidios, con exenciones tributarias, con créditos blandos, con construcción de infraestructura y con desarrollo de investigación, todo para beneficio de las grandes empresas, nunca de nuestros hermanos y hermanas. Estas políticas forestales legitiman el monopolio y la concentración de la tierra, condición esencial para asegurar el ingreso del capital extranjero en los llamados TLC (Tratados de Libre Comercio), que debieran llamarse tratados de entrega y esclavitud.

Estamos en contra de las plantaciones que se hacen llamar sumideros de carbono, bajo el manto de los servicios ambientales, encubriendo el desastre climático que ha provocado el modelo de petroadicción y de concentración de bienestar y de riqueza. Estamos en contra de lo que catalogamos “Maquila forestal”, que es la promoción de grandes monocultivos a nivel regional, instalados en predios de pequeños campesinos y de comunidades locales. Estamos en contra de la certificación de los monocultivos de árboles.

Estamos en contra de este modelo nefasto porque estamos a favor de que nuestras tierras, mares, praderas, selvas y bosques estén en manos de los pueblos y se dediquen, en primer lugar, a asegurar su soberanía alimentaria. Estamos a favor de que la gente conserve su territorio y su cultura y no se vea forzada al destierro; queremos que los pueblos sigan teniendo relaciones de solidaridad y no de competencia, que se tengan relaciones de armonía y respeto con el entorno; queremos que las relaciones entre las naciones no estén mediadas por tratados con reglas unilaterales y alevosas que facilitan el saqueo y la sumisión de nuestros países; queremos que el agua, los bosques y la fauna sigan existiendo. Estamos en contra de los monocultivos de árboles porque estamos a favor de la vida.

Firman esta declaración:
Daniela Verzeñassi, Foro Ecologista de Paraná, Argentina; Patricia Molina, FOBOMADE, Bolivia; Derli Casali, Rede Alerta Contra o Deserto Verde, Brasil; Lucio Cuenca, OLCA, Chile; Hildebrando Vélez, CENSAT, Colombia; Ivonne Ramos, Ricardo Buitrón, Patricia Granda, Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, Ecuador; Magda Lanuza, Grupo Hijas e Hijos del Maíz, Nicaragua; Ivonne Yanez, Oilwatch, Peru; Ricardo Carrere, Grupo Guayubira, Uruguay; María Eugenia Bustamante, Alicia García, AMIGRANSA, Venezuela.
Julio de 2004″ (Sociedad de Amigos en defensa de la Gran Sabana, 06.08.04, [email protected]).

Del 09 al 22 de julio de 2004

Boletín electrónico Nº 140

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Provea y 10 víctimas de la intoxicación masiva ocurrida el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua, interpusieron este 21.07.04, una demanda de responsabilidad patrimonial por daño moral contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a 16 meses de haber iniciado un procedimiento administrativo que no llegó a establecer el acuerdo conciliatorio esperado.

Con la asistencia de Provea, los afectados por este accidente iniciaron el pasado 19.03.03 un procedimiento administrativo contra el IVSS. Contemplado en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), este recurso establece 90 días para que el IVSS manifieste su voluntad de establecer un acuerdo conciliatorio con los/as denunciantes. Cumplido ese lapso sin haber obtenido respuesta oficial, las personas afectadas decidieron actuar ante la Sala Político-Administrativa del TSJ contra el ente público a cargo de la seguridad social.

María Elena Rodríguez, abogada integrante del Área de Defensa de Provea explicó que “al ignorar su responsabilidad ante el procedimiento administrativo abierto el año pasado en su contra, el IVSS nos obliga a actuar judicialmente demandándolo por el daño moral causado contra estas personas. Siendo aseguradas, el IVSS tenía la responsabilidad de brindarles un servicio de salud oportuno y de calidad, con medicamentos y tratamientos adecuados a la complejidad y gravedad de su estado de salud” (Provea, 21.07.04).

En este accidente laboral resultaron afectadas más de 350 personas, de las cuales varias fallecieron al poco tiempo mientras que otras comenzaron a sufrir graves problemas de salud física y mental. A lo largo de más de 10 años, algunas de estas personas mantuvieron una lucha constante para exigir al IVSS una atención médica oportuna y adecuada. En 3 oportunidades lograron acordar con las autoridades del ente público un número igual de actas convenio que fueron incumplidas en algunos de sus términos. Durante ese lapso, la espera por una atención médica adaptada a su situación acarreó el deterioro progresivo de su salud, al punto de llegar a padecer patologías crónicas de carácter degenerativo que afectó su entorno familiar y social.

La demanda por daño moral introducida por Provea en representación de estas personas tiene en cuenta el sufrimiento, desasosiego y otras manifestaciones de la personalidad social, familiar y psicológica perjudicadas por los daños físicos y mentales provocados por el accidente y la deficiente atención del IVSS. Además de exigir el pago pecuniario por estos efectos, la demanda reclama un conjunto de medidas que el ente público deberá implementar para evitar que se repitan hechos como el del hospital de La Ovallera y para garantizar una mejor prestación del servicio de salud en semejantes circunstancias (Provea, 23.07.04).

Con la asistencia del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Provea, 3 empleadas del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) acudieron el 22.07.04 al tribunal de distribución en materia laboral, con el fin de presentar un recurso de amparo constitucional contra el presidente de dicho organismo, José Vicente Rangel.

Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña se desempeñaban en el CNF como asesora jurídica, ejecutiva de Relaciones Publicas y asistente de Personal, respectivamente, hasta que el 01.05.04, fueron objeto de despido sin existir ninguna amonestación en sus expedientes ni tampoco algún proceso de reorganización en el órgano que planteara una reducción de personal. Al momento de entregarles las notificaciones, el Secretario Ejecutivo del CNF les informó verbalmente y en forma individual que el despido se produce por la razón política de haber firmado contra el Presidente de la República.

El CDH-UCAB y Provea acompañaron jurídicamente a las ciudadanas afectadas. En abril de este año ambas organizaciones, en el seno del Foro por la Vida, habían manifestado su preocupación por las situaciones de coacción presentadas en distintas esferas sociales y estatales con motivo de la realización de los reparos de las firmas recolectadas a finales del año 2003, para los distintos referenda revocatorios convocados por sectores oficialistas y opositores.

Ante las denuncias suscritas por San Miguel, Chang y Peña, el CDH-UCAB y Provea no dudan en calificar estos despidos como una violación al derecho constitucional de igualdad ante la ley, a la garantía a no ser discriminadas, al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Se contravienen así los artículos 21, 70, 87, 89 y 93 de la Constitución; el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el parágrafo 2 del artículos 2 y el parágrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el acto de discriminación que ejerció el presidente del CNF derivó en la violación del derecho de participación política contemplado en el artículo 70 de la Carta Magna.

Con esta acción, las demandantes esperan que el órgano judicial depositario de esta denuncia, declare que los efectos del acto administrativo de despido en su contra, quede sin efecto y sean restituidos sus derechos y garantías constitucionales de manera inmediata y, en consecuencia, permita que retornen a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que disfrutaban para el momento en que se materializó esta violación a sus derechos humanos (Provea, 22.07.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np220704.pdf).

La Asociación Civil Copropietarios Ciudad Miranda (ASOCCOCM) denunció en Provea la situación de desamparo en la que el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) los ha dejado, por la larga espera para la entrega de las viviendas que este organismo les ofreció en venta.

A pesar de que la gran mayoría de las familias canceló el pago correspondiente a la inicial, la ASOCCOCM señaló que algunos adjudicatarios llevan entre 2 y 4 años esperando que FONDUR les entregue sus viviendas, las cuales fueron ofrecidas como parte del proyecto habitacional Ciudad Miranda, ubicado en Charallave, Edo. Miranda. Muchos de los integrantes de ASOCCOCM son damnificados de diferentes entidades federales, inclusive algunos pertenecen a la tragedia ocurrida en el Edo. Vargas en 1999.

Explicó la ASOCCOCM que en reuniones sostenidas en septiembre de 2003 con José Vicente Rodríguez, presidente de FONDUR, se les prometió que para mayo de este año se estarían concluyendo y entregando las etapas I y II del proyecto. Hasta la fecha actual no han recibido respuesta del ente público.

Los adjudicatarios afectados aseguran que actualmente sólo se están ejecutando trabajos en algunas parcelas de la etapa I y sólo se concluyeron 2 edificios de la etapa II, con las personas ya habitándolas, luego de que sus copropietarios las tomaran debido a la situación de necesidad que tenían. También señala la ASOCCOCM que sus integrantes han sido testigos de la entrega de viviendas terminadas a personas que nunca han sido adjudicatarias ni tampoco solventes con el pago de la inicial exigida por FONDUR. Igualmente, dan cuenta los afectados de la existencia de viviendas que no fueron adjudicadas y otras en las que los adjudicatarios renunciaron a su asignación como consecuencia de la larga espera. Asimismo hay viviendas que fueron entregadas hace 1 y 2 años sin haber sido ocupadas hasta el momento.

Según Alvaro Sucre, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), en el primer semestre de este año la actividad de la construcción registró una recuperación de 30%. Sin embargo, considera que «en este período no hubo crecimiento, pues para que ello se registre es necesario que se inviertan 6.000 millones de dólares y la inyección de recursos fue menor a los 2.000 millones de dólares» (El Universal, 15.07.04, pág. 1/30).

El porcentaje de recuperación del lapso en cuestión es favorable porque se compara con períodos de caída del sector: «en el 2003, el sector se desplomó 36,5% y en el 2002 19,8%, de manera que en 2 años la contracción ha sido 56%» (El Universal, Ídem.).

Otros datos facilitados por el CVC señalan que para el 1er. semestre de 2004, «el repunte en la construcción asociada al petróleo fue de 40%, el de las empresas no petroleras 20% y el del gobierno central 30%. El sector privado sólo se recuperó 10%» (El Universal, Ídem.). Observa Sucre que el repunte en el sector público se debió a la continuación de obras como el puente sobre el río Orinoco, el Trolebús, el ferrocarril, las líneas 3 y 4 del Metro de Caracas y la autopista a oriente.

En vivienda se siguieron presentando dificultades, a juicio de Sucre: «al cierre de junio las soluciones terminadas fueron 3.400 unidades, correspondiendo al sector público 2.600 y al sector privado 800. Los recursos utilizados por el Gobierno fueron 51,7 millardos de bolívares. No obstante, para atender el déficit es necesario que se construyan más de 100.000 unidades habitacionales» (El Universal, Ídem.).

El presidente del gremio de la construcción indicó que pese a la continuación de las obras, 550.000 personas son las que están desocupadas en el sector.

El pasado 15.07.04, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en Bruselas, Bélgica, su Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2004, dedicado este año al tema de la diversidad cultural. Titulado «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy», esta edición expone como hipótesis de trabajo que la libertad cultural debe ser adoptada, en tanto derecho humano, como un requisito para conseguir el desarrollo de las cada vez más diversas sociedades del Siglo XXI.

En su análisis, el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 aborda un amplio catálogo de políticas públicas aplicadas por naciones y comunidades multiculturales, desde la educación bilingüe y los planes de discriminación positiva, hasta los innovadores sistemas de representación proporcional y de federalismo (PNUD, 15.07.04, http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/presskit/HDR04_PR1SP.pdf). La gestión de la diversidad es una cuestión que requiere urgencia política, más de las 2 terceras partes de los países tienen grupos minoritarios que constituyen más del 10% de su población y casi 1.000 millones de personas pertenecen a grupos que son objeto de algún tipo de exclusión (El Nacional, 14.07.04, http://www.el-nacional.com/#), más de 5.000 grupos étnicos diferentes viven en los aproximadamente 200 países que existen hoy en el mundo y en 2 de cada 3 países hay al menos 1 grupo minoritario considerable, ya sea étnico o religioso, que representa el 10% de la población o más. Además, la séptima parte de la población mundial (alrededor de 900 millones de personas) enfrenta algún tipo de discriminación a causa de su identidad étnica, racial o religiosa (PNUD, 15.07.04, Ídem.).

“Más que glorificar un apoyo irrestricto a las tradiciones heredadas o advertir al mundo respecto de los supuestos choques inevitables entre civilizaciones, el punto de vista del desarrollo humano exige que la atención se centre en la importancia de la libertad en las esferas culturales y en las maneras de defender y aumentar las libertades culturales de las que podría gozar la gente” (PNUD, 15.07.04, Ídem.) señaló Amartya Sen, ganador del Premio Nóbel en economía 1998 y uno de los colaboradores invitados a participar en esta edición.

La investigación del PNUD brinda nuevas formas de examinar estas cuestiones y aporta ejemplos significativos de numerosos enfoques adoptados en distintos países. Los autores del informe sostienen que los costos de invisibilizar el peso que los derechos culturales deben tener en las políticas públicas serán mayores que los costos de aceptar y administrar la diversidad en esta época de movilidad mundial y democracia. La exclusión o el sometimiento a prácticas denigrantes por parte del resto de la sociedad hacia grupos étnicos y religiosos ha hecho que estos últimos respondan a través del activismo político por motivos étnicos, religiosos, raciales y culturales. A juicio del informe, tal fenómeno se debe a: i) La propagación de la democracia, debido a lo cual los grupos excluidos cuentan con mayor espacio y alternativas políticas para protestar sobre la base de resentimientos históricos; ii) Los avances de la globalización y las comunicaciones que permiten la creación de nuevas redes y alianzas; iii) El acelerado ritmo de la migración internacional, lo que permite la formación de bases de apoyo fuera del país de origen que abogan por las demandas de reconocimiento cultural.

Por estas razones, los autores consideran que sólo aquellas políticas que dan cabida a la diversidad y propician el multiculturalismo podrán garantizar el crecimiento, la estabilidad y la solidez de la gobernabilidad democrática.

Como todos los años desde 1990, el informe incluye la clasificación anual de los países según su nivel de desarrollo humano, realizada por un equipo independiente de expertos, dirigidos por la directora del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD Sakiko Fukuda-Parr (PNUD, 15.07.04, Ídem.). 

El concepto de Desarrollo Humano va más allá de los indicadores del ingreso per cápita, el desarrollo de recursos humanos y las necesidades básicas como medida del progreso humano, pues también evalúa  factores tales como la libertad, la dignidad y la iniciativa, es decir, la función que las personas desempeñan en el desarrollo. El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 sostiene que el desarrollo, más que aumentar el ingreso nacional, es en última instancia “un proceso destinado a ampliar las alternativas de la gente” (PNUD, 15.07.04, Ídem.).

El caso Venezuela

El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, como es tradicional, incluyó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países y sus avances o retrocesos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según el PNUD, el IDH de Venezuela correspondiente al año 2002 es de 0,778, 3 centésimas por encima del calculado por el informe del año 2003 sobre la base de datos del año 2001 (0,775), lo que lo coloca en la posición 68, un peldaño por encima del lugar que ocupaba desde el año 2000 (69) (edición Nº 121 de este boletín electrónico, del 04 al 08.07.03, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_121.pdf). Las razones del aumento del IDH venezolano tiene que ver , entre otros aspectos, con la mejora de la esperanza de vida y en el nivel de alfabetización de su población adulta. Explican los expertos que el IDH es el resultado de la combinación de componentes y valores tales como la esperanza de vida (73,6 años); proporción de alfabetismo en adultos (93,1%), porcentaje de matriculación combinada en niveles educativos de primaria, secundaria y universitaria (71%) y el PIB per cápita de 5.380 dólares con paridad de poder adquisitivo. El IDH venezolano está una centésima por debajo del promedio regional (0,777), mientras que la esperanza de vida en el país está 4,2% (3,1 años) por encima del promedio regional de 70,5 años; la tasa nacional de alfabetismo, para el año 2002,está 4,5% por arriba de la tasa regional (88,6%); la tasa nacional de matrícula combinada del lapso estudiado por el informe 2003 está 10 puntos porcentuales por debajo del promedio regional (81%); y, el PIB regional per cápita de 7.223 dólares, supera por un 25,5% (1.843 dólares) el valor de este indicador (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, 15.07.04, [email protected]). En contraste con los valores registrados en las ediciones anteriores de este informe, la tasa de esperanza de vida del venezolano, para el año 2002, es 0,1mayor que la del año 2001 (73,5 años) y 0,7 años superior a la del año 2000 (72,9 años). La tasa nacional de alfabetización en el informe 2003 del PNUD es 0,3% mayor que la registrada por el mismo informe del año 2002 (92,8%) y un 0,5% superior a la del año 2000 (92,6%) (ver edición Nº 121 de este boletín electrónico, Ídem.). Estos resultados demuestran que, desde el año 2000, el comportamiento de estos indicadores muestran una tendencia a la mejora. No obstante, a los avances registrados en materia educativa y de esperanza de vida les acompaña una reducción en el Producto Interior Bruto (PIB) por cápita, en paridad de poder adquisitivo, que bajó de los 5.670 dólares en el 2001 a los 5.380 dólares en el 2002, una tendencia que se viene consolidando por 3er.año consecutivo desde el año 2000, cuando este indicador se ubicaba en 5.794 dólares (Aporrea, 15.07.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=18393).

Otro de los aspectos que revela el estudio se relaciona con la desigualdad de ingresos y consumo. En 1998 el 20% de la población más pobre de Venezuela disfrutaba sólo del 3,0% del total de los ingresos y consumo, mientras que el 20% de la población más rica acaparó el 53,4%, datos que ponen en evidencia el problema estructural de la concentración de la riqueza en el país. Respecto al porcentaje de población que vive en la extrema pobreza, es decir, con un dólar diario o menos se mantuvo, sin cambios, en el 15,0% (Aporrea, Ídem.).

Para el PNUD, el país latinoamericano con mejor desempeño en el año 2002 fue Barbados, con un IDH de 0,888, ocupando el lugar 29; mientras que Haití es el país con peor desempeño, con un IDH de 0,463 que lo coloca en el lugar 153. En relación a los países andinos, Colombia ocupó el lugar 73, Perú el 85, Ecuador el 100 y Bolivia el 114 (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.).

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Venezuela dejó de ser considerado como un país de alta prioridad global, tal como lo había contemplado el informe del año pasado (ver edición Nº 121, Ídem.), debido a que presentó un progreso en la meta relativa a la universalización de la educación primaria, ya que la tasa de matriculación, que se encontraba estancada en 88% para el período 1990-91/2000-01, se elevó a 92% en 2001-02 (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.). Sin embargo, se mantiene la alerta para las metas de reducción de pobreza y de hambre, observadas desde la edición anterior del informe del PNUD. En relación a la reducción de la pobreza, en el período 1990-2002 se observa una tasa media de crecimiento negativo del -1,0% en el PIB per cápita, indicador que está muy relacionado con la evolución de la pobreza por ingreso. En cuanto a la meta de reducción del hambre se observa que la proporción de población subnutrida, aumentó de 11% en el período 90-92, a 18% en el lapso 1999-01, el cual es ligeramente menor al reportado para el período 1998-00 ( 21%) (Boletín Nº 14 Red de Desarrollo Humano, Ídem.).

El informe del PNUD puede ser consultado o descargado por completo y  gratuitamente en la siguiente dirección electrónica: http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf. Por lo pronto, invitamos a los lectores a consultar en nuestra sección DOCUMENTOS, un texto extraído del mismo, titulado «La definición de los derechos culturales va a la zaga de la definición de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales: ¿Por qué?«.

El pasado 07.07.04, Nils Arne Kastberg, director Regional para América Latina y El Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realizó una visita formal al despacho del Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, a fin de tratar, entre otros, el tema de la inversión social en Venezuela.

Ante los medios de comunicación, Kastberg calificó a las misiones promovidas por el Gobierno Nacional como «una gran labor en Venezuela en cuanto a crear un espacio a toda la niñez y adolescencia, y que la inversión sea en ellos, que estén por encima de los debates políticos y donde pueda haber una unidad nacional ya que el futuro de Venezuela depende la capacitación de los niños y adolescentes” (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, 07.07.04, [email protected]).

Añadió el representante de UNICEF que «todos los países del mundo asumieron desde el año 2000 los objetivos de desarrollo del milenio que tienen una serie de indicadores muy claros y concretos. Resultados que se quieren lograr: se quiere disminuir la mortalidad materna, se quiere disminuir la mortalidad infantil, mejorar la nutrición, para tomar solo algunos ejemplos. Creo que las distintas misiones son una forma para tratar de mejorar los mencionados indicadores […] Diversos países latinoamericanos están asumiendo distintas estrategias, pero creo que hace muchas energía en nuestra región para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo humano de nuestra juventud. Agradezco todo los esfuerzos que hacen por parte de toda la sociedad venezolana para crear una sociedad que mejor proteja a la niñez y a la adolescencia» (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, Ídem.).

A una pregunta dirigida a conocer su apreciación sobre la situación de los derechos humanos en el país, el delegado de UNICEF respondió, con respecto a los derechos sociales, lo siguiente: «pienso que se está dando importancia más y más, no solo a los aspectos de mejorar un camino, de cómo mejorar un huerto, de cómo mejorar estructuras físicas, sino que también se está dando a cada día más importancia a la infraestructura humana […] No podemos darnos el lujo en Latinoamérica que nuestra niñez y adolescencia no esté recibiendo suficiente educación, no esté siendo alfabetizada y el poner énfasis, tal cual se está haciendo ahora, en la perspectiva de derecho en cuanto a educación, salud, acceso a agua potable, ejemplo de como se trata de mejorar e impulsar los derechos de nuestros niños y adolescentes. Espero que continúen esos esfuerzos» (Prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, Ídem.).

Según fuentes oficiales, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo adscrito al Ministerio del Trabajo (MINTRA), incorporó 152.158 nuevos pensionados en el lapso comprendido entre mayo de 2003 y 2004 (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/ivss_beneficiarios.htm), con este número el ente público asegura haber incorporado en los últimos 5 años un total de 315. 621 personas al régimen de pensiones del seguro social, cifra que equivale al 81% del total incorporado desde 1977. Actualmente, el total de pensionados llega a 702.000 personas (Gobierno en Línea, 15.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20021).

De igual manera, el IVSS informó que el monto del pago de las pensiones se ha incrementado en 395% durante el último quinquenio y se espera que para agosto de este año se eleve en un 435%, cuando se homologue al salario mínimo vigente desde ese mes, lo que colocará a la pensión en 326.176 bolívares (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, Ídem.).

También señaló el organismo público que «se ha hecho hincapié en la cancelación oportuna y regular de esta bonificación […] En la actualidad, los pensionados reciben su pago hasta con diez días de antelación con respecto al principio del mes.
Por otra parte, el Ministerio del Trabajo informó que se aprobó la cancelación de las deudas que gobiernos anteriores contrajeron con los pensionados desde el 1992 hasta 2001.

Xiomara Cardozo, Procuradora General de Trabajadores aseguró que la Procuraduría General de Trabajadores del Ministerio del Trabajo (MINTRA), ha logrado recuperar 10 millardos de bolívares en prestaciones sociales de trabajadores durante el1er. semestre de este año (Gobierno en Línea, 14.07.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=20104).

Señaló Cardozo que entre enero y junio de 2004 esta instancia pública atendió a un total de 46.622 usuarios, de este total «el MINTRA asumió la defensa -por vía administrativa- de 32.816 trabajadores, una asistencia que incluye providencias administrativas que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos de trabajadores que fueron despedidos sin justa causa pese a la inamovilidad laboral que los amparaba» (Gobierno en Línea, 14.07.04, Ídem.).

«Por vía judicial, se defendieron las causas de 13.806 trabajadores. Esta defensa incluye amparos constitucionales, juicios de estabilidad laboral y juicios por cobro de prestaciones sociales, así como también los recursos ante los Juzgados Superiores y por ante el Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente, están en proceso: 797 Amparos Constitucionales; 1.348 Juicios de Estabilidad y 7.549 Juicios por Cobro de Prestaciones Sociales» (Gobierno en Línea, 14.07.04, Ídem.).

En primera discusión y por unanimidad fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

La presentación del proyecto de ley fue hecha por el diputado Ángel Rodríguez (Movimiento Quinta República), Presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral.

Francisco González, presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), organismo adscrito al Ministerio del Trabajo, explicó que “este proyecto de ley es producto de una amplia consulta entre todos los sectores involucrados en la materia de salud y seguridad en el trabajo. En la elaboración del mismo participaron los diputados miembros de la subcomisión especial, los técnicos asesores de la Asamblea Nacional, docentes universitarios, sindicatos, Comités de Higiene y Seguridad, representantes de las aseguradoras, empleadores en general y funcionarios del Inpsasel” (Ministerio del Trabajo, 13.07.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/proyecto_reforma.htm).

Si desea consultar este proyecto de ley, INPSASEL la puso a disposición en su página web: www.mintra.gov.ve/inpsasel.

Francisco Valencia, de Amigos Trasplantados de Venezuela; Rosa Pereira, de la Asociación Venezolana para la Hemofilia; Feliciano Reyna y Mauricio Gutiérrez, de Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), representantes de la coalición de organizaciones con servicio en VIH/SIDA, Codevida, fueron recibidos el pasado 15.07.04 por los diputados Héctor Larreal, (Acción Democrática), Briccio Urdaneta (Movimiento Quinta República), Rafael Rosí (Movimiento Quinta República), Jesús Narváez (Movimiento Quinta República) y Julio Alviárez (Movimiento Quinta República), integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), ante quienes expusieron los distintos problemas que deben confrontar las personas afectadas por condiciones de salud crónicas de alto costo y alto riesgo (El Universal, 19.07.04, http://www.eluniversal.com/2004/07/20/ccs_art_20280F.shtml).

Los representantes de Codevida comentaron que uno de los frutos de la reunión fue la decisión de conformar, al interior del parlamento, «una comisión especial que realizará visitas de inspección a los servicios de salud pública dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y en un lapso de 30 a 60 días presentarán un informe de esta gestión» (El Universal, 19.07.04, Ídem.).

Codevida enfatizó que es imperativo que «los productos genéricos sean de la más alta calidad, seguridad y eficacia» (El Universal, 19.07.04, Ídem.). En tal sentido, propusieron investigar las prácticas del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en cuanto a certificación para los medicamentos genéricos para tratar condiciones de salud crónicas de alto costo y alto riesgo y exigir que estos productos tengan las pruebas de bioequivalencia.

La decisión de solicitar una reunión con los parlamentarios surgió por la preocupación de las organizaciones integrantes de Codevida ante 2 de los principales problemas que han surgido con las autoridades del despacho de la salud y el seguro social: la escasez de medicamentos y la falta de controles de calidad en algunos de los medicamentos distribuidos por dichos entes públicos para el tratamiento de las personas con VIH/SIDA.

Sobre el primer asunto, Codevida tuvo conocimiento de que hubo abastecimiento de medicamentos para este sector hasta el 30.06.04 y que de los 23 medicamentos que componen el tratamiento, «algunos se encuentran escasos y otros no cubren la demanda mensual requerida y a la fecha no han sido restituidos» (El Universal, 09.07.04, pág. 2/11). Igualmente, se tiene conocimiento de que en la 1ra. semana de julio el MSDS había entregado las órdenes de compra a todos los laboratorios. No obstante, estas compañías necesitan, con la orden de compra, un mínimo de 6 semanas para traerlos a Venezuela (El Universal, 09.07.04, Ídem.).

Feliciano Reyna, integrante de Codevida, comentó que «a los pacientes con VIH/SIDA se les ha ido complicando el cuadro por la irregularidad en que se han visto envueltos para adquirir los antirretrovirales y cumplir con los tratamientos recetados por los médicos tratantes. Desde agosto de 2003, entre 12 y 13 mil pacientes se han visto afectados, quienes pueden crear virus resistentes a las drogas ya que, bien sea por la deficiencia en la entrega de medicamentos o por el cambio de los fármacos, se pierden las opciones de tratamiento» (El Universal, 09.07.04, Ídem.).

Respecto al segundo problema expuesto por Codevida ante la comisión parlamentaria, este tiene que ver con los controles de calidad, como la prueba de bioequivalencia, a los productos adquiridos por el Estado venezolano. La coalición de organizaciones ha insistido en señalarle a las autoridades sanitarias que «cualquier tipo de medicamento necesita que se le practiquen los estudios especializados para determinar su calidad y eficacia antes de ser comercializados para su posterior consumo» (El Universal, 09.07.04, Ídem.). La prueba de bioequivalencia para los medicamentos genéricos adquiridos y distribuidos por el Estado es fundamental para demostrar que no producen efectos secundarios y también para evaluar su eficiencia retroviral. Reyna señaló que tales pruebas están siendo aplicadas de manera selectiva, sólo sobre algunos medicamentos y no para todos por igual. Señaló específicamente a los medicamentos Lamivudina y Stavudina, importados de Cuba, como aquellos que no reciben el control de bioequivalencia. Igualmente, advirtió que, a causa de las fallas en la compra de reactivos para realizar los controles a los pacientes, no se está registrando el funcionamiento inmunitario y el comportamiento del virus en la salud de los pacientes expuesto a los medicamentos que no reciben la prueba de bioequivalencia.

La respuesta oficial a estas observaciones la ofreció, en una oportunidad, Evelyn Escalona, directora de Salud Poblacional del MSDS, quien defendió la rigurosidad de las pruebas aplicadas a los medicamentos que entran al país, pero reconoció que «hay algunos de ellos que luego de hacerles los estudios clínicos están exentos de la prueba, como las drogas mencionadas» (El Universal, 09.07.04, Ídem.). Sin embargo, Codevida rechazó tal afirmación y recordó que «los fármacos cubanos pueden analizarse con pruebas de bioequivalencia pues no aparecen en la lista de medicamentos avalados por la OMS y es la única manera de que la población se sienta segura de los tratamientos que le indican» (El Universal, 09.07.04, Ídem.).

La organización de derechos humanos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) informó que el pasado 08.07.04, la Sala II del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la Acción de Protección introducida por su Área de Defensa a favor de niños, niñas y adolescentes con Fibrosis Quistica (FQ) (CECODAP, 20.07.04, http://www.cecodap.org.ve/htm/ultimahora/u5.htm).

El recurso introducido por CECODAP se fundamentó en la amenaza del derecho a la vida, violación del derecho a la salud y violación a la protección integral de los pacientes con FQ del hospital del Niño J. M. de los Ríos.

La medida del Tribunal de Protección ordena a la Alcaldía Metropolitana de Caracas a realizar las gestiones pertinentes ante los organismos gubernamentales encargados del suministro de recursos financieros, a los fines de obtener los recursos económicos necesarios para la creación de una Unidad de Fibrosis Quistica en el dicho centro de atención médica.

La sentencia exige que la Unidad de Fibrosis Quística sea dotada regularmente de enzimas pancreáticas para los niños, niñas y adolescentes que requieran servicio de gastroenterología, así como de los demás medicamentos, equipos e insumos de óptima calidad que se requieran para el mejor manejo de la enfermedad y el aumento del promedio de vida de los pacientes afectados.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas también deberá gestionar ante los organismos competentes, la solicitud de una partida especial en el presupuesto anual para la contratación del personal requerido, suministro de los medicamentos de óptima calidad, equipos e insumos que se requieren para la creación de la Unidad de Fibrosis Quística.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas tiene un plazo de 6 meses para cumplir con lo dispuesto en la Sentencia, lapso contado a partir de la publicación del fallo.

CECODAP aseguró que «con esta sentencia se reivindica el derecho a la vida y a la salud de niños, niñas y adolescentes con Fibrosis Quística. Reiteramos que es una obligación indeclinable para los Organismos del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la protección integral y desarrollo de niños, niñas, y adolescentes, para ellos resulta indispensable garantizar un servicio de salud de carácter gratuito, oportuno y de la más alta calidad» (CECODAP, Ídem.).

Según cifras ofrecidas por la encuestadora Datos a la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA), el consumo masivo entre enero y mayo de este año se incrementó 4% con respecto al mismo período del año 2002. Mientras que, al comparar las cifras registradas en 2004 con las de 2003, se observa un incremento de 36% en el mismo indicador. (El Universal, 22.07.04, http://www.eluniversal.com/2004/07/22/eco_art_22158B.shtml).

En comparación con el lapso enero-mayo 2004 y el mismo período de 2003, se puede notar una recuperación de la ingesta de leche (11%), y del consumo de la cesta básica (16%) y de otros alimentos (19%). Por su parte, el consumo de alimentos en general aumentó 5% en los 5 primeros meses de este año con respecto al mismo período de 2002. Por otro lado, la demanda de alimentos básicos mejoró 17% y la de alimentos varios 4%.

No obstante, las encuestadoras señalan que las proyecciones de consumo para el 3er. trimestre del año «no están muy claras» (El Universal, 22.07.04, Ídem.). Aunque entre los meses de julio, agosto y septiembre, el consumo baja tradicionalmente porque las familias dedican mayor cantidad del presupuesto a la compra de uniformes, útiles y pagos de matrícula, este año la situación puede variar dependiendo de la situación política. Javier Macedo, presidente de ANSA, explicó que «este año hay que tomar en cuenta la parte política, pues al estar en campaña electoral hay más liquidez en la calle y tendremos que esperar para ver cómo se comporta el mercado» (El Universal, 22.07.04, Ídem.).

A juicio de ANSA, los problemas de escasez que se habían presentado en el mercado en meses pasados se han reducido de forma significativa. «En estos momentos el margen de comercialización de los productos regulados de la cesta básica está entre 1 y 3%. En los otros productos no regulados también se han bajado los márgenes» (El Universal, 22.07.04, Ídem.).

Macedo señaló que sigue en pie la propuesta hecha por los afiliados a ANSA de establecer un día popular para la venta de los 14 productos de la cesta básica a menor precio. «En una semana se pueden ofertar 2 o 3 productos y a la semana siguiente otros. Esto se lograría gracias al esfuerzo de proveedores y comercios, pero estamos esperando la aprobación del Gobierno» (El Universal, 22.07.04, Ídem.).

  • Garantizar que en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se cumpla con el mandato de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, incorporando el pago de las prestaciones sociales
    calculado de conformidad con el último salario, la disminución de la jornada de trabajo, la adecuación a los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como la eliminación de la discriminación de los trabajadores domésticos;
  • Reformar el reglamento de la LOT para introducir la normativa referente a despidos masivos;
  • Dictar el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
    Garantizar la plena aplicación del sistema de control y promoción de las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados;
  • Garantizar el pago oportuno de las obligaciones laborales que se desprenden de la contratación colectiva de los funcionarios públicos;
  • Garantizar la continuidad del reconocimiento de las deudas laborales del sector público, así como la apertura de las cuentas individuales en cumplimiento de la LOT;
  • Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las inspectorías del trabajo en el control de las modalidades de contratación de personal, sancionando el fraude laboral y las prácticas de flexibilización que evaden obligaciones con los trabajadores;
  • Garantizar la negociación de los convenios colectivos con los sindicatos más representativos;
  • Garantizar que el Ejecutivo Nacional ajuste anualmente el salario mínimo tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica;
  • Garantizar la consulta tripartita para el incremento anual de los salarios;
  • Garantizar el respeto de la estabilidad laboral de los trabajadores amparados por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos;
  • Garantizar una pronta decisión judicial y/o administrativa de la situación laboral de los extrabajadores de PDVSA;
  • Garantizar que la Directiva de PDVSA no obstaculice la contratación de sus extrabajadores en las empresas contratistas de PDVSA;
  • Garantizar la instrumentación de políticas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo y la reducción de la pobreza;
  • Tomar medidas que eviten y castiguen la discriminación en el empleo de las mujeres y los jóvenes;
  • Ratificar el Convenio N° 182 de la OIT, relativo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil; – Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la
    recomendación N° 146 de la OIT;
  • Garantizar el derecho a huelga, sin imponer otras condiciones que las establecidas en la ley y el reglamento de la LOT;
  • Abstenerse de ordenar reuniones conciliatorias previas a la tramitación del procedimiento de conflictos colectivos, con base en el artículo 473 de la LOT, cuando se presenten pliegos de peticiones con carácter conflictivo;
  • Tramitar de inmediato el pliego de peticiones y enviar al patrono dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego (Provea, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), tiene el placer de presentar el libro: “El derecho al asilo. Marco teórico-metodológico básico”. Este trabajo fue realizado bajo el auspicio de la Embajada Británica en Venezuela y forma parte de la Serie Aportes de Provea y fue realizado a partir de la investigación efectuada por María Gabriela Martínez, abogada del equipo del Área de Defensa de la organización, y diseñada, coordinada y corregida por Vicmar Morillo y Antonio González Plessmann, integrantes del Área de Investigación, también de Provea.  

El libro incluye una descripción de las principales bases normativas del derecho, la delimitación de su contenido; un listado de las principales obligaciones del Estado; una descripción de las más comunes formas de violación de este derecho humano en Venezuela; una propuesta de indicadores para su seguimiento y evaluación; la enumeración de las medidas estatales a él vinculadas; una guía para buscar información sobre cada indicador propuesto; y, finalmente,  como anexo, varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relevantes para la defensa y protección de este derecho humano. El libro estará a la venta en la sede de la organización y su contenido podrá ser consultado o descargado en el sitio web de Provea http://www.derechos.org.ve. 

Para compartir este trabajo, Provea organizó el foro “Derecho al Asilo: Bases legales y situación en Venezuela”, con el fin de abrir el diálogo y el debate sobre las experiencias de las luchas concretas y las propuestas para desarrollar nuevos y más efectivos modos de hacer del conocimiento de este derecho una herramienta a favor de la dignidad de este sector social. El evento se realizó el 21.07.05, en el Ateneo de Caracas.

Estuvieron como ponentes María Gabriela Martínez, quien presentó los principales aportes de esta publicación al ámbito nacional de los derechos humanos; Alfredo Infante, representante del Servicio Jesuita a Refugiados, quien, desde una perspectiva no gubernamental, habló sobre la situación del derecho al asilo en Venezuela; y, Sergio Calle, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien trató la situación del derecho al asilo en Venezuela, desde la óptica de una instancia intergubernamental como lo es el ACNUR (Provea, 14.07.04).

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad presentada por Gustavo Vaz Guevara y otros, contra 30 artículos del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 actualmente aplicado al interior de la Fuerza Armada Nacional (FAN) (Tribunal Supremo de Justicia, 09.07.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1216).

En su recurso, Vaz Guevara solicitó la impugnación de los artículos 90, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, literal B del artículo 109, literales c, d, y g del artículo 118, literales d, e, f, i, k, del artículo 120, 121, 122, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 143, 147, 154, 155, 159, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186 y 188, de dicho reglamento (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Como se recordará, los hechos acaecidos en marzo de 2004 dentro de una instalación militar del Edo. Zulia en la que fallecieron 2 soldados y otros más fueron heridos mientras permanecían dentro de una celda disciplinaria en la que se desarrolló un incendio por causas aún investigadas, provocó la reedición de un debate sobre los rasgos extemporáneos e inconstitucionales del reglamento disciplinario aplicado a los soldados (ver edición N° 137 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_137.htm).

Este reglamento se encuentra vigente desde el 31.01.49, fecha en que la Junta Militar de Gobierno la aprobó con la firma de Marcos Pérez Jiménez (Últimas Noticias, 18.04.04, pág. 29). El general retirado Enrique Prieto Silva subraya que «ese no es un reglamento, porque fue promulgado en el mandato de Marcos Pérez Jiménez y todo lo que salió de allí eran decretos-leyes. Ese instrumento no fue modificado por la Asamblea Nacional (AN), a la que le correspondía, en cambio, sí lo hizo el Ejecutivo, y fue publicado luego como reglamento. Es el único que existe y por el cual se rige la autoridad militar» (El Nacional, 16.04.04, pág. A/4). En efecto, el Ejecutivo Nacional lo promulgó a través de la Resolución N° 60 del Ministerio de la Defensa (MD), publicada en Gaceta Oficial N° 37.507, el 16.08.02.

En vista de la admisión, el TSJ se dispuso citar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, a quienes se les remitió copia certificada del escrito del recurso, la documentación pertinente acompañada al mismo y del auto de admisión del Juzgado de Sustanciación. Igualmente, el TSJ ordenó emplazar a los interesados mediante cartel para que concurran en un lapso de 10 días hábiles siguientes, contados a partir de su publicación (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

A 9 meses de haber sido eliminada la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el pasado 19.07.04 fueron juramentados los jueces de la nueva Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, designados el 15.07.04 en cumplimiento del artículo 6, numeral 23, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) (Tribunal Supremo de Justicia, 19.07.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1249).

El magistrado Levis Ignacio Zerpa, presidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estuvo a cargo de la juramentación de Ileana Margarita Contreras Jaimes, Oscar Enrique Piñate Espidel y Trina Omaira Zurita (Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo) y de sus respectivos suplentes Grace Mary Brunicardi Sandoval, Alexander Pascual Espinoza Rausseo y Sol Efigenia Games Morales. También tomaron juramento los jueces de la recién creada Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional: María Enma León Montesinos, Jesús David Rojas Hernández y Betty Josefina Torres Díaz; y sus respectivos suplentes, Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, Belén Irene Serpa Blandín y Aracelis Margarita Chávez Páez.

En el acto, Iván Rincón Urdaneta, presidente del TSJ, reflexionó sobre la anterior Corte Primera y el rol que deben cumplir las nuevas cortes. Comentó el magistrado que “no queremos que con ustedes se reediten los días amargos y difíciles, políticos, traumáticos de la antigua función de la Corte Primera de lo Contencioso, y no me refiero a la función de los últimos meses ni del último año sino que me refiero a una Corte que había tenido el control de la parte bancaria, seguros, pro-competencia y otros de orden económico, pues allí se maneja el gran poder financiero. Nosotros pretendemos en el futuro desconcentrar un poco la actividad contenciosa y designar otras Corte en oriente y occidente como lo ordena nuestra Constitución” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). Agregó que “un buen número de magistrados de la antigua Corte Primera, en los últimos años se ha dedicado al ejercicio y obediencia de sectores económicos o políticos, y ha hecho que se haya traducido en una especie de carga moral para la justicia venezolana. Se han hecho grandes cambios en la estructura, en la constitución de la Corte, hoy día hemos pasado de una a dos Cortes, y eso creo que hará más ágil el trabajo. Es decir, que la gerencia de la Corte Primera y Segunda debe estar acorde con las exigencias de agilidad que requiere un cúmulo de expedientes tan grande como el que allí existe” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Como se recordará, la anterior Corte Primera de lo Contencioso Administrativo quedó eliminada por decisión de la Comisión Judicial del TSJ, tal como lo informara una resolución del 23.10.03, firmada por los magistrados Abdel Mostafá Paolini, de la Sala Político Administrativa; Rafael Pérez Perdomo, Sala Penal; Luis Martínez, Sala Electoral; Rafael Perdomo, Sala Social; Carlos Alberto Vélez, Sala Civil e Iván Rincón, Sala Constitucional (Globovisión, 21.07.04, http://www.globovision.com/nacionales/2003.10/23/corteprimera/index.shtml). En esa resolución también se contemplaba la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que compartiría con la Primera (cuando ésta se restableciera) el control de la legalidad de los actos de gobierno sin rango ministerial. La Sala Plena ratificaría esta decisión el 10.12.03. Días antes de la eliminación de la Corte Primera (el 09.10.03), 2 de los 5 magistrados que componían a la Corte fueron suspendidos en el ejercicio de sus cargos por la Sala Plena del TSJ, ante la cual ambos interpusieron , el 14.11.03, un recurso de revisión de su destitución que, finalmente, sería descartado por decisión de la Sala Constitucional del TSJ el 22.06.04 (El Nacional, 16.07.04, pág. A/6).

Conviene resaltar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fue desintegrada por el TSJ el año pasado, luego de haber dictado decisiones claramente contrarias al Gobierno Nacional: la medida cautelar de suspensión del Plan Barrio Adentro; la libertad plena a los ex gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA); la inamovilidad laboral de los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL); la sentencia que favoreció al gral. Carlos Alfonzo Martínez, detenido por dirigir un pronunciamiento a la sublevación de la Fuerza Armada Nacional; el caso de las microondas de la emisora de televisión Globovisión y la orden de desmilitarización de la Policía Metropolitana (PM) (El Nacional, Ídem.).

La Fiscalía Superior del Edo. Zulia informó a la prensa nacional que el resultado de la tercera prueba balística aplicada en el proceso seguido por la muerte de la dirigente accióndemocratista Evangelina CARRIZO, ocurrida en Machiques, Edo. Zulia, el 04.03.04, en el contexto de las manifestaciones opositoras iniciadas el 27.02.04 (ver edición Nº 134 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_134.htm).

La prueba arrojó que el proyectil que asesinó a Carrizo provino del arma de reglamento de un oficial adscrito al Destacamento de Frontera N° 36 de la Guardia Nacional (GN), cuya sede está en Machiques. El caso lo llevan las fiscales 26 y 12, Hailet Medina y Leanis Inciarte, respectivamente. Por su parte, la diputada Dianela Parra (Acción Democrática), quien presidió la comisión parlamentaria que investigó el caso, solicitará a la Fiscalía Superior del Estado Zulia que actúe con rapidez para aprehender al o los presuntos indiciados (El Nacional, 17.07.04, pág. B/21).

José Alejandro Carrizo, hijo de la víctima y testigo ocular de los hechos, acusa específicamente al teniente Juan Carlos Casaña de haber accionado el arma que mató a su madre. Fuentes periodísticas señalan que el efectivo fue transferido por órdenes superiores a otro destacamento en la misma entidad federal. Igualmente informan que el presunto indiciado tiene prohibido salir del estado hasta que terminen las investigaciones (El Nacional, Ídem.).

El pasado 16.07.04, Mariela MENDOZA, testigo de la muerte de sus hermanos Ender, Gonzalo y Alexander (supuestamente asesinados por funcionarios de la policía estadal del Edo. Portuguesa), fue víctima de un atentado ejecutado por una persona vestida de civil que portaba un arma de fuego se acercó a ella y le disparó en 3 oportunidades, hiriéndola en la espalda, la mano y el antebrazo (Cofavic, 19.07.04, [email protected]).

Mariela había sido amenazada de muerte en reiteradas oportunidades, presuntamente por los funcionarios que se encuentran acusados por los hechos en los que fallecieron sus otros hermanos.

Acerca de estos casos se pronunciaron el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, que han acompañado a las víctimas de las ejecuciones efectuadas por grupos parapoliciales en el Edo. Portuguesa desde hace tres años. En su pronunciamiento, las organizaciones de derechos humanos condenaron severamente este atentado y exhortaron al Ministerio Público (MP), a la Defensoría del Pueblo y a los órganos encargados de la seguridad ciudadana, a activar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de Mendoza, su familia y el resto de las víctimas de grupos parapoliciales en esa entidad federal, en cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a todas estas personas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 25.10.02 (Cofavic, Ídem.).

COFAVIC y la Vicaría han señalado en reiteradas oportunidades el ambiente de hostilidad, amenazas y coacciones que sufren los testigos y familiares de las víctimas de grupos parapoliciales, no solo en Portuguesa, sino en otros Edos., como Falcón, Yaracuy y Anzoátegui. En Portuguesa ya fueron asesinados varios testigos de asesinatos cometidos por grupos parapoliciales e investigados por el MP. Entre ellos se encuentra Ramón RODRÍGUEZ, quien investigó y denunció el asesinato de su hijo Jimmy RODRÍGUEZ, y fue asesinado frente a su casa el 15.05.01, seis meses después de la muerte de su hijo (Cofavic, Ídem.).

Asimismo, estas organizaciones exigen al MP y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que adelanten una investigación exhaustiva e imparcial de la agresión sufrida por la joven Mendoza, que culmine con la determinación de las responsabilidades y las sanciones a los responsables. Estas organizaciones exigen al Estado venezolano el cabal cumplimiento de sus obligaciones para con la salvaguarda de las garantías fundamentales de estos ciudadanos y a poner fin a la impunidad que ha sido y es el caldo de cultivo de estos lamentables hechos (Cofavic, Ídem.).

Igualmente, COFAVIC y la Vicaría de Caracas emplazan al Poder Judicial a adelantar todas las acciones pertinentes para que en un lapso perentorio se celebre el juicio para determinar las responsabilidades de los 17 funcionarios acusados por los asesinatos de 10 personas ocurridos entre el año 2000 y el 2001, en Portuguesa, pues han transcurrido más de 2 años desde la acusación fiscal y todavía no se ha celebrado la audiencia (Cofavic, Ídem.).

Desde que el caso fue radicado en Caracas lo han conocido cuatro tribunales distintos. Se inhibieron los jueces de los Tribunales 4to. de Juicio y del 20vo. de juicio. Luego fue recusado el titular del Tribunal 8vo. de Juicio. Actualmente lo está conociendo el Tribunal 14vo. de Juicio, a cargo de la abogada Tania Estrada Barrios. Además de las inhibiciones, el proceso ha sido afectado por la supuesta imposibilidad de constituir el tribunal con escabinos. Durante la última convocatoria una de las personas que iba a participar como jurado denunció ante el tribunal de juicio que fue amedrentada por uno de los abogados de la defensa de los acusados (Cofavic, Ídem.).

  • Investigar y sancionar a los funcionarios responsables de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hostigamiento o allanamientos sin orden judicial;
  • Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones que correspondan a funcionarios del Ministerio Público que por acción u omisión permitan la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  • Garantizar el cumplimiento de las guardias nocturnas y, en días feriados, de los fiscales del Ministerio Público;
  • Garantizar la integridad física de toda persona detenida en centros de reclusión tanto civiles como militares;
  • Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los responsables de actos de hostigamiento contra las personas que denuncian violaciones a los derechos humanos, casos de corrupción o que expresen ideas adversas al Gobierno Nacional;
  • Garantizar una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente a los superiores responsables de malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes aplicados a soldados o reclutas, realizados en el marco de actividades de entrenamiento o como castigo a la comisión de faltas o infracciones a los reglamentos militares;
  • Establecer un programa estatal dirigido a la rehabilitación física, psicológica y social de las víctimas de tortura;
  • Diseñar una política de formación y difundir entre los efectivos policiales y militares y la población en general, los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela que prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  • Desincorporar al Instituto de Medicina Legal del ámbito de competencia del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de las actuaciones de este organismo. Asimismo, garantizar que todos los detenidos sean examinados por un médico forense antes de ingresar al centro de detención, durante su permanencia en él y antes de quedar en libertad;
  • No utilizar a la Guardia Nacional u otro componente de la Fuerza Armada Nacional en las funciones ordinarias de seguridad ciudadana;
  • Aprobar y ratificar el Protocolo Opcional para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado el 18.12.02 por la 57ª sesión
    de la Asamblea General (Provea, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

«Entre el 28 de junio y el 02 de julio pasado, Provea realizó su V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Ante el libre comercio, otra integración es posible.

Entre muchas consideraciones expuestas se concluyó que, entre los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los tratados de derechos humanos, hay una incompatibilidad esencial. Mientras los primeros convierten en mercancía a todos los aspectos de la vida humana; los segundos desarrollan las responsabilidades de los Estados, a fin de garantizar una vida digna a todas las personas. Tal como están planteados, los TLC atentan contra esta responsabilidad estatal, en tanto las empresas pueden considerar a los derechos sociales como trabas a la libre competencia.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que adversan a los TLC no nos oponemos a la integración económica de los pueblos, pero advertimos que esta integración debe sustentarse en los derechos humanos.

Y no se trata sólo de añadir capítulos de derechos humanos a los TLC, sino de construir acuerdos económicos o financieros que regulen la competencia con una lógica acorde a los derechos humanos, bajo la supremacía de su legislación, la cual deberá privar sobre cualquier incompatibilidad» (Provea, 22.07.04, [email protected]).

«Según el artículo 82 de la Constitución, el Estado debe cumplir varias condiciones para que el derecho a la vivienda sea satisfecho: que la misma sea adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos y un hábitat adecuado a las relaciones familiares y comunitarias.

Sin embargo, Provea ha recibido denuncias contra el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) desde varias regiones del país. En los Valles del Tuy, adjudicatarios de Ciudad Miranda denunciaron que muchas familias damnificadas de la tragedia de Vargas de 1999, aún esperan que se cumpla la promesa hecha hace 4 años para la entrega de sus viviendas. En Barcelona, habitantes de la urbanización Yuleska, reclaman que Fondur les entregó viviendas de tan mala calidad que se deterioraron en menos de 2 años.

Igualmente, se tiene conocimiento de desarrollos habitacionales con un plan urbanístico defectuoso. También es preocupante que, desde el año 2001, haya decrecido la culminación y entrega de viviendas por parte del Estado.

Frente a estos hechos Provea invita a los afectados a organizarse colectivamente para exigir a Fondur y a las otras instituciones públicas involucradas, el cumplimiento de sus obligaciones y la culminación de los proyectos habitacionales actualmente paralizados» (Provea, 15.07.04, [email protected]).

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Año: 2004
Sinopsis:
Directorio de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, clasificadas por ubicación geográfica y por categorías. Contiene información sobre sus diferentes ámbitos de acción y servicios, dirección, contactos telefónicos y electrónicos. Incluye un apartado sobre las estrategias que puede tener a la mano quien conozca o viva alguna violación de derechos humanos. También ofrece un listado de organismos oficiales responsables de la protección de los derechos humanos, con datos para contactarlos. Finalmente, contiene un directorio de organismos internacionales con sede en Venezuela.
Este directorio puede ser consultado o descargado en nuestro sitio web desde la dirección: http://www.derechos.org.ve/nosotros/enlaces/directorio_2004.pdf.

Autor: Héctor León-Moncayo; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Año: 2004
Sinopsis:
«El ALCA, a pesar de lo enigmático de la sigla, se ha convertido ya en tema recurrente de las notas periodísticas. Pocos saben que se refiere a una propuesta de integración económica continental impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Y son menos los que alcanzan a descubrir las implicaciones verdaderamente desastrosas en la vida de la gente del común. Precisamente por eso se hace indispensable intentar una descripción y una crítica de la propuesta. Esto es lo que propone texto libro introductorio» ([email protected]).

Autor: Orlando Gutiérrez Rozo; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«Este libro se propones explicar (…) el carácter comercial que supuestamente caracteriza al ALCA, para seguidamente presentar un panorama general tanto en la dinámica expansiva reciente de las inversiones directas, como de las financieras. Luego, se presenta el tema del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), tanto en sus antecedentes como en sus contenidos fundamentales, para posteriormente entrar a analizar los contenidos del articulado de garantizar la más plena libertad y funcionamiento del capital en las economías latinoamericanas» ([email protected]).

Autor: Laura Esperanza Rangel Fonseca; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis:
«El Paradigma del libre comercio plantea el intercambio como la solución a los problemas de empobrecimiento de los pueblos del mundo. Pero el mercado, que va capturando para su catálogo todos los bienes y servicios que animan la vida de los seres humanos, no tiene como objetivo central la vuelta atrás de las inequidades. Es como una carrera de atletismo en la que participan, desde un punto de partida hipotéticamente igualitario, todos los países. El éxito, nos dice el paradigma, se da por estar allí, sin haber tratado las contusiones, o las fracturas, sin buscar reparación previa a los miembros amputados» ([email protected]).

Autor: Centro Gumilla
Año: Julio 2004
Sinopsis:
«La nueva ley del TSJ y la pérdida de la autonomía; Petróleo y otras oportunidades para Venezuela;
Comunicado Conjunto de la OEA y el Centro Carter sobre los resultados de los reparos; Referéndum a la vuelta de la esquina…» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«De las cinco categorías de derechos humanos (civiles, culturales, económicos, sociales y políticos), los derechos culturales son los que han recibido menos atención. La primera resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos relativa a los derechos culturales data de 2002 y versa sobre la ‘Promoción del disfrute de los derechos culturales de todos y el respeto de las distintas identidades culturales’.

Esta falta de atención es el resultado de los debates acalorados que surgieron en el marco de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí se discutía si los derechos culturales debían reconocer los derechos de las minorías o simplemente ratificar el derecho de un individuo a ‘participar en la vida cultural de la comunidad’. Canadá, la mayor parte de los países latinoamericanos y Estados Unidos se opusieron a los derechos de las minorías, mientras que los países del bloque oriental y la India los defendieron. Finalmente, los derechos de las minorías no obtuvieron reconocimiento, tampoco en la redacción final. Recién en 1966, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce que a las personas pertenecientes a etnias, lenguas o religiones minoritarias ‘no se les negará el derecho a gozar, en comunidad con otros miembros de su grupo, de su cultura ni a profesar y practicar su religión ni a utilizar su propia lengua’.

Estas especificaciones reflejan la desazón que existe en torno a noción de los derechos culturales:

  • Los derechos culturales pueden generar diversos argumentos sobre el relativismo cultural, los cuales utilizan la cultura para defender las violaciones a los derechos humanos.
  • Los derechos culturales no son fáciles de operacionalizar, puesto que están ligados al concepto de cultura que es un blanco en continuo movimiento.
  • Los derechos culturales son, según ciertas opiniones, un ‘lujo’ que recién podrán comenzar a considerarse cuando se estén respetando los demás derechos.
  • Los derechos culturales no pueden atenderse sin enfrentar los ‘males’ culturales que existen en las sociedades. Se trata de tradiciones y prácticas que violan los derechos humanos. Los estados son muy cautelosos en reconocer estos males.
  • Los derechos culturales evocan el temido abanico de identidades y derechos grupales que según algunos representan una amenaza para el Estado-nación.

Algunos teóricos de los derechos humanos y la filosofía política arguyen que basta con asegurar los derechos civiles y políticos de los individuos, como la libertad de culto, opinión y asociación, para que tales individuos puedan ejercer libremente sus creencias y prácticas culturales.

Aunque lento en sus inicios, el trabajo de los organismos de derechos humanos ha logrado enormes avances en cuanto a la clarificación de los elementos que constituyen el derecho humano a participar de la vida cultural, tales como la igualdad y la no-discriminación, la libertad y no interferencia en el goce de la vida cultural y la libertad para crear y contribuir a la creación, la libertad de escoger en qué cultura y vida cultural participar, la libertad de divulgación, la libertad de cooperar a nivel internacional y la libertad de participar en la definición e implementación de políticas relativas a la cultura. Por encima de todos estos elementos, está el principio fundamental según el cual los derechos culturales son parte inseparable de los derechos humanos, aunque no cualquier costumbre o práctica constituya un derecho. Fuentes: Stamatopoulou 2002; Kymlicka 2004; y Arizpe 2004″ (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarrollo Humano 2004: «La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, 19.07.04, pág. 28 o http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf.).

«San Salvador – El Salvador, 16-18 de Julio del 2004

Reunidos en San Salvador 162 líderes y liderezas campesin@s e indígenas participantes en el IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano «Abonemos nuestras raíces culturales y defendamos el campo» realizado en San Salvador – El Salvador del 16-18 de Julio del 2004, en cumplimiento de los acuerdos del III Encuentro Campesino Mesoamericano «El campo no aguanta más», realizado en Tegucigalpa-Honduras en julio del 2003, analizamos la problemática campesina e indígena de la región, revisamos el cumplimiento de los acuerdos aprobados anteriormente, definimos un plan de acción regional y establecimos los mecanismos de articulación para el fortalecimiento de las luchas indígenas y campesinas de Mesoamérica.

Como resultado de las deliberaciones del encuentro podemos destacar:

Reforma Agraria

Se manifiesta la reconcentración de la tierra, cada día aumentan los conflictos productos de la tenencia de la tierra y aún existen tierras públicas y los gobiernos no están implementando procesos de reforma agraria y solo ofrecen como alternativa la mercantilización de la tierra que obedece a la estrategia del Banco Mundial que en la práctica significa una contrarreforma agraria;

Tratados de Libre Comercio

Después de 10 años del TLCAN los campesinos e indígenas Mexicanos han perdido su soberanía alimentaria, se ha generado un abandono del campo y se ha destruido la economía campesina. En Centroamérica se está a la puerta de la ratificación del CAFTA pero desde ya se sienten los impactos negativos en el sector indígena y campesino de Mesoamérica;

Agricultura Campesina
En nuestros países existen políticas públicas orientadas a la destrucción del campo y del campesinado y a la pérdida de la soberanía alimentaria en contraste los Gobiernos todos los recursos los destinan para fortalecer la agricultura de agroexportación;

Derechos Humanos y Problemática Indígena

Se manifiesta en las políticas públicas la discriminación de la mujer, el campesino y los indígenas. Continúan las represiones sistemáticas a los indígenas y campesinos que están en lucha por el acceso a la tierra y demás recursos productivos;

Soberanía Alimentaria

Existe una desarticulación de la producción campesina y abandono total del campo por parte del Estado, hay un crecimiento en la introducción de Organismos Genéticamente Modificados y extinción de especies de su centro de origen y la patentización de nuestros recursos naturales y la biodiversidad así también de nuestros saberes ancestrales. Quienes se están beneficiando son los importadores producto de las políticas que fomentan los gobiernos para beneficiar a ciertos grupos económicos sin importarle la ruina del campo;

Alianzas e integración del sector campesino e indígena

Existe la necesidad expresa de fortalecer la articulación del movimiento indígena y campesino, además de fortalecer las alianzas con otros sectores de la sociedad.

Ante esta situación resolvemos:

Reforma Agraria

Continuar las luchas para que los gobiernos implementen una reforma agraria integral que beneficie a hombres y mujeres del campo y ratificamos nuestro rechazo a la implementación de la reforma agraria asistida por el mercado;

Tratados de Libre Comercio

Profundizar luchas activas y permanente, de manera conjunta, frente a los congreso nacionales para la no ratificación de los tratados comerciales así como iniciar un acercamiento y articulación de luchas conjuntas con los movimientos campesinos e indígenas de EEUU y Canadá;

Alternativas Campesinas

Incidir para que las política públicas consideren presupuesto para el campo, políticas de fomento, impulso al fortalecimiento de las organizaciones campesinas a través de la generación de mercados alternativos en todos los ámbitos y la construcción de las economías solidarias;

Derechos Humanos y Problemática Indígena

Exigir el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales así como el cumplimiento de los convenios o tratados nacionales e internacionales ratificados por los gobiernos de Mesoamérica en materia de Derechos Humanos y anunciamos una lucha permanente y sistematizada para la defensa de los mismos. Hacemos propia la Carta de Derechos Campesinos que impulsa Vía Campesina. Así mismo repudiamos la persecución, los desalojos y el asesinato de hombres y mujeres campesinas e indígenas;

Soberanía Alimentaria

Rescatar, proteger y conservar nuestras semillas criollas y fortalecer todas las iniciativas que sean necesarias para consolidar la agricultura campesina. Exigimos el derecho que tienen nuestros pueblos a tener y gozar de una alimentación sana y suficiente;

Alianzas e integración del sector campesino e indígena

Reafirmar la consolidación del movimiento indígena y campesino de Mesoamérica (MOICAM) como expresión Autóctona de nuestras raíces y luchas, así mismo reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los diferentes espacios nacionales, regionales y mundial, a través de la definición de una comisión de enlace para dar un seguimiento permanente a los compromisos de principios y valores asumidos en este Encuentro.

Patentizamos nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba y Venezuela, así como repudiamos enérgicamente la política intervensionista de los EEUU contra nuestros pueblos.

Nuevamente exigimos la liberación de los 5 patriotas cubanos que se encuentran en la cárceles del imperio gringo, así mismo exigimos al Gobierno de Bolivia la liberación de nuestro compañero campesino y defensor de los Derechos Humanos el Colombiano Francisco «Pacho» Cortez.

Dado en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador a los 18 días del mes de julio del 2004″ (Comunidad Web de Movimientos Sociales, 20.07.04, [email protected]).

Del 28 de junio al 08 de julio de 2004

Servicio informativo Nº 139

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la firma del Acta de Independencia (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, a propósito de la celebración el próximo 15 de agosto del referéndum para definir la continuidad o interrupción de la actual gestión presidencial, se pronuncia en los siguientes términos:

1º) Exhortamos a la población y a sus líderes a expresar sus legítimas ideas políticas de manera pacífica, en el marco del respeto a la diversidad, al pluralismo, a la participación y la institucionalidad democrática.

2º) Ratificamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser respetada por todos los actores del conflicto y que las denuncias sobre sus fallas deben ser señaladas con ánimo de reforzamiento de su autonomía y eficiencia, evitando denuncias temerarias y canalizando toda objeción al proceso o al resultado de la consulta a través de los mecanismos institucionales previstos en la ley.

3º) Exigimos al CNE una actuación célere y transparente, que no deje dudas sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la expresión de la voluntad popular.

4º) Recordamos que la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia. La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de los principales actores políticos

5º) Resaltamos el papel de la observación internacional en el proceso de referendo y recomendamos que ésta sea lo más plural posible.

6º) Condenamos, finalmente, la declaración de Roger Noriega, sub secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos (The Washington Times, 26.05.04), pues ellas implican una intromisión a los asuntos internos y una violación a principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que señalan que: «el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional [y que] Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado» (Organización de Estados Americanos, 10.06.04).

Organizaciones que suscriben:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR)

Caracas, 06.07.04.

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, tomando en cuenta la gran relevancia que tienen para la democracia venezolana y el resguardo de los derechos humanos, se pronuncia en los siguientes términos sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el Informe de Human Rights Watch (HRW), la reforma del Código Penal, la realización de juicios militares a civiles y las imputaciones por conspiración y traición a la patria a activistas de organizaciones no gubernamentales.

Sobre la LOTSJ

La Constitución es clara al señalar que las leyes de carácter orgánico, entre las que se encuentra la del TSJ, deben ser aprobadas por dos tercios de los votos de los diputados. Esta imposición constitucional de una mayoría calificada obliga a que la diversidad de fuerzas que conforman el parlamento lleguen a mínimos consensos sobre temas de gran relevancia nacional, tales como la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial, facilitando con ello el equilibrio de poderes y su independencia y autonomía. Alegando razones de «urgencia» y con la lamentable venia del propio TSJ, la AN aprobó la nueva LOTSJ por mayoría simple, vulnerando la letra y espíritu de la Constitución y debilitando la independencia y autonomía de este Poder.

En el mismo sentido, inconstitucional y debilitador de la independencia y autonomía judicial, actúa la confiscación del comité de postulaciones judiciales (CPJ) por parte de la AN, toda vez que 5 de sus miembros serán diputados (miembros del poder constituido) y no representantes directos de la sociedad; la potestad otorgada al Poder Ciudadano para seleccionar candidatos, más allá de los propuestos por el CPJ; la ambigüedad y laxitud en las causales de remoción de magistrados por parte de la AN y la posibilidad de que éstas se produzcan por una mayoría simple de la AN; la potestad anulatoria del nombramiento de un magistrado por mayoría simple, sin el establecimiento de un debido procedimiento de defensa y; la designación de suplentes por tan solo 2 años, cuando los titulares tienen una permanencia de 12 años.

El TSJ está conociendo actualmente varios recursos de nulidad de la LOTSJ. Es su responsabilidad ordenar a la AN que repare las violaciones de jure (en la ley) que ha cometido.

Sobre el Informe de HRW

Compartimos, en líneas generales, el diagnóstico expresado en el Informe de HRW sobre los problemas del sistema venezolano de administración de justicia y, en particular, sus críticas a la LOTSJ y al carácter provisorio de la mayoría de los jueces venezolanos. Pese a estas coincidencias, no compartimos la recomendación que HRW le formula al BM y al BID orientada a limitar el financiamiento al sector justicia venezolano, pues considera que ello, en caso de que las élites dirigentes no acepten la presión, podría afectar negativamente a todos los usuarios del sistema de administración de justicia que dejarían de verse beneficiados por la ejecución de futuros proyectos. En particular, aquellos que apuntan a aumentar el acceso a la justicia de sectores excluidos y a mejorar la celeridad procesal. Cabe recordar, por analogía, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que «resulta esencial distinguir entre el objetivo básico que se persigue al ejercer una presión política y económica sobre la minoría gobernante del país para persuadirla a que respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables del país en cuestión» (Comité Desc, Observación General Nº 8.12/12/97. E/C.12/1997/8). Lo que sí resulta pertinente es que los siguientes endeudamientos de la República con el BM y BID para el sector justicia se ajusten a estrictos mecanismos de evaluación de lo ya realizado y a una amplia consulta social sobre futuros proyectos.

Sobre la invocación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), en las recomendaciones de HRW, hay que señalar, con fines pedagógicos, lo siguiente: a) en el imaginario de una parte importante de ciudadanos, tanto de los que apoyan al gobierno como de los que se le oponen, detrás de la aplicación de la CDI se encuentran fuerzas militares extranjeras que tomarán detenido al presidente Chávez y lo sacarán del poder. Eso, evidentemente, no tiene ningún fundamento en la realidad, pues en la CDI no hay ninguna disposición que lo permita. Las sanciones contempladas en la CDI apuntan, en los casos más graves, a la suspensión de la participación de un Estado de los espacios de decisión política de la OEA. El peso de la Carta es fundamentalmente político, moral y de mediación; b) de hecho, la CDI se está aplicando en Venezuela, de manera continua, desde el golpe de Estado de abril de 2002, y ello se ha expresado en las resoluciones sobre Venezuela emanadas del Consejo Permanente y la Asamblea de la OEA, en las visitas del Secretario General y en su participación directa, como mediador, en la Mesa de Negociación y Acuerdos. Si bien el artículo de la CDI invocado por HRW es el número 18, que más bien plantea mecanismos de cooperación con la anuencia del Estado concernido, dado el clima de politización del debate sobre la CDI, su invocación actual por HRW distrae lamentablemente la atención sobre las fundadas críticas a la LOTSJ y otros problemas que afectan al Poder Judicial, que deberían ser el centro del debate.

Sobre la reforma del Código Penal (CP)

La reforma del CP aprobada en primera discusión el 25.05.04, por la AN: a) vulnera, en su artículo 216, el derecho a la no discriminación, al establecer una protección para la vida, seguridad e integridad de los funcionarios públicos y sus familiares, con la que no cuenta el resto de los ciudadanos, además de adolecer de ambigüedad en la definición de los hechos sancionados, facilitando con ello la discrecionalidad de su aplicación; b) vulnera, en su artículo 297-A, el derecho a la libertad de expresión, al imponer una sanción penal por la difusión de informaciones que puedan ser consideradas como falsas y; c) penaliza de manera excesiva el cierre de vías públicas, en su artículo 363. Pese a ser ésta, una materia de necesaria regulación, debe tomarse en cuanta que se trata de la modalidad de manifestación más utilizada por los sectores populares, tanto urbanos como rurales, en la exigencia de sus derechos (Provea, Informe Anual 2003) y que la actual propuesta legislativa apunta a su criminalización, profundizando la discriminación estructural de la que son objeto.

En tal sentido exigimos a la AN que corrija estos artículos en la segunda discusión del Código y evite así la violación de jure (en la ley) de los derechos mencionados.
Sobre la realización de juicios militares a civiles. Condenamos, por ser violatorio del derecho a ser juzgado por un tribunal competente (principio del “juez natural”), la realización de juicios militares a ciudadanos civiles, entre los que se encuentran los casos de las personas acusadas de ser paramilitares colombianos, varios militares retirados declarados en desobediencia, dos personas que habrían sido sorprendidos en el Fuerte Tiuna con equipos militares y la periodista Patricia Poleo. Todos estos casos deben ser investigados y, de ser encontrada alguna responsabilidad, sancionados por la justicia ordinaria y no por la justicia militar, en estricto respeto de las garantías procesales.

La Constitución señala en su artículo 261 que «la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar». Los delitos de naturaleza militar, tipificados para mantener el orden y la disciplina dentro de las Fuerza Armada, deben entenderse de manera restrictiva, como aquellos que sólo pueden cometer los militares activos, en ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. Así lo ha señalado de manera reiterada tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Sentencia del 30.05.99; CIDH, Informe Anual, varios años). Por tal razón, solicitamos al Ministerio Público que plantee conflictos de competencia para que estos casos sean procesados por la justicia ordinaria y a la Defensoría del Pueblo que fije posición al respecto.

Sobre las imputaciones por Conspiración y Traición a la Patria a activistas de organizaciones no gubernamentales

Manifestamos honda preocupación por las imputaciones de traición a la patria y conspiración, formuladas extraoficialmente por el Presidente de la República (Aló Presidente N° 182, del 15.02.04), y más recientemente, de manera oficial, por la Fiscal Sexta del Ministerio Público en contra de directivos de la Asociación Civil Súmate, Acción Campesina y Asamblea de Educación.

Ciertamente, la legislación penal venezolana tipifica entre los delitos de traición a la patria, la conspiración que consista en solicitar la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela. Además, en el marco del derecho internacional se protege la independencia y soberanía de los Estados, y se considera inadmisible la intervención en los asuntos internos de éstos. Ahora bien, las actividades en este sentido condenadas son aquellas que consisten en: intervención armada; injerencia o amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen; organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas, o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado; o el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional (Declaración de la Asamblea General de la ONU, 21.12.65).

Los cuestionamientos sobre la recepción de fondos de un Estado extranjero podrían ser admisibles si por medio de tales fondos se impusiera a la organización su participación en actividades ilegales. En ningún caso puede considerarse que la recepción de fondos, de un Estado u organización extranjera, constituye en sí misma una actividad ilegal. Las actividades legales desarrolladas por estas organizaciones, auque estuvieran financiadas por un Estado extranjero, no pueden considerarse constitutivas de conspiración alguna, menos aún si estas constituyen ejercicio de derechos constitucionales.

En tal sentido hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que garantice que la aplicación de las normas jurídicas por parte de sus agentes se corresponda con la finalidad de las mismas, sin que sean utilizadas con fines distintos, que pueden ser de orden político, o que pueden constituir represalias inaceptables contra el ejercicio de derechos. Igualmente, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, para que mantenga una actitud vigilante y emita los correspondientes pronunciamientos y recomendaciones, frente a este tipo de actuaciones de agentes del Estado.

Sobre las amenazas y hostigamiento al activista de derechos humanos Carlos Nieto
Ratificamos nuestra condena a las intimidaciones que desde el 6 de junio ha recibido Carlos Nieto, defensor y promotor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por parte de personas que se identificaron como funcionarios policiales y funcionarios de la Fiscalía General de la República. Todo ello ameritó que varias organizaciones de derechos humanos solicitaran medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y formularan denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, que esperamos sean tramitadas adecuadamente.

Suscriben este comunicado:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR)
(Foro por la Vida, 02.07.04, http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/c-2004_5.pdf)

Las organizaciones de derechos humanos que conformamos la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y otras organizaciones cercanas, manifestamos nuestro profundo dolor y sentimiento solidario para con la familia del Padre Juan Vives Suriá y toda la comunidad venezolana que durante años conoció, trabajó y compartió con este insigne defensor de los derechos humanos.

El Padre Vives partió de este mundo dejando tras de si una fecunda labor realizada con amor, perseverancia, dedicación, humildad y vocación de servicio hacia los más desposeídos. Dejó su impronta marcada en el movimiento de derechos humanos de Venezuela, que tendrá por siempre en él a un referente indiscutible y un modelo de compromiso a seguir. Vives Suriá fue un hombre que desde sus convicciones y sus acciones fue fiel al Evangelio de Jesucristo, pilar sobre el cual construyó toda su vida y su obra como defensor de los derechos humanos.

La partida del Padre Vives deja un vacío profundo que sólo podremos llenar en la medida que su mensaje y su memoria nos mantengan fieles a la causa de los derechos humanos, defendiendo cabalmente, como el Padre Vives supo hacerlo, la dignidad humana y los derechos de los marginados y marginadas de esta tierra. Su testimonio nos impulsa a seguir trabajando por la Verdad y la Justicia, tan necesarias en nuestro lastimado continente.

Paz a sus restos.

Organizaciones que suscriben:

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
ASOVIDA
Cátedra de la Paz y los Derechos Humanos “Monseñor Romero” de la Universidad de Los Andes
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana (Humana Dignitas)
Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de San Fernando de Apure
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Secretariado Conjunto de religiosos de Venezuela (SECORVE)
Servicio Jesuita para Refugiados (SJR)
(Foro por la Vida, 26.06.04, http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/redvedh/n-2004_2.pdf).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), frente a los desalojos forzados ocurridos en los últimos días en el municipio Libertador de Caracas, que han afectado a numerosas familias que ocuparon de manera ilegal inmuebles del casco urbano, se pronuncia en los siguientes términos:

1) La Alcaldía del Municipio Libertador ha ignorado que el derecho humano a una vivienda incorpora como garantía la seguridad jurídica de la tenencia. Esa garantía señala que sea cual fuere el tipo de tenencia, alquiler, propiedad privada, cooperativa, o vivienda por ocupación ilegal u otra, “todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo, el hostigamientos u otras amenazas” (ONU. Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 4. Párrafo 8). Junto a esa garantía, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado directrices sobre cuándo y bajo cuáles circunstancias se admiten los desalojos. Para que un desalojo se haga conforme a la normativa de derechos humanos, es necesario que el Estado, sus instituciones y funcionarios: i) Antes de llevar a cabo los desalojos, “en particular los que afectan a grandes grupos de personas” presenten, en consulta con los afectados, alternativas que permitan evitar o minimizar el uso de la fuerza; ii) Otorguen un plazo suficiente y razonable de notificación a las personas afectadas; iii) No realicen los desalojos cuando haga mal tiempo o de noche; iv) Ofrezcan recursos jurídicos u asistencia jurídica para que los afectados puedan solicitar una debida reparación en los tribunales; v) Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias, para que se proporcione “otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas” (ONU. Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 7);

2) Por tal razón, rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios policiales en los procedimientos realizados para desalojar a las personas que ocuparon varios edificios. La actuación ilegal de los ocupantes no puede ser respondida con una actuación ilegal por parte de las autoridades municipales;

3) Le recordamos a las autoridades que la orden de un tribunal para la realización de un desalojo forzado no debe interpretarse como licencia para que los funcionarios policiales ejecuten la medida de desalojo violentando los derechos que asisten a los ocupantes ilegales: ya sea ignorando sus obligaciones de negociación, disuasión y presentación de alternativas o aplicando un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, que incluya daños a la propiedad y enseres y agresiones a la integridad física y moral de los afectados por la medida de desalojo;

4) Rechazamos, los intentos de criminalizar las ocupaciones y sus protagonistas, presentando alegatos relacionados con el ejercicio de actividades ilícitas dentro de estos espacios, como un hecho generalizado y ya comprobado, sin que para ello medien decisiones judiciales firmes y respeto a la garantía de presunción de inocencia. Bajo ese argumento, se busca desconocer y negar las legítimas razones que movilizan a estos sectores sociales: la denegación del derecho a una vivienda digna que aún afecta a miles de familias y para quienes las políticas adelantadas en materia de vivienda no han tenido, ni tienen una respuesta adecuada y suficiente;

5) Les exigimos a las autoridades que además del resguardo del derecho a la propiedad privada y los bienes inmuebles de los propietarios afectados, se aboquen a cumplir con las obligaciones que tienen frente al derecho humano a una vivienda digna y el resto del conjunto de derechos humanos de los ocupantes ilegales;

6) Consideramos que la situación no se limita, ni debe ser abordada sólo desde la perspectiva del derecho a la propiedad privada, que también requiere protección. Las ocupaciones ilegales, además de evidenciar los graves problemas que persisten para el acceso de los sectores más excluidos a su derecho a una vivienda digna. También han develado otro aspecto del problema: mientras inmuebles en zonas céntricas permanecen vacíos y en desuso, millares de familias carecen de un lugar digno donde vivir. Por ello, también es absolutamente necesario discutir sobre el uso de los espacios en la ciudad ¿por qué mientras los inmuebles en las zonas céntricas se privilegian para fines comerciales, oficinas o vivienda de muy alto precio, quienes no tienen acceso a ese mercado deben conformarse con ubicarse en la periferia?

