Transcurridos ya casi cinco años del deslave que afectó a la población del Edo. Vargas, el Gobierno Nacional adelantó la reconstrucción parcial de la zona, la cual ahora deberá ser evaluada por los beneficiarios.
Al respecto, Provea conoce de situaciones no resueltas y de actitudes poco democráticas por parte de las autoridades. Es el caso de 121 familias cuyas viviendas, ubicadas en el sector Cerro Grande de Caraballeda, fueron literalmente tapiadas por el deslave. Estas familias denuncian que a lo largo de este tiempo no fueron informados por Corpovargas ni por la Autoridad Única de Área, sobre el destino que tendrá esa zona, es decir, si serán expropiados por causa de utilidad pública, si se declarará total o parcialmente inhabitable, si se dedicará para un parque recreacional, si se realizarán obras públicas para canalizar el río Grande, etc.
No obstante, ninguna petición de información hecha por los afectados fue respondida por las autoridades.
En este sentido, Provea insiste en recordarle a los funcionarios públicos que el derecho a dar respuesta oportuna y adecuada está contemplado en la Constitución y su denegación puede llevar a la destitución del cargo que ocupan.
Prensa Provea, 09.06.04.
