Vecinos de la parroquia El Valle, en Caracas, habitantes del edificio Residencias “Los Jardines” sufren graves daños y perjuicios en sus apartamentos, a consecuencia de la negligencia del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) que no concluyó los trabajos de reparación, principalmente los de impermeabilización.
En situaciones como estas, donde los/as vecinos/as han hecho innumerables denuncias y no son escuchados por las autoridades, las personas afectadas pueden demandar al ente público por los daños y perjuicios causados, solicitando que un juez ordene la reparación de las viviendas y que el ente pague una indemnización por los agravios.
No se adecua a los criterios vigentes en un Estado de derecho que por la negligencia de los entes gubernamentales, los propietarios tengan que sufrir el deterioro progresivo de sus viviendas, llegando incluso a situaciones de grave riesgo para sus vidas.
La ley permite ejercer varias acciones, entre ellas, las demandas contra el Estado por los daños y perjuicios causados a consecuencia de su acción u omisión.
Prensa Provea, 16.03.05.
Vecinos de la parroquia El Valle, en Caracas, habitantes del edificio Residencias “Los Jardines” sufren graves daños y perjuicios en sus apartamentos, a consecuencia de la negligencia del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) que no concluyó los trabajos de reparación, principalmente los de impermeabilización.
En situaciones como estas, donde los/as vecinos/as han hecho innumerables denuncias y no son escuchados por las autoridades, las personas afectadas pueden demandar al ente público por los daños y perjuicios causados, solicitando que un juez ordene la reparación de las viviendas y que el ente pague una indemnización por los agravios.
No se adecua a los criterios vigentes en un Estado de derecho que por la negligencia de los entes gubernamentales, los propietarios tengan que sufrir el deterioro progresivo de sus viviendas, llegando incluso a situaciones de grave riesgo para sus vidas.
La ley permite ejercer varias acciones, entre ellas, las demandas contra el Estado por los daños y perjuicios causados a consecuencia de su acción u omisión.