7) En razón de lo anterior, solicitamos que se paralice la ejecución de desalojos forzados que se vienen realizando en el casco urbano hasta tanto se revisen y discutan, con la participación de las personas afectadas, las posibles alternativas de reubicación y acceso a la vivienda;

8) Exigimos al Ministerio Público, que procese adecuadamente las denuncias que han realizados los desalojados respecto a los abusos, excesos y medidas arbitrarias en las cuales habrían incurrido los funcionarios policiales encargados de llevarlos a cabo y a la Defensoría del Pueblo que fije posición sobre estos sucesos y estimule un diálogo entre los sectores involucrados a fin de establecer políticas cónsonas con el derecho a la vivienda (Provea, 08.07.04, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp080704.pdf).

El 23.06.04, Provea dirigió al Primer Mandatario Hugo Chávez una carta a través de la cual expuso la problemática vivida por los habitantes de Nueva Tacagua (ver edición N° 136 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_136.htm#04), las reiteradas negativas que instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) han hecho a las demandas por el respeto a una vivienda digna que los afectados y Provea le dirigen consecuentemente, y finalmente, una posible solución a esta problemática que tímidamente fue asomada por el mismo mandatario nacional en su programa de radio y TV ¡Aló Presidente!, del 19.06.04. En dicha ocasión, Chávez desmintió los argumentos planteados por INAVI que aducía no conocer ni disponer de terrenos públicos en Caracas que pudieran servir para la reubicación de los habitantes de este sector. Y lo hizo afirmando que “En el hipódromo hay un terrenal, en especial hacia la Panamericana, ahí caben bastantes viviendas (…) Nosotros podemos construir una pequeña ciudad para la clase media, así como para los sectores populares”. En razón de tal afirmación, Provea le solicitó al presidente Chávez:

a) Promover una reunión con los habitantes de Nueva Tacagua de todos los entes públicos involucrados en las políticas de vivienda para el Área Metropolitana de Caracas (Ministerio de Infraestructura, CONAVI, INAVI, Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, FUNVISIS, Defensa Civil) para dialogar sobre la problemática de los habitantes en relación al derecho a una vivienda digna, específicamente a la reubicación en una zona cercana al domicilio actual;

b) Considerar urgentemente la conveniencia y justicia de que sean los habitantes de Nueva Tacagua, quienes tengan prioridad en la adjudicación de viviendas en el futuro desarrollo habitacional en el sector del Hipódromo La Rinconada, ya que de esta manera se cumpliría cabalmente con los derechos que asisten a las familias que aún esperan por una respuesta adecuada ante la decisión del INAVI de desalojar ese complejo habitacional. Debemos recordarle que la mayoría de estas familias, compraron sus viviendas al Estado y éste no garantizó la calidad de las mismas, por lo que hoy debe resarcir los daños causados;

c) Instruya a los funcionarios responsables para que realicen un censo de los terrenos públicos disponibles para la construcción de viviendas en el Área Metropolitana de Caracas y privados posibles de expropiación por causa de utilidad pública, que pudieran ser utilizados para reubicar a habitantes de Nueva Tacagua que no fueran incluidos en el futuro desarrollo habitacional de La Rinconada;

Finalmente, en el ejercicio del derecho a petición establecido en al Artículo 51 de la Constitución y en el 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Provea le hizo saber al gobernante que esperaría una respuesta oportuna y adecuada a tales planteamientos. Además, le reiteró su interés por colaborar con toda iniciativa gubernamental que garantice la participación protagónica de la población en la realización del derecho a la vivienda digna, para lo cual puede contar con nuestra participación.

Desde hace varios años, los habitantes de este sector han elevado sus denuncias a Provea y más recientemente, está asesorando y apoyando sus peticiones, en especial la exigencia para que el INAVI los reubique y construya viviendas en terrenos ubicados en la Ciudad de Caracas y no en los Valles del Tuy, en razón de que estas familias trabajan, estudian y mantienen relaciones sociales en dicho entorno geográfico (Provea, 23.06.04).

Campesinos cooperativistas del Edo. Portuguesa denunciaron en Provea las irregularidades y malos tratos recibidos por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) adscritos a esa entidad federal. Alegan los agraviados que numerosas familias beneficiarias del programa estatal Vuelta al Campo desarrollado por el INTI, no están satisfechas con el desempeño que hasta ahora ha tenido el organismo puesto que no cuentan con el apoyo técnico ni el acceso a la satisfacción de derechos sociales tales como salud y educación, que les permita poner a producir en condiciones óptimas las tierras de las que han sido beneficiarios. Afirmaron que no hay una política integral que conduzca a elevar la calidad de vida de los campesinos. Como ya lo denunció la Cooperativa Próspero del Tuy a Provea (ver artículo de opinión de Marino Alvarado «Otra cara del Plan Zamora», edición Nº 138 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_138.htm#24), en varios casos se desmejoró su calidad de vida entregándoles tierras donde no hay vialidad ni sistema de riego, no se les brindó apoyo ni asesoría técnica, también se prometieron créditos que no llegaron o cuando lo hicieron fuera del ciclo de siembra y se prometieron viviendas que no se construyeron. Los cooperativistas denuncian que son maltratados verbalmente por las autoridades de este organismo, que Luis Valera, presidente del INTI Portuguesa, «no pareciera proteger los derechos del sector campesino y se comporta más como un vocero de los terratenientes de la zona». También objetan la excesiva burocracia del organismo «que para el procedimiento más sencillo se tarda una semana». Para formalizar estos señalamientos unas 40 cooperativas del Edo. Portuguesa están preparando un documento que será entregado al Presidente de la República. Los cooperativistas le proponen al Ejecutivo Nacional que se paralice el programa Vuelta al Campo hasta tanto no se corrijan las graves fallas que presenta. Afirman que «no se puede seguir utilizando a las familias campesinas como conejillos de indias, a quienes colocan en medio de un monte para que se defiendan como mejor puedan».

Es necesario recordar que actualmente cursa ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un amparo contra el Primer Mandatario y el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) (expediente 04-1273), en el que una de las cooperativas denunció la violación de varios de sus derechos constitucionales a pesar de que son beneficiarios de una carta agraria.

Provea, una vez más exhorta al Ejecutivo Nacional a que preste atención a este tipo de denuncia puesto que si no se corrigen a tiempo estas fallas denunciadas, pudiera avanzarse hacia otra frustración colectiva en materia de reforma agraria y, particularmente, emplaza a las autoridades del MAT a que preste mucha atención a las denuncias que vienen del Edo. Portuguesa.

El 21.06.04, activistas del movimiento ambientalista e indigenista venezolano protagonizaron una protesta en Caracas en la que exigían el regreso a su lugar de origen de la «Kueka», una piedra de jaspe rojo de 30 toneladas sagrada para el pueblo Pemón, la cual fue extraída de la Gran Sabana, Edo. Bolívar, en 1998 como una donación del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) al artista plástico austriaco Wolfgang Von Schwarzenberg, quien para ese entonces realizaba una colección de piedras de distintas partes del mundo para desarrollar su proyecto artístico «Global Stone», actualmente exhibido en un parque público de Berlín, Alemania (ver ediciones 1999, 2000 y 2001 del Informe de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, capítulo sobre los derechos de los pueblos indios: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/index.htm).

La Sociedad de Amigos de la Gran Sabana (AMIGRANSA), organizadora de la protesta, recordó que «la roca fue donada por el ente estatal rector de los parques nacionales sin el conocimiento de los pemón, asentados en la localidad de Santa Cruz de Mapaurí, quienes la considera un símbolo de la deidad que los ampara y provee de alimentos a través de la caza y la pesca. No obstante, el gobierno alemán ha manifestado su disposición para que la piedra sea devuelta, pero algunos pasos para que esto ocurra dependen de las autoridades venezolanas y se observan pocos resultados. En su gestión como canciller de la República, José Vicente Rangel, actual vicepresidente Ejecutivo, habían facilitado algunas autorizaciones para la devolución de la «Kueka» (abuela en lengua pemón), pero el proceso se paralizó con el cambio del titular de ese despacho» (Agencia DPA, 21.06.04, [email protected]).

La manifestación se realizó en el paseo Vargas, lugar público donde el artista austriaco instaló una versión libre de la piedra sagrada que forma parte de su proyecto artístico. Los activistas exigieron que el Estado venezolano restablezca el proceso diplomático estancado, para restituir los derechos culturales y ambientales lesionados por una medida inconsulta y unilateral ejecutada desde INPARQUES.

Los activistas prometieron realizar la protesta cada 21.06.04, fecha en que la exhibición de Von Schwarzenberg se complementa con una recepción simbólica al solsticio de verano.

Cumplido año y medio de la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) (diciembre 2002), la Comisión legislativa de Desarrollo Social a cargo de realizar la reforma institucional pertinente, ha incumplido su compromiso de crear la estructura del sistema de seguridad social en el año 2003. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional (AN) aprobó entre octubre y noviembre de 2003, en primera discusión, los regímenes de Empleo y Vivienda y, en el primer semestre de 2004, los proyectos de los regímenes de Servicio al Adulto Mayor y Medio Ambiente de Trabajo, la Comisión de Desarrollo Social todavía no presenta al pleno parlamentario los proyectos de los regímenes de Salud y Prestaciones Dinerarias (pensiones). Por otra parte, fuentes periodísticas destacan que los informes para la segunda discusión de los 4 proyectos aprobados en la primera aún no están listos: «las revisiones continúan y aún no hay fechas de presentación» (El Universal, 06.07.04, pág. 1/18).

Con respecto al proyecto del régimen de Salud, la misma fuente informa que «hace un mes el oficialismo presentó otra propuesta de marco legal y trata de encauzar las discusiones hacia su concepción que prevé la centralización del sistema […] Ante esta situación, la presentación del instrumento para la discusión en la plenaria de la AN se ha postergado» (Ídem.). A propósito de esta propuesta que favorece la centralización de los servicios públicos, el diputado Rafael Ríos (Movimiento Quinta República), presidente de la Subcomisión de Seguridad Social del parlamento, quien argumentó que «el modelo de descentralización que se venía implantando en el país no había dado resultados y el manejo de la salud había quedado a discrecionalidad de los gobernadores, cuando la Constitución no les da esa competencia de manera explícita. Las regiones deben tener ciertas injerencias en el área, pero no de la forma discrecional como se maneja en la actualidad» (Ídem.).

En el mismo orden de ideas, la fuente acotó que «los únicos puntos de coincidencia que tienen la propuesta de ley que se venía realizando y la del oficialismo son el mantenimiento del financiamiento fiscal y que la contribución que realicen empleadores y trabajadores sea 6,25% del salario de cotización» (Ídem.). No obstante, señala la fuente que el debate a lo interno del parlamento podría postergarse aún más si se toma en cuenta que el despacho del MSDS, recientemente, informó que está elaborando otro proyecto para el mismo régimen a fin de plantearlo a la AN.

En cuanto al otro régimen que también espera por su primera discusión en la AN, el de Prestaciones Dinerarias, la fuente señala que, entre otras causas de la tardanza en la presentación del proyecto de este régimen se encuentra el debate abierto entre los sectores que quieren mantener los esquemas especiales que son financiados por el Estado y los que optan por trasladar a esos trabajadores al nuevo régimen de prestaciones dinerarias: «esas discusiones tienen más de año y medio […] Todavía no se han terminado de cuantificar la cantidad de regímenes del sector público. Cifras preliminares señalan que son aproximadamente 400» (Ídem.).

Otras instancias estatales también se encuentran con los lapsos prescritos, es el caso del Ejecutivo nacional, al que la LOSSS exige «desarrollar en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la promulgación de la ley, el plan de implantación de la nueva institucionalidad del sistema» (artículo 117). En este sentido, la fuente recuerda que «a principios de 2003, el Gobierno creó una comisión integrada por técnicos de los despachos de Salud, Trabajo, Finanzas y Planificación para diseñar el plan, que prevé la creación de la Superintendencia de Seguridad Social, la Tesorería de seguridad Social y el Banco de Vivienda. Esa instancia, en octubre del pasado año, entregó el esquema de implantación a fin de que se aprobara en Consejo de Ministros, pero han pasado 7 meses y la programación no se ha autorizado […] la ministra María Cristina Iglesias, en una reunión en la Asamblea, indicó que la contratación de los recursos quedaría para el 2005, con lo cual se daba otra señal de postergación de la nueva estructura de la seguridad social» (Ídem.).

El pasado 16.06.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando, declaró con lugar la solicitud de inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional presentada por Ligia Pulido de Macías, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Institutos Autónomos y Empresas del Estado (FENATRIADE) (Tribunal Supremo de Justicia, 16.06.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1153).

Esta decisión dispone que la Asamblea Nacional (AN) cumpla, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del fallo, con lo contemplado en la  disposición transitoria 4ta. de la Constitución en la que se le exige al cuerpo parlamentario, en el lapso de un año contado a partir de su instalación en 1999, aprobar «mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años».

La Ley del Trabajo vigente actualmente desde 1997 anulaba la retroactividad del pago de las prestaciones sociales de los/as trabajadores/as, mientras que la  disposición transitoria 4ta. de la Constitución de 1999 ordena el restablecimiento de esos derechos laborales en un lapso que culminó en diciembre de 2000.

El recurso jurídico que pivoteó esta decisión del máximo tribunal fue introducido por Pulido de Macías el 09.07.03 y en el se acusa al órgano legislativo de haber incurrido en mora u omisión legislativa contraria al Texto Constitucional.

Después de declararse competente para conocer del caso y estudiar la solicitud presentada, la Sala Constitucional señaló en su sentencia que “la Asamblea Nacional ha incumplido con una conducta debida, esperada y jurídicamente establecida […] sin que tal acto legislativo se haya producido a más de tres años de instalada la actual Asamblea Nacional, supone una omisión inconstitucional absoluta, que atenta contra el efectivo disfrute por parte de los trabajadores de un derecho social de rango constitucional, como es el derecho a prestaciones sociales que protege el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). En vista de la situación, la Sala “otorga a la Asamblea Nacional un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente fallo, para que prepare, consulte, discuta y sancione conforme al procedimiento constitucional de elaboración de leyes orgánicas, la Ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que contenga el nuevo régimen del derecho a prestaciones sociales» (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

El 05.07.04, una fuente periodística reseñó la decisión de los parlamentarios de realizar las discusiones relativas a la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en el 2do. período de sesiones que comenzará en septiembre (El Universal, Ídem.).

Por su parte el diputado Luis Franceschi (Movimiento Quinta República), presidente de la subcomisión de Asuntos Laborales, aseguró ante la plenaria que «antes de que termine el 2004 las modificaciones serán aprobadas» (El Universal, Ídem.). En este sentido, vale recordar que el proyecto de la LOT reposa desde hace más de un año en la Comisión de Desarrollo Social Integral, luego de haber sido aprobado en primera discusión el 17.06.03.

La fuente subraya que «a la AN le queda mes y medio de trabajo debido a que las sesiones terminarán el 15.08.04, los asesores expresaron que hasta los momentos no se han mostrado intenciones de acelerar la discusión en esta etapa, por lo cual el proceso de cambio del instrumento quedaría para el mes de septiembre […] Indicaron, además, que las pocas revisiones que se han hecho han estado referidas a los cumplimientos de los convenios así como las modificaciones en la jornada nocturna» (El Universal, Ídem.).

Según el último reporte del Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró en el mes de junio una variación de 1,9%, 0,7% superior a la observada en mayo (1,2%) y 0,5% por encima de la reportada en junio del año anterior (1,4%) (Banco Central de Venezuela, 01.07.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3449&Operacion=2&Sec=False). Con este resultado, la variación acumulada del IPC para el 1er. semestre del año se ubica en 11%, un 4,4% menor a la registrada en igual período del año 2003 (15,4%).

Destaca el ente emisor que el mayor crecimiento observado en la tasa de variación intermensual tuvo que ver con un repunte de 0,6% a 1,9% en los precios de los rubros controlados, mientras que que los productos no controlados continuaron mostrando aumentos significativos de precios (1,8%). Explica el BCV que «la aceleración en la tasa intermensual de los bienes y servicios sometidos a control de precios fue consecuencia, en parte, del ajuste en las tarifas de algunos servicios sujetos a regulación, tales como: pasajes en metro y metrobus, matrícula de inscripción escolar, así como un cambio en la estructura de asignación de tarifas por uso del relleno sanitario, lo cual impactó en el servicio de aseo urbano domiciliario» (Banco Central de Venezuela, Ídem.). Por otro lado, «el crecimiento relativo de los bienes y servicios sujetos al libre juego de la oferta y la demanda, obedeció a las alzas observadas en diversos renglones agrícolas, en los servicios de telefonía celular y de televisión por suscripción, restaurantes y hoteles, entre otros» (Banco Central de Venezuela, Ídem.).

En cuanto al crecimiento anualizado del IPC en el período junio 2003/junio 2004, éste se ubicó en 22,3%, 11,9% menor al alcanzado en ese mismo lapso 2003/2002 (34,2%).
Por su parte, Oscar Meza, presidente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS) informó que en el mes de junio la Canasta Alimentaria (CA) se ubicó en 534.577 bolívares, lo que representa un aumento de 15,9% con respecto al mes de diciembre de 2003. El crecimiento interanual mostró que el lapso comprendido entre junio del año pasado y junio de este año la CA aumentó 133,2% (Unión Radio, 02.07.04, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?NoticiaId=115633).

Meza también acotó que aproximadamente un 57% de los hogares venezolanos no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir la CA, mientras la canasta básica (CB), que incluye servicios, ronda el millón y medio de bolívares, y «solo el 6,7% de los hogares venezolanos registra ingresos para cubrir una canasta básica cercana al millón 400 mil bolívares» (Unión Radio, Ídem.).

Otro organismo, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (CENDA) también presentó sus indicadores del derecho a la alimentación. La Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) alcanzó un costo de 480.198 bolívares para el mes de junio, lo que representó un incremento de 0,7% respecto al costo del mes de mayo (El Impulso, 02.07.04, pág. 10/B). Según estas estimaciones, el salario mínimo (296.524, 80 bolívares) tiene un déficit del 38% (183.673,29 bolívares), para cubrir la CAT de una familia de 5 personas, en la que 2 devengan el salario mínimo.

En cuanto al comportamiento de este indicador durante el 1er. semestre de este año, el CENDA informa que se presentó un incremento de 7,1% (31.642 bolívares), mientras que interanualmente, el comportamiento del CAT dibuja un incremento del 28,2% (105.382 bolívares) (El Impulso, Ídem.).

CENDA también estudió el costo de la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) en el mes de junio, cuando el indicador alcanzó el 1.246.749 bolívares, aumentando 1,5% (18.138 bolívares) con respecto al costo de la CBT en mayo (El Nacional, 07.07.04, pág. A/17). De acuerdo al CENDA, en el 1er. semestre de 2004, el incremento acumulado es de 9% (100.965 bolívares).

La agencia internacional de noticias EFE informó que Paul Hunt, relator sobre derecho a la salud de la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió el 05.07.04 un pronunciamiento en el que se declara «profundamente preocupado» por la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian Perú y Estados Unidos conlleve a un aumento en el costo de las medicinas esenciales, haciéndolas «inaccesibles para millones de peruanos» (Agencia EFE, 08.07.04, http://www.efe.es/buscador/principal.asp?opcion=3&entorno=0&argumento=TRIPS&busqueda=normal&cuando=0&como=0).

Recalcó Hunt que «el tratado comercial entre Perú y Estados Unidos no debe restringir la capacidad del Perú de utilizar las salvaguardas sobre salud pública» comprendidas en el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (TRIPS) y la Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio» (Agencia EFE, Ídem.). El relator de la ONU cree que este acuerdo comercial binacional «podría socavar los acuerdos internacionales que garantizan el derecho de los países a proteger la salud pública y provocar un alza en el precio de los medicamentos en el país andino» (Agencia EFE, Ídem.).

Adoptada en noviembre de 2001, la Declaración de Doha contempla el derecho de los países de utilizar salvaguardas en favor de la salud pública, entre ellas, un sistema que permite que los países produzcan medicamentos protegidos por patentes. En el caso de los países con insuficiente capacidad de producción y que enfrentan emergencias sanitarias, debe permitirse la importación de genéricos de otro país cuando el titular de la patente del fármaco original se niegue a rebajar su precio.

Hunt recordó que la constitución peruana, así como varios instrumentos internacionales que ese país ha ratificado amparan el derecho a la salud, que abarca el acceso a medicamentos a precios abordables, sobre todo para los sectores más pobres: «tanto Perú como Estados Unidos deben respetar estas obligaciones en sus negociaciones, porque un acuerdo final que tenga efectos restrictivos del acceso a los fármacos esenciales sería inconsistente con sus obligaciones adquiridas» (Agencia EFE, Ídem.).

El relator de la ONU recomendó que para evitar tales riesgos, todas las etapas de la negociación deben ser abiertas, transparentes y sujetas al escrutinio público, y que antes que se concluya el acuerdo se realicen evaluaciones para identificar el impacto probable de éste en el disfrute del derecho a la salud de los peruanos.

Asimismo, insta a Estados Unidos «a no ejercer presión sobre el Perú para aceptar compromisos inconsistentes con los acuerdos TRIPS o con las obligaciones constitucionales e internacionales del Perú» (Agencia EFE, Ídem.).

Advierte EFE en su nota que «recientemente, diversos órganos de las Naciones Unidas han insistido en que los derechos humanos deben jugar un rol importante en este tipo de negociaciones que Estados Unidos ha emprendido también con Colombia y Ecuador. En este contexto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a Ecuador tomar en cuenta sus deberes en materia de derechos humanos en el marco de dichas tratativas. Igualmente, organizaciones no gubernamentales -entre ellas Médicos Sin Fronteras- han alertado sobre el inminente aumento del precio de las medicinas en Centroamérica una vez que entre en vigor el TLC que los países de esa región concluyeron últimamente con EEUU» (Agencia EFE, Ídem.).

  • Instar al Ejecutivo Nacional a que a la brevedad posible presente a la Asamblea Nacional (AN) el Plan de Implementación de la nueva institucionalidad del Sistema de Seguridad Social, y cumpla posteriormente con la obligación de informar a dicho cuerpo legislativo cada 6 meses, como lo pauta la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS);
  • Instar a la AN a que dé celeridad legislativa a la reforma de la Ley Orgánica de Prevención,
    Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual debió aprobarse en un plazo de seis meses contados a partir del 30.12.02, en concordancia con lo establecido en el artículo 146 de la LOSSS;
  • Instar a la AN a que reforme el artículo 138 de la LOSSS, a fin de solventar la omisión legislativa que cercenó el cobro del seguro de paro forzoso a los trabajadores que quedaron desempleados;
  • Garantizar que el Ejecutivo Nacional, en caso de presentarse una situación de insuficiencia
    presupuestaria para hacer frente a gastos ordinarios, no utilice de los recursos financieros del sistema de seguridad social, que constituyen un patrimonio único, afecto a los fines que le son específicos y distintos del patrimonio de la República, de conformidad con la Constitución y las leyes de la República
    Bolivariana de Venezuela;
  • Garantizar que la AN genere una amplia consulta entre sectores involucrados en el tema, que incluya a trabajadores, empresarios, pensionados y jubilados y trabajadores por cuenta propia, a fin de garantizar la oportuna y adecuada redacción de las leyes de los distintos regímenes componentes del sistema de seguridad social;
  • Garantizar que la AN elabore y publique los estudios de factibilidad fiscal correspondientes a cada una de las leyes que deben regular los regímenes prestacionales del sistema de seguridad social;
  • Garantizar que la Comisión Técnica de Transición de los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones Preexistentes, tenga en cuenta las observaciones críticas de los sectores afectados y garantice los
    derechos adquiridos y los derechos en formación de todos los trabajadores afectados;
  • Mientras dure la transición hacia el nuevo Sistema de Seguridad Social, garantizar la inclusión de partidas presupuestarias suficientes para implementar una política que permita desarrollar e implementar programas asistenciales para la población no cubierta inicialmente por las prestaciones de seguridad social;
  • Realizar una auditoria general al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas de los trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social;
  • Garantizar que el Ministerio de Planificación y Desarrollo, al organizar y realizar el censo de jubilados y pensionados establecido en el artículo 139 de la LOSSS, convoque a las organizaciones sindicales, de
    pensionados y jubilados y de empleadores interesadas en participar del mismo;
  • Promover la activa participación comunitaria en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS);
  • Reducir a un plazo máximo de 6 meses el proceso de inclusión de los nuevos pensionados y jubilados del IVSS a las nóminas de pago de las respectivas prestaciones a que tienen derecho;
  • Garantizar el pago oportuno de la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados y jubilados y publicar un informe que detalle el monto de la deuda para diciembre de 2003, así como un plan de pago y las formas de pago propuestas a los jubilados y pensionados;
  • Homologar al salario mínimo urbano la pensión de sobreviviente para los mayores de 55 años, según lo establece el Art. 9 de la Ley de Homologación de las Pensiones y Jubilaciones;
  • Garantizar el pago a término de las pensiones y jubilaciones homologadas al salario mínimo urbano;
  • Garantizar el pago a término del Seguro de Paro Forzoso a los trabajadores cesantes;
  • Garantizar un adecuado financiamiento para el Fondo de Asistencia Médica del IVSS, hasta tanto entre en vigencia la Ley del Sistema Público Nacional de Salud;
  • Garantizar que el IVSS publique de manera regular la Memoria y Cuenta Anual, y las Síntesis Ejecutiva Trimestral y Semestral (Provea, 07.07.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Provea emitió el 28.06.04, una misiva a la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN) para manifestarle su preocupación por las denuncias recibidas por familiares de los ciudadanos Juan Francisco MOROS, William Alí CONTRERAS y Carlos Argenis CAÑAS, detenidos en San Cristóbal, Edo. Táchira, el 16.05.04, presuntamente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos a esa entidad federal. Los familiares de los ciudadanos en cuestión no han obtenido información por parte de funcionarios de este cuerpo policial sobre su paradero, lo cual hace presumir que se podría estar ante un caso de desaparición forzada de personas, delito contemplado en el Código Penal (CP) y declarado delito de lesa humanidad no prescriptible por la Constitución.

Según informaciones obtenidas de las investigaciones que hasta el momento se adelantan, en el hecho aparecen presuntamente involucrados los funcionarios Carlos Humberto García, William García y un funcionario de apellido Monroy, entres otros.

Junto con las personas hoy desaparecidas fue detenido el sargento del Ejército Carlos Luis RODRÍGUEZ, quien los acompañaba en el taxi por el cual se desplazaban. Sin embargo, a diferencia de sus acompañantes, el militar fue inmediatamente liberado y hoy en día es el testigo principal de los hechos. En conversación con Rodríguez, Provea tuvo conocimiento de las amenazas a su vida e integridad que funcionarios del CICPC han realizado. El Sargento ya rindió declaraciones ante el Ministerio Público (MP).

Actualmente, una comisión de División de Disciplina Interna del CICPC, realiza una investigación administrativa para determinar su hubo faltas en el procedimiento por parte de algunos de los funcionarios del CICPC.

Las familias de los desaparecidos y Provea han solicitado al MP el adelanto de las investigaciones correspondientes. Por parte del MP, las investigaciones las adelanta la Fiscala Marbely Mejías y un Fiscal Nacional asignado para el conocimiento del caso. Provea tiene conocimiento de que estas instancias ya han iniciado investigaciones, las cuales provocaron que dicho organismo dictara orden de captura a 6 funcionarios del CICPC presuntamente involucrados.

Vista la gravedad de los hechos donde presuntamente funcionarios del CICPC cometieron el delito de desaparición forzada de personas, Provea solicitó en esta carta, el adelanto de las investigaciones que sean pertinentes y coadyuven al MP y a los órganos de administración de justicia para que este caso no quede impune y se sancione a los responsables (Provea, 08.07.04).

Cerca de una docena de indigentes han sido las víctimas de los asesinatos ocurridos en las calles Caracas, según fuentes extraoficiales que ubican el primer caso el 08.02.04 y los 2 últimos el 28.06.04 (El Universal, 02.07.04, pág. 2/28). El móvil de los crímenes es común a todas las víctimas: «fueron atacadas mientras dormían, durante el lapso que va entre las 3:00 AM y las 6:00 AM. El agresor ha utilizado en todas las ocasiones objetos contundentes (losas de concreto o piedras) como arma homicida. La mayoría de los golpes han sido en la cabeza» (El Nacional, 02.07.04, pág. B/23).

Hasta ahora, los funcionarios policiales a cargo de las investigaciones, sólo han podido identificar a 2 de los indigentes asesinados. A pesar de no tener pistas contundentes sobre los criminales ni sus motivaciones, la Policía Metropolitana (PM) aplicó un dispositivo de seguridad que incluye la duplicación de la seguridad en las zonas donde se han presentados los hechos, la orientación a los indigentes que incluyen recomendaciones para prevenir la multiplicación de posibilidades de agresiones, y un censo que permite formar una idea de la población potencialmente afectada por estos crímenes.

En este sentido, la Alcaldía Mayor informó que ha podido registrar un total de 1.657 indigentes, «pero se calcula que en la capital hay aproximadamente 5.000 personas en iguales condiciones» (El Nacional, Ídem.).

Provea considera adecuadas las medidas que las instancias gubernamentales están aplicando a favor de impedir el incremento de estos crímenes y la indignación que estos hechos han despertado en la sociedad. No obstante, cabe recordar que tales acciones tendrán poca incidencia si el Estado no aborda el problema de las personas indigentes de forma integral y estructural. La exclusión social que ha empujado a estas personas a vivir en las calles expuestas a peligros de esta naturaleza es más que un nuevo motivo para titulares de prensa policial y debe convertirse en una responsabilidad social y estatal para debatir y buscar soluciones al problema.

Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dio a conocer a la prensa nacional el reporte semestral de la situación de las cárceles venezolanas, hecho a partir de las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ). Del 01.01.04 al 30.06.04, 145 reclusos murieron y otros 272 fueron heridos, 76 homicidios fueron causados por armas blancas, 10 por asfixia (ahorcamientos o paros respiratorios) y 16 por causas naturales, las cuales, según Prado corresponden a reclusos enfermos de SIDA o tuberculosis (por ejemplo) que no reciben atención médica oportuna o suficiente (El Nacional, 05.07.04, pág. B/6).

En su reporte, el OVP destaca que en 8 de los 32 centros penitenciarios del país se centra el 60% de la violencia intercarcelaria. Durante el 1er. semestre de 2004, resaltan 8 cárceles como las más violentas por el número de víctimas fatales y heridos: en el centro penitenciario de Tocuyito hubo 18 muertos y 49 heridos; en Yare I, 15 muertos y 8 heridos; en El Rodeo II, 13 muertos y 15 heridos; en La Pica, 12 muertos y 11 heridos; en Barinas, 7 muertos y 18 heridos; en La Planta, 6 muertos y 16 heridos; y en Sabaneta, 3 muertos y 16 heridos (El Nacional, Ídem.).

Prado también dio números de los decomisos de armas hechos en los centros penitenciarios: 76 revólveres, 66 pistolas, 959 chuzos, 203 chopos, 1.090 armas blancas, 2.844 proyectiles de distinto calibre y 16 granadas, entre otras. También se registró la fuga de 116 reclusos durante el lapso estudiado (Diario 2001, 05.07.04, pág. 15).

Prado señaló al MIJ por incumplir la cuota mínima de protección a los reclusos recomendada. En promedio, en las cárceles más peligrosas sólo hay 7 custodios para toda la población penitenciaria, cuando lo adecuado es 1 por cada 10 internos. También acusó a ese despacho por los problemas que acarrean vicios estructurales como juicios prolongados innecesariamente, incumplimiento del COPP, la falta de transportes adecuados para conducir a los internos hacia los tribunales donde se les sigue juicio (Diario 2001, Ídem.).

Advirtió el activista de derechos humanos que «Sin desarme no habrá planes de rehabilitación que funcionen porque los reos no asistirán a las clases o talleres sabiendo que en el ínterin los pueden interceptar para matarlos» (El Universal, 05.07.04, pág. 2/17).
Destaca el reporte del OVP que en Venezuela hay 32 centros penitenciarios con una población penitenciaria de 20.041, de los cuales un 51% son procesados (10.150 ) y un 49% penados (9.891) (El Carabobeño, 05.07.04, pág. B/18).

El 02.07.04, Ricardo Rincón, presidente de la Comisión Nacional de Refugiados (CNR), firmó un acta convenio mediante la cual comprometió al Estado venezolano a dar protección a 292 integrantes del pueblo Wayuu, quienes desde mayo vienen ingresaron a Venezuela víctimas de las acciones violentas emprendidas por grupos paramilitares colombianos en la frontera colombo/venezolana (Panorama, 03.07.04, pág. 1/7).

El acta no contempla el otorgamiento de la condición de refugiados pues «ellos han manifestado regresar a su tierra, la Alta Guajira (Colombia)» (Panorama, Ídem.). Sin embargo, Rincón aclaró que «en caso de solicitar refugio, el Estado venezolano se lo brindará mientras persista la inseguridad en sus tierras. Por motivo de la situación en Bahía de Portete, en la cual estos ciudadanos fueron objeto de violencia, secuestro, muerte y violación de sus derechos humanos […] tendrán un tiempo de permanencia prorrogable de 90 días» (Panorama, Ídem.).

«La masacre de Bahía de Portete llevó a más de 400 familias wayuu a abandonar sus tierras en el departamento de la Alta Guajira, lo que originó el éxodo masivo de sus pobladores hasta los corregimientos de Maicao, Uribia y la ciudad de Maracaibo, hecho sin precedentes que vulneró el tejido social de la etnia» (La Verdad del Zulia, 01.07.04, pág. B/10).

Por otro lado, cabe señalar la matanza de, al menos 34 campesinos colombianos, ocurrido a mediados de junio cerca del corregimiento La Gabarra, municipio Tibú del departamento Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, y que también incitó la movilización de un considerable número de residentes hacia los poblados fronterizos del municipio zuliano Jesús María Semprúm (29.06.04, pág. A/4).

  • Garantizar que la detención preventiva sea una medida excepcional, tal y como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP);
  • Garantizar que la acción de habeas corpus sea efectiva en toda clase de circunstancias;
  • Derogar los Códigos de Policías y decretos administrativos que, por ser contrarios a la Constitución y al COPP, vulneran el derecho a la libertad personal;
  • Garantizar el cumplimiento de los procedimientos al ejecutar un arresto o detención por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, e impulsar que los mismos sean conocidos por la colectividad. Dichos procedimientos son los siguientes: a) Identificación del funcionario
    y presentación de la orden de arresto en el momento de proceder a la detención; b) Efectuar los arrestos bajo estricto control judicial y únicamente por personas autorizadas; c) Informar a los ciudadanos los
    motivos de su arresto en el momento de ser detenidos; d) Informar a los detenidos de forma clara, tanto oral como escrita, de sus derechos y garantizar que estos se ejerzan debidamente; e) Permitirle al detenido comunicarse con un familiar, abogado o persona de su confianza;
  • Abstenerse de formular e implementar políticas de seguridad pública que incorporen prácticas contrarias al respeto de la garantía a la libertad personal, tales como las “redadas”;
  • Abstenerse de decretar limitaciones a la libertad personal, tales como los llamados “toques de queda” para niños, niñas o adolescentes;
  • Asimismo, en caso de privación legítima de libertad a estos, garantizar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (LOPNA);
  • Procurar las condiciones óptimas de infraestructura, alimentación y salud de las personas recluidas en centros de detención (Provea, 07.07.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf).

ARTÍCULOS

«Nos escribe Marielis, estudiante de la UCV, preguntándonos sobre la relación y los problemas entre el movimiento de derechos humanos y los movimientos feministas. Por razones de espacio iremos publicando las respuestas a sus inquietudes en próximas entregas.

Hoy nos referiremos a esta: “¿Qué obligaciones tienen los Estados frente a la violencia doméstica?

Hace 10 años se firmó en la ciudad brasileña de Belém Do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Este instrumento jurídico, de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo firmaron -entre otros, Venezuela-, exige realizar distintas acciones para erradicar la violencia contra la mujer porque reconocen, que “ es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Entre las medidas que los Estados partes deben desarrollar, se encuentra la prohibición de que funcionarios públicos ejerzan violencia contra la mujer, pero también actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas administrativas, jurídicas legislativas, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer» (Provea, 18.06.04, [email protected].).

Alejandro Teitelbaum, representante de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, facilitó a Provea un trabajo titulado «Los tratados bilaterales de libre comercio (El ALCA está entre nosotros)», que puede consultar o descargar en nuestra página web, en la siguiente dirección: http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/2004/aoteitelbaum.pdf.

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Alianza Social Continental
Año: 2003
Sinopsis:
«Bajo las reglas del comercio e inversión del TLCAN, las condiciones se crean con el fin de que a las compañías se les facilite maximizar sus ganancias, pero sin ningún requisito para contribuir a l desarrollo del país anfitrión. En una economía orientada hacia la exportación, dentro del marco del TLCAN, se ignoran los intereses del país exportador. Una compañía extranjera puede establecerse en México, producir bienes para exportar  aportar poco o nada para promover la economía en su conjunto y el crecimiento de empleo» ([email protected]).  

Autor: Carlos Aguilar Sánchez (Compilador)
Año: 2003
Sinopsis:
«En nuestros países no es posible […] entender el papel de los tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos bilaterales sin entender el contexto socio-económico de aplicación de políticas neoliberales que han incluido o incluyen medidas para lograr avances en materia de liberalización, desregulación, apertura externa y privatización» ([email protected]).

Autor: Ariel Sandoval; Domitille Delaplace; Equipo Pueblo
Año: 2003
Sinopsis:
«¿Que son los derechos humanos?; ¿Cuáles son?; ¿Cuál es su importancia?; ¿Cuáles son las obligaciones generales y específicas del Estado en materia de derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)?» ([email protected]).

Autor: Gabriel Bidegain Greising (Compilador)
Año: 1987
Sinopsis:
«La crisis económica desatada en los últimos años en Colombia como en Venezuela y las mutaciones que se originaban en el campo social, llevaban a pensar que se estarían modificando los flujos migratorios entre ambos países, por tales razones y dada la importancia creciente de la migración laboral desde el punto de vista económico, social y político en el país expulsor (Colombia) como en el receptor ( Venezuela), se creyó conveniente reunir el esfuerzo de académicos de ambos países con el fin de discutir el impacto que la crisis económica y las modificaciones consiguientes tenían sobre el volumen y direccionalidad de los flujos migratorios y las características de los migrantes así como sugerir propuestas de intervención en el campo migratorio. El presente libro reúne el aporte de dichos especialistas» ([email protected]).

Autor: Julio Godio
Año: 1985
Sinopsis:
«En las páginas de este trabajo se recorren los acontecimientos que, desde los primeros intentos de reunir a los artesanos en un partido popular, hasta la formación del movimiento sindical y político moderno, signaron esta fase épica del movimiento obrero venezolano. Abarca los años 1850-1944» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«Washington, D.C. 24 de mayo de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas manifiestan su preocupación y rechazo por la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de recortar el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el año 2005.

El proyecto de resolución titulado ‘Programa-Presupuesto de la Organización para 2005’ fue aprobado el 10 de mayo de 2004 por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y dispone la reducción de un 10% de su presupuesto. Dicha propuesta establece un recorte de U$S 352,100 (dólares estadounidenses) y está sujeto a aprobación definitiva por parte de los Estados miembros de la OEA en la próxima Asamblea General a realizarse en Quito, Ecuador entre el 6 y 8 de junio próximo. Las organizaciones firmantes consideran que, de aprobarse esta resolución, esto representaría un significativo retroceso de los compromisos asumidos por los Estados miembros de la OEA en los últimos años tendientes a fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Asimismo se traduciría en un grave obstáculo para las víctimas de derechos humanos de la región, quienes acceden al sistema interamericano en su última posibilidad de hacer justicia.

Esta medida además contradice el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, el cual expresa que: ‘Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio’. No es coherente asimismo con lo establecido en el Plan de Acción de Québec de 2001, en el cual los Estados miembros se comprometieron a continuar promoviendo medidas concretas para fortalecer y perfeccionar el sistema, en particular el funcionamiento de la Corte y la Comisión concentrándose en, entre otras cosas, el ‘incremento sustancial de los fondos asignados para mantener sus operaciones en curso’.

Llama la atención que, también en el marco de la próxima Asamblea, se encuentra pendiente de aprobación otra resolución que reafirma la voluntad suscripta en el Plan de Acción de Québec de incrementar sustancialmente los presupuestos de la Corte y la CIDH ‘a fin de que en un plazo razonable puedan atender sus crecientes actividades y responsabilidades’. Sin embargo, a través de la reducción propuesta, en la práctica los países de la OEA están contradiciendo ese compromiso.

CEJIL y la Coalición urgen a los Estados miembros de la OEA para que modifiquen esta resolución demostrando coherencia con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos anteriormente mencionados.

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, México
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, México
Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Honduras
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de la Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Colombia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Derechos y Democracia, Canadá
El Centro de Derechos Reproductivos, EEUU
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
El Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), Brasil
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), El Salvador
Justiça Global, Brasil
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
La Oficina Jurídica de la Mujer, Bolivia
La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, «Todos los Derechos Para Todos», México
Núcleo de Estudios Negros (NEN), Brasil
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sin Fronteras IAP, México
Washington Office on Latin America (WOLA)
(Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 24 de mayo de 2004, http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=545).

«Itaici, São Paulo, 14 al 19 de junio de 2004.

Nosotros, la Vía Campesina, un movimiento mundial de organizaciones de mujeres rurales, campesinos, campesinas, pequeños agricultores y agricultoras, trabajadores y trabajadoras del campo, pueblos indígenas y afrodescendientes, de Asia, Europa, América y Africa, nos reunimos en Itaici, Brasil, del 14 al 19 de junio de 2004, en nuestra IV Conferencia Internacional. Fuimos recibidos de manera calurosa, fraternal y combativa por nuestros anfitriones, las organizaciones miembros de Vía Campesina en Brasil.

Nos reunimos para reafirmar nuestra determinación de defender nuestras culturas y nuestro derecho a continuar existiendo como campesinos y pueblos con identidad propia. Somos más de 400 delegados y delegadas de 76 países, representando millones de familias campesinas Tuvimos la alegría de acoger la Segunda Asamblea Mundial de Mujeres y a la Primera Asamblea Mundial de Jóvenes de Via Campesina, que resalta nuestro compromiso a seguir nuestras luchas en las generaciones por venir. Contamos también con la participación de más de 40 organizaciones que se incorporaron a Via Campesina durante esta conferencia y de los miembros de más de 80 organizaciones de la sociedad civil amigas.

La IV Conferencia Internacional hizo una revisión de nuestra historia, desde nuestras primeras intenciones de organizarnos hasta la actualidad. Quedo claro que desde un principio estamos en oposición total al modelo neoliberal, que mata y destruye culturas, pueblos y familias campesinas en el mundo entero. Hemos visto cómo nuestras organizaciones y nuestro movimiento han crecido, se han fortalecido y han logrado poner el movimiento campesino en el centro de las luchas populares. Via Campesina fue protagonista principal de las movilizaciones populares en Cancún, donde una semana continua de protestas y el sacrificio del compañero de Corea Lee Kyuong-Hae, quien ofreció su vida a los campesinos del mundo para mantener viva la decisión de lucha y rechazo absoluto a la OMC, le provocó a la OMC una gran derrota.

Junto con nuestras luchas y el fortalecimiento de nuestro movimiento, también hemos visto cómo el modelo económico que sufrimos sigue siendo impuesto sin escrúpulo alguno. Desde nuestra última Conferencia, podemos constatar:

  • Que las familias campesinas siguen desapareciendo de manera alarmante. Cada minuto que pasa, las políticas agrícolas y el modelo de agricultura industrial determinan la desaparición de una explotación campesina en la Unión Europea ampliada; la situación es igualmente dramática en Canadá y Estados Unidos. En Africa, Asia, el Caribe y América Latina, son causas adicionales de destrucción de campesinos la represión, los desplazamientos masivos y forzados, así como las guerras cubiertas o encubiertas. El suicidio de campesinos es una tragedia en aumento en algunas regiones
  • Que han aumentado de manera dramática las migraciones forzadas por la guerra y las provocadas por la miseria, la concentración de la tierra y la destrucción del medio ambiente
  • Que el papel de guardianes del capital que cumplen desde su inicio el FMI, el BM y la OMC está siendo igualmente asumido por organismos de Naciones Unidas, como la UNCTAD y la FAO.
  • Que los tratados de libre comercio se han multiplicado y junto a otros acuerdos internacionales están imponiendo aparatos jurídicos que han destruído principios básicos de protección a los derechos humanos y sociales, y que sólo aseguran las condiciones para maximizar las ganancias de las empresas transnacionales.
  • Que es extremadamente alarmante cómo han aumentado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se ha legalizado la guerra contra los pueblos, se ha criminalizado la protesta y la movilización social y se busca imponer la criminalización de la vida campesina y de los pueblos indígenas, así como el uso creciente de la represión preventiva.
  • Que las mujeres y los jóvenes siguen siendo los marginados entre los marginados, y que están crecientemente sujetos a condiciones de violencia criminal. Que son ellas y ellos también las víctimas principales de los procesos de privatización de los servicios básicos, de la concentración de la tierra, de la destrucción de mercados locales y de las formas locales de alimentación y agricultura, así como de la explotación y el trabajo esclavo que imponen las transnacionales.

Reafirmamos que la permanencia de la agricultura campesina es fundamental para la eliminación de la pobreza, el hambre, el desempleo y la marginación. Estamos convencidos que la agricultura campesina es pieza fundamental de la soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria es un proceso imprescindible para la existencia de la agricultura campesina. Y no habrá autonomía ni agricultura campesina si no mantenemos nuestras propias semillas.

Daremos especial prioridad al derecho de los campesinos del mundo entero a exigir políticas públicas al servicio de una agricultura campesina sustentable. Seguiremos nuestra lucha por una auténtica Reforma Agraria, la defensa de nuestras semillas y la soberanía alimentaria.

Nos oponemos totalmente a los cultivos transgénicos y los combatiremos en cada lugar. Denunciamos y repudiamos el reciente informe de la FAO, titulado «Biotechnology, addressing the needs of the poor?», que sólo busca legitimar la imposición de cultivos transgénicos y la utilización de la tecnología de la muerte –las semillas Terminator o semillas estériles- con el solo fin de garantizar las ganancias de las grandes transnacionales de la agricultura.

Reafirmamos nuestra total oposición al neoliberalismo y a las políticas de la OMC, el BM y el FMI. Rechazamos totalmente su instrumento más activo en los últimos tiempos: los tratados bilaterales de libre comercio. Rechazamos el uso de la guerra como arma económica y política y a luchar por la paz en todos los países.

Nos hemos comprometido a luchar contra el sistema patriarcal que sólo acentúa las aberraciones del capitalismo. Dentro de Via Campesina, trabajaremos duro por convertir la paridad de género que ya logramos en un auténtico cambio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos.

Es también un nuevo compromiso luchar contra las causas de la migración y sus efectos destructivos. Exigiremos el mejoramiento y cumplimiento estricto de los tratados de la OIT en relación a los trabajadores agrícolas. Desarrollaremos un esfuerzo compartido de educación política a todo nivel.

Llamamos a los movimientos sociales a unirse a las acciones más inmediatas decididas por esta Conferencia: del 19 al 24 de julio de 2004 desarrollaremos una Semana de Lucha Contra la OMC y las Transnacionales. Hemos establecido el 10 de septiembre como el día de las luchas contra la OMC. Este ano nos comprometemos a llevar al pueblo a las calles, especialmente en Seúl, a rendir homenaje al compañero Lee en una jornada de movilización por la soberanía alimentaria. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, impulsaremos un conjunto de acciones coordinadas. Del 4 al 8 de diciembre de 2004 desarrollaremos nuestra conferencia por la Reforma Agraria. Llamamos a las organizaciones sociales a mantenerse movilizadas para impedir la reunión ministerial de la OMC en Hongkong en julio de 2005

Todos los participantes en la IV Conferencia de Via Campesina nos comprometemos a seguir luchando por el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos, Articularemos todas las luchas y construcciones, desde lo local a lo global, creando nuevas formas de alianzas que nos den mayor fuerza para exigir el respeto y protección de nuestros derechos y nuestras culturas » (Agencia Latinoamericana de Información, 02.07.04, http://alainet.org/active/show_text.php3?key=6329).

Del 07 al 11 de junio de 2004

Servicio informativo Nº 138

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO

01 Día Internacional del Niño, Niña y Adolescente
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
20 Día Nacional del Abogado venezolano
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
27 Día del Periodista venezolano

CONTEXTO

Desde 1998, Provea ofrece en su sitio web información sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional. Hoy, en el marco de su 15º aniversario, la organización refresca su imagen en internet con el objeto de mejorar la educación, promoción, defensa e investigación de los derechos humanos.

Hace casi 6 años apareció la página http://derechos.org.ve, la primera en Venezuela dedicada específicamente a la temática de los derechos humanos en el país. En el presente registra un promedio de 7.000 visitas diarias y más de 200.000 mensuales, de todas partes del mundo y con intereses de diversa índole. A las exigencias de este público plural se le debe el nuevo rostro que desde hoy presenta este sitio web.

Comentó Carlos Correa, coordinador general de Provea que “nunca se planteó como una simple página institucional. Por el contrario, nos esforzamos en orientarla a un formato más integral, que sirviera tanto a sectores académicos, organizaciones de base, medios de comunicación, en fin, a todo el que tuviera acceso a la red electrónica y buscara información sobre el tema”.

La nueva web conserva esa característica de integralidad informativa mejorando el diseño y ofreciendo una estructura sencilla y accesible que espera mejorar el acceso y la performance de la visita de los y las internautas. Comunicados y notas de prensa, tanto de Provea como de las redes en las que participa (el Foro por la Vida, la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD), artículos de opinión, instrumentos nacionales e internacionales para las protección de los derechos humanos, libros y materiales pedagógicos que pueden ser descargados gratuitamente, una planilla para registrar denuncias de violación de derechos humanos, noticias, enlaces nacionales y extranjeros con organizaciones de derechos humanos, todo esto y más se encuentra a disposición de los y las internautas.

“Esto es un proyecto en elaboración. Su mejoramiento y aplicabilidad para la tarea de la defensa de los derechos humanos depende de la colaboración de sus visitantes. Por eso esperamos contar con ellos y ellas”, añadió Correa. (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004, 09.06.04)

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, considerando la detención hace casi un mes de presuntos paramilitares en el municipio El Hatillo del Edo. Miranda, sin que hasta ahora haya habido una respuesta clara sobre el particular de las autoridades respectivas, expresa:

1.- Su preocupación ante la existencia de un grupo de más de 100 personas vestidas con uniforme militar, de nacionalidad colombiana y coordinadas por personas que han sido señaladas como paramilitares colombianos por el Ejecutivo venezolano. La posibilidad de acciones paramilitares en Venezuela debe preocupar a toda la sociedad venezolana, pues los métodos del paramilitarismo, tal como lo evidencian años de historia colombiana y, dramática y recientemente, la agresión sufrida por una comunidad Wayuu de la Alta Goajira, son una de las formas de violencia política más crueles y atentatorias contra la dignidad humana;

2.- Exige una investigación seria, imparcial y apegada a derecho sobre este hecho de enorme gravedad y lamenta la utilización del mismo a favor de parcialidades políticas hechas tanto por el gobierno como por la oposición. Esto fue evidente en el intento del primero de establecer responsabilidades sin haberse avanzado suficientemente en las investigaciones, y de la oposición, en trivializar y hasta caricaturizar el hecho, todo lo cual ha impedido desde entonces el imprescindible debate democrático acerca de la gravedad del hecho;

3.- Su condena a cualquier intento de utilización de la violencia con fines políticos, sea de una fuente nacional o extranjera, simpatizante de una u otra de las parcialidades políticas del país, por el riesgo que implica para la paz y los derechos humanos. Por ello reiteramos nuestra condena a la acción de todos los grupos armados, llámense Carapaicas, Néstor Zerpa Cartollini, Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), Autodefensas Unidas de Venezuela (AUV), o carentes de nombre conocido, como aquellos que se concertaron para producir el golpe de Estado de abril 2002, quienes ejecutaron los actos terroristas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España y contra la sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos o quienes facilitan la presencia, en nuestro territorio, de personas que, según la información oficial disponible, serían paramilitares colombianos;

4.- Su exigencia al Estado para que cumpla con su obligación de proteger y resguardar la integridad y soberanía nacional, componentes del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos, siempre apegado al respeto y garantía del resto de los derechos humanos consagrados en la Constitución nacional y en los tratados internacionales;

5.- Su exigencia de que las personas detenidas, por tratarse de civiles, deben ser juzgados por sus jueces naturales, es decir, por la justicia ordinaria y no por la justicia militar que es la que está conociendo del caso. Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado: «que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función”. La continuidad del juicio en la jurisdicción militar constituye una inaceptable violación del derecho a la justicia. Por tal razón el Foro por la Vida exige a los órganos del Poder Ciudadano un pronunciamiento sobre la materia y un estricto monitoreo de la situación de los derechos humanos de los imputados;

6.- Su repudio por la utilización de adolescentes en la conformación de organizaciones armadas y/o en actividades reñidas con la ley; y su complacencia para con la repatriación de los adolescentes detenidos y el procedimiento empleado, ajustado al derecho internacional y al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (A/RES/54/263), el cual destaca la responsabilidad del Estado colombiano en la protección y reinserción de los adolescentes y el respeto al principio del interés superior del niño, tal y como fue reconocido por voceros del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

Firman:

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios para el Aprendizaje (CECODAP); Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educción-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2004/cp090604.pdf, 10.06.04)

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos integrantes de la coalición Foro por la Vida abajo firmantes, deseamos manifestar:

1.- Nuestro repudio ante las múltiples violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos denigrantes, ejecuciones, cometidas en contra de prisioneros iraquíes a manos de soldados miembros de las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña, tal y como ha sido denunciado por informes de organismos internacionales y a través de imágenes en los medios de comunicación social;

2.- Este rechazo es continuidad del que, en su momento, hicimos frente a las acciones de invasión ejecutadas por un ejército de ocupación que vulneró el estado de derecho internacional. Las torturas de hoy forman parte del mismo irrespeto a la legalidad internacional que se manifestó en la invasión y, como parte de aquella, se convierten en un asunto de política doméstica de cada país, pues el mensaje que envían las fuerzas invasoras al mundo, es el de la actuación discrecional, al margen de cualquier tipo de legalidad: es posible falsear documentos para justificar una invasión, actuar al margen de los mecanismos legales e institucionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ocupar un país y asesinar y torturar a sus ciudadanos. Todo ello implica una grave amenaza a la paz y seguridad mundial y un urgente problema que es necesario enfrentar a través de las vías pacíficas e institucionales establecidas en el seno de la ONU;

3.- Las partes involucradas en el conflicto deben observar las normas de derecho humanitario consagradas en la Convención de Ginebra de 1949 y sus respectivos Protocolos, ratificados por prácticamente todos los países del mundo y que rigen durante un conflicto bélico o una guerra, cuyo propósito es proteger la vida de los civiles, la propiedad de interés civil, los soldados heridos y los prisioneros de guerra, a la vez que exige el uso mínimo de la fuerza;

4.- Exigimos se investiguen las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario independientemente de dónde se hayan cometido, de quiénes sean su autores y del tiempo transcurrido desde su comisión. Todo presunto autor de abusos y violaciones contra los derechos humanos debe ser puesto a disposición judicial y es preciso ofrecer reparación plena a las víctimas y a sus familias; sin desmedro de que se establezcan las responsabilidades de las autoridades que ordenaron o facilitaron tales vejámenes;

5.- Alertamos especialmente sobre la difícil situación de los niños, niñas y adolescentes, que aunque existe un tratado internacional que los protege (Convención sobre los Derechos del Niño) siguen sufriendo lesiones y muriendo de manera persistente debido a los efectos del conflicto bélico. Nos solidarizamos con las víctimas y el dolor de sus familiares y amigos;

6.- Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para conducir esfuerzos a favor de los derechos humanos de los pueblos, con respeto a la diversidad cultural y la autodeterminación;

7.- Reiteramos nuestro compromiso con la paz y nuestra convicción de que no es con violencia como se logrará construir un mundo más justo, inclusivo y humano.

Suscriben:

Accion Ciiudadana Contra el SIDA (ACCSI); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea);Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#cp2004,28.05.04,

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, repudia las nuevas amenazas recibidas por la defensora de derechos humanos Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y exige al Estado que investigue seriamente el origen de las mismas y sancione a quienes resulten responsables.

El miércoles 12.05.04 un individuo no identificado colocó en la entrada de Cofavic unos volantes con una caricatura de Liliana Ortega y un texto que señala lo siguiente: “a mí me pagan para que defienda los derechos humanos de los malandros de la oposición”. Alrededor de la caricatura se repite cinco veces las siglas “Q.E.P.D”, lo que constituye una clara amenaza de muerte. Ese mismo día Cofavic recibió también una serie de llamadas telefónicas de individuos no identificados que pedían información sobre Liliana Ortega y Cofavic y luego colgaban bruscamente. Estas amenazas se suman o otras recibidas por el equipo de Cofavic en el pasado y que motivaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que emitiera medidas provisionales que han sido prorrogadas.

Las organizaciones que conforman parte del Foro por la Vida están seriamente preocupadas por la reiteración de amenazas sobre Cofavic y le recuerdan al Estado venezolano que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en junio de 2003, al reconocer “la importante tarea que desarrollan en el plano nacional y regional, los defensores de derechos humanos y su valiosa contribución para la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales en el Hemisferio”, recomendó a los Gobiernos que “intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos…”. Es deber del Estado investigar el origen de estas amenazas y ofrecer, con celeridad, resultados de esas investigaciones; así como mantener la protección a los miembros de Cofavic. Las figuras más altas del gobierno deben señalar públicamente que rechazan las amenazas y cualquier acto de violencia sobre cualquier organización de derechos humanos y, en particular, sobre Cofavic y su directora, Liliana Ortega.

El Foro por la Vida respalda la campaña de Acciones Urgentes iniciada por Amnistía Internacional, orientada a presionar a las autoridades venezolanas para que se pronuncien condenando estas amenazas y realicen una investigación adecuada que produzca resultados.

Por el Foro por la Vida, su vocería:

Bárbara Navas, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR); Fernando Pereira, Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); María Gabriela Cuevas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) (Foro por la Vida, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/index.htm#np2004,20.05.04).

INVITACIONES A EVENTOS

En el marco del V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), organizado por Provea con el auspicio de la Plataforma Interamericana Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos (PIDHDD), el próximo 01.07.04, a las 6:00 PM, se realizará en la sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas, el foro público que continuará con el tema de este seminario: “Ante el libre comercio, otra integración es posible”.

Participarán como ponentes, Héctor León Moncayo (Instituto de Servicios Legales Alternativos – ILSA, Colombia); Norma Castañeda (Equipo Pueblo, México); Alberto Arroyo (Alianza Social Continental, México); Coral Pey (Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable) y Judith Valencia (Comisión Presidencial Negociadora del ALCA, Venezuela).

Los ponentes tratarán de responder las siguientes preguntas: ¿A qué aspectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) nos oponemos y por qué?; ¿Cómo se afectaron derechos en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? El Caso México; y, ¿Es posible otra integración? ¿Sobre qué principios?

El acceso al foro es libre para todo el público interesado. Para cualquier información comuníquese por los teléfonos 0212 862 53 33/ 862 10 11/ 860 66 69; o al correo-e: [email protected].

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La Asociación de Vecinos de Cerro Grande (AVECEGRA), que agrupa a 121 familias propietarias de viviendas y terrenos del sector Cerro Grande, Caraballeda-Tanaguarenas, Edo. Vargas, afectados por los deslaves ocurridos en el año 1999, denunciaron el 02.06.04, ante Provea, el estado de indefensión en el que se encuentran debido a la desatención de las autoridades competentes (Corpovargas, Autoridad Única de Área para el Estado Vargas (AUAEV), Gobernación del Edo. Vargas, Ministerio de Infraestructura-MINFRA). Desde entonces no reciben información sobre el destino de sus viviendas y terrenos ni el de esa zona. Desconocen si se abrirá un proceso de expropiación por causa de utilidad pública o si declararán inhabitable la zona. Hasta los momentos no se ha realizado ninguna operación de rescate de la infraestructura vial ni de los servicios públicos.

Luego de 5 años de abandono oficial, 10 viviendas que no habían sido afectadas por el deslave han sido convertidas en ruinas por la acción del hampa, que ha desvalijado y destruido esas viviendas. Hasta ahora el silencio y la falta de participación ha caracterizado la relación de las autoridades estatales y estadales con los damnificados de ese sector.

Desde mediados de 2003 una compañía de ingenieros del Ejército acampó sobre terrenos privados de la urbanización Cerro Grande e instaló una planta de tratamiento de asfalto, sin la autorización de sus propietarios ni el pago de alguna contraprestación. Los vecinos denuncian que esta instalación se efectuó fuera de la zona autorizada por Corpovargas, cerrando la entrada a la urbanización mediante la ubicación de una garita que impide el paso a los propietarios de los terrenos y viviendas. Sus reclamos fueron elevados ante las autoridades correspondiente, e incluso ante el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo, sin lograr respuesta alguna hasta los momentos.

Solo la consultoría del Ministerio de la Defensa respondió en mayo de 2004, reconociendo que solicitó información a Corpovargas sobre el destino de ese sector, quien respondió que se había contratado un estudio para el control y la canalización de torrentes del Río Grande.

Por su parte, Provea está analizando las estrategias adecuadas para apoyar a este grupo de familias en la lucha por la restitución de sus derechos.

En el contexto del 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado entre el 15.03.04 y el 23.04.04, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Paul Hunt, presentó el informe » Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental».

En este documento, que se presentó con retraso para incluir en él información más reciente, Hunt trata la salud sexual y reproductiva en el contexto del derecho a la salud. El Relator Especial opina que el derecho a la salud sexual y reproductiva tiene un papel indispensable que desempeñar en el combate contra la intolerancia, la desigualdad de género, el VIH/SIDA y la pobreza, y recomienda que se preste mayor atención a una comprensión adecuada de la salud reproductiva, los derechos reproductivos, la salud sexual y los derechos sexuales.

Hunt también estudia la relación existente entre el derecho a la salud y la reducción de la pobreza, y sostiene que el derecho a la salud puede reforzar y mejorar las estrategias de reducción de la pobreza.

En el documento figura una breve actualización de las actividades del Relator Especial respecto de las enfermedades descuidadas y se ofrecen algunas breves observaciones sobre el derecho a la salud y la prevención de la violencia.

En su argumentación el Relator Especial destaca que por lo menos 3 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio están directamente relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Dada la relevancia de este documento, Provea lo pone a disposición de las personas interesadas en su sitio web. En la siguiente dirección puede consultarlo o descargarlo en su formato PDF (138 Kb):

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba7209312a7728cfc1256e5b003d24ce/$FILE/G0410936.doc

Según anunció el embajador Jorge Valero, Representante Permanente del Estado venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), los 34 cancilleres representantes gubernamentales asistentes a la XXXIX Asamblea General de la instancia continental, celebrada en Quito, Ecuador, entre el 06 y el 08.06.04, acogieron la propuesta venezolana de elaborar una Carta Social de las Américas y se encomendó a preparar un proyecto que contengan los lineamientos esenciales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 09.06.04, http://www.mre.gov.ve/Noticias/A2004/34Asamblea-OEA/noticias.htm#06).

La propuesta nacional para una Carta Social de las Américas «se le hizo directamente al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), organismos que deberán preparar un proyecto que incluya los principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos existentes en la Organización sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, y presente los resultados a la consideración de la próxima Asamblea General” (Agencia Venpres, 08.06.04, http://www.venpres.gov.ve/poli/poli1.htm#Carta), explicó Valero.

Enfatizó el funcionario que esta Carta Social de las Américas «complementará y fortalecerá la Carta Democrática Interamericana. Contará así nuestra organización con dos instrumentos que reflejen una visión integradora de la democracia» (Ídem.). Valero recordó que desde hace 3 años, cuando se aprobó en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana, el Ejecutivo Nacional había advertido que hacía falta una Carta Social de las América (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ídem.)

En el dictamen N° 1038 del 27.05.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que la ejecución forzosa de una sentencia no puede afectar los servicios de salud comunitarios. El fallo se estableció con motivo de la apelación interpuesta por los habitantes de la Parroquia Macarao, usuarios y usuarias del Servicio de Salud Centro Comunitario de Atención Médica Integral –CECAMI-, Fundación Proyección Comunitaria –FUPROCOM-, Colectivo Macarao y su Gente, contra la decisión del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había ordenado el reenganche de una trabajadora y el pago de sus salarios caídos. El 29.09.03, este tribunal había rechazado la petición de los usuarios del servicio comunitario para que la ejecución de esta sentencia se hiciera evitando el embargo de los bienes del centro comunitario y para que el pago de los salarios caídos se efectuara en cómodas cuotas, de manera de cumplir con el mandato judicial sin afectar el servicio prestado por el centro comunitario.

Ante la negativa de esta instancia jurídica, el 07.10.03, los usuarios elevaron su queja hasta el TSJ, cuya Sala Constitucional admitió el caso y, tomando en cuenta los intereses de la comunidad, sentenció afirmando que la satisfacción del derecho a la justicia de una persona favorecida por una sentencia, no puede afectar el derecho a la salud de un colectivo.

En su ponencia, el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero acotó que “en materia de salud, la cual constituye un derecho social fundamental no puede pensarse que quienes prestan el servicio a colectividades desfavorecidas por su situación económica y social y que por tanto se presta a personas de bajos ingresos, puedan cesar en la prestación del servicio o verlo entorpecido, por motivo de una ejecución judicial […] Ante esta realidad, fundada en la noción de Estado Social de Derecho, y del derecho fundamental a la salud, en el conflicto entre este último derecho y el individual de quien goza de un fallo a su favor, por razones de protección constitucional a los derechos colectivos o comunales, debe existir un equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos, sin que los primeros desaparezcan” (Tribunal Supremo de Justicia, 28.06.04, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/1038-270504-03-2627%20.htm)

Igualmente, la Sala ordenó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que conciliara a las partes sobre la forma del cumplimiento del fallo «pero si tal conciliación no se logra, que sea el juez ejecutor quien determine la forma de cumplimiento sin afectar el servicio público de salud» (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) para el mes de abril de 2004, se ubicó en 312.938 bolívares lo que representó un incremento de 1,4% (4.572 bolívares) con respecto al mes de marzo, cuando estuvo valorada en 308.366 bolívares. El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que de los 10 grupos que constituyen la canasta, siete aumentaron sus precios: café, té y similares con una variación de 6,4%; leche, queso y huevos de 5,7%; carnes y sus preparados de 4,9%, y pescados y mariscos de 4,2% (El Universal, 26.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/26/26124A.shtmlmiércoles2004).

Entre enero y abril el costo de la CAN se incrementó un 10%, mientras que entre abril de 2003 y abril de 2004 el aumento fue de 39%, «cifra muy similar al índice de inflación acumulado en el mismo período, emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV)» (El Universal, Ídem.).

El déficit del salario mínimo vigente hasta el 31.07.04 (296.525 bolívares) con respecto a la CAN es de 5% (16.414 bolívares).

Para diferenciarlo de otros indicadores de precios elaborados por diferentes organismos, Elías Eljuri, presidente del INE, explica que la CAN está conformada por un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes de una familia tipo venezolana, constituida por 5,2 miembros y para la selección de estos rubros, se tomaron en cuenta los hábitos de consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible. La información de precios –según la ficha técnica- corresponde a 13 ciudades: Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Calabozo, Barcelona-Puerto La Cruz, Cumaná, Porlamar, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Área Metropolitana de Caracas (Instituto Nacional de Estadísticas, 09.06.04, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/notas.asp). Agregó Eljuri que en la metodología de estudio del costo de este indicador serán incluidos los precios de los productos en venta por el programa Mercal «con lo cual bajará el costo de la cesta […] El costo de la canasta alimentaria no recoge esa gran producción que se vende a través de Mercal. Eso nos va a aportar más datos». » (El Universal, 13.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).

A juicio de Provea, para que esta metodología tenga sentido, es necesario contar con información sobre la cobertura del programa Mercal que demuestre que está beneficiando al sector de la población que devenga ingresos iguales e inferiores al salario mínimo. Por otro lado, a la inclusión de este nuevo indicador por parte del INE, le debería anteceder el cálculo del volumen calórico contenido en los productos de la cesta básica que comercializa el programa Mercal.

Los alimentos que constituyen la canasta aportan 2.200 calorías diarias, requerimiento nutricional mínimo para un individuo. Si se toma en cuenta que la CAN está diseñada para medir consumo de una familia de cinco personas, se obtiene que mensualmente cada miembro de ese núcleo se alimenta con Bs. 62.587. Esto a su vez indica que diariamente los venezolanos dedican sólo 2.086 bolívares a sus gastos de alimentación. Si se traduce este monto al valor del dólar oficial, se obtiene que la población gasta 1,08 dólares al día para comer. Este valor resulta mucho menor si se calcula con el dólar del mercado negro, que promedia 3.000 bolívares en las últimas semanas. Este ejercicio da como resultado que los venezolanos utilicen 0,69 centavos de dólar para comer diariamente» (El Universal, Ídem.).

Por otro lado, Eljuri, destacó que, de acuerdo al valor de la CAN en febrero, se observó una desaceleración en los precios de los productos que integran la CAN en comparación con las variaciones de precios obtenidas en el mes de enero. La cifra representa un incremento del 1,5% (4.614 bolívares) en relación con enero, un porcentaje inferior al incremento que se había detectado entre diciembre 2003 y enero 2004, ubicado en 5,1%. En esta desaceleración del valor de la CAN, fue determinante el comportamiento estable de los precios de la carne y sus preparados, grupo que no sufrió variación alguna.

“La desaceleración en el encarecimiento de la CAN se refleja con mayor énfasis al comparar las variaciones acumuladas de precios. En el período febrero 2003-febrero 2004 hubo una variación en los precios de la CAN de un 26,4%, mientras que en el lapso enero 2003-enero 2004, el aumento se había situado en 32,2%. Por otra parte, en los 2 primeros meses del presente año, el valor de la CAN se incrementó en 6,8%, en tanto que para el segundo mes del año 2003, la variación acumulada ya alcanzaba el 10,7%» (Instituto Nacional de Estadísticas, Ídem.)

El Banco Central de Venezuela (BCV) aportó indicadores socioeconómicos más recientes. Para el mes de mayo el órgano emisor registró una variación de 1,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas. Un 0,1% menor a la observada en el mes de abril (1,3%) y 1,1% inferior a la reportada en mayo del año 2003 (2,3%). Por su parte, la variación acumulada del IPC en los 5 primeros meses del año se ubica en 9%, un 4,8% menor a la registrada en igual período del año anterior (13,8%), mientras que el crecimiento anualizado del IPC en el período Mayo 2004/Mayo 2003 se ubicó en 21,8%, un 13,2% menor al alcanzado en igual lapso 2003/2002, en el cual se registró una variación de 35,0% (Banco Central de Venezuela, 02.06.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3372&Operacion=2&Sec=False).

Con respecto al Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE), el BCV registró un aumento de 6,1% en el 1er. trimestre de 2004, un 1,1% superior al del 4to. trimestre del año 2003 (5,2%) y un 5% más que el del 1er. trimestre de ese mismo año (1,1%).

Según el ente emisor, «el comportamiento del indicador está relacionado con el efecto de la entrada en vigencia (01-01-04) de la Convención Colectiva del Sector Público que favorece a los funcionarios y empleados públicos y la Convención Colectiva Marco de los Obreros de la Administración Pública Nacional […] Cabe destacar que estas contrataciones representan aumentos salariales de 56% respecto a los niveles de los tabuladores de sueldos y salarios del Sector Público vigentes al 01-01-01. Sin embargo, por acuerdo entre las partes, todos los aumentos obtenidos a través de la aplicación del salario mínimo nacional durante el período 2001-2003 fueron integrados al sueldo básico en las nuevas escalas disminuyendo la magnitud real de los aumentos logrados […] También contribuyeron los aumentos acordados en las contrataciones colectivas de las industrias farmacéuticas y de artes gráficas, los incrementos salariales por ajustes en los sistemas de mérito y nivelación de sueldos de algunas empresas privadas y el aumento de los cupones de cesta ticket(2) por efecto del ajuste del valor de la unidad tributaria, al pasar ésta de Bs. 19.400 a 24.700 (Gaceta Oficial No. 37.876 de 10-02-04).

A nivel sectorial se reflejó que las remuneraciones de los trabajadores del Sector Gobierno se incrementaron en 10,1%, mientras que en el Sector Privado el aumento promedio reportado fue de 4,8%. Comparativamente, se observó que el crecimiento sostenido que reflejan ambos sectores a partir del segundo semestre del 2003, es superior en Gobierno. Este comportamiento indica que la aplicación de la política del salario mínimo del año 2003 y la vigencia de las nuevas convenciones colectivas de la Administración Pública Nacional han favorecido ampliamente a los trabajadores del Sector Público, cuyas remuneraciones habían mostrado menores aceleraciones en los años 2002 y 2003 respecto al Sector Privado» (Banco Central de Venezuela, 02.06.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3375&Operacion=2&Sec=False).

La comparación de la evolución del IRE respecto al IPC, reflejó que el primero se ubicó en 14,5% por debajo del IPC. En opinión del BCV, esto «señala que los aumentos salariales obtenidos en el período permitieron mantener el poder adquisitivo de los trabajadores a niveles del año 2003 y contrarrestaron la inflación ocurrida en el primer trimestre de este año» (Banco Central de Venezuela, Ídem.).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) fijó el costo de la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT) en 1.228.611 bolívares para el mes de mayo. Esta cifra representa un aumento del 1,4% (16.980 bolívares) con respecto al mes de abril (El Universal, 05.06.04, http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).

Según el CENDA, si el ingreso familiar se compone de por lo menos 2 salarios mínimos (593.045 bolívares), el déficit de este ingreso con respecto a la canasta básica es del 51,7%. Esto significa que habría que contar con 635.566 bolívares más para poder comprar todos los productos de esta cesta.

No obstante, el informe elaborado por el CENDA señala que el decreto de aumento salarial de 20%, vigente desde el 01.05.04 (Gaceta Oficial Nº 37.928) que llevó el salario mínimo de 247.104 bolívares a 296.524 bolívares, «recupera nominalmente en 7,5% el poder adquisitivo de aquellos trabajadores ocupados en el sector formal que son beneficiados con la medida; sin embargo, la recuperación real del poder adquisitivo está sujeta a la cancelación del referido incremento, tanto por el sector público como privado» (El Universal, Ídem.).

Según datos recientes del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) un 57% de los trabajadores ocupados se haya en el sector informal y un 21% están desempleados, para el mes de mayo (El Universal, 05.06.04, http://www.eluniversal.com/2004/06/05/05135B.shtml).

Estos números contrastan con el cálculo hecho por Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), quien observa que el sector de la Población Económicamente Activa (POA) desocupada permanece en menos del 15%, para el mes de abril. «Esta es una estimación personal, basada en el crecimiento económico y en el carácter cíclico del desempleo. Se ha registrado un crecimiento económico con respecto al primer trimestre del año pasado. El consumo de electricidad aumentó 20%, también crecieron las ventas de vehículos y de cemento» (El Universal, 13.05.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/13/13170A.shtml).

Eljuri pretendió así desmentir las cifras que manejan algunas empresas encuestadoras que señalan que el desempleo se encuentra entre 17% y 24% (El Universal, Ídem.).

Informó el funcionario que el INE decidió aplicar un cambio de metodología en el análisis de la cifras de desempleo, eliminando los informes mensuales de desocupación para publicar trimestralmente las cifras de desempleo, una medida que, en opinión de Provea, dificulta el monitoreo de estos indicadores.

Según Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación, Cultura y Deportes (MECD), “se puede afirmar en Venezuela que, hoy día, el 60 % de su población, de más de 20 millones de habitantes, recibe el beneficio de la instrucción pública y que esta llega a todas partes del país gracias al sistema alternativo de las misiones Robinson I, Robinson II, Ribas, Sucre y Vuelvan Caras» (Gobierno en Línea, 10.05.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Agregó Istúriz que las misiones constituyen la herramienta fundamental que, paralelo al sistema de educación formal tradicional, mantiene a un número de ciudadanos venezolanos dentro de las aulas, recibiendo clases y al mismo tiempo preparándose para incorporarse en poco tiempo al trabajo.

Añadió el funcionario que “si hubiésemos continuado con la tendencia heredada por las anteriores gestiones tendríamos que haber privatizado la educación definitivamente, por lo que entonces habríamos decretado la abolición de la gratuidad de la educación y en consecuencia mutilado el futuro de muchos niños y familias” (Gobierno en Línea, Ídem.).

Igualmente, aseguró Istúriz que la eliminación del cobro de matrícula en las escuelas públicas y la creación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) “permitieron elevar la tasa de escolaridad encontrada en 59 % para 1998, a 67,19 % en el 2002. En la actualidad, podemos hablar de más del 80%” (Gobierno en Línea, Ídem.).

