Los jubilados en Venezuela representan un importante segmento socio económico. Son trabajadores que cumplieron el ciclo de labor creadora al prestar sus servicios para un patrono a cambio del salario y es más que justo su pase a descanso remunerado. No obstante, se encuentran actualmente en una situación de minusvalía a pesar de ciertas concesiones hecha por el Estado.
En efecto, se les ha reconocido algunas mejoras no sustanciales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional y en la Político-Administrativa, ha sentado jurisprudencia en ordenar la homologación de las pensiones, definidas como una suerte de salario diferido.
Sin embargo se encuentran todavía en una coyuntura de desesperanza porque algunos aspectos no se han resuelto a pesar de su justeza. Así, la homologación entendida como la adecuación racional y proporcional de la pensión al sueldo o salario del trabajador activo, no ha funcionado hasta ahora y sólo se ha logrado equiparar la remuneración del jubilado, en la mayoría de los casos, al salario mínimo legal, imperativo ordenado por el artículo 92 de la Carta Magna.
Fijar la pensión de vejez otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el salario mínimo es asaz irrisoria si tomamos en consideración que este nivel es inferior a la canasta básica y la cesta alimentaria. La viabilidad económica para sustentar esta obligación es posible porque el Estado percibe una renta petrolera de elevada magnitud. Empero, siempre las voces agoreras señalan la poca factibilidad de su cumplimiento en el tiempo pero omiten los gastos dispendiosos y sobre todo, los subsidios al sector financiero.
Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo es excluyente cuando no permite a los jubilados tener cualidad para discutir un contrato colectivo y siempre terminan atados a la visión tradicional del sindicalerismo debido a la potestad dada por tal instrumento legal a estos organismos. De igual manera existe una praxis humillante que consiste en hacer una antesala de madrugada en la Plaza Caracas, un lugar bien inseguro, para hacer gestiones ante el ente de la seguridad social, amén de las extrañas salidas de los pensionados de las cuentas bancarias donde se les deposita.
Otras conquistas están pendientes como el pago del Bono de Alimentación, concedidas a algunos sectores, y demás beneficios correlativos a los trabajadores activos amén de un sinnúmero de alcances sociales merecidos por quienes dedicaron su vida a la interactuación con la sociedad y la naturaleza.
Es relevante hacer notar la activación ejemplar de los miembros de la tercera edad quienes acuden a los espacios públicos a luchar por la consecución de nuevos derechos sin estar supeditados a las claques tradicionales y desafiando al Estado. Es maravilloso observar a estos seres humanos mayores en actitud de altivez materializando su más preciado estandarte, la dignidad.
Definitivamente están por buen camino y sólo mediante la movilización permanente y sin tutelaje lograrán sus cometidos. Sin manipulación estatal ni sindical o partidista es como lograrán sus triunfos. Se trata, como lo sostuvieron y practicaron los teóricos consejistas Anton Pannekoek, Paul Mattick y Otto Rülhe, de avanzar subterráneamente en ejercicio de la soberanía social y la emancipación. Allí radica la autenticidad de las luchas de estos apreciados hombres y mujeres paradigmas del ejercicio democrático. (Humberto Decarli R. El Mundo 13.04.10, [email protected])
