Durante el día 12.02.14 organizaciones estudiantiles y partidos opositores convocaron a realizar marchas en varios puntos del país para exigir la liberación de los estudiantes detenidos en diferentes ciudades. Por su parte el Ejecutivo Nacional convocó a los estudiantes pro-gobierno a marchar «Por la Paz y por la Vida» en el marco del Día de la Juventud. El resultado fue por lo menos 16 marchas opositoras en ciudades como Caracas, San Antonio de los Altos, Acarigua, Porlamar, Maracay, Valencia, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, El Vigia, Puerto La Cruz, Puerto Ordáz, Cabimas y Barquisimeto; mientras que los simpatizantes del gobierno se movilizaron en por lo menos 3 ciudades: Caracas, Mérida y Maracay. Hasta las 2 de la tarde las jornadas se habían desarrollado de manera pacífica.
En Caracas, a la altura de Parque Carabobo, enfrentamientos entre manifestantes, grupos parapoliciales y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana dejaron como saldo dos personas asesinadas: Juan Montoya (40) y Bassil Dacosta (24). Según el reporte de la organización «Médicos por la salud» otras 6 personas resultarían heridas e internadas en centros asistenciales de la ciudad. En otras ciudades del país se registraron hechos de violencia con saldos aún por cuantificar. En horas de la noche el alcalde del Municipio Chacao, estado Miranda, Ramón Muchacho, informó del asesinato de otro manifestante -sin identificar al cierre de esta nota-.
Ante esta situación, Provea exige a las autoridades una investigación expedita y transparente que determine la responsabilidad de los tres asesinatos ocurridos en Caracas el 12.02.14 en el marco de manifestaciones y establezca las sanciones presentes en la legislación venezolana, respetando las garantías del debido proceso, así como también de las personas heridas de bala en distintas partes del país.
Provea condena los hechos de violencia independientemente de su origen. Hay evidencias suficientes para afirmar que hubo actos de violencia perpetrados tanto por participantes de las protestas, así como de grupos paramilitares pro-gobierno y funcionarios policiales y militares. Provea constató que los funcionarios utilizaron durante la jornada armas de fuego y gases tóxicos, prohibidos por la Constitución y violando las normativas sobre el uso progresivo de la fuerza. El Estado es responsable de la violación a los derechos humanos cuando no es capaz de controlar la actuación de grupos paramilitares que actúan al margen de la ley, y mas aún cuando sus propios funcionarios violan la Constitución y la ley.
Por otra parte, durante una alocución televisada el presidente Nicolás Maduro afirmó la noche del 12.02.14: «“Así lo anuncio: he dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país, y quien salga tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame”. Ante esta afirmación Provea desea reiterar que ninguna decisión unilateral del Ejecutivo lo faculta para suspender derechos consagrados en la Constitución. Ningún derecho para ser ejercido necesita de un «permiso» de las autoridades. La aseveración del primer mandatario se pone de espaldas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la asociación, Maina Kiai, ha comentado al respecto: «El ejercicio de las libertades fundamentales no debe supeditarse a la obtención de una autorización previa de las autoridades; a lo sumo, debe aplicarse un procedimiento de notificación previa que obedezca a la necesidad de que las autoridades del Estado faciliten el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y tomen medidas para proteger la seguridad y el orden públicos y los derechos y libertades de los demás. Dicha notificación debe someterse a una evaluación de la proporcionalidad que no sea excesivamente burocrática y presentarse con una antelación máxima, por ejemplo, de 48 horas antes de la fecha prevista para celebrar la reunión». Este espíritu se encuentra recogido en el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está suspendiendo por la vía de los hechos el derecho a la manifestación pacífica en Venezuela, y generando condiciones altamente riesgosas para la vigencia de los derechos humanos en el país. Además, totalmente contradictoria con las convocatorias que ha realizado a la «pacificación» y el combate a la violencia.
Además, voceros del alto gobierno, incluyendo el primer mandatario, insisten en mantener un lenguaje de confrontación y descalificación que no permite generar condiciones para el necesario reconocimiento y diálogo para resolver las diferencias de manera democrática. El Sistema Nacional de Medios Públicos se ha venido utilizando para criminalizar la disidencia con el Ejecutivo Nacional, mientras algunos medios de comunicación han sido coercionados para no informar sobre los acontecimientos, constituyendo esto una grave violación al derecho a la información.
Provea ratifica el derecho de todas las personas a manifestar de manera pacífica y la obligación del Estado de garantizar que tal derecho se pueda ejercer sin riesgos y que cualquier actuación para mantener el orden público debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.