Por otra parte, el MECD informó sobre la suscripción de un acta convenio con la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) de acuerdo al cual, el ente público otorgará a este último recursos por más de 260 millardos de bolívares, beneficiándose más de medio millón de estudiantes de todo el país (Gobierno en Línea, 11.05.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Istúriz destacó que con este presupuesto se cubre el servicio educativo que prestan unos 575 planteles, que atienden estudiantes de preescolar, básica, media diversificada y profesional, “también se atiende a los adolescentes desertores del sistema de instrucción pública regular que tienen edades comprendidas entre 14 y 24 años de edad, quienes reciben formación para una ocupación en los 200 centros de capacitación que la AVEC tiene en todo el país” (Gobierno en Línea, Ídem.).

El titular del MECD también informó sobre «las jubilaciones de gracia que hace poco entregó el MECD a más de 200 docentes de colegios de Fe y Alegría” (Gobierno en Línea, Ídem.).

“A pesar de estarse suscribiendo hoy, el MECD ha cumplido con el cronograma de pago a los colegios católicos populares, con quienes no se tiene nada pendiente por este año” (Gobierno en Línea, Ídem.), puntualizó Istúriz.

Juana Contreras, coordinadora de Atención Primaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informó que «en junio se incorporarán a la Misión Barrio Adentro 1000 médicos venezolanos para prestar atención primaria en barrios y zonas marginales atendidas actualmente por cubanos» (Ministerio de Comunicación e Información, 17.05.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=1125). Los galenos venezolanos que se incorporarán a los barrios cursaron el primer postgrado en Medicina General Integral, promovido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), , dictado por expertos cubanos. Adquirirán experiencia y nuevos conocimientos mientras brindan atención a la población, indicó Contreras.

Fernando Bianco, presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano (CMDM), aseguró que la utilización de médicos cubanos en las zonas deprimidas del país es temporal y se minimizará en la medida que haya médicos venezolanos. La adjudicación de las plazas disponibles para los médicos se realizará aproximadamente antes del año y medio, de los 3 que tiene estipulado este curso de especialización, adelantó Bianco. El presidente del CMDM indicó también que «cualquier médico que desee aprender medicina general integral tiene la oportunidad de hacerlo con este postgrado, el cual se impartirá durante 8 horas diarias y será bien remunerado» (Agencia Venpres, 20.05.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#cubanos).

La asistencia que Cuba presta a Venezuela en esta misión en específico, es consecuencia del Acuerdo General de Cooperación firmado por ambos países en Caracas en octubre de 2000. La Misión Barrio Adentro es una iniciativa mediante la cual los sectores sociales más pobres disponen de asistencia ambulatoria en sus lugares de residencia. En esta misión trabajan más de 10.000 médicos y auxiliares cubanos y beneficia a 14 millones de personas, según la fuente.

  • Actualizar en lo inmediato los estudios antropométricos que permitan medir el déficit nutricional actual de la población y con base en ello, diseñar políticas de atención nutricional pertinentes;
  • Garantizar que estos estudios se realicen con regularidad periódicamente y tengan cobertura nacional;
  • Desarrollar un sistema integral de medición de la situación nutricional de la población venezolana que permita conocer de manera oportuna y actualizada indicadores claves tales como el bajo peso al nacer, la anemia y la deficiencia de hierro, la deficiencia de yodo, la accesibilidad y disponibilidad de nutrientes, entre los más importantes;
  • Reiniciar en el corto plazo las coordinaciones necesarias para garantizar que el nivel de iodación y fluoración de la sal sea el requerido para conservar la meta lograda de país libre de las deficiencias de yodo;
  • Vigilar y garantizar que la política actual de importaciones tenga un carácter temporal y estrictamente destinado a suplir el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, remover todos los obstáculos que
    inciden en la situación de desabastecimiento recurrente que caracteriza al país en la actualidad;
  • Estudiar y aplicar la normativa para el control y regulación de los Organismos Genéticamente Modificados en Venezuela, en conjunto con las instituciones y organizaciones que desarrollan investigaciones en la materia;
  • Adoptar políticas integrales encaminadas a erradicar el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria, removiendo obstáculos como el desempleo y la falta de acceso a los alimentos;
  • Dar continuidad a los programas sociales alimentarios que, previa evaluación, demuestren que contribuyen a disminuir el déficit nutricional de los sectores más vulnerables de la población;
  • Ajustar regularmente el Salario Mínimo para cubrir plenamente los costos de la Canasta Alimentaria;
  • Adaptar el contenido de la Canasta Alimentaria a los requerimientos nutricionales establecidos en la nueva tabla propuesta por el Instituto Nacional de Nutrición (INN);
  • Desarrollar una política de supervisión de la elaboración de alimentos destinada a asegurar la calidad e higiene necesarias en su preparación y conservación que garantice la inocuidad de los mismos;
  • Desarrollar programas de atención y prevención destinados a controlar la tendencia creciente al sobrepeso que viene presentándose en la población;
  • Desarrollar una política integral de atención al pequeño productor que garantice, no sólo la tenencia de la tierra, sino los recursos tecnológicos y financieros para su usufructo, así como unas condiciones dignas de existencia;
  • Diseñar y adelantar una campaña orientada a educar en materia de nutrición, higiene y salud. (Provea, 09.06.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Juan CASTELLANOS, ciudadano venezolano titular de la Cédula de Identidad N° 3.970.358, denunció en las oficinas de Provea que fue detenido por funcionarios uniformados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en horas de la mañana del pasado domingo 30.05.04, en momentos que se realizaba el proceso de recolección de firmas para el revocatorio.

Castellanos se identificó como militante de la organización política Bandera Roja y participaba como coordinador de una mesa en la Parroquia La Vega de Caracas.

Afirmó el denunciante ante Provea, el 01.06.04, que fue «introducido por la fuerza en un vehículo blanco de los usados para taxi, sin placa, y llevado con los ojos vendados, después de más de 20 minutos de carretera hacia una casa donde fuí salvajemente golpeado con patadas y un palo hasta el punto que cuando me liberaron 2 horas después, tuve que ser inmediatamente hospitalizado en el Hospital Periférico de Catia donde estuve bajo observación durante 36 horas».

Además de golpearlo, los efectivos le robaron el celular, 50.000 bolívares, sus lentes y un maletín contentivo de información sobre el proceso electoral.

Otra denuncia fue hecha en nuestra sede por habitantes de la comunidad de Caricuao, Caracas. Se trata del homicidio del defensor de derechos humanos, José Gregorio CHÁVEZ, activista de la Fundación para la Prevención y Defensa de los Derechos Humanos de la Parroquia Caricuao.

Según los denunciante los hechos ocurrieron el pasado 26.05.04, dentro de la panadería «2010» en donde Chávez trabajaba, ubicada en la UD-3 de Caricuao. Señalan como responsables a presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), uno de ellos identificado por la comunidad como Efraín Antonio Monasterio.

Como ya es costumbre en los casos de presuntas ejecuciones, la versión inicial presentada por los funcionarios de la PM, trata la muerte de Chávez como la de un delincuente que enfrentó a la policía en momentos en que realizaba un atraco, según el comisario Orlando Gutiérrez, subdirector de la PM.

Numerosos testigos desmiente esta versión y, por el contrario, advierten que la víctima fue asaltada en su lugar de trabajo por presuntos efectivos de la PM vestidos de civil y como éste los enfrentó, causando la muerte de uno de los policías asaltantes, comisiones de la policía que llegaron al lugar lo detuvieron y posteriormente lo ajusticiaron en el sitio en presencia de varias personas.

Más de 50 testigos dirigieron una comunicación a Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, denunciando los hechos y expresando su disposición a declarar ante las autoridades competentes. Según los denunciantes las investigaciones del caso las conoce actualmente el fiscal 46 del Ministerio Público

Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció el 08.06.04 que el proceso del referendo presidencial será realizado el 15.08.04, en respuesta a los resultados positivos arrojados por la recolección de firmas para el referendum revocatorio presidencial efectuado en diciembre de 2003 y mayo de 2004 (Agencia Venpres, 09.06.04, http://www.venpres.gov.ve/infgen/infgen1.htm#Referendo).

Según informó Carrasquero, el procedimiento refrendario del mandato del Presidente de la República arrojó un total de firmas válidas acumuladas de 2.541.636. Explicó que tras realizarse la fase de recolección, verificación y reparos de las solicitudes del procedimiento, el CNE decidió aprobar las modificaciones que se especificarán en el informe final del Comité Técnico de Totalización, CTT, que arrojaron los siguientes resultados: 8.847 actas de reparo analizadas y transcritas, 8.713 actas certificadas conformes y 134 actas certificadas observadas. Mientras que las firmas o solicitudes en el procedimiento arrojaron un total de 2.553.051 firmas válidas, cuya totalización se hizo de la siguiente manera: 733.755 firmas rechazadas incluidas; 91.669 firmas validas excluidas, 1.910.965 firmas válidas iniciales a reparar, 2.436.083 firmas requeridas, 2.553.051 firmas válidas acumuladas (total de firmas válidas iniciales, más las firmas rechazadas incluidas, menos las firmas válidas excluidas).

Sin embargo, el CNE dispuso, por decisión adoptada el 08.06.04, modificar la cifra total de firmas válidas acumuladas en razón de la constatación de la existencia de firmas de personas fallecidas (11.256) o a sujetos en situación militar activa (159), por lo tanto, al hacer la sustracción de estas firmas, quedó un total de firmas válidas de 2.541.636 (Agencia Venpres, Ídem.). Igualmente señaló que el proceso electoral se hará en forma automatizada en todas sus fases (Agencia Venpres, Ídem.).

A propósito de la culminación de esta etapa del proceso de referendum revocatorio, Provea considera pertinente retomar lo considerado por el Foro por la Vida en su pronunciamiento del 19.11.03, efectuado con motivo de la culminación de las jornadas de recolección de firmas realizadas del 21 al 24.11.03 y el 28.11.03 al 01.12.03. En esa ocasión, la coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos observó que el comportamiento del pueblo venezolano en los dos procesos de recolección de firmas fue una nueva manifestación de su decisión de ejercer participativamente sus derechos democráticos. Un comportamiento que en esta oportunidad se repite y es digna de valorar en toda su profundidad.

Asimismo, Provea aprecia positivamente que, a pesar del clima de amenazas que se repetía en este proceso, la forma en que el pueblo venezolano decidió ejercer su voluntad apuesta por fórmulas de tolerancia y convivencia propias del civismo de una democracia pluralista.

Se vuelve a exhortar a los actores políticos para que denuncien las supuestas irregularidades ante el CNE y ante las instancias previstas en el ordenamiento jurídico, a fin de que las mismas puedan ser debidamente canalizadas y exhortamos al CNE a fiscalizar y sancionar, si fuere el caso, a los responsables de los delitos electorales. Igualmente, debe reiterarse la preocupación expresada por el Foro por la Vida en otras ocasiones en torno a las denuncias sobre presiones que se podrían ejercer para que los ciudadanos firmen o dejen de firmar expresando su libre voluntad y las consecuencias que esta acción genera: discriminación, amenazas de despidos, etc. Por tal razón, se le exige al Estado la adopción de medidas para la restitución de los derechos vulnerados y a los ciudadanos para que consignen las respectivas denuncias ante los órganos correspondientes a fin de que apliquen las sanciones y reparaciones del caso.

Finalmente, Provea reitera lo dicho por el Foro por la Vida en cuanto a que “la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia y hasta contraproducente para los fines de una administración democrática del conflicto […] La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de los principales actores políticos” (Foro por la Vida, 11.12.03, http://www.derechos.org.ve/nosotros/redes/forovida/link7.htm#cpa2003).

Como una intromisión a los asuntos nacionales y una violación a lo contemplado en los apartados b) y e) del artículo 3, capítulo II de los Principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pueden calificarse los comentarios expresados por Roger Noriega, sub secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, a propósito del proceso de reparación de firmas con el que culminaba la recolección de firmas para solicitar el referendum revocatorio presidencial.

En una entrevista publicada el 26.05.04 por el diario estadounidense The Washington Times, Noriega señaló, entre otras cosas que «está muy claro para nosotros [Gobierno de Estados Unidos] que el número requerido de personas apoyó la solicitud […] Si a través de algún proceso burocrático forzado, esas firmas son descartadas, esto podría tener consecuencias muy nefastas para los venezolanos y para quienes apoyan sus derechos constitucionales […] usaremos los mecanismos multilaterales que tenemos […] Les hemos dicho a nuestros socios que pensamos que esta es una prueba de fuego para ver si el Estado puede o no respetar los deseos del pueblo venezolano» (El Universal, 10.06.04, http://www.eluniversal.com/2004/05/27/27104EE.shtml).

Tales opiniones contradicen lo manifestado por las 34 naciones americanas que suscribieron el instrumento constitucional de la OEA suscrita en 1948. En éste se establece que: «el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional [y que] Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado» (Organización de Estados Americanos, 10.06.04, http://www.oas.org/juridico/spanish/carta.html).

En este sentido, invitamos a los lectores a conocer los pronunciamientos hechos por el embajador Jorge Valero, representante permanente del Estado venezolano en la OEA, e Iván Rincón, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), en respuesta a las opiniones de Noriega, en la sección DOCUMENTOS.

  • Investigar exhaustivamente las denuncias de violación al derecho a la vida presentadas
    por familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación
    social o cualquier otro denunciante y, en caso de comprobarse los hechos, aplicar las sanciones penales, administrativas y disciplinarias que establece el ordenamiento jurídico nacional, así como ordenar la reparación del daño causado;
  • Publicar anualmente un reporte, discriminado por cuerpos de seguridad, sobre el número de funcionarios sometidos a averiguaciones por causales de violación al derecho a la vida y sobre los resultados de las mismas en cada caso;
  • Derogar las normas sobre excepción de responsabilidad penal por obrar en cumplimiento de la obediencia debida a un superior;
  • Adoptar una ley que prohíba nacionalmente, sin excepciones, el uso de armas de fuego y la utilización de armas tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, en concordancia con el artículo 68 de la Constitución de 1999;
  • En el mismo sentido, garantizar que en los estados o municipios que se aprobaron normas sobre esta materia, sean cumplidas efectivamente;
  • Iniciar o continuar, con carácter de emergencia, una reforma de los cuerpos policiales y militares más denunciados, entre ellos la Policía del Edo. Aragua, la Policía del Edo. Anzoátegui, las FAN, especialmente la GN, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía del Edo. Carabobo, la Policía Metropolitana de Caracas, la Policía del Edo. Lara y la Policía del Edo. Nueva Esparta; para realizar su reorganización garantizando su funcionamiento en el marco
    del Estado de Derecho. Esta reorganización debe incluir la revisión, desde una perspectiva de derechos humanos, de los criterios de ingreso, los programas de formación, la evaluación periódica de las actuaciones del personal, los mecanismos de control interno y sociales sobre la acción de la institución, la creación de una cultura interna consistente con el Estado de Derecho y el uso legítimo que en él se establece sobre la fuerza pública, y las condiciones sociolaborales del personal;
  • Evaluar los programas de formación en derechos humanos que se hayan ejecutado en las academias militares y policiales, propiciando la participación de las ONG de derechos humanos en dicho proceso;
  • Desincorporar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) del Poder Ejecutivo, así como de sus funciones de patrullaje y procedimientos de policía administrativa. (Provea, 09.06.04, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2002_03/24exigencias.pdf)

ARTÍCULOS

«Transcurridos ya casi cinco años del deslave que afectó a la población del Edo. Vargas, el Gobierno Nacional adelantó la reconstrucción parcial de la zona, la cual ahora deberá ser evaluada por los beneficiarios.

Al respecto, Provea conoce de situaciones no resueltas y de actitudes poco democráticas por parte de las autoridades. Es el caso de 121 familias cuyas viviendas, ubicadas en el sector Cerro Grande de Caraballeda, fueron literalmente tapiadas por el deslave. Estas familias denuncian que a lo largo de este tiempo no fueron informados por Corpovargas ni por la Autoridad Única de Área, sobre el destino que tendrá esa zona, es decir, si serán expropiados por causa de utilidad pública, si se declarará total o parcialmente inhabitable, si se dedicará para un parque recreacional, si se realizarán obras públicas para canalizar el río Grande, etc.

No obstante, ninguna petición de información hecha por los afectados fue respondida por las autoridades.

En este sentido, Provea insiste en recordarle a los funcionarios públicos que el derecho a dar respuesta oportuna y adecuada está contemplado en la Constitución y su denegación puede llevar a la destitución del cargo que ocupan» (Provea, [email protected], 09.06.04).

«No debemos esperar pasivamente a que el gobierno de turno cumpla con la realización de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, etc., ni mucho menos sufrir sumisos su atropello.

Por exigibilidad se entienden aquellas acciones dirigidas a reclamar al
Estado el cumplimiento de nuestros derechos. Puede ser ejercida ante cualquiera de los poderes públicos.

Exigir el respeto de los DESC es un ejercicio de participación ciudadana que implica tomar conciencia de la dignidad de las personas y de los pueblos; informarse sobre la verdadera situación de los DESC y sobre el contenido del derecho reclamado; organizar distintas acciones que pueden incluir tanto el uso de los medios jurídicos y políticos que brinda el Estado como la protesta y el planteamiento de propuestas por parte de las comunidades o grupos involucrados; y, efectuar un seguimiento comunitario de la realización de los compromisos estatales.

La exigibilidad de los DESC se ejerce también con la divulgación de información sobre los DESC, denunciando los problemas provocados por el atropello de los DESC, realizando un monitoreo de la situación y haciendo cabildeo ante los poderes públicos, etc.

Sin el ejercicio de la exigibilidad, el goce de los DESC se queda en simples normas».(Provea, [email protected], 28.05.04).

A petición de la revista venezolana Question Raúl Cubas, activista de derechos humanos y ex coordinador General de Provea (1995-2001), realizó una investigación titulada «Crisis y deterioro de la seguridad social en América Latina», el cual invitamos a leer o descargar en http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope Tiene una extensión de 10 páginas y lo encontrará en formato PDF (53Kb).

Para despertar su interés, les ofrecemos algunos párrafos:

«Se ha venido afirmando reiteradamente que ‘las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado de contenido neoliberal, impuestas por el FMI y el Banco Mundial a los países en desarrollo, afectan gravemente y violan los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)’. Este diagnóstico hace referencia a las consecuencias más evidentes de dichas políticas: ‘Más pobreza, desempleo y pérdida de derechos por parte de la gente quedan del modelo, particularmente en lo que se refiere a derechos laborales y seguridad social…’.

Al respecto, organizaciones de derechos humanos integradas en la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) han impulsado iniciativas destinadas investigar los efectos de las políticas de reforma estructural de la seguridad social en la región, que se han plasmado en la elaboración de ‘Informes Alternativos’ realizados por organizaciones sociales de siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, en los cuales se aborda la situación del derecho a la seguridad social en cada país. Con posterioridad, la Pidhdd solicitó y logró en marzo de 2002 una Audiencia sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las Américas, llevada a cabo en el 114° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En dicha oportunidad, presentó un certero diagnóstico de una de las principales causas del deterioro del derecho a la seguridad social en la región , al afirmar que: ‘El sostenido deterioro del mercado laboral en la región, las limitaciones para su crecimiento y la paralela profusión de amplias masas al margen de las relaciones laborales formales -trabajadores familiares no remunerados en el campo, trabajadores independientes no profesionales en la ciudad, seudo asalariados de empresas de escasa productividad, conducción familiar y corta vida- aíslan crecientemente a la mayoría de los trabajadores de sus posibilidades de participación en el sistema de seguridad social, retornándolos a las condiciones primarias de protección basadas en las posibilidades de auto ahorro, ayuda familiar, comunitaria o mutual’ […]

La última década del siglo XX trajo aparejado un proceso de reformas estructurales de la seguridad social en la región basado en la privatización de los sistemas de pensiones y la atención de salud, que lejos de mejorar la situación, en muchos casos la ha agravado. La disminución de la cobertura, los graves problemas financieros, la mala calidad de los servicios de salud y la deficiencia en el pago de las prestaciones dinerarias, la escasa participación de los beneficiarios en el control de la gestión, y fundamentalmente la reducción de la seguridad social “a un problema económico y la acepción de este a un problema financiero, cuestionándose la ubicación de la seguridad social como un derecho humano fundamental” , son los problemas ha superar en el futuro y constituyen un desafío para los gobiernos y sociedades de América Latina.

Es en este campo donde las organizaciones de derechos humanos, que enfatizan su trabajo en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, tienen un amplio campo de trabajo, en comunidad con las organizaciones sindicales, de pensionados, de la economía informal y de amas de casa, para lograr aportar desde su propia perspectiva a lograr un ‘desarrollo progresivo’ del derecho a la seguridad social, tal cual lo plantea el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en particular la referencia al derecho a ‘una mejora continua de las condiciones de existencia’.

El desafío de esta primera década del siglo XXI es lograr un proceso de ‘contrarreforma’ continental de la seguridad social -habida cuenta de la constatación de las visibles deficiencias de la reforma estructural propiciada por el Banco Mundial en los 90- que permita generar alianzas entre sectores políticos, organizaciones sindicales, de desempleados y de la economía informal, comités de pensionados y jubilados, organizaciones de derechos humanos e investigadores del sector académicos vinculados al tema, para que nacionalmente se evalúen los procesos privatizadores y se presenten alternativas que se enmarquen en una visión que privilegie la solidaridad social y no la mercantilista que tanto daño ha hecho en las dos ultimas décadas.

Solo revirtiendo el proceso privatizador y excluyente impuesto por las corrientes neoliberales, será posible que en el futuro los diversos sistemas de seguridad social garanticen efectivamente el pleno disfrute del derecho a la seguridad social para todos y todas, sin discriminación de ningún tipo» (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 04.05.04, ).

El siguiente artículo de opinión fue escrito por Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa de Provea.

«Desde un lejano rincón del estado Portuguesa, específicamente desde el asentamiento campesino Guasino Mayita, en el Municipio Turén, un grupo de familias campesinas enciende una luz de alarma sobre los resultados del Plan Zamora impulsado por el Ejecutivo Nacional. Ellos afirman que sus condiciones de vida desmejoraron a pesar de haberse favorecido con el otorgamiento de más de 200 hectáreas de tierra mediante una carta agraria, un crédito del Fondo de Desarrollo Agropecuario Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) por 213 millones de bolívares y hasta un tractor.

Recibieron un bosque que deben desforestar con maquinaria pesada que no tienen y que requiere de un proceso intenso de aplicación de técnicas y fertilizantes para transformar la tierra de improductiva en tierra fértil, con una asesoría técnica que no llega. Se les otorgó un crédito para sembrar sorgo que llegó después del ciclo de siembra. Se les entregó un tractor sin rastra que les ha servido sólo para transportar agua potable, pues el riachuelo más cercano les queda a 3 kilómetros. Se les prometió la construcción de viviendas y de ellas ni un solo ladrillo se ha colocado. Hoy, en medio de muchas hectáreas, viven casi en la indigencia, sin un techo digno donde vivir y sin ingresos. Caminaron de institución en institución esperando que alguien entienda que una carta agraria, un crédito y un tractor no producen necesariamente una mejor calidad de vida.

Las cifras oficiales de distribución de tierra y crédito entusiasman por la posibilidad de que se esté produciendo una verdadera democratización de la propiedad y un incremento de la producción de alimentos. Por ejemplo, se han otorgado 44.772 cartas agrarias y 1.886.917 hectáreas de tierras en todo el país, beneficiando a más de 72.416 trabajadores rurales. La casi totalidad de tierra adjudicada es propiedad del Estado.

Sin embargo, el optimismo empieza a desvanecerse cuando se reciben denuncias como las que llegan de Guasino Mayita. Sin un acompañamiento efectivo de las instituciones no podrán los campesinos transformar tierras ociosas en productivas. Por errores como éstos se generaron en el pasado muchas frustraciones y ello contribuyó al fracaso de la reforma agraria. La improvisación y la desidia para dar respuesta a justos reclamos como éste también generan desconfianza. Las denuncias que empiezan a aparecer son una luz de alarma que el Ejecutivo Nacional debería observar con cuidado y sin prejuicios. No vienen de sectores de la oposición, sino de los propios beneficiarios que todavía mantienen la esperanza en un proceso que ofreció dignificarlos.

Muchos abrigamos el deseo de que se realice una autentica reforma agraria que represente avances reales en la seguridad alimentaria y un cambio favorable en las condiciones de vida de nuestros campesinos. Si estos problemas no se corrigen a tiempo, los alcances pueden derivar hacia una nueva frustración colectiva, en la que todos perdemos» (Provea, http://www.derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm#tope, 03.06.04).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Boaventura de Sousa Santos
Año: 2000
Sinopsis:
«Las luchas sociales, políticas y culturales para ser creíbles y eficaces, tienen que trabarse a corto plazo, o sea, en el marco temporal con que cuenta una generación con capacidad y voluntad para trabarlas. Por esta razón, las luchas paradigmáticas tienden a ser entabladas, en cada generación, como si fuesen subparadigmáticas, o sea como si aun se admitiese, por hipótesis que el paradigma dominante pudiese dar respuesta adecuada a los problemas para los que ellas están reclamando atención» ([email protected]).

Autor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Año: 2003
Sinopsis:
«El presente informe, que consta de siete capítulos, analiza la situación en Venezuela, concentrándose especialmente en distintos aspectos relacionados con el estado de derecho en el país. El informe fue elaborado sobre la base de información recabada antes, durante y después de su visita in loco llevada a cabo en Venezuela en Mayo de 2002 y cubre acontecimientos sucedidos hasta Octubre de 2003» ([email protected]).

Autor: Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Año: 2.003
Sinopsis:
«¿Será que por ser pobre me lo merezco? ¿Será que nos matan por el hecho de ser simplemente pobres? ¿Por qué nos pasan estas cosas solo a los pobres? ¿Nosotros también tenemos derechos?… preguntas, frases pronunciadas, emoción bajo palabras articuladas y reconstrucción de historias de vida» ([email protected]).

Autor: Organización de Naciones Unidas
Año: 1998
Sinopsis:
«La finalidad principal de este manual es servir a los funcionarios nacionales de instrumento práctico para la preparación de y presentación de los informes prescritos por los tratados internacionales de los derechos humanos.
El manual sitúa le proceso de preparación de informes en el contexto de la toma de decisiones internas y de la responsabilidad internacional de los gobiernos en cuestiones de derechos humanos El fin del manual es, pues, ayudar a los Estados Partes en la tarea de supervisar y aplicar las normas internacionales de derechos humanos» ([email protected]).

Autor: Centro Gumilla
Año: Junio 2.004
Sinopsis:
«La evolución e involución de las políticas urbanas en Venezuela: el problema de los barrios; Construcción de las bases ciudadanas para la acción política compartida; Las mujeres en el mercado laboral Venezolano» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«La comunidad indígena Wayúu de la Guajira, Colombia, quienes hemos sido desplazados de nuestro territorio ancestral por parte de elementos pertenecientes a grupos paramilitares (mal llamados autodefensas), las cuales llegaron a la comunidad apoderándose del territorio, maltratando, matando y destruyendo nuestro cementerio símbolo de antepasados y demostración de propiedad. El día 18 de abril en horas de la mañana llegaron a la comunidad de bahía Portete los antes mencionados a violar nuestros derechos, maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres, ellos decían están pescando, ellos no les creían a los niños, por eso los mataban o se los llevaban. La forma como fueron asesinados, las mujeres, jóvenes y ancianos (torturados, violados y picados) estamos preocupados por encontrar nuestros hijos desaparecidos que no sabemos si están muertos o vivos, algunas versiones dicen que a los niños los quemaron, en algunas partes de la comunidad se encontraron parte de algunos miembros de los cuerpos de los niños, los habitante de la comunidad son 580 de diferentes clanes, quienes abandonaron con el dolor de su alma su territorio, sus animales, sus pertenencias ancestrales, allá en el territorio no hay naden todos emigraron a diferentes partes, para buscar seguridad y protección para nuestras vidas. En ningún momento ni el alcalde de Uribia como máxima autoridad y capital indígena de Colombia, hizo ningún pronunciamiento frente a estos hechos y lo mismo el señor Gobernador de la Guajira, donde todo el mundo en el departamento tenía conocimiento de la masacre. Ante estos hechos lamentables acudimos a ustedes para que velen por nuestra protección y nos sirva de intermedio ante los organismos de Derechos Humanos, ONU y ante el mismo Estado de Colombia. Agradeciéndole de antemano a ustedes a ustedes por la gestión emprendida.

Saldo del ataque: 12 muertos y 30 desparecidos. Masacrados: Nicolás BARROS, Arturo EPIAYU, Alberto EVERTS, Rolan EVERTS, Rosa FINCE y Diana FINCE (Desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo); Reina FINCE (menor de edad de 13 años desaparecida sin saber el lugar donde tiraron su cuerpo); Margarita EPIANAYU, Rubén EPINAYU (Menor de edad 16 años). 10 Niños que fueron asesinados y a quienes le cortaban miembros de su cuerpo para que fueran reconocidos); A una joven del Clan Epinayu, la sacaron de su casa y aún no ha sido encontrado su cuerpo. Además de todas estas personas, hay muchas mas que están enterradas en las diferentes zonas de Portete.

Solicitamos la formación de una comisión lo mas pronto posible para que se trasladen al lugar de los hechos y así comprueben la realidad que estamos viviendo. Buscar personas nativas que los lleven al verdadero lugar de los hechos y que no los engañen.

No hay denuncias ni acta de defunción de los muertos, ya que tenemos miedo que nos sigan acribillando como lo han hecho, con los de mas ya que los representantes del Departamento de la Guajira no han tenido en cuenta este conflicto. El Defensor del Pueblo no puede decir que es un sólo muerto ya que el no se ha pronunciado respecto a la situación.

AYÚDENOS NO NOS DEJEN SOLOS.

Atentamente: Comunidad Indígena Wayúu Alta Guajira, Indígenas Wayúu de la ALTA GUAJIRA; Organización Nacional Indígena de Colombia. Calle 13, No.4-38, Telf. 2842168 2811845, Fax.2843465″ (Aporrea, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=16824, 25.05.04).

«Bajo los auspicios de la CIOSL/ORIT y la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, se reunieron en San José de Costa Rica, los días 24 y 25 de mayo, parlamentarios y dirigentes sindicales de Panamá, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala para tratar el tema de los Tratados de Libre Comercio que sus respectivos gobiernos están negociando con Estados Unidos.

El TLC entre varios países de América Central y Estados Unidos será firmado el 28 de mayo, en Washington. Sin embargo, todavía falta que los parlamentos de esos países aprueben ese tratado. De ahí la reunión sindical y parlamentaria expresó claramente su oposición al TLC pues no refleja los intereses que tienen los países centroamericanos por un desarrollo sostenible y soberano.

Los sectores parlamentarios y sindicales reunidos acordaron un trabajo conjunto para lograr en sus respectivos países y en la región centroamericana que el TLC no sea ratificado por los parlamentos.

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la ORIT, dijo que la reacción de sectores políticos y de la sociedad civil en general contra los TLCs refleja la retirada del neoliberalismo en sus aspectos culturales, pero el modelo ha implantado instituciones que todavía siguen vigentes y que la lucha va a llevar aun todavía mucho tiempo.

Texto del documento final:

DECLARACIÓN SINDICAL Y PARLAMENTARIA DE SAN JOSÉ

El día 28 de mayo del 2004 esta previsto firmar en Washington, el Tratado de Libre Comercio (CAFTA) por parte de los Ministros de Comercio Exterior de los distintos países de Centroamérica y su homólogo de los Estados Unidos, esta firma ocurriría después de un proceso de negociaciones caracterizado por el secretismo y la exclusión; frente a dicho acontecimiento, los dirigentes sindicales y parlamentarios de América Central, Panamá y Rep. Dominicana, reunidos en San José de Costa Rica los días 24 y 25 de mayo, en la Conferencia Sindical y Parlamentaria, organizada por la CIOSL/ORIT, declaramos lo siguiente:

La firma del Tratado llegará en un momento caracterizado por el desempleo masivo, la informalidad creciente del empleo, la pérdida de derechos laborales y sociales, el cierre de empresas, la privatización y apertura de los servicios públicos, persecución sindical y profunda crisis y desmantelamiento de la estructura productiva de la región. Por ello y por otras razones, a continuación expresadas, esta firma, nos merece las siguientes observaciones críticas:

El proceso de negociación ha sido planificadamente excluyente y antidemocrático, las mayorías de nuestros países no han tenido ninguna participación. Las negociaciones han sido llevadas en secreto y sin proporcionarle información ni a la sociedad, ni a otros poderes del Estado, como el legislativo; como es obvio tampoco se ha dado un debate público sobre las ventajas e inconvenientes de un Tratado de esta naturaleza. Los únicos participantes en las negociaciones y acuerdos, ha sido un grupo muy reducido de funcionarios y tecnócratas del poder ejecutivo; inclusive los ministerios del área social (educación, salud, trabajo) y los de agricultura y del medio ambiente han quedado excluidos del proceso en la mayoría de los casos.

El Tratado amenaza con un proceso de transformación que desmantela los Estados y elimina los pocos derechos alcanzados por las mayorías en nuestros países y cercena las posibilidades de una construcción democrática, que vaya más allá de elecciones periódicas y se asiente en el desarrollo y la justicia social.

El llamado Tratado de Libre Comercio, no es tal; es mucho más que eso, pues incluye temas tan importantes y diversos, como Inversión Extranjera (incluidos los servicios), Propiedad Intelectual (patentes y derechos de autor). Se trata entonces de un acuerdo económico que va mucho más allá del comercio de mercancías y servicios y se puede afirmar que en este lo más importante es lo relativo a inversión.

Tampoco se debe olvidar que los países y economías participantes presentan abismales diferencias en recursos y niveles de desarrollo, lo cual genera asimetrías que favorecen al más desarrollado y pueden profundizar el subdesarrollo de los otros. En este plano, es importante señalar los subsidios que reciben los productores agrícolas en Estados Unidos, de parte de su gobierno, mismos que representan una competencia desleal para los productores centroamericanos.

La firma de un Tratado tiene un rango jurídico muy alto, de modo que tiende a establecer de manera indefinida, una estructura de relaciones y compromisos económicos estatales internacionales, que puede resultar contraproducentes para la puesta en práctica de un Proyecto de Desarrollo propio, con lo cual se estaría hipotecando la soberanía nacional.

El Tratado que se pretende firmar ahora (después seguirían Rep. Dominicana y Panamá), tampoco es tal o en realidad, sólo es Tratado para los países centroamericanos, puesto que Estados Unidos lo firmará en calidad de Acuerdo, que en dicho país es una figura jurídica inferior a la de Tratado, con lo cual se genera una asimetría jurídica innegable y de importantes consecuencias prácticas, presentes y futuras.

El Tratado no protege adecuadamente la producción agrícola, los derechos laborales y sociales y el medio ambiente de nuestros países. En materia laboral no se asume un compromiso preciso y sólo se remite a señalar que se procurará respetar las legislaciones nacionales existentes.

Considerando lo señalado, planteamos y proponemos lo siguiente:

  • El estudio del Tratado por los poderes legislativos de los países centroamericanos, de Rep. Dominicana y Panamá, no debe ocurrir, sin que antes se dé un amplio proceso de información, consulta y debate en y con las organizaciones de la sociedad civil de las naciones involucradas. Un punto central de dicho debate, es el papel que jugarán estos acuerdos comerciales y económicos en el desarrollo de nuestros países, de modo que se pueda generar riqueza, empleo y superar la pobreza y la exclusión de las mayorías. La firma sólo puede tener legitimidad si ocurre a través de un proceso democrático participativo, que concluya en el ejercicio de la democracia representativa parlamentaria;
  • Es necesario que se separe de lo propuesto como Tratado de Libre Comercio, todo aquello que no es directamente comercio. Deben proponerse y discutirse abierta e informadamente con los diferentes sectores de la sociedad, instrumentos separados para Inversión Extranjera y Propiedad Intelectual y no quedar incluidos en el TLC;
  • Se debe excluir del Acuerdo el comercio de los llamados servicios sociales como educación, salud, seguridad social y también la agricultura, los cuales son áreas prioritarias de desarrollo nacional, de integración social, de democracia y equidad y, por lo tanto, no pueden ser manejados como cualquier mercancía;
  • Es constitutivo de relaciones internacionales justas y equitativas, que las partes asuman el mismo nivel de compromiso jurídico. Por lo tanto, para eliminar la desigualdad e inequidad manifiesta que contiene la propuesta actual, proponemos que todos los involucrados firmen un instrumento jurídico del mismo nivel de compromiso. Con ello protegeríamos nuestra dignidad y soberanía. Es necesario dejar abierto el futuro para poder escoger libremente, el camino de desarrollo que nos parezca adecuado y adecuado. Un Tratado en nuestros países adquiere el nivel de ley fundamental de nuestras repúblicas, en tanto que un Acuerdo en Estados Unidos, es un instrumento secundario frente a la constitución y leyes y puede ser modificado posteriormente con daño para los intereses de nuestros pueblos;
  • Dada la asimetría de desarrollo de los que firman, así como diferencias marcadas de política económica (como los subsidios agrícolas), es necesario que el Acuerdo que se debería suscribir contenga los mecanismos que protejan a las economías más débiles, y que el país más desarrollado del Acuerdo aporte los recursos que permitan sustentar políticas específicas, para moderar primero y superar después las desigualdades económicas;
  • Es de la mayor importancia que el instrumento que se firme contenga la protección explícita de la agricultura de nuestros países, y cuente con los instrumentos jurídicos, definición de instancias y sanciones, que protejan los derechos en las áreas laborales y medio ambientales y además, resguarde nuestra biodiversidad de la piratería e impida su apropiación y obtención de patentes, por las grandes transnacionales;
  • Si los problemas señalados no son superados, llamamos a los parlamentos a que no ratifiquen el TLC y, nos comprometemos a trabajar en forma conjunta para alcanzar relaciones económicas y comerciales que beneficien a nuestros pueblos;

Dado en San José de Costa Rica a 25 de mayo del 2004″ (Organización Regional Internacional del Trabajo/Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, 30.05.04, http://www.cioslorit.org).

Palabras del Embajador Jorge Valero ante la nueva agresión a Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA

Señor Presidente del Consejo Permanente
Señores Representantes Permanentes y Alternos

Una nueva agresión se lanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Roger Noriega, Sub Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, se pronuncia nuevamente contra el proceso de cambios que, de manera pacífica, democrática y constitucional, se desarrolla actualmente en la patria del Libertador, Simón Bolívar.

Roger Noriega, es un alto funcionario del Departamento de Estado estrechamente vinculado a grupos reaccionarios cubanos.

En declaraciones de prensa que han tenido gran cobertura internacional, difundidas a través de varias agencias de noticias, Noriega ahora arremete contra un poder autónomo venezolano: el Consejo Nacional Electoral.

Noriega afirma, de manera irresponsable, que aún cuando la oposición no recoja el número de firmas requeridas, equivalente al 20 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral, para convocar el referéndum revocatorio presidencial, el Gobierno de Estados Unidos intervendrá en Venezuela.

Sostiene Noriega: «Para nosotros está muy claro que el número necesario de gente apoyó la petición para el referéndum». Pero esta afirmación es absolutamente falsa. El Consejo Nacional Electoral decidió, en su oportunidad – y cumpliendo de manera rigurosa con el Reglamento y Normas electorales establecidas- que miles de firmas carecían de validez, porque pertenecían a personas no inscritas en el Registro Electoral, a menores de edad y a personas ya fallecidas. Firmas ilegítimas que, de acuerdo al Reglamento sobre los Reparos, serían sometidas a la verificación de sus firmantes. Reglamento aceptado por la oposición, agrupada en la llamada Coordinadora Democrática.

El funcionario del Departamento de Estado se adelanta a dar resultados, cuando el proceso de Reparos sobre el referéndum presidencial aún no se ha realizado. Este se iniciará mañana viernes 28 y concluirá el domingo 30 de este mes de mayo.
Noriega ha sugerido que sí el resultado de los reparos no favorece a la oposición, su Gobierno lo desconocería. Y ha asegurado, falseando la verdad, que miles de firmas falsas que fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral, con el aval de la oposición, son legítimas.

Noriega se niega a admitir la posibilidad de que la oposición no recoja las firmas legalmente requeridas para convocar el referéndum presidencial y, en consecuencia, se erige en el Juez Supremo, en materia electoral, que pretende usurpar la voluntad soberana de los venezolanos, colocándose por encima del órgano electoral facultado por la Constitución de la República: El Consejo Nacional Electoral.

Noriega no tiene ninguna autoridad para desconocer el orden jurídico interno de Venezuela ni de ningún país.

Noriega, no se detiene en sus afirmaciones irresponsables. Afirma también que el Gobierno de Estados Unidos usará «todas las instancias multilaterales que tenemos…Les hemos dicho a nuestros socios que pensamos que esta es una prueba de fuego para ver si el Estado puede o no respetar los deseos del pueblo venezolano».

¿Cómo puede Noriega abrogarse la encarnación de los deseos de nuestro pueblo?.
¿ Cuáles son los socios que acompañarán a Noriega en su propósito de agredir al pueblo venezolano?.
¿Cuáles son las instancias multilaterales que secundarán a Noriega en su pretendida aventura contra Venezuela? ¿Es esa instancia la OEA?.
De igual manera quisiéramos preguntar ¿ Favorecerá Noriega una salida constitucional, o, por el contrario, apoyará y promoverá — como lo hizo el 12 de febrero de 2002– un nuevo golpe de Estado en Venezuela ?.

Noriega alienta a los golpistas venezolanos. Noriega instiga a la oposición a desconocer la legitimidad de las instituciones democráticas. Noriega, por tanto, es un factor de perturbación para la democrática venezolana. La conducta antidemocrática de sectores de la oposición venezolana es respaldar y alimentada desde Washington.

En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitero ante el Consejo Permanente y la Comunidad Internacional, que si la oposición cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 72 de nuestra Constitución, habrá referéndum. Todos los venezolanos tienen plena garantía del Gobierno de que el proceso de reparos se desarrollará de manera impecable.

La Constitución es el texto supremo que nos guía. Y todos los venezolanos estamos obligados a cumplirla. Lo hemos dicho en otra ocasión: Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada. En ese sentido, el Artículo 72 establece los requisitos que deben ser cumplidos para revocar mandatos, ya que en mi país, en concordancia con ese artículo, «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables».

Precisamente, hace pocos días, se celebró el proceso de reparos para confirmar o negar la solicitud de revocatoria contra diputados que integran la Asamblea Nacional, tanto del Gobierno como de la oposición. Los resultados están a la vista. Fue un proceso transparente, limpio, signado por la tranquilidad y el orden. Reconocido, incluso, por los observadores internacionales. En ese mismo marco esperamos se realicen, a partir de mañana (viernes), los reparos para solicitar el referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La conspiración contra la democracia venezolana tiene ramificaciones diversas. Nacionales e internacionales.

Primero denunciamos en la OEA el financiamiento foráneo a la oposición venezolana. Después la existencia de un triángulo siniestro integrado por los golpistas de abril, grupos anticastristas anclados en Miami y paramilitares colombianos.

En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, queremos informar, que le hemos exigido al Secretario General de la OEA, doctor César Gaviria, el retiro inmediato de Fernando Jaramillo, como Jefe de la Misión Electoral de la OEA en Venezuela, dado que se ha colocado abiertamente al lado de la oposición, perdiendo su condición de observador imparcial.

De igual manera quiero declarar ante ustedes que mi país no reconoce al Gobierno de Estados Unidos, como parte del Grupo de Amigos. Este Gobierno está totalmente comprometido con la oposición, en un plan para desestabilizar las instituciones democráticas en Venezuela.

Nosotros no tenemos duda de que la OEA no se prestará para una aventura golpista e intervensionista contra Venezuela y el proceso revolucionario que lidera Hugo Chávez Frías.

Queremos asegurar ante ustedes que nuestras instituciones democráticas saldrán nuevamente robustecidas.. Hay actualmente absoluta normalidad en toda Venezuela. El Estado defenderá la paz de la República.

Nuestro pueblo ha optado mayoritariamente por una vía democrática y pacífica, para construir un nuevo rumbo histórico. La construcción de una patria libre y soberana, de justicia social y democracia participativa, no está en subasta. Por tanto, exigimos respeto para nuestra soberanía y autodeterminación.

El pueblo venezolano es un pueblo digno. Su historia está preñada de epopeyas libertarias que nos legaran los fundadores de la nacionalidad. A nombre de mi país, solicito del Consejo Permanente de la OEA, una definición sobre estos hechos intervencionistas.

En esta hora de la historia contamos con la solidaridad de los pueblos hermanos del Continente.

Muchas Gracias Señor Presidente
Washington, DC
27 de mayo, 2004″ (Gobierno en Línea, 31.05.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Iván Rincón, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia: Inaceptable injerencia de Noriega en asuntos venezolanos

El Estado de derecho implica, también, el respeto a la soberanía y el rechazo de cualquier injerencia que la amenace, en orden a determinar el cumplimiento de las potestades específicas de los poderes públicos, que deben actuar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico vigente, afirmó Rincón El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta, calificó de “inaceptables” las opiniones del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, por considerarlas una injerencia en los asuntos internos del país.

Ante declaraciones de Noriega, según las cuales “para nosotros, el número requerido de firmas para convocar un referendo revocatorio contra el Presidente de la República, Hugo Chávez, es suficiente”, el magistrado Rincón Urdaneta expuso lo siguiente:

“El estado de derecho implica el funcionamiento de sus instituciones conforme al principio democrático, lo que exige, por supuesto, el respeto a las decisiones de los poderes públicos conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes respectivas”.

  • El Estado de derecho – añadió- implica, también, el respeto a la soberanía y el rechazo de cualquier injerencia que la amenace, en orden a determinar el cumplimiento de las potestades específicas de los poderes públicos, que deben actuar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico vigente.

Sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la Hoja de Ruta de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, El Presidente del máximo Tribunal del país expresó que “contrario a lo dicho por el Sr. Noriega, significa respetar la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, y, especialmente, el funcionamiento, conforme a dicha institucionalidad, de los poderes públicos venezolanos, los cuales gozan de legitimidad y autonomía en ejercicio de su competencia”.

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, deplora las declaraciones del Subsecretario de Estado Roger Noriega, y lo exhorta a mantener una posición de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, y a no pretender determinar, con sus declaraciones, el juicio de las instancias venezolanas, en especial del Consejo Nacional Electoral, al cual únicamente compete pronunciarse sobre las diversas etapas del proceso referendario en curso.

(Tribunal Supremo de Justicia, 27.05.04, http://vargas.tsj.gov.ve/noticia_detallada.asp?id=022&id2=VARGAS&codigo=1081).

Del 17 al 29 de abril de 2004

Servicio informativo Nº 137

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO

01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol

CONTEXTO

Este 21.04.04, en una ceremonia celebrada en Lima, Perú, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe titulado «La democracia en América Latina. Hacia una Democracia de los Ciudadanos y Ciudadanas», el cual consiste en un estudio que abarcó a 18 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), sobre los que ofrece datos y análisis que ayudan a delinear y enmarcar la discusión sobre el futuro de la democracia en la región. El análisis que brinda este Informe es corroborado por una investigación que incluye una encuesta realizada a 18.643 ciudadanos/as de estos países latinoamericanos y entrevistas personales y confidenciales sobre el estado de las democracias en la región a 231 líderes, entre ellos presidentes y ex presidentes (Gobierno en Línea, 21.04.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/).

Según Mark Malloch, Administrador del PNUD, «el corazón del problema es que si bien la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces no son profundas (Gobierno en Línea, Ibíd.). Esta conclusión se apoya en los resultados de una encuesta hecha en mayo de 2002, la cual reveló que un 54,7% de los ciudadanos consultados dijo que apoyaría a un gobierno autoritario si éste resuelve sus problemas económicos y sólo 43% apoya la democracia (El Nacional, 22.04.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=84&id=42615).

Agrega Malloch que las razones de esta situación «están en el hecho de que, siendo la primera vez que la democracia se convierte en la forma de poder generalizada en el continente, subsisten problemas estructurales como la desigualdad, el desempleo, la pobreza y una muy débil estructura de factores indispensables para la gobernabilidad: una prensa libre, una sólida protección a los derechos humanos y un poder judicial independiente. Un signo alentador estriba en que, pese a la crisis, los países de la región no han buscado un regreso al autoritarismo. La población, se advierte, está en capacidad de distinguir entre la democracia como sistema de gobierno y el desempeño de los gobernantes en particular»(El Universal, 22.04.04, http://www.eluniversal.com/2004/04/22/22108A.shtml).

Afirmó Dante Caputo, coordinador del equipo investigador, que «la democracia en América Latina, requiere convertirse hoy en una democracia para el ciudadano, enfocada en los derechos sociales de calidad de vida, salud, educación, acceso a la justicia, y otros. La democracia electoral puede entrar en crisis si no resolvemos los otros problemas que demanda la democracia» (El Nacional, Ibíd.). Explicó que «no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia […] para resolverlo es indispensable hacer uso del instrumento más preciado que ella nos brinda: la libertad. Libertad para discutir lo que molesta, lo que algunos preferirían que se oculte. Libertad para decir que el rey está desnudo y tratar de entender por qué. Libertad para saber por qué un sistema que es casi un sinónimo de igualdad, convive con la desigualdad más alta del planeta, para saber si lo que discutimos es lo que precisamos discutir o lo que otros nos han impuesto, para saber cuáles son nuestras urgencias y prioridades» (Gobierno en Línea, Ibíd.).

A juicio de Provea, sería erróneo calificar estos resultados como expresión de un sesgo autoritarismo en la cultura política latinoamericana.

Para Provea la justicia social es otra forma de hablar de democracia y no algo distinto a ella. No existe una sin la otra, porque una democracia formal con profundas inequidades no es una democracia real, sino un modelo autoritario encubierto. La población, según el análisis de este estudio del PNUD, lo que plantea es la interdependencia y no jerarquización de todos los derechos humanos: es tan importante satisfacer el derecho a la salud, a la alimentación, a la no discriminación por origen étnico o social, a la educación, a acceder a un empleo, a la seguridad social o a la vivienda, como lo es satisfacer el derecho a elegir y ser elegido representante de un colectivo, expresar ideas u opiniones, acceder a un tribunal independiente e imparcial con adecuadas garantías judiciales. Tal como lo ha señalado Danilo Türk, Relator para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para respetar, proteger y cumplir estos derechos, es necesario un Estado Fuerte, que intervenga en la vida colectiva corrigiendo las inequidades. Este es un elemento central del debate político continental frente a las amenazas que representan los acuerdos de libre comercio impulsados por los EEUU, que implican la constitucionalización del debilitamiento del Estado en la región.

Según una fuente periodística, datos del informe señalan que en 2003, América Latina tenía 225 millones de personas, un 43,9% del total de su población, cuyos ingresos se situaban por debajo de la línea de pobreza. Esta situación, causada por el crecimiento económico insuficiente, las profundas desigualdades y acompañada por sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes, han provocado el malestar popular y socavado la confianza de los latinoamericanos en la democracia electoral. (El Universal, Ibíd.). La sociedad latinoamericana es la más desigual del mundo, se trata de un fenómeno que ha persistido a lo largo de las últimas 3 décadas. El contexto de libertad política y libertad de mercado no ha logrado el anhelado desarrollo económico. Todo esto se traduce en una crisis política expresada por la baja credibilidad de los partidos y la poca eficacia de los gobiernos. Así, 64% de los latinoamericanos creen que los gobernantes no cumplen sus promesas porque mienten para ganar las elecciones (El Universal, Ibíd.).

El informe también desarrolló un sistema para medir aspectos electorales como el derecho al voto y la transparencia. A contracorriente del tránsito de regímenes militares a democráticos experimentado en el Cono Sur y la democratización en América Central luego de los conflictos armados, el informe señala que los países andinos comenzaron a enfrentar «serios problemas que los llevaron, incluso, a poner en peligro sus regímenes políticos» (El Universal, Ibíd.). En este sentido, toma nota de las nuevas modalidades desarrolladas para desplazar del poder a los gobernantes a través de «formas que no siguen estrictamente las reglas constitucionales» (El Universal, Ibíd.) y cita como ejemplo el golpe de Estado en Venezuela ocurrido en abril de 2002.

«Bajo el criterio de que las democracias se derrumban cuando las fuerzas políticas autoritarias encuentran en la ciudadanía apoyo o pasividad, el informe publica los resultados de una encuesta realizada en mayo del 2002 sobre las percepciones ciudadanas acerca de la democracia.

La misma arrojó que 57% de los entrevistados prefiere a la democracia respecto de otro régimen, lo cual contrasta con el 61% que asumía la misma actitud en 1996. Y asienta que ‘esa preferencia no implica necesariamente un firme apoyo. En efecto, muchas de las personas que dicen preferir la democracia frente a otros regímenes tienen actitudes poco democráticas en relación con cuestiones sociales. En el año 2002, 48,1% que decían preferir la democracia prefería igualmente el desarrollo económico a la democracia y un porcentaje semejante (44,9%), que decía preferir la democracia, estaba dispuesto a apoyar un gobierno autoritario si este resolvía los problemas económicos» (El Universal, Ibíd.).

El informe establece una clasificación para analizar el fenómeno de las preferencias políticas: «no demócratas, ambivalentes y demócratas», aunque aclara que «estos últimos expresan a menudo actitudes contrarias a reglas básicas del régimen que dicen apoyar» (El Universal, Ibíd.). Al respecto, comenta el informe que «los demócratas fueron la orientación más extendida entre los latinoamericanos, pero no alcanzaron a formar una mayoría. Sumaron 43% en los 18 países de América Latina. Pero, para alcanzar el apoyo mayoritario a la democracia se depende de los ambivalentes (quienes expresan opiniones ambiguas y/o contradictorias) con 30,5%. Mientras que los no demócratas (quienes expresan opiniones contrarias a la democracia en todos los casos) alcanzan 26,6%» (El Universal, Ibíd.).

En cuanto a la opinión de los líderes latinoamericanos consultados, existe acuerdo en considerar que «nunca antes hubo tanta democracia en América Latina ni estuvo tan controlado el peligro del golpe de Estado, pero de todos modos la democracia está expuesta a fragilidades como las que derivan del bajo prestigio de los partidos y de la llamada crisis de la sociedad política» (El Universal, Ibíd.). Además, los líderes abogaron por una mayor participación del ciudadano que vaya más allá del hecho electoral y llegue a la definición de políticas.

Pese a que la intención del informe «no es evaluar los gobiernos o los países ni elaborar alguna suerte de ranking nacional de la democracia» (Gobierno en Línea, Ibíd.) la investigación estableció una división entre países con mayor y menor tradición democrática: en los primeros la tendencia es a que la participación se realice a través de los partidos, mientras que en los segundos se pregona la necesidad de hacerlo mediante organizaciones no gubernamentales e independientes (El Universal, Ibíd.).

Igualmente, los consultados consideran positivo el hecho de que los gobiernos están más controlados que antes, porque implica la presencia de una ciudadanía más atenta y decidida a hacer valer sus derechos. También se advierte una tensión entre los poderes institucionales y los fácticos. En ese sentido, la opinión mayoritaria considera que los grupos económicos, los medios de comunicación y el sector financiero predominan sobre los poderes constitucionales, factores extraterritoriales (por ejemplo, la Embajada de EEUU), fuerzas de seguridad y partidos. Según esta percepción, una quinta parte de los consultados atribuye a las Fuerzas Armadas una gran influencia, aunque consideran que han perdido peso debido a un proceso de desinstitucionalización y a disputas internas que «han minado el gran poder que tuvieron en el pasado» (El Universal, Ibíd.).

El Informe puede ser consultado en el sitio web del PNUD: http://www.pnud.org.ve/.

INVITACIONES A EVENTOS

Provea invita al público interesado a participar en el V Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) denominado “Ante el libre comercio, otra integración es posible”, el cual se celebrará entre el 28.05.04 y el 02.06.04, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en el municipio Chacao, Distrito Capital, Caracas.

Como es costumbre desde hace 5 años, Provea organiza la realización de este evento a fin de fortalecer los aspectos conceptuales y prácticos de la promoción y protección de los DESC. Para esta edición, los organizadores suman esfuerzos para analizar la incompatibilidad entre los principios que sustentan los Tratados de Libre Comercio (TLC) – ya firmados o por firmarse -, y los principios de los DESC.

Sobre este último aspecto, los organizadores consideran importante destacar que el reconocimiento de los DESC como derechos de igual categoría e importancia que los Derechos Civiles y Políticos, implica entender que los Estados tienen responsabilidades concretas con respecto al respeto, protección y garantía de estos derechos. Esta conciencia expansiva de los derechos humanos, puesta en manifiesto en la existencia de una serie de tratados en el ámbito normativo internacional y en constituciones nacionales, se enfrenta a un peligro proveniente de otra visión del mundo basada en la liberalización del comercio y la inversión. En ese sentido, este seminario pretende examinar los Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados y aquellos que están en vías de suscribirse en América Latina, a la luz del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos.

En este seminario los participantes abordarán los aspectos teóricos-conceptuales de los DESC; se dará cuenta de los mecanismos nacionales de exigibilidad de los DESC; del marco de protección de los DESC que brinda el Sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA); de la incompatibilidad observada entre los principios de los TLC y la doctrina internacional de los DESC; del actual estado de desarrollo de los TLC en algunos países del continente; del impacto que sobre algunos derechos tiene o tendrá la aprobación de los TLC; y, finalmente se explorarán las iniciativas continentales a favor de una integración fundamentada en los principios de derechos humanos.

El curso combinará una serie de estrategias a fin de garantizar la diversidad pedagógica. Entre ellas, conferencias magistrales, paneles de expertos, un foro público, discusiones plenarias y talleres.

Se espera la participación de personas provenientes de distintos sectores sociales interesadas en los ejes temáticos del seminario. En especial, la participación de representantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, academia, funcionarios del Estado, cooperativistas, pequeños productores, etc. Además de la pertenencia a estos sectores, para la selección definitiva de los/as participantes también se tendrá en cuenta la equidad de género y geográfica. El seminario cuenta con cupo para 60 participantes y el costo de la inscripción es de 25.000 bolívares.

Como siempre, Provea dispone de un número limitado de ayudas económicas, que será asignado de la siguiente forma:

  • Para grupos de derechos humanos del interior: hospedaje y traslado terrestre;
  • Para otros sectores sociales del interior: solo hospedaje.

Para llenar la planilla de preinscripción haga click aquí. El plazo de inscripción vence el 28.05.04. Las personas seleccionadas recibirán una confirmación a partir del 11.06.04.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), condenó el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hecho el 20.04.04, mediante el cual desconoce la protección jurisdiccional de los derechos sociales cuando estos involucran intereses difusos y el Estado sea el garante de tales derechos. Tal decisión del máximo tribunal se produjo como respuesta a una acción de amparo interpuesta por la Federación Médica Venezolana (FMV) contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en defensa de los derechos e intereses de la sociedad generalmente usuaria de los servicios de salud pública y particularmente, del gremio médico, y por incumplir su obligación de dotar efectivamente a los establecimientos hospitalarios y ambulatorios del país de insumos y medicamentos.

En primer lugar, el pronunciamiento de la Sala Constitucional reduce los derechos sociales a meras aspiraciones, violando el artículo 26 de la Carta Magna que reconoce a tales derechos como derechos humanos que gozan de protección judicial, incluso mediante la acción del amparo constitucional a favor de los intereses colectivos y difusos. La sentencia contradice criterios de la propia Sala en los cuales se había avanzado en la protección jurídica de los derechos sociales tal como quedo establecido en la conocida sentencia de los créditos indexados (caso Asodeviprilara vs. Superintendencia de Bancos, otras instituciones financieras e Indecu, del 24.01.02).

En este sentido, Provea destaca que el control jurisdiccional es determinante para avanzar hacia una justicia social efectiva y la satisfacción de los intereses generales de la población. Más aún cuando el control político no logra ser efectivo en el cumplimiento de los compromisos que la administración pública tiene en la realización de prestaciones que procuren la protección de la salud de la población y, principalmente, de las personas en condición de debilidad jurídica; ni tampoco en la satisfacción de los derechos sociales generadores de intereses difusos.

En segundo lugar, el reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional se fundamenta en una doctrina jurídica ya superada en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que divide los derechos en generaciones y los clasifica en distintos niveles de importancia. Por el contrario, actualmente dicho sistema se basa en el concepto de interdependencia, indivisibilidad y no jerarquización de los derechos humanos, ubicando en un mismo rango para la garantía de la dignidad humana a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. La jerarquización de los derechos que presupone la reciente sentencia de la Sala Constitucional conlleva a considerar que el Estado tiene más obligaciones en unos derechos que en otros, lo que provoca la desprotección de algunos de ellos contrariando el artículo 19 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

En tercer lugar, la sentencia de la Sala refleja una concepción neoliberal de los derechos sociales al plantear que los derechos sociales “no están en la esfera subjetiva del ciudadano”, es decir que estos derechos no son inherentes a la persona humana. De este modo, se restringe la obligación del Estado de satisfacerlos así como la posibilidad que tienen los ciudadanos de exigirle que los promueva, proteja y garantice. Esta concepción neoliberal se contradice con los artículos 2 y 3 de la Constitución, en los que se establece a Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia así como la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos establecidos en el texto constitucional.

Finalmente, a Provea también le preocupa que la decisión haya sido unánime y que los magistrados que expresaron una opinión avanzada en ponencias anteriores, no hayan salvado su voto.

Por todas estas razones, Provea considera que con esta sentencia la Sala Constitucional, en vez de amparar los derechos constitucionales, tal como lo exige su mandato, vulnera su protección y deja a los ciudadanos en una situación de indefensión frente a un Estado que ha demostrado no ser lo suficientemente diligente en el funcionamiento de la red pública de asistencia sanitaria (Provea, 22.04.04, http://www.derechos.org.ve).

No sólo Provea se ha posicionado formalmente ante este pronunciamiento del TSJ, Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), también se manifestó contra el mismo. Invitamos a los lectores a conocer la declaración de ACCSI en la sección DOCUMENTOS de esta edición del servicio informativo.

En el contexto de una asamblea abierta convocada por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), los representantes de las 7 organizaciones que participan en ésta hicieron público un comunicado en el que denuncian el empeoramiento de la situación vivida por los pacientes crónicos en todo el país, a causa de la crisis en el acceso a tratamientos y servicios médicos, responsabilidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Ministerio del Trabajo (Mintra), despacho a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente público a cargo de la dotación de medicamentos y del tratamiento de pacientes crónicos adscritos a la seguridad social.

En el documento se relata que, luego de 6 meses de diálogo con las autoridades públicas a cargo de la salud, «las excusas siguen siendo las mismas» (El Nacional, 23.04.04, pág. B/16; ver edición Nº 132 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). Además, no sólo se acusa a los entes públicos antes señalados «por la violación de los derechos humanos de más de 30.000 ciudadanos» (El Nacional, Ibíd.) sino que se cataloga como indiferente el comportamiento de la Defensoría del Pueblo y de otros poderes públicos ante esta problemática.

Al respecto, Asia Villegas, defensora especial de Salud de la Defensoría del Pueblo, precisó que su despacho «continuará trabajando con las mesas de diálogo y reuniones interinstitucionales con el fin de exhortar a agilizar y garantizar la dotación de medicamentos» (Últimas Noticias,23.04.04, pág. 3). Destacó la funcionaria que la tardanza en la entrega de insumos médicos para los enfermos crónicos se debe a lo engorroso que resultan los trámites en el MSDS y el IVSS, por lo que han planteado la «adjudicación directa de algunos renglones específicos de forma inmediata para medicamentos desabastecidos y la solicitud de financiamientos extraordinarios para el MSDS y el IVSS por parte del gabinete económico» (Últimas Noticias, Ibíd.). Esto implicaría la constitución de un fondo único que logre integrar diferentes organismos estatales, incluyendo un ente económico que acelere la dotación de los medicamentos requeridos.

Por su lado, José Delgado, director general de Salud del IVSS se excusó ante las acusaciones de Codevida arguyendo que «los retrasos que puedan presentarse en la entrega dependen de la disponibilidad del producto por parte de los laboratorios», puesto que «desde el pasado mes de diciembre se está comprando de contado lo que redunda en una reducción de los costos, al tiempo que permite la adquisición de mayor cantidad de medicinas, quedando por parte de las empresas la entrega a tiempo» (El Universal, 23.04.04, pág. 1/2). Específicamente acerca de este argumento, Feliciano Reyna, vocero de la organización Acción Solidaria, integrante de Codevida, comentó que la mala planificación en las compras de medicamentos por parte de los entes públicos a cargo del sistema de asistencia social incide en la crisis «porque algunos laboratorios se toman de 6 a 8 semanas en hacer sus entregas» (El Universal, Ibíd.)

Deisy Matos, coordinadora del Programa Nacional de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual del MSDS, negó que la denuncia de Codevida tuviera que ver con la gestión que su despacho encabeza acerca de la situación de los pacientes con VIH/SIDA. La funcionaria destacó que el MSDS «realizó una compra hace 3 meses, vía emergencia, para atender a todas las personas con esta enfermedad que estén registradas tanto en el ministerio como en el IVSS» (El Universal, 25.04.04, pág. 2/24).

Mientras tanto, Roger Capella, titular del MSDS, calificó como «muy circunstancial» (El Nacional, 24.04.04, pág. B/13) la falta de medicamentos para pacientes crónicos y desvirtuó las denuncias de Codevida aduciendo que «muchas veces hay pacientes que, en su buena fe son utilizadas por los mecanismos de manipulación de trasnacionales que se ven afectadas porque cuando compramos el genérico lo conseguimos a 10% del precio de la trasnacional» (El Nacional, Ibíd.). Igualmente, instó a las organizaciones y a los pacientes «a que acudan al ministerio para conversar los problemas y buscar soluciones en vez de generar una alarma, porque muchos pacientes pueden tener la sensación de que no existen medicamentos en el país y esa no es la realidad» (El Nacional, Ibíd.).

Ante esta situación, que una vez más es reseñada por este medio, Provea considera necesario exhortar a las autoridades sanitarias a que actúen en coherencia con lo contemplado en los artículos 83 y 84 de la Constitución, en los cuales el Estado asume la obligación de garantizar el tratamiento oportuno y una rehabilitación de calidad. Esto implica que el MSDS y el IVSS garanticen el suministro oportuno de medicamentos e insumos suficientes a todas las personas, particularmente a quienes estén afectados por enfermedades crónicas. La falta de aplicación de estas medidas deteriora irreversible y significativamente la salud y calidad de vida de estas personas.

Lamentablemente, la impunidad que existe en el funcionamiento irregular de los servicios públicos de atención médica en el país, imputables a fallas administrativas de los entes rectores y prestadores de estos servicios, corre peligro de agravarse con el reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que considera a los derechos sociales difusos (entre ellos, el de la salud) como meras aspiraciones o fines del Estado, desconociéndolos como derechos judicialmente tutelados (ver nota Provea condena doctrina regresiva para los derechos humanos de reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, en esta misma sección).

Según cifras del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV), ente adscrito al Ministerio de Planificación, en el año 2003 el gasto real por persona por concepto de Salud fue de 45.518 bolívares, un 11,7% menos que el alcanzado en el año 2002, cuando estuvo en 51.588 bolívares (Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela, 27.04.04, http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/salud/
gastopublicoensalud/sa05005/sa0500500000000/index.html).

Precisa una fuente periodística que aún cuando en 1999 el Gobierno incrementó las erogaciones al sector salud, las mismas no llegaron a estar en los niveles de 1997. Para ese año el gasto real por persona era de 53.026 bolívares mientras que el gasto público total en salud entre los años 1999 y 2002 registró tasas de crecimiento de entre 7 y 10%. En 2003 el gasto en salud ocupó el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un 0,2% menos que en 2002 .

Según la fuente periodística, el gasto público en salud se ha visto afectado por los pagos de deuda: cifras del Ministerio de Finanzas (MF) indican que «por el servicio de deuda interna y externa se erogaron 12,3 billones de bolívares, ello fue 4 veces más que la inversión en salud, que terminó en 2 billones de bolívares. Analistas expresan que el gasto en salud no ha sido proporcional con el gasto total debido al peso que tiene la deuda. En el presupuesto de 2003 la carga de la deuda fue 32%» (El Universal, 20.04.04, http://www.eluniversal.com/2004/04/20/20115A.shtml) .

Los datos del SISOV indican también que para el año 2003 el gasto público real por habitante en seguridad social fue de 105.576 bolívares, un 19,3% más en relación con el año 2002, cuando estuvo por el orden de los 88.470 bolívares (Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela, 27.04.04, http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores/seguridadsocial/gastopublicoenseguridadsocial/ss01015/ss0101500000000/index.html). Este indicador abarca a los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los de los regímenes especiales del sector público. En el caso del Seguro Social, el presupuesto del pasado año para las pensiones se incrementó debido al ajuste del 30% que decretó el Ejecutivo (El Universal, Ibíd.).

Precisó la fuente periodística que en 2003 el gasto total fue de 4,5 billones de bolívares y que, aunque fue mayor que en 2002, su peso fue bajo dado el tamaño del servicio de la deuda interna y la externa(El Universal, Ibíd.).

Informa la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela (RAPAL-VE) que el pasado 13.04.04, en el marco del “Encuentro para la Solidaridad con la Revolución Bolivariana” , realizado en Caracas, la organización internacional Vía Campesina entregó al Presidente Hugo Chávez, asistente al evento, una carta en la que le solicitó anular cualquier acuerdo que tenga el Estado venezolano para la producción y la comercialización de transgénicos u Organismos Modificados Genéticamente (OGM). En ese contexto, el Primer Mandatario «se comprometió a anular esos contratos» (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, 23.04.04, correo electrónico), una promesa que, según la fuente, fue confirmada en la edición Nº 189 de su programa radial televisado “Alo Presidente”, cuando se refirió al hecho de que «en Venezuela […] estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a los transgénicos, que le hacen mucho daño a la agricultura y sobre todo a la soberanía de nuestros pueblos» (Aló presidente Nº 189, 18.04.04).

La RAPAL-VE destacó que la carta de Vía Campesina entregada a Chávez, expresaba la preocupación sentida ante informaciones que aseguraban la existencia de un «acuerdo con Brasil para la siembra de soya transgénica de la empresa Transnacional Norteamericana Monsanto (soya transgénica Round-up-Monsanto) que pretende ser sembrada en la Mesa de Guanipa, Edo. Anzoáteguí” (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.). En dicha misiva, Rafael Alegría, secretario Operativo Internacional de Vía Campesina, denunciaba que «el proyecto pretendía llegar a una extensión de 100.000 hectáreas en el 2006 y entre los que impulsan el proyecto con varios millardos de bolívares se encuentra El Fondo Nacional para el Financiamiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable” (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.).

Alegría le recordó a Chávez que «importantes redes y movimientos sociales libran una dura lucha contra los OGM por considerar que estos no solamente son dañinos para la salud de los pueblos sino que pretenden controlar la biodiversidad, desarticular las economías campesinas indígenas y apoderarse del conocimiento humano. Todo esto bajo el control de algunas multinacionales norteamericanas y europeas” (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.).

Además, advertía Vía Campesina en su carta que «un acuerdo de tal naturaleza desnaturaliza y pone en entredicho los postulados de emancipación y rescate de la diversidad cultural y productiva de los campesinos e indígenas venezolanos. La soberanía alimentaria es el camino y no la producción y comercialización de OGM» (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.)

Por su parte, RAPAL-VE calificó la disposición del Primer Mandatario a encarar la problemática de los OGM como «un gran avance en la lucha contra la imposición de transgénicos de parte de las corporaciones transnacionales, en particular, Monsanto» (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.). Sin embargo, recordó que el gobierno venezolano no sólo ha hecho contratos con Brasil: «en un acuerdo reciente con Argentina, el segundo productor de soya transgénica en el mundo, se propone intercambiar petróleo por productos agrícolas que incluyen la soya que sería transgénica. Se sospecha que en el proyecto ‘Algodón’ que recientemente impulsa el Ministerio de Agricultura y Tierra, haya intenciones de utilizar semillas transgénicas de Monsanto que, según fuentes confiables, ha realizado ensayos ilegales en el país con algodón transgénico. Maíz y soya provenientes de los Estados Unidos también son transgénicos. Además, desde hace 2 años yacen denuncias en la Fiscalía General de la República sobre la comercialización en el país de soya transgénica, ‘carne’ y ‘leche’ de soya transgénicas y maíz transgénico. Por tanto, se tiene que ir más lejos y debe plasmarse esta decisión en un decreto presidencial que prohíba la liberación al ambiente, la importación, la producción y la comercialización de los organismos modificados genéticamente y sus productos. Por otro lado, se debe promover la agricultura tropical auténticamente sustentable» (Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos de Venezuela, Ibíd.).

Lorna Haynes, coordinadora de RAPAL-VE recuerda a una fuente periodística que desde hace 4 años «venimos exigiendo al Ministerio del Ambiente una prohibición sobre OMG para que Venezuela sea libre de transgénicos […] denunciamos a la ministra del Ambiente irregularidade gravísimas en la conformación de la Comisión Nacional de Bioseguridad y la ministra enseguida canceló su juramentación» (El Nacional, 27.04.04, pág. B/10).

Finalmente Haynes mostró su satisfacción por la aseveración presidencial e insistió en que todo lo que se haga en la lucha contra los OGM «es vital para la soberanía de la Nación y para defender el derecho de las generaciones actuales y futuras a una alimentación y agricultura no transgénicas» (El Nacional, Ibíd.).

Según Orlando Rivero, diputado del Movimiento Quinta República (MVR) presidente de la Subcomisión de Ambiente de la AN, en 2 meses podría aprobarse en 2º discusión la Ley Orgánica para la Disposición Final de Desechos Sólidos, que pasará a ser el marco legal para manejar la disposición de la basura, calificada a través de estudios recientes como el principal problema ambiental del país.

El legislador indicó que el documento se encuentra en el punto 14 de la agenda parlamentaria para ser discutido en un plazo no mayor de dos meses: «estamos solicitando una revisión especial y muy rápida para hacer un aporte que salió de la Asociación Nacional de Mancomunidades, el cual se basa en la creación de un fondo de inversiones exclusivo para la materia de proyectos, saneamientos y clausura de vertederos […]con la idea de darle un tratamiento de Estado a la situación, debido a que el pasivo es tan grande que las municipalidades no tienen la capacidad de resolver de manera eficiente el problema».(Panorama, 23.04.04).

Por su parte, Diego Díaz, presidente de la organización ambientalista Vitalis, considera que » su aprobación es trascendental para marcar estrategias orientadas a organizar la disposición de la basura» (Panorama, 23.04.04). Aunque existen ordenanzas y reglamentos, Díaz destacó que «este sería el primero con rango de ley en ser aprobado. Investigaciones recientes señalan que en Venezuela se requieren unos 200 rellenos sanitarios y apenas uno de los instalados cumple con los requerimientos.

En palabras de Liduvina Valderrama, especialista en ecoeficiencia y gestión ambiental responsable ‘la basura ha resultado ser el principal problema en los últimos tres años, por lo que resulta urgente la aplicación de una política de Estado que regule el manejo y aprovechamiento de los desechos’.

María Elisa Febres, especialista en derecho y desarrollo sustentable, indicó que la legislación ambiental del país es muy amplia, no obstante, la aplicación no es tan eficiente: ‘El derecho que tenemos a un ambiente sano está consagrado como un derecho humano. Iniciativas jurídicas no faltan, pero su aplicación debe ser menos débil’ (Panorama, 23.04.04).

Cabe señalar que en el área metropolitana de Caracas se generan unas 4.500 toneladas de basura diarias, mientras que en Venezuela la suma asciende a 18.600 toneladas diarias. Cada persona produce una media de un kilogramo de desechos por día. Un 43, 3% de los desperdicios se generan de las actividades domésticas, mientras que 23,5% se deriva de los comercios y empresas. Otro 10,4% corresponde a los mercados públicos, 10,6% a los parques y jardines y 1% del porcentaje sale de los hospitales.

Falta poco tiempo para que se cumpla el lapso que, por mandato constitucional, tienen el Estado para dar a conocer a los/as trabajadores/as el incremento del salario mínimo mensual que, en vísperas del 1º de mayo acostumbra a decretar el Ejecutivo Nacional. Lamentablemente, también se espera que la materialización de esta medida represente otra nueva ocasión en la que el Ejecutivo Nacional ignora lo estipulado en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que ordena al Ministerio del Trabajo (Mintra) “solicitar la opinión de las organizaciones de patronos y de trabajadores de la industria o rama correspondiente”, antes de “decidir el nombramiento de una Comisión de salarios mínimos”, así como también lo contemplado en los artículos 168, 169 y 170, que explican el procedimiento para la conformación de dichas comisiones (ver ediciones Nº 75, 91 y 116 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Respecto al monto del aumento esperado, sólo se ha pronunciado la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), la cual informó que esperaba reunirse esta semana para comenzar a «estudiar el nuevo aumento del salario mínimo nacional de los/as trabajadores/as del sector público y privado, el cual sería presentado como una propuesta al Ejecutivo con motivo del Día Internacional del Trabajador» (Globovisión, 20.04.04, http://www.globovision.com/economia/2004.04/20/salario/index.php). Por el sector sindical, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) ha anunciado que su aspiración es a un aumento salarial por encima del 27%, en correspondencia a la tasa inflacionaria del año 2003, mientras que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha propuesto un 30% (Globovisión, 18.04.04, http://www.globovision.com/economia/2004.04/18/salariominimo/index.php).

Además, Provea espera que, al menos, no se repita en esta ocasión otro de los vicios arrastrados por los últimos 3 decretos presidenciales de aumento salarial, relativo a la exclusión de los/as trabajadores/as domésticos/as del aumento salarial (ver edición Nº 120 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). En este sentido, Provea condena la mora jurídica a la que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado caer el recurso de nulidad del artículo 10 del decreto de aumento salarial del año 2003 Nº 2387, introducido por Provea el 02.07.03. Cabe recordar que Provea impugnó ante dicha Sala del máximo tribunal este decreto por excluir a las/os trabajadoras/es domésticas/os (choferes particulares, camareros/as, cocineros/as, jardineros/as, niñeros/as, lavanderos/as y oficios afines) de la aplicación de un aumento del salario mínimo obligatorio general, vigente desde el 01.07.03. Aún cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del TSJ, informó el 18.08.03 la admisión del recurso de nulidad interpuesto por Provea (ver edición Nº 124 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve), se desconoce el estado actual del proceso jurídico así como también si el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa llevó a cabo las diligencias subsiguientes a la admisión (remisión al Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y a la Dirección General del Despacho de la Presidencia, de las copias certificadas del recurso de Provea por parte). De modo que la falta de un pronunciamiento del TSJ acerca de este caso ha dejado impune el daño causado a los/as trabajadores/as domésticos/as, a lo largo de la vigencia del decreto salarial impugnado.

