La corrupción es un problema estructural del Estado venezolano que afecta a los derechos humanos. Recursos destinados a mejorar los servicios de salud, viviendas de calidad, mayor cantidad de créditos o el aumento y mejora de las fuentes de trabajo, terminan en los bolsillos de algunos como consecuencia de fallas o ausencias de controles más estrictos.
Provea ha recibido denuncias de violación de derechos a la vivienda y a la alimentación en la que los afectados presumen que hay hechos de corrupción. Alegan, por ejemplo, que sus viviendas se construyeron con materiales de menor calidad a los que aparecen en los planos e informes, que se les asignó viviendas a quienes no eran adjudicatarios originales y el cobro de comisiones.
También hay denuncias sobre la distribución de alimentos en programas gubernamentales que aseguran que una parte de los alimentos vendidos caen en poder de revendedores en vez de las familias beneficiarias.
Para denunciar la corrupción pública hay que fundamentar las acusaciones, para exigir a los órganos competentes que establezcan responsabilidades.
Asimismo, hay que promover la contraloría social de los dineros públicos. En ese sentido, los Consejos de Planificación Local y Estadal son espacios adecuados para esta tarea ciudadana.
Prensa Provea, 30.07.04
