Venezuela debería cerrar una oficina creada recientemente que otorga al gobierno de Chávez amplios poderes para limitar el debate público, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno también debería poner fin a los intentos por desacreditar a defensores de derechos humanos y a los procesos penales contra críticos.
El 1 de junio de 2010, el Presidente Hugo Chávez, mediante un decreto presidencial, creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier «información, hecho o circunstancia» que considere confidencial.
Asimismo, Chávez ha pedido que se investigue penalmente a las organizaciones de derechos humanos que presuntamente reciben fondos de Estados Unidos. Además, el gobierno no ha brindado protección a defensores de derechos humanos que han sufrido amenazas y ha procesado a individuos que criticaron las acciones o políticas del gobierno.
«Chávez ha creado una nueva herramienta para controlar el debate público en Venezuela», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «El nuevo organismo permitiría al presidente impedir que se debatan temas que no sean convenientes para su gobierno, lo cual vulnera flagrantemente los derechos de expresión e información, que constituyen uno de los pilares de una sociedad democrática».
Una nueva herramienta de censura
El decreto del 1 de junio crea al CESNA (dentro del Ministerio del Interior y Justicia) dispone que dicho centro se encargará de «recopilar, procesar y analizar» información de dependencias gubernamentales y de la sociedad civil «sobre cualquier aspecto de interés nacional». El presidente del Centro, designado por el Ministerio con autorización de Chávez, tiene facultades para declarar que «cualesquiera información, hecho o circunstancia» tiene carácter de «reservada, clasificada o de divulgación limitada».
La posterior divulgación por parte de funcionarios gubernamentales de información que pudiera «compromet[er] la seguridad y defensa de la Nación» puede ser objeto de sanciones penales previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. El decreto incluye una cláusula que dispone que el Centro podrá contar además con las nuevas facultades que le asignen las «leyes, reglamentos y demás actos normativos».
El lenguaje empleado en el decreto es sumamente amplio, y esto podría permitir que el gobierno impidiera la difusión de información no sólo por parte de entidades del estado sino también por actores no estatales, como los integrantes de la sociedad civil y los medios de comunicación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) prohíbe expresamente la censura previa, y este tipo de restricciones arbitrarias al derecho a recibir e impartir información resultan incompatibles con las obligaciones jurídicas asumidas por Venezuela como parte de la CADH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Persecución de defensores de derechos humanos
Recientemente, algunos defensores de derechos humanos han sufrido amenazas luego de criticar políticas del gobierno en el marco de su trabajo:
- En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Venezuela que adoptara medidas para proteger a Humberto Prado, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, quien enfrentaba a un «grave riesgo para su vida e integridad». El gobierno nunca adoptó las medidas ordenadas. El 20 de mayo, Prado participó en una manifestación pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia junto con familiares de personas detenidas, en protesta por las prolongadas demoras en los procedimientos judiciales y la violencia en las cárceles. Una semana después, siete individuos no identificados vestidos de negro, con anteojos oscuros y que se desplazaban en motocicletas sin placas, se presentaron en el edificio donde vive Prado mientras este no se encontraba allí y preguntaron por el «Director de Prisiones».
- El 6 de mayo, Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, denunció durante una presentación en televisión a varios militares que pertenecían al partido político de Chávez (Partido Socialista Unido de Venezuela), una práctica prohibida por la Constitución de Venezuela. Al día siguiente notó que un automóvil sin placas, y a cuyos ocupantes no reconoció, comenzó a seguirla mientras conducía acompañada de su hija. Luego recibió varias amenazas por Twitter, entre ellas una que anunciaba «te estoy siguiendo». San Miguel pidió protección al gobierno, pero el gobierno no ha adoptado medidas en este sentido.
Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que «continúa un clima de hostilidad y amenazas en contra de la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Venezuela».