A la expectativa de la promulgación del nuevo decreto de aumento salarial, distintas mediciones y estadísticas realizadas por encuestadoras y firmas privadas ayudan a calcular qué monto se ajustaría al concepto de «salario suficiente establecido en el artículo 91 de la Constitución.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios Superiores Administrativos (IESA), sólo un 20% de los/as trabajadores/as se encuentra dentro del grupo de trabajadores con salario mínimo y un 42% percibe un salario por debajo del monto actualmente vigente del salario mínimo mensual (247.104 bolívares) (Globovisión, 18.04.04, http://www.globovision.com/economia/2004.04/18/salariominimo/index.php).

Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), calculó la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) para el mes de febrero en 303.813,96 bolívares y que el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación Venezolana de Maestros, señaló que para el mes de marzo el costo de la Canasta Alimentaria (CA) alcanzó los 467.418, bolívares mientras que la Canasta Básica Familiar (CBF), que comprende a la CA y a los gastos en bienes y servicios esenciales, alcanzó en marzo el 1.339.044 bolívares. Lo que revela que la capacidad adquisitiva de una familia promedio de 5 integrantes donde 2 de ellos/as perciban salario mínimo, se coloca en menos del 50% de la Cansta Básica Familiar (ver edición Nº 136 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

El mismo IESA advierte que «entre 1978 y el 2003 el ingreso real del trabajador cayó en 70%, siendo el periodo más severo entre 1984 y 1990 cuando sufrió un bajón de 54%» (Globovisión, Ibíd.). También Datanálisis expone su examen sobre los indicadores socioeconómicos. Afirma la firma encuestadora privada que «en estos momentos la capacidad de compra del salario mínimo se redujo 16% en comparación con abril del año pasado y un 38% desde 1998. Pero la crisis en los ingresos familiares se agudiza si se toma en cuenta que desde el año 1998 el salario mínimo ha sufrido una pérdida acumulada de capacidad de compra de 38%» (El Universal,26.04.04, http://www.eluniversal.com/2004/04/26/26102A.shtml).

Datanálisis señala que la clase E representa al 38% de la población y que el ingreso promedio de una familia que vive en este estrato es de 315.000 bolívares, tomando en cuenta que en promedio trabajan 1,6 personas en el hogar. Estos ingresos no son suficientes nisiquiera para adquirir la CAN, en la que se cuentan los requerimientos mínimos nutricionales para una familia de 4,6 personas. Según Datanálisis, para el mes de abril el costo de la CAN será de 365.000 bolívares, es decir, que el ingreso de una familia de clase E con respecto a este indicador tiene un déficit de 15,8%. Por otro lado, para que un hogar de clase E pueda cubrir el costo de la canasta básica, los ingresos de estas familias tendrían que incrementarse un 290%, según la firma encuestadora.

En el caso de las familia de estrato D, que representan al 43% de la población, sus ingresos promedios, calculados en 695.000 bolívares mensuales, son suficientes para adquirir la CAN, «pero sería necesario aumentar un 30% sus ganancias para que pudieran comprar la cesta básica cuyo costo es de 902.000 bolívares» (El Universal, Ibíd.).

Datanálisis considera que «la conjunción de elementos como una tasa de desempleo de 18,5% para abril [según cifras privadas], una economía informal que arropa al 55% de los trabajadores, una reciente devaluación de 20% y una inflación en el año 2003 de 27,1%, han hecho que los aumentos salariales aprobados el pasado año, se hayan diluido rápidamente» (El Universal, Ibíd.).

Con el fin de «adaptar sus sistemas de medición a la nueva realidad económica venezolana, que se comenzó a reflejar desde la década de los años 90 -y que se agravó con las crisis financieras y los fuertes rebotes inflacionarios de 1995 y 1996-» (El Nacional, 25.04.04, pág. A/20), el Banco Central de Venezuela (BCV) consideró necesario realizar el cálculo de la actividad económica que realizan aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector informal. De modo que en sus evaluaciones macroeconómicas añadirá aquel sector de la población en edad económicamente activa que se desenvuelve en la informalidad laboral. Partiendo de este nuevo indicador, y a través de las encuestas de hogares, el BCV ha determinado que 52% de quienes se desempeñan en sociedades no constituidas (que incluyen a profesionales que ofrecen sus servicios de forma independiente, así como a los/as vendedores/as o prestadores/as de servicios que laboran en la calle, es decir, aquellos que trabajan en el sector informal), contribuyen con un 14,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El peso de la contribución en el PIB del sector informal es significativo cuando se comprende que el sector comercio contribuye con un 3,2% del PIB y la industria manufacturera apenas con un 1,7%, según cifras del ente emisor (El Nacional, Ibíd.).

Pedro Emilio Coll, integrante del Programa de Actualización de las Estimaciones Macroeconómicas del BCV agregó que «para tener una idea de la magnitud del desarrollo de las actividades económicas de las empresas no constituidas, el aporte del sector agrícola en términos generales es de 5%, mientras que el sector construcción contribuye con 7% […] Además hemos logrado ser más precisos al medir la contribución del sector petrolero, porque mejoró la información a partir de la apertura petrolera de 1995. Para 1997 no aportaba 20,2% del producto interno bruto, como se divulgó, sino 18,7% […] En el sector manufacturero, como en otros sectores, era necesario actualizar las estructuras de producción (sacar las empresas que desaparecieron e incorporar nuevas) y al hacerlo en nuestra nueva medición se redujo en 2% su aporte al PIB» (El Nacional, Ibíd.)

En el BCV determinaron, además, que dentro de todas las categorías contenidas en las sociedades no constituidas, quienes más aportan son los vendedores que producen bienes; es decir, los artesanos. «Pero la contribución más importante del sector informal es en términos de empleo. Al determinar el valor agregado que se produce con la venta de sus bienes y servicios, tomando en cuenta los costos en que incurren y el ingreso que les queda, que resulta ser el excedente de explotación» (El Nacional, Ibíd.)

Finalmente, es necesario recordar que cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaron que para el 1er trimestre de 2002 los trabajadores informales representaban el 49,6% de la fuerza de trabajo, pero en un año (segundo trimestre de 2003, que es el último indicador disponible en el INE) este porcentaje aumentó a 52,8% (ver http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/semestral/
ResumenEjecutivo0402S2003.htm o edición Nº 136 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A la luz del inicio de los procesos de recolección de firmas para los distintos referenda revocatorios, el Foro por la Vida señaló en un comunicado (Provea, 19.11.03, http://www.derechos.org.ve) que, dada la naturaleza pública de las firmas, era posible que el uso publicitario de las mismas -en el actual contexto de confrontación y polarización política- atentara contra los derechos de quienes decidieron respaldar una u otra opción o que se abstuvieron de hacerlo.

Desde entonces, múltiples y variados han sido, en efecto, los hechos que han provocado, o querido provocar, violaciones a otros derechos humanos de estos ciudadanos.

En ese sentido, Provea le exige a los poderes públicos que ante la reciente publicación de estas firmas por parte de algunos medios de información masiva, que incluyen los cargos de los/as trabajadores/as firmantes, el peso que juegan en la administración pública y titulares y/o mensajes emplazando a las autoridades de la administración pública a despedir a estas personas de sus puestos de trabajo, arguyendo su posición política (Las Verdades de Miguel, 22.04.04, pág. 10); se abstengan de adoptar medidas que impliquen la vulneración del derecho a la no discriminación por orientación política, así como también, que ejecuten acciones preventivas contra posibles violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en la recolección de firmas de los referenda revocatorios.

Miguel Ulises Moreno, presidente de la Federación Campesina de Venezuela, denunció en rueda de prensa que han asesinado a 120 dirigentes campesinos en todo el país.

Las últimas 3 víctimas aparecieron asesinadas en Guanarito, Edo. Portuguesa, «2 semanas después que el Instituto Nacional de Tierras (INTI), entregó un fundo a varios campesinos en el municipio Baralt, Edo. Zulia» (Aporrea, 28.04.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=16109), Los líderess asesinados respondían a los nombres de José Israel RODRÍGUEZ (33), Leonel José RODRÍGUEZ (17) y Juan Bautista LIMA (31) y fueron hallados con 4 tiros en la cabeza cada uno.

Explicó Moreno que el sector en que aparecieron las víctimas es una «zona de conflicto por dotación de tierras, donde el Estado venezolano está promoviendo a través del INTI el otorgamiento de las cartas agrarias» (Aporrea, Ibíd.)

Agregó Moreno que los campesinos están siendo vilmente asesinados en actos de sicariato por recibir tierras por parte del Estado venezolano: «Nosotros presumimos que algunos de estos asesinatos los están cometiendo ‘tierra-cogientes’ que han acaparado grandes cantidades de tierras» (Aporrea, Ibíd.).

Recientemente Ricaurte Leonett, presidente del INTI, explicó que este organismo constituyó una Unidad de Defensa de los Campesinos, con la que espera atacar la acción del sicariato, así como garantizar la defensa jurídica de los proceso abiertos por la entrega de Cartas Agrarias a favor del campesinado (ver edición Nº 136 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Moreno recordó que «hace mes y medio nos asesinaron a otros 2 líderes campesinos : Gerardo DÁVILA y Pedro DORIA (padre), a ellos los mataron los paramilitares colombianos, nosotros creemos que ellos tienen complicidad interna con venezolanos, porque ellos no pueden transitar libremente si alguien no les facilita el apoyo logístico para que tengan donde resguardarse y cómo trasladarse» (Aporrea, Ibíd.). Destacó también que hace 1 semana asesinaron a Jacinto MENDOZA frente a la Federación Campesina del Edo. Portuguesa: «las investigaciones aún no han culminado pero personas vinculadas a los trabajadores del campo indican que en esta oportunidad fueron algunos terratenientes descontentos» (Aporrea, Ibíd.).

Moreno precisó que «le están solicitando a las autoridades competentes que nombren una comisión especial para que investiguen en profundidad todos estos asesinatos y se llegue a esclarecer cada uno de ellos» (Aporrea, Ibíd.).

Finalmente, Moreno solicitó a la fiscal superior del Edo. Portuguesa, «que de una vez por toda se pronuncie sobre todos estos casos que han afectado a tantas familias campesinas y aún no han sido resueltos» (Ibíd.).

Los recientes señalamientos dirigidos contra la aplicación del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6 al interior de la Fuerza Armada Nacional (FAN) dan cuenta, entre otros aspectos, de la naturaleza extemporánea de dicho instrumento disciplinario. Una fuente recuerda que el mismo se encuentra vigente desde el 31.01.49, fecha en que la Junta Militar de Gobierno la aprobó con la firma de Marcos Pérez Jiménez (Últimas Noticias, 18.04.04, pág. 29). El general retirado Enrique Prieto Silva subraya que «ese no es un reglamento, porque fue promulgado en el mandato de Marcos Pérez Jiménez y todo lo que salió de allí eran decretos-leyes. Ese instrumento no fue modificado por la Asamblea Nacional (AN), a la que le correspondía, en cambio, sí lo hizo el Ejecutivo, y fue publicado luego como reglamento. Es el único que existe y por el cual se rige la autoridad militar» (El Nacional, 16.04.04, pág. A/4).

El reglamento contiene 200 artículos, en los que se «especifican los tipos de falta (leve, mediana o grave), los justificativos, agravantes o atenuantes de una falta, la amplitud del castigo […] y los tipos de castigos disciplinario. Las reprimendas van desde amonestaciones, advertencias, presentaciones, servicios especiales, arresto en 4 modalidades: simple, en cuadra, severo y en fortaleza; represión privada o pública, hasta la suspensión o anulación de jerarquía y el destino a una compañía disciplinaria» (Últimas Noticias, Ibíd.). «En el Nº 155 se define el arresto severo […] El castigado con esa medida no puede salir de la sala disciplinaria -donde no puede leer, fumar ni tener útiles de escritura- salvo por ‘necesidades fisiológicas o por medida higiénica’. Si sale, debe hacerlo bajo vigilancia» (El Nacional, 18.04.04, pág. A/6).

Uno de los aspectos más señalados en las fuentes periodísticas acerca de este reglamento es que colide con el artículo 44 de la Constitución, en el que se expresa que ninguna persona puede ser detenida o arrestada sin que medie una orden judicial: A este respecto, Ángel Bellorín, coronel activo del Ejército y abogado, señala que «es ilegítima la privación de libertad sin la orden de un fiscal o un juez para un militar porque cometió una falta que ni siquiera es un delito […] En el caso de que se comprueba la comisión de un delito eso debería determinarlo un tribunal y la justicia castrense debe proceder a la reclusión de ese militar en un lugar especial para ello» (Últimas Noticias, Ibíd.).

Por su parte, Alfredo Ruiz, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, destacó que esta organización ha recibido no pocos casos de efectivos militares a quienes se les aplicó este reglamento, «en especial, los abusos se presentan en los rangos menores, entre soldados y reclutas. El problema radica en la impunidad y en la falta de transparencia de la justicia castrense. La justicia militar no debe ser secreta. Cuando se apruebe la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) debe reflejarse un cambio de paradigma que implica que todo lo militar no debe ser secreto» (Últimas Noticias, 25.04.04, pág. 30).

Según informó la Asociación Internacional de Lesbianas y Gay (ILGA), en el marco de su 60º sesión anual realizada en Ginebra entre el 15.03.04 y el 23.04.04, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) decidió diferir la resolución sobre Orientación Sexual y Derechos Humanos para la próxima sesión del año 2005.

Como se recordará dicha resolución fue presentada por Brasil en la sesión del año 2003 (ver edición Nº 115 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve), en la cual su discusión fue postergada. «Si hubiese sido votada, habría sido la primera resolución de las Naciones Unidas en mencionar y condenar la discriminación por orientación sexual argumentándola como violación a los derechos humanos», señala la fuente (ILGA Internacional Lesbian and Gay Association, 20.04.04, http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=2&FileID=39&FileCategory=21&ZoneID=21).

El embajador Mike Smith, quien presidió esta 60º sesión, señaló que no hubo objeción ni oposición al requerimiento de Brasil realizado el 31.03.04 para consultar dicha resolución. «Sin embargo, no se realizó ninguna votación y no hubo discusiones. La mayor preocupación consistía que en caso de votación, la resolución hubiera sido derrotada o completamente retirada de la agenda de las Naciones Unidas» (ILGA Internacional Lesbian and Gay Association, 20.04.04, Ibíd.).

«Por primera vez en la historia, la mayor coalición de activistas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) patrocinada por ILGA y otras organizaciones internacionales se presentó en las Naciones Unidas para dialogar con las delegaciones nacionales y asegurar que las voces de esta comunidad sean escuchadas. Esta postergación da a los activistas GLBT otro año para prepararse y luchar a fondo contra las fuerzas que se oponen a la resolución.

La petición de ILGA, que pudo reunir más de 45.000 firmas en apoyo a la resolución, permanecerá abierta hasta la próxima sesión en el año 2005. Para sumarse a esta iniciativa puede enviar por correo electrónico y/o fax, el siguiente modelo de carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país en la que se solicita al gobierno nacional votar a favor de la Resolución:

“De nuestra consideración:

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en su 59ma sesión en Ginebra votará una resolución sobre «Derechos Humanos y Orientación Sexual», que ha sido presentada por Brasil. La Resolución apunta a reconocer la existencia de la discriminación fundada en la orientación sexual y proteger a las personas afectadas por ella.

Quisiéramos ver a nuestro país entre aquellos que votarán a favor de la Resolución. Al hacerlo, estaremos posicionándonos entre quienes adhieren a los valores que forman la base misma de la legislación internacional en derechos humanos: la dignidad y la justicia para todas las personas, sin discriminación alguna.

Estaremos siguiendo las alternativas de la votación en Ginebra. Esperamos que la misma nos brinde la posibilidad de sentir orgullo de nuestro país.

Cordialmente,
(Nombre, organización, dirección)” (edición Nº 115 de este servicio informativo)
En este sentido, ILGA pidió oficialmente, este 16.04.04, al Grupo Latinoamericano y de El Caribe de las Naciones Unidas (Grulac) el co-patrocinio de la resolución brasileña.

ILGA destacó como un paso a favor de esta iniciativa el paso dado por Sergio Cerda, Ministro de Exteriores de Argentina que encabeza su delegación nacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU), de invitar a los activistas GLBT a exponer sus preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos basados en la orientación sexual y la identidad de género (ILGA Internacional Lesbian and Gay Association, 20.04.04, Ibíd.).

Provea no sólo se suscribe a la movilización iniciada por ILGA en el ámbito internacional a favor del derecho de las personas GLBT, sino que invita a los movimientos sociales y de los derechos humanos a sumarse a esta campaña. Para más información acerca de esta resolución, la puede consultar en la sección DOCUMENTOS de este servicio informativo.

En el marco de su 60º sesión anual realizada en Ginebra entre el el 15.03.04 y el 23.04.04, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) pidió la abolición definitiva de la pena de muerte, aprobando una resolución de la Unión Europea (UE) por amplia mayoría (28 votos en favor, 20 en contra, entre los que se cuentan Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Nigeria e India, y 5 abstenciones) (El Nacional, 21.04.04, http://www.el-nacional.com/#).

La resolución exige que todos los estados en los que está en vigor la pena de muerte la deroguen definitivamente y apliquen una moratoria de las ejecuciones. Además reclama que se limite progresivamente el número de infracciones sancionadas con la pena capital.

El texto ruega a los estados que recibieron una demanda de extradición de una persona condenada a muerte, que se reserven el derecho de rechazarla si no obtienen garantías de que no se aplicará la pena capital.

La resolución también pide que se inaplique la pena de muerte en los casos de menores de 18 años y de enfermos mentales.

La fuente, finalmente, cita cifras de Amnistía Internacional en las que se contabiliza un total de 1.146 penas de muertes aplicadas durante el año 2003, un 84% de éstas fueron registradas en China (al menos 726), Estados Unidos (65) y Vietnam (64). Actualmente, 78 países autorizan la pena capital en el mundo (El Nacional, 21.04.04, http://www.el-nacional.com/#).

ARTÍCULOS

”¿Qué tipo de obligación tiene el Estado con el salario mínimo mensual?

En su artículo 91, la Constitución consagra el derecho a un salario suficiente. Se define como tal al salario que permite a los/as trabajadores/as y a sus familias cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad.

Por ello, cada año el Estado ajusta los salarios para proteger el poder adquisitivo de los impactos de la devaluación y de la inflación. Van 2 años que esto se hace sin la conformación de la Comisión Tripartita. Y hasta ahora, la demora en la convocatoria hace temer por la violación, nuevamente, del artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo, que exige la participación del Ejecutivo, la organización sindical más representativa y al principal gremio de empleadores.

Para el nuevo aumento contemplado para este año, debe tomarse en cuenta que actualmente el valor de la Canasta Alimentaria (costo de los alimentos que cubren los requerimientos nutricionales) y el de la Canasta Básica (costo de los alimentos más los recursos para satisfacer otras necesidades básicas), están por encima del salario mínimo vigente. Además, el nuevo decreto de aumento deberá incluir a los/as trabajadores/as domésticos/as, que han sido excluidos de este beneficio desde hace 4 años» (Provea, 16.04.04, [email protected]).

“Son aquellos que generan obligaciones al Estado para con la sociedad y cuya satisfacción, protección y respeto debe amparar.

El derecho a la salud es uno de ellos y es catalogado por la Constitución como un derecho social fundamental. Con base a esta definición cualquier ciudadano/a puede exigirle al Ministerio de Salud o al Seguro Social, que garanticen una atención de salud adecuada y oportuna.

Cuando el Estado no es capaz de cumplir este compromiso, la Constitución facilita 2 vías para defenderlos: 1) la administrativa, exigiendo ante los entes de la administración pública nacional, estadal y municipal; y, 2) la jurisdiccional, presentando demandas ante los tribunales.

Precisamente, esta última fue negada por una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 20.04.04. En la misma se ignora el carácter fundamental que la Constitución le otorga a estos derechos, considerándolos como simples aspiraciones o principios rectores de la política social estatal. De este modo se le impide a los/as ciudadanos/as defender judicialmente estos derechos.

Por esta razón, las organizaciones sociales y a los/as ciudadanos/as debemos rechazar esta interpretación regresiva de los derechos e intereses difusos» (Provea, 23.04.04, [email protected]).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Año: 2003
Sinopsis: «La Oficina de Derechos Humanos este año retoma su publicación anual dedicada a la situación de los derechos humanos en el Estado Amazonas. El informe comprende el período Julio 2002 – Julio 2003. Observamos como la población sufre por la carencia de respuestas en cuanto a situaciones graves, como consecuencias de la minería ilegal, falta de servicios de salud, escasas oportunidades de educación básica y de educación superior en las comunidades, el deterioro del ambiente por la contaminación de aguas, suelo y aire» ([email protected]).

Autor: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Año: 2003
Sinopsis: «Junto con el crecimiento sostenido del desempleo y la pobreza, se multiplicaron la las organizaciones de desocupados que adoptaron distintas formas de reclamo y movilización. Los sucesivos gobiernos, lejos de adoptar políticas que permitan revertir la situación, profundizaron la exclusión y apilaron la emergencia con planes de asistencia social que se consolidaron como la moneda de cambio para controlar el descontento y desarticular temporalmente las protestas. Desde 1996 la criminalización judicial de las protesta social se ha concretado en miles de procesos penales al margen del derecho, con la única finalidad de de controlar ilícitamente la acción política en el campo popular» ([email protected]).

Autor: Lourdes Castro García
Año: 2003
Sinopsis: «La conciencia de integración Andina es ajena de los ciudadanos de la región. Tampoco el sector empresarial, dominado por los mercados financieros internacionales, tiene una conciencia orientada hacia el desarrollo regional. El estudio también se asoma a los acuerdos de libre comercio y otorga un especial interés al Área de Libre Comercio (ALCA)» ([email protected]).

Autor: Centro de Cooperación de Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL)
Año: 2003
Sinopsis: «Modelo de evaluación socioeducativa basada en la interpretación de la experiencia subjetiva de educadores y educadoras de jóvenes y adultos; La acción de la UNESCO, en América Latina y El Caribe, a favor de la educación de jóvenes y adultos» ([email protected]).

Autor: Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)
Año: 2002
Sinopsis: «En la imaginación social de muchas y muchos mexicanos el año 2000 representa un triunfo del movimiento ciudadano empeñado en avanzar hacia una sociedad más democrática e incluyente. Después de cuatro décadas de movimientos sociales que fueron construyendo ciudadanía y haciendo exigibles los derechos humanos, el cambio de partido en el gobierno, como fruto del respeto al voto, marca un momento para avanzar tanto en la democracia política a nivel de todo el país como para dirigir los esfuerzos sociales hacia una mejor distribución de la riqueza y el bienestar» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«En atención a la nota de prensa aparecida en la página web del TSJ y la noticia recogida en algunos medios de comunicación, referida a la decisión adoptada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, mediante la cual se declara no ha lugar recurso de amparo intentado por la Federación Médica Venezolana, en contra de la entonces Ministra de Salud y el presidente del IVSS, por conducta omisiva en perjuicio de los intereses y derechos difusos de la ciudadanía y en particular del gremio médico, se hacen las siguientes consideraciones.

Se diferencia acerca de la competencia del Estado no sólo como ente político territorial, sino como una unidad política a la cual los ciudadanos mediante pacto social le otorgaron ciertas potestades. De igual manera se pronuncia acerca de las diferencias existentes entre derechos sociales o de tercera generación, señalándose que los mismos se encuentran en el orden de constitutivos de principios orientadores y que por lo tanto no están en la esfera subjetiva del ciudadano, razón por la cual a criterio de la Sala, no es posible la exigencia del cumplimiento de esta categoría de derechos vía amparo, indicándose que su única forma de control es a través del control político, es decir mediante el sufragio.

No se acompaña el criterio que exclusivamente el control pueda realizarse mediante la vía política, manifestada a través del sufragio, ya que el mismo texto constitucional del año 1999, incorpora de forma transversal la participación ciudadana de diversas formas, dentro de las cuales el sufragio es una de ellas, pero se extiende además al control de la gestión publica, a través de asambleas de ciudadanos. Por otra parte, pareciera entenderse que los únicos funcionarios responsables son aquellos que fueron elegidos, y que pudieren eventualmente ser objeto de la sanción política, pero obvia la responsabilidad de aquellos que no son elegidos o escogidos por medio del sufragio, como es el caso del Ministro(a) de salud y Presidente(a) del IVSS, en este caso. Adicionalmente existen responsabilidades derivadas de la aprobación presupuestaria, asignación y transferencia de recursos, que nada tienen que ver con su empleo dentro del contexto de la descentralización de la salud, siendo de exclusiva competencia del nivel central, ello sin obviar que dentro de la conflictividad política que afecta al país, eventualmente las efectivas transferencias de recursos se ven afectadas por esta situación. En cuanto a la participación de la sociedad civil organizada, esta es no es tomada en cuenta, ya que se obstaculiza o niega su participación en la toma de decisiones como en todo el proceso desde el diseño hasta su ejecución de las políticas sanitarias.

Sin perjuicio de lo antes señalado, la finalidad por la cual se acude a un centro de salud, no es buscar responsables, sino la prevención y/o restitución de la salud, como derecho humano fundamental que forma parte del derecho a la vida, por lo cual lejos de resolver la grave crisis de salud que afecta a todos los ciudadanos(as) del país, la decisión pareciera abogar a favor de proteger las responsabilidades administrativas, sin suministrar respuesta efectiva a favor de un hecho por demás conocido, como es la crisis hospitalaria que mantiene en terapia intensiva a la población, en especial la de menores recursos. Aunado a ello, y en relación con las responsabilidades descentralizadas que eventualmente pudieren estar involucradas dentro de este contexto de salud, cabe preguntarse donde queda la responsabilidad del Estado en aquellos centros no descentralizados, y en definitiva, la responsabilidad ineludible del estado como ente rector del sistema nacional de salud. La actual situación que atraviesan los centros de salud descentralizados son las mismas que aquellos que no lo están.

La exhortación que se realiza para la realización de reuniones por parte de representantes de la Defensoría del Pueblo con las autoridades del MSDS y del IVSS conjuntamente con las instancias estadales y municipales, pareciera no ser otra cosa que una estrategia distraccionista que la experiencia anterior ha demostrado su ineficacia, pero que excluye la participación ciudadana y comunitaria en estas deliberaciones.

Este tipo de decisiones, no permiten que nuestra población vea llenos los anaqueles de los medicamentos que sus hijos e hijas, padres y hermanos requieren, porque con exquisiteces jurídicas no se salva la vida de un paciente. El último responsable entonces será el ciudadano(a), por haber realizado una errónea escogencia de su autoridad dentro de su región» (Acción Ciudadana Contra el SIDA, 22.04.04, [email protected])

«Los asistentes al Seminario internacional ‘La Deuda Externa y su impacto en los Derechos Humanos’, en el marco de la campaña ‘El Impacto de la deuda externa en el Desarrollo Humano en el Perú’ impulsada por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) – Capítulo Perú; conjuntamente con la Red Jubileo Perú y la Mesa Deuda y Desarrollo, contando con la participación de representantes de los capítulos de la Pidhdd de Bolivia, Ecuador y Argentina; de las Redes Jubileo de Ecuador y Bolivia; y expertos internacionales de los mencionados países, bien como con la presencia del Profesor Fantu Cheru, de la American University de Washington D.C., Ex Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y con la presencia de más de 200 líderes sociales, señalamos:

  • Reconociendo la importancia de analizar la situación de la deuda externa en la Región Andina y en el Mercosur, con el propósito de medir su impacto en el desarrollo humano y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la formulación de propuestas de desarrollo encaminadas a solucionar el problema de la deuda externa, e incorporar el debate de este tema en las agendas públicas de nuestros países, así como promover acciones y gestiones ciudadanas orientadas a enfrentar esta dura realidad;
  • Conscientes de que la deuda externa es un problema global que afecta a todos los países en desarrollo por igual, limitando sus posibilidades de crecimiento y con una incidencia que limita la realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, y cuyas secuelas se expresan en el deterioro de la calidad de vida de sus pobladores;
  • Comprendiendo que este problema se ha convertido en un ‘círculo vicioso’ para las economías de nuestros países, haciendo que cada vez se destine un mayor porcentaje de nuestros recursos fiscales para el pago de las obligaciones derivadas del endeudamiento externo;
  • Reiterando que los efectos de la deuda externa en términos económicos y, sobre todo, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestras poblaciones son graves, por cuanto los recursos que se utilizan para pagar el principal y los servicios de la misma, trae como consecuencia la imposibilidad de invertir en los programas sociales tendientes a cumplir con la realización de los derechos humanos, dando lugar a situaciones de frecuentes violaciones de estos derechos, afectando la dignidad de la personas y, con mayor incidencia, en aquellas de menos recursos por ser las más vulnerables de nuestras sociedades;
  • Remarcando que el problema de la deuda externa es sistémico y está ligado a los ciclos económicos globales; siendo que actualmente se manifiesta en las emisiones de bonos, principalmente globales, que la hacen más onerosa, incentivando así la adquisición de nueva deuda que es utilizada para seguir pagando la anterior, financiar el déficit fiscal, el gasto corriente, entre otros;
  • Recalcando que la problemática de la deuda externa se combina con nuevas prácticas de endeudamiento interno, que igualmente comprometen recursos públicos e in viabilizan el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos;
  • Preocupados porque el Banco mundial ha perdido el sentido original para el cual fue creado, ya que su postura actual es más conservadora, aplicadora de los programas de ajuste estructural y no responde a las demandas de los países miembros, sino a intereses particulares de los bloques económicos más poderosos;
  • Considerando la necesidad de iniciar procesos judiciales en tribunales nacionales e internacionales a efectos de obtener sentencias que impliquen a las autoridades públicas responsables de actos de corrupción en el manejo de negociaciones relacionadas con el endeudamiento externo de nuestros países, individualizar a los responsables y que califiquen dichas deudas como ‘corruptas’ y no generadoras de obligaciones a luz del derecho internacional;
  • Concientes de que los gobiernos vienen adoptando prácticas que apuntan a maximizar el valor presente de la deuda externa en dirección contraría al legítimo interés de los pueblos de gozar de sus derechos humanos, merced a prácticas que institucionalizan procesos de negociaciones basadas en ‘modelos de corrupción’, como se evidencian en varias de las negociaciones realizadas en las últimas décadas por los gobiernos de la región;
  • Reconociendo que en muchos casos la deuda externa es utilizada como instrumento político por los gobernantes frente a presiones económicas externas e internas;
  • Recordando que la repercusión interna de todo este fenómeno en nuestros países tiene como denominador común el permanente circulo vicioso de nuevos endeudamientos, constante que es alimentada por los grupos de poder económico como formas de resistencia a procesos de auténticas reformas tributarias en las que primen los principios de equidad y progresividad en las acotaciones tributarias;
    PROPONEMOS:
  • Reconocer que el problema de la deuda externa es un problema político y por ello es necesario desarrollar una estrategia política;
  • Seguir alentando una ciudadanía activa y vigilante en materia de deuda externa, desendeudamiento, lucha contra la pobreza, respeto a los derechos humanos y por el desarrollo sostenible. Para ello, se deben alentar los procesos de vigilancia, prevención y cuestionamiento de la deuda; plantear topes al endeudamiento en los que se respeten los derechos económicos, sociales, culturales y el desarrollo de los pueblos de la región, y que los recursos del desendeudamiento sean aplicados a la satisfacción y realización de todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que ponen como prioridad la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo integral;
  • Aportar a la construcción de nuevos indicadores que midan la sostenibilidad de las deudas externas, insistiendo por el análisis de factibilidad real de los proyectos de financiamiento. Evaluando si dichos proyectos podrán efectivamente generar desarrollo y no sólo represente un peso más a las economías de los pueblos;
  • Rescatar la experiencia argentina y sus grandes esfuerzos por gestionar su economía fuera de los parámetros del programa de ajuste del FMI; así como, ver la vinculación de estrategias al respecto con Brasil para promover una estrategia continental frente al problema de la deuda externa, la cual debe ser apoyada por el conjunto de nuestros países;
  • Diferenciar las deudas ilegítimas de las legítimas, a través de procesos transparentes, que cuenten con la participación de la sociedad civil. Además de impulsar la judicialización de las deudas ilícitas, ilegítimas y odiosas en vistas a su anulación y sanción a los responsables;
  • Proponer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento sobre la base de una solicitud de opinión consultiva, formulada por alguna de nuestras cancillerías, sobre los efectos de las políticas de ajuste y el pago de la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos de nuestros pueblos;
  • Desarrollar nuevas políticas económicas y financieras, que incluyan nuevas alternativas y nuevas instancias internacionales, tales como la creación de: (a) Un Banco Central Mundial que tenga autonomía en la toma de decisiones en materia de política monetaria mundial el mismo que esté supeditado a un sistema de gobierno democrático y equitativo por parte de los países; (b) Una Superintendencia Mundial de Bancos, una de cuyas tareas sería la de levantar el secreto bancario a nivel mundial, además de asegurar que los límites de crédito se encuentren dentro de parámetros internacionales justos; y (c) un código financiero internacional;
  • Vigilar que la deuda privada no se transforme en deuda pública y poner un límite al pago del servicio de la deuda externa de acuerdo con nuevos indicadores económicos y sociales de sostenibilidad de la deuda externa. Para ello, es importante impulsar referendums en nuestros países para lograr incluir los topes de pago de la deuda en nuestras constituciones;
  • Continuar con la labor de incidencia política de manera articulada entre los países de la región, orientada a un proceso de arbitraje justo y transparente de las deudas externas soberanas; mientras se establezca el mencionado código financiero internacional que regule los arbitrajes internacionales en esta materia;
  • Desarrollar una estrategia regional con enfoque en los derechos humanos, donde jueguen un papel importante los organismos promotores y defensores de los derechos humanos. Articular las propuestas, por el desendeudamiento de los movimientos de la sociedad civil del norte y sur del continente;
  • Enfocar estas propuestas dentro de la construcción de un nuevo orden económico mundial, con la característica de que los países tengan una representación justa en la toma de decisiones, entre otras, respecto de las agencias multilaterales de finanzas y comercio, que se encuentren dentro de la competencia del Consejo Económico y Social dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con los artículos 57, 58, 60 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas.

Lima, 12 de marzo del 2004″ (Plataforma Peruana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 21.04.04, [email protected]).

“La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención Contra la Tortura y Otros Castigos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño,

  • Recordando que el reconocimiento de la dignidad inherente y de la igualdad en cuanto a derechos inalienables para todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz mundial.
  • Reafirmando que la Declaración Universal de Derechos Humanos sostiene el principio fundamental de la inadmisibilidad de la discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los
    derechos y libertades en ella consagrados sin distinción alguna.
  • Afirmando que la educación en derechos humanos es fundamental para cambiar actitudes y conductas y promover el respeto por la diversidad en la sociedad.
  1. Expresa su profunda preocupación por la ocurrencia, en el mundo entero, de violaciones a los derechos humanos de las personas, fundadas en su orientación sexual.
  2. Subraya que los derechos humanos y libertades fundamentales son derecho de nacimiento de todos los seres humanos, que la naturaleza universal de esos derechos y libertades está más allá de todo cuestionamiento y que la orientación sexual no debe de ninguna manera invocarse para impedir el disfrute de tales derechos y libertades.
  3. Llama a todos los Estados a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual.
  4. Observa la atención dedicada a las violaciones a los derechos humanos fundadas en la orientación sexuales por parte de los mecanismos especiales en sus informes ante la CDH, así como por parte de los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de los
    tratados, y alienta a todos los mecanismos especiales de la CDH para que, dentro del marco de sus respectivos mandatos, presten la debida atención al tema.
  5. Requiere que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos preste la debida atención a las violaciones a los derechos humanos fundadas en la orientación sexual.
  6. Decide continuar considerando esta cuestión en su sesión septuagésima, bajo el mismo punto de agenda” (Centro Internacional de Investigación sobre Minorías Sexuales, 24.04.03, [email protected]).
Del 26 de marzo al 16 de abril de 2004

Servicio informativo Nº 136

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Conmemoración del asesinato de Martin Luther King Jr. (1968)
07 Día Mundial de la Salud
08 Día de Conmemoración del Holocausto
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

Entre el 24 y 26.03.04 se realizó en la ciudad de Pátzcuaro, México, el II Foro Euro-Latinoamericano-Caribeño de la Sociedad Civil, en el que participaron representantes de cerca de 90 organizaciones y redes internacionales con el fin de crear un espacio de diálogo y concertación para que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico y el combate a la pobreza, la equidad y la justicia social en el marco de las relaciones entre estas regiones, pudieran discutir los planteamientos que se elevarán ante los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y El Caribe que se reunirán en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y El Caribe a celebrarse en Guadalajara, México, los días 28 y 29.05.04.

El Foro fue convocado por la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Iniciativa de Copenhague para el Centro América y México (CIFCA), Eurostep, Grupo Sur Europeo, y las organizaciones mexicanas Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), DECA Equipo Pueblo, Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) con la colaboración de 11.11.11 (Bélgica), CordAid, Hivos, ICCO y Novib (Holanda), la Comisión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Gobierno del Edo. de Michoacán

En el evento las organizaciones participantes plantearon la necesidad de emplazar a los gobernantes de las regiones a convertir la III Cumbre en una plataforma para el avance de una asociación estratégica más justa, democrática y solidaria. Para ello, demandaron a los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en Guadalajara, tener en cuenta las consideraciones que forman parte de la Declaración de este II Foro, de la cual ofrecemos un resumen ejecutivo que puede leer en la sección DOCUMENTOS de este servicio informativo y cuya versión íntegra se puede consultar en el sitio web: www.alop.org.cr.

En específico, el foro evaluó los avances registrados en la construcción de la anunciada Asociación Estratégica ente estas regiones, propiciada en la anterior Cumbre de Madrid y, en este sentido, formuló recomendaciones sobre algunos de los temas principales que forman parte de la agenda de la Cumbre de Guadalajara: la cohesión económica, el combate a la pobreza, la equidad y la justicia social en América Latina y El Caribe.

Por Venezuela participaron a la cita el Grupo Social Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y Provea. La difusión de esta Declaración ante las autoridades públicas, organizaciones sociales, instituciones académicas, de los países que asistirán a Guadalajara, es importante para dirigir su interés hacia la promoción de unas relaciones más justas y solidarias entre nuestras regiones. (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, 02.04.04, [email protected]).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Cumpliendo con su misión de promoción, investigación y formación en derechos económicos, sociales y culturales (DESC), Provea añade a su producción bibliográfica 2 nuevas publicaciones en las que trata la materia. La primera de ellas, Instrumentos para la protección y defensa del derecho a la salud. Textos jurídicos, teóricos y otros recursos para la protección y defensa de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, es una compilación de documentos y herramientas de la doctrina internacional sobre DESC vigentes en el país. Esta publicación corresponde al volumen Nº 7 de la Serie Aportes y con ella Provea aspira facilitar a sanitaristas, dirigentes comunitarios/as, académicas/os, funcionarios/as públicos/as, activistas de derechos humanos y público interesado un acceso organizado a estos instrumentos jurídicos, con el objeto de promover una reflexión de los temas relacionados con la salud desde la perspectiva de los derechos humanos.

Por otro lado, ALCA y derechos humanos: Dos visiones incompatibles. Memorias del IV Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, corresponde a la sistematización de las jornadas que constituyeron el IV Seminario de Formación en DESC, organizado por el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd) y Provea. Vale recordar que este seminario, en su edición del año 2003, se dedicó al impacto que sobre las garantías de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos tendría la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio para Las Américas (ALCA). Estas memorias contienen las ponencias, las discusiones desarrolladas en las mesas de trabajo, las evaluaciones de cada grupo de trabajo, las plenarias y, finalmente, la apreciación general del evento. Tal como se destaca en la presentación del texto, el seminario permitió conocer experiencias de pérdida de derechos en los países donde se aplican tratados de libre comercio similares al que plantea el ALCA así como el trabajo concreto de movimientos sociales y personas de esos países, frente a la amenaza que representan estos acuerdos comerciales para sus conquistas sociales y el goce de sus derechos humanos.

Ambos libros pueden ser consultados en el Centro de Documentación Todos los Derechos para Todos, de Provea, ubicado en su sede de la parroquia Altagracia de Caracas, edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6, planta baja y próximamente en el sitio web de la organización: http://www.derechos.org.ve. Instrumentos para la protección y defensa del derecho a la salud, tiene un precio de 21.000 bolívares, mientras que ALCA y derechos humanos tiene un costo de 27.000 bolívares. También pueden adquirirse juntos a un precio de oferta de 38.000 bolívares, incluyendo los gastos del envío a cualquier parte del país. Para alguna otra información consúltenos por el correo-e: [email protected]; o por los teléfonos: 0212 862 53 33/ 862 10 11/ 860 66 69 (Provea, 13.04.04, http://www.derechos.org.ve).

Los habitantes de Nueva Tacagua continúan sufriendo la desidia del Estado venezolano, que durante más de 15 años ha sido incapaz de dar respuesta oportuna y adecuada a los reclamos de estas familias.

A finales de la década del 70, el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) vendió un conjunto de apartamentos y casas ubicadas en el sector Nueva Tacagua de Caracas, las cuales fueron construidas en terrenos que resultaron ser de alta inestabilidad (ver edición No. 10 del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los derechos Humanos en Venezuela. Octubre 1997-Septiembre 1998, en http://www.derechops.org.ve). Pese a que hace más de 15 años se detectaron las irregularidades topográficas, las autoridades no adoptaron las medidas para evitar que se produjeran deslizamientos ni para fortalecer las estructuras de los edificios y casas. Cuando la situación se hizo dramática y empezaron a derrumbarse las viviendas, el Estado decidió que había que desalojar a más de 3.000 familias afectadas. También decidió no invertir en la zona y el resultado de estas medidas es que hoy estas familias están sometidas a un total abandono.

Hace 5 años el presidente Hugo Chávez, en un acto simbólico ordenó implosionar 2 de los edificios afectados y prometió que en un año las familias tendrían viviendas dignas. La realidad es que tales promesas no han sido cumplidas.

El INAVI pretende indemnizar a las familias propietarias cancelándoles la suma de 8.000.000 de bolívares y les ofreció, además, viviendas a crédito, de menor calidad y espacio, en otro sector fuera de Caracas.

Provea considera que lo ajustado a derecho es que se le otorgue a los/as afectados/as una vivienda de igual o mejor calidad, y en la medida de las posibilidades en la ciudad de Caracas, donde trabajan, estudian y tienen sus relaciones interpersonales. Igualmente, el Estado deberá reconocer las inversiones en bienhechurías hechas por los propietarios a sus viviendas a lo largo de estos años. También deberá realizar estudios integrales para determinar las posibilidades de estabilización de algunas de las terrazas menos afectadas.

En cualquier caso, mientras se efectúan las reubicaciones de las familias o se estabilicen las terrazas, tanto el INAVI como la Alcaldía del Municipio Libertador, deberán realizar inversiones para mejorar las estructuras, la viabilidad, el aseo urbano y otros servicios de manera tal que se restituyan los derechos sociales vulnerados y se recupere la calidad de vida de los habitantes.

Es importante destacar que bajo el lema «NUEVA TACAGUA SE RESPETA», los habitantes reiniciaron un interesante proceso de organización con la finalidad de luchar por una reubicación digna y la posibilidad de recuperar algunos de los edificios que presentan mayor estabilidad.

Ante la cercanía de la lluvia es urgente que la Corporación de Asuntos Municipales de la Alcaldía Libertador realice la limpieza de los canales, torreteras y desagües de la zona. También la Gerencia de Riesgos de este municipio debe designar un equipo de funcionarios que hagan un seguimiento continuo de los deslizamientos para garantizar una alerta temprana ante el posible derrumbe de algunas de las edificaciones.

Provea considera igualmente necesario que el Ejecutivo Nacional dicte un decreto que declare zona de emergencia a este sector, distribuya responsabilidades para distintos entes del Estado y establezca un presupuesto especial que permita resolver de manera adecuada toda la problemática. La gravedad de la situación de los vecinos de Nueva Tacagua exige el trabajo mancomunado de las autoridades, no se puede dejar sólo al INAVI la búsqueda de soluciones para estos ciudadanos/as y no puede simplificarse el problema sólo a una situación de desalojo y reubicación, sin considerar los problemas de salud, educación y trabajo. Pretender manejar este caso como una situación de damnificados es un enfoque errado de las autoridades a cargo porque se trata de propietarios que adquirieron vivienda del Estado confiados en que se les vendía una solución habitacional de calidad donde podían construir su futuro y el de sus hijos (ver también edición Nº 113 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, manifiesta su preocupación por las situaciones de coacción que se han venido presentando, que vulneran el libre ejercicio del derecho a la participación política, los derechos laborales y el derecho a la no discriminación, entre otros, al existir acciones de retaliación y presiones de diversa índole, tanto por participar o por abstenerse de hacerlo en las fases pasadas, como por presumirse el ejercicio del derecho (activa o pasivamente) en las fases futuras de los distintos procesos de referendos revocatorios.

Al respecto consideramos importante que se haga las correspondientes denuncias. Ofrecemos nuestros oficios para orientar a quienes estén siendo víctimas de estos hechos, y para recolectar las denuncias con miras a establecer patrones, que permitan ejercer posibles acciones.

Las manifestaciones sobre estos hechos que han sido presentadas de manera informal deben ser documentadas suficientemente, para hacerles seguimiento, y de esta manera poder ofrecer respaldo a quienes estén siendo víctimas de presiones, por parte de funcionarios o personas afectas a la oposición o al oficialismo, para que se sientan en libertad de ejercer su derecho a la participación política.

Alentamos a quienes se sientan víctimas a comunicarse a través de los siguientes medios:

  • Teléfono: (0212) 407.45.26 ó 407.44.34; Fax. 407-4397;
  • Correo electrónico: [email protected].

Suscriben este comunicado:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve); Comité de Familiares de Victimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana Humana Dignitas; Oficina de Derechos Humanos de San Fernando de Apure; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, 02.04.04, [email protected]).

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avaló el 333º Informe del Comité de Libertad Sindical (CLS), en el marco de las jornadas que formaron parte de su 289º sesión celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 11 y el 26.03.04.

En dicho informe, el órgano de la OIT trató diferentes casos venezolanos elevados ante esta instancia. El primero de ellos fue el caso Nº 2088, en el que se trata la queja contra el Estado venezolano presentada por el Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) por despidos y procedimientos disciplinarios contra dirigentes sindicales en el Poder Judicial, obstáculos a la negociación colectiva, limitaciones al uso de la sede sindical de la organización querellante, detención de un dirigente sindical y vigilancia a un dirigente sindical (Organización Internacional del Trabajo, 19.03.04, http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb289/pdf/gb-9.pdf).Con respecto a este caso, el CLS pidió al Gobierno Nacional que se le mantenga informado de la evolución del mismo. Igualmente, instó al Estado que medie entre las partes con miras a obtener el reintegro en sus puestos de trabajo de los dirigentes sindicales despedidos por el Poder Judicial (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

El otro caso revisado por el CLS es el Nº 2249, que tiene que ver con la queja presentada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (Unapetrol) y la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) contra el Gobierno de Venezuela por «el asesinato de un sindicalista; negativa de registro de una organización sindical; declaraciones hostiles de las autoridades contra la CTV; auto de detención contra el presidente de la CTV; promoción de una central paralela por las autoridades; obstáculos a la negociación colectiva en el sector del petróleo; órdenes de detención y procesamiento penal de dirigentes sindicales; despido de más de 19.000 trabajadores por sus actividades sindicales; incumplimiento de convenciones colectivas; injerencias de las autoridades y de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y actos antisindicales; lentitud de los procedimientos por violación de los derechos sindicales; negociación con organizaciones minoritarias de empleados públicos dejando de lado las más representativas; y acciones de las autoridades para dividir las organizaciones sindicales» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

En lo que respecta al asesinato del Numar HERRERA, miembro de la Federación de Trabajadores de la Construcción, durante la marcha del Día de los Trabajadores del año 2003 por un particular que se encuentra detenido y procesado, el CLS subrayó que la libertad sindical «sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona y pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de la sentencia que se dicte sobre este asesinato» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.). El CLS también pidió al Gobierno que indique claramente si en la marcha de ese 1º de mayo resultaron heridos otros trabajadores, tal como lo señala en su queja la CIOSL.

Sobre los actos de violencia contra un grupo de trabajadores de la empresa Panamco de Venezuela S.A., efectuados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) el 17.01.03, en el contexto del paro general convocado por la CTV, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y sectores de la oposición, el Comité urgió al Gobierno a realizar una investigación independiente sobre las detenciones y torturas de que fueron víctimas algunos dirigentes del Sindicato de la Industria de Bebidas del Edo. Carabobo, por protestar contra el allanamiento de la empresa y el decomiso de sus bienes (sobre este caso, consulte la edición Nº 109 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Acerca del alegato relativo al auto de detención contra Carlos ORTEGA, ex presidente de la CTV, por la presunta comisión de delitos políticos (traición a la patria, instigación a delinquir, etc.) y el alegato según el cual «el Presidente de la República se niega a reconocer a los directivos de la CTV, promueve la creación de una central de trabajadores afecta a su partido y realiza declaraciones públicas hostiles contra la CTV y sus dirigentes en el contexto del paro cívico nacional iniciado el 2 de diciembre de 2002», el CLS deploró el retraso en el envío de una respuesta gubernamental a estos alegatos e informa que la misma será examinada en su reunión de mayo-junio de 2004 (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

Sobre la queja elevada por Unapetrol contra «la negativa del Ministerio de Trabajo (MINTRA) de registrar a la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (Unapetrol), a pesar de haber entregado la documentación pertinente el 3 de julio de 2002, y en cuanto a la solicitud del Ministerio a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de que describiera las funciones que desempeñaban los promotores de Unapetrol,»(Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.), el CLS deploró que el MINTRA haya comunicado el nombre de los integrantes de dicha organización a PDVSA así como la demora del proceso administrativo de registro de dicha organización como sindicato «en parte por retrasos en razón de un recurso judicial introducido por Unapetrol pero en gran parte por retrasos y trámites administrativos y por no haberse señalado con precisión qué pasos concretos debía dar Unapetrol para poder ser registrado» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.). Al respecto, el CLS exhortó al MINTRA a buscar mecanismos más expeditos para que el procedimiento de registro de sindicatos sea más ágil y transparente y pidió al Gobierno iniciar contactos directos con los integrantes de Unapetrol a fin de encontrar solución al problema de su registro así como que se le mantenga informado sobre el caso.

En cuanto al alegado despido de más de 18.000 trabajadores de PDVSA y sus filiales, incluidos los afiliados a Unapetrol, desde comienzos del paro general de diciembre de 2002, el CLS deploró la medida y la calificó de precipitada y desproporcionada porque la aplicación de tales sanciones «se presta a abusos y destruye las relaciones laborales» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.). En este sentido, pidió al Gobierno que le comunicara el resultado de las acciones judiciales emprendidas por los despedidos y el inicio de negociaciones con las centrales de trabajadores más representativas para encontrar solución a estos despidos masivos. En su informe, el CLS sugiere que a los afiliados de Unapetrol despedidos se les aplique «el artículo 94 de la Constitución, que prevé que los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.). Igualmente, pidió al Gobierno que le informe al respecto y que envíe observaciones sobre el alegado incumplimiento de las normas legales y de las normas de la convención colectiva sobre el procedimiento de despido.

Adicionalmente, el CLS se pronunció acerca del proceso de desalojo aplicado por el Estado sobre los ex trabajadores de PDVSA y sus filiales. Al respecto instó al Gobierno a examinar con las organizaciones sindicales dichos procesos «con miras a encontrar solución a este problema y le pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

Con respecto a la alegada «represalia antisindical consistente en que la empresa PDVSA ha solicitado por escrito a sus empresas afiliadas y a una empresa chipriota que no contraten a los trabajadores despedidos, el Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido a estos alegatos y le pide que realice sin demora una investigación independiente al respecto y si se constata la veracidad de los alegatos se indemnice adecuadamente a los trabajadores perjudicados» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

Respecto a las órdenes de captura emitidas el 26.02.03 contra miembros afiliados a Unapetrol, a solicitud del Ministerio Público, por presuntos actos de sabotaje y daños a instalaciones de la empresa PDVSA ,así como por presuntos delitos políticos, el CLS deploró que el Gobierno no haya respondido específicamente a estos alegatos y le instó a enviar sus observaciones al respecto urgentemente. Sobre el alegado hostigamiento sistemático (amenazas verbales y escritas a través del correo electrónico de la Intranet; desplazamiento de personal calificado por razones políticas; persecuciones y espionaje; decisiones arbitrarias que afectan la estructura y funcionamiento de PDVSA y sus filiales) dirigido contra los trabajadores petroleros por parte de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de la empresa, el CLS lamentó que el Gobierno no haya respondido a tales alegatos.

El último caso tratado por el informe del CLS fue la queja que la Federación Única Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) elevó ante dicha instancia por las presuntas trabas puestas por el MINTRA en la inspección del IV proyecto de convención colectiva presentado por este sindicato, imponiendo «exigencias más allá de la ley o prácticamente imposibles de cumplir en el plazo fijado y rechazando posteriormente el proyecto» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.), así como la consecuente aceptación de otro proyecto (que a la postre se convirtió en convención colectiva) proveniente sólo de 6 de los 17 directivos de Fedeunep que paralelamente constituyeron la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), presuntamente avalada por el oficialismo y el MINTRA. Acerca de este caso, el CLS lamentó que el Gobierno no respondiera a los respectivos alegatos y le instó a enviar sus observaciones (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.). La última queja elevada por Fedeunep que se trató en este informe fue la apertura de expedientes disciplinarios a 2 de sus dirigentes y respecto al cual el Gobierno no ofreció respuesta alguna.

El CLS concluyó su informe sobre la situación de la libertad sindical en el país subrayando su preocupación «por la situación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en Venezuela y urge al Gobierno a que aplique todas sus recomendaciones sin demora» (Organización Internacional del Trabajo, Ibíd.).

Finalmente, invitamos a los lectores a conocer la opinión de Provea sobre los hechos tratados por este informe, en el capítulo Derechos Laborales del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Octubre 2002/Septiembre 2003, que puede consultar en http://www.derechos.org.ve.

En la edición Nº 135 de este servicio informativo (ver en http://www.derechos.org.ve), se trató el tema del proceso de cancelación de prestaciones sociales por parte del Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales, dependiente del Ministerio de Finanzas (MF). En dicha oportunidad, se calificó como positiva la decisión del gobierno de honrar las deudas con los trabajadores de la administración pública al tiempo que señalábamos “que la mora estatal con sus trabajadores aún continua” (Provea, 24.03.04, http://www.derechos.org.ve). La información del MF hacía referencia a que “durante enero y febrero de 2004 el Estado venezolano canceló 53 mil 639 millones 488 mil 963 bolívares por concepto de prestaciones sociales a 5.160 funcionarios egresados de la administración pública central” (Provea, Ibíd.).

No obstante, una trabajo reporteril publicado en un diario de circulación nacional advirtió que fuentes oficiales anuncian que «el Ejecutivo Nacional tiene previsto retomar la atención de los pasivos a partir del próximo año» condicionando “los pagos de los pasivos laborales […] a la cancelación del servicio de la deuda interna y externa [y que los mismos se reanudarían] a partir del próximo año” (El Universal, 14.04.04, http://www.eluniversal.com/2004/04/14/14168A.shtml). Según la autora del reportaje, estas fuentes oficiales indican además «que para poder efectuar ese pago se tiene que crear adicionalmente un marco legal».

De confirmarse estas advertencias, tales medidas representarían un cambio de estrategia política del Gobierno Nacional de cara al tema de los pasivos laborales e implicarán la intervención de factores que los actores políticos involucrados no habían contemplado. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley de pasivos laborales que según las fuentes oficiales citadas ahora es requerida para honrar las deudas con los trabajadores públicos. De ser cierto esto, cabe destacar que el MF, hasta ahora, no ha presentado para su discusión y aprobación proyecto de ley alguno ante la Asamblea Nacional (AN) . En este sentido, es significativo que la reportera infiere que el MFno incluyó la partida en la ley de endeudamiento de 2004 destinada a la cancelación de los pasivos laborales, tal como lo venía haciendo desde el año 2001, «debido a que se suponía que el titular de las finanzas públicas presentaría la ley, pero no lo hizo» (El Universal, Ibíd.).

De ser cierta esta observación, la inclusión de estas nuevas condicionantes representará un retroceso en el proceso de pago de la deuda con los trabajadores, vale decir, adicional a la tendencia que desde el pasado año sigue el MF de recortar la partida reservada a los pagos de la deuda. Sobre este aspecto, el reportaje recuerda que para este año 2004, «de los 1,06 billones de bolívares que se habían programado, 560 millardos de bolívares se destinaron a cumplir con los pasivos laborales y los 500 millardos de bolívares restantes fueron para el servicio de deuda interna y externa» (El Universal, Ibíd.). A la luz de estos hechos, desde la perspectiva de los derechos laborales se puede cuestionar que, en su jerarquización presupuestaria, el Ejecutivo Nacional priorice entre otros asuntos, como por ejemplo, el pago de la deuda externa e interna, supeditándolos al pago de los pasivos laborales, que son un derecho adquirido de los trabajadores.

Esta medida indudablemente ya implica un cambio de orientación en la correcta política de saldar la deuda con los trabajadores adelantada desde el año 2000 y, en opinión de Provea, tal giro debe ser revisado por el Gobierno Nacional, impugnada por la Defensoría del Pueblo y cuestionado por las organizaciones sindicales, por atentar contra los derechos laborales.

Por esta razón, Provea desea recordar una consigna elevada en el pasado ante los gobiernos de turno por las organizaciones sindicales y populares, para contrarrestar los efectos nocivos del pago de la deuda externa: “EL PUEBLO PRIMERO, LA DEUDA DESPUÉS”. Hoy esa consigna no solo debe ser nuevamente asumida por los trabajadores sino que debe ser política de Estado, de lo contrario se estaría vulnerando el espíritu y propósito de la Constitución, con relación a la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Enrique Márquez, diputado por la Causa R y miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) recordó que han pasado 16 meses desde la promulgación en el parlamento de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) y 3 meses de la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de los subsistemas de vivienda y de empleo; y, sin embargo, la comisión a la que Márquez pertenece «no ha hecho ninguna revisión de los mismos» (La Verdad , 10.04.04, pág. A/5). No obstante, Ángel Rodríguez, diputado por el Movimiento Quinta República (MVR) y presidente de dicha comisión aseguró que aspira la aprobación definitiva de dicho proyecto legislativo antes del asueto parlamentario del 15.08.04 (La Verdad, Ibíd.).

Al respecto, vale recordar que Provea, en su edición XV del Informe Anual sobre la Situación de los derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2002-Septiembre 2003) (ver en http://www.derechos.org.ve) reconoce que durante ese lapso, la AN avanzó en la aprobación y sancionamiento de la LOSSS, un marco jurídico que, a juicio de Provea se ajusta a los principios establecidos en el artículo 86 de la Constitución. No obstante, la falta de celeridad en la actuación de la AN y del Ejecutivo Nacional para desarrollar integralmente el nuevo sistema de seguridad social no permite tener los elementos de juicio necesarios para calcular el costo financiero de los diversos subsistemas que componen a la LOSSS, haciendo cada vez más incierta la viabilidad fiscal de este marco jurídico. Por otro lado, el deterioro del mercado laboral y los bajos salarios reales, previsibles a mediano plazo, auguran dificultades para su sostenibilidad; máxime cuando la Ley tiene previsto brindar una cobertura universal y más amplia de prestaciones que el régimen anterior.

En otro ámbito vinculado con el quehacer legislativo nacional, una fuente informa que el Consejo de Ministro presidido por José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República, devolvió a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de la ley orgánica de la hacienda estadal, “con las observaciones respectivas por presentar diversas fallas” (Aporrea, 13.04.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=15710).

Marisol Plaza, Procuradora General de la República, al respecto expresó que “el proyecto, tal y como ha sido aprobado por la AN, adolece de fallas que pueden presentar problemas prácticos a la hora de los ejercicios de las potestades tributarias que tienen los estados” ( Aporrea, Ibíd.).

La funcionaria explicó que «la hacienda estadal es la posibilidad que tienen los estados para disponer y ejecutar los impuestos propios, tal y como lo establece el mandato constitucional, razón por la cual debe ser aprobada la correspondiente ley, pero por las fallas que presenta, se ha considerado en el Consejo de Ministros solicitar a la AN el levantamiento total a la sanción impuesta a la Ley y trabajar en base a elaborar un nuevo proyecto de ley” (Aporrea, Ibíd.). Plaza destacó entre las fallas de este proyecto de ley algunas contradicciones: “los entes regionales descentralizados no tienen los privilegios de la prerrogativa que tiene la República de Venezuela, cuando la Ley Orgánica de la Administración Pública, si establece esos privilegios” (Aporrea, Ibíd.). También señaló, por ejemplo, que la redacción de un artículo específico, mediante el cual se establece un IVA minorista, deja dudas sobre la materia permitiendo el cobro adicional al impuesto nacional por concepto del IVA, “conforme a las legislaciones estadales”.Asimismo, se refirió a “la existencia [en dicho proyecto de ley] de un exceso en cuanto a la posibilidad de que los estados procedan a la desafectación de los lagos, ríos y mares, es decir, todos los espacios fluviales por una petición que haga el gobernador ante el correspondiente Consejo Legislativo, cuando la Constitución establece que estos espacios son dominios de la Nación, inalienables ni prescriptibles” (Aporrea, Ibíd.). Criticó, además, la redacción que tienen, en este proyecto de ley, los artículos del capítulo dedicado a la administración de tributarios regionales por tener «un desorden en cuanto al ejercicio de la funciones del SENIAT que es una competencia nacional con las potestades a la administración tributaria estadal» (Aporrea, Ibíd.).

Plaza culminó diciendo que, por estas y otras razones, “creemos que se debe analizar nuevamente este proyecto, y el procedimiento a seguir es que el Presidente de la República va a ratificar la decisión de este Consejo de Ministro que ha sido presidido por el vicepresidente y en un lapso de 10 días se remitirá el proyecto a la AN para su consideración” (Aporrea, Ibíd.).

Para conocer más detalles acerca del posible impacto que sobre la ciudadanía pudo haber tenido la promulgación de este proyecto de ley que el Consejo de Ministros sabiamente devolvió a la AN, se recomienda la lectura del artículo de opinión «Cuarenta legisladores privatizan el Lago de Maracaibo», escrito por Luis Britto García y que está su disposición en la sección ARTÍCULOS de este servicio informativo.

Junto con República Dominicana y Colombia, Venezuela comparte un lugar entre las naciones latinoamericanas donde más de la mitad de su población de tercera edad no percibe pensión ni jubilación y más de la cuarta parte de los sexagenarios debe seguir trabajando para percibir algún ingreso, según revela el informe «Envejecer en América Latina» presentado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) (El Nacional, 11.04.04, pág. A/18).

Según la fuente, señala dicho informe que «en Venezuela solamente 41,8% de las personas mayores de 60 años -algo más de 660.000 habitantes- recibe alguna pensión, jubilación o mantiene alguna actividad laboral que le permite recibir algún ingreso, lo que contrata con el 58,2% restante (aproximadamente 920.000 ancianos) que no cuentan con alguna subvención o remuneración» (El Nacional, Ibíd.).

La CEPAL también observa que en Venezuela «los ancianos no gozan de espacios en sus zonas urbanas y son objeto de agresiones: 21% de los atropellados son personas mayores de 60 años y […] es el principal grupo atacado por los delincuentes» (El Nacional, Ibíd.).

Otro dato que la fuente extrae del informe de la CEPAL tiene que ver con el posible aumento acelerado de la población mayor de 60 años que se dibuja en las proyecciones de mediano plazo, a consecuencia de los patrones de migración de los sectores etarios más jóvenes que plantean su propósito de irse del país (El Nacional, Ibíd.).

Otro aspecto destacado de este informe es el señalamiento de la CEPAL de la situación que representa el alto número de venezolanos en edad productiva que no cotizan a la seguridad social: 70%, por hallarse en la informalidad o desempleados (El Nacional, Ibíd.).

De acuerdo a Ruth Gómez, coordinadora del Programa Oncológico del Ministerio de salud y Desarrollo Social (MSDS), en Venezuela cada año 3.657 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, mientras que 5,8 millones (con edades comprendidas entre 25 y 64 años de edad) se encuentran en riesgo de padecer esta enfermedad, constituyéndose en la primera causa de muerte por cáncer en el país: «la tasa de mortalidad promedio para Venezuela por carcinoma uterino es de 12,4 por cada 100.000 mujeres»(El Nacional, 26.03.04, pág. B/16).

A juicio de la funcionaria, este padecimiento es alentado por el inicio precoz de las relaciones sexuales, el hábito tabáquico y la infección por Virus de Papiloma Humano (VPH). La única forma detectarlo es mediante la citología, la cual debe hacerse inclusive a mujeres adolescentes, una vez que empiezan la vida sexual activa. La recomendación del MSDS a toda mujer con edad comprendida entre los 25 y 64 años es efectuarse este examen cada 3 años (El Nacional, Ibíd.).

Sin embargo, Gómez reconoce que, a pesar que la aspiración del despacho de la salud es garantizar el examen citológico a por lo menos 4,6 millones de mujeres (80% de las venezolanas en peligro), la cobertura ministerial lograda no llega ni al 50% de este número. Por esta razón, la funcionaria apuesta a que con la Misión Barrio Adentro se incrementen las oportunidades de lucha contra esta enfermedad. «Por tal razón solicita dotar a los consultorios populares con equipos ginecológicos para que los facultativos puedan tomar las citologías» (El Nacional, Ibíd.). Gómez aclaró que no hacía falta que los mismos sean especialistas en ginecología puesto que el examen citológico es «una actividad primaria y la puede efectuar un médico general sin ningún problema» (El Nacional, Ibíd.).

La funcionaria admitió que en lo que respecta a los tratamientos, persisten las deficiencias en cuanto a las máquinas para radioterapia: «en Caracas sólo están operativas las del Hospital Universitario de Caracas y del Oncológico Luis Razetti. Ahora no tenemos braquiterapia (colocación de semillas radioactivas locales) en el sector público […] se compraron equipos de radioterapia para varios hospitales del país en los Edos. Lara Anzoátegui y Mérida) pero todavía no ha sido construido el búnker que los albergará» (El Nacional, Ibíd.).

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) presentó un estudio mediante el cual determinó que el Estado venezolano construyó un total de 4.668 viviendas, mientras que el sector privado realizó 8.811 nuevos hogares a lo largo del año 2003 (El Nacional, 30.03.04, pág. A/18)

Con respecto al sector público, el estudio calificó su desempeño en construcción de viviendas públicas como el más bajo desde 1960, mientras que para el sector privado el total alcanzado en el año 2003 representa casi el 50% de lo edificado en el 2002 y un 85% menos de las viviendas que se culminaron en 1998.

Álvaro Sucre, presidente del gremio de la construcción informó que esta actividad registró el año pasado una caída de 36% en el Producto Interno Bruto (PIB) debido a la falta de inversión pública y privada. Señaló que el presupuesto nacional destinado este año al sector (de 1,2 millardos de dólares) , representa una caída de la inversión pública con respecto a los 1,78 millardos de dólares aprobados en la partida del gasto público de 2003.

Por otra parte, el estudio reportó que la industria de la construcción perdió más de 600.000 puestos de trabajo. Además, el déficit habitacional se calculó en 1,7 millones de viviendas y cada año se suman 100.000 unidades por el crecimiento de la población (El Nacional, Ibíd.).

En entrevista efectuada por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Ricaurte Leonett, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), explicó que este organismo está constituyendo una Unidad de Defensa de los Campesinos, con la que se espera atacar la acción del sicariato que, según destacó Leonett, ha cobrado la vida de 72 campesinos desde que se inició este proceso de regulación territorial.

De igual forma, esta Unidad permitirá garantizar la defensa jurídica de los proceso abiertos por la entrega de Cartas Agrarias a favor del campesinado, toda vez que se han presentado casos en los cuales «una vez entregada la tierra, vienen los tribunales a querer eliminar las Cartas» (Radio Nacional de Venezuela,06.04.04, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=473).

Es el caso que se presentó en el Edo. Zulia, donde el Tribunal 8º Agrario dictó una sentencia parcial que benefició la demanda elevada por 8 productores agropecuarios contra la decisión del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) de otorgar ta 2.164 campesinos terrenos que les fueron confiscados en el sector Caño Caimán, limítrofe de los municipios zulianos de Colón y Catatumbo (El Nacional, 13.04.04, pág. A/7).

Por otra parte, explicó Leonett que dicho ente ha entregado 2.260.000 hectáreas a través de cartas agrarias en todo el territorio nacional (Radio Nacional de Venezuela, Ibíd.). Consideró el funcionario que si bien este instrumento ha permitido la regularización de un conjunto de tierras, finalmente este proceso debía derivar hacia la tenencia, para así resolver la desigual distribución de la tierra y eliminar el régimen latifundista existente en el país.

Leonett recordó que el censo agrícola de 1950 reveló que «casi 200.000 familias poseían apenas 900.000 hectáreas productivas mientras que 5.286 familias tenían 18.600.000 hectáreas, las cuales permanecían improductivas. Para el censo efectuado en 1998, 376.868 familias campesinas tenían 1.600.000 hectáreas; en cambio, 10.000 familias poseían 18.000.000 de hectáreas de tierras, demostrando que la estructura agraria permanece totalmente igual» (Radio Nacional de Venezuela, Ibíd.).

Según el Informe de la Situación en la Fuerza de Trabajo en Venezuela correspondiente al 2º semestre del año 2003 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de población activa se ubicó en 69,5% (12.008.719 activos), alcanzando el valor más alto de los últimos 6 años (Instituto Nacional de Estadística, 04.04.04, http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/semestral/ResumenEjecutivo0402S2003.htm).

«Al analizar la estructura de la población activa, resalta el incremento de 469.031 ocupados y la disminución de 253.781 desocupados entre el 1º y el 2º semestre del 2003. Además se observa una variación de 0,5 puntos (215.250 activos) en relación con el 1er. semestre del mismo año (69%: 11.793.469 activos) y de 0,3 puntos (334.804 activos) en comparación con el segundo semestre del 2002 (69,2%).

Entre ambos períodos, los aumentos más significativos de la población activa se registraron en los 2 primeros grupos de edad (15 a 24 y 25 a 44 años) con la incorporación de 73.035 y 96.478 activos respectivamente.

Por otra parte, la tasa de inactividad se ubicó en 30,5% (5.276.645 inactivos) mostrando un comportamiento estable en comparación con el lapso enero-junio. El análisis interanual revela que hubo un incremento de 74.610 hombres inactivos desde el segundo semestre 2002, así como movimientos de ascenso y descenso en todas las categorías que componen la población inactiva.

Destaca el incremento de 117.101 estudiantes de ambos géneros y la disminución de 86.596 mujeres que se dedicaban a quehaceres del hogar» (Instituto Nacional de Estadística, 04.04.04, http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/semestral/ResumenEjecutivo0402S2003.htm).

La tasa de ocupación se situó en 83,2% (9.993.806 ocupados), registrando un aumento de 2,4 respecto al 1er semestre de 2003. En valores absolutos, se observa que la mayoría de los ocupados adicionales son hombres (311.542).

Cotejada con la cifra del período julio-diciembre 2002 (9.786.176 ocupados), la población ocupada experimentó un alza de 207.630 personas de ambos sexos.

La recuperación de la tasa de ocupación entre el primero y segundo semestres de 2003 se correspondió con el descenso de 2,4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación, la cual se ubicó en 16,8% (2.014.913 desocupados). En términos absolutos representa 253.781 desocupados menos, en su mayoría hombres (202.462).

Señala el informe que la desocupación disminuyó en todos los grupos de edad, con excepción del último (65 años y más) donde permaneció estable. El número de desocupados decreció, principalmente, en los intervalos de 25 a 44 años (121.770) y de 15 a 24 años (87.378). En comparación con el segundo semestre 2002 (16,2%), hubo un aumento de 0,6 puntos (127.174 desocupados) en la tasa de desocupación.

La caracterización del empleo según el sector de la economía, arroja que 47,3% de los ocupados (4.724.279 trabajadores) laboraban en el sector formal en el 2º semestre 2003. La variación con respecto al 1er semestre 2003 equivale a un incremento de 195.447 ocupados. Mientras tanto, frente a los resultados del 2º semestre de 2002 hubo una reducción de 1,3 puntos en el porcentaje de ocupados de este sector que no es significativa desde el punto de vista estadístico en términos absolutos.

El porcentaje de ocupados en el sector informal (52,7%: 5.262.040 ocupados) expresa una variación de 0,3% con respecto al 1er semestre 2003, que equivale a 273.649 trabajadores adicionales.

Dentro de la estructura de la población informal, resalta el incremento de 119.344 empleados y obreros de ambos sexos y 107.021 trabajadores por cuenta propia no profesionales, principalmente hombres.

La investigación reveló ascensos en cifras de la población ocupada en el sector informal en comparación con el 2º semestre 2002: 1,3% de trabajadores adicionales (239.067 trabajadores). También se destaca el aumento de 132.819 trabajadores por cuenta propia no profesionales, en su mayoría hombres (95.369).

En cuanto al sector empleador, la población activa destaca un comportamiento estable en el sector público durante el 2º semestre de 2003 con respecto al mismo semestre de 2002. El porcentaje de ocupados se ubicó en 14% (1.401.464 ocupados). Mientras que al sector privado se incorporaron 437.899 ocupados entre el 1º y 2º semestres de 2003, con lo cual la cifra total de trabajadores alcanzó el 86% (8.591.342). Destacan los aumentos de 231.161 empleados y obreros y 118.567 trabajadores por cuenta propia. En relación con el 2º semestre de 2002, se observa el incremento de 174.356 ocupados en el sector privado. Las categorías que mostraron movimientos más relevantes fueron trabajadores por cuenta propia y miembros de cooperativa con aumentos de 148.824 y 92.399 ocupados respectivamente, con una mayoritaria participación de los hombres (aumentos de 102.829 y 61.467 trabajadores en dichas categorías) (Instituto Nacional de Estadística, 04.04.04, http://www.ine.gov.ve/ine/hogares/semestral/ResumenEjecutivo0402S2003.htm).

De acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), en el mes de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas registró una variación de 2,1%, mayor a la observada en el mes previo (1,6%) y a la reportada en el mismo mes del año anterior (0,8%) (Banco Central de Venezuela, 02.04.04, http://www.bcv.org.ve/ipc/2004/mar/ipcdocs.htm).

Con este resultado, la variación acumulada del IPC para el 1er trimestre del año se situó en 6,4%. La señalada evolución del IPC estuvo determinada, por una parte, por el incremento del tipo de cambio oficial autorizado en febrero de 2004 y por la otra por la aplicación del factor de cargo por combustible y energía a la tarifa del servicio de electricidad. Ambos factores incidieron en los precios de los rubros que integran la canasta del IPC, tales como los bienes y servicios sometidos al esquema de control y regulación que, en su conjunto, aceleraron su incremento de 0,6% a 1,6% (Banco Central de Venezuela, Ibíd.).

Por su parte, los rubros que se rigen por el libre juego de la oferta y la demanda registraron una variación de 2,7%, similar a la observada en febrero (2,6%). El incremento de precios en estos productos obedeció a las alzas observadas en los rubros de origen importado o que dependen de insumos provenientes del exterior, tales como vehículos, electrodomésticos, pasajes en avión al exterior del país, entre otros (Banco Central de Venezuela, Ibíd.).

Para el mes de marzo, el crecimiento anualizado del IPC en el período marzo 2004 / marzo 2003 se ubicó en 23,6%, menor al observado en igual lapso de los años 2003/2002, en el cual se registró una variación de 34,1%.

El ente emisor también informó que la tasa de variación del núcleo inflacionario (3,6%) se ubicó un 1,5%por encima de la del IPC global (2,1%), mostrando un importante crecimiento respecto al mes de febrero, de 2,6% a 3,6%, con lo cual, señala el BCV, «se acentúa el comportamiento creciente que viene reportando este indicador desde el mes de septiembre» (Banco Central de Venezuela, Ibíd.).

«La brecha observada entre ambos indicadores muestra indicios de presiones de costos asociadas a factores de carácter estructural, a lo cual se agregan los efectos de las modificaciones en las políticas de control de precios y de cambio, introducidas desde el mes de febrero» (Banco Central de Venezuela, Ibíd.).

Otra fuente oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), suministró el estado del indicador Canasta Alimentaria Normativa (CAN) para el mes de febrero. Para este organismo, el costo de la CAN alcanzó los 303.813,96 bolívares, representando dicha cifra un aumento de 4.613 bolívares en comparación con el costo de la CAN enero (299.199,92 bolívares). Esto revela que para febrero de 2004, los costos de la CAN superaron el poder adquisitivo de un salario mínimo en 66.412.96 bolívares (El Nacional, 01.04.04, pág. A/16).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación Venezolana de Maestros, señaló que para el mes de marzo el costo de la Canasta Alimentaria (CA) alcanzó los 467.418 bolívares, que representa un alza de 0,7% (3.417 bolívares) con respecto a febrero (464.401 bolívares). Esto quiere decir que para una familia de 5 miembros entre los que al menos 2 perciben salario mínimo (247.104 bolívares x 2 = 494.208 bolívares) deben reservar de su salario mínimo un 94,5% sólo para gastos por concepto de alimentos.

Otro indicador que maneja el Cendas es la Canasta Básica Familiar (CBF), la cual comprende a la CA, los gastos en bienes y servicios esenciales y cuyo costo alcanzó en marzo el 1.339.044 bolívares, un 0,5% (7.035 bolívares) de incremento con respecto al costo dado en el mes anterior (1.331.909 bolívares). Esto revela que la capacidad adquisitiva de una familia promedio de 5 integrantes donde 2 de ellos/as perciban salario mínimo, se coloca en poco menos del 50%. El Cendas precisa que en el lapso marzo 2003/2004, la CBF se disparó un 23% (250.396 bolívares). Al comparar estre último monto con el de diciembre 2003 (1.309.030 bolívares), la variación acumulada de la CBF es de 2,3% (30.014 bolívares) (El Nacional, 02.04.04, pág. A/18).

