«Ahora la gente sabrá a quién reclamarle», advierte el sociólogo y coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos, Provea, Rafael Uzcátegui, ante el compromiso de resolver el problema de la vivienda asumido personalmente por el presidente Hugo Chávez hace una semana, cuando anunció la expropiación de urbanizaciones en cinco estados.
El mandatario nacional se compromete con un récord negativo a cuestas. Provea ha verificado que es uno de los presidentes del período democrático que menos casas por año ha construido (26.000), sólo superado por Rómulo Betancourt (17.000). Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campíns fueron 3 veces más eficaces que Chávez, con un promedio de 90.000 viviendas anuales.
«Esta no es la primera vez que expropian viviendas. Hay que recordar el precedente negativo establecido por el ex alcalde metropolitano Juan Barreto. 120 edificios en Caracas fueron afectados, no se respetó el debido proceso y el pago a los propietarios no se ha cumplido en 98% de los casos», precisó Uzcátegui.
–¿Cuál es la verdadera magnitud del déficit de viviendas? –El Gobierno reconoce que se deben construir 200.000 inmuebles por año para superar un déficit de 3 millones. Se requiere 1 millón de viviendas nuevas y la rehabilitación de 800.000 ranchos, más 1 millón que están en situaciones de alto riesgo.
– ¿Cuál es su percepción sobre las medidas gubernamentales en materia de vivienda?
-En el discurso del presidente Chávez destacan los derechos sociales. Pero hemos constatado que en este Gobierno, el derecho a la vivienda es el más vulnerado. La crisis es tal que han tenido que maquillar las cifras. En vez del número de viviendas construidas se reporta la cifra de personas beneficiadas. Ello puede incluir hasta el simple acompañamiento en gestiones de los que aspiran a un techo propio.
– ¿Cómo entender que Chávez se comprometa a solucionar el problema de la vivienda y el presupuesto asignado al sector para 2011 es 45% menos que hace tres años?
-Hay un presupuesto inicial, que luego se cuadruplica por la inyección de recursos extraordinarios, que son muy difíciles de auditar y supervisar por la ciudadanía. Al igual que estudiosos como Teolinda Barrios y Josefina Baldó, creemos que el Gobierno improvisa en materia de vivienda; que no hay una política integral, sino una constante improvisación y ejecución de medidas en el corto plazo, de acuerdo con las circunstancias.
– ¿Hay improvisación en el caso de las expropiaciones?
– Indudablemente, ello no corresponde a una planificación compartida. Tiene que haber una participación de los diferentes actores, esencialmente del sector privado. El año pasado se construyeron aproximadamente 100.000 viviendas en todo el país: 30% por el sector oficial y 70% por el sector privado.
Este último es el que podría dinamizar la construcción en el país, de modo que el anuncio presidencial del domingo pasado es muy malo, pues desestimula la inversión privada. Si se profundiza la brecha entre el sector público y el privado, se va a agudizar el problema. El sector privado no es el único responsable, pero es fundamental en la construcción de inmuebles.
– ¿Cuál habría sido la mejor forma de corregir las irregularidades de las empresas constructoras? –Por el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor se pudieron aplicar sanciones establecidas en la ley sin llegar a la medida extrema de la expropiación. Todas las penas deben ser proporcionales al perjuicio causado y un derecho no puede ir en menoscabo de otro.
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto cuando sean declarados de utilidad pública y previo pago de la justa indemnización. Ese es el espíritu del artículo 115 de la Constitución que regula las expropiaciones.
– ¿Habrá justa indemnización, si el Gobierno ha señalado como delincuentes a los representantes de las empresas constructoras involucradas?
-Desde Provea hemos insistido en señalar que en Venezuela se desarrolla una institucionalidad paralela a la de la Constitución. Hablamos de una serie de leyes y reglamentos que en algunas normas contravienen el disfrute de los derechos humanos. Existe una tendencia de implantar una institucionalidad por la vía de los hechos.
– ¿Cómo entender que el Gobierno promueva la propiedad privada en el caso de los inmuebles expropiados y, simultáneamente, promueva la propiedad social, a través de las ciudades socialistas? –Desde 1999 el Gobierno ha adjudicado viviendas que quedaron en una especie de limbo jurídico.
– ¿Hay precisión en cuanto al número de personas en esa condición?
– No, porque no existe una cifra oficial. Sin embargo, nosotros consideramos positivo el anuncio de un censo nacional para conceder la titulación definitiva. El problema es que hay mensajes contradictorios.
En ocasiones, el presidente Chávez pareciera promover las invasiones, y 15 días después pareciera combatirlas.
– ¿Cómo evalúan la ejecución de los programas Ciudades Socialistas y Barrio Nuevo Tricolor, que figuran como prioridad en el presupuesto de 2011?
– En general corresponden a una concepción muy limitada del problema. No basta construir o rehabilitar inmuebles, pues se requiere dotarlos de infraestructura vial, sanitaria, educativa, recreacional y deportiva. Se trata de la concepción de vivienda digna o adecuada, que va más allá de la construcción de cuatro paredes.
– ¿Si el presupuesto es deficitario, qué posibilidades reales hay de que el Gobierno honre los compromisos que ha adquirido ahora?
-Hace 4 años, el Ejecutivo nacional puso el énfasis en las ciudades socialistas como parte de la Misión Villanueva. Las metas no se han cumplido. En Ciudad Losada, en Zulia, se había prometido edificar 8.500 casas en la primera etapa en 2007 y apenas han terminado 336, con el agravante de que el proyecto está paralizado desde 2009 por falta de recursos. En la Ciudad socialista Belén, en Miranda, se construirían 18.000 viviendas con la promesa de entregar las primeras 200 en 2008. Sólo han entregado 120. En Ciudad Mariches, también en Miranda, ofrecieron 15.000 apartamentos, de los cuales han entregado 325. La Ciudad Camino de los Indios beneficiaría a 20.000 familias y aún no terminan los primeros 500 inmuebles. Hay un gran retraso en la ejecución de esos planes y es posible que suceda lo mismo con las expropiaciones. Si el Gobierno penaliza al sector privado porque no ha cumplido con los plazos de entrega de viviendas, debe reconocer que ha incurrido en el mismo vicio, hacer la debida autocrítica y aplicar las sanciones correspondientes a los contratistas del sector público.
– ¿Por qué considera que no es necesaria la expropiación?
– Porque no van a resolver el déficit. Para agravar el problema, los convenios internacionales no han dado los resultados esperados. Por ejemplo, respecto del convenio con Uruguay, que establecía la instalación de 12.000 kits de vivienda, la Contraloría General de la República indica que sólo se han instalado 11. El Gobierno también ha promovido la autoconstrucción, pero los comités de tierras urbanas, las cooperativas y las mesas técnicas han comenzado a duplicar los vicios de la administración pública, es decir, el manejo irregular de los recursos por falta de supervisión y acompañamiento técnico.
– ¿Si la expropiación no es la solución, cuál es?
– El diseño y ejecución de un plan nacional de vivienda y hábitat a corto, mediano y largo plazo, con la participación activa de todos los sectores, sin excluir al privado, y reglas de juego claras. (Edgar López, El Nacional, 07.11.10)
