Ante la responsabilidad de seleccionar las personas que renovarán parte de los poderes públicos, de la Asamblea Nacional depende en buena medida la paz de Venezuela en 2015. Es necesario que las nuevas personas que serán designadas en los cargos de Fiscal General, Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor General y Rectores del Consejo Nacional Electoral, sean realmente independientes y ejerzan sus funciones con estricto apego a los artículos 254, 256, 273, 280, 284, 287, 292, 293 y 294 de la Constitución Nacional.
Es vital para la democracia venezolana que se garantice la autonomía de los poderes tal como lo consagra nuestra Carta Magna. Desafortunadamente no hemos contado hasta ahora con poderes públicos que garanticen, por un lado, el permanente y necesario diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los diversos actores sociales en medio de la alta polarización y los niveles de conflictividad existentes. Por otro lado, que tengan la suficiente voluntad política para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, promover las políticas dirigidas a disminuir los altos índices de impunidad y velar por el cumplimiento estricto de la Constitución por parte de los funcionarios del Estado.
Tres ejemplos de ello lo constituyen las actuaciones de los principales organismos encargados de hacer cumplir las leyes y garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos en nuestro país: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, la propia Defensora Gabriela del Mar Ramírez, acompañó al Ejecutivo Nacional en su campaña de ataques y criminalización contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y lo ha acompañado en los ataques a las organizaciones de derechos. Su actuación ha sido fundamentalmente la defensa del Estado más que los derechos del pueblo.
Por su parte la Fiscalía General de la República se ha convertido en el principal instrumento de criminalización de la protesta social en Venezuela. Desde 2005 el Ministerio Público venezolano ha imputado a más de 5800 personas por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica o participar en huelgas y conflictos laborales. Además, en días recientes el Comité contra la Tortura de la ONU, expresó su preocupación debido a los alarmantes niveles de impunidad en el país, y ante las cifras ofrecidas por el Ministerio Público en el examen sobre Venezuela, según la cual de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014, sólo el 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo señaló Provea en su Informe Anual 2013, las decisiones que no se apegan a la Constitución y favorecen las posiciones gubernamentales, han sido una constante. La lamentable ausencia de independencia en el seno del máximo Tribunal del país, hacen que éste actúe de espaldas al pueblo, poniendo los intereses del gobierno por encima de los derechos ciudadanos. Igualmente, la ausencia de respuestas oportunas ante las solicitudes y reclamos es un drama que padecen a diario miles de venezolanos debido a la ineficiencia del Poder Judicial venezolano para responder a las peticiones ciudadanas.
En 2013, el 94,09% del total de casos estudiados por Provea para su Informe Anual, en los que se interpusieron pretensiones ante el Poder Judicial contra las actuaciones del Estado, fueron declarados sin lugar o no se produjo pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto al declararse la inadmisibilidad o terminación del procedimiento, lo que no contribuye a fortalecer el control ciudadano sobre el ejercicio del poder y aleja a las instituciones del pueblo.
Finalmente, recordamos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado la importancia de contar con instituciones nacionales eficaces, independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París) de 1992, y ha reconocido el importante papel que cumplen estas instituciones que deben trabajar junto a los gobiernos para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos, especialmente mediante la adopción de medidas de aplicación, según proceda, de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Es vital en un país polarizado como el que tenemos y con altos niveles de conflictividad social, contar con funcionarios de alto nivel que tengan el compromiso de promover y facilitar el diálogo para atender los graves problemas de alto costo de la vida, crisis del servicio público de salud, inseguridad y acceso a la justicia, entre otros, que hoy afectan a la población venezolana, principalmente a los más humildes.
Exhortamos a los parlamentarios de todas las corrientes políticas a que asuman su responsabilidad con el país y tomen en cuenta que sobre ellos recae, en buena parte, la paz de Venezuela. Necesitamos instituciones comprometidas con los derechos de los ciudadanos y no actuando para defender los intereses del Estado. Garantizar la independencia de los poderes fortalecerá la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y ayudará a disminuir los posibles escenarios de conflictividad en 2015. (Prensa Provea, 17.12.2014).
