logoprovea_rectProvea lamenta que faltando apenas dos días para cumplirse un año más de los terribles sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989 durante El Caracazo, los funcionarios de los cuerpos de seguridad sigan actuando a contravía de los estándares internacionales y de las normas nacionales que consagran el principio de uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza en el control de manifestaciones públicas.

El lamentable asesinato del estudiante de bachillerato Kluiverth Roa, de 14 años de edad, a manos de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana del Estado Táchira identificado como Javier Mora, es el fiel reflejo de esta afirmación. Este funcionario le propinó un disparo en la cabeza al adolescente causándole la muerte en horas de la tarde de este 24 de febrero.

Según relataron los testigos, Kluiverth Roa, estudiante del colegio Agustín Codazzi en San Critóbal, acababa de salir del líceo  y se encontraba en el sector Barrio Obrero de esa ciudad, a tres cuadras de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) lugar en el que se desarrollaba una protesta de estudiantes. Indicaron los testigos del hecho que el adolescente fue sorprendido por una pareja de funcionarios que se desplazaba en moto y uno de ellos accionó su escopeta disparando a la cabeza del joven.

El Presidente de la República tiene la principal responsabilidad en la disminución de los niveles de conflictividad actuales y en propiciar un ambiente de paz en el país

Este asesinato no puede ser considerado como un hecho aislado.

El pasado 10.02.2015 un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana accionó su arma de fuego contra estudiantes de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) que protestaban en las puertas de esa casa de estudio. En el hecho resultaron heridos tres estudiantes. Posteriormente, el 11.02.2014 el Vice Presidente de la República Jorge Arreaza designó al General de Brigada Alexis Espinal Fernández en sustitución del comisario Jhonny Campos quien fue destituido por los hechos ocurridos en el recinto educativo. “Un policía bolivariano utilizó su arma de reglamento e hirió a tres ciudadanos. El primero con heridas en un costado sin mayor complicación. El segundo en un tobillo y el tercero en un glúteo y por eso inmediatamente solicité a Jorge Arreaza la destitución de este funcionario que fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público a fin de que abra la investigación de rigor”, declaró el gobernador del estado Táchira José Vielma Mora.

Las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones” dictada mediante la Gaceta Oficial Nro. 40.859 de abril de 2011 regulan la actuación de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el control de manifestaciones públicas, estableciendo que en todo momento estos deben actuar apegados a los principios de uso proporcional y diferenciado de la fuerza. En su artículo 21.9 prohíbe expresamente el porte de armas de fuego por parte de los funcionarios policiales en el marco de actuación durante el desarrollo de una reunión pública o manifestación pacífica. Asimismo la resolución establece que previo al desarrollo de la manifestación los funcionarios responsables de dirigir las operaciones deben enfatizar a los agentes que participarán en el control de la misma, sobre las disposiciones relativas al uso progresivo y diferenciado de la fuerza, basada en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y mediante la utilización de la escala progresiva en función de la resistencia y oposición de las personas y no como producto de la predisposición del funcionario o funcionaria policial. En este último aspecto, los funcionarios policiales no pueden alegar que fueron atacados con piedras para intentar justificar o atenuar su responsabilidad en la acción que produjo la muerte del joven Kluiverth Roa. 

Desde febrero de 2014 hasta el presente ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. La respuesta que el Estado venezolano a la conflictividad social da muestras de la ausencia de una cultura democrática que permita generar condiciones favorables al ejercicio de la manifestación pacífica en nuestro país. No se han desarrollado políticas integrales orientadas a formar a los funcionarios para que estos actúen de acuerdo a los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y por el contrarío se han revertido avances en la materia mediante el aliento brindado a la represión y la permanente criminalización y descalificación de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica. 

Igualmente, lamentamos profundamente las palabras expresadas este 24.02.2015 por el Presidente Nicolás Maduro sobre al asesinato de Kluiverth Roa. Lo expresado por el primer mandatario nacional en referencia a los jóvenes que protestan en el estado Táchira, lejos de contribuir a disminuir las tensiones y brindar un clima favorable para el desarrollo de las investigaciones sobre el hecho,  aumentan las tensiones y la conflictividad en el país. No se puede matizar, bajo ningún argumento, la responsabilidad que tienen las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana en los sucesos de este martes y en los sucesos anteriores donde funcionarios de este cuerpo policial han accionado sus armas de fuego contra manifestantes desarmados.

Urge que las instituciones del Estado asuman las obligaciones que le imponen la Constitución Nacional y las Leyes. Insistir en criminalizar la protesta y afianzar el autoritarismo como forma de ejercer la acción de gobierno, alienta la represión y abre las puertas a más violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público debe sancionar oportunamente a todos los responsables de este caso, pero también a los responsables de todos los casos de violaciones al derecho a la vida, torturas y/o tratos crueles, o delitos cometidos en el contexto de manifestaciones que aún siguen en impunidad. El Presidente de la República tiene la principal responsabilidad en la disminución de los niveles de conflictividad actuales y en propiciar un ambiente de paz en el país, garantizando el pleno respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución. (Prensa Provea, 25.02.2015)

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