Los derechos a la educación, trabajo, no discriminación, salario justo, alimentación, salud, vivienda, ambiente, tierra, libertad económica y cultura entre otros, están reconocidos en nuestro texto constitucional asignándole al Estado la responsabilidad de implementar políticas públicas para respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Este reconocimiento es muy importante, pero no basta con ello. Por eso decimos que tener derechos no basta. Porque la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad es a veces muy grande. Por eso se dice que un derecho es un derecho cuando las personas tenemos la posibilidad de exigirlo.
Por ello, el Estado tiene también la responsabilidad de proveer órganos de justicia ante los cuales los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos en tiempo razonable y con resultados efectivos cuando han sido violados o hay peligro de ello. Si no hay vías para el ejercicio del control social, la violación de derechos se transforma en impunidad. La movilización de los distintos sectores de la población en la exigencia de sus derechos ha sido históricamente una herramienta fundamental para su ejercicio y ampliación.
Prensa Provea, 13.05.04