También la Asociación Nacional de Supermercados (ANSA) y Datos suministraron datos acerca del comportamiento de indicadores del derecho a la alimentación. Según su último informe, el consumo de alimentos de la canasta básica (harinas de maíz y trigo, pastas alimentarias, arroz, azúcar y sardinas, entre otros), registró en enero de este año una caída en volumen de ventas de 6%, con relación a diciembre de 2003 (El Universal, 31.03.04, http://www.eluniversal.com/2004/03/31/31164C.shtml).

El informe señala que el consumo de alimentos no perecederos como mostaza, mayonesa, salsa de tomate, gelatinas, café, embutidos y vinagre, registró una caída en volumen de 10%. La demanda de productos de cuidado personal también registró una reducción de 10%, mientras que el consumo de productos de limpieza del hogar cayó 10,4%, mientras que la demanda de bebidas no alcohólicas aumentó 4%, impulsada básicamente por las ventas de refrescos.

Salvo por el consumo de alimentos de la canasta básica, que en el año 2003 registró un incremento de 5% en volumen en comparación con 2002, en líneas generales la demanda evidenció una tendencia a la baja. Cabe destacar que el rubro de productos de cuidado personal mantuvo estable sus ventas entre 2002 y 2003.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Después de 2 años de los acontecimientos ocurridos entre el 11 y 14.04.02, que generaron un golpe de Estado, la muerte de más de 40 personas, cientos heridas, varios detenidos y allanamientos sin respeto al debido proceso, torturados, saqueos y represión a manifestantes, Provea condena que la mayoría de las investigaciones sobre estos crímenes no han superado la etapa inicial del proceso de investigación fiscal.

Igualmente, Provea destaca que la situación de impunidad que caracteriza a estos hechos opera a causa de diversos mecanismos estructurales y coyunturales arraigados en el sistema de administración de justicia. Entre estos se pueden contar: el deterioro de la autonomía e independencia de los poderes judiciales y ciudadanos que, a su vez, reciben presiones de otros poderes públicos y privados; la falta de colaboración por parte de los organismos policiales y militares para facilitar las investigaciones; la corrupción policial y judicial, la politización de los órganos de administración de justicia; la inseguridad jurídica a causa de la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la mora legislativa; el carácter provisorio de la mayoría de los jueces; las dificultades de acceso a la justicia y a los tribunales por parte de los sectores sociales tradicionalmente excluidos. Asimismo, cabe señalar la poca efectividad mostrada por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones de todos los delitos.

Tal como lo puso de manifiesto el 12.04.02, Provea condena el golpe de Estado ocurrido un día antes y reafirma lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a que “la ruptura del orden constitucional constituyó una violación a principios básicos del derecho internacional vigente en las Américas, reflejados principalmente en la Carta Democrática Interamericana y de Derechos Consagrados en la Convención Americana” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 13.04.04, http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2003sp/conclusiones.htm).

En el sentido antes expuesto, ratificamos las exhortaciones hechas el año pasado al Estado venezolano por el Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos a la que pertenece Provea, para que:

  • Realice una investigación seria y exhaustiva, apegada a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que conlleve a la sanción de los responsables de los hechos delictivos ocurridos entre el 11 y el 14.04.02;
  • Se proceda a reiniciar el debate sobre el proyecto de Ley para crear la Comisión de la Verdad, que permita a todos/as los/as venezolanos/as conocer la autenticidad de los hechos ocurridos en esas fechas, y facilite a los órganos judiciales el establecimiento de las sanciones correspondientes a los responsables;
  • Se ataquen los factores estructurales que han permitido el asentamiento de la impunidad en estos casos y otros, tales como: la falta de designación, por parte de la Asamblea Nacional (AN) de las autoridades del Poder Ciudadano, siguiendo el mecanismo establecido por la Constitución, así como la aprobación de las leyes pendientes relativas a estos organismos, en especial la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; e igualmente, se proceda a designar a los jueces y fiscales mediante concursos transparentes de oposición. (Foro por la Vida, 11.04.03, http://www.derechos.org.ve).

Luego de las protestas ocurridas en algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades del país entre el 27.02.04 y el 05.03.04, se generó un debate sobre la presunta condición de presos políticos de las personas detenidas. El gobierno central se limitó a decir que no había presos políticos y a difundir testimonios de personas que fueron presos políticos de los gobiernos anteriores. Por su parte, la Defensoría del Pueblo (DP), en un Informe Preliminar sobre esos sucesos presentado ante la Asamblea Nacional (AN) (ver http://www.defensoria.gov.ve/) hizo pública una definición teórica sobre la que se basan para afirmar que ninguno de los detenidos es un preso político. Exponemos a continuación la posición de la DP, seguida de algunos comentarios críticos realizados por Provea. Dicho informe señala que «en principio, la naturaleza de los delitos deriva del bien jurídico objeto de protección que lesionan, más que de las condiciones individuales del sujeto. En tal sentido, afirma la doctrina penal que, para que un delito sea considerado como político, es necesario que concurran el ataque a un bien jurídico de naturaleza política con el móvil político del autor.

Así las cosas, si bien la mayoría de estas personas fueron aprehendidas presuntamente participando en protestas violentas marcadas con un signo político, a todas ellas les están siendo imputados, dentro de la jurisdicción penal ordinaria, delitos comunes, tales como: obstaculización de la vía de comunicación, resistencia a la autoridad, posesión de material explosivo o incendiario, alteración del orden público, entre otros.

Estos tipos penales protegen bienes o intereses colectivos y comunes, así como el orden público y la seguridad de los medios de transporte, a diferencia de los característicos tipos políticos que resguardan el bien de naturaleza política por excelencia, como lo es la independencia y la seguridad de la nación.

En tal sentido, dado que la conducta de los imputados por los hechos del 27 de febrero al 5 de marzo de 2004, en ningún caso constituye un ataque contra bienes jurídicos de naturaleza política, sino por el contrario, afectan intereses colectivos pero comunes, resulta insostenible la tesis que propugna el carácter de presos políticos de estos ciudadanos” (Defensoría del Pueblo, 31.03.04, http://www.defensoria.gov.ve/).

Sobre las personas detenidas, el Foro por la Vida señaló: “Numerosas personas fueron detenidas en estas manifestaciones. No es posible, con los datos disponibles por las organizaciones, tener certeza de quiénes fueron detenidos in fraganti cometiendo algún delito o falta grave, en las manifestaciones violentas escenificadas en los días recientes, y quiénes fueron detenidos de manera arbitraria, en las manifestaciones pacíficas. En todo caso, exigimos, una vez más, la inmediata libertad de éstos últimos y el estricto respeto de las garantías judiciales de todas las personas detenidas” (Foro por la Vida, 16.03.04, http://www.derechos.org.ve). Así, el Foro señaló que pueden existir entre los detenidos casos de violación al derecho a la libertad personal por haber sido detenidos de manera ilegal y/o arbitraria así como casos en los que se produjo una detención ajustada a derecho. A juicio de Provea, en ambos casos, se trataría de presos políticos y parece necesario resaltar que el concepto de preso político no es equivalente al de detención arbitraria ni al de prisionero de conciencia.

El concepto de preso político abarca varias circunstancias, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes, cuando una persona:

a) Es detenida por estar acusada de cometer un delito tipificado como político en los códigos penales (por ejemplo, rebelión o rebelión militar);

b) Es detenida por estar acusada de cometer un delito común conexo con político o motivado en razones políticas (por ejemplo, un robo para financiar una organización armada que pretende controlar el Estado o la destrucción de propiedades públicas como expresión de desobediencia a una ley, institución o autoridad que considera ilegítima);

c) Es detenida por estar acusada de cometer un delito común y existen elementos que permiten pensar fundadamente que el proceso judicial se está orientando por razones políticas más que por razones jurídicas;

d) Sin cometer delito es detenida por sus opiniones políticas (éste es un prisionero de conciencia como, por ejemplo, la detención del astrólogo José Bernardo Gómez en el segundo período presidencial de Caldera y de Pablo Aure en este período de gobierno);

e) Es detenida alegándole un tipo penal arbitrario y contrario a los principios de los derechos humanos, escondiendo la real motivación política de la detención.

Dicho esto, es evidente que Provea no comparte la interpretación jurídica que plantea que la condición de preso político es aplicable sólo cuando en el detenido concurre la motivación política de su acción con la comisión de un delito político, tal como señala la DP. Sin embargo, es necesario destacar aquí que, además de las definiciones de preso político tratadas aquí, existe otra categoría que fácilmente puede ser confundida con ésta, se trata la de preso de conciencia, quien es aquella persona encarcelada por el ejercicio de su derecho a expresar sus creencias políticas o religiosas en forma pacifica.

Aún cuando en algunos casos no exista una violación al derecho a la libertad personal, pues resulta evidente que varias de las manifestaciones fueron violentas, las personas detenidas sin duda calificaban para ser consideradas presos políticos, pues los delitos comunes que se le imputan son motivados por razones políticas.

Según fuentes periodísticas, al 15.04.04, sólo permanecía un detenido en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso (conocido como retén de La Planta): Johan ROMERO (33), uno de los 26 detenidos por los hechos del 27.02.04 recluído en distintos centros penitenciarios del país. En el caso de ROMERO, la fiscal 62 Yoneida Parra solicitó una prórroga de 15 días, que vence el 19.04.04, a la jueza Miriam Vielma a cargo del tribunal 20 de Control, para presentar sus actos conclusivos. Carlos Nieto, de la coalición de organizaciones penitenciarias Una Ventana a la Libertad informó que se espera que este caso culmine como todos los anteriores: a falta de fundamentos acusatorios presentados por la fiscalía, se han liberado a cada uno de los detenido (Carlos Nieto en entrevista telefónica, 15.04.04).

El 02.04.04 fue condenado por el tribunal 5º de Juicio de Aragua, a cargo de la jueza Marjorie Calderón, el teniente del Ejército Alejandro Sicat Torres, a 21 años y 8 meses de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de frustración contra 3 soldados a su cargo, a quienes roció con una sustancia acelerante y luego prendió fuego, resultando uno de ellos muerto, mientras recibían un castigo disciplinario en una celda del fuerte Paramaconi, ubicado en el Edo. Monagas (Unión Radio, 02.04.04, http://128.241.247.93/noticias/nacionales/Notanac2004040219407.htm). Este veredicto se presenta luego de 3 años y casi 3 meses de haber ocurrido los hechos y después que en un juicio civil anterior, el acusado fuera absuelto de todos sus cargos (ver edición Nº 114 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

Como se recordará este caso animó el debate sobre los límites de la justicia marcial en el contexto de la novel Constitución que, en su artículo 261, señala que la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sean juzgados por los tribunales ordinarios y limita la competencia de los tribunales militares al enjuiciamiento de delitos de naturaleza militar. Este mandato constitucional fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien anuló un fallo dado por los tribunales militares sobre este caso y declaró competente a la justicia civil para conocer de la causa (Tal Cual, 05.04.04, pág. 4).

De manera que la reciente decisión de la jueza Calderón constituye un referente positivo para el respeto de las competencias judiciales y del procedimiento ajustado a derecho.

Paradójicamente, a esta positiva noticia le antecedió una situación con rasgos comunes al caso Sicat. Un contexto parecido: una sala disciplinaria de una institución castrense (fuerte Mara, Edo. Zulia), víctimas en semejantes condiciones a los afectados en el caso Sicat: soldados (8) detenidos por infracciones disciplinarias, un incendio que afectó con diversos grados de daño físico (7 heridos entre graves y leves y una víctima fatal) y un similar comportamiento de los órganos de justicia militar: el caso inicialmente fue tomado por una fiscalía militar (El Nacional, 07.04.04, pág. A/4). Si bien es cierto que no se pueden aventurar más paralelismos con el caso Sicat, este nuevo caso pone sobre el tapete nuevamente el tema de la competencia de la justicia militar, aún cuando la letra constitucional no deja dudas al respecto.

En este sentido, Provea observa con preocupación la actitud hermética que desde el principio han mantenido las autoridades castrenses y que los familiares de los soldados afectados afirman que continúan manteniendo con respecto a los hechos ocurridos el 30.03.04, en el fuerte Mara. Esto ocurre a pesar del perdón público expresado por el Presidente Hugo Chávez en la edición Nº 188 de su programa televisado Aló Presidente (El Nacional, 12.04.04, pág. A/4).

En varias oportunidades, Provea ha advertido que en el sector castrense no se termina de comprender los cambios ocurridos en la justicia militar una vez que entró en vigencia la Constitución de 1999 y se siguen asumiendo diversidad de situaciones que ocurren en los cuarteles con una política judicial contraria a los postulados constitucionales.

Aunque, como se decía anteriormente, todavía no se pueden aventurar más paralelismos entre estos casos y el de Sicat, tampoco es descartable que pudo haberse cometido un delito y, en tal sentido, los familiares tienen el derecho a exigir que se realice una investigación transparente e imparcial y a saber la verdad de lo ocurrido.

Por otro lado, independientemente de la forma como hayan sucedido los hechos, la Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene la obligación de facilitar las investigaciones, garantizar la atención adecuada de los heridos y prestar todo el apoyo necesario a los familiares. Al respecto, hay que recordar que el artículo 43 de la Carta Magna indica que «el Estado es responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma». Además, según mandato del artículo 30 del texto constitucional el Estado tiene la obligación de indemnizar «integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios».

Otra abierta violación de lo establecido en el artículo 261 de la Constitución está sucediendo con el proceso judicial que la justicia militar mantiene abierto contra Luis Rafael ESCOBAR UGAS, defensor de los derechos humanos e integrante de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos. Como se ha afirmado anteriormente los civiles no pueden ser sometidos a la justicia militar. Sin embargo, a ESCOBAR UGAS se le abrió un expediente por el presunto delito de porte indebido de prenda militar y el Juez Primero, Capitán de Aviación Rubén Darío Garcilapo, lo sometió a régimen de presentación cada 8 días ante la Teniente de Navío Berenice Osorio, Fiscal Primero Militar ante la Corte Marcial de Caracas.

Es importante destacar que ESCOBAR UGAS, en cu condición de defensor de derechos humanos, presentó una querella penal contra el Coronel Guardia Nacional (GN) Pablo Daniel Medina, presunto responsable de la desaparición forzada del GN Alejandro HERNÁNDEZ MAPARI quien, a su vez, era estudiante del 2º año de derecho en la Universidad Santa María de Caracas.

Provea rechaza el proceso judicial que los tribunales militares mantienen contra este defensor de los derechos humanos, puesto que se le está violando el derecho a ser procesado por jueces de la jurisdicción civil a quienes les compete investigar el presunto delito imputado.

En compañía de familiares de víctimas de abusos policiales, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hizo un llamado el 13.04.04, a Alfredo Peña, Alcalde Mayor del Distrito Capital para exigirle que la Policía Metropolitana (PM) destituya inmediatamente a los funcionarios Freddy Rafael Piñango Regalado, Salvador Edicto Rodríguez y Alexander David Marín Rosales, responsables de la muerte del joven Jhon LINARES, ocurrida en Caracas el 14.06.99, así como de aquellos funcionarios convictos o responsables de violaciones a los derechos humanos que todavía cobran sus salarios en esa institución dependiente de la dependencia federal. La Red de Apoyo aprovechó la oportunidad para exigir a las autoridades la depuración de este cuerpo de seguridad, a causa de las numerosas acusaciones que sobre muchos funcionarios penden por homicidio y corrupción y que están siendo protegidos por las autoridades de este cuerpo de seguridad (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 13.04.04, [email protected]).

María Peña, madre de LINARES, recordó que “el 14 de junio de 1999 en horas de la tarde, Jhon se encontraba en la planta baja del bloque 7 de Monte Piedad, cuando llegaron cinco funcionarios de la PM presuntamente para efectuar un operativo cerca del barrio. Cuando los agentes vieron a mi hijo, sin mediar palabras lo apuntaron con un arma de fuego. Jhon corrió hacia una casa para refugiarse pero a la misma también entraron dos funcionarios. Posteriormente, se escuchó un disparo. Jhon fue sacado con vida y caminando de la casa y los funcionarios lo introdujeron en una patrulla sin permitir que ni sus hermanos ni los vecinos se le acercaran. Horas después, el cuerpo de mi hijo apareció en el Hospital Periférico de Catia con un tiro en el corazón” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ibíd.).

Por su parte, Laura Roldán, Coordinadora del Área de Atención Integral de la organización, señaló que “el 19 de noviembre de 2003, la Jueza Ivonne Ayaach del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas sentenció a 7 años y 6 meses de presidio a Freddy Rafael Piñango Regalado, Salvador Edicto Rodríguez y Alexander David Marín por el delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva en la persona de Jhon LINARES. Sin embargo, vemos con mucha preocupación el hecho que la PM encubra a estos asesinos. Los funcionarios sentenciados por la muerte de LINARES no sólo se encuentran en libertad, sino que también están activos dentro del cuerpo de seguridad, próximos a ser ascendidos y se les ha visto en la calle y en la comandancia de esa institución” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ibíd.).

Alfredo Ruiz, Coordinador General de la Red de Apoyo, se refirió a la preocupación sentida por la ciudadanía debido a la penetración en la PM de personas con antecedentes penales, así como la situación de inseguridad que viven los propios funcionarios policiales. En este sentido, Ruiz manifestó que “en los últimos meses han sido asesinados varios funcionarios de la PM al ser asaltados y emboscados cerca de sus residencias. Parece inconcebible que esta institución abandone a sus funcionarios y no tenga un Plan de Seguridad para proteger a los funcionarios cuando se dirigen a sus hogares” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ibíd.). Ruiz finalizó señalando que “el Alcalde Mayor debe intervenir de manera urgente y ordenar la depuración y reestructuración de la Policía Metropolitana de forma transparente y sin favoritismos partidistas y politiqueros” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ibíd.).

Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) , ofreció un balance de la situación de la población penitenciaria nacional en el 1er trimestre del año en curso. En su informe destaca al menos 65 internos fallecidos y 119 lesionados como resultado de distintos hechos violentos, accidentes y causas naturales ocurridos en los centros de reclusión penitenciaria nacionales (Humberto Prado, 11.04.04, en lista de correo-e moderada)

Las estadísticas que maneja la OVP indica que de la cifra total de reclusos muertos hasta marzo 30 fueron por armas de fuego, 21 por armas blancas, 4 asfixiados y 10 muertes naturales. De los heridos, se manejan 80 por armas de fuego y 39 por armas blancas. De los fallecimientos, 3 ocurrieron en enero, 13 en febrero y 5 en marzo. De los heridos se manejan 13 en enero, 14 en febrero y 12 en marzo. De estos informes el OVP posee el listado total de víctimas con las causas en que murieron, así como el centro penitenciario en que se encontraban recluidos.

El OVP también maneja el balance de fugas sucedidas durante el 1er trimestre del 2004: 13 reclusos se han fugado de las distintas cárceles del país, 8 de centros hospitalarios y 22 de destacamentos de trabajo (beneficio que le permite a los internos trabajar durante el día). Prado ofreció, además, un balance de decomisos en este período, según el cual se han incautado 2 panelas de droga, 2.934 minienvoltorios con estupefacientes, 46 revólveres, 31 pistolas, 1.090 armas blancas, 10 granadas, 91 chopos y 1.134 proyectiles de distintos calibres. Por otro lado señaló que se han detectado un total de 7 túneles y se han registrado 4 huelgas de hambre en las cárceles del país hasta concluir marzo.

En el informe, el OVP señala que «la experiencia bien me permite asegurar que, dado el proceso de degradación y muerte lenta al que se somete a los reclusos, una cárcel en Venezuela no es menos horrenda que cualquier otra técnica de ejecución. Después de recorrer nuestros centros de reclusión, he concluido que ellas no ofrecen al recluso ninguna motivación para que deje de delinquir, por el contrario le ofrece un postgrado en el delito, esa es la triste realidad y quien no la quiera ver, que siga con los ojos cerrados. La cárcel es el reflejo del desorden social que tiene nuestro país» (Red Penitenciaria Venezolana, Ibíd.).

El documento también recomienda al Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) «que se inhabilite el Internado Judicial Capital Yare II y se traslade a las personas allí detenidas a otros establecimientos penitenciarios […] porque viola flagrantemente los siguientes instrumentos nacionales e internacionales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ; Código Penal Venezolano; Código Orgánico Procesal Penal; Ley de Régimen Penitenciario; Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario; Reglamento de Internados Judiciales; Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio; Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana para Prevenir Sancionar la Tortura; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas» (Red Penitenciaria Venezolana, Ibíd.).

ARTÍCULOS

«En abril se cumplen 5 años desde que el Presidente Hugo Chávez visitara la urbanización Nueva Tacagua. Ese día las autoridades derribaron 2 edificios de esa urbanización como símbolo de una nueva vida para sus habitantes.

A pesar del significativo compromiso de ese acto, no se han cumplido las promesas y las familias aún esperan por la concreción de alternativas para mejorar su calidad de vida. Peor todavía, el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) ha sometido a Nueva Tacagua al abandono como una forma de presionar a las familias y facilitar su desalojo. Tampoco se conoce si existen inversiones para garantizar el mantenimiento de la infraestructura.

A los propietarios les ofrecieron indemnizaciones que no compensan el daño causado ni el costo de su vivienda. Además, para que las familias reciban su indemnización deberán encargarse de la destrucción de sus viviendas.

A pesar de este panorama, el ánimo de sus habitantes no se arruina y bajo el lema NUEVA TACAGUA SE RESPETA iniciaron un proceso de organización y lucha por una vivienda digna. Es así como exigen que las reubicaciones se efectúen por una vivienda de igual o mejor calidad que la que adquirieron y que el INAVI invierta para estabilizar algunas terrazas que pudieran ser mejoradas» (Provea, 06.04.04, [email protected]).

«¿Qué tipo de obligación tiene el Estado con el salario mínimo mensual?

En su artículo 91, la Constitución consagra el derecho a un salario suficiente. Se define como tal al salario que permite a los/as trabajadores/as y a sus familias cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad.

Por ello, cada año el Estado ajusta los salarios para proteger el poder adquisitivo de los impactos de la devaluación y de la inflación. Van 2 años que esto se hace sin la conformación de la Comisión Tripartita. Y hasta ahora, la demora en la convocatoria hace temer por la violación, nuevamente, del artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo, que exige la participación del Ejecutivo, la organización sindical más representativa y al principal gremio de empleadores.

Para el nuevo aumento contemplado para este año, debe tomarse en cuenta que actualmente el valor de la Canasta Alimentaria (costo de los alimentos que cubren los requerimientos nutricionales) y el de la Canasta Básica (costo de los alimentos más los recursos para satisfacer otras necesidades básicas), están por encima del salario mínimo vigente. Además, el nuevo decreto de aumento deberá incluir a los/as trabajadores/as domésticos/as, que han sido excluidos de este beneficio desde hace 4 años» (Provea, 16.04.04, [email protected]).

El presente es un artículo de opinión escrito por Luis Britto García y publicado por el diario Últimas Noticias el 28.03.04.

«Hoy debía publicar un artículo que conmemora la liberación de los esclavos. En su lugar divulgo otro para evitar que seamos esclavos de nuevo. Comienzo con una mala y una buena noticia.

La mala es que las guerras del siglo XXI serán por las aguas antes que por el petróleo, según afirma Jacques Attali en su Diccionario del siglo XXI. La buena, es que no pelearemos para defender nuestros ríos, lagunas y lagos, porque la Asamblea Nacional acaba de entregarlos.

Alca fast track

Con sólo 40 legisladores de los 165 de la Asamblea Nacional (43 menos del quórum de la mitad más uno necesario para sesionar), con 36 parlamentarios oficialistas de los cuales sólo 25 eran principales, sin presencia de los jefes de las fracciones políticas, en dos horas se aprobaron los 87 artículos de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal con un procedimiento que Alejandro Botía califica de fast track (“El impuesto estadal y los 40 legisladores” ; Tal Cual , 20-2-04, p.3).

Nada más certero: por vía de fast track impone el Alca sus dictados de irrestricta privatización de aguas, lagunas y lagos, que ahora forman parte de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal (Lohpe).

Las aguas son del dominio público. En efecto, el artículo 6 de dicha Ley atribuye a los Estados dos categorías de bienes: los del dominio público estadal que “son inalienables e imprescriptibles” y no pueden ser vendidos, cedidos ni adquiridos por prescripción, y los del dominio privado, que sí pueden ser vendidos o enajenados por los Estados.

Entre los bienes del dominio público esta Ley asigna a los Estados “las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientes a ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio”.

Las aguas pasan al dominio privado. Añade dicho artículo que los bienes no enajenables del dominio público “pueden adquirir la condición de bienes enajenables mediante desafectación sancionada, a solicitud del gobernador, por Acuerdo del Consejo Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En el expediente de desafectación debe constar la opinión del Procurador del estado y del Contralor del Estado”.

Venezuela en seco

Cuarenta legisladores alzaron sus manos para que ríos, lagunas y lagos pueden ser bienes vendidos, cedidos o donados por un Consejo Legislativo. Cuarenta legisladores de unos pocos Consejos Legislativos podrían alzar sus manos para que fueran vendibles el Lago de Maracaibo, La Laguna de Valencia, el Apure, el Caroní, El Orinoco, el Delta y en general las fuentes de energía hidroeléctrica de Guayana y del país. No faltarían cuarenta compradores.

Como en el México del Tratado de Libre Comercio, las aguas del dominio público pasarían a la propiedad privada de pocas transnacionales.

El subsuelo pasa a los estados

Quien toma un dedo, arranca el brazo. El artículo 52 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal permite a los Estados “crear tributos aplicables a la exploración en busca de minerales no metálicos no reservados por la Constitución al Poder Nacional; salinas ostrales y perlas, y por la realización de sus respectivos territorios de actividades de exploración en busca de los mismos”.

Pero la Constitución en el numeral 16 de su artículo 156 justamente reserva al Poder Nacional, en forma genérica, “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.

Ninguna norma distinta de la Constitución pueden crear excepciones, reservas o salvedades a ella.

Privilegiado no paga impuesto

Ley que crece torcida, nunca su Alca endereza. El artículo 26 del texto citado pauta que “los estados podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria con contribuyentes, con el propósito de asegurar a la inversión continuidad en el régimen relativo a sus tributos constitucionales y asignados, sin perjuicio de la potestad constitucional que corresponde al Poder Nacional con respecto a la competencia tributaria”.

Pocas veces un solo artículo acumuló tantas violaciones contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre otras, contradice:

1) El artículo 317 de la Constitución, al colocar como fuente de la obligación tributaria el contrato y no la ley

2) el artículo 21 de la Constitución, que establece la igualdad ante la Ley, al crear dos tipos de personas: las que contraten “estabilidad tributaria”, inmunes a las alzas de impuesto, y las que no puedan contratarla, quienes deberán pagar los nuevos impuestos y en definitiva lo que los otros dejen de pagar.

Vía Alca-fast-track regresamos al absolutismo, cuando las castas privilegiadas no pagaban impuestos, y las “castas viles” pagaban por ellas. Para ello, el artículo 38 de la Lohpe crea un Impuesto a las Ventas Minoristas; y su artículo 70 nos obliga a cancelar impuestos especiales anticipadamente por el valor que podría añadir a nuestros bienes una obra pública (que, justamente, se hace con nuestros impuestos).

Afortunadamente, no tuvimos que cancelarlo cuando comenzó la autopista de Oriente.

Desintegración de Venezuela

Otros artículos incomunican el país al legalizar peajes sin prever control de la percepción y aplicación de sus ingresos; otros desarticulan el sistema judicial al permitir a cada Estado emitir timbres fiscales y papel sellado y rechazar el de los demás, otros transfieren a los Estados 25% de la recaudación de impuestos nacionales dificultando la equitativa redistribución de su producto.

Cuarenta parlamentarios votan por esta ley, pero no por la de responsabilidad de los Medios ni por la de Policía Nacional. El país discute la validez o nulidad de centenares de miles de firmas.

El destino de Venezuela depende de una sola: de la del Presidente Hugo Chávez Frías, quien constitucionalmente debe negar la promulgación de la Ley que inconstitucionalmente privatiza nuestros ríos, lagos y lagunas» (Lista Electrónica de Ambiente, 29.03.04).

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)
Año: 2003
Sinopsis: «La sociedad civil organizada es un elemento clave para la consistencia y calidad de las políticas públicas y en particular las políticas educativas. Sin participación social las políticas gubernamentales suelen convertirse en políticas unilaterales, de arriba hacia abajo y de carácter compensatorio o hasta clientelar en función de los intereses de los grupos políticos que gobiernan» ([email protected]).

Autor: Defensoría del Pueblo de Colombia
Año: 2003
Sinopsis: «El propósito fundamental de este escrito es definir el alcance y contenido normativo del núcleo esencial del derecho a la educación, es decir, el referente mínimo o contenido no negociable del derecho, exigible inmediatamente al Estado y directamente tutelable. Aunque no todo el derecho a la educación se agota en este núcleo, es indispensable conocerlo para determinar las obligaciones que tiene el Estado para su realización efectiva» ([email protected]).

Autor: Defensoría del Pueblo de Colombia
Año: 2003
Sinopsis: «Con fundamento en la Constitución, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, el objetivo del presente libro consiste en describir el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Se busca alcanzar un nivel de detalle suficiente para que sean explícitos los derechos subjetivos que se derivan de la consagración del derecho a la salud en normas de rango superior, los precedentes jurisprudenciales y obligaciones correspondientes a tales derechos. Las diversas clasificaciones que aquí se ofrecen, buscan la mejor comprensión de dichos derechos subjetivos. Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho ala salud» ([email protected]).

Autor: Comisión Andina de Juristas
Año: 2004
Sinopsis: «Una democracia participativa no se refiere exclusivamente a aquella en la que los ciudadanos son consultados sobre las decisiones políticas el gobernante, sino a aquella que vas más allá reconfigurando el propio poder político. En efecto, una democracia de cuidadnos reales es una en la que el representante se ubica debajo del ciudadano que representa; una en la que el funcionario público está, en la práctica, impedido de sustraer la ilícitamente dinero público; una en la que el los gobernantes y parlamentarios cumplen a cabalidad su gestión; una en la que las fuerzas de seguridad del Estado respetan los derechos humanos y una en la que antes que el voluntarismo de cualquier autoridad política priman las expectativas y opciones de los ciudadanos. La democracia de ciudadanos reales es también aquella en la que se reportan progresos de en la calidad de vida y en el acceso a los servicios públicos» ([email protected]).

Autor: Centro Gumilla
Año: Abril 2004
Sinopsis: «Luchar por el Revocatorio… Cifras Socioeconómicas Venezolanas: en tiempo de crisis» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«Washington, D.C., 9 de abril de 2004
Su Excelencia Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia para expresarle la profunda preocupación de Human Rights Watch por las informaciones fiables que hemos recibido de que agentes de la Guardia Nacional y la policía golpearon y torturaron a personas detenidas durante las recientes protestas en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Dichos casos no son aislados ni excepcionales. Los abusos presuntamente cometidos por estos agentes fueron generalizados y gozaron aparentemente de aprobación oficial en algún nivel de mando de las fuerzas de seguridad.

Durante su programa ‘Aló Presidente’, emitido el 14 de marzo desde la Isla del Burro, S. E. desmintió los informes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas e insistió en que se respetaban todos los derechos de los detenidos. De hecho, desafió a quienes se habían quejado de abusos contra los derechos humanos a que le presentaran nombres de víctimas y declaró su compromiso ‘irreductible’ de promover los derechos humanos y llevar a sus violadores ante la justicia. Teniendo presente ese compromiso, instamos a S. E. a que adopte todas las medidas para asegurar que las investigaciones de estos presuntos abusos sean imparciales y exhaustivas, y que se castigue ejemplarmente a los responsables.

Human Rights Watch no toma partido en el actual conflicto político en Venezuela. Nuestro compromiso consiste exclusivamente en la protección de los derechos fundamentales consagrados en tratados internacionales, ratificados por Venezuela, tales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben categóricamente la tortura bajo cualquier circunstancia. Como Estado Parte en estos instrumentos, Venezuela tiene la obligación no sólo de prevenir las violaciones, sino también de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales y enjuiciar a los responsables.

Durante las últimas semanas, Human Rights Watch ha reunido testimonios sobre presunto maltrato y torturas ocurridos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Los casos que se describen a continuación están basados en entrevistas realizadas por Human Rights Watch con jóvenes que fueron detenidos durante las protestas, y en un caso, con sus padres. Organizaciones de derechos humanos venezolanas han documentado abusos similares, así como artículos de prensa sobre personas que estuvieron detenidas. En conjunto, la información obtenida sugiere un inquietante patrón de conducta de los agentes del Estado que viola claramente las normas internacionales.

Durante esa semana, Venezuela experimentó los disturbios más graves desde el intento de golpe del 11 de abril de 2002 contra su gobierno. El 27 de febrero, una marcha de la oposición se tornó violenta cuando los manifestantes se enfrentaron con unidades de la Guardia Nacional que impedían el acceso a la Plaza Morelos, en el centro de Caracas. A partir de ese día y hasta el 5 de marzo las fuerzas de seguridad utilizaron repetidamente gases lacrimógenos y balas de goma para disolver las protestas. Civiles, tanto del lado del gobierno como de la oposición, al parecer dispararon armas de fuego, como también lo hicieron los miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) vestidos de civil. Entre el 27 de febrero y el 16 de marzo murieron trece personas por heridas de bala en circunstancias aún no aclaradas, sumado a 119 heridos, 49 de ellos por disparos de arma de fuego.

Se informó de la detención de 300 a 400 personas durante las protestas. La mayoría de los detenidos en Caracas fueron puestos en libertad durante las últimas semanas, salvo ocho personas que seguirían detenidas. La mayoría de los procesados han sido acusados de ‘agavillamiento’, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y tenencia de material explosivo.

Algunas personas que estuvieron detenidas informaron a Human Rights Watch que – al momento del arresto y durante la custodia – los golpearon con porras, peinillas, cascos, cachas de armas y otros elementos. Estos golpes continuaron durante su traslado en vehículos de la Guardia Nacional. Dos detenidos declararon que sus captores arrojaron bombas lacrimógenas dentro de un vehículo cerrado en el cual se hallaban, provocando una sensación de ahogamiento, angustia extrema y pánico; mientras otros tres describieron cómo les rociaron el contenido de envases de gas lacrimógeno en la cara y los ojos, provocándoles quemaduras e irritaciones de la piel. Tres detenidos señalaron que los sometieron a choques con bastones eléctricos cuando estaban privados de la libertad.

Las denuncias reiteradas sobre rociamiento con polvos lacrimógenos en la cara y en el cuerpo de las personas detenidas, así como el arrojamiento de gas lacrimógeno y pimienta a vehículos copados de detenidos, son especialmente inquietantes. El efecto del gas empleado en espacios cerrados es más concentrado y duradero que el utilizado en espacios abiertos. Puede provocar el ahogamiento a los detenidos en esas circunstancias. También puede ser mortal para los que sufren enfermedades pulmonares o coronarias. El contacto directo con polvos lacrimógenos puede provocar abrasiones de la piel, lesiones oculares y problemas respiratorios prolongados. Debe realizarse una amplia investigación sobre el supuesto abuso de agentes químicos destinados al control de disturbios y, si los informes son confirmados, deben emitirse órdenes estrictas para prevenir y eliminar esta práctica en el futuro.

Carlos Eduardo Izcaray Pinto, solista de chelo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, fue detenido en la noche del 2 marzo en inmediaciones de la Plaza Altamira, cerca de su casa, donde se encontraba observando las protestas antigubernamentales. Izcaray manifestó a Human Rights Watch que la Guardia Nacional había llegado en medio de un aluvión de piedras y fuegos artificiales y se había enfrentado a los manifestantes, quienes salieron corriendo en todas las direcciones. Entonces, decidió caminar hasta su casa pero fue interceptado por un miembro de la Guardia Nacional que conducía una motocicleta, quien lo detuvo para interrogarlo. Ignorando su argumento de que no era más que un transeúnte, el guardia lo golpeó repetidamente en la cabeza, lo insultó y obligó a subir en la parte trasera de la motocicleta. Posteriormente lo introdujeron en un camión donde había cinco o seis detenidos más. Nos informó:

‘Los guardias dentro del camión siguieron golpeándome en el cuello y el cuerpo con sus porras, cascos y hasta conos de tráfico. Uno me golpeó con su porra con tanta fuerza en el codo que mi brazo y mi mano se quedaron insensibles. Otro de ellos vació una bomba lacrimógena, untó el contenido en mi cabello y mi cara, y le prendió fuego a mi cabello, quemándome el cuello. Un tipo me puso una pistola en la boca y me hizo repetir una frase: ‘Me voy a casa con mi marido’. Supongo que quería humillarme.

Al rato nos trasladaron a un segundo camión. Dentro de este nos hicieron inhalar gas lacrimógeno después de cerrar las lonas laterales y ponerse las máscaras de gas. Lanzaron una de las bombas grandes en el interior, cerraron todas las puertas y si alguien empujaba la lona para escaparse le golpeaban. Mis pulmones estaban ardiendo y pensé realmente que iba a morir. Finalmente logré salir por un lado del vehículo y no intentaron detenerme.

Nos llevaron al 51º Destacamento de la Guardia Nacional en El Paraíso, en el oeste de Caracas. Nos hicieron ponernos a todos de rodillas en una esquina mirando al suelo y golpearon a cualquiera que se moviera con sus cascos o porras. Entonces me aplicaron electrochoques en el cuello y los brazos con algún equipamiento que no pude ver porque estaba por encima de mi cabeza’.

Además, expresó a Human Rights Watch que había tres menores en el grupo de detenidos, entre ellos un muchacho de 15 años y que ‘los trataron tan mal como al resto. Los guardias nos hicieron levantar y sentar rápidamente en orden y al más lento le tiraban polvos lacrimógenos en los ojos. La mayoría de las veces le tiraban los polvos al niño’.

Según el padre de Izcaray, el director de orquesta Felipe Izcaray, ‘Carlos fue dejado en libertad gracias a que un alma caritativa en la Guardia Nacional le dejó hacer una llamada, ya que estaba en la lista de los que iban a ser trasladados a La Planta. El alerta originó la movilización familiar, de amigos y colegas, hasta que fue dejado libre, pero no le permitieron a su abogada verlo mientras duró su detención’. Carlos Izcaray dijo a Human Rights Watch que, antes de su puesta en libertad, un agente de la Guardia Nacional le advirtió de las represalias si denunciaba públicamente el maltrato. Cuando Human Rights Watch habló con él, el 19 de marzo, dijo que su brazo seguía insensible y no podía sostener el arco de su chelo.

Aunque lo detuvo un cuerpo diferente de policía, la experiencia de Asdrúbal Joaquín Rojas Monteverde, estudiante de secundaria de 18 años, fue similar. Rojas fue arrestado el 1º de marzo en Maripérez, Caracas, por agentes armados de la Policía Militar. Manifestó a Human Rights Watch que su madre le había enviado a comprar tarjetas para el teléfono celular. Estaba de camino a comprarlas, acompañado de dos amigos (uno de ellos menor), cuando los detuvo la policía militar. Rojas señaló:

‘La Policía Militar nos llevó a la Plaza Venezuela, donde nos metieron en un convoy. Me golpearon con sus cascos, especialmente en el brazo izquierdo. Me rociaron los ojos con polvos de una canasta de gases lacrimógenos. Picaba como loco. Entonces tiraron una bomba lacrimógena en el camión. Cogí aire y aguanté la respiración todo lo que pude, pero después estaba respirando puro gas. Me estaba ahogando… la policía no hizo nada para ayudarnos, pero golpeé las lonas del camión y conseguí encontrar una apertura. Pude respirar aire otra vez. Después de esto, los agentes me hicieron aparecer delante de las cámaras de televisión en la Plaza Venezuela y decir que había recibido el dinero que llevaba de un partido político como pago por participar en las protestas. Me amenazaron con golpearme más si me negaba.

El camión nos llevó entonces al cuartel de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, donde siguieron maltratándome. Me dieron electrochoques cinco veces con un bastón que llevaban (uno de ellos también lo usó cuando me arrestó). Se me contrajeron los músculos por el efecto de la electricidad, y me empezó a temblar todo el cuerpo’.

La madre de Rojas, Ivette Monteverde de Rojas, dijo a Human Rights Watch que le vio contusiones en el cuello y el hombro cuando lo visitó al día siguiente.

Rojas fue dejado en libertad condicional el 25 de marzo, después de permanecer detenido más de tres semanas en el cuartel del 35º Regimiento de la Policía Militar en San José de San Martín, Fuerte Tiuna. Lo acusaron de ‘agavillamiento’, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y tenencia de sustancias inflamables. Debía comparecer cada quince días a los tribunales y firmar un acta hasta que se resolviera su caso. Recuperada su libertad, Rojas nos señaló que nunca había participado en las protestas, con las que no estaba de acuerdo.

Los padres de Rodrigo Luis Alegrett Salazar, de 21 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Santa María de Caracas, nos denunciaron hechos similares. Alegrett fue puesto en libertad el 31 de marzo, después de varias semanas en la cárcel de la Planta. Se desestimaron todos los cargos en su contra, que incluían obstrucción de la vía pública, desobediencia civil y posesión ilegal de sustancias explosivas. Según sus familiares, los agentes de la Guardia Nacional le arrestaron durante la noche del 29 de febrero, cerca de la Plaza Altamira, cuando iba a tomar el metro para regresar a casa, horas después de participar en las protestas. Tanto sus padres como su hermana afirmaron que cuando se encontraba detenido los miembros de la Guardia Nacional lo golpearon repetidamente con una peinilla y le rociaron agua fría.

El padre de Alegrett, luego de consultar con su hijo, nos informó que los guardias golpearon a los detenidos cuando estaban en el camión y que en el cuartel los maltrataron física y mentalmente, haciéndoles cantar eslogan prochavistas y golpeando a todo el que no cantara lo suficientemente alto. Además, nos informó que los guardias rociaron a los detenidos con polvos, al parecer de los envases de gas lacrimógeno, que irritan la piel y que no dejaron a los detenidos dormir ni llamar por teléfono a nadie. Posteriormente, los guardias rociaron a su hijo y a otro muchacho con una manguera de agua a presión y luego los sometieron a choques con un bastón eléctrico.

Los casos antes descritos coinciden plenamente con los informes que hemos recibido de otras fuentes fiables. La ONG de derechos humanos Una Ventana a la Libertad, por ejemplo, informó de su visita del 9 de marzo a cinco de los detenidos, incluyendo a Alegrett, en La Planta. Todos ellos afirmaron que habían sido golpeados mientras estaban detenidos en las instalaciones de la Guardia Nacional en El Paraíso. Por ejemplo, a uno de los detenidos, David Alejandro Amundaraín, se le reventó un tímpano, al parecer, como consecuencia de los golpes que le propinó un guardia.

Otra fuente de información sobre el maltrato a los detenidos fue Dorindo Burgos Arias, sacerdote de origen español detenido por la Guardia Nacional en la manifestación del 29 de febrero, quien fue dejado en libertad esa misma noche. El religioso dijo a Human Rights Watch que los detenidos estaban hacinados, unos sobre otros, en el camión que los trasladó al cuartel de la Guardia Nacional en El Paraíso (el 51º Destacamento) y que había gritado pidiendo ayuda porque casi no podía respirar. ‘Me introdujeron en el camión como un saco de papas y todo ello rodeado de insultos, golpes, groserías y repitiendo a cada instante: No levanten la cabeza, no nos miren. Nos siguieron insultando, golpeando y lanzando detenidos encima de nosotros. Nos amenazaron con lanzar una bomba lacrimógena’.

El padre dijo que los guardias dejaron de golpearlo cuando supieron que era un sacerdote. Sin embargo, antes de dejarlo en libertad le hicieron firmar un formulario declarando que no lo habían maltratado.

Félix Ernesto Farías Arias, piscólogo de 32 años y líder de Bandera Roja (partido de oposición de izquierda), manifestó a Human Rights Watch que había participado en las protestas antigubernamentales en el barrio de la Candelaria durante la tarde del 2 de marzo. Después que los agentes de la policía municipal de Caracas (Policaracas) y de la DISIP, de civil, disolvieron la protesta, Farías se dirigió a casa, pero fue detenido a 100 metros de esta por dos hombres vestidos de civil, pasamontañas, chalecos antibalas negros y armados con pistolas. Los hombres lo obligaron a entrar en una camioneta donde estaban sentadas otras dos personas. Entre amenazas e insultos, un hombre lo golpeó en el cuello para obligarlo a agacharse y ponerle un pasamontañas al revés, para que no pudiera ver. Farías dijo a Human Rights Watch:

‘Cuando llevaba alrededor de 15 minutos (al menos eso creía) me subieron las mangas de la chaqueta, me sujetaron ambos brazos muy fuerte y a los pocos segundos sentí la primera quemada, la cual hicieron sin preguntarme absolutamente nada. Grité y me dieron otra cachetada y me dijeron que callara. Luego de esa quemada me dijeron: ‘bueno cabrón, ahora si nos vas a decir que coño hacías en La Candelaria’. Les respondí que sólo estaba en la protesta, y me volvieron a quemar diciéndome: ‘este cree que somos pendejos’. Así pasó un larguísimo rato que luego supe fue de una hora y media, quemándome, insultándome, colocándome lo que presumo eran las pistolas en la cabeza y en los testículos y diciéndome reiteradamente que me iban a matar. Luego de la segunda o tercera quemada me pude percatar entre gritos y amenazas de un chasquido que podría asociarse con el sonido de un encendedor o ‘yesquero’, y que al cabo de algunos segundos me pegaban el objeto caliente en el brazo’.

Después de interrogarlo sobre los miembros de su organización y amenazarlo, los captores de Farías le ordenaron que cerrara los ojos, le quitaron el pasamontañas y lo arrojaron del vehículo cuando rodaba a poca velocidad. La caída le provocó contusiones y arañazos en el hombro derecho. Las fotografías publicadas en el diario El Universal el 4 de marzo muestran marcas de quemaduras en sus brazos, las que aparentemente podrían haber sido provocadas con un objeto similar a un tenedor.

El Defensor del Pueblo ha confirmado las denuncias de malos tratos y tortura. El Dr. Germán Mundaraín dijo a Human Rights Watch que su personal ha visitado a todos los detenidos en Caracas y a la mayoría de los detenidos en el resto del país, para evaluar su estado físico y mental, y reunir información en relación con las circunstancias de su arresto y el trato recibido durante la detención. Señaló que su personal había recibido informes fiables de primera mano del maltrato a los detenidos en las estaciones de policía, instalaciones militares y vehículos del gobierno. En el informe preliminar del Defensor del Pueblo, publicado el 25 de marzo, se señala que ‘los cuerpos de seguridad incurrieron en excesos en el uso de la fuerza, posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso, torturas’. En el informe se documentan 7 casos de tortura y 17 de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales enumeran las lesiones registradas en los exámenes médicos.

Entendemos que la Fiscalía General está investigando el presunto maltrato a detenidos. El Fiscal General, Dr. Isaías Rodríguez, ha informado que su oficina está investigando nueve casos. El Dr. Gilberto Venere, funcionario del Ministerio Público encargado de las investigaciones, dijo a Human Rights Watch que están relacionados con seis de los detenidos en La Planta: Rodrigo Luis Alegrett Salazar, José Ramón Merlo Rojas, Heber Gustavo Prado, Angel Daviott, José Rafael Peralta Medina y David Alejandro Amandaraín. También se están investigando las denuncias de tres adolescentes, a quienes agentes de la Guardia Nacional torturaron después de arrestarlos en Caracas, el 1 de marzo. El Dr. Venere dijo a Human Rights Watch que había tomado declaración a las víctimas, ordenado exámenes médicos y que estaba intentado determinar qué agentes participaron en el arresto y la custodia de estos detenidos para proceder a interrogarlos.

Instamos respetuosamente a Su Excelencia a que se adopten todas las medidas necesarias para asegurar que estas investigaciones serán exhaustivas e imparciales, y que sus conclusiones se utilizarán para enjuiciar a los responsables. También instamos a S. E. que garantice la suspensión inmediata del servicio de cualquier policía, militar o agente de seguridad investigado por estos hechos. Así mismo, para prevenir violaciones en el futuro, solicitamos a S. E. que haga saber a todas las fuerzas de seguridad que el maltrato y la tortura no se tolerarán bajo ninguna circunstancia y que quienes incurran en estos abusos serán despedidos y se enfrentarán a procesos penales. Para asegurarse que su posición sobre este tema se conozca ampliamente, le instamos a que divulgue estas instrucciones en su programa semanal de televisión ‘Aló Presidente’.

Aprovecho la oportunidad para expresar a S. E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima,

José Miguel Vivanco.
Cc: Dr. José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República; Cc: Dr. Jesús Arnaldo Pérez, Ministro de Relaciones Exteriores; Cc. Gen. Jorge García Carneiro, Ministro de Defensa; Cc. Gen. Lucas Rincón Romero, Ministro del Interior y Justicia; Cc. Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República; Cc: Dr. Jesse Chacón, Ministro de Comunicación e Información; Cc. Dr. Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo» (Human Rights Watch, 09.04.04, [email protected]).

«Preámbulo:

Convencidos que la participación de la sociedad civil debe ser uno de los componentes básicos para lograr unas relaciones más equitativas y solidarias entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, los representantes de más de un centenar de organizaciones ciudadanas de las tres regiones, nos hemos reunido en el II Foro Euro-latinoamericano-caribeño de la Sociedad Civil celebrado en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México, para hacer propuestas y recomendaciones a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, México, entre los días 28 y 29 de mayo de 2004.

Las organizaciones participantes en el II Foro identificamos diez temas centrales en los que como sociedad civil hemos venido trabajando y gestando alternativas y respuestas a ser desarrolladas en el marco de la Asociación Estratégica UE-ALC. Desde esta experiencia, y en función de la agenda de la próxima Cumbre, planteamos las siguientes propuestas a los Jefes de Estado y de Gobierno para avanzar de manera significativa en la concreción de una Asociación Estratégica más justa, democrática y solidaria entre nuestras regiones.

PROPUESTAS

1. Integración regional y cohesión social

  • Los procesos de integración regional deben fortalecerse como un elemento clave para una relación birregional que contribuya a la cohesión social. La participación de la sociedad civil debe ser incorporada de manera efectiva en los procesos de integración regional, en el marco de los Acuerdos de Asociación así como en las propias Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. Es necesario el acceso oportuno a la información, el desarrollo de consultas y la respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que den posibilidades ciertas de incidencia en los procesos de toma de decisiones. Los Estados deben financiar, apoyar y promover el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para participar en los procesos de integración regionales y birregionales.
  • Para que los Acuerdos de Asociación entre la UE y los países y bloques regionales de ALC sean un instrumento que contribuya a su desarrollo, es imperativo su rediseño para incorporar el reconocimiento de las asimetrías, lo que implica la inclusión de cláusulas relativas al trato preferencial y diferenciado, la exclusión de sectores sensibles de la economía, fondos compensatorios y la salvaguarda de la autonomía estatal en el manejo de la economía de los países.
  • El componente de la cooperación en las relaciones UE-ALC debe ser reformulado para que sea consistente con el objetivo de la cohesión social y, en relación con la implementación de la Iniciativa Social prevista en la Estrategia Regional para América Latina (2002-2006), se deben contemplar las particularidades sub-regionales, dar una efectiva participación a la sociedad civil, y desarrollar estrategias creativas que promuevan la inclusión social. Para que la Iniciativa Social pueda tener un impacto real en la promoción de la cohesión social en ALC, ella debe estar dotada de recursos ajustados a la magnitud de los problemas que busca combatir.
  • Animamos a que se desarrolle y consolide la constitución de un Fondo de Solidaridad Birregional tal como ha sido propuesto por el Parlamento Europeo, que permita atenuar los costos de los cambios necesarios para el desarrollo, promueva la equidad social y la transformación productiva.
  • Los países de la UE deben contribuir con el 0.7 % del PIB para la cooperación al desarrollo con un calendario definido, con el objetivo central de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

2. Comercio, inversiones y deuda externa

  • En el ámbito de las negociaciones multilaterales, la relación UE-ALC debe promover mecanismos transparentes y democráticos de negociación y decisión, tanto en la OMC como en las negociaciones financieras internacionales; debe lograr avances concretos en la agenda de desarrollo de Doha, excluyendo los temas de Singapur, y permitir alcanzar una mayor estabilidad financiera internacional retomando y concretando la propuesta de la tasa Tobin para gravar los capitales financieros con el fin de reorientar recursos para el desarrollo social y el fortalecimiento de los mercados internos.
  • Es imprescindible que el tema de la deuda externa reciba un tratamiento prioritario en el diálogo político entre la UE y ALC, y que nuestras regiones promuevan una conferencia mundial sobre la deuda y la creación de un tribunal internacional de arbitraje para su renegociación o condonación.
  • Resulta necesario que en los acuerdos de asociación se incorporen los mismos criterios que regulan el comercio y la inversión privada en la UE para la generación de empleo digno, la protección social y el acceso universal a los servicios básicos.
  • Los Estados de nuestras regiones deben cumplir con los compromisos asumidos en la Cumbre de Monterrey sobre la Financiación al Desarrollo Sostenible (Consenso de Monterrey) y la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.

3. Vigencia, justiciabilidad y exigibilidad de los DESC y la cohesión social

  • Debe abrirse un diálogo político entre las regiones para la aplicación de los instrumentos internacionales y la protección de los derechos humanos en su integralidad e interdependencia, así como impulsar el Protocolo del Pacto Facultativo Internacional sobre DESC y las normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas en la esfera de los Derechos.
  • Aplicar la Cláusula democrática contenida en los Acuerdos entre la UE y países y regiones de ALC con una dimensión positiva: exigibilidad y aplicabilidad desde una perspectiva integral de derechos humanos, con reciprocidad y mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil tanto de los países como de las regiones.
  • Los gobiernos de las regiones deben promover la estandarización de normas a nivel de cada Estado y en sus compromisos interestatales para evitar la impunidad frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

4. Las políticas de inclusión para la mujer y sus efectos sobre la cohesión social

  • Es necesario eliminar las desigualdades en el acceso de las mujeres a oportunidades de educación, salud y empleo, así como promover su inclusión en los procesos de decisión publica a todos los niveles.
  • Toda política pública debe incluir las siguientes dimensiones: perspectiva de género, transversalidad, reconocimiento de la multiculturalidad y la diversidad. Contribuir al empoderamiento de las mujeres para lograr las condiciones necesarias de autonomía y control sobre sus vidas que permita la realización práctica de una ciudadanía plena.
  • Es indispensable que todo acuerdo entre la UE y países y regiones de ALC tome en cuenta los impactos diferenciados por género e incorpore en el diálogo político a las organizaciones de mujeres que promueven sus derechos.

Tierra, soberanía alimentaria y agricultura familiar

  • Para promover la cohesión social en el medio rural es necesario que los gobiernos impulsen y profundicen los procesos de reforma agraria integral. Asimismo se requieren políticas de desarrollo para los pequeños y medianos productores, instrumentando programas articulados de vivienda, alimentación, educación y salud para combatir la pobreza rural.
  • Eliminar prácticas desleales de comercio a través de subsidios internos que respaldan precios de exportación de los países desarrollados, así como se debe garantizar la soberanía alimentaria excluyendo del proceso de liberalización comercial los productos estratégicos para la alimentación de los países en desarrollo.
  • Desarrollar a largo plazo en ALC un modelo de integración que permita reducir las asimetrías entre el campo y la ciudad y entre regiones rurales respetando la multifuncionalidad de la agricultura campesina, indígena y afrodescendiente.

6. Las políticas de inclusión para los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes

  • Reconocer el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de nuestras sociedades para implementar políticas de inclusión social y participación efectiva en el desarrollo de nuestros pueblos.
  • Respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes y garantizar sus derechos sobre sus territorios y sus recursos naturales. Exigir el respeto a los derechos básicos de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular ratificando e implementando el convenio 169 de la OIT.

7. La interrelación entre democracia, lucha contra la corrupción y justicia para la cohesión social

  • Reconocer a los actores de la sociedad civil como participantes y corresponsables en el desarrollo y desempeño de las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción y la promoción de la cohesión social.
  • Los gobiernos de nuestras regiones deben emprender acciones concretas para erradicar la corrupción, penalizar la evasión fiscal, reglamentar el flujo de capitales y combatir el blanqueo de dinero.
  • Debe homologarse el delito de enriquecimiento ilícito en todas las naciones, trátese de personas físicas o jurídicas, eliminar el secreto bancario y establecer penalizaciones más severas contra funcionarios ligados a delitos de corrupción.
  • Erradicar la impunidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos a través de la ratificación de la Corte Penal Internacional.
  • Para promover la inclusión social y el pleno goce de los derechos ciudadanos, los gobiernos de nuestros países deben garantizar el acceso a una justicia imparcial y transparente sin importar la condición social, racial o sexual de las personas.

8. La responsabilidad del Estado en la lucha contra la exclusión: política fiscal y políticas de redistribución de la riqueza

  • Los gobiernos de nuestras regiones deben modificar la legislación tributaria con criterio social para avanzar en la redistribución de la riqueza. Para ello se deben realizar reformas fiscales que modifiquen las actuales estructuras de tributación y gasto y que estén orientadas a obtener impuestos de los que tienen mayores ingresos.
  • Los países de la UE deben ser coherentes y no demandar a los países de ALC la eliminación de cargas impositivas y de regulaciones para favorecer a sus empresas.

9. Informalidad, maquila y empleo digno

  • Para la generación de empleos dignos debe asumirse el respeto irrestricto de los acuerdos en materia de derechos humanos, en los que se incluyen los derechos laborales incorporados en los convenios suscritos con la OIT. En el establecimiento de derechos laborales debe seguirse el principio de igualdad de derechos ante igualdad de trabajo, entendiendo en aquellos a los relacionados con las remuneraciones, libertad de asociación y sindicalización, perspectiva de género y no discriminación.
  • La implantación de empresas maquiladoras debe sujetarse a la lógica de la sustentabilidad y responsabilidad social, que tenga capacidad para prevenir afectaciones nocivas, respete límites y capacidades, incluyendo el de la reproducción, así como que responda compensatoriamente y de manera inmediata ante desviaciones o daños causados.

10. La nueva emigración latinoamericana y su impacto económico y social

  • Incluir en la agenda de la Cumbre, y a futuro en el marco del diálogo político, en las relaciones económico-comerciales y en la cooperación entre la UE y ALC el tema migratorio de una forma corresponsable, y buscar soluciones multilaterales que tomen en cuenta la participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y por los inmigrantes. La posibilidad de emigrar debe garantizarse a través de la gestión conjunta de los flujos migratorios.
  • Reconocer la importancia del fenómeno migratorio latinoamericano hacia Europa y revalorizar su aporte, luchando contra la delincuencia organizada que trafica con personas y despenalizando y dignificando la situación de sus víctimas.
  • Diseñar un plan de acción conjunto ALC-UE para armonizar las leyes de extranjería al estándar más alto de protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes, y hacer acuerdos que fomenten el retorno voluntario acompañado y los programas de inserción social y productiva de los emigrantes a sus países de origen.
  • Prestar una particular atención a la problemática de las mujeres migrantes haciendo un llamado a los gobiernos de la UE para la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y exposición a situaciones de violencia y explotación laboral y sexual.

Pátzcuaro, Michoacán, 26 de marzo de 2004″ (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, 02.04.04, [email protected]).

«Con profunda consternación y dolor, las organizaciones que conforman el Foro por la Vida queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas y con los familiares de víctimas del reciente atentado ocurrido en la ciudad de Madrid y que enluta hoy no sólo al Pueblo español sino a toda la comunidad hispanoamericana y mundial.

Condenamos categóricamente esta nueva expresión de brutalidad criminal y terrorista, así como condenamos el terrorismo político, el terrorismo fundamentalista o el terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas a lo largo y ancho de nuestro planeta. No es con violencia ni atacando a personas inocentes como se logrará construir un mundo más justo, inclusivo y humano. Los actos terroristas, lejos de dar razón y legitimidad a quienes los ejecutan bajo el supuesto de una ‘causa justa’, sólo logran producir el rechazo y la condena a sus autores, restando toda credibilidad a las causas que dicen defender.

El gran desafío de nuestro tiempo es superar las vías violentas para dirimir las diferencias y construir un marco de respeto a los derechos humanos plenamente efectivo. Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para reforzar el trabajo en pro de garantizar plena y efectivamente todos los derechos humanos a todos nuestros pueblos, especialmente los vinculados con el respeto a la diversidad cultural, la autodeterminación y la seguridad humana personal y colectiva.

Solicitamos igualmente a la comunidad internacional tomar las medidas necesarias a los fines de evitar este tipo de acciones terroristas, intensificar y coordinar esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de actos, así como prever todo tipo de medidas para evitar acciones retaliativas contra poblaciones que a consecuencia de estos atentados y por su origen étnico pudiesen ser objeto de agresiones o ataques por sectores radicales.

Reiteramos nuestro compromiso con la paz y por ende nuestra convicción de que sólo por la vía del diálogo, del respeto mutuo y de la eficiente administración de justicia se pueden superar las diferencias.

Suscriben por el Foro por la Vida:

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana Humana Dignitas; Oficina de Derechos Humanos de Apure; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR)» (Foro por la Vida , 30.03.04, [email protected]).

Del 13 al 25 de marzo de 2004

Servicio informativo Nº 135

CONTEXTO

“Gracias a que hay gente imprescindible que ha luchado muchísimo por la memoria y la justicia es que esto pudo suceder”

(Testimonio de una sobreviviente de la ESMA después de la visita realizada el día 19.03.04 al lugar en donde fue “desaparecida” durante meses).

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina fue el sitio físico donde se concretó uno de los proyectos de exterminio más atroces implementados por el terrorismo del Estado argentino ejercido por la Junta militar a partir del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta el año 1983. No fue el único, pero quizá sí el de mayor perversión del “Poder Desaparecedor”. “Entre 1976 y 1982 funcionaron (…) 340 campos de concentración-exterminio, distribuidos en todo el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas, que concentraron personas secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable, tanto por el número de prisioneros como por el tamaño de las instalaciones. Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento fueron asesinadas. (…) La Escuela de Mecánica de la Armada alojó entre 3.000 y 4.500 prisioneros de 1976 a 1979” (Poder y Desaparición, Pilar Calveiro, pág. 29).

La ESMA está ubicada en el corazón de la Capital Federal, a pocos metros del Estadio de Fútbol conocido como el Monumental de River Plate, donde en 1978 se jugó la final del Mundial de Fútbol del cual Argentina salió campeón. Hay testimonios de prisioneros sobrevivientes que cuentan cómo los gritos de la hinchada que vivaba los goles se mezclaban con los ayes de dolor de los torturados.

Para entonces, por el mundo ya había comenzado a circular la denuncia del genocidio, pero en el país, la ley del terror producía su efecto: de eso no se hablaba. Los argentinos éramos “derechos y humanos”. Así lo sentenciaba el Poder y así lo decían miles de cartelitos pegados por toda la capital. Los formadores de “opinión pública” repetían hasta el cansancio: “Si se los llevaron, por algo será”. La palabra “desaparecido” comenzaba a instalarse en la cotidianeidad del pueblo golpeado, pero quien la denunciara y desafiara el silencio impuesto, corría el riesgo del peor y más temido de los destinos: más allá de caer prisionero, más allá de ser torturado, más allá de morir, podía pasar a ser –justamente- “otro desaparecido”.

Pasaron 28 años. El 24 de marzo de 2004, por decisión presidencial, en los predios de la ESMA se creará el Museo de la Memoria.

¿Qué hizo posible que “Ese Infierno” (título de un libro testimonial escrito por 6 mujeres sobrevivientes de ese campo de concentración) deviniera en testigo de un país que parece volver a pronunciar otra vez con fuerzas “Nunca más”?

No es simplismo afirmar que el motor de esa perseverancia fueron las organizaciones de madres, de abuelas, de hijos, de hermanos, de ex detenidos-desaparecidos, de derechos humanos, que durante todos estos años siguieron exigiendo JUSTICIA, VERDAD Y MEMORIA. “Locas” fueron nombradas las primeras por el genocida. Con los años, el mundo entero se apropió del pañuelo blanco que se erigió en un símbolo universal de la lucha por la dignidad. Nada hubiera sido posible sin el tesonero empuje de esas organizaciones que lucharon contra todo: contra la muerte y el silencio primero, contra la complicidad de los políticos que sancionaron decretos y leyes para la impunidad después, contra la indiferencia del “no te metás” y del “eso ya pasó”, siempre. Tesoneras, incansables, implacables, lograron lo que hace unos años parecía imposible.

Cabe agregar que esa corriente vivificadora confluyó con otra, con la que formaron otras víctimas, las que había producido el modelo económico impuesto por aquel régimen de terror. Nunca, en la historia argentina se habían violado tan masivamente los derechos civiles y políticos, justamente para poder imponer la más masiva violación de los derechos económicos, sociales y culturales de una gran mayoría de la población.

Hombres y mujeres pertenecientes a ambas corrientes lloraron y festejaron este 24.03.04 frente a las puertas de la ESMA.

Desde Provea hacemos una excepción a nuestra lectura, centrada en la realidad nacional de derechos humanos, para extender nuestro abrazo solidario a quienes hicieron posible esta derrota de la desmemoria, que es afirmación de la vida. En especial, a nuestro amigo y compañero Raúl Cubas, sobreviviente de la ESMA que decidió no callar y asumir las consecuencias de sus denuncias para que la justicia alcance a los responsables, única manera de que el horror no se repita.

Desde febrero Provea puso a disposición de estudiantes de todos los niveles, académicos/as, vecinos/as, trabajadores/as y público interesado su centro de documentación Todos los Derechos para Todos. En el marco de la celebración de su decimoquinto aniversario, Provea reabre públicamente su fondo documental con un nuevo servicio automatizado, el cual dispone de más de 4.000 libros y más de 100 títulos de publicaciones periódicas especializadas en derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.

Con la reapertura de este servicio, Provea pone a la orden de todos un medio para fortalecer sus estrategias de exigibilidad y promocionar los derechos sociales, mediante la utilización de una plataforma tecnológica que brinda a los usuarios una búsqueda inmediata y precisa de materiales bibliográficos, electrónicos y hemerográficos. Con sólo formar parte de su comunidad, el usuario podrá contar con un servicio personalizado de selecciones bibliográficas, boletines informativos y las últimas publicaciones adquiridas por el Centro. Las consultas pueden adelantarse vía correo electrónico, por la dirección [email protected] o por los siguientes teléfonos: 0212 862 10 11/860 66 69, extensión 24.

Además, a partir de esta edición, el servicio informativo Derechos humanos y coyuntura brindará una nueva sección titulada NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS, que contendrá una reseña de los últimos ingresos a este fondo documental.

Marco Ponce, bibliotecólogo a cargo de la atención a los usuarios, señaló que “el fondo bibliográfico de este centro de documentación es, entre los de acceso público, el más completo en materia de derechos humanos del país: concentra textos dedicados no sólo a los aspectos jurídicos y teóricos de los derechos humanos, sino que además abarca material documental relacionado con las estrategias de defensa y promoción de los derechos en Venezuela y varias partes del mundo”.

El servicio se presta al público en los siguientes horarios: de lunes a viernes (excepto el jueves) de 9:00 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM. El centro de documentación Todos los Derechos para Todos está ubicado en la sede de Provea, en el Bulevar Panteón, entre las esquinas Tienda Honda a Puente Trinidad de la Parroquia Altagracia de Caracas; edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6 de la planta baja (Provea, 10.02.04, http://www.derechos.org.ve).

El 18.03.04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el que examina asuntos como la administración de justicia, el papel de las fuerzas armadas y la policía, el respeto a la libertad de expresión y las consecuencias de la polarización política que vive el país.

El documento está disponible en internet (http://www.cidh.oas.org/Venezuela2003.pdf) y fue elaborado sobre la base de información recabada antes, durante y después de la visita in loco a Venezuela llevada a cabo en mayo de 2002. El informe cubre acontecimientos sucedidos hasta octubre del año 2003 y fue aprobado por la CIDH durante su 118º período ordinario de sesiones (octubre de 2003). Vale destacar que dicho informe fue entregado al Estado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 13.11.03 «con la solicitud de que presentara observaciones que considerara pertinentes dentro del plazo improrrogable de un  mes. Mediante comunicación de fecha 12 de diciembre de 2003 el Estado venezolano solicitó a la CIDH una prórroga de dicho plazo para la presentación de sus observaciones. En tal virtud, mediante comunicación de fecha 16 de diciembre de 2003 la Comisión informó al Estado de las razones por las cuales no podía acceder a su solicitud de prórroga y al mismo tiempo le indicó que aguardaría un plazo razonable antes de proceder a la publicación del informe […] El 29 de diciembre de 2003 la Comisión consideró la aprobación definitiva y publicación del ‘Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela’ sin que se hayan recibido las observaciones del Estado» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 29.12.03, pág. 14).

El documento destaca varios aspectos positivos de la Constitución, entre ellos el rango constitucional de los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado; la ampliación de las condiciones jurídicas de protección de la seguridad e integridad personal; la inclusión de normas especiales sobre derechos humanos (derechos de los pueblos indígenas, los derechos económicos, sociales y culturales y la creación de instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos). No obstante, observa “preocupantes signos de fragilidad institucional” (Ídem., pág. 203), entre los cuales menciona la falta de aplicación integra de la nueva Carta Magna, la percepción de la falta de independencia de los poderes del Estado y la creciente concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, la actuación impune de ciertos grupos civiles armados y de grupos parapoliciales, los constantes ataques contra periodistas y medios de comunicación y la tendencia hacia una militarización de la administración publica mediante el rol cada vez mas protagónico de las Fuerzas Armadas. Tales signos indican a la CIDH “una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho» existente en el sistema democrático venezolano (Ídem., pág. 213).

Concluye el órgano hemisférico de protección de los derechos humanos señalando que «espera que el Gobierno de Venezuela y los demás actores políticos del país, incluyendo los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, continúen demostrando voluntad política para buscar soluciones a los serios problemas de derechos humanos que afectan a los habitantes del país» (Ídem. pág. 213-214).

Hay que recordar que la CIDH realizó su visita a Venezuela a solicitud del Presidente Hugo Chávez, quien durante un viaje a Washington en 1999, visitó sus oficinas en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 18.03.04, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/9.04.htm).

Luego de dar a conocer este documento, la CIDH fue objeto de críticas emitidas por la misión permanente de Venezuela ante la OEA, encabezada por Jorge Valero, embajador ante el órgano hemisférico. En un comunicado que Valero hizo público el 19.03.04, se acusa a la Comisión de estar parcializada a favor del sector que se opone al Presidente Hugo Chávez: «la metodología utilizada por la CIDH para elaborar el informe privilegió información proporcionada por factores políticos de la oposición y sectores de la autodenominada sociedad civil que propiciaron el golpe de Estado en Venezuela. La información suministrada por el Estado venezolano, por el contrario, fue totalmente desestimada. Con respecto al informe de la CIDH también debemos recordar un antecedente relevante. Eduardo Bertoni, relator de Libertad de Expresión, expresó a un medio impreso venezolano, en mayo de 2002, que el informe definitivo de la CIDH -que ahora ha sido publicado- no sufriría cambios. En otras palabras, se estaba denegando, con antelación, el derecho que tiene el Estado venezolano a su legítima defensa» (El Nacional, 20.03.04, pág. A/6).

Como un caso emblemático de la parcialidad de la CIDH, el comunicado recuerda la falta de una acción definitiva por parte de la CIDH que culminara con la adopción de la medida cautelar solicitada por el abogado Ricardo Dorado, con apoyo de Provea, a favor del Primer Mandatario en el contexto del golpe de Estado de abril 2002 (ver recuadro Itinerario de las relaciones entre el Sistema Interamericano y Venezuela ante el golpe de Estado del capítulo Gestiones Internacionales ante Organismos Internacionales, en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2001-septiembre 2002, http://www.derechos.org.ve). Para Valero, esta situación evidencia «una falta de imparcialidad en la actuación de la mayoría de sus miembros» (El Nacional, Op. cit.).

Seis días antes de la publicación de dicho documento, éste órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos concluía su 119º período ordinario de sesiones, en el cual celebró 59 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Algunas de tales audiencias contaron con la participación de representantes de algunas organizaciones venezolanas de derechos humanos -entre las que cuenta Provea -, de quienes la CIDH recibió información sobre la situación del Estado de derecho en el país (ver nota «Casos Haximú y jubilados de VIASA en mesas de trabajo de la CIDH» en sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición). En este sentido, la CIDH fue actualizada en temas como las últimas acciones de los grupos parapoliciales que operan en varias dependencias federales; la impunidad que rodea las investigaciones de casos relacionados a violaciones de derechos humanos; la situación de pueblos indígenas en zonas mineras del Sur de Venezuela; y la fragilidad del sistema judicial. Con atención trataron la información de los hechos de violencia ocurridos en el marco de las manifestaciones llevadas a cabo entre el 27.02.04 y el 01.03.04. Sobre esta situación particular, la CIDH reiteró su llamado a la pacificación y a la preservación de la democracia y el Estado de Derecho en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 22.03.04, http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/indice.htm).

Además, la CIDH admitió los casos de Luisiana Ríos y otros (equipo periodístico del canal de televisión Radio Caracas Televisión), Gabriela Perozo y otros (equipo periodístico del canal de televisión Globovisión) y de Mauro Acosta Padrón y otros (trabajadores de Venevisión). También se realizó una audiencias sobre  caso del general Carlos Rafael Alonso Martínez (CIDH, Ídem.).

A la presentación del informe de clausura de este período ordinario de sesiones de la Comisión, le siguió otra reacción del gobierno venezolano. Esta vez fue Fermín Toro, agente del Estado ante las instancias de derechos humanos del sistema interamericano, quien en el marco de un foro público organizado por el gobierno, dirigió duras críticas contra los miembros de la CIDH, a quienes calificó como «agentes del imperialismo», según reseña de prensa (El Aragüeño, 12.03.04, pág. 19). Los señalamientos de Toro fueron secundados por otros del mismo tono emitidos por Diosdado Cabello, ministro de Infraestructura, que acusó al organismo de estar al servicio de «sectores poderosos del mundo», según lo recogió la prensa capitalina (El Globo, 15.03.04, pág. 2). 

Posteriormente, el 19.03.04, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA presentaba su  informe anual correspondiente al año pasado y aprobado por la CIDH (CIDH, 22.03.04, http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/ComPren2004/ComPren10104.htm), en el que señala que: “el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio continuó experimentando, durante el año 2003, el mismo tipo de problemas que han sido mencionados por la Relatoría en los últimos años”. El informe concluye que la libertad de expresión en las Américas no puede caracterizarse como plena y libre de trabas» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Como en los años anteriores, este volumen incluye una evaluación de la situación de la libertad de expresión en los países que integran la OEA. En ella se enfatiza que hubo “un fuerte debate y crítica a las acciones de los gobiernos a través de la prensa se constata en varios países del hemisferio, pero en Venezuela, Haití y Guatemala se constatan agresiones en perjuicio de los periodistas y ataques a las instalaciones de medios de comunicación que estarían motivados en tales críticas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ídem.). El texto completo del informe se puede consultar en http://www.cidh.org/Relatoria/Spanish/InformeAnual/InfAnRel03/Indice2003.htm. 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Provea participó en 2 reuniones de trabajo solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer la situación de algunos de los casos elevados por esta organización ante la CIDH. A dichas reuniones de trabajo asistieron un comisionado de la CIDH, el agente del Estado venezolano ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y Marino Alvarado, coordinador del área de Defensa de Provea.

Se trata del caso conocido como Masacre de Haximú, elevado en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch Americas, en diciembre de 1996; y del caso llevado junto con la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (Antjuviasa) y CEJIL ante dicha instancia en septiembre de 2001.

En la primera reunión de trabajo se trató el caso Haximú, acerca del cual Alvarado señaló que “se informó a la Comisión acerca del no cumplimiento por parte del Estado venezolano del acuerdo amistoso suscrito con el Estado el 10.12.99, entre cuyos puntos está la implementación de un plan de salud para el pueblo Yanomami, la consulta obligatoria con los pueblos indígenas para el otorgamiento de los permisos para explotar los recursos naturales encontrados en los hábitat indígenas y un plan de vigilancia y control del área que constituye su hábitat”. Comentó Alvarado que “además, se denunció ante los comisionados la omisión y complicidad del componente de la Fuerza Armada Nacional asentado en el sur del país ante la situación de agravamiento del problema de la minería ilegal, que afecta negativamente a los pueblos indígenas habitantes de la zona y que se está constituyendo como un posible riesgo de que se repitan las circunstancias que provocaron, en el año 1993, el asesinato de 16 yanomamis miembros de una comunidad radicada en el sector Haximú de la Amazonia venezolana, a manos de mineros brasileños ilegales (garimpeiros) que invadieron sus tierras”.

Con respecto al caso de los jubilados de VIASA, que ocupó la segunda reunión, el representante de Provea informó que “se puso al tanto a esta instancia del sistema interamericano del incumplimiento del Estado venezolano de las acciones que las autoridades estatales competentes debían efectuar. Por esa razón, ante la CIDH, instamos al agente del Estado venezolano a acelerar los procedimientos de reparación del daño en que incurrió el Estado al ignorar las medidas de resarcimiento sentenciadas por distintos órganos jurídicos nacionales”. Vale recordar que este caso fue elevado ante la instancia hemisférica con el fin de exigir al Estado venezolano hacer cumplir el mandato judicial del Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, confirmado por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo y ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el cual se resarcía el daño hecho a los jubilados de VIASA cuando, en 1998, se les obligó a renunciar a su derecho a la jubilación.

Provea, así como las organizaciones de derechos humanos involucradas en estos casos, esperan que el resultado de ambas jornadas produzca una reacción positiva del Estado venezolano, que permita el avance hacia un compromiso más firme ante las reparaciones exigidas por las partes afectadas (Provea, 04.03.04, http://www.derechos.org.ve).

Provea ha conocido algunas denuncias de amenazas de despido, de despidos materializados y de la obligación de participar en actividades políticas de la oposición o del oficialismo contra la voluntad de los/as trabajadores/as. Tal situación viene ocurriendo en los sectores públicos nacional, estadal, municipal así como en el sector privado.

