La voluntad del gobierno de combatir el latifundio y democratizar la tenencia de la tierra es positiva, pues ello forma parte de la satisfacción del derecho a la tierra y a la seguridad alimentaria. Sin embargo, no basta sólo con la adjudicación de tierras. También resulta necesaria asesoría técnica y crédito parta la producción, así como garantizar a la población campesina los derechos a la salud, la educación y la seguridad ciudadana, entre otros.
Por otra parte, toda expropiación que se realice en este proceso de democratización debe sujetarse a la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. La búsqueda de justicia social no puede hacerse al margen de la ley o de los derechos de otras personas. Los gobernadores no pueden afectar tierras, entregar cartas agrarias ni realizar expropiaciones, pues éstas son funciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sino prestar apoyo técnico a este y promover la participación.
En la transformación de la estructura agraria del país, mientras mayor sea el consenso para el diseño y ejecución de las políticas para el campo, mayores serán las posibilidades de disminuir la violencia política y social por este motivo. El diálogo, es por tanto, un modo de avanzar democráticamente en estos derechos.
Prensa Provea, 28.01.04
