Los derechos humanos, y valga con ello su carácter universal, arropa a todos los hombres y mujeres del planeta; sea cual fuere su condición económica, étnica, religiosa o política. Y la evolución de estas prerrogativas sin duda incluye, aún más, a nuevos y viejos actores de las reivindicaciones sociales, como el caso de los trabajadores como verbigracia en la región.
Por eso comenzó este sábado un programa de formación en derechos humanos dedicado a dirigentes sindicales, donde se busca combinar el conocimiento teórico con su utilización práctica. El curso, de cuatro meses de duración, tiene como sede las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana (UCAB Guayana).
La iniciativa comenzó el año pasado, cuando el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), junto con la Universidad Central de Venezuela (UCV), iniciaron el trabajo de formación de líderes sindicales en el área de derechos humanos. Para este, su segundo año, se incorporaron tanto la Universidad de Carabobo como la Universidad Católica Andrés Bello a estas gestiones.
“La posibilidad de organizarme para reclamar mis derechos laborales es un derecho humano irrevocable, y la libertad sindical implica la posibilidad de organizarse y generar un plan de acción, el negociar con el Estado mejores condiciones de trabajo, dignificarlo como herramienta para mejorar tu calidad de vida y de las personas a tu alrededor”, argumentó la profesora de la UCV de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Jacqueline Richter.
Pasividad sindical
Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de Provea, explicó que el objetivo no se limita a formar sobre derechos humanos, sino que abarca “la adquisición de herramientas para que actualicen la gestión, como lo es el manejo de redes sociales y páginas web personales e institucionales; la actualización de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), la cual tiene nuevos requerimientos con respecto al funcionamiento del sindicato; y asimismo, el aprender a usar la herramienta de la ‘queja’ del sistema universal de derechos humanos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y del Comité de Libertad Sindical”.
Hermida comentó que se escogieron las ciudades de Valencia y Guayana para este año por ser polos de concentración de una importante fuerza laboral, sin contar “con un proceso de lucha bastante combativo” como mencionó la activista.
“Las organizaciones sindicales de la zona se ven con distancia y reserva. Actualmente necesitamos sindicatos fuertes, tolerantes y democráticos, en lo que se priorice el hecho de ser trabajador, independientemente de las afiliaciones políticas o partidistas, ya que al final, el beneficio es común”, señaló Hermida.
“La lucha” va a la escuela
El programa tiene características de diplomado, aunque no se exige grado universitario a sus participantes. Con un total de 64 horas, las cuales se reparten en sesiones sabatinas de carácter intensivo, los dirigentes sindicales recibirán la formación del periodista Oscar Murillo, especialista en derechos humanos; de Edwin Sambrano, abogado laboralista que explicará la lucha sindical desde el aspecto legal; José Luis Morocoima, líder sindical de vieja data que tratará lo referente a la organización interna del sindicato; Damián Prat, quien versará sobre el manejo de medios e información para sindicalistas, además de la ayuda de exsindicalistas.
Abusos
“Debido a la mala gerencia, las empresas básicas en este momento están en una situación deficitaria; estas, que deberían producir muchas riquezas no solo para los trabajadores sino para la ciudad, se mantienen gracias a créditos adicionales, lo cual es inaceptable para una inversión estatal de tal magnitud. La inseguridad, las malas condiciones de trabajo, todas constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales”, dijo Richter.
Richter nombró a Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, como un caso emblemático de la criminalización sindical, ya que “él hizo lo que todo sindicalista debe hacer, que es apoyar a sus trabajadores en la negociación del contrato colectivo; como no se discute, no se llega a nada, se paralizan los trabajadores, van a huelga y él cae preso. Terminó así por liderar un derecho constitucional, que es el derecho de huelga”, denunció la profesora. (Correo del Caroní, 09.09.2015)