El ex diputado Luis Beltrán Franco, denunció este 5 de agosto al presidente y diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Juan Vicente Rojas, quien de manera arbitraria y lejos de su competencia, redujo la pensión que por un año y medio devengaban los diputados jubilados, así como eliminación de los beneficios de HCM de sus familiares.
Explicó que el diputado Juan Vicente Rojas, en un procedimiento ilegal y mediante una serie de resoluciones que sólo él decidió, declaró el pasado mes de julio la nulidad absoluta de la homologación que recibían los ex diputados regionales, luego de solicitar ante la Inspectoría del Trabajo la suspensión por 90 días de beneficios contractuales, tanto para diputados (activos y jubilados) como obreros y empleados, mientras gestionaba ante el ejecutivo regional un crédito para honrar estos compromisos.
Según el ex parlamentario, el ejecutivo regional les asignó el pasado mes de julio un crédito por el orden de los 4 mil millones de bolívares, solicitados bajo el argumento de una emergencia financiera, que se tradujo en 2 mil 578 millones para proyectos de ley y el resto “para ejercer contraloría social al mismo ejecutivo regional”.
Franco señaló que Rojas ha pretendido justificar estos desmanes al decir que tiene disponibilidad financiera, por lo que no se tomaron las previsiones presupuestarias para las homologaciones a los ex parlamentarios.
La arbitraria decisión recae en los ex diputados regionales Estela Cabrera Finol, Erlinda Guzmán Vera, Jesús Montoya, Enedina Tamiche, Rosa Rivas de Mollegas, Luis Beltrán Franco, José Cárdenas, Manzul Campos, Américo Fernández, Manuel Joaquín Flores, Omar González, Miguel Lima Osto, Jorge Martínez García, Alfredo Pérez Guevara, Alejandro Silva y Carlos Lee Guerra. “Queremos recordarle al diputado Rojas que no les estamos pidiendo un favor ni rogando dádivas y menos para que nos meta en el plan “hallaquero” ni de las misiones. Esto es un derecho adquirido”, dijo Franco. Agregó que se les reduce la pensión en un 50% cuando debería estar homologado en un 80% del sueldo vigente que corresponde a un diputado activo, que está por el orden de los 9 mil 689 bolívares fuertes.
Franco, quien por 26 años se desempeñó en el ejercicio parlamentario, tanto a nivel regional como nacional, anunció que frente a estas arbitrariedades y atropellos administrativos acudirán ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para ejercer la acción de demanda, esperando además se establezcan las responsabilidades civiles y penales respetivas. (CorreodelCaroní; 05.08.2010)
