Enero de 2011 no varió en nada. Por el contrario, la tendencia continuó y lo que se conoce como “línea de conflictividad” se mantuvo con, nada más y nada menos, 408 protestas en toda Venezuela.
La cifra fue la conclusión primaria del informe presentado por el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, órgano dependiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
El análisis de los resultados fue detallado mediante un informe que Marco Antonio Ponce, investigador del área de Conflictividad Social de Clacso-Provea, suministró a Correo del Caroní.
“Las demandas de la sociedad venezolana en este mes (enero) mantienen la línea conflictiva registrada en el último trimestre de 2010. Principalmente las tensiones relacionadas con las comunidades afectadas por las lluvias y el paquete de leyes decretado por el Ejecutivo nacional de manera inconsulta”, resume Ponce en el comunicado.
Detallando
Los “altos niveles de conflictividad” (como cataloga el propio investigador) que fueron registrados en el primer mes del año, obedecen principalmente a una razón: reivindicaciones sociales.
“Las exigencias se orientaron hacia derechos laborales, que motivaron 143 protestas (35%); solicitudes de vivienda digna, que generaron 121 (30%); exigencias educativas, 83 manifestaciones (20%), y el resto 61 (15%), estuvieron distribuidas entre seguridad ciudadana, participación política y justicia, entre otros”, especifica en relación con las 408 movilizaciones que, subraya, fueron pacíficas.
Cotejando el número de reclamos de enero de 2011 con el de 2010, también es notable una cifra elocuente: las protestas se incrementaron en 13, 6 por ciento, pues en enero del año pasado hubo 359 manifestaciones de calle. El dato, acota Ponce, fue aportado por la ONG Espacio Público.
El pueblo mismo
Otro dato interesante del comunicado remitido por Ponce sobre el informe de las protestas en 2011, es que éstas fueron protagonizadas por “trabajadores, vecinos y estudiantes. En términos presidenciales, el pueblo mismo”.
Específicamente en el ámbito laboral, refiere que Ciudad Guayana fue uno de los focos principales de movilizaciones.
“El estado Bolívar se caracterizó por constantes movilizaciones de la masa obrera, exigiendo al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería el cumplimiento del Plan Guayana Socialista, que supone una gestión con la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones, sin embargo, al igual que el Plan Nacional Simón Bolívar, que propone 7 líneas para el desarrollo, se convirtió en un discurso entrampado en los ribetes de la inoperancia y burocracia gubernamental”, sentencia.
Las protestas vecinales tuvieron como actores principales a los afectados por las lluvias de finales de noviembre y principios de diciembre de 2010. Ello dejó al descubierto la deuda en materia de vivienda que mantiene el Ejecutivo nacional.
“Paradójicamente, los habitantes de los sectores con mayor afectación por las lluvias, meses atrás, realizaron numerosas protestas exigiendo mejoras en las edificaciones, reparación de calles, avenidas y limpieza de quebradas. Sin embargo, la respuesta oficial nunca llegó. Las familias damnificadas que fueron ubicadas en centros educativos, complejos deportivos, oficinas ministeriales, hoteles (previa expropiación) y hasta en el propio Palacio de gobierno, en el mes de enero salieron a la calle a reclamar una solución real a su problemática. Las promesas presidenciales de construcción y entrega de 80 mil casas en dos años para los afectados, que representa apenas 2,7 % del déficit total, no sintonizaron las expectativas de los damnificados”, explica.
No deja de mencionar a “los estudiantes universitarios, junto con profesores y trabajadores del sector estudiantil, quienes encabezaron las protestas por el derecho a la educación, rechazando la propuesta del Ejecutivo nacional para reformar la Ley de Universidades, vía Ley Habilitante, decretando, entre otros aspectos, la desaparición de la autonomía universitaria”.
Una tendencia: radicalización
Pese a que las manifestaciones han mantenido un carácter pacífico, Ponce agrega que la ausencia de respuestas para éstas y la desconfianza en los entes encargados de ofrecerlas (y concretarlas) han motivado su radicalización.
“El incremento y radicalización de las luchas pacíficas en la exigencia de derechos se hizo presente en este mes, con alrededor de 12 huelgas de hambre. A pesar de ser una de las formas de protesta más pacífica, conlleva un alto riesgo para quien la asume, pues tiene como expresión principal poner en riesgo la salud y la vida. Sin embargo, este repertorio de lucha se ha consolidado como una de las expresiones emergentes para demandar derechos. Trabajadores, reclusos, campesinos y estudiantes han sido sus principales representantes”, señala.
El informe concluye con una recomendación: de manera mancomunada, gremios, sindicatos, partidos, asociaciones vecinales, estudiantes, ONG debe exigir soluciones de los dilemas nacionales al Gobierno, siempre por la vía pacífica.
“El manejo del conflicto representa un desafío para los sectores organizados, no para tumbar el gobierno o desestabilizar, como se pretende hacer ver desde las altas esferas de Miraflores a quienes protestan, sino para exigir con voluntad y firmeza respuestas efectivas”, finaliza.
Por: Marcos David Valverde
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Foto William Urdaneta
Fuente: http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=172257
