Politización de la justicia debilita las garantías del debido proceso en el país

Extraoficialmente se pudo conocer, a través de diferentes medios de comunicación del país, acerca de la detención de dos de los autores materiales de asesinato de Robert Serra y María Herrera, información que luego fue confirmada mediante una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde afirmaban que se dictó una medida privativa de libertad contra Eduwin Torres y Carlos García por estar, presuntamente, vinculados al homicidio.

José Gregorio Sierralta, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), declaró que ellos no rendirán declaraciones sobre este caso, pues asegura que el vocero oficial es Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz.

Los hechos aún no están claros ya que desde que se produjo el lamentable deceso del diputado y su acompañante, el Gobierno nacional y diversos voceros del partido oficial se adelantaron a realizar señalamientos y juicios a priori sobre las razones que motivaron el asesinato del Robert Serra y María Herrera, entorpeciendo así la investigación.

Este mismo fenómeno se produjo en los casos de homicidio del líder del Secretariado Revolucionario de Venezuela (SCR) Juan Montoya, asesinado durante las protestas que se produjeron el 12 de febrero de este año, así como en el asesinato del Presidente del Consejo Municipal de Libertador Eliécer Otaiza, ocurrido en el mes de abril de 2014. Por este caso el Ministerio Público logró privativa de libertad en contra de varios jóvenes miembros de una banda dedicada actos delictivos, entre ellos un menor de edad, que admitió haber participado en el asesinato de este dirigente político. En ambos casos representantes del Gobierno declararon que estos actos violentos fueron por motivos políticos, lo que más tarde quedó desmentido por las averiguaciones del Ministerio Público, donde se determinó que el móvil de los asesinatos obedecía a delitos comunes. El propio presidente de la República Nicolás Maduro enturbió el proceso de investigaciones sobre el caso del asesinato de Montoya, cuando declaró dos días después del crimen que la misma arma que había asesinado al estudiante Bassil da Acosta le había quitado la vida al dirigente social, lo cual después las investigaciones demostraron que era falso.

Lamentablemente queda en evidencia la politización de los procesos judiciales, que enturbia las investigaciones lo que causa mayor desconfianza en los operadores de justicia, demostrando así que la autonomía del Poder Judicial se encuentra comprometida. Al cierre del 2013 del 94,09% de los casos estudiados por Provea en los que se impusieron pretensiones ante el PJ en contra de las actuaciones del Estado, fueron declaradas sin lugar o simplemente no se produjo pronunciamiento alguno sobre la inadmisibilidad o la terminación del proceso.

El año pasado Luisa Estela Morales antes presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Gladys Gutiérrez que ocupa actualmente el cargo no negaron su inclinación al proyecto socialista y al Plan de la Patria 2013-2019. Se mantuvo la práctica de procesar civiles ante tribunales militares violando el principio del juez natural, el Ministerio Público continúo actuando como instrumento para la represión de la protesta; entre los años 2005 y 2013 cerca de 3000 personas enfrentaron procesos judiciales por participar en movilizaciones pacíficas y la Defensoría del Pueblo mantuvo una línea de acción que ilustra la falta de independencia y autonomía con respecto al poder Ejecutivo quien avaló la denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos hecha por el Gobierno, dejando fuera de competencia de la CIDH los casos ocurridos en Venezuela a partir del 10-09-2013.

La partidización de la justicia en el país vulnera el derecho al debido proceso, a tener un juicio justo, transparente e imparcial, garantías del estado de derecho base de la democracia en cualquier parte del mundo. (Prensa Provea)