Osqueliz Campos fue herido por un funcionario de la PM el 28 de febrero de 1989, perdiendo la visión en ambos ojos. Denunció su caso ante la Fiscalía y logró, en primera instancia, la condena del funcionario policial a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones personales intencionales gravísimas.
Posteriormente, un tribunal superior revocó la sentencia y absolvió al funcionario policial, con lo que se impuso la impunidad una vez más.
Osqueliz es una de las centenares de personas que no fueron beneficiarias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de El Caracazo y una de las que impulsa la organización de los familiares de las víctimas para convencer al Ejecutivo Nacional de la necesidad de aprobar una Ley que indemnice a estas personas.
Cabe señalar que las acciones indemnizatorias son sólo una parte de las reparaciones a las que tienen derecho y que la justicia y la verdad no son negociables bajo ninguna circunstancia. La reparación integral incluye la de investigar y sancionar a los responsables de la represión de febrero-marzo de 1989. El Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial tienen la palabra.
Prensa Provea, 23.09.04