A casi un mes de la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC), el 4 de junio del presente año, Provea envió una comunicación dirigida al Presidente de la Republica Nicolás Maduro, a los fines de solicitar información acerca de los trámites adelantados por el ejecutivo nacional para concretar la ratificación de dicho instrumento.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dispuso en sentencia de fecha 21 de marzo de 2012, y también lo ratificó la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional mediante comunicación dirigida a Provea, que todos los trámites que apuntan a la materialización de la ratificación del PF-PIDESC, forman parte de las competencias discrecionales del ciudadano Presidente de la República por mandato constitucional, al ser el director de las relaciones internacionales del país.
El PF-PIDESC viene a completar y consolidar la protección de los derechos humanos y específicamente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda vez que éstos no habían sido objeto de mecanismos concretos que le permitieran a las personas, de forma individual, reclamar y reivindicar directamente ante instancias internacionales la afectación a derechos como el trabajo, la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud o el derecho a la educación, entre otros.
Es de hacer notar, que el pasado 5 de febrero del presente año, Uruguay fue el décimo país en ratificar el mencionado instrumento, completándose de esta manera el número de países necesarios para la entrada en vigor del instrumento, lo cual se concretó el pasado 5 de mayo.
De esta forma se abre la posibilidad para que las personas, individualmente, puedan presentar comunicaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay, formaron parte del proceso histórico en el marco del cual se impulsó e hizo posible la entrada en vigor de un instrumento tan relevante como el PF-PIDESC. Estos países dieron ya un paso hacia adelante, en aras consolidar la protección de los derechos humanos en la región. Está pendiente Venezuela. (Prensa Provea, 10.06.13)
