Sesenta y una protestas en contra de la inseguridad y las injusticias se registraron en el país durante el mes de enero, computó el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, aunque lo que hace falta es una «cruzada nacional» para exigir la protección y el derecho a la vida, expresó Marco Antonio Ponce, director de la ONG.
Vecinos y transportistas se echaron a las calles en el Zulia, Anzoátegui, Miranda, Carabobo, Bolívar y ampliamente en la región capital, demandando mayor diligencia de las autoridades y sobre todo para reclamar su derecho a la seguridad ciudadana tras la muerte de familiares, amigos, pasajeros y conductores de unidades de transporte público, a manos del hampa.
Lo más peligroso es que el Estado escape de su responsabilidad de garantizar la seguridad y convierta a los ciudadanos en policías y en controladores del orden público, advierte Ponce.
«El gobierno ha sido inefectivo en su conducción del conflicto al evadir su competencia y colocarla como una responsabilidad compartida. El Estado tiene la responsabilidad y los ciudadanos el derecho a su integridad física y personal, de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales suscritos por Venezuela».
Uno de los aspectos reveladores para determinar la grave magnitud del problema, es el estimado de armas sin control que van y vienen, según una comisión de la gestión parlamentaria anterior citada por el investigador: «Hablamos de más de la mitad de la población armada».
Pero por extraño que parezca, aún prevalece una especie de «anomia social» frente a la crisis de seguridad, que no termina de impulsar a las personas a ser más contundentes en sus requerimientos de protección, y donde quizá intervienen diferentes factores puesto que «la inseguridad sigue siendo una de las cosas que más preocupan a la gente».
En este sentido, el terapeuta gestalt Julio Vicente Pérez opina que hay entre los venezolanos una «negación» de las condiciones de inseguridad y la falsa creencia de que los demás pueden resultar afectados pero no sus familiares o ellos mismos.
RECHAZO A LOS «MADRUGONAZOS»
Otro asunto debatible es el Plan de «madrugonazos» que fue categóricamente rechazado por el directivo del Observatorio de Conflictividad Social, debido a las denuncias de «allanamientos de morada» y «violación del derecho a la integridad personal» consignadas en la ONG.
«Tenemos reportes de que en la parte alta de Petare llegaron funcionarios del Cicpc a las 2 de la madrugada, sacaron a todo el mundo de sus casas a punta de gritos y malos tratos, degradantes, los registraron y revisaron sus casas. A todos los trataron como delincuentes», y ante la pregunta de ¿estaban buscando a alguien?
«No se trata de allanamientos puntuales con una orden judicial y en compañía de un fiscal. En esas condiciones nadie garantiza la imparcialidad del procedimiento ni el respeto a la integridad».
Ponce reitera que el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y la Guardia Nacional Bolivariana son los más señalados en los informes anuales de Provea como principales protagonistas de malas prácticas policiales con violaciones del derecho a la vida.
«Debemos exigirle al Estado que cumpla su obligación y que establezca políticas integrales de seguridad ciudadana con un enfoque educativo», remató.
Por: Marianella Durán
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=47987&secid=28
