«Soy madre de tres niñas, estudiantes de una escuela municipal. Desde el día 02.12.02 no reciben clases, ya que la dirección del plantel envió una comunicación a los padres y representantes indicando que por razones de seguridad estaban suspendidas las clases hasta que se normalizara la situación del país. El día 07.01.03, tenían que reiniciarse y no se hizo».
Muchas personas se comunicaron con nosotros manifestándonos inquietudes semejantes.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) comparte la preocupación de estos padres, a tal punto que emitió un comunicado en el cual «observa con preocupación la violación del derecho a la educación y las repercusiones que ello puede tener para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes del país, así como para el desarrollo de la nación en general (…) y recuerda que en el mundo entero ha estado defendiendo el derecho a la educación aún en situaciones de conflicto armado o después de fuertes desastres naturales, cuando las infraestructuras han sido totalmente destruidas (…). Provea y la Red Venezolana de Educación en Derechos humanos suscriben este llamado hecho por UNICEF.
Además, los padres deben saber que el Ministerio de Educación emitió con fecha 20.12.02 la Resolución 491 en cuyo artículo 1 «Se insta a todo el personal docente, administrativo y obrero de los planteles educativos, públicos y privados del país, a prestar el servicio público educativo de manera continua, regular y eficiente».
Los padres de colegios públicos y privados tienen el derecho a exigir que las aulas permanezcan abiertas. La educación debe preservarse como un bien por encima de la confrontación actual que divide al país, y ofrecerse como un lugar óptimo para aprender a convivir con las diferencias. Siempre hemos reivindicado el derecho a huelga de profesores y maestros cuando se vieron forzados a recurrir a este medio en defensa de su derechos e intereses gremiales. Sin embargo, en esta oportunidad, los líderes del magisterio no presentaron argumentos de tipo gremial sino políticos, que además no comparten todos sus agremiados. En tal sentido, el interés político de un sector del gremio no puede imponerse a toda la comunidad educativa del país.
Para denuncias en relación con la violación de este derecho los ciudadanos pueden dirigirse: a la Dirección de Educación del municipio cuando se trate de escuelas de escuelas municipales; ese ámbito, a las Zonas Educativas en caso de escuelas estadales y también a la Dirección Nacional de Supervisión en el Piso 8 del Ministerio de Educación. También pueden hacerlo en la Dirección de Atención al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo y en la sede de Provea.
Prensa Provea, 10.01.03
