Este 29 de octubre se cumplen 15 años de la masacre de El Amparo, aquellos hechos que fueron presentados al país por el gobierno de Jaime Lusinchi, como un «enfrentamiento» entre 20 efectivos del CEJAP y un grupo de irregulares colombianos del ELN, en un sitio conocido como el Caño La Colorada, en el Estado Apure. Pronto se supo que no hubo tal enfrentamiento en «defensa de la soberanía nacional» como dijeron los funcionarios policiales y militares involucrados y que los supuestos guerrilleros eran dieciseis pescadores, dos de los cuales lograron salvarse y contar la verdad.
Los primeros resultados de investigaciones parlamentarias, periodísticas, de grupos de iglesia y de derechos humanos, corroboraron las versiones de los sobrevivientes. Comenzaba así un largo camino para hacer justicia, que incluyó agotar los mecanismos previstos en el ámbito nacional, para luego acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a que el Estado venezolano reconoció ante la Corte su responsabilidad en los hechos y como parte de la reparación indemnizó parcialmente a los familiares a las víctimas y sus familiares, una parte de la sentencia sigue sin ejecutarse: la que exige investigar y sancionar a los responsables.
Prensa Provea, 28.10.03
