Ante la persecución que se comete contra el dirigente político Víctor Martínez, a raíz de las denuncias que ha hecho luego del asesinato de su hijo Mijail Martínez, integrantes de grupos como el Comité de Víctimas del estado Lara, el Centro Gumilla y el Observatorio de Violencia contra la Mujer; han decidido declararse en situación de emergencia.
Ninoska Pifano, integrante del Comité de Víctimas, refirió que al mediodía del pasado sábado el exdiputado al Consejo Legislativo fue agredido por un presunto efectivo de la Guardia Nacional, mientras se encontraba repartiendo panfletos con una recopilación de las denuncias en el caso de su hijo, quien fuera víctima de un presunto sicariato hace más de siete meses.
Luego de las agresiones, contó Pifano, Martínez se trasladó hasta la Fiscalía del Ministerio Público a formular la denuncia y recibir la atención médica necesaria. Después de este hecho, unos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le notificaron que debía dirigirse a la Brigada contra Homicidios, ya que se le había abierto un expediente penal.
La activista señaló que tanto el Comité como las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos desconocen si el Ministerio Público ha emitido una orden para la apertura de una investigación a Martínez. Además los funcionarios del Cicpc acusan al exparlamentario por supuestamente agredir a dos escoltas del general Luis Alfonso Bohórquez, jefe del Comando Regional número 4 de la Guardia Nacional.
«Consideramos que se trata de un hostigamiento no sólo contra Víctor Martínez sino contra todos los defensores de los derechos humanos de la región. Hacemos un llamado de alerta contra lo que puede ocurrir a la integridad física del compañero, sin mencionar el terrorismo judicial», agregó.
«Investigación es puro montaje»
Por su parte, Víctor Martínez, visiblemente afectado por la situación, lamentó que las investigaciones del Cicpc en torno a la muerte de su hijo han sido inservibles, de hecho las calificó como «pura paja y puro montaje que no tiene que ver con los hechos».
Informó que a través de redes de inteligencia social llegó a descubrir que el líder de la banda de sicarios que cometió el asesinato es el subcomisario José Núñez, quien en ese entonces era jefe de la delegación de Barquisimeto del Cicpc.
Acusó al oficial de haber pagado por el asesinato de Mijail Martínez con un dinero que presuntamente recibió del general Jesús Armando Rodríguez Figuera, excomandante de la Policía de Lara y principal blanco de las denuncias del exdiputado. Aseguró que esta campaña habría impulsado el crimen. Indicó que tiene cinco mil llamadas del presunto sicario, las cuales están presentadas en la Fiscalía, sin embargo, no habría sido apresado por ser un «asesino del Gobierno». (El Impulso, 06.07.10)
