La red de once organizaciones de derechos humanos presentaron este jueves 29 de julio el primer informe del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos, proyecto que tiene como objetivo realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y realizar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos Provida de Aragua (PROVIAR); el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas; la Escuela de Vecinos de La Pastora, Caracas, Distrito Capital; el Comité de los Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico; el Comité de los Derechos Humanos “Fermín Suárez” de Barlovento, Estado Miranda; el Frente Clasista “Argimiro Gabaldón” del Estado Lara; Manto Jurídico de san Cristóbal, Estado Táchira; El Comité de Derechos Humanos de Valera, Estado Trujillo; el Comité de Salud “Jacinto Convit” del Estado Vargas y el Comité de derechos Humanos de la Guajira, Estado Zulia son las organizaciones que conforman esta red del Observatorio Ciudadano.
En la presentación de este primer informe, estas organizaciones destacaron las dificultades para acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia, la debilidad de las instituciones en la recopilación, análisis y difusión de estadísticas que permitan identificar nudos problemáticos, los logros y deficiencias de las instituciones públicas; lo cual influye en la desconfianza que tiene la población en general en la eficiencia de las instituciones del sector justicia.
Venezuela cuenta con 1.840 jueces y juezas para todo el territorio nacional. De ellos, 984 (54%) son titulares. Del total de jueces y juezas, un poco menos de la mitad son jueces y juezas penales (807), lo cual representa un promedio de casi tres jueces o juezas penales (de control, juicio y ejecución) por cada 100.000 habitantes, pero en algunos de los estados con más población (Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Lara y Zulia), no llega ni siquiera a dos jueces por 100.000 habitantes. El asunto es grave porque en estos estados es donde también las estadísticas muestran que hay mayor delincuencia, especialmente los estados Aragua y Carabobo donde se denuncian más de 20.000 delitos violentos al año, teniendo cada juez que atender teóricamente, más de 800 denuncias al año, cuando el promedio nacional es de 316 denuncias (delitos conocidos) al año. Por lo cual, es urgente el nombramiento de más tribunales penales en estos estados, así como más despachos fiscales y defensorías públicas.
Alfredo Ruiz, coordinador del Proyecto de Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y los DDHH, destacó también la importancia de la aprobación del Código de ética para el juez venezolano y la jueza venezolana, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley del Sistema Judicial, pero señaló que es urgente que se inicie su implementación para terminar el régimen disciplinar provisorio de los jueces y juezas e implementar un espacio de coordinación y participación popular para mejorar el Sistema de Justicia. Según la Ley, la Asamblea Nacional tenía plazo hasta el 1º de noviembre del año pasado (30 días) para instalar la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, pero en un inaudito desprecio por la Ley todavía no la ha implementado, poniendo obstáculos a la coordinación institucional y a la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas para mejorar el Sistema de Administración de Justicia. Por eso el Observatorio hace un llamado urgente a la directiva de la Asamblea Nacional para que convoque e instale la Comisión Nacional del Sistema de Justicia lo más pronto posible, antes del 15 de agosto, fecha en que culmina el actual periodo de sesiones.
Por último, el informe termina con un capítulo de 120 recomendaciones a las instituciones de justicia y al gobierno nacional para mejorar la lucha contra la impunidad y disminuir las injusticias y los retardos procesales.
El informe fue entregado a las instituciones del Sistema de Administración de Justicia y de los Poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo y está disponible en la página web del Observatorio Ciudadano de Justicia www.observatoriodejusticia.org (Red de Apoyo, 29.07.10)
