La semana pasada afirmamos que el derecho a la educación debe garantizarse aun en situación de crisis. En tal sentido, es un deber del Estado en sus distintos niveles adoptar en el marco de la Constitución y la Ley todas las medidas que sean adecuadas para garantizarlo.
Ello no niega que los educadores no puedan ejercer el derecho a huelga. Siempre hemos reivindicado el ejercicio de este derecho cuando es producto de la consulta a las bases gremiales y tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida y trabajo de los educadores.
Ahora bien, la actual paralización obedece a razones políticas y no cuenta con el apoyo de todos los educadores.
No es ejercicio democrático que un sector de los educadores, con pleno derecho a oponerse al gobierno le imponga a otro sector de educadores el no poder cumplir su obligación de impartir clases y, a su vez, le imponga a los estudiantes que desean estudiar este paro educativo.
Mucho menos puede aceptarse que autoridades públicas que tienen el deber de garantizar el derecho a la educación llamen a desconocer la Resolución 356 del 20.12.02 mediante la cual el Ministerio de Educación ordena la reanudación de actividades. Tampoco consideramos válido el argumento de que no hay condiciones de seguridad ciudadana para reabrir las aulas. Ella realmente es una excusa sin solidez. No existe en el país una situación de violencia generalizada que impida a educadores y alumnos acudir a las instituciones educativas.
Mientras se mantenga la crisis política todos debemos hacer esfuerzos para mantener las aulas abiertas a la educación, recurso fundamental de todo país para superar sus adversidades.
Prensa Provea, 18.01.03
