Provea consignó este 07.09.2015 ante la Defensoría del Pueblo denuncias sobre desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y demoliciones de viviendas ocurridas el pasado 17.08.2015 y días posteriores, en la comunidad «Brisas del Hipódromo», una zona popular ubicada al sur de la ciudad de Valencia en el estado Carabobo. En una reunión sostenida con el Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruíz, y la Consultora Jurídica de dicha institución, Araminta Padrino, el coordinador de Investigación de Provea, Inti Rodríguez, hizo entrega de testimonios y material audiovisual registrados por Provea en «Brisas del Hipódromo», y que dan cuenta de los excesos cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Gobernación de Carabobo y empleados de Pequiven contra habitantes de dicho sector.
El pasado 17.08.2015 estos funcionarios se presentaron en la comunidad «Brisas del Hipódromo», como parte de la puesta en práctica del denominado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). Según denuncias recogidas por Provea los funcionarios actuantes en el operativo de OLP llegaron a la comunidad pasadas las 4:00 am. y procedieron a tomar todo el perímetro del terreno donde se ubicaban más de 400 viviendas, entre ellas, casas de bloques y ranchos cuyo tiempo de construcción oscilaba entre los 9 y los 5 años. A las 6:00 am. los efectivos de la GNB procedieron a detener a la mayoría de los hombres mayores de 15 años, quienes fueron trasladados a la sede del Comando Regional N° 2 de la GNB ubicado en la Urbanización La Isabelica, Avenida Industrial 1 de Valencia.
Aproximadamente a las 4:00 pm las personas detenidas fueron trasladadas por funcionarios de la GNB hasta la zona del terminal de pasajeros “Big Low Center”, donde fueron dejadas en libertad. Mientras estas personas permanecían detenidas las viviendas del sector “Brisas del Hipódromo” eran demolidas por efectivos de la GNB y funcionarios de la Gobernación del estado Carabobo, haciendo uso de maquinaria pesada.
Provea recogió una importante cantidad de testimonios de personas quienes afirmaron que el procedimiento de desalojo y demolición se realizó de forma sorpresiva y violenta. Con estas denuncias Provea corrobora que en los recientes desalojos practicados en el marco de OLP, el Estado ha irrespetado las garantías procesales adoptadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la toma de este tipo de medidas. No se realizó una consulta con las personas afectadas y no se otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, se realizó el desalojo y demolición de forma sorpresiva. Además los afectados reportaron abusos, malos tratos y detenciones arbitrarias.
Los desalojos forzosos constituyen una práctica contraria al derecho a la vivienda adecuada. La Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sostiene que todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas; y asimismo, que deben existir recursos de apelación jurídica destinados a evitar desalojos violentos o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales para obtener indemnización después de un desalojo ilegal. Como se afirmó en la Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “la práctica de los desalojamientos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada”.
Al igual que lo denunciamos durante los desalojos y demoliciones de viviendas reportados en el km 3 de la carretera panamericana en Caracas, estos procedimientos, realizados bajo la excusa del OLP están generando numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo contra la población más pobre y contra su garantía al derecho a una vivienda adecuada. En nuestra opinión, estás prácticas guardan mucha similitud con las prácticas asumidas por el Estado Israelí contra la población Palestina en la Franja de Gaza y que han sido denunciadas por la organización Amnistía Internacional en su informe “¿Seguros en casa? Demoliciones Israelíes de viviendas Palestinas”, en el que se registra la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes quienes acompañan a equipos de demolición “que pueden presentarse en cualquier momento, avisando con muy poca antelación a las familias afectadas y sin darles la oportunidad de sacar sus cosas del edificio” para practicar desalojos forzosos y demoliciones de viviendas en zonas calificadas como ilegales según las autoridades de Israel. Según destaca el Informe, durante 2009 las autoridades israelíes demolieron más de 270 estructuras en Cisjordania, lo que supuso el desplazamiento de más de 600 palestinos. En el caso de las demoliciones registradas por Provea en su visita a Brisas del Hipódromo, más de 400 viviendas y sus familias fueron afectadas por esta medida. Al día de hoy, 200 familias y más de 300 niños, niñas y adolescentes pernoctan en techos improvisados hechos con los restos de sus viviendas demolidas.
En el escrito consignado ante la Defensoría del Pueblo, Provea solicitó que, en cumplimiento de su mandato constitucional establecido en los artículos 280 y 281 de la Carta Magna, dicha institución actúe de manera oportuna para iniciar las actuaciones que permitan determinar las responsabilidades por estos lamentables hechos, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos. (Prensa Provea, 07.09.2015)
