El periodista Douglas Bolívar afirmó en su nota sobre la marcha de trabajadores realizada en Caracas, el 05.02.11, que el Coordinador General de Provea portaba una pancarta del partido Voluntad Popular. Ante dicha información errada, Provea solicitó a la directora del periódico, la licenciada Vanessa Davies, un derecho a réplica.
Publicamos la comunicación remitida a la periodista:
«Caracas, 07 de febrero 2011
Licenciada Vanessa Davies
Coordinadora General de Correo del Orinoco
Su despacho.-
Reciba un caluroso saludo de parte del equipo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una organización, que como usted recordará, desde el año 1988 promueve la vigencia y respeto a los derechos humanos para todos y todas las venezolanas. El motivo de la presente comunicación es para solicitarle a usted, en virtud del artículo 58 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a réplica en caso de informaciones inexactas o agraviantes, debido a la difusión de una nota periodística con información equivocada sobre Provea, en la edición del domingo 06 de febrero de 2011. En la nota “Sin el apoyo de los partidos políticos de oposición se realizó pequeña marcha de trabajadores”, firmada por Douglas Bolívar y aparecida en la página 4 de la edición mencionada. En ella se afirma: “No avancemos en este relato sin dejar constancia de que Marino Alvarado, coordinador de Provea, llevaba alzada una pancarta de Voluntad Popular en la que se leía este mensaje: “Protestar no es un delito”.
La información anterior transgrede a la verdad, que debe ser norte de toda empresa periodística. Como usted podrá constatar en la fotografía presente en el siguiente enlace: https://archivo.provea.org/?p=10512, la pancarta que durante todo el transcurso de la marcha portamos el equipo de Provea, incluyendo a mi persona, efectivamente decía “Protestar no es un delito, es un derecho” pero estaba claramente firmada por Provea, incluyendo de manera visible el logo de nuestra organización. La misma forma parte de la campaña contra la criminalización de la protesta que Provea promueve junto a otras organizaciones sociales y sindicales del país, desde el año 2009, cuando alertábamos acerca de la existencia de más de 2400 casos de dirigentes obreros y campesinos sometidos a regímenes de presentación en tribunales por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica. Uno de los casos emblemáticos de esta situación la constituye la ilegítima privación de libertad del sindicalista Rubén González, miembro del partido del que usted también forma parte, quien en su condición de Secretario General de Ferrominera acompañó la paralización de actividades en la empresa por el incumplimiento de los beneficios acordados en la contratación colectiva. Esta situación debería motivar una mayor cobertura por parte de su publicación, pues como podrán constatar en el trabajo de campo que realicen, más del 70% de los afectados y afectadas afirman ser partidarios del presidente Chávez.
Esperando de su parte el cumplimiento cabal de la Constitución, nos despedimos cordialmente
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea»
