El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresa su preocupación ante el crecimiento de la pobreza en el país, la agudización de la crisis en el sector público de salud, la alta inflación y la aguda escasez de alimentos, medicinas, artículos de aseo personal y otros productos, que como respuesta oficial han tenido la implementación de un progresivo paquete económico cuyos efectos violan derechos sociales de las grandes mayorías. Igualmente, alertamos sobre la creciente militarización de la sociedad venezolana, el fortalecimiento de las formas autoritarias y represivas en la gestión de gobierno y reiteramos que cualquier propuesta de solución a la conflictividad debe enmarcarse, exclusivamente, dentro de los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que en el 2013 la pobreza en Venezuela aumentó 6,7 con lo cual 9.174.142 de personas se encuentran viviendo en condición de pobreza en el país. Por su parte el organismo de Naciones Unidas CEPAL reportó recientemente que la pobreza en Venezuela alcanzó 32,1% luego de haber registrado un 25,4% en 2012. La inflación de 68,5% y 102% en alimentos registrada en 2014 por el Banco Central de Venezuela y la creciente escasez de productos de primera necesidad deterioran cada vez más la calidad de vida de las familias venezolanas, principalmente las más pobres.
Aceleradamente se retrocede en los avances que se lograron en la lucha contra la pobreza durante la gestión del presidente Chávez y por lo tanto empeora la situación de los derechos humanos, debilitándose aún más la democracia.
El gobierno anuncia un posible aumento de la gasolina que pudiese llevar a niveles superiores la inflación en el país, y ya se autorizó el aumento en las tarifas del transporte público lo cual afectará el ya limitado presupuesto de los sectores de menores recursos. Como en gobiernos del pasado se pretende superar la crisis descargando en los sectores populares los mayores sacrificios.
A esta situación se suma el alto índice de inseguridad y violencia en el país, sin que hasta ahora los planes impulsados por el Ejecutivo hayan demostrado resultados efectivos en la reducción de la criminalidad.
En medio de este panorama de crisis social y económica, no se observa de parte del gobierno del Presidente Maduro ninguna voluntad política para convocar y dirigir un diálogo efectivo que permita establecer consensos mínimos para avanzar de manera positiva en la superación de los problemas. Por el contrario, se profundiza la exclusión política y se afianza su manera autoritaria de gobernar, asfixiando las expresiones democráticas que desde opiniones críticas presentan alternativas o convocan al diálogo.
Desde Provea, insistimos en que es urgente el diálogo y el fortalecimiento de la institucionalidad para encontrar salidas democráticas a la crisis en el marco de la Constitución, por ello rechazamos y rechazaremos cualquier propuesta o acción que no esté apegada a nuestra Carta Magna. Debido a nuestros valores en defensa de los derechos humanos y el estado de derecho, rechazamos y rechazaremos golpes de Estado o mecanismos inconstitucionales, independientemente del sector que los celebre o promueva.
Nos oponemos a cualquier posible llamado a la violencia ya que ello solo traerá más sufrimiento a la familia venezolana y podrá ser excusa para que el gobierno afiance la represión o para que sectores que buscan vías inconstitucionales justifiquen sus acciones. La Constitución establece diferentes mecanismos democráticos por los cuales pueden expresarse las opiniones políticas de los venezolanos.
No hay duda que promover y concretar el diálogo democrático en Venezuela requiere de la intermediación de la comunidad internacional. En tal sentido exhortamos a los gobiernos democráticos del mundo, principalmente a los agrupados en Mercosur y Unasur, así como a los movimientos sociales, a realizar todas las gestiones diplomáticas que estén a su alcance para favorecer el diálogo en nuestro país. Asimismo, un diálogo sincero necesita del respeto entre sus interlocutores, y de un lenguaje adecuado y preciso que no genere ningún atisbo de duda sobre la vocación democrática de los actores.
La crisis económica, social y política que vive el país nos afecta a todas y todos pero principalmente a las familias más pobres. Ya basta de generar más angustia y sufrimiento. Se requieren medidas consensuadas urgentes, integrales, democráticas y constitucionales para que en un esfuerzo colectivo construyamos un mejor país. El gobierno nacional tiene la principal responsabilidad de garantizar la vigencia y realización de los derechos humanos y de crear las condiciones económicas, sociales, institucionales y políticas para su efectivo cumplimiento.
Exhortamos al Presidente Maduro a rectificar, a no continuar aplicando medidas económicas antipopulares y a detener la represión y el debilitamiento de las libertades democráticas presentes en nuestra Carta Magna. Lo exhortamos a respetar y cumplir con las observaciones y resoluciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos como el Comité Contra la Tortura o el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Lo exhortamos a ponerse al frente de la conducción del país apelando a la tolerancia, el dialogo, el respeto a la Constitución y sobre todo a anteponer por encima de intereses personales y partidistas los intereses del país. (Prensa Provea, 24.02.2015)
