Hace un año fue decretado el 12 de Octubre como «Día de la Resistencia Indígena», en reconocimiento a la constancia de estos pueblos en la lucha por su dignidad.
Hoy consagrados constitucionalmente, los derechos indígenas representan un importante paso en el reconocimiento de un sector de la población históricamente excluida.
Sin embargo, este significativo avance en materia legal o el justo reconocimiento de su resistencia no son suficientes. Es necesario que el Estado diseñe y ejecute políticas sociales que permitan el acceso equitativo a bienes y servicios, y garanticen el desarrollo digno que estos pueblos justamente merecen.
En todo esto se aprecian enormes debilidades. Por ejemplo, la demarcación de sus territorios, proceso que los protegería de abusos y garantizaría su derecho a la propiedad colectiva de las tierras, según lo establece el artículo 119 de la Constitución, está notablemente atrasado, pese a que una disposición transitoria en la misma, estableció un lapso de 2 años para realizarla, un plazo que venció en diciembre de 2001.
Este atraso, sumado a otras violaciones de sus derechos, explican la migración de ciudadanos de estas comunidades hacia los centros urbanos en situación de mendicidad y sin que ninguna autoridad estatal solucione esta situación de manera estructural.
Prensa Provea, 09.10.03
