Desde su inicio el pasado 13.07.2015 el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) -anunciado como el plan gubernamental N° 22 para combatir la inseguridad- se ha constituido en una carta en blanco para que fuerzas de seguridad cometan excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.
Allanamientos a conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias de personas, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se suman a la cuestionable actuación de la FANB y a la creciente militarización de la seguridad ciudadana.
La denuncia del gobierno sobre la presencia de paramilitarismo en el país ha dado pie a toda esta especie de “pogromos” contra la población extranjera, especialmente colombiana y contra quienes habitan zonas populares. Autoridades y el sistema público de medios mantienen una campaña xenófoba que tiende a la criminalización de grupos de la sociedad por su nacionalidad o condición social.
En las últimas semanas han sido detenidas más de 500 personas en el marco del OLP. Sólo en la Cota 905 se detuvieron a 134 personas a quienes autoridades, como el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López y el presidente Nicolás Maduro, acusaron de mantener vínculos estrechos con el paramilitarismo. 15 días después se conoció que sólo siete personas permanecen detenidas por presentar cargos por robo y homicidio, mientras el resto fue liberado por no tener antecedentes ni solicitudes. Es decir, la efectividad de esta incursión fue de 5%.
En la información difundida por el Ejecutivo se insiste en la existencia de una previa labor de inteligencia. Sin embargo, estas acciones en masa llevan a pensar lo contrario. La OLP es una versión del Plan Unión aplicado en los años 80 y cuya ejecución estuvo caracterizada por su alto componente represivo.
