La Constitución establece la violación de derechos humanos como delito y ello implica sanciones penales y administrativas.
La persona afectada o sus familiares pueden ejercer acciones judiciales contra el funcionario, contra el ente responsable o contra el Estado. Una de esas acciones es la demanda por daño moral, es decir, aquel que afecta a nuestros sentimientos, a la dignidad, a la salud física o psíquica, causa dolor, sufrimiento, desasosiego y otras manifestaciones en nuestra personalidad y psiquis.
Este 19 de marzo, 10 asegurados del IVSS asesorados por Provea efectuaron una demanda contra el Instituto por daños morales causados por falta de atención médica oportuna y adecuada. Estas personas, trabajadores del hospital, resultaron afectadas por una intoxicación masiva con productos químicos, ocurrida el 20 de marzo de 1993 en el hospital José Antonio Vargas de la Ovallera, Maracay. Desde el momento del accidente reclamaron la prestación de servicio de médico. El IVSS no garantizó su atención, la cual requería alta especialización, y su estado se agravó hasta el punto de llegar a padecer patologías irreversibles.
Esta situación implica una responsabilidad patrimonial del Estado por violación del derecho humano a la salud. Hoy los asegurados confían en que, tras 10 años de lucha, se haga justicia, indemnizándolos por los daños causados. Además de exigir un pago pecuniario, reclaman un conjunto de medidas para evitar que hechos como el ocurrido en la Ovallera vuelvan a repetirse y otras personas sufran el mismo drama.
Prensa Provea, 26.03.03.