Ante tal situación, Provea convoca a los/as afectados/as a continuar presentando sus denuncias, más allá de las realizadas a los medios de comunicación, con la finalidad de ejercer acciones en defensa de sus derechos ante las instituciones competentes. De la misma manera expresamos nuestra voluntad de cooperar con la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y cualquier otro gremio o federación que esté procesando denuncias. Cualquier denuncia puede ser presentada en la sede de nuestra organización (edificio Centro Plaza Las Mercedes, local 6 de P.B., entre esquinas de Tienda Honda a Puente Trinidad, bulevar Panteón, parroquia Altagracia, Caracas, telfs. 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69; correo-e: [email protected]). Cabe advertir que no procesamos denuncias que se presenten de manera anónima o que no identifiquen de manera precisa al agraviante.

Invitación semejante a cursado el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), con quien Provea mantiene mecanismos de coordinación. Al respecto, Ligia Bolívar y María Gabriela Cuevas, representantes del CDH-UCAB convocaron el 23.03.04 a una rueda de prensa para expresar su preocupación y acciones que se proponen adelantar frente a la posible vulneración de los derechos de los trabajadores. En esa ocasión, ambas explicaron que la vulneración del libre ejercicio a la participación política se produce cuando existen represalias, fundadas en la opinión política de las personas, manifestada a través del ejercicio del derecho, tanto de abstenerse de firmar como de firmar, para solicitar la convocatoria de referendos revocatorios de mandato. También se vulnera el derecho a la participación política cuando las personas son presionadas a suscribir documentos en que renuncian a su derecho de sostener una determinada postura política. Los derechos humanos son irrenunciables, por lo que tales documentos carecen de validez, aun cuando hubieran sido suscritos de manera voluntaria. La sola amenaza de represalia coarta el libre ejercicio a la participación política. La amenaza puede ser dirigida contra una persona determinada o contra un colectivo en general; puede ser comunicada directamente, por medios de comunicación, o mediante panfletos, carteleras o hasta rumores intencionados; puede ser expresa o insinuada; puede provenir de una persona identificada o ser anónima. Ciertos mecanismos de represalia consisten en la vulneración de otros derechos como los derechos laborales y el derecho a la no discriminación (Centro de Derechos Humanos de la UCAB, 23.03.04, [email protected]).

Con respecto a la vulneración del derecho de acceso, en condiciones generales de igualdad, a la función pública, este derecho implica no solo que no haya discriminación y trato desigual en la selección de quienes ingresan como funcionarios públicos, sino también el derecho a permanecer en el ejercicio del cargo sin que se utilicen criterios discriminatorios para poner fin al ejercicio de la función.

Las manifestaciones públicas de altos funcionarios afirmando que participar en los procesos de revocatoria de mandato con posturas políticas de oposición acarrea consecuencias negativas, constituyen tanto una manifestación de voluntad de discriminar a los empleados públicos por su opinión política, como una forma de irrespeto al ejercicio del derecho a la participación. Si el ejercicio de derechos se somete a represalias el derecho no existe realmente (Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ídem.).

Acerca de la vulneración de los derechos laborales, ésta se produce cuando se les coacciona para que asuman una determinada postura política, a través de: despido, o amenaza de despido; negación de ascenso, o amenaza de negación de ascenso; supresión o negación de beneficios, o amenaza de supresión o negación de beneficios; trato desigual a los trabajadores: por oferta de beneficios o alicientes a quienes se alineen en la misma postura política del empleador; otras que afecten su condición laboral, ambiente apropiado de trabajo, y posibilidades de defensa de sus intereses (Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ídem.).

En cuanto a la vulneración del derecho a la no discriminación, las representantes del Centro explican que se produce cuando se coacciona a personas (aun cuando no estén sometidas a relación laboral) para que asuman una determinada postura política, a través de: terminación de contrato, o amenaza de terminación de contrato; no renovación de contrato, o amenaza de no renovación de contrato; negación de prestación de servicios, o amenaza de negación de prestación de servicios; negación de acceso a lugares de uso público (sean de administración privada o pública) (Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ídem.).

“Queremos hacer especial énfasis en que los afectados por estos hechos podrían ser personas favorables al oficialismo, personas de oposición, personas no alineadas con alguno de los dos sectores en conflicto, o personas abiertamente en contra de ambos sectores” aseveró Cuevas. «Las personas que no se alinean con ninguno de los dos sectores en conflicto (que no solicitaron que se iniciara procedimiento revocatorio alguno), así como las personas abiertamente en contra de ambos sectores (que solicitaron que se iniciara procedimientos en contra de mandatarios y representantes tanto de oposición como del oficialismo), podrían verse afectadas por represalias provenientes tanto de sectores de oposición como de sectores oficialistas, por las mismas razones antes expuestas”, agregó.

Con respecto a esta temática, resultaron alarmantes las declaraciones de Roger Capella, ministro de Salud y Desarrollo Social (MSDS), quien el 20.03.04 anunció públicamente el despido masivo de trabajadores que hubiesen participado en El Reafirmazo: «quienes hayan firmado contra Chávez serán despedido porque se trata de un acto de terrorismo» (El Universal, 23.03,04, pág. 1/13). El funcionario también señaló que «el Gobierno no puede permitir que los hospitales estén llenos de conspiradores y terroristas […] El terrorismo no tiene derecho de conspirar en ninguna parte del mundo» (El Nacional, 22.03.04, http://www.el-nacional.com/Articulos/DetalleArticulo.asp?idSeccion=64&id=41300). tienen «una connotación personal».

Dos días después, el 22.03.04, en un acto público Capella intentó retractarse de sus palabras: «reconozco que fue un error. Es lamentable que en nombre de mis declaraciones todo el mundo va a poder hacer lo que sea y decir que está saliendo del cargo por lo que dije» (El Nacional, 23.03.04, pág. B/8)  y aseguró que «ni el ministerio ni en los entes sanitarios que dependen del Estado se ha tomado ni se tomarán retailaciones políticas para quienes tengan una visión diferente a la del Gobierno» (El Nacional, 23.03.04, Ibíd.).

Al paso de las reacciones que provocó la primera declaración del titular del MSDS, salió María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo (MINTRA), quien aseguró no tener registrada en las Inspectorías del Trabajo ninguna denuncia de violación al derecho al trabajo por parte del gobierno nacional. En cambio, afirmó haber remitido al Ministerio Público (MP) 19 expedientes abiertos contra empresas privadas acusadas de violar los derechos a pensar y expresarse de sus trabajadores, además «se han hecho más de 172 inspecciones por denuncias y 2 amparos introducidos ante los tribunales» (Aporrea, 22.03.04,  http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=15071). Dentro de las razones por las cuales se hicieron los procedimientos, destaca el otorgamiento de bonificación por firmar, ofrecimiento de transporte gratis hasta el lugar de recolección de firmas y fuertes acciones intimidatorias (Aporrea, Ídem.). Sin embargo, Carlos Montilla, Inspector Nacional del Trabajo, aseguró que «se están verificando aproximadamente 380 casos, pero las denuncias más concretas ascienden a 236 y en estos momentos varias de las situaciones están siendo sustanciadas para presentarlas ante la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional Electoral» (El Universal, 25.03.04, pág. 1/12). Montilla agregó que «después de haber recibido las denuncias los funcionarios del despacho se presentaron en las sedes de las empresas para interrogar a los patronos y manifestarles que cesen las intimidaciones con el personal. El Ministerio ya ha interpuesto 2 amparos ante los tribunales. En el Juzgado Superior del Estado Carabobo está siendo analizado un caso, específicamente el de la Maternidad del Sur» (El Universal, Ibíd.). Finalmente, el funcionario admite que el organismo todavía no ha recibido denuncias por parte de los empleados de la Administración Pública Central, por esta razón «el ministerio publicará un comunicado en el cual exhortará a los empleados públicos a que notifiquen en las inspectorías las coacciones que están recibiendo» (El Universal, Ibíd.).

Ante esta situación, Provea exhorta a la Defensoría del Pueblo a jugar un papel activo en la defensa de los derechos de los trabajadores y salvaguardar el derecho a la participación política libre de toda coacción e, igualmente, emplaza a todos los funcionarios públicos que tienen responsabilidades gerenciales y a los patronos privados a no discriminar por razones políticas y, por el contrario, respetar el libre ejercicio de los derechos constitucionales.

Omar Alfredo Mora, presidente de la sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), notificó que a 8 meses de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ha logrado un 95% de éxito en la etapa mediación entre las partes y que los pocos casos que llegan a juicio, se están resolviendo en menos de 2 meses, superando las expectativas establecidas en la Ley, que acordaba un período de 8 meses como promedio para la resolución de los casos (Reporte Diario de la Economía, 22.03.04, pág. 3).

Como se recordará, el 14.08.03 fue puesto en marcha este instrumento jurídico, con el cual se esperaba regularizar los procesos jurídicos con un procedimiento sencillo, oral, gratuito y público para la defensa de los derechos laborales. Con esta Ley se unificarían los procedimientos judiciales y se cumpliría el mandato constitucional de modernizar al sistema judicial.(ver edición Nº 123 de este servicio informativo en http://wwww.derechos.org.ve).

A juicio del magistrado Mora, la exitosa respuesta alcanzada en tan poco tiempo de vigencia de este marco jurídico, permite la exportación del mismo esquema a otros ámbitos legales: «eses mismo modelo queremos aplicarlo en todo el país con la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente y con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para lograr una tutela judicial efectiva, así como para impulsar y fortalecer los medios alternos de resolución de conflicto, donde la conciliación sea un mecanismo eficaz para evitar que los procesos judiciales lleguen a fase de juicio y aquellos que alcancen esa etapa, sean resueltos con transparencia y rapidez» (Reporte Diario de la Economía, Ibíd.).

Según reporta una fuente periodística, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) registra, entre agosto de 2003 y febrero de 2004 un aumento en el registros nacional de cooperativas, que de 5.954 pasó a 15.249 (Tal Cual, 22.03.04, pág. 8).

El Distrito Capital concentra el mayor número de asociaciones: 2.022 y, de acuerdo al Sunacoop, el sector bienes y servicios lidera la cantidad de cooperativas con un total de 6.676, seguido del sector agropecuario con un total de 4.436 cooperativas para febrero de este año. Las cooperativas agrarias son las que reciben mayor apoyo financiero de la banca del Estado, junto con las asociaciones vinculadas a los sectores de servicios, alimentos y manufactura, entre otros (Tal Cual, Ibíd.).

La fuente destaca que este auge de cooperativas se debe al Plan de Desarrollo Endógeno y a la propuesta de una economía solidaria impulsado por el Gobierno Nacional y que se ejecuta a través de las instituciones financieras estatales «que se han abocado a constituir líneas de crédito con otros organismos del Estado a fin de que el movimiento cooperativo obtenga los recursos económicos para constituir el capital de trabajo inicial. El Banco de desarrollo Económico y Social (Bandes), además de sus programas de financiamiento, tiene líneas de crédito y convenios con el Banco Industrial de Venezuela, el INCE, Fondata, Fondemi y el MEM para el financiamiento de cooperativas. Los programas y convenios del Bandes han otorgado sólo a asociaciones cooperativas 190 créditos por Bs. 18.642 millones, entre mayo de 2003 y febrero de 2004. esta cantidad ha beneficiado a una población de 10.030 personas, ha generado 1.272 empleos directos y 2.731 empleos indirectos […] En términos de empleo, la Sunacoop dice que las 15.249 cooperativas representan 750 familias beneficiadas directamente y 1,4 millones de familias indirectamente. No obstante, la contribución a la actividad económica y su participación en el mercado se desconocen» (Tal Cual, Ibíd.).

El 12.03.04 se dio inicio a la misión Vuelvan Caras en todo el territorio nacional. Esta misión fue anunciada por el Presidente de la República, Hugo Chávez en su programa Aló Presidente No. 178, como un plan de capacitación de trabajadores que pretende transformar el modelo económico «a un modelo de economía social, incorporando a los ciudadanos, particularmente a los sectores excluidos en el desarrollo endógeno y sustentable, mediante la formación y el trabajo integral, hasta lograr una calidad de vida digna de todos» (Foro Nacional, 5.03.04, http://www.foronacional.gov.ve/vuelvancaras/). Durante el mensaje anual pronunciado ante los parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) el 15.01.04, el Presidente Chávez informó que con esta misión se espera reducir el desempleo de 15.4% a 5% para diciembre de este año (Infocentro, 25.03.04, http://www.infocentro.gov.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=368). La misión Vuelvan Caras contempla la reactivación de importantes parques industriales y centros de desarrollo turístico a lo largo y ancho del territorio nacional a fin de lograr la transformación social y económica que necesita el país. Los integrantes de la misión serán asignados a distintos sectores productivos tomando en cuenta las necesidades del país. La misión privilegiará al sector agrícola, en primer lugar, mediante la asignación del 50% de los beneficiaros de esta misión. Otro 30% será asignados al sector industrial, un 10% al sector turismo, mientras que el 5% al sector infraestructura y otro 5% por ciento al sector servicios. El proceso educativo de esta misión contempla, además, 2 áreas: educación para el trabajo, en el que profundizará en las técnicas y destrezas para la producción, y educación socio política, para fortalecer principios de ciudadanía, según destaca una fuente oficial (Ministerio de Comunicación e Información, 25.03.04, http://www.minci.gov.ve/noticia.asp?numn=523) Luego de suministrar la capacitación laboral, la misión entrará en la fase de la organización comunitaria, estableciendo equipos de trabajo en diferentes actividades productivas (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 25.03.04, http://www.me.gov.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=105). 

En el acto de apertura de esta misión, Castro Soteldo, titular del ministerio de Industria y Comercio afirmó que «a nivel nacional se activaron 18 espacios, a los cuales se sumarán posteriormente 24, que formarán cerca de 50 unidades productivas en el 2004, sobre diferentes ramos de la industria y el comercio» (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ibíd.).

Según informa la prensa, uno de estos espacios ocupa la sede del centro de formación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de Guarenas, en donde ingresaron 120 alumnos que recibirán clases en 6 diferentes cursos (Tal Cual, 23.03.04, págs. 8-9). La fuente relata que a cada uno de estos alumnos, así como a todos los demás que participan en esta misión, se les cancela una beca salario mensual de 186.000 bolívares, además de desayunos y almuerzos, uniformes, herramientas y cursos de formación. El Estado invierte por este concepto un total de 300 millardos de bolívares y 139 millardos de bolívares a la recuperación de los 17 parques industriales que están destinados para su recuperación en los Edos. Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Mérida, entre otros.

«La inscripción en la misión supone 4 pasos: 1) Llenar una planilla de datos de registro en la que, además de los datos personales, se pregunta sobre la carga familiar, los ingresos, la misión en la que participaba, destreza laboral e interés laboral; 2) Esperar la selección en el curso elegido, a través de anuncios en la prensa nacional; 3) Una vez seleccionado, acudir a realizar la inscripción formal en las sedes del INCE en el país; 4) Esperar que lo llamen para darle indicaciones sobre el comienzo de los cursos. Orlano Orsini, gerente regional del INCE en MIranda, asegura que el proceso está abierto a todos los venezolanos y que sólo fue en los    comienzos de la misión cuando se requerirá estar participando en una misión diferente» (Tal Cual, Ibíd.).

Por su parte, Provea considera que la evaluación de ésta como de otras misiones sociales que lleva el Gobierno Nacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, dependerá de un seguimiento exhaustivo del desenvolvimiento de estos programas y de la contrastación de los resultados alcanzados y las expectativas antes mencionadas.

Según el Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales, dependencia del Ministerio de Finanzas (MF), durante enero y febrero de 2004 el estado venezolano canceló 53 mil 639 millones 488 mil 963 bolívares por concepto de prestaciones sociales a 5.160 funcionarios egresados de organismos de la administración pública central (Gobierno en Línea, 22.03.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/). Esto representa, a juicio de la fuente, «un significativo incremento tanto en el monto de bolívares de 1.026%, como en beneficiarios de 1.149%, con respecto a la ejecución acumulada en febrero de 2003, cuando ésta se ubicó en 4 mil 762 millones 721 mil bolívares otorgados a 413 ex trabajadores.

La dependencia del MF indicó que del monto total cancelado en este lapso, un 14,15% (7 mil 592 millones 9 mil 439 bolívares) benefició a 946 obreros; mientras que el 85,85% (46 mil 47 millones 479 mil 524 bolívares) se destinó al pago de 4.214 empleados (Gobierno en Línea, Ibíd.).

Los trabajadores beneficiados provenían fundamentalmente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), con un monto de 37 mil 94 millones 632 mil 335 bolívares que beneficiaron a 3.132 egresados; del Ministerio de Educación Superior (MES) por un monto de 3 mil 566 millones 538 mil 618 bolívares para beneficiar a 36 egresados; y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) con un monto de 2 mil 631 millones 254 mil 373 bolívares beneficiando a 317 ex empleados (Gobierno en Línea, Ibíd.).

Por otra parte, durante el mes de febrero del 2004, se cancelaron 15 mil 432 millones 556 mil 630 bolívares, beneficiándose 1.732 ex trabajadores. De dicho monto, el 24.15% (3 mil 727 millones 150 mil 94 bolívares), se destinó al pago de 386 obreros; mientras que el 75.85% (11 mil 705 millones 406 mil 535 bolívares), correspondió a 1.346 empleados (Gobierno en Línea, Ibíd.).

No obstante, cabe recordar que, según cifras oficiales, el monto total de la deuda sobrepasa los 14 billones de bolívares que el Estado debe cancelar a 1.200.000 trabajadores públicos (ver capítulo Derechos Laborales del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, octubre 2002-septiembre 2003, en http://www.derechos.org.ve). A pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo desde abril de 2000 para cancelar esta deuda y tomando en cuenta que en los últimos 3 años se han cancelado 572 millardos de bolívares, la mora estatal con sus trabajadores aún continua (Informe Anual de Provea, Op. cit.).

Tal como se señaló en la edición Nº 132 de este servicio informativo (ver en http://www.derechos.org.ve),  las irregularidades y la impunidad caracterizan el desempeño del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En esa edición se informaba de la sexta designación de un presidente de dicho organismo durante la actual gestión gubernamental, y que recayó en el mayor (Ej) Jesús Mantilla quien, a propósito del preocupante estado de las finanzas institucionales, declaró recientemente que «no podemos decir qué se debe, si tenemos procedimientos manuales y obsoletos […] uno de los problemas del seguro es una situación de atraso tecnológico muy grave. Pero ya se puso en funcionamiento uno de los servidores con mayor capacidad del país, para poder automatizarlo todo […] cuando nosotros llegamos la situación era muy crítica. En la cuenta pote quedaban poco más de 40 millardos. Pero si le quitamos aguinaldo, fideicomiso, prestaciones, uniformes, deudas, eso no era nada» (El Nacional, 23.03.04, pág. B/10). Acerca de las medidas tomadas para rastrear las responsabilidades de esta crisis, Montilla afirma que «hay una investigación abierta solicitada en el Ministerio Público. La policía científica está actuando» (El Nacional, Ibíd.).

Sin embargo, ante las constantes denuncias sobre las fallas en la entrega de medicamentos a sus afiliados (especialmente al sector de las personas afectadas con enfermedades crónicas), José Delgado, secretario General de Salud del instituto, respondió señalando que fueron modificados los mecanismos de adquisición de los medicamentos, con lo que podrán garantizar la entrega oportuna de los tratamientos médicos: «desde diciembre la compra de los medicamentos se está pagando de contado. Hacemos el pedido y lo cancelamos cuando nos entregan las medicinas» (El Mundo, 24.03.04, pág. 25). Según la fuente, «el beneficio que obtienen con este reciente sistema de adquisición de medicamentos para pacientes crónicos es la reducción en el costo pues, al negociar directamente con los laboratorios fabricantes, obtienen un descuento de hasta 15%» (El Mundo, Ibíd.).

El 25.03.04, la Asociación de Familiares de Fibrosis Quística, Leucemia, Fundamédula, la Asociación Nacional de Hemofilia y la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) introdujeron ante el Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente 2 acciones de protección: una para los pacientes infantiles de fibrosis quística y otra para los niños que padecen leucemia, enfermedades que no están siendo atendidas tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) y los que dependen de las gobernaciones de estado (El Universal, 26.03.04, http://www.eluniversal.com/2004/03/26/26280E.shtml).

A juicio de los voceros de Cecodap, la situación de indefensión en que viven los niños, niñas y adolescentes está vulnerando el derecho de los pequeños de vivir con el mayor nivel posible de salud física y mental, y a establecer una política de atención oportuna, de calidad y gratuita para estos enfermos (El Universal, Ibíd.).

Las organizaciones solicitaron a los tribunales que garanticen una justicia expedita y procedan con prontitud a atender a los reclamos de los pequeños pacientes de estos males. de sus derecho a la salud y a la vida, por no contar con los medicamentos y el tratamiento adecuado y oportuno. «Mientras el tribunal se pronuncia, la angustia de los familiares aumenta al ver que se pone en peligro la salud y la vida de sus niños, niñas y adolescentes» (Cecodap, 22.03.04, http://www.cecodap.org.ve/htm/ultimahora/u5.htm).

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) se ubicó en  299.199,92 bolívares en enero de 2004, lo que representa un incremento de 5,1% (14.618,04 bolívares) con respecto a la del mes de diciembre de 2003. En comparación con la CAN de enero 2003, se observa un ascenso de 32,2%, superior a la variación de 31% que se había registrado en el período diciembre 2002-diciembre 2003.(Instituto Nacional de Estadísticas, 22.03.04, http://www.ine.gov.ve/ine/noticias/notas.asp).

Ante estas cifras, Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), destacó que «un trabajador que devengue el salario básico mensual (247.104 bolívares) aún necesitará 52.095 bolívares para adquirir la CAN» (El Mundo, 11.03.04, pág. 8).

Al proporcionar la información, el presidente del INE expresó que las alzas de precios experimentadas por las carnes, así como por las raíces y tubérculos fueron determinantes en el incremento detectado en la CAN durante el primer mes del año. De hecho, el estudio arrojó variaciones de 14,1% y 12,46% en los precios correspondientes a estos dos grupos, respectivamente. Azúcar y similares; pescados y mariscos y semillas, oleaginosas y leguminosas presentaron aumentos superiores al 5% (5,79%; 5,46% y 5,44%, respectivamente). Del resto de los componentes de la Canasta Alimentaria Normativa, sólo el grupo de grasas y aceites sufrió una leve baja, dando como resultado una variación negativa de 0,04%, añade el reporte estadístico (Instituto Nacional de Estadística, Ibíd.).

Vale recordar que la CAN «hace referencia a un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos de energía y nutrientes de una familia tipo de la población venezolana [compuesta por 5 personas], tomando en cuenta sus hábitos de consumo, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible, tal como lo reseña la ficha técnica. Los precios que se utilizan para determinar el valor de la CAN corresponden únicamente a transacciones de contado en establecimientos minoristas, no son de liquidación o remate, deben ser accesibles a los consumidores y son estadísticamente confiables como una medida de todo el país» (Instituto Nacional de Estadística, Ibíd.).

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), reportó para el mes de enero 2004 que la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) se ubicó en 458.772 bolívares (Tal Cual, 11.03.04, pág. 7) y para febrero de este año el indicador del CENDA alcanzó los 464.001 bolívares, representado un alza de 1,1% (5.229 bolívares) con respecto al mes anterior.

Sobre la base de este resultado, el informe del CENDA explica que «si una familia de 5 miembros gastara todo su salario en alimentación, el déficit del poder adquisitivo del salario mínimo respecto del costo mensual de la alimentación sería de 216.897 bolívares; es decir, 46,7% de la canasta alimentaria» (El Mundo, Ibíd.).

Recientemente, una iniciativa de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) se materializó con la publicación del libro «Los derechos económicos, sociales y culturales en el Mercosur», realizado por el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

El objetivo de esta publicación es lograr «una integración regional en la que el Mercosur no sea una simple unión de mercados, sino una unión de Estados basada en el desarrollo equitativo y en una cultura de derechos humanos» (Choike, 23.03.04, http://www.choike.org/nuevo/informes/1645.html).

Los capítulos nacionales de la PIDHDD de los 4 países integrantes del Mercosur más los de los 2 países asociados, relevaron la situación de los DESC en sus países y presentaron sus conclusiones en sendos informes, mientras que la coordinación general de la edición estuvo a cargo de Social Watch.

Pierre Roy, coordinador Regional de la PIDHDD; Daniel Maurício, secretario técnico Regional; Dante Gullo, coordinador del Capítulo Argentina y la Coordinación del Observatorio DESC-Mercosur, aprovecharon la presentación de este primer informe sobre la situación de los Desc en los países del Mercosur, para destacar la importancia de este trabajo, con el cual es posible «hacer una lectura delas violaciones a los derechos humanos y el cumplimiento, aún incipiente, de políticas públicas que trabajen con los derechos económicos, sociales y culturales, a partir de una cultura de derechos y acciones públicas que refuercen la ciudadanía social […] La PIDHDD viene realizando una amplia campaña con el fin de fortalecer a la ciudadanía de todo el continente y debatir sobre la integración de los pueblos americanos en base a la dignidad del ser humano y no a la acumulación de capital de las empresas. Por considerar que es necesario buscar referencias positivas de construcción de una integración regional que garantice el respeto de los derechos, la Plataforma decidió crear un observatorio de los derechos económicos, sociales y culturales del Mercado Común del Sur (Mercosur)» (Choike, 23.03.04, Ibíd.).

El sitio web Choike ofrece en sudirección http://www.choike.org/nuevo/informes/1643 la versión digital íntegra de este libro, el cual invitamos a consultar.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, a propósito del auge de la violencia recientemente vivida en el país, nuevamente se pronuncia en los siguientes términos.

1.- Condena, una vez más, los asesinatos y maltratos ocurridos en las manifestaciones vividas desde el 27.02.04 y enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas. Exigimos, una adecuada investigación y sanción a los ciudadanos civiles, funcionarios militares o policiales, que resulten responsables.

2.- Ha sido común, en las detenciones realizadas, fundamentalmente por la Guardia Nacional, las denuncias de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ha sido evidente, a través de imágenes transmitidas por medios audiovisuales, el uso desproporcionado de la fuerza, en distintos momentos de la actuación de este organismo de seguridad. Condena categóricamente esta forma de actuación y exige una inmediata apertura de procedimientos disciplinarios y judiciales que permitan sancionar a los funcionarios responsables de violaciones al derecho a la integridad personal.

3.- Numerosas personas fueron detenidas en estas manifestaciones. No es posible, con los datos disponibles por las organizaciones, tener certeza de quiénes fueron detenidos “in fraganti” cometiendo algún delito o falta grave, en las manifestaciones violentas escenificadas en los días recientes, y quiénes fueron detenidos de manera arbitraria, en las manifestaciones pacíficas. En todo caso, exige, una vez más, la inmediata libertad de éstos últimos y el estricto respeto de las garantías judiciales de todas las personas detenidas. En el caso de las personas a las que se les inició un proceso judicial, exige que se privilegie, cuando ello resulte legalmente posible en función de los delitos imputados, el juicio en libertad. Igualmente, cabe recordar al Estado que éste es particularmente responsable de la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad.

4.- Condena, por ser una vulneración al derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, el procedimiento militar iniciado recientemente a dos ciudadanos civiles que, según fuentes oficiales, habrían sido sorprendidos en el Fuerte Tiuna (Caracas) con implementos militares. Los delitos militares sólo pueden ser cometidos por funcionarios militares y no por civiles.

5.- Rechaza la felicitación pública que, tanto el Presidente de la República, como el Ministro de la Defensa, realizaron, en general, a la Guardia Nacional por su actuación en el control de esas manifestaciones, sin condenar los posibles abusos, excesos o graves violaciones a los derechos humanos. Aunque no puede hacerse una generalización, resulta evidente la comisión de delitos por parte de algunos funcionarios de la GN, que no pueden justificarse en los ataques o disparos que en algunos casos recibieron. La felicitación gubernamental generalizada, así como la descalificación de toda denuncia de violación a los derechos humanos, se convierte en un mecanismo que estimula la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos días y hacen al Alto Gobierno corresponsable de los delitos cometidos. Alientan, así mismo, la comisión de nuevos excesos por parte de este organismo de seguridad.

6.- Condena las omisiones de la Defensoría del Pueblo en estos días de violencia. Esa institución tiene un mandato constitucional de facilitar mediaciones sociales y velar por el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo. Según la información disponible, la Defensoría del Pueblo ha actuado sólo en defensa de unos derechos (entre ellos el de la seguridad ciudadana y el libre tránsito), efectivamente vulnerados por unas autoridades (alcaldes y gobernadores de oposición) y no en defensa de todos los derechos vulnerados, de todas las partes involucradas en el conflicto. En tal sentido, exige al Defensor del Pueblo un pronunciamiento claro sobre los maltratos y torturas a los detenidos y que elabore un informe público sobre la situación física y procesal de cada una de las personas detenidas.

7.- Exige al Ministerio Público que rinda cuentas públicas de los avances de las investigaciones de estas y otras violaciones a los derechos humanos asociadas a las manifestaciones de la oposición realizadas desde el 27.02.04.

8.- Solicita a las organizaciones y partidos políticos que están recibiendo las denuncias de violación a los derechos humanos, que se abstengan de instrumentalizar políticamente el dolor de las víctimas y/o sus familiares. Es particularmente relevante que las denuncias se realicen frente a las instituciones estatales responsables de investigar y sancionar y que no se queden exclusivamente en la prensa, como pareciera estar ocurriendo. Si no se procesan institucionalmente, no existe posibilidad alguna de obtener justicia. El interés que ahora manifiestan diversos sectores políticos por el tema de derechos humanos, debe ser mantenido en el tiempo y canalizado hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

9.- Las violaciones a los derechos humanos observadas en los días recientes, se insertan en patrones recurrentes desde hace más de una década y obedecen a razones estructurales, entre las que se encuentra la inexistencia de una política democrática de seguridad ciudadana y la impunidad de la mayoría de los delitos y, en especial, de las violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, reitera la solicitud a los Poderes Públicos para que inicien un proceso de diálogo con las organizaciones de derechos humanos y otros sectores interesados, orientado a elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita incidir en esos y otros factores que lesionan la dignidad de la población.

10.- Finalmente, recuerda que el actual conflicto tiene entre sus causas generadoras, una fuerte exclusión social y la intolerancia expresada en la incapacidad de los actores políticos de acordar mínimas reglas de convivencia que permitan administrar democráticamente las diferencias entre los legítimos proyectos de país que se están enfrentando. A los actores, del gobierno y de la oposición, exige, una vez más, que le ahorren al país la posibilidad de una guerra en la que, sin duda, nadie ganaría. En particular, esta exigencia se formula a los funcionarios estatales (con competencias nacionales, regionales y municipales) a quienes les toca administrar legítimamente el monopolio de la fuerza y quienes tienen la obligación, según el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de preservar y promover la paz.

Suscriben este pronunciamiento, por el Foro por la Vida: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR); Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) (Foro por la Vida, 16.03.04, [email protected]).

Preocupa a Provea la frecuencia con que aparecen denuncias sobre tortura practicada por cuerpos policiales, en particular, el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), así como el manto de impunidad que los invisibiliza. Pocos días antes del revuelo mediático que tuvieron las preocupantes denuncias de torturas y agresiones provocadas por agentes de seguridad del Estado, durante los sucesos de finales de febrero e inicios de marzo, Noemí Colmenares, hermana de Eli COLMENARES (28) denunció en la sede de Provea que su hermano fue detenido el 20.02.04 por funcionarios del CICPC y ese mismo día, a las 7:00PM ingresó sin signos vitales al hospital de Coche.

Según testigos que declararon ante el Ministerio Público (MP), COLMENARES fue torturado en la sede de este órgano policial en Coche hasta causarle la muerte. La víctima era un trabajador en una panadería del sector Santa Mónica, Caracas, y había sido testigo de un homicidio que ocurrió el 23.12.03 en la avenida Nueva Granada de Caracas. Al momento de ser detenido, los funcionarios policiales no presentaron orden judicial de detención ni allanamiento de la vivienda.

Los familiares solicitaron entrevistarse con COLMENARES a las 3:30 PM de ese mismo día, pero su petición le fue negada por un agente de apellido Colmenares, quien además les advirtió que no era necesario que buscaran un abogado. Aproximadamente a las 7:30PM, el joven detenido fue llevado al hospital de Coche, Caracas, donde ingresó sin signos vitales. Ese traslado se efectuó en un vehículo presuntamente pertenecientes al CICPC (placa AR2 6409).

Al practicarle la autopsia, se le diagnosticó edema cerebral severo, hemorragia pulmonar y en el reconocimiento del cuerpo, los familiares atestiguan haber visto grandes hematomas en varias partes de su anatomía.

Del caso conoció el fiscal 126 del Área Metropolitana, Danilo Jaimes, a quien Provea solicitó información sobre la marcha de las investigaciones. Provea también solicitó a Marcos Chaves, director del CICPC, adelantar una investigación interna sobre los funcionarios que estuvieron de guardia el 20.02.04 en la comisaría de Cochecito.

El movimiento de derechos humanos ha criticado consecuentemente el uso indebido de la justicia militar. En diversas ocasiones Provea y otras organizaciones se han pronunciado contra la aplicación de la justicia militar a ciudadanos civiles (ver caso Pablo Aure en http://www.derechos.org.ve). Recientemente, el Foro por la Vida rechazó el procedimiento militar iniciado contra 2 civiles que, según fuentes oficiales, habrían sido sorprendidos en el fuerte Tiuna (Caracas) con implementos militares. Ante esto, la coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos recordó que «los delitos militares sólo pueden ser cometidos por funcionarios militares y no por civiles» (ver nota «Foro por la Vida condena la represión y la felicitación genérica del Gobierno a la Guardia Nacional ignorando los abusos y excesos» en esta sección). 

También el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se ha pronunciado de manera abundante sobre ello. Una muestra es la siguiente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «la Comisión le recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las Fuerzas en servicio activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos» (ver en http://www.derechos.org.ve).

Por su lado, el artículo 261 de la Constitución indica, entre otras cosas que «la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar».

Reiteramos la condena a hechos como los reseñados en diversos medios  informativos durante esta última semana: la imputación por delitos de instigación a la rebelión y difamación de la Fuerza Armada Nacional (FAN) a la periodista Patricia Poleo por parte del fiscal militar Esaúl Olivar (El Nacional, 23.03.04, pág. B/14).

Poleo explicó que acudió ante el fiscal militar en calidad de testigo por un video que presentó en el canal de televisión Venevisión, en el cual se observa a un presunto grupo de ciudadanos cubanos dentro de las instalaciones del Comando Regional 6 (CORE 6) de la Guardia Nacional (GN) en el Edo. Apure. Añadió que el fiscal le entregó la citación por delitos de instigación a la rebelión y difamación de la FAN para lo cual debió presentarse el 25.03.04 (El Nacional, Ibíd.).

Según una fuente periodística, Ricardo Rincón, presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR), informó que 47 personas han sido calificadas como tales por esa instancia. Rincón declaró que se estudian las solicitudes de otro grupo de personas. También notificó que este ente ha recibido más de 2000 solicitudes de ciudadanos colombianos y de otras nacionalidades.

El funcionario comentó que la CNR viene trabajando junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la embajada del país vecino en Caracas.

Según Rincón «la atención social figura entre las prioridades para la atención de las personas afectadas por la violencia en Colombia» (El Nacional, 19.03.04, pág. B/19).

Desde Provea consideramos positivo el trabajo que adelanta la CNR, en el sentido de comenzar a reconocer la condición de refugiado a algunos de los solicitantes de asilo que, desde el año 2000, esperaban respuesta oficial a sus peticiones.

No obstante, la responsabilidad internacional del Estado venezolano no se agota con el otorgamiento de los documentos de identidad a los refugiados reconocidos, sino que requiere un esfuerzo adicional para estudiar minuciosamente las cientos de solicitudes que aún aguardan por un veredicto, así como garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de todos aquellos solicitantes de asilo cuya solicitud fue rechazada.

Asimismo, la actuación acorde con las normas internacionales precisan de la adopción de medidas que garanticen que los refugiados y solicitantes de asilo disfruten de todos sus derechos humanos, en especial de sus derechos económicos, sociales y culturales durante su estadía en el país. Si el otorgamiento de la condición de refugiado no va acompañado de acciones complementarias que permitan el pleno desarrollo de los refugiados, poco se va a avanzar en la tarea de brindar seguridad y condiciones de vida digna que eviten que éstos retornen a territorios donde su vida y seguridad corren graves peligros.

INVITACIONES A EVENTOS

Desde el 29.03.04 al 07.04.04, se realizará en Caracas el programa de formación en mediación educativa «Pedagogía de la Paz», en el marco del programa «Fortalecer la Paz en Venezuela», promovido por el Centro Carter, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mediación Interdisciplinaria y el Programa de Cooperación Interfacultades de la UCV, empresas privadas, públicas, ONG que participan del colectivo Paz en Movimiento.

El programa de estudio tiene 100 horas de duración y está dirigido a docentes y facilitadores en  diversas etapas de la educación.

Para mayor información sobre las postulaciones, curriculum de facilitadores, contenidos programáticos y aval del curso, puede contactarse con Ana Cabria Mellace y Zhair Marrero por los siguientes medios: teléfonos: Oficina: (58 212) 991.00.87 – 992.56.24 – 325.62.62. Celulares: (0412) 994.49.95, (0414) 338.84.05; correos-e: [email protected]; [email protected];   [email protected]; dirección física: edificio Torreón, Calle Veracruz, piso 7, oficina 7b-3, Las Mercedes, Caracas (Fortalecer la Paz en Venezuela, 19.03.04, [email protected]).

Desde el 08.03.04 hasta el 14.05.04 permanecerá abierto el proceso de postulación para el Diplomado Derechos Humanos de la Mujer: Teoría y Práctica, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (Centro de Derechos Humanos-Universidad de Chile, 11.03.04, [email protected]).Este diplomado busca capacitar a abogadas/os latinoamericanos/as tanto en la correcta aplicación interna del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a temas relativos a los derechos humanos de la mujer como en el uso apropiado de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Además, se proporcionarán a los participantes nociones básicas de teoría feminista para el cabal entendimiento de las dinámicas de la problemática de género en nuestra región y en el resto del mundo.

El curso se realizará entre el 01.03.04 y el 14.01.05 y combinará la modalidad de enseñanza a distancia (online) con dos breves períodos presenciales en Santiago de Chile. Para mayor información, puede consulta el sitio web: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/dipmuj/index.html.

ARTÍCULOS

«Además de un principio del sistema democrático, la participación política es un derecho humano, reconocido en el artículo 62 de la Constitución. Este derecho tiene diversas manifestaciones: el ejercicio del sufragio, la participación en asociaciones políticas, la postulación para ser elegido para cargos públicos, el referendo popular y la participación en asambleas de ciudadanos, entre otros.

El Estado debe facilitar las condiciones más favorables para la participación política de todos/as. Esto se logra, entre otras formas, absteniéndose de imponer sanciones o exigencias que impidan que las personas participen -o que lo hagan de una determinada manera-, y sancionando a aquellos particulares que así lo hagan.

Exigir que los trabajadores, aspirantes a trabajadores o contratistas de la administración pública o del sector privado, no participen en las iniciativas de referenda revocatorios, -o lo hagan de una determinada forma-, lesiona el derecho a la participación. Cualquier presión ejecutada sobre otro viola este derecho, así como el derecho a la estabilidad laboral y la no discriminación por opiniones políticas.

En caso de que esto le esté ocurriendo a usted o algún conocido, sea afecto o adverso al Gobierno Nacional, denúncielo por [email protected]» (Provea, 19.03.04, [email protected]).

«¿Cómo puedo ayudar a una mujer que es víctima de violencia?

El artículo 32 de la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia se refiere a los órganos receptores de denuncia. El mismo establece que la denuncia ante una situación de violencia puede ser realizada en forma oral o escrita y no se necesita de un/a abogado/a para su presentación. En estos casos recomendamos que se haga por escrito para que le quede una copia sellada como constancia de haberse recibido.

¿Ante quien realizamos esta denuncia?

Los organismos estipulados por la ley son los siguientes: Juzgados de Paz y de Familia. Juzgados de Primera Instancia en lo Penal. Prefecturas y Jefaturas Civiles. Órganos de policía. Ministerio Público y cualquier otro que se le atribuya esta competencia.

¿Quién puede denunciar?

La denuncia puede ser realizada por la víctima, los parientes consanguíneos o afines, el representante del Ministerio Público y la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer.

Como reza nuestro lema “tener derechos no basta”, ante el enorme desafió que significa la lucha por los derechos de la mujeres el denunciar es una paso importante contra la impunidad que cubre a este tipo de delitos» (Provea, 25.03.04, [email protected]).

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autores: Laura Esperanza Rangel Fonseca / Capítulo Colombia de la Plataforma  de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Sinopsis: «El paradigma del libre comercio plantea el intercambio como la solución a los problemas de empobrecimiento de los pueblos del mundo. Pero el mercado, que va capturando para su catálogo todos los bienes y servicios que animan la vida de los seres humanos, no tiene como objetivo central la vuelta atrás de la inequidades»

Autores: Cofavic
Año: 2003
Sinopsis: «Cofavic presenta en está ocasión la publicación titulada “los derechos humanos en Venezuela”, con el propósito de socializar conceptos esenciales para una mejor y más apropiada comprensión de la temática de la protección de los derechos fundamentales; y promover un uso más eficaz y oportuno de los principales mecanismos especializados de justiciabilidad de los derechos humanos, tanto en el ámbito interno como en el internacional»

Autores: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Año:  2003
Sinopsis: «La mujer detenida, casi siempre de escasos recursos económicos y en muchos casos perteneciente a alguna minoría étnica, es generalmente madre y sostén de familia, por lo que presenta características y necesidades particulares que deberían obligar a los gobiernos a tomar medidas específicas para su protección y adecuada reinserción en la sociedad. En este contexto, resulta especialmente preocupante la casi inexistente información sobre la situación de la mujer bajo custodia policial y la mujer migrante detenida, fenómeno creciente en la última década».

Autores: Comisión Interamericana de los Derechos Humanos / Relatoría de la Niñez
Año: 2002
Sinopsis: «Este texto reúne tratados regionales y universales, generales y específicos, así como informes, sentencias y resoluciones del sistema interamericano de protección de derechos humanos en materia de infancia, con el objetivo de contribuir a su conocimiento y utilización en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en las Américas»

DOCUMENTOS

«Con profunda consternación y dolor, los integrantes y las integrantes de la Red de Apoyo queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas y con los familiares de víctimas del reciente atentado ocurrido en la ciudad de Madrid y que enluta hoy no sólo al Pueblo español sino a toda la comunidad hispanoamericana y mundial.

Condenamos categóricamente esta nueva expresión de brutalidad criminal y terrorista, así como condenamos el terrorismo político, el terrorismo fundamentalista o el terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas a lo largo y ancho de nuestro planeta. No es con violencia ni atacando a personas inocentes como se logrará construir un mundo más justo, inclusivo y humano. Los actos terroristas, lejos de dar razón y legitimidad a quienes los ejecutan bajo el supuesto de una ‘causa justa’, sólo logran producir el rechazo y la condena a sus autores, restando toda credibilidad a las causas que dicen defender.

El gran desafío de nuestro tiempo es superar las vías violentas para dirimir las diferencias y construir un marco de respeto a los derechos humanos plenamente efectivo. Por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para reforzar el trabajo en pro de garantizar plena y efectivamente todos los derechos humanos a todos nuestros pueblos, especialmente los vinculados con el respeto a la diversidad cultural, la autodeterminación y la seguridad humana personal y colectiva.

Solicitamos igualmente a la comunidad internacional tomar las medidas necesarias a los fines de evitar este tipo de acciones terroristas, intensificar y coordinar esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de actos, así como prever todo tipo de medidas para evitar acciones retaliativas contra poblaciones que a consecuencia de estos atentados y por su origen étnico pudiesen ser objeto de agresiones o ataques por sectores radicales.

Reiteramos nuestro compromiso con la paz y por ende nuestra convicción de que sólo por la vía del diálogo, del respeto mutuo y de la eficiente administración de justicia se pueden superar las diferencias» (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 12.03.04, [email protected]).

«El pasado dia 11 de marzo, nuestro país sufrió los atentados terroristas más trágicos de nuestra história. Más de 200 muertos y 1.500 heridos, la mayoría jóvenes que se disponían a iniciar una jornada más de estudio o trabajo.

Pero además, este país, fue objeto en los días sucesivos de otro atentado, esta vez informativo. Mientras en el resto del mundo se intuía quienes eran los responsables de tal barbarie, nuestro gobierno insistía en culpabilizar al grupo terrorista ETA, desoyendo los indicios de las investigaciones policiales que apuntaban a grupos fundamentalistas islámicos.

Las manifestaciones multitudinarias del pasado viernes, más de once millones de personas en toda España, expresaron, no sólo el rechazo más exacerbado de cualquier forma de terrorismo, sino también la exigencia a nuestro gobierno de informar, con absoluta transparencia, de los posibles autores materiales.

No es habitual que las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos se pronuncien sobre los resultados electorales, pero la situación actual, en nuestro país, bien merece una excepción.

Este Observatorio DESC se congratula del resultado electoral del pasado domingo, cuando el gobierno actual perdió las elecciones generales. Se va el gobierno del desastre ecológico del Prestige, se va el gobierno de la toma de la isla Perejil en Marruecos, se va el gobierno de la ley de extranjería que vulnera derechos fundamentales de los inmigrantes, se va el gobierno que debilitó a Europa y, peor aún, a las Naciones Unidas, posicionándose a favor de una guerra injusta, rechazada por el 90% de la población española. Se va el gobierno de la mentira.

Esperamos y deseamos que el nuevo gobierno sea capaz de cumplir sus compromisos, nuestra obligación será exigirle que lo haga. La gran muestra de civismo y democracia mostrada el pasado domingo por el 80% de los españoles llamados a ejercer su derecho a voto, nos obliga a trabajar por la convivencia pacífica de los pueblos, por la justicia, el desarrollo humano y, especialmente, por los derechos humanos de todos y todas, en todas partes.

Finalmente, agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas de nuestros compañeros y compañeras de la Red. Adjunto una muestra de nuestro dolor estos días. Enterraremos a nuestros muertos y seguiremos adelante. Lourdes Ríos, Directora» (Observatorio DESC, 16.03.04, [email protected]).

Las organizaciones campesinas e indígenas de Oaxaca (México) junto con otras organizaciones civiles organizaron una reunión el pasado 10 y 11.03.04, de la cual surgió el manifiesto que a continuación se presenta y que está disponible para quienes deseen suscribirlo. La fecha límite de recepción de firmas será el 02.04.04 y puede enviar su firma (nombre de organización y país o nombre de la persona, institución y país) a las cuentas: [email protected]; [email protected].

«DEFENDER NUESTRO MAÍZ, CUIDAR LA VIDA
Aquí, en esta parte del mundo, nació el maíz. Nuestros abuelos lo criaron. Con él se criaron ellos mismos, al forjar una de las grandes civilizaciones de la historia. La casa más antigua del maíz está en nuestras tierras. Desde este lugar del universo se fue para otras partes del mundo.

Somos gente de maíz. El grano es hermano nuestro, fundamento de nuestra cultura, realidad de nuestro presente. Está en el centro de nuestra vida cotidiana. Aparece sin falta en nuestra dieta y en la cuarta parte de los productos que adquirimos en las tiendas. Es el corazón de la vida rural y un ingrediente infaltable en la vida urbana.

Somos gente de maíz. Y lo somos a contracorriente, en lucha continua con los vientos dominantes. Los saberes campesinos e indígenas sobre el maíz han sido continuamente despreciados, reprimidos y olvidados. Se ha provocado la extinción de innumerables variedades nativas de maíz, que eran el fruto de la paciente experimentación de nuestros antepasados. Se indujo a muchos campesinos a la vergonzosa dependencia de los híbridos.

Una y otra vez, con diversas políticas, se ha buscado que abandonemos el cultivo de maíz. Se quiere que en lugar de producirlo en nuestra tierra y con nuestras manos se importe de Estados Unidos, donde se siembra para los puercos y para la industria, no para la gente.

La ciega política oficial no toma en cuenta que, para nosotros, el maíz es más que un cereal. Resume nuestro pasado, define nuestro presente y es la base de un porvenir propio. Lo comemos, pero no es solamente comida. Es motivo de fiesta, de intercambio, de convivencia, de ayuda mutua. Es nuestra vida. El maíz está en el centro de nuestra cultura, en la que tiene un carácter sagrado. No queremos que salga de ahí.

Defender el maíz nos llama a ser como hemos sido con él, no como las grandes empresas quieren que seamos. Defender el maíz quiere decir salvar la tierra, el sol, el agua, el viento. No hacer daño a lo que lo rodea.

Al aparecer los maíces genéticamente modificados, los transgénicos, nos pareció muy sensato que en México se prohibiera su siembra en 1998. Como entonces señalaron científicos responsables, había que ser prudentes. El gobierno, sin embargo, los introdujo de trasmano, a través de sus importaciones. Y así apareció entre nosotros, en nuestra Sierra de Juárez, la primera contaminación de maíces transgénicos. Pronto se comprobó que otros estados estaban también bajo riesgo.

El centro mundial de origen y diversidad del maíz está ahora en peligro. Puede perderse la prodigiosa riqueza genética que generó aquí el paciente diálogo que por milenios se mantuvo entre el hombre y la planta.

Los grandes mentirosos del mercado o del Estado aparecen a veces entre nosotros, disfrazados de investigadores de nuevas tecnologías o de especialistas en mejorar los cultivos. Dicen que nuestras semillas no sirven o que nuestra forma de cultivar es inadecuada. Quieren que compremos sus semillas y aprendamos sus formas de matar el maíz y la tierra. Ha llegado la hora de decir ¡Basta ya! ¡No aguantamos más! No permitiremos que el daño se profundice y el riesgo aumente.

No rechazamos la experimentación. La hemos practicado por miles de años. Nos interesa el cambio, pero no el que lleva a formas de cultivo que destruyen en vez de conservar. Rechazamos la acción comercial, obsesionada con la ganancia. Destruye la tierra, debilita el tejido social y cultural de nuestros pueblos y trastorna la relación entre las personas. Luchamos por conservar los maíces que durante miles de años se han acomodado a vivir en los climas, alturas y suelos de nuestras tierras y comparten el espíritu de nuestras comunidades..

EN OAXACA NO HABRÁ TRANSGÉNICOS

Hemos escuchado con paciencia a los científicos que los defienden. Pero ya nos cansamos. Los riesgos más graves por usar transgénicos son a largo plazo. No ha pasado tiempo suficiente. No existe, por tanto, ningún estudio de largo plazo. Todo lo que dicen ahora sobre sus efectos es pura especulación. Además, no quieren respetar el principio de precaución, manipulan la información y emplean argumentos falsos e insensatos. Lo peor, para nosotros, es que les tiene enteramente sin cuidado el inmenso daño cultural que pueden causar sus experimentos. No los escucharemos más.

SEGUIREMOS EN LA LUCHA LEGAL

Continuaremos articulando nuestro esfuerzo con el de otros, dentro y fuera de México, para emplear todos los recursos legales a nuestro alcance.

Buscaremos:

  • Que se prohíba la siembra y la importación de maíz transgénico.
  • Que se forme un nuevo marco legal sobre la seguridad biológica, que proteja la salud animal y humana de toda contaminación transgénica y respalde la diversidad biológica y cultural. Por lo pronto, lucharemos contra la minuta que el Senado envió a la Cámara de Diputados, que consideramos inaceptable.
  • Que se detengan todas las importaciones de maíz.
  • Que sea obligatorio informar y consultar con nuestros pueblos cualquier programa público o privado de ‘ayuda tecnológica’ que se pretenda aplicar.
  • Que se ordene una acción, concertada con las comunidades afectadas, para evitar que se extienda la contaminación de transgénicos.

Hemos visto con tristeza el irresponsable comportamiento de las autoridades. Hemos comprobado que violan la Constitución, las leyes, los acuerdos y tratados internacionales. Que no ven ni escuchan el clamor de la sociedad civil y de científicos independientes. Que están haciendo el trabajo sucio de las corporaciones y de los países interesados en vender transgénicos, sin preocuparse por el interés popular y nacional. No podemos esperar más. La amenaza crece. La contaminación aumenta.

PASAREMOS A LA ACCIÓN DIRECTA

La dignidad de los pueblos indios es contagiosa. En Oaxaca conquistaron un nuevo marco legal y ejercen, así sea con tensiones y dificultades, su espléndida autonomía de hecho y de derecho. De su mano, con su ejemplo, ejerceremos nuestra autonomía y la única soberanía legítima, la del pueblo, para defender lo que somos, para defender nuestro maíz.

Vamos a fortalecer la siembra de nuestros maíces criollos de todos los colores. Lo haremos en la milpa que cultivamos siempre, asociándolos con frijol, calabaza, quelites y otras plantas.

Seguiremos seleccionando nuestras variedades y formaremos nuestro propio banco de semillas, que compartiremos con otros pueblos. Haremos también nuestras propias medicinas para la milpa, reforzándolas con prácticas tradicionales, mientras hacemos campañas contra el uso de agroquímicos.

EN NUESTROS TERRITORIOS NO HABRÁ TRANSGÉNICOS

En cada comunidad, en cada barrio, en cada pueblo, daremos la batalla que haga falta, en forma pacífica y democrática.

Convocamos a la rebeldía legítima, no a la revuelta. Convocamos a hacer valer la fuerza constituyente que representamos, la única fuente legítima de poder político, ante la irresponsabilidad de los poderes constituidos.

Invitamos a todas y todos, en Oaxaca, a proteger nuestro maíz, nuestro modo de vida y nuestra cultura.

Solicitamos la solidaridad y el apoyo de cuantos libran, en otras partes de México y del mundo, una lucha semejante a la nuestra, para que se extiendan cada vez más los territorios libres de transgénicos» 

(Organizaciones campesinas, indígenas  y sociales de Oaxaca, 19.03.04, www.cec.org/maiz)

Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2004

Servicio informativo Nº 134

EDICIÓN ESPECIAL

CONTEXTO

El auge de la violencia recientemente vivida en el país obliga a Provea a dedicar esta edición especial del servicio informativo a ofrecer, con los datos precarios y provisorios disponibles, una panorámica de las violaciones a los derechos humanos asociados a las recientes manifestaciones de la oposición y a la reacción gubernamental ante las mismas.

Provea quiere aclarar que los datos aquí presentados son fundamentalmente provenientes de fuentes hemerográficas y no de fuentes directas. Por ello, es probable que exista imprecisión en muchos de los casos reseñados, así como la incidencia del inevitable sesgo de la fuente. Como en todos los sucesos relevantes de la vida política del país, desde hace 3 años, en éstos existen versiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido. No obstante, hemos decidido realizar este acercamiento general y provisorio al conflicto centrando la atención en la identificación de posibles patrones de actuación de los organismos de seguridad con miras a facilitar a las víctimas, sus familiares, organizaciones e instituciones involucradas, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese contexto. Es particularmente relevante que las denuncias se realicen frente a las instituciones estatales responsables de investigar y sancionar y que no se queden exclusivamente en la prensa, como pareciera estar ocurriendo. Si no se procesan institucionalmente, no existen posibilidades de obtener justicia.

Provea condena los asesinatos ocurridos en el contexto de estas manifestaciones y exige al Estado, una adecuada investigación y sanción de las personas, civiles o uniformados, que resulten responsables.

Las denuncias de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes han sido comunes en el contexto de las detenciones realizadas, fundamentalmente, por la Guardia Nacional (GN). Así mismo, ha sido evidente, a través de imágenes transmitidas por medios audiovisuales, el uso desproporcionado de la fuerza en distintos momentos de la actuación de este organismo de seguridad. Provea condena categóricamente esta forma de actuación y exige una inmediata apertura de procedimientos administrativos y judiciales que permitan sancionar a los funcionarios responsables de violaciones al derecho a la integridad personal. Al mismo tiempo, le solicita al Ministerio Público (MP) que rinda cuentas públicas de los avances de las investigaciones de estas y otras violaciones a los derechos humanos asociadas a las manifestaciones de la oposición realizadas desde el 27.02.04.

Numerosas personas han sido detenidas en el contexto de estas manifestaciones. No es posible, con los datos disponibles, tener certeza de quiénes fueron detenidos in fraganti cometiendo algún delito o falta grave en el contexto de las varias manifestaciones violentas escenificadas en los días recientes, y quiénes fueron detenidos de manera arbitraria en el contexto de manifestaciones pacíficas. En todo caso, Provea exige la inmediata libertad de éstos últimos y el estricto respeto de las garantías judiciales de las personas que se encuentren en el primer grupo. Aún cuando no exista, en todos los casos, una violación al derecho a la libertad personal, pues resulta evidente que varias de las manifestaciones fueron violentas, las personas detenidas son, sin duda, presos políticos, pues los delitos comunes que se le imputan son motivados por razones políticas. Según datos manejados por el Ministerio de Interior y Justicia, hasta el 09.03.04, sólo 30 personas están siendo procesadas judicialmente. Provea exige que se privilegie, cuando ello resulte legalmente posible, el juicio en libertad y que, mientras permanezcan detenidas, su vida e integridad sean particularmente protegidas, entre otras medidas, siendo separados de otros detenidos, en función de la gravedad de los delitos que se le imputan.

Por ser una vulneración al derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, Provea condena el procedimiento militar iniciado recientemente a 2 ciudadanos civiles que, según fuentes oficiales, habrían sido sorprendidos en el fuerte Tiuna (Caracas) con implementos militares, pues entiende que los delitos militares sólo pueden ser cometidos por funcionarios militares y no por civiles.

Provea también condena la felicitación pública que, tanto el Presidente de la República (Gobierno en Línea, 01.03.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/), como el Ministro de la Defensa (Últimas Noticias, 28.02.04, pág. 12), realizaron a la GN por su actuación en el control de las manifestaciones ocurridas desde el 27.02.04 . Aunque no puede hacerse una generalización, resulta evidente la comisión de delitos por parte de diversos funcionarios de este cuerpo de seguridad estatal. La felicitación gubernamental, así como la descalificación de toda denuncia de violación a los derechos humanos, se convierte en un mecanismo que estimula la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos días y hacen al Alto Gobierno corresponsable de los delitos cometidos. Asimismo, alientan la comisión de nuevos excesos por parte de este organismo de seguridad.

Particularmente lamentables han sido las omisiones de la Defensoría del Pueblo en estos días de violencia. Esa institución tiene un mandato constitucional de facilitar mediaciones sociales y velar por el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo. Lejos de honrar ese mandato, la Defensoría ha actuado sólo en defensa de unos derechos (entre ellos el de la seguridad ciudadana), efectivamente vulnerados por unas autoridades (alcaldes y gobernadores de oposición) y no en defensa de todos los derechos vulnerados, de todas las partes involucradas en el conflicto. Su ausencia de mediación, así como la parcialidad de su intervención, aleja a la Defensoría de su misión constitucional. Por esa razón, Provea le exige al Defensor del Pueblo una inmediata rectificación de la actuación de esa institución y la presentación de un informe público en el que de cuenta de la situación física y procesal de cada uno de las personas detenidas.

Finalmente, Provea reitera el llamado a las partes enfrentadas, para que administren democrática e institucionalmente el actual conflicto político en torno al proceso de activación de los diversos referenda revocatorios.

El 27.02.04 falleció Carlos Augusto AUMATRIE (65) en el Hospital Clínico Universitario luego de recibir impactos de arma de fuego cuando se encontraba en las inmediaciones de Plaza Venezuela (El Universal, 28.02.03 pág. 2-22). Según la fuente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) reportó que es posible que los disparos provinieran del Edificio Los Andes, el cual se encuentra tomado por afectos al gobierno. El hecho ocurrió tras retirarse de la concentración , en donde se registraron actos de violencia producto de un supuesto enfrentamiento entre opositores y afectos al gobierno del Presidente Chávez (El Nacional, 29.02.03, pág. B-9). El proyectil entró por el intercostal derecho y le perforó el hígado. Falleció a consecuencia de un paro respiratorio”. Sin embargo otra fuente reportó que «se le encontraron 2 perdigones de metal en su cuerpo. La GN estaba presente, aunque sólo tenía equipos antimotines. También estaban en el lugar de los hechos la Policía Metropolitana (PM). No se descarta de plano que pudiese ser responsabilidad de la GN, pero tampoco de uno de los opositores» (Radio Nacional, 08.03.04). El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, aseguró que AUMATRIE fue asesinado “con una bala de revolver y la GN no usó armas de fuego, sólo lacrimógenas y perdigones, mientras que había mucha gente con armas cortas en el grupo que trató de traspasar la barrera” (El Universal, 29.02.04, pág. 9).

Al día siguiente, el 28.02.03, muere Nelsy RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (28) al ser impactada por un disparo de bala en la cabeza cuando intentaba entrar a su residencia. Testigos presenciales aseguran que los ocupantes de una camioneta color oscuro se disgustaron porque no podían pasar por una barricada que mantenían manifestantes de oposición. El conductor insistió en pasar por el lugar y quienes protestaban le lanzaron botellas. El chofer se molestó, aceleró el vehículo y unos metros más adelante disparó contra los manifestantes. En ese momento la víctima recibió uno de los impactos. No participaba en las manifestaciones (Diario 2001, 01.03.04, pág. 15).

José GUEVARA REYES (45), es otra víctima que murió el 28.02.03 luego de recibir un impacto de bala detrás de la oreja sin orificio de salida. Según la versión dada por el abogado Einer Biel Morales, integrante de la Asociación Civil de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril de 2002 (Asovic) quien fue entrevistado por Vanessa Davies en VTV (Venezolana de Televisión, 12.03.04, http://www.venezuela.gov.ve/vtv/ns/noticia.asp?numn=4823), José Guevara fallece el 28.02.04 en horas de la noche en los alrededores del Puente 5 de Julio, que comunica a Petare con la Urbina. Al parecer un grupo de opositores se encontraba protestando junto a un grupo de motorizados quienes portaban armas de fuego, quienes podrían ser funcionarios de la policía metropolitana vestidos de civil. Testigos presenciales señalan que en lugar comenzaron a disparar. Guevara muere víctima de un proyectil calibre 6.35 mm, lo cual no es del tipo de armas reglamentarias de organismos policiales ni militares. Eliner señaló que este tipo de armas son utilizadas por civiles, de colección o de defensa personal. (Radio Nacional, 08.03.04). Otra fuente señala que GUEVARA REYES fFue impactado por un proyectil 6.35 y conchas similares fueron localizadas junto a la caseta de vigilancia de un conjunto residencial del sector” (El Mundo, 04.03.04, pág. 24).

Dos días después es asesinado José Manuel VILAS LIÑERA (41), el 01.03.04, en el municipio Los Salias, Edo. Miranda. Según una denuncia remitida a Provea por una vecina del sector donde cae muerta la víctima: “El lunes 1º de marzo, José Manuel Vila murió a causa de una herida de arma de fuego provocada presuntamente por miembros de la Policía Militar. En las fotos anexas, se puede ver al mencionado ciudadano momentos antes de su muerte, frente a un grupo de funcionarios, sólo, desarmado y en una actitud que no pareciera presumir violencia. Quienes se encontraban con él, señalan que José Manuel Vila, recibió 2 disparos de FAL por la espalda que le provocaron la muerte [esta versión fue posteriormente desmentida por la autopsia, que reveló que los impactos fueron hechos con metras (Aporrea, 05.03.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=14583)].Es de hacer notar que esta muerte ocurrió en una de las calles de la Urbanización Los Castores, en donde no se estaban produciendo enfrentamientos (los enfrentamientos ocurrieron en la Avenida Perimetral). Algunos testigos aseguran que Vila fue perseguido hasta el lugar en donde le dispararon. Sin embargo, según otra fuente, “testigos aseguran haber visto a un soldado de la Policía Militar cuando puso una rodilla en la tierra y accionó su arma larga. La víctima fue perseguida dentro de la urbanización Los Castores, cuando en la parte externa realizaban una protesta cívica contra el CNE” (El Universal, 07.03.04, pág. 2-22).Por su parte, el abogado Biel Morales desmintió la versión que indica que VILAS LIÑERA murió a consecuencia de disparos de FAL. Señala que uno de los proyectiles extraídos era una metra la cual pudo haber sido disparada por una escopeta de perdigones o de un arma cacera. Biel agregó que “en el croquis detrás de la Guardia Nacional (GN) encontraron varias canicas, lo que hace presumir que varias personas dispararon contra la GN detrás de Vila. Sin embargo, esto no ha sido comprobado. Por su parte, la periodista Vanessa Davies agregó que una efectiva de la GN que actuó en Los Castores recibió un impacto con un objeto contundente, al parecer una metra.

En la edición Nº 183 de su programa de televisión y radio semanal Aló Presidente, el Presidente Hugo Chávez propuso a la madre de la víctima a reunirse con él y esclarecer los hechos en donde murió el ex trabajador petrolero. Manifestó que los disparos que recibió por la espalda no eran de la GN y sugirió que los culpables son sectores de la oposición que «producen los muertos y luego utilizan los muertos y a los familiares». Dijo que los disparos eran «metras» y que se reservaba mostrar las fotografías que tenía a la mano. Defendió el desempeño de la GN y aseguró que salieron a la calle en plan «defensivo» a enfrentar ataques con «chopos» de fabricación casera (Radio Nacional; Transmisión N° 183 del programa «¡Aló, Presidente!» desde el palacio de Miraflores. 07.03.04)

El 02.03.04, ocurre la quinta muerte, la víctima fue Yormi Rafael SUAREZ RIVEROS (22), mientras manifestaba en los alrededores de la Plaza Altamira, Municipio Chacao, Caracas. Según una fuente periodística un grupo de manifestantes opositores, bajó por la avenida Luis Roche en Altamira “para encarar a los guardias nacionales que estaban frente a ellos”. En el momento en que pasaron por la Torre Británica se escucharon varias detonaciones, cayendo herido SUÁREZ RIVEROS (El Nacional 03.03.04, pág. B-Últ). Según las primeras investigaciones realizadas por el CICPC y los aportes de la autopsia realizada, SUÁREZ RIVEROS presentó un impacto de bala con orificio de entrada en la región intercostal izquierda, ocasionada por un proyectil calibre 2.23 o 5.56 que tuvo una trayectoria descendiente. Los investigadores presumen que el disparo fue hecho desde la azotea de un edificio (El Mundo, 04.03.04, pág. 24). Según la versión dada por el abogado Biel Morales en la entrevista antes citada, la prueba de Análisis de Trazas de Disparo (ATD) realizada a SUÁREZ RIVEROS resultó positiva, lo cual indica que el fallecido habría disparado. Se desconoce si se defendía o atacaba a alguien.

Ese mismo día fallece William José ÁLVAREZ MORALES (22) a la altura del elevado de la California Norte, Edo. Miranda, momentos antes de salir de su residencia hacia las manifestaciones de la oposición. Según la versión de Alí José Estrada, quien acompañaba a ÁLVAREZ MORALES en el momento en que murió, ambos escucharon unas detonaciones cuando intentaban llegar al lugar en donde se realizaba una protesta contra el CNE, ambos intentaron refugiarse pero William fue alcanzado por una bala que le entró por la espalda. Estrada recuerda haber visto a unos hombres vestidos de beige disparando en esa dirección. No había presencia de funcionarios de la GN (El Mundo, 04.03.04 pág. 22). El Abogado Morales, por su parte, señaló en la entrevista ya mencionada que en el lugar de los hechos no se reportó la presencia de organismos policiales ni militares, excepto el cuerpo de seguridad vial Vivex. Según la versión dada por el abogado, la prueba de ATD aplicada a ÁLVAREZ MORALES también resultó positiva, lo que señala que la víctima pudo haber disparado antes de morir.

También fallece en esa fecha Argenis DUGARTE(55) en la ciudad capital del Edo. Mérida, a consecuencia de un impacto de bala en el hemitorax cuando participaba en una manifestación opositora cercana a su domicilio (El Mundo, 03.03.04). Para el 09.03.04, el tribunal 4° de Control de esa entidad federal dictó medida privativa de libertad contra Alexis Duque Ramírez como autor y a Ider Antonio Goyo Flores como cómplice del hecho. El tribunal imputó la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. Se desconoce si participaban de las acciones de protesta, o a qué sector político pertenecen (El Mundo 09.03.04, pág. Últ.).

Ese 02.03.04 muere a consecuencia de una herida de FAL en el glúteo, Pedro José SÁNCHEZ ROBLES (32), mientras participaba de una protesta opositora llevada a cabo en la Central de Tacarigua. La víctima muere de desangramiento por no recibir atención médica inmediata (El Nacional, 03.03.04, pág. A/4). Un diario regional recoge la denuncia realizada por el hijo de la víctima, Rubén Sánchez quien señala que: “a eso de las 9 de la mañana, cuando llegaron más de 25 funcionarios de la GN, adscritos al comando ubicado en la parroquia Tacarigua, quienes arremetieron contra el grupo de manifestantes que se encontraban en Bucarito” (Notitarde, 05.03.04, pág. 35). Según Sánchez, los funcionarios comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, perdigones y disparos de fusiles, por lo que su padre corrió para resguardarse, pero en ese momento recibió el impacto que lo tumbó al piso. Posteriormente es trasladado a un ambulatorio local y luego de 4 horas dan la orden para que fuese trasladado a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, en donde muere antes de ser intervenido (Notitarde Ídem.). La misma fuente recoge la versión del comandante del D-24, teniente coronel (GN) Leonardo Enrique Moneda, quien indicó que “en virtud a que es un hecho provocado por elementos que están tratando de crear el caos en Carabobo” (Notitarde, Ídem.). Agregó que difícilmente podría tratarse de un disparo de FAL puesto que la herida que esta provoca es de gran magnitud, que a quien impacta le produce un orificio de entrada y salida bastante grande, mientras que la víctima no tenía orificio de salida (Notitarde, Ídem.). Según la versión dada por el abogado Morales en la entrevista ya citada la GN estaba presente, pero presuntamente sin armas de fuego. Señaló que los fragmentos de plomo no pudieron ser extraídos y que pudiera tratarse de perdigones de plomo u otro tipo de proyectil.

La última víctima de esa semana de protestas, fue Evangelina CARRIZO (50) ocurrida el 05.03.04 en la población de Machiques, Edo. Zulia mientras participaba como militante del partido opositor Acción Democrática en una protesta. CARRIZO murió luego de recibir un impacto de bala en la espalda, justo en el momento en que la marcha entraba a la población. El supuesto agresor es un oficial del destacamento de Fronteras N° 36 de la GN. El hijo de la víctima relató, que la marcha ya había terminado producto de los gases lacrimógenos que el cuerpo de seguridad había lanzado. Su madre y él decidieron retirarse a su casa cuando la GN los atacó (Correo del Caroní, 05.03.04, pág. 11).

Alfonso Márquez, alcalde de Machiques, denunció la existencia de una red de sicariato en el municipio fronterizo y la responsabilizó de la muerte de CARRIZO. Agregó que funcionarios de la GN pertenecen a esa red . Aseguró saber el nombre del efectivo que disparó y señaló tener suficientes testigos que dan fe de su denuncia (El Universal, 06.03.04). Por su parte, José Khan, diputado del Movimiento Quinta República (MVR), negó que los disparos los efectuaran efectivos de la GN y aseguró que salieron del lado de los opositores (Últimas Noticias, 05.03.04, pág. 14). Según la versión dada por el abogado Biel Morales, la GN estaba presente en el lugar de los hechos, aunque sólo tenía equipos antimotines. Biel Morales, no descartó que un miembro de la GN pudiera haber hecho el disparo, como tampoco descartó que lo hubiesen hecho opositores al gobierno. Agregó que el impacto no fue directo, sino por rebote y que el calibre del proyectil pudiera ser de 9 mm ó 38.

En el contexto de las manifestaciones convocadas el 27.02.04 por la Coordinadora Democrática (CD), coalición de organizaciones políticas de oposición, fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional (GN) en San Cristóbal, Edo. Táchira, Antonio NOGUERA, Lenín MORA y Armando USECHE, dirigentes del partido Primero Justicia (PJ) y, en el Edo. Anzoátegui, Gabriel SEOBANAS, también integrante de esta tolda política, según fuente periodística (El Nacional, 28.02.04, pág. A/5). Ese mismo día, pero en la capital del país, fueron igualmente detenidos por la GN Adán LOZANO y Jorge LÓPEZ , funcionarios adscritos al cuerpo policial del municipio Baruta y escoltas del alcalde Enrique Capriles Radonski (líder del partido PJ), en las inmediaciones de la avenida Libertador, lugar donde estaba sucediendo la marcha de la oposición. Ambos efectivos fueron presentados el 28.02.04 por el fiscal 72 auxiliar Yoraco Bauza ante el tribunal 50 de Control a cargo de la jueza Belky Cedeño, quien dictó medida privativa de libertad por «presunta comisión de delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, uso indebido de arma de fuego y agavillamiento en perjuicio de la GN» (El Nacional, 29.02.04, pág. B/18). La fuente informa que a ambos efectivos le fueron realizadas pruebas de Análisis de Trazas de Disparo (ATD) que resultaron positivas y que indican -a juicio del fiscal- que accionaron armas de fuego. La jueza Cedeño decidió el 01.03.04 trasladar a los funcionarios a El Rodeo (Últimas Noticias, 02.03.04, pág. 14), donde se encuentran alojados en el área de funcionarios del retén, alejados de los reclusos por delitos comunes (Tal Cual, 03.03.04, pág. 5). También el 27.02.04 fue detenido en plena manifestación Mario MORÓN, quien fue trasladado por la GN a la comandancia de ese cuerpo donde permaneció 7 horas, en las cuales asegura que sufrió vejaciones, agresiones físicas y verbales (una herida en la cabeza) y el robo de sus pertenencias (El Nacional, 05.03.04, pág. A/2). Caso similar fue el de Pedro Alejandro VALERA, quien también fue detenido por la GN el 27.03.04, luego de haber sido atacado con una peinilla y recibir un disparo de perdigones a quemarropa efectuado por un agente de esa fuerza militar. Edén Valera, padre del ciudadano en cuestión, relata que después de ser sometido de esa forma, a su hijo «lo arrastraron a una jaula. Estuvo allí durante 4 horas. Los signos de un desmayo obligaron a los funcionarios de la GN a llamar una ambulancia. Fue trasladado a una clínica. allí lo estabilizaron, le aplicaron una antitetánica y suero y le sacaron algunos perdigones» (El Nacional, 04.03.04, pág. A/2).

Con respecto al interior del país, se reportó la liberación, en la madrugada del 28.02.04, de 45 personas que habían sido detenidas en Maracaibo, Edo. Zulia, por la GN en el marco de las manifestaciones de sectores de la oposición (El Nacional, Ídem.). También en El Tigre, Edo. Anzoátegui, fueron detenidas el 27.02.04, 3 manifestantes integrantes de PJ. La fuente informa que Silverio HERNÁNDEZ, uno de los detenidos fue agredido por efectivos de la GN que practicaron su detención en el contexto de una manifestación reprimida por esa fuerza de seguridad (La Prensa de Anzoátegui, 28.02.04, pág. 21). En el Edo. Zulia, el Comando Regional 3 (CORE 3) fue señalado por manifestantes detenidos el 27.02.04 como escenario de varias vejaciones a su integridad física: a Pedro RODRÍGUEZ le obligaron a firmar un documento en el que negaba agresiones por parte de la GN mientras estuvo detenido en la instalación militar, a pesar de haber recibido «3 peinillazos» (La Verdad, 02.03.04, pág. A/13); Wilfredo FERRER aseguró que mientras estuvo detenido en el CORE 3 se percató de la retención de «ancianos y menores de edad que también fueron golpeados con rolos y peinillas» (La Verdad, Ídem.); María Eugenia GÓMEZ, junto a su hermana María Rosario GÓMEZ , también fue detenida por la GN y trasladada al CORE 3 y confirma la denuncia de los otros detenidos (La Verdad, Ídem.). La fuente reseña, además, la agresión de que fue víctima Luis MIBELLI , manifestante que, luego de participar en la misma jornada de protestas, fue interceptado por 8 efectivos de la GN que viajaban en motocicletas y que le obligaron a bajarse de su vehículo para agredirlo físicamente por varios minutos ante la mirada de su esposa (La Verdad, Ídem.).

Por su parte, Provea recibió denuncias por las detenciones el 28.02.04, de Rafael MEDINA, Johnny BELTRÁN ZERPA y BELTRÁN ZERPA , por parte de la GN. MEDINA fue detenido durante una manifestación en El Paraíso, Caracas, y fue trasladado al retén de La Planta luego de confirmarle auto de detención por alteración del orden público; sus familiares denuncian que ha sido víctima de torturas. Los hermanos BELTRÁN ZERPA también fueron detenidos en El Paraíso y permanecían, hasta el 04.03.04, recluidos en la Tercera División de Infantería Nº 35, ubicada en Fuerte Tiuna (El Universal, 05.03.04, pág. 2/13).

Durante la tercera jornada de protestas, ocurrida el 29.02.04, en el municipio Chacao fueron detenidos por la GN Dorindo BURGOS (sacerdote de la congregación Marista) y Marcel CARVALLO, quienes luego de ser trasladados al comando de esa institución en El Paraíso, fueron puestos en libertad (Diario 2001, 01.03.04, pág. 8). BURGOS denunció agresiones físicas y verbales por parte de efectivos de la GN (El Nacional, 06.03.04, pág. A/2). En el Edo. Carabobo, durante una manifestación ocurrida en una de las principales vías de tránsito de la ciudad capital fueron detenidas por la GN cerca de 30 manifestantes, entre los que se cuenta los hermanos Gerardo y Gonzalo AYALA PÁEZ (este último menor de edad), cuyos familiares reportan que fueron víctimas de agresiones ocasionadas por los efectivos de dicho cuerpo de seguridad (El Nacional, 05.03.04, Op. cit.). En la noche de ese mismo día fueron detenidos por efectivos de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) de la policía del Edo. Táchira, David RUBIO, Emiliano RUBIO, Wilmer BECERRA y Oscar CÁRDENAS, quienes fueron interceptados cuando se trasladaban en un auto particular (Así es la Noticia, 02.03.04, pág. 7). RUBIO David es coordinador de la Asociación Civil Queremos Elegir de San Cristóbal y vocero de la CD en ese estado. La organización a la cual pertenece informa que los detenidos estuvieron incomunicados durante toda la noche del 29.02.04 y que a sus abogados no se les permitió verlo hasta la mañana del 01.03.04, sin permitirles conocer los cargos que se le imputan (Queremos Elegir, 01.03.04, [email protected]; www.queremoselegir.org). Al momento de su detención los ciudadanos «sólo se encontraba recorriendo la ciudad y de ninguna manera estaba protagonizando ningún acto contrario a la ley», aseguró la organización. No obstante, el fiscal 6to. Jesús Alberto Sutherland le imputó a David RUBIO, delito de rebelión, alteración del orden público y flagrancia (Provea, 02.03.04). También fue detenido en esa entidad federal Gilberto RANGEL, secretario juvenil (e) del partido Copei, «cuando un grupo de personas quemaban cauchos en la avenida 19 de Abril [de San Cristobal]» (Así es la Noticia, Ídem.). Todos ellos fueron trasladados a la cárcel de Santa Ana (El Nacional, 04.03.04, pág. A/2).

