En agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares y víctimas de El Caracazo, que benefició a 44 familiares de víctimas agrupados en Cofavíc. Estas indemnizaciones ya han sido canceladas por el gobierno nacional.
Sin embargo, queda pendiente que el Estado venezolano cumpla con la obligación de realizar una efectiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda.
Oficialmente se informó que fueron 276 las personas fallecidas en estos sucesos, por lo que es evidente que en su oportunidad la mayoría de las víctimas no fueron parte de la demanda que originó el fallo de la mencionada Corte, a pesar de la amplia convocatoria realizada por Cofavíc.
Informamos a la opinión pública que en la sede de Provea se están reuniendo familiares interesados en plantearle al Ejecutivo Nacional que impulse la aprobación de una Ley de reparación e indemnización que incluya a todas las víctimas de la represión de febrero-marzo de 1989.
Prensa Provea, 14.09.04