En tal sentido, el Presidente Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional impulsan legislación que, si se sancionara, permitirían la interferencia arbitraria del gobierno en las operaciones de las organizaciones de derechos humanos, incluida la recaudación de fondos. Se encuentra pendiente un proyecto de ley que tiene por objeto autorizar una mayor vigilancia y control gubernamental de las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, el 14 de julio, Chávez declaró que los fiscales deberían «investigar a fondo» los «millones y millones de dólares» que el Departamento de Estado estadounidense destina a organizaciones no gubernamentales venezolanas. Estas declaraciones se formularon un día después de que una organización que apoya al gobierno presentara una denuncia formal ante la fiscalía para que se investigue el financiamiento recibido por Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad, dos de las organizaciones más importantes de Venezuela que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.
«El gobierno de Chávez debería poner fin a sus intentos por desacreditar a defensores de derechos humanos y, en lugar de ello, debería adoptar medidas para garantizar que puedan cuestionar las políticas del gobierno sin sufrir represalias», afirmó Vivanco. «No existe excusa alguna para las demoras en la provisión de medidas de protección efectivas a personas que han recibido amenazas».
Juicios penales contra opositores
Varias personas están siendo procesadas o han sido condenadas por criticar al gobierno. Por ejemplo:
- El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión, inhabilitación profesional y a pagar una multa de casi 20.000 dólares por publicar un artículo en marzo de 2009, en el cual señalaba que el alcalde de Valencia había nombrado a su esposa e hijo en cargos de alto nivel dentro del gobierno local, según organizaciones no gubernamentales locales. En 2005, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional incorporaron reformas al Código Penal que permitieron ampliar la cantidad de funcionarios públicos amparados por la protección de las leyes de desacato e incrementar las penas significativamente, incluida la pena de prisión para casos de difamación penal. Las leyes de desacato, que criminalizan las expresiones que supuestamente ofenden el honor de los funcionarios públicos, directamente contradicen estándares internacionales de derechos humanos.
- El 6 de mayo, un fiscal acusó a Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y miembro de un partido político de oposición, de «instigación pública a delinquir, poner en peligro la tranquilidad pública» y de «difundir información falsa» por criticar al gobierno de Chávez durante una entrevista televisiva en marzo de 2010. Álvarez Paz había señalado que «Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el negocio del tráfico de drogas». Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses, hasta que fue liberado el 13 de mayo, y su juicio comenzó el 28 de mayo.
- Guillermo Zuloaga, presidente del canal de televisión Globovisión, que tiene una postura crítica del gobierno, está siendo investigado por criticar a Chávez en declaraciones públicas expresadas en Aruba. Zuloaga afirmó que Chávez había atentado contra la libertad de expresión al cerrar medios de comunicación y que había «ordenado disparar» a manifestantes durante el golpe de estado de abril de 2002 contra Chávez. El 3 de junio, Chávez se refirió en televisión a las declaraciones de Zuloaga y afirmó que en cualquier otro lado, ya estaría en la cárcel. Chávez señaló que «[en Venezuela], todavía tenemos una debilidad estructural en el sistema… Yo no voy a querellarme contra un burgués, pero hay un sistema que debería poner las cosas en su lugar». Chávez también mencionó que Zuloaga había sido acusado de irregularidades en su negocio de venta de automóviles, que esto era «un delito» pero que «anda suelto». El 11 de junio, el juez a cargo de la investigación de las presuntas irregularidades en el negocio de venta de autos emitió una orden de arresto en contra de Zuloaga y su hijo pese a que, según el abogado de Zuloaga, la investigación había estado paralizada durante varios meses. El 29 de junio, los fiscales acusaron formalmente a Zuloaga y a su hijo en relación con dos delitos vinculados con el negocio de venta de automóviles. Zuloaga evalúa actualmente la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
(Human Rights Watch, 21.07.10, http://www.hrw.org/es/news/2010/07/21/venezuela-debe-cerrar-la-nueva-oficina-de-censura-de-ch-vez)