Estudiantes de la Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, Edo. Falcón, denunciaron ante los medios de comunicación la detención el 29.03.04 de 9 alumno de esa casa de estudio (Últimas Noticias, 02.03.04, pág. 12). En esa misma fecha fueron detenidos por efectivos la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) Carlos CORONADO, Erickson y Edgar RAMÍREZ AZUAJE, funcionarios de la policía del municipio Baruta, presuntamente por haber disparado a varias personas que se encontraban en un sector de la parroquia caraqueña de El Valle. El tribunal 34 de Control procedió el 01.03.04 a dictar medida privativa de libertad y ordenó su reclusión en la sede de la policía municipal de Sucre por los delitos de «homicidio intencional en grado de tentativa, usurpación de funciones y uso indebido de armas de fuego», según informa la fuente periodística (Últimas Noticias, 02.03.04, pág. 14). Yoneiba Parra, fiscal de este caso, tiene 30 días para determinar si la actuación de estos agentes policiales tiene que ver con el contexto de violencia política que vivió la capital esa semana (Últimas Noticias, Ídem.).

Otra fuente reporta la detención de 36 manifestantes de la oposición en la ciudad de Barquisimeto (Edo. Lara), entre los que se cuenta Alfredo RAMOS, dirigente del partido Causa R; Macario GONZÁLEZ, secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS) en esa entidad federal y César BELLO, secretario de Proyecto Venezuela (PV). En el Edo. Anzoátegui se reportó la detención de 11 personas durante la noche del 29.02.04, cuando manifestaban cerrando el tránsito automotor en una vía principal de la ciudad de Puerto La Cruz. Hasta el 03.03.04 el tribunal de Control correspondiente no le había dictado sentencia a estas personas (La Prensa de Anzoátegui, 03.03.04, pág. 7). En el Edo. Falcón también se registraron detenidos durante las jornadas de protestas de la oposición de los días 29.02.04 y 01.03.04: 14 estudiantes en total, de los cuales 7 fueron liberados. En el Edo. Vargas hubo 3 detenidos que, según la fuente, fueron liberados la noche del 01.03.04 (Así es la Noticia, Ídem.). En ese mismo momento, pero en la ciudad de Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, fueron detenidos Perkins GUZMÁN y Wolfgan THOMAS, mientras manifestaban contra el gobierno en las vías de tránsito de dicha ciudad. El primero, militante de PJ, fue montado por efectivos de la GN «en un carro blanco sin placas» (Nueva Prensa, 02.03.04, pág. 3/A) sin destino conocido, según testimonio de testigos. Al segundo, le fue remolcado su automóvil, que permanecía en las adyacencias de las vías cerradas por los manifestantes (Nueva Prensa, Ídem.).

Hasta esa misma fecha, los tribunales de Control de Caracas reconocían la recepción de 20 casos de detención por manifestaciones organizadas por la oposición desde el 28.02.04 (Así es la Noticia, 02.03.04, pág. 18). Entre estos casos destacan los de 7 personas detenidas en el sector de Altamira, municipio Chacao, y cuyo traslado no había sido determinado aún por el tribunal Nº 44 (Así es la Noticia, Ídem.). El MAS denunció que durante la noche del 01.03.04 fue detenido César HERNÁNDEZ, alcalde de San Joaquín, Edo. Carabobo, por una comisión de la DISIP y efectivos de la GN, quienes también allanaron su residencia y no le habrían permitido comunicarse hasta el cierre de la edición de la fuente (Notitarde, 02.03.04, pág. 35). Integrantes de la Universidad Cecilio Acosta (UNICA) del Edo. Zulia reportaron a Provea la detención de 29 estudiantes y 2 profesores periodistas en ejercicio, quienes fueron acusados ante el tribunal Nº 13 de Control de esa entidad por los delitos de porte de arma de fuego. Los detenidos denunciaron haber sido víctimas de vejaciones, torturas y de mantenerlos incomunicados (Provea, 02.03.04). Sin embargo, una fuente periodística informó que para el 02.03.04, fueron puestos en libertad éstos integrantes de la comunidad educativa de la UNICA (El Universal, 05.03.04, http://www.eluniversal.com/2004/03/05/05102A.shtml), mientras aún permanecían detenidas otras 12 personas en la sede del CORE 3 de la GN (El Universal, Ídem.). En el Edo. Yaracuy fueron detenidos 17 manifestantes, entre los que se cuenta a 5 menores de edad, que por orden de la jueza 3ra. de Control, Marinés Pérez, fueron pasados al internado judicial de San Felipe el 04.03.04, bajo los cargos de resistencia a la autoridad, obstaculización de la vía pública y daños a la propiedad. El abogado defensor, Félix Herrera «sostuvo que la sentencia obvió que esos ciudadanos […] fueron golpeados, vejados y humillados por la GN» (El Nacional, 07.03.04, pág. B/21). Sobre los menores de edad, sus casos pasaron a un juez de control. No obstante, Judith Fuenmayor, del Consejo Estadal de Derechos del Niño y el Adolescente, introdujo un amparo contra la fiscal 9no. Rosario Herrera, por negligencia al no ordenar exámenes médicos forenses a los adolescentes, quienes fueron «privados ilegítimamente de su libertad, torturados por la GN y vejados» (El Nacional, Ídem).

En Caracas, durante esa misma fecha del 01.03.04, Ricardo SANABRIA fue víctima de una detención sin estar participado en alguna manifestación. SANABRIA relató que su vehículo fue interceptado, junto con el de otra persona de avanzada edad, por agentes de la GN que custodiaban la vía de la Cota Mil a la altura de Altamira: «Me entregué pacíficamente y ellos me recibieron con golpes» (El Nacional, 05.03.04, Op. cit.). Durante el trayecto hacia el destacamento 52 de la GN, donde permaneció detenido, aseguró haber sido agredido por los efectivos y un ciudadano civil que los acompañaba (El Nacional, Ídem.). Ivette Monteverde relató que ese mismo día fue detenido su hijo, Asdrúbal ROJAS MONTEVERDE, en las inmediaciones de Altamira por miembros de la GN que, asegura Monteverde, lo torturaron «con bombas lacrimógenas y descargas eléctricas» (El Nacional, Ídem.). En información dirigida a Provea, se señala que ROJAS MONTEVERDE fue trasladado al retén de La Planta, el 04.03.04 (Jorge Padias, 04.03.04, [email protected]). Pese a recibir amenaza de muerte en caso de hacer pública su denuncia, Carlos Eduardo IZACARAY , acudió a los medios de comunicación para revelar las torturas a las que fue sometido por los efectivos de la GN que lo mantuvieron desde el 01.03.04 en el destacamento 51 de esa fuerza militar. Hasta la fecha del 03.03.04 permanecía hospitalizado en una clínica recuperándose de los maltratos causados (El Nacional, 04.30.04, pág. A/2). También PATIÑO Jesús, sociólogo y dirigente vecinal de BR fue detenido en el Paseo Los Ilustres ese día del 01.03.04, por parte de agentes de la DISIP quienes, según denuncia PATIÑO, lo trasladaron a la sede de este cuerpo de seguridad donde fue golpeado (El Universal, 04.03.04, pág. 2/10). Esta fuente reporta otros 10 casos de violencia contra detenidos en manifestaciones, provocadas por efectivos de la GN, 1 en Caracas y el resto en San Antonio de los Altos, Edo. Miranda (El Universal, Ídem.). Según relato de Alejandro COLMENARES , efectivos de la GN lo sometieron a él y a otras 3 personas (entre ellas un menor de edad), a 45 minutos de maltratos físicos hasta que fueron llevados al CORE 5, luego de haber sido detenidos por la DISIP en la jornadas de protestas opositoras del 01.03.04 (El Nacional, 06.03.04, pág. A/2). Otra fuente da cuenta de 5 víctimas más de agresiones físicas, entre las que se cuentan 3 menores de edad, durante el tiempo que permanecieron detenidas y trasladadas al CORE 5 de la GN, ubicado en El Paraíso (El Universal, 05.03.04, Op. cit.). Sobre la situación de los menores retenidos en el CORE 5, el Observatorio Venezolano de Prisiones documentó los tratos degradantes e inhumanos a los que fueron sometidos y la falta de un procedimiento adecuado (El Nacional, 05.03.04, pág. B/16).

El 02.03.04 se conoció la noticia de la imputación por los delitos de instigación a delinquir, obstrucción de vías y manipulación de sustancias inflamables a 8 manifestantes detenidos en Caracas. La decisión la tomó los tribunales de Control Nº 40 y Nº 44 que, además, ordenaron el traslado de estos ciudadanos al centro penitenciario de El Rodeo (Últimas Noticias, 02.03.04, pág. 15). Entre los detenidos se encuentran, además de los hermanos BELTRÁN ZERPA antes mencionados, José Ramón MERLON, David AMUNDARAÍN , José Rafael PERALTA, Gerber PRADO, Ángel DAVIOTT y Rodrigo Luis ALEGRETT SALAZAR.

Precisamente acerca de la situación del ciudadano ALEGRETT SALAZAR llegó a Provea información, mediante la cual se detallan las violaciones de derechos humanos que ha vivido en manos del aparato de administración judicial. Primero, señala la denuncia que este ciudadano estuvo incomunicado casi 24 horas; segundo, a juicio del denunciante, la sentencia del tribunal Nº 44 de Control (que imputó a él y a otros 5 ciudadanos los delitos de: agavillamiento, obstrucción de vías públicas, incitación a delinquir, desobediencia civil, porte de sustancias explosivas prohibidas, resistencia a la autoridad y el concurso real de delito), «estuvo viciada de nulidad absoluta pues no se siguió el debido proceso y no se presentaron pruebas de los delitos imputados» (Juan Villasana, 09.03.04, [email protected]); tercero, ALEGRETT SALAZAR ha sido víctima «repetidas veces» (Juan Villasana, Ídem.) de tortura en su lugar de presidio «utilizando electricidad, despojados de sus pertenencias personales, se les ha amenazado y golpeado con las peinillas de la Guardia; y por si fuera poco, en horas de la noche, han sido expuestos a la intemperie y donde se les ha sometido a otras vejaciones, como: baños con agua fría y la utilización de polvo ‘pica pica'» (Juan Villasana, Ídem.); y, cuarto, le fue negado el recurso de amparo solicitado por Marcelo Crovato, también abogado de los otros 5 jóvenes, para que los detenidos no permanecieran bajo la custodia de la GN, cuyos efectivos les agredieron (El Nacional, 04.03.04, pág. A/7).

Para el 02.03.04, a 4 días de haberse iniciado la manifestación opositora que inició las jornadas de protestas, 20 personas fueron presentadas ante los juzgados de Control de Caracas por los fiscales 62 y 72 Gilberto Landaeta e Iraima Rausseo, quienes imputaron a los detenidos los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas y resistencia a la autoridad (El Universal, 03.03.04, pág. 2/12).

Por su lado, la CD totalizaba 60 detenidos en todo el ámbito nacional a quienes esta organización brinda asistencia legal (Tal Cual, 01.03.04, pág. 3). D’ Elsa Solórzano, coordinadora jurídica de la CD, explicó que en este total se cuentan las 3 personas que, hasta el 01.03.04, esperaban el pronunciamiento del tribunal Nº 32 de Control sobre la solicitud de medida privativa de libertad dictada en su contra. También se incluyen en esta lista a los 6 detenidos cuya audiencia fue postergada hasta el 02.03.04 a causa de fallas en el sistema automatizado de distribución de expedientes (El Universal, 02.03.04, pág. 1/8). Solórzano también se refirió a un grupo de 49 manifestantes que fueron detenidos en Caracas entre la madrugada y el mediodía del 01.03.04 (El Universal, Ídem.). De acuerdo con Solórzano, del total contabilizado por la CD, «existen 30 personas detenidas en el estado Anzoátegui, otras 4 en el estado Falcón y 5 en el estado Zulia, incluyendo a la hija y el yerno del alcalde del municipio San Francisco» (Tal Cual, Ídem.). La vocero de la organización denunció, además, que los detenidos han sido víctimas de vejaciones: «los golpean, les quitan y les rompen el celular, le roban el dinero, les echan pica-pica y luego los mojan» (Tal Cual, Ídem.).

El 02.03.04, en el Edo. Monagas, se registró la detención de 4 manifestantes que protestaban en la vía pública, por parte de la GN (El Sol de Maturín, 03.03.04, pág. 4), que los puso a la orden de la fiscal 4º luego de haberlos mantenido en la sede de la 73 Brigada de Cazadores (El Nacional, 04.03.04, Op. cit.). El tribunal Nº 3 dictó a estos ciudadanos medida de libertad condicional, sin embargo, Jesús GAMBOA, Enrique NARVÁEZ y Oscar GARCÍA «mostraron a la prensa los maltratos que con peinillas le ocasionó la GN. Los militantes de Acción Democrática […] presentaban un fuerte olor a gasolina. Explicaron que fueron rociados con ese líquido y les amenazaban con fósforos y yesqueros» (Así es la Noticia, 05.03.04, pág. 5). En el Edo. Barinas fue detenido Fejee PÉREZ, dirigente regional del MAS, quien «según denunciaron sus abogados ha venido siendo torturado en los calabozos de la Comandancia General de la policía del estado» y permanecía incomunicado (La Prensa de Barinas, 03.03.04, pág. 2). En otro estado occidental, Mérida, fueron detenidos por alteración del orden público en diferentes puntos de la ciudad capital un total de 14 personas, varios de ellos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) durante las jornadas de protesta opositora del 01 y 02.03.04 (Frontera, 03.03.04, pág. 8/C). La fuente informa que los detenidos han sido víctimas de agresiones físicas durante el tiempo de encarcelación por parte de Jairo Soto, director de Seguridad Ciudadana (Frontera, Ídem.). Entre la noche del 01.03.04 y la mañana del 02.03.04, cerca de 25 personas fueron detenidas en el Edo. Táchira (El Universal, 03.03.04, pág. 1/8). En el Edo. Vargas fue detenido Bruno GALLO, director de Gestión Urbana de la Alcaldía de Vargas, mientras manifestaba en esa dependencia federal. Fue liberado bajo fianza el 05.03.04, con medida cautelar sustitutiva de libertad junto con otros 5 ciudadanos que permanecían detenidos en el retén Policial de Macuto, Edo. Vargas (Últimas Noticias, 07.03.04, pág. 27). En el Edo. Nueva Esparta fueron retenidos el párroco de la iglesia de la Virgen del Valle de Porlamar, MARÍN Ruperto y 3 de sus monaguillos que lo acompañaban en una protesta efectuada en esa ciudad el 01.03.04 (El Universal, 03.03.04, Op. cit.). El sacerdote fue entregado a la Diócesis de Margarita ese mismo día, sin levantarle cargos en su contra. Denunció que fue golpeado con peinillas y pateado mientras permaneció en la unidad móvil de la GN en la que era trasladado (El Universal, Ídem.).

Marianella Sánchez, integrante de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, pudo constatar que algunos de los detenidos en el retén de La Planta «sí han sido lastimados fuertemente, están aterrados y no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad» (Tal Cual, 03.03.04, Op. cit.). Sánchez también informó que el 02.03.04, los detenidos fueron visitados por la fiscal 32 del Ministerio Público (MP) quien solicitó se enviaran a reconocimiento médico-forense, medida que no fue acatada por Alfredo Veloz, director del retén que manifestó en ese momento que estaban prohibidos los traslados (Tal Cual, Ídem.). Fleming Beitía, abogado de 3 víctimas detenidas por funcionarios de la Policía Militar, entre las que se cuenta un menor de edad, denunció las torturas a las que habrían sido expuestas sus defendidos durante su retención en el fuerte Tiuna (El Nacional, 04.03.04, Op. cit.). El Observatorio indicó que las visitas hechas por sus voluntarios a los distintos centros de reclusión en donde permanecían numerosos detenidos durante las manifestaciones opositoras, han permitido señalar a las autoridades los problemas que afectan a estos ciudadanos: «estas inspecciones nos permiten realizar un informe y estamos substanciando el expediente para ser enviado a la Organización Mundial Contra la Tortura» (El Siglo, 05.03.04, pág. A/6).

El 03.03.04, la CD presentó un listado de más de 350 detenidos en varios estados del país. Rafael Narváez, coordinador de la comisión de derechos humanos de la CD, aseguró que algunos de los detenidos «han sido torturados y vejados por las autoridades, quienes los han golpeado, han hecho uso de electricidad y sustancias tóxicas» (Coordinadora Democrática, 05.03.04, http://www.coordinadora-democratica.com/#newWin). El número de detenidos registrados por estados es el siguiente: Apure: 1; Bolívar: 6; Carabobo: 1; Falcón: 40; Táchira: 20; Vargas: 11; Mérida: 9; Miranda: 35; Área Metropolitana: 37; Nueva Esparta: 7; Yaracuy: 22; Zulia: 200 (Coordinadora Democrática, Ídem.). Sin embargo, Marianela Cangal, fiscal principal del Edo. Zulia, «anunció que existen 127 procedimientos de ciudadanos detenidos tras las manifestaciones iniciadas desde el pasado viernes 27 de febrero en la entidad occidental. De acuerdo con su declaración, 85 de las personas fueron privadas de su libertad en la ciudad de Maracaibo y unos 42 en la Costa Oriental del Lago»( El Universal, 05.03.04, http://www.eluniversal.com/2004/03/05/05102A.shtml). El 04.03.04, también actuó la jueza Aimara Pérez, del Edo. Mérida, liberando -bajo medida cautelar sustitutiva- a 12 detenidos durante las manifestaciones de esa semana (Frontera, 04.03.04, pág. 8/C). Ese día, en el Edo. Zulia, el juzgado 2do. de Control dictó una medida cautelar sustitutiva para 16 de los 28 estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo detenidos el 02.03.04 (La Verdad, 05.03.04, pág. B/7). Familiares de 19 de estos detenidos, manifestaron que ellos presentan «fractura del tabique nasal, hematomas en glúteos, piernas, caras, espalda y brazos» producto de las agresiones efectuadas por agentes de la GN durante su permanencia en el CORE 3 (La Verdad, Ídem.).

Las cifras de la CD cambiaron ese mismo día cuando se registró la detención de 3 personas en enfrentamientos con la GN en la población de Naguanagua del Edo. Carabobo (El Nacional, 04.03.04, Op. cit.). En el Edo. Anzoátegui, la cifra extraoficial de detenidos que permanecen en comandos de la GN, la DISIP y de los cuerpos de seguridad municipales oscila entre 30 y 25 personas, hasta el 03.03.04 (El Nacional, Ídem.).

Amilcar Morales, dirigente nacional de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), acotó que hasta esa fecha han liberado algunos de los 64 dirigentes estudiantiles detenidos a lo largo del país entre el 29.02.04 y el 02.03.04; por ejemplo, destacó el caso de los jóvenes del Edo. Falcón, quienes fueron puestos en libertad, y el de MOSQUERA David a quien la fiscalía dictó una medida que le prohíbe participar en manifestaciones (Así es la Noticia, 04.03.04, pág. 5). En el Edo. Aragua, el 04.03.04, fueron detenidos por 3 horas, 19 manifestantes por efectivos de la GN cuando interrumpían el tránsito automotor de la autopista regional del centro (El Siglo, 05.03.04, pág. D/32). Entre los detenidos se encontraban varios dirigentes políticos, un concejal del municipio Girardot, un periodista del canal regional Dat TV y el presidente de Fedecámaras Aragua (Así es la Noticia, 05.03.04, Op. cit.). En Lara, fueron puestos a la orden de la fiscalía, 4 manifestantes que realizaban una protesta que fueron detenidos por la policía municipal (Así es la Noticia, Ídem.).

El 05.03.04, los familiares de un menor recluido junto con otros más en el retén Carolina Uslar de Caracas, pudieron comunicarse con él luego de 48 horas de desconocer su paradero después de haber sido detenido en Altamira el 03.04.03. Gustavo Naranjo, padre del joven relata que halló a su hijo «golpeado y muy asustado» (El Universal, 07.03.04, pág. 2/18).

La DISIP, además, también realizó allanamientos en las residencias de personas detenidas durante las manifestaciones. Fueron los casos de Andrés JULIÁ, Roberto BREWER (Diario 2001, 07.03.04, pág. 16) y Carlos Eduardo IZCARAY (Provea, 10.03.04).

Para la fecha del 05.03.04, la CD elevó el número de detenidos a 397 y contabilizó 9 torturados (El Universal, 06.03.04, pág. 2/9), pero finalmente, la cifra de detenidos para la CD llegó a 410 el 07.03.04. Sin embargo, Carlos Bettiol, viceministro de Seguridad Ciudadana, informó que, «sólo 30 personas han sido detenidas a nivel nacional por los disturbios de la oposición y todos se encuentran a la orden de los tribunales correspondientes» (Aporrea, 09.03.04, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=14709). Por otra parte, en una visita hecha a Washington por Germán Mundaraín, el Defensor del Pueblo afirmó ante miembros del congreso estadounidense que «es muy complejo saber el número de detenidos, porque algunas personas detenidas son puestas en libertad en pocas horas o días, y otras por más tiempo por orden de los juzgados» (Defensoría del Pueblo, 11.03.04, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=401&plantilla=1). Sin embargo, estimó que hay 55 detenidos a quienes se les imputa el delito de «porte ilícito de armas de fuego y en algunos casos, de armas de guerra» (Defensoría del Pueblo, Ídem.). Aseguró que los detenidos «han sido visitados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para asegurar su debido proceso» (Defensoría del Pueblo, Ídem.). Días antes, Yoel Pérez Marcano, Defensor del Pueblo asignado al Edo. Carabobo, «negó la posibilidad que alguna de las personas con las cuales tuvieron contacto en situación de detenidos como resultado de los hechos violentos que se registraron en esta región, hayan sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes» (Agencia de Noticias Venpres, 05.03.04, http://www.venpres.gov.ve/naci/nac1.htm#Pueblo). Pérez Marcano, destacó que la evidencia fue recogida por los funcionarios del despacho, que se desplegaron en distintos centros de detención, fundamentalmente de la GN. «Es posible que en el momento del procedimiento de la Guardia Nacional, para producir la captura de personas involucradas directamente en hechos violentos, se haya podido ocasionar algún tipo de lesión o afectación de su integridad física» (Agencia de Noticias Venpres, Ídem.).

Otro órgano del Poder Ciudadano, el MP, también se pronunció para asegurar que garantizaba «total imparcialidad, objetividad y transparencia en el adelanto de todas las investigaciones iniciadas a propósito de los hechos de violencia desatados desde el pasado viernes 27 de febrero en Caracas y algunas ciudades del país» (El Nacional, 06.03.04, pág. A/10). En su comunicado, la institución destacó haber recibido denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, agresiones de diversa índole contra ciudadanos y daños a bienes públicos y privados. Señala el documento que «el Ministerio Público ha abierto y abrirá sin discriminación alguna, independientemente de quienes sean las víctimas o los victimarios, todas las averiguaciones que fueron necesarios contra quienes violen o hayan violado los derechos sociales, civiles, políticos, a la vida, a la integridad física, as í como los derechos ambientales, familiares y económicos de los ciudadanos, sin distingos ni parcialidad de ninguna naturaleza» (El Nacional, Ídem.). En ese sentido, fue designado para el área metropolitana Gilberto Venere como fiscal 125º con competencia en derechos fundamentales, para atender las denuncias formuladas y no formuladas, así como para trasladarse a los centros de reclusión donde se encuentran cumpliendo medida preventiva de libertad algunos ciudadanos (El Nacional, 10.03.04, pág. A/4). «Similares acciones fueron tomadas en el Edo. Zulia por el fiscal 8º de esa entidad, Américo Rodríguez […] mientras el MP continúa documentando las diversas denuncias sobre presuntas torturas y excesos por parte de organismos del Estado» (El Nacional, Ídem.). Pese a esta declaración del MP, Jesús Torrealba, a nombre de la CD, rechazó las declaraciones del Fiscal General de la República Isaías Rodríguez y lo acusa de haber obstruido las denuncias sobre derechos humanos, por lo que pidió su renuncia al cargo» (Globovisión, 09.03.04, http://www.globovision.com/nacionales/2004.03/08/unidad/index.php).

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional también se pronunció respecto a las violaciones a los derechos humanos en las acciones represivas de los órganos de seguridad estatal, estadal y municipal. Indicó Nicolás Sosa, diputado por el MAS y miembro de esta comisión que solicitará al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el número y los nombres de los detenidos durante las jornadas de protesta (El Universal, 05.03.04, pág. 1/6).

Otra acción estatal que es importante destacar fue la destitución de la jueza 41 de Control Penal, María Trastoy Hombre y de la jueza 3ra. de Control (suplente), Petra Jiménez, por parte de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien les notificó que sus designaciones quedaron sin efecto «por observaciones hechas» (El Universal, 03.04.03, pág. 2/10). La medida fue remitida por Iván Rincón a título de la Comisión Judicial del TSJ luego de conocerse la decisión de ambas juezas a favor de la liberación de 7 manifestantes detenidos el 29.02.04 (entre los que se cuentan 6 militantes de PJ). No obstante, una fuente oficial de la Comisión Judicial del TSJ «negó que las sanciones se aplicaran en represalia a las libertadas que ambas concedieron a varios detenidos en manifestaciones públicas […] la verdadera razón es que éstas y otros jueces han estado realizando actividades de proselitismo político. Y no ahora, sino desde hace mucho tiempo» (El Nacional, 04.03.04, pág. A/7).

En su último boletín informativo, la comisión de Asesoría Jurídica de la Coordinadora Democrática (CD), reportó que siete personas están desaparecidas a partir de las protestas que se iniciaron el 27.02.04, son: Omar Arturo MORALES (28); Juan José PÉREZ (27); Juan Ernesto SÁNCHEZ (37); Andrés BASTIDAS (32); José Luis RODRÍGUEZ(33); Eduardo José MIRANDA (30); y Julio César GÓMEZ (34) (El Universal, 09.03.04, http://www.eluniversal.com/2004/03/09/09259B.shtml).

Todos se encuentran desaparecidos desde el 29.02.04 y la última vez que los vieron estaban en los alrededores de Altamira. D’ Elsa Solórzano, asesora jurídica de la CD, señaló que «los hemos buscado en todos los centros de reclusión, en la DISIP, la GN en El Paraíso o Altamira, Policaracas, Polisucre, o Polichacao. No están en las listas de ninguna parte». La CD también está tratando de ubicar a familiares, pues la denuncia la hicieron amigos que estaban con ellos en Altamira, donde eran habituales.

DOCUMENTOS

Caracas, 01.03.04.

«Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, en el marco de violencia que se vive en diversas zonas de la ciudad capital y algunas zonas del interior del país desde hace tres días, queremos manifestar lo siguiente:

Sobre los derechos a la manifestación, la vida, la libertad, la integridad y la seguridad ciudadana

1.- Expresamos nuestro dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas de la violencia desatada desde el 27 de febrero de 2004, que ha cobrado la vida de al menos 3 personas, enlutando a los dos sectores enfrentados del espectro político, y que ha producido numerosos heridos. Exigimos a los órganos del sistema de administración de justicia una adecuada investigación y sanción a los responsables de esos crímenes.

2.- Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional (GN) y de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en el contexto del control de las recientes manifestaciones. Condenamos a la Policía Metropolitana (PM), la Policía del Estado Miranda y las policías de los municipios Chacao y Baruta, entre otras, por su participación directa en la colocación de barricadas y otros eventos de alteración del orden público y por la omisión de su deber de garantizar la seguridad ciudadana. Reiteramos que los cuerpos de seguridad ciudadana no pueden constituirse en brazos armados subordinados a parcialidades políticas, pues ello atenta contra el derecho a la seguridad ciudadana y que estas y otras acciones deben ser debidamente investigadas y sancionadas.

3.- Frente a las delicadas situaciones de alteración del orden público vividas en los últimos días, se evidencia la inexistencia de una política democrática de seguridad ciudadana y, con ello, el incumplimiento estatal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos del 27 de febrero de 1989, en la que se ordenaba que el Estado debía ajustar sus planes tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza, también consagrados en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, dictados por la ONU en su Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.

4.- Condenamos el uso de armas de fuego por parte de manifestantes afectos o adversos al gobierno nacional, que ha sido denunciado a propósito de las recientes manifestaciones. Recordamos a todos los actores en pugna que el derecho a la manifestación, consagrado en el artículo 68 de la Constitución, implica un ejercicio “pacífico y sin armas”. En tal sentido, una manifestación deja de ser pacífica cuando se utilizan objetos contundentes para agredir a otras personas, a funcionarios públicos o a bienes públicos o privados o cuando en ella participan personas armadas. En todos esos casos, se estaría en presencia de delitos o faltas que deben ser debidamente prevenidos o sancionados.

5.- Exigimos la inmediata libertad de quienes fueron detenidos mientras ejercían su derecho a la manifestación pacífica y el respeto estricto de las garantías procesales de quienes fueron detenidos en flagrancia cometiendo algún delito, en el contexto de manifestaciones. De ninguna manera pueden tolerarse vejámenes, golpes o maltratos a personas detenidas y ya desarmadas o indefensas. Tampoco pueden actuar de manera anónima los cuerpos de seguridad, motivo por el cual es inadmisible el uso de capuchas y pasamontañas que dificultan la identificación de funcionarios que se colocan así al margen de la ley. Los casos en los que los funcionarios de seguridad actuaron vulnerando estos principios, consagrados en el ordenamiento legal interno, deben ser investigados y sancionados.

6.- Solicitamos a los medios de comunicación social que promuevan la tolerancia y la convivencia ciudadana y que se abstengan de publicar remitidos anónimos y llamados a la violencia, tal como lo señalan los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sobre el derecho a la participación y a la democracia

7.- Exigimos al Consejo Nacional Electoral (CNE) un reconocimiento fidedigno de la voluntad popular en el proceso de revisión y verificación de las firmas de las distintas solicitudes de referéndum revocatorio. El mecanismo seleccionado para tal fin debe ser rápido y transparente, y debe garantizar frente al país que no se anule ninguna firma lícita y que no se avale ninguna firma fraudulenta.

8.- Exigimos la restitución inmediata y plena de la institucionalidad del árbitro electoral, pues toda fractura de ese ente atenta contra la celeridad y credibilidad del proceso.

9.- Exigimos a los actores en pugna el respeto a las decisiones del árbitro electoral y el procesamiento institucional de toda inconformidad o queja contra sus decisiones.

10.- Exhortamos a la población y a sus líderes a expresar sus legítimas ideas políticas de manera pacífica, en el marco del respeto a la diversidad, al pluralismo y la participación y la institucionalidad democrática, abdicando de los discursos belicistas e intentos de instrumentalización política de la Fuerza Armada Nacional.

11.- Recordamos, finalmente, que la actual crisis política es expresión de una crisis más amplia y estructural, que cuenta a la pobreza, la discriminación y la desigualdad en el disfrute de los derechos humanos entre sus principales factores generadores. Por ello, tal como lo hemos señalado en repetidas ocasiones, junto a la necesidad de mínimos acuerdos que permitan administrar democráticamente las diferencias en torno a los proyectos de país, debe existir un consenso en torno a la urgente necesidad de ampliar la ciudadanía a aquellos sectores tradicionalmente excluidos.

Firman:

Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh-UCAB); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela;

Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación Justicia y Paz de Petare; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Servicio Jesuita para Refugiados Venezuela» (Provea, 01.03.04, http://www.derechos.org.ve)

«El Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), ante los graves acontecimientos suscitados en los últimos días en Caracas y otras ciudades de Venezuela, que han cobrado la vida de al menos 5 personas mientras más de 50 han resultado heridas, hace las siguientes consideraciones ante la opinión pública nacional e internacional:

  • Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano están en la obligación de garantizar la vida, integridad física y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo. La actuación de los funcionarios encargados de la seguridad y el orden público está sujeta a regulación constitucional e internacional, entre las cuales son particularmente claras las normas contenidas en el Código de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley y las Reglas sobre Uso de Fuego por Funcionarios encargados de Cumplir La Ley. Las autoridades venezolanas deben garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, muy especialmente en estas circunstancias de desorden y violencia.
  • Especialmente en los hechos ocurridos en la avenida Libertador, el pasado viernes 27 de febrero; en la urbanización Altamira, El Marquez, Caurimare y San Antonio de Los Altos durante los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo; entre otros hechos públicos y notorios, Cofavic rechaza:
    • El uso desproporcionado de los implementos antimotín por la Guardia Nacional de Venezuela con uso indiscriminado y masivo de gases lacrimógenos de alta concentración y efecto residual; así como el uso de perdigones a corta distancia y actos de violencia física totalmente innecesaria.
    • Particularmente grave ha sido la presunta intervención de personas que portaban chalecos antibalas y en muchos casos pasamontañas que los identifican como presuntos funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), los cuales han hecho uso de armas de fuego como pistolas y fusiles en procedimientos de control de manifestaciones públicas, procedimiento totalmente inaceptable y prohibido.
    • La actuación de civiles armados que atacaron a grupos de personas concentradas en Altamira, Chacao y La Candelaria.
    • Rechazamos las violaciones al debido proceso y las detenciones arbitrarias que han ocurrido. Ayer fueron presentadas al menos 20 personas ante los juzgados de control de Caracas por los fiscales 62 y 72 del área metropolitana de Caracas, Gilberto Landaeta y Iraima Rausseo quienes imputaron a los detenidos los delitos instigación a delinquir, cierre de vía pública y resistencia a la autoridad con lo cual se les privó de libertad. Cofavic insta al Ministerio Público a revisar los procedimientos aplicados y ha desarrollarlos de acuerdo a los estándares mínimos de respeto a las garantías judiciales indispensables.
  • Cofavic recuerda a las autoridades del Estado venezolano que su responsabilidad se ve comprometida tanto por sus acciones lesivas a los derechos de la persona humana como por sus omisiones en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos fundamentales. Por ello lo exhorta a investigar de manera independiente todas las denuncias que se efectúen de abusos en contra de los derechos fundamentales. Igualmente el Estado esta en la obligación nacional e internacional de respetar los derechos humanos de aquellas personas que han sido detenidas durante los hechos mencionados anteriormente. En especial el respeto a la integridad física y el derecho a un debido proceso en el cual se contempla las garantías pertinentes a todo ciudadano frente a tribunales imparciales y competentes, así como su derecho a la defensa, establecidos en el artículo 49 constitucional y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Los funcionarios militares y policiales del Estado venezolano no deben olvidar que:
    • Son responsables penal, administrativa y civilmente por las muertes y lesiones que causen a cualquier persona cuando no concurran las circunstancias que configuran el Estado de Necesidad o la Legítima Defensa. 2) Que las acciones para juzgar y condenar los delitos graves contra los derechos humanos no prescriben. 3) Que no pueden alegar como excusa órdenes superiores para perpetrar abusos contra la población. 4) Que como funcionarios públicos están al servicio de la República y sus ciudadanos y no de parcialidad política alguna.
  • Denunciamos y rechazamos toda forma de confrontación violenta en la población venezolana, por ello hacemos un llamado urgente a la población en general a mantener el respeto a la vida, la integridad física y moral, la propiedad, el libre tránsito y todos los derechos de sus conciudadanos. Finalmente, Cofavic, ante la radicalización de la violencia, insta nuevamente a todas las opciones políticas a asumir el proceso de diálogo y promover la tolerancia política con la urgencia y la premura que la situación del país requiere, sobreponiendo para ello los intereses colectivos a los grupales o individuales.
  • Solicitamos se inicien investigaciones imparciales, exhaustivas que determinen las responsabilidades administrativas, penales y civiles a que dieran lugar por los asesinatos ocurridos recientemente. Particularmente, instamos a las autoridades competentes a que inicien una investigación transparente e independiente en la muerte del Sr. José Manuel Vilas Liñeira producto del uso de un arma de fuego accionada por presuntos efectivos militares durante una manifestación pública en San Antonio de los Altos.
  • Con profundo dolor y frustración vemos como a quince años de los hechos de El Caracazo la sociedad venezolana sufre muertes, lesiones, detenciones de dudosa legalidad y otras violaciones de los derechos humanos en confrontaciones violentas con la fuerza pública. Es igualmente doloroso que el Estado venezolano, formalmente comprometido a tomar todas las medidas necesarias para que hechos como los de febrero y marzo de 1989 no volvieran a ocurrir, recaiga en los mismos errores inexcusables, en las mismas racionalizaciones que tratan de justificar lo injustificable y en los mismos mecanismos de impunidad» (Cofavic, 02.03.04, [email protected]).

Además de presentarle a nuestros lectores el presente documento, el movimiento Aquí Cabemos Todos invita a todos los interesados al foro Negociar para la paz, con el auspicio del Centro Carter, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). El evento se realizará el 18.03.04, a las 9:00 AM, en la sala A del Celarg (Altamira). Los ponentes serán: Francisco Diez, representante del Centro Carter en Venezuela, quien tratará el tema de la aproximación a los principios de mediación y negociación; José Virtuoso, de la Fundación Gumilla, que abordará la construcción de una cultura de paz desde la organización comunitaria; Carlos Correa, coordinador general de Provea, con el tema: «Los derechos humanos como base de una democracia inclusiva»; Andrés Cañizalez, del Instituto Prensa y Sociedad, con la ponencia: «Medios y conflicto: ¿Es posible la mediación?». La entrada es libre.

«El mayor enemigo es la guerra. Lo que está en juego en este momento no es un mero resultado electoral. Lo que se decide es la posibilidad misma de preservar el sistema democrático y la convivencia pacífica entre los venezolanos. Nadie puede excusarse. La fuerza de los acontecimientos parece haber tomado su propio curso desplazando la capacidad de los dirigentes para tomar decisiones, rectificar o dar un giro de timón.

El país democrático, sus autoridades, dirigentes e instituciones tienen al frente grandes retos y tareas que requieren de una inmensa responsabilidad con el destino del país en su conjunto y no solo con los afanes, intereses o posturas de un grupo en particular.

La responsabilidad mayor en el destino de los acontecimientos la tienen, sin duda alguna, las autoridades gubernamentales –gobierno central, en lugar prominente, estadales y municipales- los únicos que disponen de los instrumentos del Estado y su capacidad para respetar y hacer cumplir la Constitución y para propiciar las mejores condiciones de respeto al debate y la disidencia política. Pero los demás sectores del país, los partidos políticos de oposición, la sociedad civil organizada, las Iglesias, los medios de comunicación públicos y privados, y los ciudadanos comunes tienen asimismo la responsabilidad de insistir en el uso de todos los recursos que la democracia garantiza, no hay que despreciar ninguno, ni buscar atajos.

En este sentido, los promotores del documento Aquí cabemos todos convocamos a los actores e instituciones a realizar el máximo esfuerzo en la búsqueda de la preservación de la paz, la convivencia y la democracia:

  • Al Consejo Nacional Electoral, a cerrar de manera transparente el proceso iniciado en torno a las consultas revocatorias. Proceso que se inicio exitosamente en el primer episodio, el de la recolección de firmas, se ha complicado dramáticamente en el segundo, con el desacuerdo que frente a sus decisiones ha mostrado un importante número de ciudadanos y organizaciones políticas. Este proceso debe concluir exitosamente ofreciendo las condiciones propicias para que el acto de ratificaciones sea realizado en las mejores condiciones, de manera que la institución árbitro electoral del país preserve la credibilidad nacional y restablezca las condiciones de confianza para las futuras consultas electorales. Tal y como lo han planteado la OEA y el Centro Carter, las posibilidades del juego electoral estén abiertas y las fuerzas democráticas deben hacer su uso más justo e inteligente posible.
  • A la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano y demás órganos competentes, a ejercer con propiedad sus responsabilidades legislativas y contraloras de tal manera que se preserve el respeto a los derechos humanos y se impida que los excesos, agravios, escarnios, agresiones a las que se han visto sometidos los ciudadanos venezolanos -ya sean afines a la oposición o al gobierno- se conviertan en moneda de curso corriente y se naturalice aquello que no es otra cosa que la negación de la voluntad de convivir.

Lo decisivo en el camino para la construcción de la paz es insistir en la necesidad del diálogo y la negociación, y en el fortalecimiento a corto o mediano plazo de instituciones sólidas y respetadas por todos. El enemigo común a derrotar es la guerra, la violencia y el caos. El objetivo a ratificar es la democracia como condición y posibilidad de convivencia pacífica.

Por el grupo promotor de Aquí Cabemos Todos: Ignacio Avalos, Néstor Alfonso, María Isabel Bertone, José María Cadenas, Ocarina Castillo, Arnaldo Esté, Víctor Hugo Febres, Gabrielle Gueron, Tulio Hernández, Maritza Izaguirre, Mireya Lozada y José Virtuoso.

PUEDE SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO ENVIANDO SU NOMBRE Y Nº DE CEDULA POR [email protected]» (Aquí Cabemos Todos, 10.03.04, [email protected]).

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones llevadas a cabo en Venezuela desde el 27 de febrero al 1º de marzo de 2004. Según la información recibida, se habrían registrado en distintas ciudades de Venezuela, al menos tres muertos y 21 heridos por uso indebido de la fuerza tanto por parte de la Guardia Nacional, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la policía, como por la acción de manifestantes afectos o adversos al Gobierno venezolano. La Comisión recuerda que el Estado venezolano tiene el deber de mantener el orden público dentro del marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

La CIDH ha tomado conocimiento sobre la detención de numerosas personas como consecuencia de las manifestaciones públicas. La Comisión llama al Estado a respetar las garantías procesales y derechos fundamentales de quienes fueron detenidos. Asimismo, ante las lesiones sufridas por trabajadores de la comunicación mientras cubrían las mencionadas manifestaciones, la CIDH exhorta a las autoridades venezolanas a que se garantice la seguridad de los periodistas, trabajadores e instalaciones de los medios de comunicación para que puedan continuar con su labor de informar a la sociedad venezolana.

La Comisión hace un llamado urgente a la pacificación y a la preservación de la democracia y el Estado de Derecho en los términos de la Convención Americana y de la Carta Democrática Interamericana. Únicamente a través del diálogo y del respeto al sistema democrático, se podrá encontrar respuesta a la difícil situación que atraviesa el pueblo venezolano.

Finalmente, la CIDH manifiesta su apoyo a las iniciativas de colaboración internacional emprendidas por la OEA y el Centro Carter para encontrar una salida constitucional, pacífica y democrática al conflicto existente. La Comisión seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y continuará cumpliendo sus tareas de promoción y defensa de los derechos humanos siguiendo los instrumentos que rigen su mandato» (CIDH, 03.03.04, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/6.04.htm).

«Se ha reportado que las Fuerzas de Seguridad han usado exceso de fuerza y detenido a un gran número de opositores durante las protestas de calle que se llevaron a cabo a nivel nacional en contra del presidente Hugo Chávez. Al menos nueve personas han muerto y cientos de otras han sido heridas, incluyendo a gran un número de policías. Amnistía Internacional esta realmente preocupada por la violenta e inapropiada respuesta policial que han traído los conflictos políticos.

La Coordinadora Democrática alega que alrededor de 350 personas han sido detenidas a lo largo del territorio nacional y que la policía ha falsificado evidencia para arrestar a diferentes líderes de la oposición. Las Autoridades dicen que el número de detenidos es considerablemente mas bajo y que los detenidos han participado o incitado a protestas violentas. Ellos han acusado a los activistas y lideres de la oposición de fomentar la violencia para sacar al presidente Chávez de la presidencia. Las autoridades que tienen la responsabilidad de mantener el Orden público también tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos fundamentales. Amnistía internacional esta preocupada por los reportes que indican que las fuerzas de seguridad ciudadana han usado exceso de fuerza en algunos casos y no han mantenido los correctos procesos de detención. Igualmente alegan que estos excesos no han sido bien investigados.

Las protestas de calle comenzaron el 27 de febrero después de la noticia que dio el CNE acerca de las de firmas que tenían que ser revisadas para el referéndum revocatorio del sacar al presidente Chávez. La oposición necesitaba 2.400.000 firmas para cumplir con la petición del referéndum revocatorio y alegan haber conseguido 3.2 millones, pero el CNE solo les reconoció 1.800.000 firmas.

Desde que sucedió lo anterior, se han llevado a cabo varios enfrentamientos entre opositores del Gobierno y la Guardia Nacional en diferentes partes del país. Mientras varias de las demostraciones han sido violentas, con los manifestantes usando armas de fuego y otras armas, la Guardia Nacional y la DISIP han usado exceso de fuerza en varias ocasiones para el control de la situación.

En Caracas, por lo menos 47 detenidos han sido llevando ante jueces y colocados en juicios con cargos como “resistencia a la autoridad” e “instigación a delinquir”. De igual manera muchos otros a lo largo del país otros no han sido llevados ante los jueces en el tiempo legalmente establecido.

Información Relevante

Hugo Chávez fue electo como presidente de Venezuela en 1998 y reeligido en el año 2000 para un periodo de 6 años. Ha venido incrementándose la polarización y la escalada de violencia política desde el año 2001 cuando el movimiento opositor comenzó a ganar fuerzas. En Abril del 2002 al menos 50 personas murieron en el intento de golpe que forzó al presidente Chávez a salir de la presidencia por tres días. A finales del 2002 el paro convocado por la oposición tuvo consecuencias importantes en la economía venezolana pero no sacó a Chávez de la presidencia. Negociaciones patrocinadas internacionalmente llevaron a un acuerdo en mayo de 2003 donde ambos lados se comprometían en buscar una “pacífica, constitucional y democrática salida electoral” a la crisis. La decisión del CNE de aceptar la validez o no, de las firmas recaudadas por la oposición, ha estado pendiente desde el final del 2003.

Suprimir las demostraciones públicas ha llevado a la policía y a las Fuerzas de Seguridad a violentar los derechos humanos durante los últimos 15 años. Constantemente las autoridades han fallado en investigar y castigar a los oficiales responsables por los abusos y el incorrecto uso de lineamientos sobre armas de fuego que impone la ONU.

Incidentes de violencia política atribuidos al Gobierno y a opositores durante el mandato del Presidente Chávez, tales como muertes y agresiones llevadas a cabo durante el golpe del 11 de abril del 2002, no han sido aún investigadas apropiadamente. La impunidad que disfrutan los culpables lleva a más violaciones de los derechos humanos en un clima político particularmente volátil.

Acciones recomendadas a tomar: (Por favor enviar estas solicitudes para que lleguen en el menor tiempo posible en español o en su propio idioma)

Llamar a las autoridades para asegurar que los lineamientos operativos de seguridad pública se lleven a cabo en línea con los mínimos requerimientos del uso de Armas de fuego que requiere la ONU.

Reconocer el deber de las autoridades de mantener el orden público pero recordarles el derecho de los ciudadanos de manifestar pacíficamente.

Recordarle a las autoridades su responsabilidad de llevar a cabo los arrestos de acuerdo con la ley y los estándares internacionales (los cuales garantizan el derecho del detenido a ser llevado ante un juez en el tiempo estipulado para ser sentenciado o dejado en libertad, y que les sea permitido las visitas de sus familiares, abogados, o atención medica.) y también el derecho a un juicio justo.

Llamar para que las muertes y agresiones que han ocurrido durante la presente violencia política se investiguen completa e imparcialmente.

Insistir en que todas la alegaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y fuerzas de seguridad sean investigadas en su debido tiempo, imparcialmente y exhaustivamente para que los resultados sean públicos y que los culpables sean castigados debidamente.

Por favor también incluya en sus solicitudes una línea donde Amnistía Internacional condena todas la violaciones a los derechos humanos y donde ha llamado la atención de la Oposición para que sus protestas respeten los derechos humanos y para que no contribuyan al incremento de la violencia política y desobediencia de las leyes» (Globovisión, 04.03.04, http://www.globovision.com/documentos/documentos.decretos/2004.03/04/amnistia/index.php).

«El Gobierno venezolano debe emprender una investigación exhaustiva de las quejas de que las fuerzas de seguridad del Estado han golpeado y maltratado a manifestantes detenidos durante esta semana. La investigación debe aclarar también las circunstancias de las muertes ocurridas durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

‘Dada la volatilidad que impera en el ambiente actual en Venezuela, es fundamental que las fuerzas de seguridad actúen dentro del marco legal ejerciendo la debida moderación en su respuesta a las protesta’, dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. ‘El Gobierno debe investigar de inmediato las denuncias de brutalidad y asegurarse de que los miembros de la Policía y de la Guardia Nacional no abusen de su poder’, agregó.

Se ha informado del asesinato de, al menos, nueve manifestantes y de docenas de heridos, entre ellos periodistas, durante los enfrentamientos de la semana pasada con la Guardia Nacional. De acuerdo con las normas internacionales, el uso intencional de la fuerza letal por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

También han habido numerosas denuncias de allanamientos sin las debidas formalidades legales y palizas y maltrato a civiles detenidos por guardias y policías. En el Estado Zulia, por ejemplo, los miembros de la Guardia Nacional detuvieron a 23 estudiantes y dos profesores que estaban participando en una marcha de protesta el lunes, primero de marzo. Uno de los profesores informó a Human Rights Watch que él y cinco estudiantes fueron golpeados por los guardias durante la detención. Los detenidos fueron puestos en libertad al día siguiente, cuando el juez desestimó los cargos contra ellos.

Por otro lado se ha informado de actos de vandalismo de algunos grupos de manifestantes y ataques contra periodistas de medios pro-gubernamentales.

De otra parte, se ha informado que una comisión de magistrados de la Corte Suprema ha destituido esta semana sin debido proceso a tres jueces de Caracas, quienes habían ejercido sus facultades legales para poner en libertad a manifestantes detenidos, antes de resolver los cargos contra ellos.

‘La suspensión de jueces encargados de casos políticamente sensibles demuestra una peligrosa politización de la justicia en Venezuela’, señaló Vivanco. (HRW, 05.03.04, http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_protestas.html)

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

  • Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios,
  • Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad,
  • Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
  • Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,
  • Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas,
  • Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
  • Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos,
  • Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10, sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran especial atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada por el Consejo,
  • Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta,

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general.

Disposiciones generales

  1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
  2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
  3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.
  4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
  5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
    1. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
    2. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
    3. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
    4. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
  6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22.
  7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
  8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos.
    Disposiciones especiales
  9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
  10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
  11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:
    1. Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
    2. Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
    3. Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
    4. Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
    5. Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;
    6. Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.
      Actuación en caso de reuniones ilícitas
  12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.
  13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.
  14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.
    Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas
  15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas.
  16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9.
  17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.
    Calificaciones, capacitación y asesoramiento
  18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico.
  19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.
  20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.
  21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. Procedimientos de presentación de informes y recursos
  22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.
  23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.
  24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso.
  25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios.
  26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.

* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende los funcionarios de esos servicios» (ONU, 11.03.04, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp43_sp.htm).

Del 09 al 19 de febrero de 2004

Servicio informativo Nº 133

EDICIÓN ESPECIAL

CONTEXTO

Ante la inexactitud y ligereza de algunas opiniones e informaciones emitidas por el Presidente Hugo Chávez, en su programa “Aló Presidente N° 182”, en las que insinúa que varias organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre ellas Provea, forman parte de una estrategia golpista y que tienen indebidos vínculos con los EEUU, Provea hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional, y del propio mandatario, lo siguiente:

1) Nuestra organización, por mandato y trayectoria, ha sido y es una clara defensora del orden constitucional y de la vigencia del Estado de Derecho y de sus instituciones. En este sentido actuamos y opinamos en el año 1992, cuando el entonces Tte. Coronel Hugo Chávez Frías intentó, sin éxito, dar un golpe, y más recientemente el 12.04.02, cuando el empresario Pedro Carmona Estanga, apoyado por un conglomerado político opositor y un sector de la FAN, dio un golpe de Estado contra el gobierno constitucional presidido por el actual mandatario nacional. En esta última oportunidad condenamos, el mismo 12.04.02, la ruptura del hilo constitucional, denunciamos las violaciones a los derechos humanos cometidas contra funcionarios y partidarios del gobierno nacional, solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del Diputado Tarek William Saab, detenido arbitrariamente por efectivos policiales leales al gobierno de facto, y asesoramos y apoyamos al abogado Ricardo Dorado, actual Viceministro del Trabajo, en su solicitud de medidas cautelares ante la CIDH por la detención ilegal del Presidente Chávez. Igualmente, como lo reconoció públicamente Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA, en su discurso ante ese foro continental el 13.04.02: “Provea es una organización de la sociedad civil dedicada a los derechos humanos [que] había requerido la convocatoria de este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y la aplicación de la Carta Democrática, que permitiera la expulsión de la Junta de gobierno que usurpó, por breve tiempo, la titularidad democrática”.

Por estas razones, las insinuaciones presidenciales que intentan vincular a Provea con actividades contrarias al orden constitucional, carecen de fundamento y deben ser objeto de una inmediata y debida rectificación.

2) Respecto al origen de nuestros fondos y financiamientos, para quienes conocen nuestra trayectoria de más de quince años defendiendo los derechos humanos en Venezuela, es de público conocimiento que los mismos provienen de organizaciones no gubernamentales internacionales, especialmente europeas vinculadas a iglesias católicas y protestantes, así como de la Unión Europea y Embajadas que apoyan proyectos de derechos humanos en Venezuela. A lo largo de la historia, organizaciones de distintas partes del mundo han depositado su confianza en la seriedad, responsabilidad y pertinencia de los programas de Provea, otorgando recursos para financiamientos específicos o por plazos recurrentes, en ocasiones hasta mayores de cinco años. La lista completa de patrocinantes se puede conocer en la siguiente dirección electrónica: http://www.derechos.org.ve. Cabe precisar que Provea no recibe ni solicita financiamiento del gobierno de EEUU u órgano alguno de dicho Estado, pero ratifica que quien lo haga con fines lícitos no comete ningún delito.

3) Provea mantiene relaciones cordiales con varias delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, entre las cuales se encuentra la de los EEUU. La existencia de esas relaciones no ha obstaculizado una mirada crítica de la política exterior de diversas administraciones de los EEUU. Públicamente hemos cuestionado, entre otras actuaciones, el aval de la administración Bush al gobierno de facto de Pedro Carmona y la invasión a Irak.

4) El Presidente, de manera genérica, señaló que las organizaciones venezolanas de derechos humanos a las que aludió en su programa lo habían demandado en España por delitos de Lesa Humanidad. Ni Provea, ni ninguna otra de las organizaciones aludidas ha sido parte de la demanda que efectivamente existe. No obstante, y aunque en lo que respecta a Provea consideramos que esa demanda carece de la debida sustentación técnica, defendemos el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales, nacionales e internacionales, que juzgue pertinente para la defensa de sus derechos. En el referido caso, públicamente hemos cuestionado al Presidente de la República por haber iniciado, contra los demandantes, un proceso judicial por la supuesta comisión del delito de traición a la patria, pues ello implica un nefasto precedente y un obstáculo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos mediante el uso de las instancias internacionales de protección, así como una vulneración de los artículos 26 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vale recordar que, según el Artículo 132 de la Constitución, la defensa y promoción de los derechos humanos constituye un deber de toda persona. En lo que a Provea respecta, ratificamos nuestra voluntad de seguir actuando a favor de los derechos humanos, en particular de los derechos sociales de los sectores excluidos, haciendo uso para ello de las instancias nacionales e internacionales que juzguemos pertinente, sin que las amenazas o insinuaciones del actual Presidente o cualquier otro funcionario, actual o futuro, hagan mella en ella.

5) Sobre la relación de Provea con el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cabe precisar que participamos y fuimos miembros fundadores de dicha organización internacional. Provea, desde la más absoluta autonomía y con independencia de criterios, mantiene permanente relaciones de trabajo con esta organización, como lo hacemos con más de un centenar de importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos del continente americano.

6) Finalmente, Provea informa que procederá a solicitar de conformidad con el Artículo 58 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, un derecho a rectificación al Presidente Chávez con relación a los conceptos emitidos en el programa “Aló Presidente N° 182”, de fecha 15.02.04, y que estudia una gama de acciones judiciales para restablecer la honorabilidad y credibilidad que pudiera verse afectada por las opiniones del mandatario nacional.

Firmantes: Carlos Correa, Coordinador General; María Isabel Bertone, Coordinadora del Área de Educación; Marino Alvarado, Coordinador del Área de Defensa; Antonio J. González Plessmann, Coordinador del Área de Investigación (Provea, 16.02.04, http://.wwww.derechos.org.ve).

Caracas 16 de febrero de 2004
Ciudadano
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Presente
De nuestra mayor consideración:

En nombre y representación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, me dirijo respetuosamente a Usted de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el objeto de hacerle la siguiente petición:

De conformidad con el artículo 58 de la misma Constitución le solicitamos formalmente proceda a rectificar la información hecha pública por su persona en fecha 15 de febrero de 2004 en su programa “Alo Presidente N° 182”, la cual es inexacta y resulta agraviante para Provea.

En tal sentido, deseamos aclararle:

PRIMERO: Como organización de derechos humanos Provea no sólo ha rechazado, sino que rechaza todo acto que, con carácter conspirativo, atente contra las instituciones democráticas y el estado de derecho. En ese sentido, es importante recordarle que incluso antes de que lo hicieran altos funcionarios de su gobierno o de los Poderes Públicos, denunció a nivel nacional e internacional el golpe de Estado del que fuera objeto el día 11.04.02 el gobierno que Ud. preside. Cabe destacar que esta conducta institucional fue reconocida por su embajador ante la OEA, Jorge Valero, quien expresó el 13.04.02 en el foro hemisférico: “Provea, una organización de la sociedad civil dedicada a los derechos humanos, había requerido la convocatoria inmediata de este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y la aplicación de la Carta Democrática, que permitiera la expulsión de la Junta de Gobierno que usurpó, por breve tiempo, la titularidad democrática”

SEGUNDO: En el marco de esa denuncia y como organización defensora de los derechos humanos, Provea solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor del Diputado Tarek William Saab y colaboró en la solicitud de medidas cautelares para Usted, solicitud que hizo el actual Vice-ministro del Trabajo, Ricardo Dorado, desde Provea y con la asesoría de nuestra organización. Dicha solicitud la hicimos en ejercicio del derecho constitucional establecido en el artículo 31 que concede a toda persona la posibilidad de acudir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Provea, por lo tanto, en el caso de su persona y en otros que ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cumplido con su deber de defender los derechos humanos ejerciendo un derecho constitucional. Y tal como lo establece el artículo 132 de la Constitución, seguirá elevando casos ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, cuando considere que en la jurisdicción interna no es posible obtener justicia y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

TERCERO: Sobre la relación de Provea con el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), cabe precisar que participamos y fuimos miembros fundadores de dicha organización internacional. Y mantenemos con la misma, desde la más absoluta autonomía y con independencia de criterios, permanente relación de trabajo, como lo hacemos con más de un centenar de importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos del continente americano.

CUARTO: Deseamos aclarar también que Provea no es parte de la demanda que cursa en España contra su persona por delitos de lesa humanidad porque consideramos que esa demanda carece del debido fundamento. Sin embargo, seguiremos defendiendo el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales, nacionales e internacionales que juzgue pertinentes para la defensa de sus derechos. Vale recordarle que según el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la defensa y promoción de los derechos humanos constituye un deber de toda persona. Ratificamos por ello nuestra voluntad de seguir actuando a favor de los derechos humanos, en particular de los derechos sociales de los sectores excluidos, haciendo uso para ello de las instancias nacionales e internacionales que juzguemos pertinentes.

QUINTO: Respecto del origen de nuestros fondos y financiamientos deseamos reiterarle lo que es de público conocimiento: los mismos provienen principalmente de organizaciones sociales europeas. Cabe precisar que Provea no recibe ni solicita financiamiento del gobierno de EEUU ni de órgano alguno de dicho Estado. Asimismo le comunicamos que Provea no tiene ningún inconveniente en que se investigue la procedencia de sus fondos y el uso que hace de los mismos. En tal sentido, estamos dispuestos a brindar toda la colaboración que sea necesaria para que esa investigación se realice si los órganos competentes la consideraran adecuada.

Sin más a que hacer referencia, lo saluda muy atentamente,
Atentamente: Carlos Correa, Coordinador General de Provea.

Las coaliciones de organizaciones venezolanas de derechos humanos Foro por la Vida y Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos, rechazan las insinuaciones del Presidente de la República, Hugo Chávez, formuladas en la edición de su programa semanal “Aló Presidente” de fecha 15.02.04, según las cuales varias instituciones que participan de dichas coaliciones serían parte de un conjunto más amplio de actores sociales y políticos que atentan contra el Estado de Derecho venezolano.

En tal sentido, señalan:

  1. Las organizaciones de derechos humanos articuladas en estas coaliciones han dado muestras de absoluto apego, defensa y promoción de las reglas del juego democrático; así lo atestigua su objeción a todo abuso de poder por parte de los poderes públicos y toda ruptura o intento de ruptura del hilo constitucional en varios casos, durante más de una década. Este trabajo se ha realizado acompañando y estimulando la conciencia de derechos y organización de quienes son las principales víctimas de violación a los derechos humanos en Venezuela: los sectores populares y otros sectores excluidos;
  2. Utilizar las instancias internacionales para hacer valer los derechos humanos no sólo es un derecho, tal como lo señala el artículo 31 de la Constitución; sino que además, se enmarca dentro de un deber establecido en el artículo 132 del mismo texto, el cual señala: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”;
  3. Ninguna de las organizaciones articuladas en el Foro por la Vida o en la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos es subsidiaria o dependiente económica o políticamente, ni de ninguna otra forma, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su siglas en inglés), aunque ello no constituiría un delito en Venezuela. CEJIL es una organización con la cual las organizaciones articuladas en el Foro por la Vida guardan cordiales relaciones de trabajo por los derechos humanos en el continente, desde una perspectiva de autonomía y absoluta independencia de criterio;
  4. Por tales razones, consideramos que las informaciones y opiniones emitidas por el Presidente Chávez son de carácter inexacto y ponen en tela de juicio la credibilidad del trabajo que realizan dichas organizaciones. En virtud de ello, le solicitamos, públicamente, le sea concedido a las organizaciones aludidas (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Cofavic, Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Provea) un derecho a rectificación, tal como lo establece el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Suscriben: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI); Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero (Mérida); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo (Coddeciuc); Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira; Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR); Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (Foro por la Vida, 18.02.04, [email protected]).

Con motivo de la mención que el Presidente Chávez realizó en el programa “Aló Presidente” del pasado domingo 15 de Febrero de 2004, en el cual señalaba que algunas organizaciones de derechos humanos recibían dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la “National Endowment for Democracy” (NED), organización no gubernamental que recibe y distribuye financiamiento del gobierno y del congreso estadounidense, así como del “Centro por la Justicia y el Derecho Internacional” (CEJIL), organización no gubernamental de derechos humanos con sede en Washington que supuestamente distribuiría dinero o adoctrinaría a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, entre las que cita a la Red de Apoyo por la Justicias y la Paz, para atacar y denunciar al gobierno venezolano en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, es decir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Organización de Estados Americanos (OEA):

Queremos aclarar que la Red de Apoyo por la justicia y la Paz es una organización no gubernamental que desde enero de 1985 promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela. En estos 19 años hemos acompañado, tanto en este gobierno como en gobiernos pasados, a más de 500 familias que han sufrido vejámenes y violaciones a sus derechos humanos en Venezuela, incluido el derecho a la vida, cercenado por funcionarios policiales quienes debían protegerlos.

El CEJIL es una organización internacional seria y responsable que brinda apoyo a más de 200 organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica, pero que no financia sus actividades ni influye en ellas. En el pasado, personas de la Red de Apoyo hemos participado en actividades de formación sobre el sistema interamericano, en las cuales también ha participado el CEJIL, pero no teníamos información de que éste hubiera solicitado financiamiento de la NED para Venezuela. La Red de Apoyo nunca ha recibido financiamiento del CEJIL, ni de la NED, ni de USAID, ni de la Fundación Interamericana (IAF), ni de la Embajada, ni del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo consideramos que esto no es ilegal, siempre que el uso de estos fondos sea transparente y se destinen a la promoción de los derechos humanos, sin discriminación. Nosotros deseamos que el gobierno y el congreso de los Estados Unidos destinen más fondos para la promoción de los derechos humanos y menos para la guerra. También deseamos que el gobierno venezolano siga destinando fondos para promover los derechos humanos en Venezuela y en el resto del mundo. En el pasado el gobierno de Venezuela, igual que todos los gobiernos europeos, han destinado fondos para promover, en varios países, organizaciones de derechos humanos, privadas, serias e independientes como, por ejemplo, al Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.

Además del acompañamiento a las víctimas y a las comunidades más pobres que continuamente son víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Red de Apoyo capacita a organizaciones sociales de base, educadores y educadoras, funcionarios y funcionarias policiales para el mejor conocimiento de los derechos humanos. La Red de Apoyo para realizar estas actividades recibe financiamiento principalmente de organizaciones independientes y de gobiernos extranjeros, preocupados por mejorar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Los nombres de las agencias que financian a la Red de Apoyo se puede obtener directamente en nuestras oficinas o a través de la página : http://www.redapoyo.org.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle al Presidente Chávez, ya que conocemos su preocupación por los derechos humanos, nuestras últimas siete comunicaciones (aún sin respuesta) y solicitarle nuevamente que nos conceda una audiencia para explicarle con mayor detalle el trabajo de la Red de Apoyo y la necesidad de que el gobierno implemente un Plan Nacional de Derechos Humanos y nombre una Comisión Nacional que dé seguimiento a este Plan y lo asesore en esta materia para coordinar todas las acciones, políticas y estrategias que en el campo de los derechos humanos está haciendo o debe hacer el gobierno.

Por el Equipo Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Alfredo Ruiz, Coordinador General. (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 16.02.04, http://www.redapoyo.org)

Cofavic, la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho se ven en la obligación de dirigirse a la opinión pública para fijar su posición frente al inaudito e injusto ataque del que ha sido objeto, junto a otras organizaciones de derechos humanos, durante la alocución presidencial del pasado domingo 15 de febrero. En este sentido señala:

  1. Durante más de una década las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han realizado su labor con estricto apego al Derecho Interno y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tal y como está consagrado, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos en la resolución 53/144, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
  2. Los recursos provenientes de la cooperación internacional que apoyan la labor de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos son públicos y notorios. Su transparencia y licitud no están en juego y cualquier acusación que se presente al respecto afecta de manera directa a importantes relaciones de carácter diplomático entre Estados.
  3. El país ha sido sometido a una campaña de intimidación, mediante la cual se pretende descalificar y desligitimar sistemáticamente a personas y organizaciones que tienen posiciones críticas en distintos ámbitos. Con un claro uso abusivo del poder público se han desarrollado una serie de acciones inadmisibles. Los comentarios criminalizantes del Presidente de la República se suman a los de otros funcionarios venezolanos de alto nivel gubernamental y legislativo. Estos ataques contradicen abiertamente los compromisos de respeto y garantía del trabajo de los defensores de los derechos humanos en Venezuela, contraídos por el Estado venezolano en el marco la Resolución de la OEA sobre “Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y la “Carta Andina para la Promoción y protección de los Derechos Humanos”.
  4. Estas declaraciones del Presidente de la República constituyen un precedente muy negativo en la historia democrática venezolana. Se ha utilizado el Poder Público para menoscabar las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos. Esto es un duro revés para los derechos humanos, que no tiene antecedente y que debe llamar la atención inmediatamente de la comunidad internacional. El tono y el contenido de estas declaraciones constituyen una amenaza contra el trabajo de las organizaciones de derechos humanos venezolanas, y pone en grave riesgo la vida, integridad y seguridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela.
  5. Esta gravísima situación que nos afecta hoy se pondrá de inmediato en conocimiento de la Relatoría Especial para Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las misiones diplomáticas de Estados democráticos acreditados en el país que conocen desde hace más de una década la labor de las organizaciones de derechos humanos.
  6. Manifestamos ante la opinión pública venezolana que asumimos los riesgos y amenazas que en estos momentos implica la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y que proseguiremos nuestro trabajo con igual ahínco, independencia y profesionalismo con el cual hemos venido luchando y lucharemos contra los fueros de impunidad. No estamos dispuestos a defraudar la confianza de tantas víctimas que a lo largo de los años han depositado en nuestras manos sus esperanzas, su dolor y sus luchas, nos enorgullecemos de esta confianza depositada en nosotros, ante la cual nos está prohibido sentir miedo.

Por todo lo anterior:

  1. Rechazamos categóricamente las declaraciones del Presidente Hugo Chávez y de otros funcionarios de su administración, que estigmaticen y criminalicen el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela y en el exterior.
  2. Responsabilizamos directamente al Estado venezolano por cualquier acción que afecte la vida, integridad personal de los defensores y defensoras de derechos humanos de Venezuela.
  3. Exigimos al Estado que honre los compromisos contraídos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, los cuales garantizan ampliamente y de manera contundente la labor que desarrollan las organizaciones y los y las defensoras de derechos humanos.
  4. Exhortamos al Estado venezolano a promover condiciones idóneas para el debate público de las temáticas vinculadas a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Debate que dentro de un contexto democrático debería enmarcarse en un clima de respeto y garantía a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  5. Son las ejecuciones de los grupos parapoliciales; los ataques a la libertad de expresión; la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos; y la pobreza los que ciertamente debilitan el sistema democrático y la convivencia pacífica en el país (Cofavic, 16.02.04, [email protected]).

Amnistía Internacional ha declarado hoy que el presidente Hugo Chávez debe respetar el derecho de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a desarrollar su legítima labor, sustentada en los tratados internacionales de derechos humanos que el gobierno de Venezuela se ha comprometido voluntariamente a respetar.

«En el clima imperante en Venezuela, las acusaciones indiscriminadas y sin fundamento que se formulan contra organizaciones de derechos humanos como el COFAVIC, el PROVEA y la Red de Apoyo, insinuando que su legítima tarea en favor de los derechos humanos tiene el propósito de alimentar el caos político, podrían exponer a los miembros de estas organizaciones a graves peligros, entre ellos amenazas y actos de intimidación», dice Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos señala que también ve con preocupación el hecho de que el presidente Chávez no parezca estar familiarizado con el principio universal de que todos los individuos y grupos de la sociedad, en cualquier parte del mundo, deben disfrutar de la libertad de colaborar entre sí e intercambiar informaciones y conocimientos con la finalidad de proteger y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Amnistía Internacional añade que siente honda preocupación por la posibilidad de que las calumnias y los ataques contra las organizaciones de derechos humanos desestabilicen aún más la situación existente en Venezuela, ya de por sí difícil. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la defensa del Estado de derecho en Venezuela. Recientemente, estas organizaciones han contribuido a la elaboración de la nueva Constitución, así como de otras reformas legislativas; asimismo, han defendido los derechos de los sectores más desfavorecidos y marginados de la sociedad y han dado testimonio de la ruptura del orden constitucional producida por el intento de golpe de Estado de 2002.

El presidente venezolano debe retirar las acusaciones formuladas contra las organizaciones de derechos humanos y reconocer la importancia de la contribución que ellas han hecho, durante varias décadas, a los esfuerzos por forjar un país en el que los derechos y la dignidad de los individuos de todos los sectores de la sociedad se hayan convertido de mito en realidad (Amnistía Internacional, 18.02.04, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR530012004).

En la edición Nº 182 de su programa radial Aló Presidente, emitido el 15.02.04 en vivo y directo por la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela y el canal de televisión estatal Venezolana de Televisión, el Presidente de la República Hugo Chávez denunció que diversas organizaciones no gubernamentales, entre las que mencionó la asociación civil venezolana Súmate y la organización internacional radicada en Estados Unidos Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) habían recibido financiamiento de agencias estatales estadounidenses.

A juicio del Primer Mandatario, las razones que fundamentan las solicitudes de financiamiento dirigidas por ambas organizaciones a la agencia estadounidense National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia), forman parte de una conspiración en contra de su gestión gubernamental, apoyada por el gobierno estadounidense.

Al leer el proyecto de financiamiento del CEJIL (en cuyo aparte de «Antecedentes» se presenta un diagnóstico de la realidad venezolana que Provea no comparte), el Presidente Chávez mencionó la participación en dicha conspiración de algunas organizaciones venezolanas de derechos humanos, entre ellas Provea, sosteniendo que: «ellos no son sino actores de un reparto macabro, de una gran conspiración contra Venezuela, y después los llevan a Londres, perdón a España y los ponen a hablar ante un juez español, todo esto lo financia o no sé si todo, al menos una parte, por aquí por esta vía» (Aló Presidente, 15.02.04).

Finalmente, el Primer Mandatario dirigió instrucciones a la Procuradora General de la República para adelantar una recomendación dirigida al Ministerio Público con el fin de solicitar una averiguación por presuntos «delitos contra la Nación, conspiración contra la República y además creo que esto se acerca a la traición a la Patria» (Aló Presidente, Ídem.).

Aunque el Presidente nunca se refirió directamente a nuestra institución, por el contexto, el mensaje sugiere que Provea recibió dinero de los EEUU y que participamos de una conspiración. Así lo interpretaron todos los medios que cubrieron la noticia y, también, personas con las que Provea tiene relación y que vieron el programa. El efecto de sus palabras se hizo sentir pronto. En el contexto de espacios populares de Caracas con los que trabajamos por los derechos a la salud y a la vivienda, se presentaron incidentes en los que algunas personas señalaron dudas sobre nuestra conducta democrática a partir de lo señalado por el Presidente. Eso, por supuesto, dificulta nuestro trabajo y favorece la división de quienes trabajamos por la organización de los sectores populares y el fortalecimiento de su conciencia de derechos y de su capacidad de exigirlos y hacerlos justiciables.

A continuación, un extracto de la alocución:

«Bueno, esto está mejor dice Jesse [Chacón, Ministro de Comunicacion e Información], vamos a ver qué dice: 83 mil dólares le dan aquí, el mismo gobierno de los Estados Unidos, está el documento original, aquí está en inglés, el mismo National Endowment for Democracy, el FND, sus siglas en inglés, Endowmen ¿es Fondo? ¿sí? National Endowment for Democracy. Esto se lo dan a un Centro llamado Por la Justicia y Derecho Internacional, es el beneficiario, vamos a ver quienes son estos, ¿quiénes serán estos chico? ¿son venezolanos estos, seguro? El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aquí aparece una firma de Viviana Krstisevic, lo que no estoy seguro si este es un centro venezolano, vamos a ver aquí tiene que decir, aquí dice, vamos a ver, beneficiario: Center for Justice and International Law. Las fechas del proyecto, fíjense ustedes qué casualidad, el mismo lapso del Proyecto Súmate, 12 de septiembre 2003 y al 30 de septiembre 2004, la plata para esto. Vamos a ver, estos son 83 mil dólares, ¿cuántos millones de bolívares es esto? 120 millones de bolívares por ahí, 160 ahora con el nuevo tipo, vamos a ver qué dice aquí, aquí dice unos Antecedentes, sí tiene que ver con Venezuela, fíjate lo que dice aquí, Antecedentes, leo: «Mientras la democracia en Venezuela está en una tensión extrema, la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose. El colapso completo de la autoridad del gobierno en algunos ámbitos, la politización del sistema de justicia, y la polarización política han creado un ambiente que amenaza los derechos humanos en un país que antes era la democracia más estable de América Latina», es decir, cuando estaba Carlos Andrés Pérez aquí, Rafael Caldera, Raúl Leoni, cuando desaparecieron, mataron a Jorge Rodríguez, cuando desaparecieron a no sé cuántos miles de personas, cuando El Caracazo, esta era la democracia más estable de América Latina pues, «la situación se intensificó en abril del 2002, durante una gigantesca manifestación de la oposición, -oigamos esto, esta es la descripción de abril de 2002, el golpe de estado pues, vean como lo describen, el golpe de estado- durante una gigantesca manifestación de la oposición agentes del gobierno disparan a la muchedumbre, lo que provocó un estallido de violencia que resultó en 18 muertos civiles y más de 150 heridos. Durante el caos se reportó que el Presidente Chávez había renunciado, y un gobierno de transición llenó el vacío de poder. Dos días después el Presidente interino intentó disolver el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia, -dos días después- manifestantes pro Chávez empezaron a saquear la ciudad, y los militares, quienes inicialmente habían apoyado al gobierno de transición, lo removieron y regresaron al Presidente Chávez al poder. Estos eventos ocurrieron durante la expulsión del Presidente Chávez y su vuelta al poder, lo que resultó en unos 50 muertos más, todos civiles». Más adelante dice: «Luego de discursos en los que el Presidente Chávez ha denunciado a los medios, se han producido ataques con explosivos en contra de edificios, de canales de televisión y periódicos, – ah Chávez es el culpable pues- docenas de periodistas han recibido amenazas de muerte y han sido atacados durante manifestaciones públicas. Los últimos cuatro años también han resultado en un deterioro general del estado de derecho en Venezuela, ha habido numerosas y creíbles denuncias de organizaciones y periodistas internacionales sobre campamento de la guerrilla colombiana en Venezuela, junto con los guerrilleros han venido los paramilitares. En este ambiente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organizaciones internacionales de Derechos Humanos tienen un papel muy importante que jugar, para defender los derechos humanos, y proteger los procesos democráticos en Venezuela. Con el subsidio del Fondo -la platica que le dieron- la platota, el Centro de Justicia y Derecho Internacional trabajará con organizaciones venezolanas de derechos humanos para preparar y defender los derechos humanos en el Sistema Interamericano». Vean ustedes como utilizan la figura hermosa de los derechos humanos, primero para cogerse unos reales porque seguramente algunos se quedan en los bolsillos de más de uno, y por otra parte para atentar contra un gobierno legítimamente constituido. Bueno, vamos a investigar también, ah pero aquí están, miren, no aquí están las instituciones, vamos a ver qué dice aquí, el Centro este de Derechos Humanos empleará un abogado para preparar y avanzar los casos relacionados con Venezuela ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, aquí está la plata, ya lo hemos descubierto hoy yo, al menos yo, no tengo duda ya de dónde saca tanta plata esta gente para viajar a Washington, para viajar a Madrid, a pagar abogados, para acusarme a mí de que yo estoy violando aquí los derechos internacionales, los derechos humanos y bueno, y que estoy bueno, inmerso o incurso en un delito de lesa o delitos de lesa humanidad, pidiendo que me enjuicien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, el tirano Chávez, pues, ahora sí se, ahora estamos sabiendo de dónde sale la plata, del gobierno de los Estados Unidos, vale. Esto es algo sumamente grave. Vean ustedes. Ahora viene aquí, más adelante dice: «El abogado trabajando en el caso Venezuela también será el responsable por solicitar y monitorear la implementación de las medidas precautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte en casos en los cuales las vidas de defensores de los derechos humanos o periodistas están bajo peligro inminente. Acompañado por otro empleado del Centro, el abogado también realizará dos viajes a Venezuela para recolectar evidencias, documentar a las condiciones de derechos humanos y colaborar con organizaciones de derechos humanos. En este caso, el Centro continuará su colaboración con un diverso espectro de organizaciones venezolanas que promueven los derechos humanos, incluyendo a Cofavic, esa es una; Cofavic, nombre y apellidos, Provea. Cofavic, Provea, otra que se llama Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la iglesia. Vean ustedes, Vicaría Episcopal de Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Humanidad vigente, corporación jurídica. Bueno, aquí entonces dice, habla de entrenamiento, entrenan gente aquí y diseminación de información. O sea, los enseñan pues, todo esto, aquel señor que se plantó una vez frente al Tribunal Supremo en huelga de hambre, un señor, todo eso los entrenan, ellos no son sino actores de un reparto macabro, de una gran conspiración contra Venezuela, y después los llevan a Londres, perdón a España y los ponen a hablar ante un juez español, todo esto lo financia o no sé si todo, al menos una parte, por aquí por esta vía. Bueno, imagínense ustedes, 83 mil dólares. Realizará un taller en colaboración con ITI ¿Qué es ITI? Aquí surge otra organización venezolana llamada ITI, ya saldrá por ahí más adelante lo que es ITI, más adelante dice: CEJIL, el Centro promocionará e invitará a las ONG venezolanas y los defensores de los derechos humanos a participar en reuniones bianuales en el Centro en Washington para discutir y coordinar la acción colectiva entre los grupos de derechos humanos en América Latina. América Latina. Este Centro se estableció en 1991. Hay unos antecedentes aquí, bueno, este es otro documento, esto por favor, vamos al expediente que estamos trabajando. Bueno, vean ustedes, todo esto, toda esta orquesta que aquí suena en Venezuela macabra, es financiada y en parte por la oligarquía criolla, también aquí hay banqueros que ponen dinero y todo eso pero ellos van y consiguen apoyo en Washington. Hacemos un llamado al gobierno de Washington a que revise esto, de todos modos nosotros no nos vamos a quedar ni callados ni tampoco nos vamos a quedar paralizados, no, nosotros vamos a ir a denunciar esto donde haya que denunciarlo como yo hoy lo estoy denunciando ante un país, sobre todo informando al pueblo venezolano, informando al pueblo venezolano porque repito, se está orquestando de nuevo la amenaza contra Venezuela, ahora, utilizando esto» (Aló Presidente, Ídem.).

