Desde que el Gobierno Nacional asumió medidas que apuntan a la democratización de la propiedad de la tierra rural, más de 70 dirigentes agrarios fueron asesinados bajo la modalidad de sicariato, según datos del Ministerio Público. La mayoría de estos asesinatos, ocurridos en el contexto de conflictos entre terratenientes, Estado y campesinos, permanecen en la impunidad.
Esta situación, implica, por una parte, una vulneración de los derechos a la vida, integridad y seguridad de las personas directamente afectadas, pero también, una violación al derecho a la tierra de la población campesina y un obstáculo a la seguridad agroalimentaria, componente del derecho a la alimentación de toda la población.
En vista de la gravedad de la situación, el Centro para la Paz de la UCV y Provea solicitaron recientemente en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhorte al Estado venezolano a proteger el derecho a la seguridad ciudadana de los campesinos, con medidas preventivas que excluyan la militarización del campo; que lo exhorte a investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; y, finalmente, que la Comisión haga un seguimiento de esta situación, incluyéndola en su Informe anual.
Prensa Porvea, 21.10.05
