Un cuerpo policial sin atención a sus necesidades laborales no puede concebirse en estos tiempos, como ocurre en el municipio Campo Elías. Según el diputado William Dávila Barrios, existen profundas irregularidades por parte de la gestión de Pedro Álvarez al frente de la Alcaldía
Para el diputado electo a la Asamblea Nacional y dirigente del partido Acción Democrática (AD), William Dávila Barrios, el Gobierno en todos sus niveles es responsable de los abrumadores e indetenibles índices de inseguridad registrados en el territorio regional y nacional, en vista que no logra generar estructuras cónsonas para sumar efectividad, además que, no atiende a los efectivos policiales, quienes sólo reciben maltratos e inconformidades laborales.
Ante esta información, Dávila Barrios citó uno de tantos casos particulares que se evidencian, no sólo en la geografía merideña sino en todo el país, como ocurre con el Instituto de Policía Municipal de Campo Elías, ente que no se ocupa del bienestar de sus funcionarios y los mantiene al margen de la ley, de manera abusiva y desconsiderada.
«Los hombres y mujeres que allí laboran dejan sus familias 12 horas diarias y son explotados sin misericordia alguna por quienes dirigen esa policía administrativa, al punto que un escaso grupo de 34 efectivos policiales tienen que cubrir a los 70 que laboraban hasta el año pasado violando los derechos laborales que tienen como servidores públicos», señaló el diputado electo.
Deterioro laboral
De manera firme, William Dávila Barrios expuso que, hay elementos repudiables en la gestión municipal del alcalde de Campo Elías, Pedro Álvarez, quien a través de su ente policial, dirigido por Pedro Peñaloza, «no se ocupan de los agentes uniformados, no canalizan mejoras, truncan sus reivindicaciones, sólo generan riesgos laborales», aparte rechazó que hayan obviado bajo sus responsabilidades, la renovación de un concepto tan importante, como es el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).
El dirigente opositor ve con preocupación la persistencia del régimen por hacer mal las cosas, dijo que, «la supuesta revolución no es competente, pareciera que le diera satisfacción ver cómo al pueblo lo somete el hampa, hay violaciones, robos, atracos, el secuestro mantiene alarmantes cifras récord en diversas escalas y dentro de la intromisión de poderes, no hay justicia responsable que deje de ser complaciente y se dedique a tramitar control al delito».
Dávila Barrios expuso que, todos los efectivos que portan pistolas 9 milímetros, revólveres calibre 38 y escopetas están ilegales, debido al vencimiento desde hace dos años de los portes de arma, «cada unos de ellos, incluyendo al director, portan armas ilegalmente amparados en el uniforme y hasta la fecha de hoy no se lleva ningún registro por parte del Darfa, ya que supuestamente hay armas extraviadas. Además, hay dos sujetos que cobran sin trabajar, con el argumento que son efectivos policiales municipales a las órdenes del alcalde Pedro Álvarez, hecho catalogado como de corrupción, ya que sus funciones son netamente de policía administrativa», concluyó.
Alarmante
La inseguridad es la principal preocupación de los merideños y venezolanos. Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, la violencia interpersonal es un problema de salud pública: 500 mil personas mueren en el mundo por esta razón, de las cuales, sólo Venezuela con 25 millones de habitantes, aporta 2,5 por ciento del total de muertos por esta causa en el mundo.
(Jorge Augusto Rodríguez, Diario de Los Andes, 01.11.2010, http://diariodelosandes.com/content/view/135576/105888/)