En ocasión del momento actual del proceso de verificación de firmas recogidas para activar procesos de referenda revocatorios, las organizaciones venezolanas de derechos humanos que suscriben, formulamos las siguientes observaciones y exigencias a los poderes públicos y a los actores políticos involucrados:

1) Condenamos categóricamente todos los discursos que incitan al uso de la violencia frente al adversario político y/o a la ruptura del hilo constitucional, así como al desconocimiento de las instituciones democráticas.

2) Lamentamos la demora del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entrega del resultado del proceso de verificación de firmas, originalmente planteado para el 13.02.04, y le exigimos recordar que su actuación célere, transparente, autónoma de presiones de cualquier tipo y garante de la expresión de la voluntad popular, es un elemento esencial de la administración democrática del actual conflicto político venezolano.

3) Ratificamos que la autoridad del CNE debe ser respetada por todos los actores del conflicto y que las denuncias sobre sus fallas o moras, deben ser señaladas con un ánimo de reforzamiento de su autonomía y eficiencia y siguiendo los mecanismos institucionales establecidos en la ley.

4) Exigimos al Ejecutivo Nacional y a los Alcaldes del Distrito Metropolitano y del Municipio Libertador que, en el marco de sus atribuciones, coordinen las medidas necesarias para prevenir confrontaciones violentas entre manifestantes y garantizar en el momento de las manifestaciones programadas para los próximos días, los derechos a la vida, la seguridad, la integridad personal y a la manifestación pacífica.

5) Resulta evidente que, en aras del mantenimiento del orden público y de garantizar la seguridad e integridad de la población, las manifestaciones de los sectores que apoyan al gobierno y la de los sectores de oposición no deben encontrarse. En tal sentido le exigimos a los dirigentes de cada sector concretar acuerdos que les permitan a ambos sectores ejercer pacíficamente su derecho a la manifestación.

6) Reiteramos el llamamiento a los medios de comunicación social del país a asumir un rol proactivo en beneficio de la concordia, la tranquilidad, la paz y el respeto mutuo entre todos los venezolanos y venezolanas, tal como se comprometieron a hacerlo ante las autoridades del CNE y a los representantes de los organismos internacionales que se encuentran como observadores en el proceso de los referenda.

7) Instamos a la población a no caer en la desesperación ni la violencia y a mantener la cordura en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, participando activamente en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos políticos, utilizando todos los canales, recursos, procedimientos e instituciones señalados en la Constitución para la defensa de sus derechos.

Suscriben:

Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB); Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela;

Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (Provea, 13.02.04. http://www.derechos.org.ve).

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, rechaza las declaraciones y actuaciones de algunos funcionarios estatales dirigidas contra los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Las organizaciones participantes del Foro consideran que tales actuaciones representan un desconocimiento de las obligaciones internacionales voluntariamente asumidas por el Estado venezolano y debilitan la posibilidad de los ciudadanos de protegerse ante violaciones de derechos humanos que no tengan respuesta en las diversas instancias nacionales.

Las recientes afirmaciones del abogado Fermín Toro, agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, hechas públicas por la prensa nacional según las cuales las decisiones y medidas tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorias ni incondicionales a los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (El Nacional, 27.01.04, pág. A/6), se suma a algunas declaraciones del presidente de la república en las que descalifica las actuaciones de la CIDH y al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la sentencia 1942, mediante la cual la Sala Constitucional consideró que las recomendaciones de la CIDH son sólo “puntos de vista” que los Estados pueden incorporar o no en sus legislaciones nacionales.

Estas opiniones públicas de altos funcionarios y entes estatales desestiman el carácter constitucional que poseen las recomendaciones y medidas efectuadas por el Sistema Interamericano al Estado venezolano en materia de derechos humanos, expresamente formuladas en los artículos 19, 23 y 31 de la Constitución. Vale recordar que el artículo 19 estipula que, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, son obligatorios para los órganos del Poder Público. Por su parte, el artículo 23, consagra la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, y su prevalencia en el orden interno cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes. Finalmente, el artículo 31, establece que toda persona tiene derecho a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Este artículo establece explícitamente que las decisiones de estos órganos internacionales deben ser acatadas por los funcionarios del Estado quienes deben adoptar las medidas necesarias para que se hagan efectivas.

Estos artículos son reconocidos por el movimiento de derechos humanos venezolano como parte de los más importantes avances de la Constitución refrendada en 1999. Ignorar o desestimar el peso de este logro, tal como se desprende de las palabras dichas por estos funcionarios, constituye una violación al mandato constitucional, así como a los convenios internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Los agentes del Estado tienen la obligación de adoptar políticas públicas para promover los derechos humanos y garantizar su cumplimiento, sin embargo actúan de manera contraria, debilitando esta posibilidad y favoreciendo la impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. Cuando se desacata una sentencia de la Corte Interamericana, se le niega a las personas la posibilidad de ver consagrada la justicia en un caso de violación que directamente la afectó. Cuando se incumple una medida cautelar o provisional, se niega la posibilidad de resguardar la integridad física de personas o de salvar vidas. Cuando no se acata una recomendación de la Comisión Interamericana, se le niega a la población venezolana la posibilidad de que sus derechos humanos tengan mayor protección y que una víctima tenga la posibilidad de ver resarcidos los daños sufridos.

Finalmente, las organizaciones que hacemos parte del Foro por la Vida insistimos en las consideraciones hechas en anteriores ocasiones similares, en las que solicitamos a todas las instancias del Estado venezolano, el respeto a las instituciones internacionales que velan por las garantías y disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, tal como está establecido en las disposiciones legales nacionales y en los acuerdos suscritos por el Estado venezolano.
Suscriben el siguiente comunicado:

Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Cddhh/UCAB); Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap); Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Grupo de Derechos Humanos de la Diócesis de San Fernando de Apure; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Servicio Jesuita para Refugiados; Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas (Foro por la Vida, 03.02.04, [email protected]).

Del 12 al 22 de enero de 2004

Servicio informativo Nº 132

CONTEXTO

Luego de la presentación el pasado 10.12.03 de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2002-2003, Provea ofrece su nueva publicación titulada Educación en Derechos Humanos en Tiempos Difíciles. Curso para la formación de activistas en derechos humanos, el cual compila las memorias del primer curso para activistas de derechos humanos organizado con la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos. Con el objetivo de fortalecer la formación de activistas, tanto en aspectos conceptuales como en la metodología de la educación en derechos humanos, se reunieron en la cuidad de Los Teques (Edo. Miranda) 27 representantes de organizaciones y redes nacionales de derechos humanos, entre el 19 y el 22 de mayo del año 2003.

Los interesados pueden consultar este libro en la biblioteca de Provea, ubicada en su sede: Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, edificio Centro Plaza las Mercedes, planta baja, local 6, parroquia Altagracia (Caracas). También pueden aprovechar la oferta de lanzamiento y adquirirlo por 9.800 bolívares con un descuento del 30% de su precio real.

Además de esta oferta, Provea presenta una promoción mediante la cual puede adquirirse ésta publicación junto con el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2002-2003, y la Cartelera de Derechos Humanos, un desplegable que resume el análisis sobre los 18 derechos estudiados en el Informe Anual por 40.000 bolívares. Este precio incluye los gastos de correo para pedidos nacionales, mientras que los pedidos del exterior tienen un valor de 25 US$ más los gastos de envío. Solicite más información por el teléfono 0058 0212 8621011, el fax 0058 0212 8606669 o el correo-e [email protected].

El 14.01.04 el diario El Nacional publicó unas declaraciones del abogado venezolano Freddy Gutiérrez, nuevo comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las medidas cautelares y el secretario actual de esa institución. Señalaba Gutiérrez que “Es necesario reformar el Pacto de San José para otorgarle a las medidas cautelares el rango que les corresponde [o crear un] protocolo adicional del Pacto de San José [para] ser llevadas al rango que les corresponde […] No puede relegarse un procedimiento tan importante a una norma reglamentaria, tal como está actualmente […] no es posible que se siga vulgarizando esa institución del derecho” (El Nacional, 14.01.04, pág. A-5). Gutiérrez, además, cuestionó la amplia facultad que tiene la Secretaría de la CIDH junto al Presidente de la CIDH para emitir cautelares y propone que “Todos los miembros de la Comisión deben pronunciarse respecto a la adopción de las medidas” (El Nacional, Ídem.).

Por estas y otras frases contenidas en la entrevista, resulta evidente que el nuevo comisionado tiene críticas a la CIDH. A juicio de Provea, la CIDH, su secretario o unas medidas cautelares pueden ser legítimamente criticadas. Pero cualquier crítica, y con mayor razón si se trata de las efectuadas por un Comisionado, debe apuntar hacia el fortalecimiento de la CIDH y del sistema Interamericano de protección de los derechos humanos en general y no hacia su debilitamiento.

El Reglamento de la CIDH, en casos excepcionales y de gravedad, permite al Presidente (o a falta de éste, a alguno de los vicepresidentes, nunca al Secretario) de esa institución adoptar medidas cautelares (artículo 25,2 Reglamento de la CIDH). Esta potestad, que es cuestionada por el nuevo Comisionado, se traduce en celeridad de la actuación de la institución y esto, a su vez, puede tener un impacto positivo en la prevención de una violación. Es decir, la flexibilidad del procedimiento puede “evitar daños irreparables a las personas” (artículo 25,1 Reglamento CIDH), que es la razón de ser de este mecanismo y lo que todo activista o experto en derechos humanos debe resguardar. Por el contrario, complejizar el mecanismo puede implicar lentitud y por lo tanto, menor eficacia para proteger los derechos.

La otra cara de la moneda es que un mecanismo expedito, como el que existe actualmente en casos excepcionales, puede aumentar los riesgos de errores. Aún así, es preferible que la CIDH cometa errores y que se preserve su actuación ágil, porque en su agilidad está contenida una importante potencialidad preventiva.

Por otra parte, aunque ciertamente las cautelares no figuran explícitamente en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), se trata de solicitudes a los Estados formuladas por un órgano convencional. El artículo 33 de la Convención señala: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…”. Los Estados Partes tienen el deber de “adoptar medidas” (artículo 2 de la Convención) para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Una de estas medidas generales, y así debe ser interpretado según el Principio de Buena Fe (establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), es el cumplimiento de las cautelares emitidas por un órgano convencional. Una reforma de la Convención, como propone el Comisionado, podría siempre mejorar varios de los mecanismos de protección, pues todo es mejorable. Pero plantearla en un momento en el que varios gobiernos de Estados de la OEA desean debilitar al Sistema de Derechos Humanos, puede ser contraproducente y generar más pérdidas que ganancias para el sistema de protección de derechos humanos. A juicio de Provea no es necesario una reforma de la Convención para darle a las cautelares el “rango que les corresponde”, pues ese importante rango lo tienen muy bien ganado desde hace décadas.

Finalmente, cabe recordar algo que señalamos a mediados del año 2003 (ver edición N° 119 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). El Presidente Chávez le hizo un flaco favor a la política exterior de Venezuela y al propio Comisionado Gutiérrez cuando, en su momento, lo presentó como un representante de su Gobierno en la CIDH, pues a su juicio impediría que esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) siga “siendo utilizada, como en algunas ocasiones, por amigos de la oposición a mi gobierno para desde allí tirotear a mansalva a Venezuela” (El Nacional, 18.06.03, pág. A/2). Los Comisionados son elegidos “a título personal” (artículo 36 de la Convención) y no son representantes de los Estados, ni de los gobiernos. Tampoco pueden actuar en los casos vinculados con su país de origen. El Comisionado Gutiérrez, en particular por las declaraciones del Presidente Chávez, debe hacer un esfuerzo importante por mostrar en la práctica, que sus críticas a la CIDH apuntan hacia su fortalecimiento en beneficio de los pueblos de América y que su actuación es autónoma e independiente (Provea, 22.01.04).

El pasado 17.01.04, 3 agentes de la Policía Metropolitana (PM) y 2 peatones resultaron heridos de bala producto de un ataque perpetrado en una de las salidas de la estación de metro de Agua Salud, al oeste de Caracas. Los sucesos ocurrieron poco antes de las 6:00 AM mientras los funcionarios policiales montaban un punto de control (El Nacional, 17.01.04, pág. A/17). El hallazgo, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de algunos panfletos supuestamente suscritos por la Unidad Táctica de Combate Néstor Zerpa Cartolini (Utcnzc) y de otros del Movimiento Revolucionario Carapaica (MRC), cada uno de éstos adjudicándose la autoría del hecho, son las únicas pruebas recolectadas hasta ahora acerca de la supuesta responsabilidad del hecho (El Universal, 18.01.04, pág. 2/22).

En el panfleto de la Utcnzc, la agrupación acusaba a la PM de «hostigamiento y persecución contra los grupos comunitarios del 23 de Enero» (Últimas Noticias, 17.01.04, pág. 14), parroquia caraqueña donde ocurrieron los hechos.

Otro comunicado, esta vez firmado por ambas organizaciones armadas, fue difundido 3 días después de los sucesos de Agua Salud, en el que advierten el inicio de «una campaña sistemática que comprende el aniquilamiento selectivo de estos uniformados [los de la PM]» (Últimas Noticias, 21.01.04, pág. 16). En el comunicado las organizaciones acusan al cuerpo policial de «proteger las diferentes plazas de ventas de drogas; establecer puntos o alcabalas de control para matraquear a los conductores que no poseen los papeles en regla; detienen a delincuentes con armas de fuego y les exigen un rescate para liberarlos y el arma es decomisada para luego ser vendida a otros delincuentes de la misma zona» (Últimas Noticias, Ídem.).

El Utcnzc se presentó públicamente el 22.09.02, como organización armada que favorece el proceso político liderado por el presidente Hugo Chávez Frías (Tal Cual, 19.01.04, pág. 2). Más recientemente, la misión diplomática de Estados Unidos emitieron un pronunciamiento público el mismo día del ataque contra los agentes de la PM (Embajada de Estados Unidos de América, 17.01.03, http://embajadausa.org.ve/spanish.html). A este respecto, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo, se comprometió a investigar tales denuncias «a fondo por organismos de inteligencia y seguridad del Estado» (Prensa Vicepresidencia, 17.01.04, [email protected]). Además de señalar que «el Gobierno Nacional es el más interesado en clarificar la situación», el funcionario recordó que «en fechas recientes […] se consumó una serie de atentados con iguales características, entre otros, los efectuados contra las sedes de las Embajadas de Argelia y España, el Consulado de Colombia y el edificio donde se reunía la Mesa de Negociación y Acuerdo. Estos atentados fueron investigados […] En la actualidad ya hay decisiones judiciales, y los responsables son requeridos nacional e internacionalmente» (Prensa Vicepresidencia, Ídem.).

Un día después del atentado contra los agentes policiales, el 18.01.04, ocurrió otro suceso violento vinculado con protagonistas del quehacer político nacional. Un total de 4 personas de un grupo de militantes del partido político opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron heridos por un grupo de sujetos cuando presentaban una ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, en el marco de la celebración del 33 aniversario de la fundación de dicha organización política (Tal Cual, 19.01.04, pág. 3). Los agresores también arremetieron contra una unidad móvil del canal de televisión Globovisión que se encontraba en el sitio cubriendo el acto político, siendo afectada su carrocería pero sin víctimas que lamentar (Tal Cual, Ídem.). «Aunque los agresores no necesariamente se identificaron como simpatizantes del gobierno del presidente Chávez, esta actuación recuerda otras ocurridas hace ya meses en la Plaza Bolívar» (Tal Cual, Ídem.).

Por su parte, el Comando Táctico Nacional del Movimiento Quinta República decidió respaldar la petición hecha por el MAS ante el Ministerio Público para investigar los hechos ocurridos en la Plaza Bolívar. Willian Lara, diputado del partido oficialistas aseguró que «no había militantes ni dirigentes en estas acciones» (El Nacional, 21.01.04, pág. A/2). También Jesse Chacón, titular del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), rechazó los hechos violentos ocurridos el 17.01.04 contra militantes del MAS: «nosotros rechazamos cualquier acción de violencia y esperamos que los órganos de seguridad del estado determinen realmente quiénes son los que están detrás de estos actos» (El Nacional, 21.01.043, pág. A/4).

Ante estos nuevos hechos de violencia política, Provea exige una investigación inmediata y el sancionamiento de los responsables. También considera necesaria la implementación de una reinstitucionalización de los cuerpos policiales y demás operadores de la justicia venezolana.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Fue publicado en la Gaceta Oficial N° 37.857 de fecha 14.01.04, el Decreto N° 2.806, mediante el cual el Ejecutivo Nacional extiende, por quinta vez, la medida de inamovilidad laboral, aplicada por primera vez el 28.04.02. El período que cubre esta nueva medida se encuentra entre las fechas del 15.01.04 al 30.09.04 (Últimas Noticias, 15.01.04, pág. 12).

Esta vez, la medida ampara a los trabajadores/as del sector privado y público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que devengan un salario mensual básico igual o inferior a 633.600 bolívares. De igual manera, los/as trabajador/as cuyo sueldo básico igual o inferior a 633.600 bolívares sea aumentado en fecha posterior al 15.01,04, no podrá ser despedido en el lapso establecido en el mencionado Decreto. No se benefician de este decreto las personas que ejerzan cargos de dirección y de confianza; aquellos/as trabajadores/as que tengan menos de 3 meses al servicio de un/a patrono/a; los/as ciudadanos/as que devenguen, para la fecha del presente decreto, un salario básico mensual superior a Bs. 633.600 y los/as funcionarios/as del sector público, quienes conservarán su estabilidad de acuerdo a la normativa legal que los rige.

El decreto señala que «las empresas afectadas por dificultades económicas o por incorporación de nuevas tecnologías podrán –a través de convenios entre patronos y trabajadores- hacer efectiva una reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecida para tal fin. Tal proceso debe ser llevado a cabo cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 34 de la LOT, en concordancia con los artículos 69 al 74 de su Reglamento» (Ministerio del Trabajo, 19.01.04, http://www.mintra.gov.ve/sitio/noticias/inamovilidad_laboral.htm).

Con esta medida, el Ejecutivo Nacional pretende establecer y reforzar las «condiciones de protección para los trabajadores» (Ministerio del Trabajo Ídem.). Sin embargo, a juicio de Daniel Ortega, economista de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, «muchas empresas han buscado las maneras de no respetar este decreto [al] terminar negociando con sus empleados su salida, que se traduce en la firma de una carta de renuncia y el acuerdo de recibir una indemnización fuera de la ley […] Así se negocia el paro forzoso, las prestaciones a pagar y otras indemnizaciones […] Al hablar con gerentes de recursos humanos de las empresas, éstos señalan que la inamovilidad no ha tenido efectos importantes y el tema ya está totalmente internalizado en las decisiones de las compañías» (El Universal, 11.01, 04, pág. 1/14). Además, Ortega destaca que la inamovilidad laboral no «ha sido un factor que afecte demasiado el interés de las empresas por contratar nuevo personal. La crisis económica ha hecho que las industrias mantengan en el nivel mínimo su plantilla, sin que sea la inamovilidad un factor relevante que entorpezca el aumento de la nómina» (El Universal, Ídem.).

Este 21.01.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre su decisión de admitir el recurso de interpretación interpuesto por María Cristina Iglesias, titular del Ministerio del Trabajo (Mintra), del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), al cual considera discriminatorio y violatorio los Artículos 21 y 89, numeral 5º de la Constitución. El recurso de la ministra Iglesias incluía una solicitud de pronunciamiento al máximo tribunal sobre la legalidad de la fijación del salario mínimo de los trabajadores domésticos (Tribunal Supremo de Justicia, 22.01.04, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=873).

En julio del año 2003 Provea introdujo ante la Sala Político Administrativa del TSJ un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto N° 2.387 de aumento salarial aplicado a partir del 01.07.03 (ver edición N°120 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). En este recurso de nulidad, Provea acusaba a la política de aumentos salariales, aplicada desde 1999, de violar los artículos 2, 19, 21, 88 y 91 de la Constitución, referidos a la igualdad, a la no discriminación, al derecho y protección del trabajo y a un salario justo. Igualmente, este decreto y los anteriores de similar naturaleza aplicados desde hacía 4 años, contrarían los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) N° 111, 122 y 131 relativos a la igualdad de la remuneración, política de empleo y fijación de salarios mínimos, respectivamente.

Por su parte, la titular del Mintra expuso en su petitorio, que la existencia en la LOT de «un Capítulo Especial aplicable a los trabajadores domésticos y la exclusión para estos trabajadores, de la aplicación de los Títulos II, III y IV referidos a la relación de trabajo, la remuneración y las condiciones de trabajo establecida en el artículo 275 de la citada ley orgánica, es discriminatoria y viola los artículos 21 y 89, ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen los principios de igualdad ante la ley, y de prohibición de la discriminación legal en la protección del trabajo, respectivamente. Por otra parte, ‘debido al carácter discriminatorio de este Capítulo Especial y del artículo 275 de la Ley, por demás violatorio de la Constitución’, la titular del despacho del Trabajo solicitó pronunciamiento sobre la interpretación del artículo 275 mencionado. Adicionalmente, vinculado a la pretensión anterior sobre la interpretación del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la exclusión, entre otros, del Capítulo II del Título III de la misma, el cual regula lo concerniente al salario mínimo, se solicitó pronunciamiento sobre la legalidad de la fijación del salario mínimo de los trabajadores domésticos mediante decretos emanados de Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de la misma Ley» (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Un total de 6 cambios de directivas a lo largo de casi 5 años han sido insuficientes para remediar los problemas de ineficiencia e irregularidades administrativas que afectan al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Esta conclusión se desprende de la retrospectiva hecha por una fuente periodística acerca de los problemas que inundan a este ente público. Los retrasos en las entregas de los recursos necesarios para su funcionamiento por parte del Ejecutivo Nacional, la morosidad de las empresas públicas, privadas y del mismo instituto en el pago de los fondos para la seguridad social de los beneficiarios (sólo un 8% de las 272.268 empresas inscritas está solvente con el IVSS); y por el otro, el cúmulo de irregularidades provocadas por las distintas gestiones asignadas por el Ejecutivo Nacional, presentan un panorama preocupante e incierto para el amplio sector social que depende de los servicios que este ente provee (El Universal, 12.01.04, pág. 1/12).

Las reiteradas intervenciones de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), a instancias del Ejecutivo, en todas las gestiones del IVSS y en gran parte de las direcciones que constituyen el organigrama del ente, registraron estas irregularidades y las pusieron en manos de los órganos competentes. Sin embargo, la única medida efectuada contra los responsables ha consistido «en cambiar las administraciones y aún se desconocen las pérdidas totales de las anomalías» (El Universal, Ibíd.).

El último capítulo lo protagoniza el último presidente del instituto designado por el Ejecutivo Nacional, Jesús Mantilla, mayor del Ejército, quien participa, junto con la DISIP en la investigación que se efectúa a la presidencia del órgano, luego de la más reciente irregularidad conocida: «El Gobierno Nacional, a fines de noviembre, había realizado una transferencia por 150 millardos de bolívares para cancelar las bonificaciones de fin de año. Dichos recursos se colocaron en una captación a plazo y dado que los mismos no se podían retirar, la directiva optó por posponer los pagos. Ante los reclamos, el director de administración solicitó financiamiento para efectuar las cancelaciones. Esos préstamos luego fueron atendidos con los créditos autorizados por la Asamblea Nacional. Esa irregularidad molestó al primer mandatario, que en su programa dominical destituyó a la directiva y anunció nuevamente la intervención del organismo» (El Universal, Ibíd.).

A pesar de la situación antes descrita, las nuevas autoridades del órgano rector de la seguridad social informaron que para el mes de febrero el El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) incorporará a su nómina de pensionados a 6.462 nuevos beneficiarios (Gobierno en Línea, 19.01.04, http://www.gobiernoenlinea.ve/). Del total de estos nuevos pensionados, 370 son por invalidez; 89 por incapacidad; 1.248 por sobreviviente y 4.755 por vejez. Esto supone una erogación de 1 millardo 402 millones 376 mil 363 bolívares, que se suma a la inversión mensual que por este concepto beneficia a los pensionados del seguro social. Con estos nuevos ingresos, se eleva a 649.921 el número de beneficiarios por pensiones que tiene el IVSS.

No obstante, aún cuando el número de incorporados por el IVSS para febrero de este año representa un aumento del 242% con respecto al promedio de ingresos mensuales del año 2002 (1.892 pensionados), el mismo monto apenas representa un 22% del número de incorporaciones mensuales (30.000 pensionados) prometido por el Gobierno Nacional en agosto del año 2003 a los beneficiarios del IVSS (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 – septiembre 2003, pág. 112 o en http://www.derechos.org.ve).

Representantes de distintas organizaciones sociales nacionales abocadas a la salud vuelven a alzar la voz contra la situación de desatención en que permanecen por la escasez de insumos médicos que pone en peligro a los enfermos crónicos del país. Hemofílicos, enfermos renales y seropositivos, entre otros, exigieron a las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) que pague las deudas a los laboratorios encargados de proveer los suministros e insumos que le permiten mantenerse con vida (Últimas Noticias, 13.01.04, pág. 2).

Se recordará que el año 2003 estuvo signado por la escasez de medicamentos y que esto provocó reiteradas protestas de las organizaciones sociales sin que hasta hoy se les muestre medidas sostenibles en el tiempo. Actualmente, el número de pacientes con enfermedades crónicas señalado por las organizaciones como directamente afectados por esta situación es el siguiente, según fuentes periodísticas: 2.462 hemofílicos, 7.000 pacientes renales, 10.500 seropositivos, entre otros (pacientes trasplantados, esquizofrénicos y con cáncer) (Últimas Noticias, Ibíd.).

La organización de derechos humanos del Edo. Mérida Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de Los Andes (ULA) informa de la promulgación de la Ley para la Educación, Atención y Rehabilitación contra el VIH-SIDA en el Edo. Mérida, «un logro de los activistas y de la población de seropositivos merideña» (Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 14.01.04, [email protected]).

Este nuevo instrumento fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Legislativo celebrada el 07.10.03 y publicada en la Gaceta Oficial del Edo. Mérida N° 688, el 21.11.03.

En la misma, señaló Walter Trejo, coordinador de la Cátedra de la Paz, «los derechos humanos han sido considerado como eje transversal de la Ley», tal como quedó destacado en el objetivo de esta ley: «la educación, prevención integral, bioseguridad, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, atención, investigación y la garantía de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, así como los deberes de toda la población merideña respecto al VIH-SIDA» (Cátedra de la Paz Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Ibíd.).

Según denuncia una fuente periodística, las comunidades Yanomamis que viven en el Edo. Amazonas aún están a la espera de la implementación del Proyecto de Salud Yanomami que el Ministerio de salud y Desarrollo Social (MSDS), bajo la gestión de María Urbaneja, se comprometió a ejecutar para beneficiar a este pueblo indígena (Tal Cual, 13.01.05, pág. 5).

La fuente reseña que, a pesar de existir un compromiso documentado del despacho de salud que estipula un monto específico de recursos (1.500 millones de bolívares) para la aplicación de dicho programa, el sucesor de Urbaneja como titular del MSDS, Roger Capella, negó la existencia de tales recursos en una visita efectuada en diciembre del año pasado a las comunidades del sector La Esmeralda, del Edo. Amazonas. De tal acto tuvo constancia el padre Darius, de Platanal, quien denunció el hecho ante la Vicaría de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, la cual posee el documento firmado por la ex ministra Urbaneja donde informa la existencia de la partida, que permanecía depositada en un fideicomiso a nombre del Senifa (Tal Cual, Ibíd.). La Vicaría de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho participa como organización no gubernamental en la Comisión Regional de Salud, instancia creada por Urbaneja para la ejecución y supervisión del Proyecto de Salud Yanomami, junto con las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), el Caicet y la Defensoría del Pueblo. La Vicaría había realizado, en el marco de esta comisión, «un diagnóstico que sólo pudo alcanzar a las comunidades más cercanas, porque se gastaron los 12 millones que el MSDS entregó para este fin, por lo que las lejanas y más abandonadas no se pudieron evaluar. Las comunidades indígenas cercanas tienen cubierto sólo un 20% de sus necesidades en salud, es decir, carecen de la cobertura del 80%. Las lejanas están completamente abandonadas, tanto que, ni siquiera están censadas ni se conoce en qué lugar exacto se encuentran. Para ubicarlas es necesario hacer un recorrido aéreo. se sabe que acuden a los puestos de salud de Brasil, donde esta experiencia itinerante es tremendamente exitosa» (Tal Cual, Ibíd.).

Como excusa ante esta promesa incumplida, Jacobo Mora, viceministro de Salud y Desarrollo Social, explica que «se vieron obligados a cancelar compromisos urgentes» (Tal Cual, Ibíd.), pero que «ya existen mil de Bs. 1.500 millones que se asignaron en el 2003 y que muy pronto ‘bajarán’ los otros 500 millones» (Tal Cual, Ibíd.).

Vale recordar que la implementación de este Proyecto de Salud Yanomami por parte de los entes estatales «surgió de la solución amistosa alcanzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el Estado venezolano y varias ONG de derechos humanos por el caso Haximú (masacre de Yanomamis, ocurrida en agosto de 1993, elevado como caso ante la CIDH en 1996 por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional-Cejil y Provea) (Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 – septiembre 2003, pág. 263 o en http://www.derechos.org.ve).

Representantes de las etnias Chaima, Kariña y Warao denunciaron ante el Ejecutivo Nacional que el Gobierno Nacional ha incumplido su promesa de realizar el proceso de alfabetización Misión Robinson I simultáneamente en castellano y en el idioma de cada etnia (El Nacional, 13.01.04, pág. B/6).

Ricardo Guevara, coordinador de la Misión Robinson I para el pueblo indígena Chaima, denunció que «ha sido un fracaso la misión, porque no nos enseñan a leer y escribir en nuestro idioma. La Misión Robinson I y ahora la Misión Robinson II están totalmente desprovistas de su carácter de educación intercultural bilingüe» (El Nacional, Ibíd.).

Guevara informó que se han reunido con autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para denunciar la situación «pero hasta ahora no ha habido avances» (El Nacional, Ibíd.). explicó que los indígenas Chaima realizaron su propia cartilla para enseñar en su idioma y aún así el Gobierno sigue editando la cartilla en castellano para los cursos y advirtió que el actual concepto de la Misión Robinson es un «suicidio cultural de los pueblos indígenas pues la educación formal es globalizadora e impuesta sin participación de las comunidades […] no incluir la educación bilingüe es una humillación a la dignidad de los pueblos, porque nuevamente, una vez más, se han despreciado nuestros valores, cosmovisión, espiritualidad y nuestros derechos constitucionales a tener una educación propia» (El Nacional, Ibíd.).

En su más reciente informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, el Banco Central de Venezuela (BCV) registró una variación de 1,8% en el mes de diciembre, similar a la observada en el mes de noviembre (1,9%) y superior a la del mismo mes del año anterior (1%). Con este resultado el año 2003 cierra con una variación acumulada de 27,1%, inferior a la reportada el año anterior (31,2%).

El ente emisor atribuye el incremento relativo de precios registrado en diciembre a los ajustes en las tarifas de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y electricidad y al remanente de los ajustes autorizados en noviembre para algunos bienes pertenecientes a la canasta de alimentos controlados. También considera que incidió, en menor medida, el efecto en los precios de la mayor demanda estacional en algunos productos, debido a la temporada navideña: «Los factores antes señalados determinaron que los bienes y servicios sujetos a la medida de control de precios reflejaran una variación de 1,7%, mientras que los bienes y servicios que se rigieron por el libre juego de la oferta y la demanda registraron un crecimiento del 2,0%.

Aunque los grupos Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte registraron una desaceleración en la variación de precios, es importante mencionar que por segundo mes consecutivo tuvieron una elevada incidencia en la variación global del IPC. Entre los productos alimenticios que mostraron alzas importantes se encuentran el pan de jamón, carnes de cerdo y de pollo, cebolla, pimentón y harina de maíz precocida, entre otros. En el grupo transporte, por su parte, entró en vigencia a partir del 20 de diciembre, la segunda parte del ajuste que fue acordado en el mes de octubre.

Con este resultado, el conjunto de los bienes integrantes del IPC continuó reflejando un crecimiento (2,2%) mayor que el de los servicios (1,5%), con lo cual los primeros cierran el año 2003 con una inflación acumulada de 35,3%, en tanto que la correspondiente a los servicios se ubicó en 20,0%.

En cuanto al resultado del indicador del núcleo inflacionario, la tasa de variación alcanzó un nivel similar a la del IPC global (1,8%). Con el aumento del mes de diciembre la variación al cierre del año para el referido indicador se situó en 37,9%, impulsada básicamente por los Servicios no administrados y los Bienes industriales (excepto alimentos y textiles).

Para finalizar, es necesario recordar que el año 2003 estuvo caracterizado por la aplicación de controles de precios y de cambio, vigentes desde mediados del mes de febrero. Los bienes y servicios sujetos a la medida de control de precios reportaron una variación acumulada en el año de 17,9%, mientras que los bienes y servicios que se rigieron por el libre juego de la oferta y la demanda reflejaron una variación acumulada de 38,4%» (Banco Central de Venezuela, 16.01.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=2863&Operacion=2&Sec=False).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

En la edición N° 127 de este servicio informativo reseñamos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de conceder al Estado venezolano «una prórroga para informar sobre el cumplimiento de la sentencia que dictó ese tribunal a favor de las víctimas de El Caracazo» (http: www.derechos.org.ve). Dicha prórroga fue solicitada por el agente del Estado ante el sistema interamericano de ese entonces, Jorge Dugarte, en vista del vencimiento del plazo puesto por la instancia jurídica continental ocurrido el 18.09.03, un año luego de que la Corte IDH hiciera pública su sentencia a favor de las víctimas y familiares de víctimas de los sucesos ocurridos en Caracas el 27 de febrero de 1989 y días subsiguientes.
El incumplimiento de los plazos para implementar las reparaciones e indemnizaciones por parte del Estado venezolano lo colocan, todavía hasta hoy, en situación de desacato total (ver edición N° 126 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve).

No obstante, Fermín Toro, nuevo agente del Estado ante las instancias hemisféricas de derechos humanos, recientemente afirmó que el Gobierno Nacional está dando pasos para honrar esta sentencia: «estamos organizando una oficina de coordinación interministerial entre el despacho de Finanzas y el de Relaciones Exteriores, que operará las próximas semanas y habrá un equipo de funcionarios supervisados por la agencia del Estado que presido. Publicaremos un aviso llamando a los interesados a concurrir. Serán atendidos, se les exigirá la identidad para poder comenzar con el pago del monto que les corresponda» (Panorama, 18.01.04, pág. 2/2). El funcionario se refiere a la cancelación de las indemnizaciones estipuladas por la Corte IDH en su sentencia y cuyo monto global pasa los 8 millardos 900 mil bolívares por daños materiales y morales a víctimas y/o familiares de víctimas del hecho conocido como El Caracazo (Panorama, Ibíd.).

Sin embargo, el dictamen de la Corte IDH contempla no sólo el pago de compensaciones monetarias a las víctimas sino, además, una serie de medidas de protección para la sociedad venezolana en materia de derechos humanos. En definitiva la sentencia impone 4 ámbitos sobre los cuales el Estado debería intervenir para que así sea considerado el acatamiento total de la misma:

  • El Estado deber investigar los hechos; identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores; y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda; que los familiares y víctimas sobrevivientes tengan pleno derecho a la libertad de actuar en todas las instancias de dichas investigaciones. Además ordenó al Estado localizar, exhumar, identificar y entregar los restos mortales de 18 víctimas ejecutando para esto procedimientos idóneos y confiables para los familiares de las víctimas.
    Hace poco menos de un año, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero de 1989 y Marzo (Cofavic), examinó el estado de cumplimiento de esta parte de la sentencia y señaló que «hasta el momento solo se individualizaron los expedientes en el Ministerio Público, pero lamentablemente todos los casos, con excepción de uno, están en la etapa de investigación, es decir la fase preliminar del procedimiento penal venezolano. En la mayoría de estos casos, después de catorce años ni siquiera se han practicado las experticias más elementales para el inicio de las investigaciones judiciales. Los expedientes siguen en el Ministerio Público en un 99% de los casos. Solo se han ejecutado acciones concretas por el fallecimiento de Luis Manuel Colmenares donde se presentó acusación contra dos funcionarios de la Policía Metropolitana que, cabe acotar, hoy se encuentran en libertad. Luego de más de una década se les sigue impidiendo a los familiares de las víctimas la posibilidad de enterrar a sus seres queridos en un lugar digno y acorde con sus creencias religiosas» (Cofavic, 22.01.04, http://www.cofavic.org.ve/p-noticias-240203.htm).
  • El segundo mandato de la Corte IDH obliga al Estado a adecuar los planes operativos del orden público al respeto de los derechos humanos, con el objeto de evitar que se repitan las condiciones que dieron origen a El Caracazo. Concretamente, «se ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para capacitar a todos los miembros de los cuerpos armados y de seguridad sobre normas de protección de los derechos humanos; ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias de respeto y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; así como garantizar, de ser necesario con el uso de medios físicos, que los miembros de los cuerpos armados y de seguridad utilicen únicamente lo necesario para controlar estas situaciones” (Cofavic, Ibíd.).
    Sobre este aspecto, vale recordar que Provea interpuso el 16.09.03 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo constitucional contra José Luis Prieto, Ministro de la Defensa de ese entonces, por violar el derecho de petición que establece el Artículo 51 de la Constitución y que Provea invocó en su momento con una solicitud de información sobre la compatibilidad del Plan Ávila con los derechos humanos y con una política de seguridad y control del orden público con carácter democrático. Precisamente, esta petición de Provea se sustentó en la sentencia de la Corte IDH sobre El Caracazo (ver edición N° 126 de este servicio informativo, Ibíd.).
  • Como parte de las medidas reparatorias, la Corte IDH también ordenó la publicación en un diario oficial (Gaceta Oficial, por ejemplo) y otro de circulación nacional de parte de su sentencia (Cofavic, Ibíd.).
  • Por último, el mandato de la Corte IDH impone al Estado venezolano el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas y sus familiares. El máximo tribunal hemisferio decretó que el Estado debe pagar por daño material 5 millones 400 mil dólares. Comentó Cofavic que «esta es la cifra más alta que ha impuesto la Corte en su historia, y lo hizo en virtud del terrible daño infringido a familiares y víctimas dada la gravedad extrema de este caso» (Cofavic, Ibíd.).

Sobre los demás aspectos de dicha sentencia, Toro comentó: «eso está en manos de la Fiscalía General, a ellos le corresponde sentar los juicios contra los responsables directos de esa masacre, es decir, el presidente de ese momento, el ministro de Relaciones Interiores, comandantes de la PM, ministro de la Defensa y demás jefes y autoridades de los organismos de seguridad del Estado» (Panorama, Ibíd.).

La edición correspondiente al período octubre 2002 – septiembre 2003 del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea registró un total de 130 víctimas de ejecuciones efectuadas a manos de agentes estatales, estadales y/o municipales de seguridad (ver capítulo Derecho a la Vida del Informe Anual en http://www.derechos.org.ve).

Para el mes de enero el comportamiento de este indicador se muestra preocupante. Un arqueo de la prensa nacional y regional da cuenta de un total de 54 víctimas mortales (2 en Caracas [Tal Cual, 16.01.04, pág. 3; Tal Cual, 21.01.04, pág. 4]; 1 en el Edo. Guárico [El Siglo, 13.01.04, pág. D/30]; 9 en el Edo. Anzoátegui [El Nacional, 15.01.04, pág. B/9]; 10 en el Edo. Lara [Últimas Noticias, 12.01.04, pág. 18; El Impulso, 20.01.04, pág. B/2]; 20 en el Edo. Táchira [El Nacional, 13.01.04, pág. B/9]; 22 en el Edo. Bolívar [Correo del Caroní, 15.01.01.04, pág. 1/A]) y 3 heridos (Edo. Lara [Últimas Noticias, Ibíd.; El Impulso, Ibíd.]) de presuntas ejecuciones extrajudiciales dirigidas por agentes de los cuerpos municipales, estadales y/o estatales. A pesar de que en la mayoría de los casos el parte policial cataloga los hechos que rodean estas muertes como producto de la resistencia a la autoridad (casos del Edo. Bolívar [Correo del Caroní, Ibíd.] y casos de Caracas [Tal Cual, 16.01.04, Op. cit.; Tal Cual, 21.01.04, Op. cit.]), testigos presenciales y familiares aseguran que las circunstancias de tales muertes son las que caracterizan a las ejecuciones extrajudiciales y acusan a las fuerzas policiales regionales y/o municipales como culpables de las mismas.

Notorio es el caso del municipio Sucre del Edo. Aragua, donde los reiterados señalamientos y fuertes protestas dirigidas por las comunidades contra la acción de las autoridades policiales municipales, a quienes acusan de practicar ejecuciones extrajudiciales, obligaron al Ministerio Público (MP) a solicitar al gobernador del Edo., Didalco Bolívar, intervenir la Policía del Municipio Sucre. La medida del MP se ampara «en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Ciudadana, a partir del cual Poliaragua asumiría en forma provisional la coordinación de la Policía de Sucre, hasta su normalización» (El Universal, 20.01.04, pág. 2/26).

Otra situación que también merece ser reseñada es la que investiga la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Estadal de Lara a raíz del asesinato de 8 personas (2 de éstas menores de edad) en el sector Los Pocitos de Barquisimeto, ocurridas en la madrugada del 11.01.04 (El Universal, Ídem.). La presunción de la fiscalía regional de considerar el hecho como una acción de grupos parapoliciales motivó la apertura de una investigación que se inició el 13.01.04, con una visita del fiscal superior Jorge Querales a la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de las Fuerzas Armadas Policiales del Edo. Lara, con el fin de «realizar una prueba de disparo de verificación de proyectiles de armas orgánicas para ser comparada con las utilizadas en el caso» (El Nacional, 14.01.04, pág. B/6). Esta primera aproximación de la fiscalía al caso fue inicialmente obstaculizada por más de 200 agentes de la policía estadal que impidieron el acceso de los funcionarios del MP (El Nacional, Ídem.). Al final de la tarde, el impasse fue resuelto y el MP logró «decomisar varias armas para someterlas a pruebas de balísticas» (El Universal, 15.01.04, pág. 2/26). Este episodio, así como el suceso de Los Pocitos será investigado por la fiscalía superior de la dependencia estadal y por la Asamblea Nacional (AN), que en sesión plenaria del 13.01.04 designó una comisión que investigará los hechos (El Nacional, Ídem.).

Finalmente, debe mencionarse que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Edo. Anzoátegui realizaron el 14.01.04, una manifestación en rechazo a las autoridades policiales de los municipios más afectados por estos hechos. Señalaron específicamente al sargento Ramón Bastardo de la Policía Municipal y a la directiva de dicho cuerpo de seguridad como culpables de la situación de violación del derecho a la vida de muchas víctimas. Los manifestantes consignaron un comunicado a la Alcaldía de El Tigre sustentando sus denuncias y exigiendo la destitución de los funcionarios señalados (El Norte, 15.01.04, pág. 6).

La Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso informó que este 15.01.04, fue inaugurado el Centro de Tratamiento Comunitario Doctor Luis Martínez González, en el Edo. Miranda. Este nuevo centro penitenciario «albergará a una población de 51 reclusos que están bajo régimen abierto para la conclusión de la pena» (El Nacional, 16.01.04, pág. B/9).

Con la apertura de esta instalación, la infraestructura penitenciaria y su población ganan un beneficio que Provea, entre otros, ha demandado reiteradas veces en su investigación sobre los derechos de las personas detenidas y encarceladas (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2001 – septiembre 2002, págs. 414 y 540 o en http://www.derechos.org.ve).

La apertura de nuevos Centros de Tratamiento Comunitarios (CTC) permite la capacidad de atención a la población beneficiada con medidas de pre libertad (reclusos con la 3ra. parte de su condena cumplida) ampliando la infraestructura existente, contabilizada por Provea en 685 plazas para el año 2002, «muy inferior al número de residentes atendidos (1.332 en 2002 y 1.752 para septiembre de 2003)» (consultar el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela período octubre 2002 – septiembre 2003, pág. 410 o en http://www.derechos.org.ve).

En estos centros los beneficiados son evaluados en su trabajo diario, estudio, relaciones sociales y familiares. Además se les brinda atención integral, multidisciplinaria individualizada y comunitaria (El Nacional, Ibíd.).

Un mandato constitucional ordenaba a la Asamblea Nacional (AN) reformar, en un lapso de 6 meses, el actual Código Penal vigente desde 1926 y con 11 intentos infructuosos de modificación (El Nacional, 13.01.04, pág. A/4). Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el ejercicio de su facultad para presentar proyectos normativos, delegó al magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, presidente de la Sala de Casación Penal, la coordinación de la redacción de un anteproyecto que para este mes sería discutido en Sala Plena en espera de su aprobación por los 20 magistrados que la componen (El Nacional, 09.01.04, pág. A/2). El proyecto resultante de este debate estaría abierto al debate público antes de llegar al parlamento, donde finalmente será objeto de las discusiones correspondientes.

El equipo redactor lo componen los/as juristas José Luis Tamayo, Miguel Villaroel, Mónica Fernández y Gladys Fernández. Fuentes informativas adelantan que el anteproyecto contiene 1.030 artículos que abarcan tanto temas tratados en el Código vigente como aspectos nuevos que las actuales circunstancias sociohistóricas imponen (El Nacional, Ídem.). En ese sentido, «Tamayo informó que en el proyecto de reforma se incrementan las circunstancias que exoneran la responsabilidad penal en casos del aborto: 1.- Que el aborto se provoque antes de haber transcurrido 3 meses de embarazo; 2.- Que corresponda a una decisión de una mujer víctima de violación o inseminación artificial no deseada; 3.- En casos que el feto presente malformaciones graves e irreversibles; y 4.- Que esté justificado por una situación de extrema pobreza que impediría a la mujer garantizar aceptables condiciones de vida a un hijo […] Como en el caso del aborto, la regulación del hurto famélico pretende evitar el abuso de éste. Por ejemplo, al distinguirlo del robo y, con ello, de la posibilidad de que quien no tenga comida ejerza violencia contra las personas, aunque si se permitiría contra las cosas, como abrir un boquete en la pared de un local de expendios de víveres para hurtarlos. En materia de delitos contra las cosas, también se atendió la necesidad de tipificar y sancionar conductas delictivas, como la invasión de bienes de propiedad privada. […] Quien invada arbitrariamente terrenos o edificaciones ajenos, públicos o privados, urbanos o rurales, con el fin de ocuparlos o de obtener de ellos provecho será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 600 unidades tributarias. Tamayo informó que en adelante todos los reos de delitos penados con privación de libertad también deberán pagar multas, las cuales irán a un fondo estatal de indemnización y ayuda a las víctimas de la criminalidad» (El Nacional, Ídem.). Tamayo señaló que también se penalizaría la transmisión deliberada del VIH-SIDA y la hepatitis B, C y D, así como se aumentará la severidad «de los delitos de violación (ahora penado con prisión de 5 a 10 años y en adelante de 12 a 16); secuestro (ahora 10 a 20 y después 20 a 25); robo a mano armada (ahora 8 a 16 y en lo sucesivo de 3 a 6); y aprovechamiento de cosa proveniente del delito (ahora de 1 a 12 meses y después de 2 a 4 años)» (El Nacional, Ídem.).

Acerca de la ampliación de los atenuantes o eximientes para despenalizar el aborto planteados en este anteproyecto, Provea recuerda las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado venezolano (CCPR/CO/71/VEN 19), presentadas el 26.04.01, las cuales señalan que “la penalización de todo aborto no terapéutico plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico impuesto al personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos, puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas” (ver edición N° 127 y 113 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve). Con respecto a la despenalización del hurto famélico, el jurista Alberto Arteaga opina que tal medida oculta la intención de «desconocer las condiciones de pobreza extrema que afecta cada vez más a la población venezolana [y] extiende las prerrogativas a un Estado ineficaz en el combate de la pobreza» (El Nacional, 11.01.04, pág. A/2). En relación con la penalización de la transmisión de enfermedades como el VIH-SIDA, Feliciano Reyna, presidente de la organización de derechos humanos Acción Solidaria se pronunció calificando dicho articulado como «discriminatorio, violatorio de los derechos humanos […] en mi experiencia de más de 10 años de trabajo en este campo, nunca he visto a nadie que haya denunciado que fue infectado adrede […] Una ley como esa dispararía el miedo de la gente a buscar ayuda y tratamiento […] la propuesta se aleja de los parámetros internacionales que se siguen para la prevención y la lucha contra el SIDA» (El Nacional, 13.01.04, pág. A/4).

Otra fuente informativa destaca la novedad del artículo 217 de este anteproyecto, el cual trata sobre la muerte por piedad: «no comete delito quien para evitar o aliviar el inaguantable dolor o sufrimiento al que padezca una enfermedad terminal o incurable, haga cesar el tratamiento médico a sabiendas de que podría sobrevenir la muerte o aunque la producirá. Tampoco comete delito quien administre a un enfermo tal calmantes en dosis masivas que pudieran mitigar el dolor pero también provocar la muerte. Ni cometerá delito el que por piedad y de modo directo cause la muerte para mitigar su dolor o sufrimiento» (El Nacional, 11.01.04, Op. cit.). Los redactores de tal norma consideran que la misma obedece a una tendencia mundial a respetar la voluntad ajena en relación con la fase terminal de su vida, así como a los derechos constitucionales al libre desenvolvimiento de la personalidad y a no recibir tratos degradantes.

La misma fuente se detiene a observar el artículo 68, el cual indica que «el juez declara inimputable al indígena que ejecute una conducta tipificada como punible, teniendo en cuenta su inadaptación a la cultura y su eventual incapacidad para comprender la ilicitud de tal conducta o para adecuarla a las disposiciones del Derecho» (El Nacional, Ídem.).

También llama la atención de la fuente que la tendencia progresista que muestra este anteproyecto en algunos aspectos no se extendiera a casos como los llamados delitos de desacato: «por el contrario, las ofensas y agresiones contra altos funcionarios públicos se calificaron de delitos contra la independencia y seguridad del Estado sancionados con penas de prisión hasta por 8 años». A este respecto, otra fuente recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «ha emitido pronunciamientos en los que advierte que la aplicación de las normas de desacato (difamación, injuria, vilipendio) se convirtió en una medida a la que recurren los funcionarios para acallar opiniones e imponer sanciones criminales contra los periodistas. Por eso las erradicaron en varios países» (El Universal, 12.01.04, pág. 1/6).

Otra de las normas que ha llamado la atención de los medios es la que sanciona la rebelión y «la sedición (desconocer Gobierno constituido), instigación a la rebelión o a la guerra civil o participación en la guerra civil. Las penas para estos casos oscilan entre 2 y 24 años de prisión y multas hasta por 2.400 unidades tributarias. Fraude electoral: los artículos 946 al 953 hacen referencia a delitos y fraudes electorales y a los ilícitos relacionados con los partidos […] Suspender trabajo: según art. 976: quien valiéndose de violencia fomente u ocasione que continúe una cesación o suspensión de trabajo, con el objeto de imponer disminución o aumento de salarios o cualesquiera convenios diferentes de los pactados, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 600 unidades tributarias. Contra economía: Prisión de 2 a 5 años y multa de 200 a 500 unidades tributarias aplicarían a quien ‘por medio de violencia, amenazas, divulgación de noticias inciertas, falsas, exageradas o tendenciosas, o con cualquier maquinación cause peligro en la economía (art. 594)'» (El Universal, 20.01.04, pág. 1/4).

El anteproyecto, además, contempla desaplicar el artículo 393 del vigente Código Penal, que reducía a una quinta parte de la pena al violador de una trabajadora sexual. Esto responde la solicitud hecha ante el TSJ, el 14.11.01, por la Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca (Ambar), (ver edición N° 84 de este servicio informativo en http://www.derechos.org.ve) (El Universal, Ídem.).

Por otra parte, la propuesta de Angulo Fontiveros estipula prisión de 3 a 6 años y multa de 300 a 600 unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena a los jueces que incurran en abuso de poder (El Universal, 17.01.04, pág. 1/4).

En otro orden de ideas, «los fiscales que omitan abrir una investigación, retarden maliciosamente su instrucción o no actúen para lograr el esclarecimiento de la verdad, serían penados con prisión hasta de 4 años, multa entre 20 y 400 unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de sus funciones por un tiempo igual al de la condena y después de cumplida esta […] Error Judicial: art. 871: ‘El juez que por imprudencia grave o ignorancia dicte sentencia injusta, será castigado con multa de 100 a 200 unidades tributarias e inhabilitación para el cargo de 2 a 6 años’. Prolongar detención: art. 874: ‘Juez que retarde proceso para prolongar detención será penado con prisión de 2 a 4 años'» (El Universal, Ídem.)

Finalmente, observa Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, que «los códigos penales y la mayoría de los códigos del país han sido hechos fundamentalmente por elites académicas. En este momento se requiere muchísima participación. Deben integrarse a la comisión los periodistas, los sociólogos, los politólogos, los antropólogos y no debería ser la hechura de un grupo de sabios del derecho penal» (El Nacional, 16.01.04, pág. A/4).

ARTÍCULOS

”Cada 15 de enero se celebra en Venezuela el Día del Maestro, conmemorando la formación, en plena dictadura gomecista, del gremio de educadores. Esta organización nació con el objetivo de defender los derechos de los y las maestras, mejorar la educación y proteger a la infancia.

Luego de enviar nuestras felicitaciones a los y las maestras venezolanas, deseamos destacar la importancia de la educación en derechos humanos en las escuelas venezolanas. Al respecto, se reconocen algunos avances y retrocesos: aún cuando en 1997 se elaboró la Resolución 1484, que incorpora la educación en derechos humanos en todos los grados académicos, la misma permanece sin aplicación. Además, en la última reforma curricular fue incluida en algunas materias la educación en derechos humanos.

Una reforma educativa orientada a los derechos humanos exige un perfil de los educadores respetuoso, tolerante, abierto a la participación, a la inclusión y a la solidaridad. En fin, que sea mediador y facilitador del proceso educativo, conciente de su papel como formador de ciudadanos/as para el mundo.

A propósito de este tema, Provea convocó al curso Educación en derechos humanos en tiempos difíciles. Invitamos a los interesados a consultar en la biblioteca de nuestra sede las Memorias de esta actividad, en las que se registran los debates desarrollados en estas jornadas» (Provea, 15.01.04, [email protected])

«Con frecuencia a Provea llegan personas que acudieron a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía sin contar con un documento que de fe de la denuncia recibida.

Por eso, al hacer una denuncia de violación de algún derecho humano es importante que lo haga por escrito y se quede con una copia sellada como recibida. Sin este paso no se puede hacer seguimiento a la denuncia, ni saber si estas instituciones están avanzando o no en la investigación.

La denuncia debe identificar el órgano a quien se remite; los datos personales del denunciante y/o de la víctima; las circunstancias, lugar, fecha y hora aproximada en que ocurrieron los hechos violatorios del derecho; la institución y los funcionarios involucrados en la violación; la firma del denunciante y, por último, los datos de localización del denunciante.

La denuncia puede hacerse ante la misma institución responsable de la violación (una escuela, el seguro social, la policía, una gobernación, etc.), ante órganos del Poder Ciudadano (Defensoría o Fiscalía), ante la Asamblea Nacional, ante los medios de comunicación, comunitarios o masivos o ante organizaciones de derechos humanos. Pero lo más importante para que la denuncia prospere y se haga justicia es que se le pueda dar seguimiento, que presione y que no se de por vencido» (Provea, 22.01.04, [email protected]).

DOCUMENTOS

«Machiques, 13 de enero de 2004
Abrahán Asobayera
Presidente de la Asociación de Comunidades Barí de Venezuela (Asocbariven).
Para: Dra. Ana Elisa Osorio, Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
Estimada y Apreciada Ministra

Reciba un saludo solidario del Pueblo Barí y nuestros mejores deseos en el éxito de su gestión, pues entendemos que está vinculada a nuestras vidas y nuestras tierras.
La lucha que desarrolla el pueblo Barí por la defensa de su territorio no es una lucha de hoy, tampoco puede ser considerada como un hecho aislado e independiente de nuestra historia y de nuestra cultura.

Los Barí ocupamos la cuenca del Lago de Maracaibo entre 700 a 400 años antes de la llegada de los europeos al continente americano y tenemos más de 450 años luchando por la defensa de nuestras vidas, de nuestra cultura y nuestra tierra.

Somos los indígenas que posteriormente se conocen con el nombre de motilones, que aparecemos en la historia, en 1549, con la fundación de Pamplona, guerreando a muerte con los conquistadores españoles. Esta situación de guerra termina dos siglos después, en 1772, cuando, por intermedio de un barí apresado en 1767 en una incursión militar dirigida por los hermanos Alberto y Manuel Gutiérrez llegamos a un acuerdo con Don Sebastián Guillen de no agresión, esto ocurrió en las tierras ubicadas desde los ríos Santa Ana, Aricuaizá hasta el río Catatumbo.

Desde 1772 hasta 1818, los Barí de esta región fueron reducidos a Misiones Capuchinas. Al salir del país los misioneros españoles en 1821 por la Guerra de Independencia, nos reencontramos de nuevo con el resto de nuestros hermanos que vivían libres en las selvas. Este ha sido nuestro único período de paz que hemos vividos desde la llegada de los alemanes y españoles a nuestras tierras, y se termina ha mediados de 1906, en Colombia, cuando Virgilio Barco inicia la explotación petrolera en la línea fronteriza con Venezuela, en las inmediaciones del río Catatumbo y, en Venezuela, en 1910 cuando las compañía petroleras descubren petróleo en Río de Oro.

Fueron las compañías transnacionales del petróleo Colón Development Company, subsidiaria de la Shell y la Standard Oil de Venezuela, subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey (Creole) y la Caribbean Oil Corporation (Shell) invaden conjuntamente con la Colpet casi todo nuestro territorio.

Según el antropólogo Roberto Lizarralde, el territorio Barí, para el momento de la llegada de los conquistadores al Lago de Maracaibo, a principio del siglo XVI, tenía una superficie de 33.000 km², para el siglo XVII el territorio era ya de 21.000 km² (Lizarralde, 1975:2) y 16.000 km² para el año 1900 (Lizarralde y Beckerman, 1982).

Desde 1910 hasta 1950 los Barí, tanto de Venezuela como de Colombia, nos enfrentamos a una lucha frontal por la defensa de nuestras tierras contra las compañías petroleras extranjeras y contra los colonos (hacendados y campesinos pobres) que venían poblando los espacios aledaños a las vías de penetración e instalaciones petroleras. Para 1950 los Barí teníamos 7.400 km² de los 16.000 km² que poseían para 1900. En Venezuela, desde 1940 hasta 1962 aproximadamente, un grupo de campesinos y hacendados, principalmente de Machiques, La Cañada y Santa Bárbara, desarrollaron una cruel persecución contra nuestro pueblo para despojarnos definitivamente de todas nuestras mejores tierras. El pueblo Barí se desangró en esta desigual lucha por la tenencia de la tierra. Perdimos todas nuestras mejores tierras.

A partir del 19 y 22 de julio de 1960 con la llegada a nuestros bohíos del antropólogo Roberto Lizarralde y de los Misioneros Capuchinos, respectivamente, los Barí volvemos a contraer un nuevo acuerdo de no agresión contra los usurpadores de nuestras tierras.

Nuestra territorio o nuestra hábitat ha quedado dividido en dos espacios, uno, denominado desde 1961 Zona Indígena Reservada (ZIR) de 1.470 km² del lado venezolano y 840 km² del lado colombiano, y otro espacio fuera de la reserva, que en el caso venezolano son seis las comunidades que estamos viviendo en minúsculos espacios encerrados como animales en medio de verdes potreros de enormes haciendas fundadas en tierras bañadas por la sangre de la resistencia indígena, son estas El Rodeo, La Frontera, El Edén, Los Bohíos, La Campiña, Sinaloa, entre otras.

Desde mediado de 1985, las comunidades que están fuera de la ZIR gestionan ante el Estado la dotación de dos espacios de tierras por parte del Gobierno, previo pago de las bienhechurías a los hacendados y parceleros presuntos propietarios de los mismos: unas seis haciendas, parcelas y potreros, y un lote de tierras de unas 53 mil hectáreas aproximadamente del piedemonte de la Sierra de Perijá ocupadas por parceleros colombianos y guajiros, comprendido al sur del río Santa Rosa hasta el norte de Río de Oro. Esta última superficie será entendida como una ampliación de la ZIR. Todos estos espacios son tierras las perdimos a sangre y fuego entre 1910 y 1970 en tenaz lucha contra compañías petroleras y hacendados. Esto ha ocurrido con el visto bueno del Estado venezolano y de todos los Gobiernos que hasta la fecha han dirigido tanto a Venezuela como a Colombia. Por ello exigimos justicia.

Pero en estos momentos los Barí en Venezuela no sólo luchamos por recuperar una mínima parte de nuestro territorio ocupado hoy por hacendados y parceleros, sino contra la Corporación para el Desarrollo de le región Zuliana (Corpozulia), los Ministerios de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), y las transnacional del carbón Minera Maicca, C.A. [Tomen (japonesa), TransMar Coal Inc. (EEUU), Excel (australiana)], Carboca y Consulminca que amenazan con reducir y contaminar más aún nuestras tierras o hábitat.

El Estado, a través de los MEM y del Ambiente, le ha entregado nuestras tierras solicitadas a Corpozulia y estas empresas privadas para explotar carbón, por ello exigimos que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Fría y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) definan si estas tierras son para carbón o para nosotros los indígenas de la Sierra de Perijá, pues ambos intereses con contrarios e incompatibles, pues no podemos vivir rodeados de minas de carbón en pequeños

Según conversaciones, el miércoles 3 de abril de 2002, en su despacho, con el Ing. Santiago Bautista, ex-Presidente de Corpozulia, estas concesiones están soportadas en fuertes bases políticas y legales. Es decir, deducimos, que la explotación del carbón en tierras indígenas va. Es decir no habrán tierras para los Barí ni para los Yukpa o que todo se arreglará para que nos conformemos con lo poco que ahora tenemos o un poquito más. Esto lo rechazamos de plano. Exigimos justicia.

El Piedemonte de la Sierra de Perijá debería quedar como nuestra hábitat y la de los Yukpa, para desarrollar cultivos menores y preservar su potencial biogenético e hídrico, esta propuesta no entra dentro de los planes de Puerto América y del Eje de Desarrollo Occidental que viene impulsando este Gobierno, desde estos ministerios, así como los cuatro Gobiernos anteriores, conjuntamente con los capitales transnacionales del carbón.

Pese a que la Decimosegunda Disposición Transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo de la Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución” aún es la fecha que no se a cumplido con tal exigencia.

Todo ello hace pensar que nosotros, los indígenas Barí y Yukpa, no vamos a tener las tierras que requerimos para vivir física y culturalmente en estos momentos de globalización; más cuando algunos representante políticos, de ministerios y corporaciones vienen informando que en el Zulia los indígenas deben negociar las tierras con los mineros, deberían exigir, por ejemplo, participar directamente en un el supuesto impuesto minero que propone Corpozulia en su libro “La Minería del Futuro” del año 2003.

Sí esto es así esta lucha por la tierra continuará hasta la muerte, y esto lo hemos decidido en Asambleas de Comunidades. Queremos ya la demarcación de las tierras Barí.

Atentamente, Abrahán Asobayera, presidente de la Asociación de Comunidades Barí de Venezuela (Asocbariven)» (Lista Electrónica Ambientalista de Venezuela, 13.01.04, [email protected])

«México D.F., Enero de 2004

Las organizaciones de derechos humanos integrantes de la Coalición expresan la más enérgica protesta por la falta de transparencia en la discusión de la Declaración que llegue a aprobarse en esta Cumbre, frenando el proceso de participación de la sociedad civil que se había venido construyendo a partir de la discusión y aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, a continuación, fija postura respecto de los temas de agenda que convocaron a este evento.

Los derechos humanos son un eje transversal y una condición esencial para el crecimiento económico con equidad, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática, propósitos centrales de la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Su pleno respeto, su primacía sobre los acuerdos comerciales, los mecanismos para su protección, muy especialmente el fortalecimiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, así como la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos, constituyen elementos fundamentales para el logro de los propósitos de este evento.

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han señalado en reiteradas ocasiones su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, entre ellas, al suscribir la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y con algunas excepciones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho compromiso ha propiciado algunos avances importantes, sin embargo no todos han sido cumplidos cabalmente, por lo que la Coalición hace un llamado a los Estados para que hagan un recuento de las acciones pendientes a los efectos de que sirva para fortalecer las democracias y lograr el desarrollo económico y social de los países de la región. Por ello, las democracias de la región exigen una participación más activa por parte de la sociedad civil en los procesos nacionales y hemisféricos.

Así, ante los temas principales de la Cumbre Extraordinaria, con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos adquiridos, la Coalición insta a los Estados a que en la Declaración que aprueben, se incluyan las siguientes acciones:

1) Fortalecimiento el sistema interamericano de derechos humanos. A pesar de encontrarse contenido en los planes de acción emanados del proceso de Cumbres de las Américas, en las resoluciones de distintas sesiones de la Asamblea General de la OEA, y en la Carta Democrática Interamericana, este compromiso no ha sido cumplido cabalmente. Incluye:
a. Universalizar el Sistema Interamericano de derechos humanos. Para ello, la Coalición insta a aquellos Estados miembros de la OEA que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos a tomar todas las medidas necesarias para clarificar y demostrar su compromiso con el Sistema Interamericano.
b. Aumentar el presupuesto de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.
c. Cumplir con las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos y difundir lo más ampliamente posible los informes de la Comisión y de la Corte sobre el incumplimiento de sus respectivas recomendaciones y decisiones;
d. Adoptar las medidas tendientes a la adecuación de su legislación en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
e. Incorporar dentro del mandato y actividades de las instituciones nacionales de derechos humanos, el monitoreo permanente del cumplimiento, por parte de los Estados, de las resoluciones del Sistema Interamericano, volviéndose de esta manera partícipes del procesos de reparación a las víctimas y de superación de la impunidad estructural que golpea a las Américas;
f. Crear un fondo para la asistencia legal para que las víctimas tengan acceso efectivo a los mecanismos de protección.

2) Primacía de los derechos humanos. Para garantizar el logro de los propósitos de esta Cumbre se deben someter todos los acuerdos de libre comercio e integración económica a las normas y estándares internacionales de derechos humanos, tal como la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos. Para ello:
a. Es fundamental que los acuerdos de libre comercio hagan referencia explícita a los instrumentos de derechos humanos. En caso de conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho mercantil internacional, los Estados deben reconocer de manera formal la primacía de los instrumentos de derechos humanos.
b. Teniendo en cuenta los actuales desfases de ratificación, todos los acuerdos de libre comercio deben hacer referencia explícita a la obligación de sus miembros de reconocer y aplicar los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de la OIT relativa a los Derechos y Deberes del Trabajador.
c. Sin perjuicio de lo anterior, la ratificación de instrumentos de derechos humanos se debe poner, para los Estados que aun no lo han hecho, como condición de participación en acuerdos de libre comercio;
d. En los informes anuales de la CIDH a la Asamblea General de la OEA se debe hacer una evaluación del impacto de la integración económica sobre los derechos humanos, asegurando la primacía de los derechos humanos;
e. Los Estados y los agentes no estatales deben rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

3) Participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil en todas aquellas actividades de importancia para el desarrollo de los Estados, especialmente en el proceso de creación, implementación y seguimiento de los acuerdos de libre comercio, es un componente integral de la democracia en el Hemisferio. En el marco de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Permanente, y de la Carta Democrática Interamericana, la Coalición insta a los gobiernos a poner en acción los compromisos previos de ampliar y fortalecer el rol de la sociedad civil en las actividades de la OEA.
Por ello, los Estados deben:
a. Implementar las recomendaciones de las Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA;
b. Institucionalizar la participación de la sociedad civil en eventos y conferencias de la OEA, incluyendo las negociaciones de acuerdos de libre comercio;
c. Ampliar el rol de la sociedad civil en el desarrollo de mecanismos de participación.

Finalmente, para dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, la Coalición insta a los Estados del Hemisferio a que en la Asamblea General del 2005 entreguen a la Secretaría General un informe que registre las actividades específicas realizadas para el cumplimiento de los compromisos en el fortalecimiento del sistema de derechos humanos y en la participación de la sociedad civil adquiridos en la Carta Democrática Interamericana, el Plan de Acción de Québec, y en las Asambleas Generales de la OEA.

Organizaciones Firmantes:

Acción Ecológica, Ecuador; Alternativa, Perú; Amnistía Internacional; Asociación Casa Alianza, Guatemala; Asociación Manos Limpias, Perú; Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú; Asociación Pro Búsqueda; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Auditoria Democrática Andina; Cañas (IDHUCA), El Salvador; Casa Alianza, Honduras; Casa Alianza Internacional, Costa Rica; Casa Alianza, Nicaragua; Central Unitaria de Trabajadores, Perú; Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), México; Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P» A.C., México; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C., México; Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii, AC Tlaxiaco, Oaxaca, México; Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.», Ecuador; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Centro para la Promoción de los Derechos Humanos «Madeleine Lagadec», El Salvador; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CODEFAM «Marianella García Villas», El Salvador; Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Colombia; Colegio de Periodistas de Costa Rica; Comisión Colombiana de Juristas; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Venezuela; Confederación Campesina del Perú (CCP); Consorcio de ONG que Apoyan a la Pequeña y Micro Empresa (COPEME), Perú; Cooperación, Acción Solidaria para el Desarrollo, Perú; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú; Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Costa Rica; Derechos Humanos para las Américas, HR-Américas; Derechos y Democracia, Canadá; Centro de Asistencia Legal Popular de Panamá; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón; Servicio Internacional para los Derechos Humanos; Servicio Jesuita a Refugiados, Venezuela; Escuela de Antropología Aplicada, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador; Foro Ecológico del Perú; Fovida, Perú; Fundación Casa Alianza, México; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), El Salvador; Fundación para el Desarrollo de las Comunidades en el Ecuador (Fudeconec); Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ecuador; Grupo de Iniciativa Conades, Perú; Grupo de Mujeres Diversas, Perú; Grupo Genero y Economía, Perú; Idhuca; Instituto de Desarrollo Urbano (Cenca), Perú; Instituto de Investigación y Capacitación de la Familia y la Mujer (Incafam), Perú; Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), Perú; Plan País, Ecuador; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); Red de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse FIAN – Sección México; Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, Perú; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio; Red Peruana de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Travestis, Perú; Reforma Penal Internacional;

Servicio de Paz y Justicia de América Latina, Serpaj-A.L; Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica, Serpaj-CR; Servicios Educativos Rurales, Perú; Taller Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Perú; Tierra Vida Asociación Ecológica, Perú; Visión Mundial, Oficina para América Latina y El Caribe; Washington Office on Latin America (WOLA)» (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 12.01.04, [email protected]).

«Santa Cruz, 12.12.03

Las organizaciones Action Aid Ayuda en Acción, CEAAL, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, IBIS, Educación y Desarrollo, las iniciativas ciudadanas nacionales y las redes participantes del II Encuentro Latinoamericano de Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas Educativas ‘Reflexionando sobre la Calidad Educativa’, realizado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, entre el 11 y 13 de diciembre del año 2003, manifestamos nuestra profunda preocupación:

  • Porque la estructura económica capitalista neoliberal, sobre la que han estado asentadas las políticas económicas y las reformas educativas de América Latina y el Caribe, es productora de la exclusión y discriminación, situándonos como una de las regiones más inequitativas en el mundo.
  • Porque la educación, a pesar de la implementación de los procesos de transformación de los sistemas educativos realizados en nuestros países en las últimas décadas presenta serias deficiencias en relación a sus concepciones, pertinencia socio cultural, participación social en la construcción de políticas educativas y calidad de los procesos educativos y aprendizajes, como parte y correlato de esa dura realidad de pobreza, exclusión y discriminación.
  • Porque a pesar de los múltiples compromisos, declaraciones y marcos de acción suscritos por nuestros gobiernos en los distintos encuentros internacionales sobre educación, no se perciben substanciales cambios en la educación de la región y países.

Por lo que:

  • Manifestamos que la educación de calidad es un derecho fundamental de toda persona y como tal la construcción de políticas y estrategias públicas en educación es una responsabilidad que compete tanto a los gobiernos como a las organizaciones de la sociedad civil.
  • Exigimos que los gobiernos de nuestros países desarrollen políticas y estrategias que contribuyan a mejorar substancialmente la calidad de vida y la educación, en el marco de la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva, equitativa y justa. Lo que supone desarrollar una educación de calidad que contribuya a la liberación de las personas, pueblos y naciones; el fortalecimiento de la participación ciudadana, de los derechos humanos y de una cultura de paz; el respeto y preservación de nuestro recursos naturales; la inclusión de las personas y grupos sociales que fueron excluidos por razones de cultura, etnia, género, estatus social y económico, etc.
  • Dado el carácter político y público de la educación, convocamos a las organizaciones de la sociedad civil a contribuir en el desarrollo de procesos de construcción y seguimiento de políticas educativas que se realizan en nuestra región y países reflejando las expectativas de nuestros pueblos.
  • Exigimos la solución de problemas que aún quedan pendientes de solución en la “agenda de la educación” de nuestra región, entre estos, la necesidad de:
    • Constituir a la educación en un factor estratégico de desarrollo humano y de liberación.
    • Destinar más y mejores inversiones económicas para el desarrollo de la educación.
    • Realizar transformaciones que comprendan al conjunto de los sistemas educativos. Para constituir sistemas educativos de calidad e integrales, junto a los cambios impulsados en la educación primaria escolarizada se requiere atención prioritaria de la educación de adultos, especial, inicial, secundaria y superior.
    • Desarrollar políticas y estrategias integrales y sostenidas que permitan a los docentes mejoras salariales, claro rol en los procesos de transformación de la educación, formación y capacitación sistemática.
    • Incentivar el desarrollo de pensamiento pedagógico y proyectos educativos que respondan a la realidad de nuestra región y países, en el marco de la construcción de un proyecto histórico latinoamericano y del Caribe.
    • Incorporar con capacidad de decisión la participación social, tanto en la formulación, seguimiento e implementación de políticas educativas como en el desarrollo de estrategias de innovación educativa.
    • Promover procesos educativos que incorporen crítica y constructivamente el desarrollo de la ciencia y tecnología, así como el acceso, procesamiento y producción de conocimientos e información.
    • Desarrollar programas socio educativos de equiparación de oportunidades en educación, destinados con prioridad hacia los sectores menos favorecidos de nuestra región y países.
  • Expresamos nuestro compromiso de impulsar el cumplimiento de los propósitos y las acciones anteriormente señaladas, para lo cual nos constituimos en Campaña Latinoamericana y de El Caribe. Por una educación de calidad para todos y todas» (La Red Va, 11.01.04, [email protected]).