El día 5 de diciembre de 2012, las señoras Elsa Torres, Zayda Peraza,Carmen Vera y Mery Unda, acompañadas por PROVEA, consignaron un escrito mediante el cual ejercieron formalmente su derecho de petición ante el Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
Solicitan las víctimas que el Organismo rector en materia de salud y seguridad en el trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, expida la certificación del carácter ocupacional de su enfermedad, por cuanto resultaron afectadas en el accidente químico-tóxico ocurrido en el Hospital Jose Antonio Vargas, ubicado en el sector La Ovallera de Palo Negro, en la Ciudad de Maracay, estado Aragua, el 20 de marzo de 1993.
Este Hospital está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a pesar de los múltiples efuerzos realizados tanto por las personas afectadas como por PROVEA, a lo largo de todos los años trascurridos desde la fecha del accidente en 1993, aún el Estado venezolano no ha indemnizado a las víctimas. Producto de esas secuelas indeseadas que ocasionada la entrada en vigencia de una ley muy favorable para la clase trabajadora del país, como es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, el mismo Estado invoca su articulado para indemnizar a la víctimas, argumentando la inexistencia de la certificación de INPSASEL. Desde PROVEA recordamos que este organismo fue creado en el año 2005 y desde hace 7 años, no ha emitido el acto administrativo correspondiente.
